Vacunas tengas y las pongas

Salvo el Gobierno y sus entregados admiradores, que no suelen dudar nunca de lo que prometen el presidente y sus ministros o ministras, no creo que haya mucha gente en España que se crea a estas alturas que para el próximo verano se habrán vacunado contra la COVID-19 nada menos que entre 32 y 35 millones de personas, la llamada población diana. Y fíjense que no digo junio, julio o agosto, sino el "próximo verano", de forma vaga y ambigua, como hace la ministra de Sanidad. 

Partamos de la base de que la responsabilidad de que la vacunación avance a paso de tortuga no es solo del Gobierno español ni de las comunidades autónomas. Para ser justos hay que reconocer que el caos con las vacunas de AstraZeneca prometidas y no entregadas, ha trastocado los planes iniciales, que tampoco es que fueran un dechado de planificación. De ese descontrol sí hay que culpar en buena medida a una inoperante Comisión Europea, a la que chulea a placer la firma británica y que, lejos de coordinar la campaña con los estados miembros, ha terminado enfrentándolos y provocando un bochornoso sálvese quien pueda. 

Que cada palo aguante su vela

La guinda del desbarajuste la puso el reciente parón de la vacuna británica, después de la aparición de trombos en algo más de una treintena de vacunados con su fórmula. Ahora bien, que AstraZeneca y el Reino Unido estén jugando al nacionalismo sanitario con la UE, no exime a los gobiernos nacionales como el español de su respectiva cuota de responsabilidad en la lentitud con la que avanza la vacunación. Empezando porque se está administrando solo el 80% de media de las dosis recibidas y eso gracias al pequeño acelerón que ha experimentado la campaña en los últimos días, ya que hasta hace apenas una semana el porcentaje de dosis administradas sobre el total de recibidas se situaba en torno al 75%. No parece complicado deducir que si quedan vacunas por administrar en relación con las que se reciben es, en esencia, porque no se está haciendo el esfuerzo en medios sanitarios que la situación requiere. 

Esta realidad se cruza con una gestión cuando menos cuestionable de la vacunación de los principales grupos de riesgo. Así por ejemplo resulta inexplicable que, tres meses después de haberse iniciado la campaña, la ministra de Sanidad admita sin inmutarse que aún se tardarán al menos dos semanas en vacunar a todos los mayores de ochenta años. Se necesita casi tener la fe del carbonero para creer en las promesas del Gobierno, a menos que los datos de las próximas semanas cambien radicalmente. 

España y Canarias: números manifiestamente mejorables

A fecha de hoy, solo el 5,2% de la población diana ha recibido las dos dosis correspondientes, lo que representan solo 2,5 millones de de los cerca de 35 millones que deben recibir la vacuna. Los expertos más optimistas coinciden en señalar que, con estos datos en la mano, el objetivo no se alcanzaría antes de noviembre, mientras los más pesimistas lo llevan a bien avanzado 2022. Solo hay que tener en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones de sanitarios y de millones de ciudadanos pueden suponer un nuevo parón que no nos podemos permitir. 

Si dispar es la situación entre países - en Marruecos y Turquía hay ya más vacunados que en España - no lo es menos por comunidades autónomas. Canarias en concreto se sitúa tres puntos por debajo de la media nacional en número de vacunas administradas por cada 100.000 habitantes. Aunque el presidente de la comunidad autónoma ha prometido en varias ocasiones que las islas vacunarían a un ritmo de 30.000 personas diarias, a fecha de hoy, el día en el que más vacunas se han puesto no se ha pasado de las 11.000. Es cierto que las islas van ligeramente por delante de la media nacional en personas que han recibido las dos dosis - 7% de Canarias frente al 5,2% nacional - pero para pasar de las apenas 100.000 personas vacunadas a las 1,35 millones que deben recibir la vacuna falta un larguísimo camino que, previsiblemente, no acabará en verano. 

A estas alturas resulta ocioso insistir en la importancia de vacunar a la población diana como paso previo e indispensable para empezar a hablar de recuperar la actividad económica. En ese sentido, los resultados obtenidos en las residencias de mayores, en donde los contagios han caído más del 90%, hablan por sí solos de la importancia de la vacuna. Por ello es menos comprensible si cabe la pachorra con la que las autoridades sanitarias se han tomado un asunto, que requería un verdadero zafarrancho de combate desde el primer momento para aprovechar hasta el último vial disponible. 

En abril, vacunas mil: ¿seremos capaces de ponerlas todas?

Ahora, la ministra de Sanidad anuncia para abril vacunas mil, como el refrán: la llegada este lunes de un millón de dosis de Pfizer y Moderna y de 5,5 millones de viales de la fórmula unidosis de Janssen a mediados de abril, aunque lo más probable es que la entrega se retrase hasta finales de ese mes. Con esas expectativas y a la espera de que la UE, el Reino Unido y AstraZeneca se pongan de acuerdo y lleguen las dosis comprometidas, podría ocurrir que de buenas a primeras tengamos muchas más dosis de las que somos capaces de administrar. Sin embargo, no parece que el Ministerio o las comunidades autónomas se hayan planteado un escenario en el que, habiendo viales suficientes, la vacunación no se acelera por falta de medios y de planificación. 

Si tenemos en cuenta que los datos de la pandemia no invitan al optimismo y que la Semana Santa podría ser la definitiva puerta de entrada a la cuarta ola, sería una irresponsabilidad mayúscula que no se agilizara al máximo la vacunación. Urge por tanto un plan que permita aprovechar todas las dosis y administrarlas cuanto antes y para ello hay que echar mano de los sanitarios a los que, de manera incomprensible e injustificada, el Ministerio y las comunidades autónomas han ignorado. No alcanzo a comprender por qué en Francia, Italia o Reino Unido vacunan los farmacéuticos y en España no se les permite. Y quien dice los farmacéuticos dice los veterinarios, los odontólogos o el personal sanitario de las Fuerzas Armadas; y dice también que es fundamental ampliar los lugares de vacunación a toda suerte de instalaciones en las que se puedan garantizar unas mínimas condiciones sanitarias. 

No puede ser que España haya superado ya las 75.000 muertes por coronavirus, que los contagios tiendan más a subir que a bajar y que la economía esté hecha unos zorros, mientras los responsables públicos arrastran los pies con las vacunas. Voy a confiar en esta ocasión en que esos responsables sepan actuar con la cordura y la diligencia que la situación requiere y no caigan en el viejo vicio nacional de improvisar y luego exculparse diciendo que "no se podía saber". 

Alquileres y demagogia

Podemos y el PSOE llevan semanas a la greña a cuenta del precio de los alquileres, a la altura ya del cielo aquel que Iglesias quería tocar con la mano en sus mejores tiempos. Los socios no se ponen de acuerdo sobre qué hacer para evitar que sigan subiendo e impidiendo a muchas personas el acceso a un derecho fundamental. Sobre la mesa hay dos propuestas que no casan, la de los morados abogando por una solución simplista para un problema complejo, y la de los socialistas, en apariencia más realista y menos intervencionista del mercado, con las posibles distorsiones que eso generaría. 

Vayamos por partes. El precio de los alquileres subió de media en España más del 4% en 2019. Entre otras razones, por el endurecimiento de las hipotecas para la compra - el gran sueño de todo español que se precie - y la insuficiente oferta pública de viviendas en alquiler. Ese aumento ha sido más elevado en lo que han dado en llamar "zonas tensionadas" de las grandes ciudades, en donde encontrar un alquiler que no suponga dejarse la práctica totalidad de los ingresos, e incluso más de lo que se ingresa, es tarea casi imposible, máxime a raíz del boom del turismo vacacional. 

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Limitación de precios frente a bonificaciones fiscales

Ante esta realidad, Podemos pretende simple y llanamente que se limiten los precios y que se obligue a los llamados "grandes tenedores" a destinar al menos el 30% de sus pisos a alquileres sociales. Los precios por encima del que se establezca como de referencia - quién lo establecería y con qué criterios no se sabe - deben bajar para ajustarse a él y los que estén por debajo congelarse: y asunto resuelto, sin más miramientos a la legalidad ni zarandajas.  Como decía, el manual del buen populista siempre encuentra soluciones mágicas para cualquier problema por complejo que este sea, y el de la vivienda lo es en grado sumo. Los socialistas, en cambio, son de momento poco partidarios de esa fórmula y optan por las bonificaciones fiscales a los propietarios, moduladas de acuerdo con una amplia casuística, y por acuerdos público-privados para incrementar la oferta de viviendas en alquiler en el mercado.

Pero las negociaciones no avanzan y Pablo Iglesias está a punto de irse del Consejo de Ministros y se ha ido ya del Congreso -¡loado sea el Señor!- sin haber conseguido que su socio y sin embargo rival dé su brazo a torcer. De momento, ni siquiera han definido con claridad a qué se refieren con lo  de "zonas tensionadas" ni qué se entiende por un "gran tenedor" de viviendas. Tampoco se ha avanzado en definir lo que se considera una vivienda vacía ni qué hacer con ella, aunque el PSOE quiere que los ayuntamientos castiguen a sus dueños con una penalización del IBI si no la ponen en alquiler. Y claro, cuando no hay acuerdo en conceptos básicos difícil es que lo pueda haber en todo lo demás. Lo cierto es que, mientras le dan vueltas y se tiran los trastos, los grandes fondos inmobiliarios y los propietarios se empiezan a poner a cubierto y a retirar viviendas en alquiler para pasarlas al mercado de compra - venta, lo que puede terminar elevando más los precios del arrendamiento. 

(Getty Images)

¿Qué ha pasado allí en donde se han limitado los alquileres?

El gran debate de fondo es si las medidas de intervención en el mercado sirven al objetivo principal: el acceso a la vivienda. Es aquí en donde pintan bastos, porque las experiencias apuntan más bien en la dirección contraria: allí en donde se han limitado los precios se ha contenido la subida a corto plazo pero a medio y largo los resultados han sido los contrarios de los deseados. Dejando a un lado las pegas legales de esa medida, ¿qué ha pasado en San Francisco, París, Berlín o Estocolmo, ciudades que los de Podemos ponen como ejemplos de lo que habría que hacer en España? Varias cosas: disminución de la oferta de viviendas en alquiler que se han ido al mercado de compra - venta o han dejado de estar disponibles, más dificultades de acceso, desvío de viviendas al mercado negro, menos inversión en mantenimiento por parte de los propietarios y, en definitiva, obstaculización del alquiler para una mayoría a cambio de intentar facilitárselo a una minoría. 

Hasta el Banco de España ha entrado al trapo y ha advertido de que el problema habría que atacarlo desde el lado de la oferta, incrementándola de manera que responda a una demanda creciente. Cabe recordar que en España el parque público de vivienda suma solo el 2,5% del total, uno de los más bajos de la UE, y que el número de personas que vive en nuestro país de alquiler es del 24%, la mitad de Alemania. Pero claro, incrementar las viviendas públicas, entre ellas las de alquiler, requiere un importante esfuerzo económico, amén de modificaciones legales que agilicen la inversión y eviten que la edad de emancipación de los jóvenes españoles se siga acercando peligrosamente a la de su jubilación. Dicho sea exagerando un poco para subrayar la gravedad del problema. 

(EFE)

Ese debería ser el gran objetivo en estos momentos, más que aplicar medidas de marcado sesgo ideológico que, con suerte, solo servirán para enmascarar las estadísticas uno o dos años mientras el mal de fondo sigue sin solución. En esa línea precisamente acaba de pronunciarse el ministro Ábalos, prometiendo 44.000 viviendas de alquiler social con fondos europeos y otras 56.000 procedentes de la colaboración con el sector privado. 

Eso sí, Ábalos no ha sido muy preciso ni sobre la cuantía para ese objetivo ni sobre los plazos para su ejecución ni sobre el papel de comunidades y ayuntamientos, con competencias en esta materia. Pero sobre todo, seguro que no es casualidad que el anuncio se produzca cuando más enquistada está la negociación con Podemos, lo que sugiere que el inefable ministro ha vuelto a hacer una de las cosas que mejor se le dan: huir hacia adelante esperando que escampe el nublado y, luego, ya veremos. 

Ciudadanos, historia de un fracaso

No vengo a hacer más leña del árbol caído ni a añadir un nuevo certificado de defunción de Ciudadanos a los que ya han extendido todo tipo de articulistas y editorialistas. Solo me propongo reflexionar sobre los motivos por los que, un partido que pudo haber prestado grandes servicios a este país, se encuentra a las puertas de su desaparición. 

Habrá quien piense que la situación terminal de Ciudadanos tiene mucho que ver con la polarización de la vida política española y seguramente tendrá algo de razón: el espacio para el centro político se ha estrechado de tal modo que muy a duras penas hay cabida en él para una fuerza política, por mucha falta que haga moderar el crispado debate. Sin embargo, en mi opinión, si el pequeño partido que nació hace quince años en Cataluña está como está, es mucho más por la inconsistencia política y la mala cabeza de sus principales dirigentes que por cualquier otra razón más o menos coyuntural o sobrevenida. 

Un poco de historia "ciudadana"

Bien mirado, la monumental pifia murciana solo ha puesto de manifiesto que Ciudadanos ya había perdido el rumbo hacía tiempo y su supervivencia únicamente dependía del resultado que obtuviera del tacticismo cortoplacista: ya no había respeto a los principios fundacionales ni proyecto político que no fuera el de sobrevivir a costa de lo que fuera. Echar la vista atrás y ver en qué ha venido a parar este partido político es un sano ejercicio de memoria histórica que debería enseñarnos a ser más escépticos ante los profetas hueros, que buscan su paraíso particular haciéndonos creer que trabajan por el nuestro. 

(EFE)

Ciudadanos caló en un electorado que renegaba del PP y sus casos de corrupción y de un PSOE envuelto en disputas internas, que tampoco podía presumir de integridad ética y que ya no ilusionaba a un segmento importante de votantes. Tenía un campo político en donde desplegar su potencialidad como fuerza de centro y los electores se lo hicieron saber con claridad cuando, en las primeras elecciones generales de 2019 obtuvo 57 escaños, casi un 16% de los votos válidos emitidos e igualando prácticamente al PP. Pero también fue en ese momento cuando Albert Rivera demostró con la misma claridad que su liderazgo carecía de sentido de estado y que su juego se reducía a desplazar al PP como principal partido de la oposición de centro derecha. 

A su alcance tenía el fallido Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso suscrito en 2016 con el PSOE pero prefirió cerrarse en banda a cualquier posibilidad  que permitiera un gobierno con Pedro Sánchez, quien por su parte tampoco es que se desviviera por hacerse socio de Rivera. La historia contrafáctica no es historia pero siempre resulta interesante preguntarse qué hubiera pasado si Rivera hubiera aceptado reeditar el acuerdo con los socialistas. Con todas las reservas que un ejercicio teórico así requiere, es muy probable que la situación política en España hubiera discurrido por unos derroteros muy diferentes en los últimos dos años y hasta cabe pensar que hoy el clima sería algo más respirable de lo que es. Dejémoslo ahí. 

(EFE)

Lo cierto es que Rivera se enrocó y contribuyó de manera decisiva a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales en las que de partido con posibilidades de gobernar pasó a ser fuerza residual en el Congreso, en donde se quedó con solo 10 escaños: una bofetada electoral de tales dimensiones pocas veces se había visto en la historia democrática española. A la debacle ayudó no poco la nefasta foto de Colón, a la que el desnortado líder acudió en contra del parecer de algunas de las voces más sensatas del partido y que también terminó pasándole factura electoral. No había duda alguna de que los electores habían castigado a conciencia la irresponsabilidad de un líder, que no tuvo más alternativa que dimitir como presidente del partido que había conducido literalmente del cielo al suelo político. 

Arrimadas: a peor la mejoría

El liderazgo de Inés Arrimadas no ha sacado a Ciudadanos del pozo en el que lo dejó Rivera, sino que lo ha hundido un poco más como ha demostrado el churrigueresco episodio murciano. La política catalana ya llegó a la presidencia del partido lastrada por otra decisión que aún hoy merecería una explicación convincente, si es que la hay: su negativa a someterse a la investidura como presidenta de la Generalitat al haber encabezado la candidatura más votada en las elecciones autonómicas de 21 de diciembre de 2017. 

(EP)

Pero más allá de esa circunstancia nada anecdótica, su liderazgo se ha caracterizado también por la inconsistencia política, un mal que parece crónico en este partido, en el que han abundado los eslóganes y el marketing de colorines y ha escaseado la sustancia y una línea política medianamente reconocible para los españoles. De pasar a disputarle el liderazgo de la derecha al PP, el Ciudadanos de Arrimadas lleva dos años convertido en un partido sin rumbo previsible que lo mismo respalda una prórroga del estado de alarma, llega a pactos autonómicos con el PP y Vox o rechaza los Presupuestos Generales del Estado. 

Salta la sorpresa en Murcia

Aún así, más mal que bien iba sobreviviendo en un clima político cada día más irrespirable mientras intentaba huir de la polarización que, quien más y quien menos, desde Podemos a Vox pasando por el PSOE y el PP, han ido generando en estos meses de pandemia. Pero ha sido justo cuando lo que mejor podía haber hecho era evitar contaminarse de ese aire malsano, cuando ha dado un paso en falso que seguramente será el último y definitivo: aliarse al PSOE en Murcia y autocensurarse para hacerse con el gobierno autonómico del que formaba parte con el PP. 

Las replicas políticas a aquella torpe decisión son de sobra conocidas: expulsión del Gobierno de Madrid con adelanto electoral incluido y desestabilización de Andalucía y Castilla - León. De añadidura, un rosario de renuncias, transfuguismo y dimisiones que evidencian la madera política de sus cargos públicos, quienes no dudan en abandonar el barco antes de que se hunda, y ponen en peligro la continuidad de los grupos del Congreso y el Senado y del mismo partido como tal. 

(EFE)

Coda y despedida

A esta debacle de Ciudadanos no es en absoluto ajeno el PSOE, al que las jugadas murciana y castellano - leonesa también le han salido rana. No obstante, para ello tampoco ha tenido reparo alguno en jugar a las estrategias de desestabilizar gobiernos autonómicos en medio de una pandemia: en otras palabras, en hacer lo mismo que le reprocha a quienes critican su gestión en el Gobierno central. A cambio, eso sí, elimina a un jugador moderado de la partida y extrema la polarización asimilando al PP con Vox y olvidando que gobierna con un partido populista tan tóxico como el que dice combatir. 

No es una buena noticia para ningún sistema democrático que aspire a la estabilidad perder a un partido que contribuya a conseguirla desde una posición moderadora de los extremos. Menos lo es para la democracia de un país como España, en donde la tendencia a echarse al monte y darse de garrotazos por cualquier asunto parece marcada a sangre y fuego en nuestros genes históricos. Ciudadanos estaba llamado a desempeñar esa función moderadora pero, visto en retrospectiva, a lo mejor nunca fue ese el verdadero objetivo de sus dirigentes por más que lo predicasen todos los días. A lo peor solo ha sido otro experimento fallido de lo que nos vendieron como nueva política, pero que solo ha sido política vieja de la de toda la vida. 

Canarias toca fondo

No es fácil encontrar hoy en Canarias algún parámetro que invite al menos a un muy moderado optimismo sobre el futuro a corto y medio plazo. No es que uno no ponga entusiasmo, es que no existe ninguno que no tenga su contrapartida negativa. Tampoco es que a uno le guste ser un cenizo que lo ve todo negro y cuanto peor, mejor; ni eso ni un ingenuo optimista, convencido de bobadas como esa de que todas las crisis son magníficas oportunidades para reinventarse y majaderías similares. En resumen, no creo que de la pandemia salgamos mejor ni más fuertes, como rezaba la propaganda gubernamental que apenas tardó unos días en envejecer: solo espero que salgamos como Dios nos dé a entender y con eso ya me conformo. ´

Por encontrar entre tanto nubarrón un pequeño rayo de esperanza me quedaría con el llamado "pasaporte verde digital", con el que la UE quiere reactivar los viajes el próximo verano. No hace falta que subraye la importancia de esa medida para una economía zombi como la canaria, a la que si le faltan los turistas es como si le faltara la sangre de su tejido productivo. La pega - siempre hay alguna - es que el pasaporte en cuestión despierta ciertos recelos de orden legal en determinados países comunitarios, de ahí que convenga no lanzar aún las campanas al vuelo: demasiadas veces se han lanzado en esta interminable crisis y a la vista está que siempre ha sido precipitado. El ejemplo más evidente son las incumplidas promesas de la ministra Maroto de un plan específico para recuperar el turismo canario que, a este paso, estará listo para la siguiente pandemia. 

Situación sanitaria: el día de la marmota

Sin ser de las que peores cifras presenta, la situación epidemiológica canaria parece estancada: el número de contagios es un yo-yó que sube y baja de manera recurrente y lo que se avanza una semana se retrocede la siguiente. Mientras, el Gobierno autonómico no parece tener otro plan que no sea el de subir y bajar también el mareante semáforo de riesgo epidemiológico, empleando criterios cambiantes y confusos. Estos cambios constantes y que casi nunca se explican ni se justifican con la suficiente claridad, más que invitar a la población a respetar las normas, lo que hacen es incentivar a que las incumpla o a que cada cual haga lo que le parezca más oportuno. 

EFE

La vacunación avanza al golpito, sin prisa pero sin pausa cabría decir. Da la sensación de que se vacuna solo algo más rápido que en la campaña de la gripe común, pero no con la celeridad que requiere la pandemia y la necesidad de incrementar de forma significativa el paupérrimo 5% de población diana vacunada hasta la fecha. También hay dudas razonables sobre el control sanitario de los viajeros que llegan a las islas y en qué medida han sido o no causantes de contagios importados. El corolario de esta situación se resume en más de 600 fallecidos y más de 43.000 contagiados, datos que, sin embargo, no parecen espolear lo suficiente a los responsables públicos para tomar medidas que permitan salir de una situación sanitaria que ya empieza a recordarnos el día de la marmota. 

Situación social: a peor la mejoría

Canarias tenía el dudoso honor de encabezar la clasificación autonómica de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Las últimas estadísticas disponibles sitúan en esa situación a un tercio de los ciudadanos de las islas, aunque es muy probable que la pandemia haya agravado el dato. Así lo sugieren las declaraciones de responsables de organismos como la Cruz Roja o los bancos de alimentos. Frente a las promesas y el catálogo de buenas intenciones del gobernante Pacto de las Flores, la comunidad autónoma también permanece a la cola en atención a la dependencia, un problema que ya parece crónico a pesar de la leve mejoría experimentada el año pasado. 

EFE

Para ensombrecer más el panorama, el aumento de la inmigración irregular y la penosa pasividad de los poderes públicos han tensado más la cuerda. Al final, un fenómeno que se pudo y debió gestionar cuando los flujos empezaron a crecer se ha convertido en una papa caliente ante la que el Gobierno canario parece que ha bajado definitivamente los brazos, después de que su presidente amenazara con "revirarse" pero no diera un paso más allá de las palabras. Entretanto, el Ejecutivo central, el que tiene las competencias en la materia, ha hecho oídos sordos a las peticiones de Canarias para que las islas no se conviertan en un dique seco de inmigrantes irregulares. Aunque no satisfecho con eso, racanea incluso la alimentación de personas retenidas por la policía y que solo han incumplido un trámite administrativo. 

Situación económica: un zombi a la espera de los turistas

Dicho a la pata la llana, la economía canaria está hecha unos zorros: 280.000 parados, 90.000 trabajadores en ERTES, 20.000 pequeñas y medianas empresas viviendo de ayudas, otras miles que han cerrado para siempre y una caída del PIB del 20%, son datos elocuentes de la situación generada por la practica paralización del turismo. Al Gobierno de Canarias le ha faltado tiempo para alabar que el Ejecutivo central haya aprobado 2.000 millones de euros en ayudas directas para los dos archipiélagos. Aparte el hecho de que la medida llega demasiado tarde para muchas empresas que ya han echado el cierre definitivo, hay que recurrir de nuevo a la máxima prudencia. 

EFE

En primer lugar aún se desconoce qué parte de los 2.000 millones corresponderán a Canarias, aunque lo más que preocupa es si el dinero llegará en tiempo y forma a quienes lo necesitan. A la vista de la experiencia reciente, hay dudas más que razonables de que la administración autonómica sea capaz de afrontar ese reto con garantías de éxito. Esperemos que lo haga por el bien de  miles de familias y de puestos de trabajo que dependen de ellas para sobrevivir. 

Situación política: ¿qué hay de lo mío?

A la vista de la situación descrita a muy grandes rasgos, uno querría creer que la clase política isleña no perdería el tiempo en juegos de manos. Sin embargo, tal vez contagiada por el penoso clima político nacional, en Canarias también se cuecen habas. Se me agotaría el catálogo de descalificaciones para describir el sainete de la elección de senador socialista por la comunidad autónoma. Como el lamentable espectáculo se empezaba a alargar más de lo que incluso en política es decoroso cuando hay pelea por los sillones, se optó por meter en el Gobierno a uno de los aspirantes a los honores senatoriales. 

EFE

Que el agraciado en la pedrea esté investigado por presunta corrupción o que desplazara a una mujer de ese puesto, se convirtieron de la noche a la mañana en zarandajas sin importancia para un Gobierno y un partido que presumen de feministas y regeneradores de la política. Eso sí, se cumplió la máxima propagandística de no dejar a nadie atrás y se hizo sin pestañear ni ofrecer explicación alguna a la atónita ciudadanía. De las cuatro fuerzas que integran el Gobierno regional solo una ha protestado, mientras las otras tres han enmudecido ante un asunto por el que habrían montado un gran escándalo de haber estado en la oposición. 

Con este nuevo episodio de politiqueo de bajos vuelos queda otra vez en evidencia que la política con mayúscula es algo muy serio para dejarla en manos de los políticos: a poco que nos descuidemos la cabra tira al monte sin importarle la sanidad, la pobreza o la economía. Puede que su razonamiento más íntimo sea el de que la pandemia terminará pasando algún día, pero los cargos no se pueden dejar pasar por más que el barco se hunda mientras en el comedor se brinda con champán y suena la orquestina. 

Madrid: doble o nada

La reacción mayoritaria en las redes tras conocerse que Pablo Iglesias había renunciado a la vicepresidencia del Gobierno de España para ser candidato en las elecciones madrileñas del 4 de mayo, ha sido de alivio. Alguien que se ha dedicado a tiempo completo durante su estancia en el Gobierno de todos los españoles a malmeter, dividir, polarizar, desprestigiar, enredar y, en sus ratos libres, ver series mientras el país vive una dantesca crisis sanitaria, económica y social, no merecía seguir en un Ejecutivo en el que nunca debería haber entrado de no haber sido por la querencia populista del socialista Pedro Sánchez. En la memoria de los españoles no quedará una sola medida o decisión del paso de Iglesias por el Gobierno que haya contribuido a mejorar sus vidas. 

Pero tras el alivio inicial, del que confieso ser copartícipe, vienen las preguntas sobre las razones que han llevado a Iglesias a dar un paso que parece incluso haber pillado por sorpresa a su valedor en La Moncloa y a su propio partido. Sin duda, la primera de ellas tiene que ver con las feas expectativas electorales de la izquierda ante los comicios adelantados por la popular Ayuso. Esa cita con las urnas ha sido refrendada ya por la Justicia, a pesar de los intentos de esa misma izquierda para evitar unas elecciones que ahora - ¡viva la democracia! - no le venían bien, aunque intenten hacernos creer que el problema es que son inoportunas, no como las de hace unas semanas en Cataluña, que eran absolutamente oportunas. 

(EP)

Polariza que algo queda

Dicho de otro modo, Iglesias asume la candidatura madrileña con el objetivo de allanar la unidad con su viejo rival de Vistalegre Íñigo Errejón - lo de viejo es un decir -, que viendo ya que va a quedar relegado en la candidatura se ha puesto la venda antes de la pedrada y ha pedido "respeto". A partir de esa unidad con Errejón, el líder podemita montará su plataforma para la polarización con Ayuso, encantada de que la presencia de Iglesias en la pugna electoral movilice a su favor a los votantes de la derecha y la ultraderecha, y seguramente a los de Ciudadanos, partido en clara descomposición después del chasco de la moción murciana, origen del pifostio político en el que nos encontramos inmersos. 

A modo de delgada loncha de jamón entre dos gruesas rebanadas de pan duro quedará el manso Gabilondo, el candidato que más a mano tenía el PSOE ante la falta de tiempo y de ganas para buscar otro más solvente e ilusionante para los madrileños. El espacio que le quedará entre dos populismos desatados como los de Ayuso e Iglesias para lanzar un mensaje diferenciado, será insignificante y seguramente se perderá en medio del ruido y la furia con el que ambos polos políticos se disputarán la cotizada plaza madrileña. 

Consejos vendo, que para mí no tengo

Pero la maniobra de Iglesias deja otras interesantes y reveladores conclusiones colaterales. No es la menor el hecho de que el líder de Podemos esté a punto de desplazar de la candidatura de Madrid a una mujer, lo cual se da de bruces con el discurso feminista de los podemitas del que es la primera abanderada la ministra de Igualdad y compañera sentimental de Iglesias, a la que de momento no se le ha escuchado queja alguna. Tampoco es un detalle menor preguntarse en dónde quedan las ampulosas proclamas que lanzó Iglesias desde la vicepresidencia social del Gobierno y en qué va a parar la tan famosa como misteriosa y etérea Agenda 2030, cuya necesidad y utilidad aún desconocemos los españoles. El líder de Podemos demuestra de nuevo que la suya no es la política institucional y de gestión, sino el activismo, la proclama, el cartel, la agitación y la división para pescar en río revuelto, fiel siempre al manual del buen populista. 

(EP)

Respecto a su liderazgo de la formación morada, que nadie imagine que no seguirá ejerciéndolo en la sombra por más que pretenda hacernos creer que ha abddicado su corona de príncipe del populismo en Yolanda Díaz. De hecho, ni se ha molestado en organizar el teatrillo de los círculos y las elecciones internas sino a designar con su divino dedo morado a su sucesora por la gracia de Iglesias. El hombre que vino a regenerar la política y acabar con la casta actúa como los viejos partidos sin molestarse siquiera en disimular. Así las cosas, ahora ha decidido por su cuenta y riesgo quemar las naves para evitar el naufragio de la izquierda en Madrid, la plaza que puede ser su tabla de salvación o su tumba política, en función de lo que los madrileños decidan el 4 de mayo y los pactos que se alcancen tras los resultados de las urnas. 

Solo falta que Sánchez se una a la fiesta

Entretanto hay que permanecer atentos a las pantallas para seguir los movimientos de Sánchez, quien por ahora acepta el trágala de Iglesias y nombra vicepresidenta a Yolanda Díaz. También conviene que nos fijemos bien en la cara del presidente para comprobar si a partir de la marcha de Iglesias y de las elecciones en Madrid duerme mejor o, si por el contrario, presenta síntomas de haberle pedido a su gurú Redondo que vaya pensando en una fecha para un posible adelanto de las elecciones generales. Con el centro derecha desarbolado y en expectativa de destino y Podemos con la atención centrada en Madrid, no debería sorprendernos a estas alturas que Sánchez se una a la fiesta con otro golpe de efecto cuando menos lo esperemos. 

(EP)

Acostumbrados como estamos ya los españoles a que los políticos brujulen en función de sus intereses y no del interés general, seguro que nos limitaríamos a enarcar una ceja y a continuar con nuestras vidas restringidas y recortadas como Dios no viene dando a entender desde hace ya un año. La pandemia, la crisis económica y social o el prosaico reparto de miles de millones de euros procedentes de la UE pueden esperar: lo primero es lo primero y lo que toca ahora y de nuevo es que los políticos encuentren sus acomodo y bienestar, lo demás es secundario.    

Del bipartidismo al camarote de los Hermanos Marx

Los ilusos españoles que creíamos que el fin del bipartidismo traería aire fresco y regeneraría la vida política, vemos hoy que lo que trajo fue populismo, ruido y confusión y, sobre todo, mucha más gente disputándose el pastel de nuestros impuestos. Hasta tal punto el clima político se ha deteriorado que no pocos empezamos a añorar los tiempos del aburrido turnismo entre el PP y el PSOE. La enésima trifulca política en curso nos lleva en esta ocasión a Murcia, en donde Ciudadanos, una de las llamadas "fuerzas emergentes", decidió romper su pacto con el PP y aliarse con el PSOE para hacerse con su primer gobierno autonómico. Todo ello, faltaba más, con la bendición de Moncloa, con la que el acuerdo llevaba semanas negociándose. 

Epicentro en Murcia y tsunami en Madrid

La onda expansiva alcanzó enseguida Madrid, plaza política de primer orden, y pilló a todo el mundo por sorpresa, incluido Ciudadanos: la presidenta popular Ayuso cesó de inmediato a los consejeros naranja con los que gobernaba y le madrugó a la oposición con un adelanto electoral antes de que le cayeran encima dos mociones de censura casi a la vez, lo cual debe haber batido varios récords históricos. Es de nota que ambas mociones se las presenten dos partidos que hasta ayer no habían movido un dedo para desalojar a Ayuso, pero a la que no han cesado de denostar cada día con el inestimable apoyo de señalados medios de comunicación. 

(EFE)

Son los mismos partidos, por cierto, que presumen de demócratas pero critican la convocatoria de elecciones, probablemente mucho más por miedo a perderlas que por inoportunas en la actual situación, aunque lo sean. No entraré en la pugna jurídica sobre si prevalece la convocatoria o las mociones, un asunto que seguramente se dilucidará en los tribunales en los que, como es de sobra conocido, los jueces están mano sobre mano sin otra cosa mejor que hacer que desenredar los líos que organizan los partidos políticos. 

Ayuso desatada y Casado se difumina

Si al final hay elecciones y las gana Ayuso, en el horizonte se dibuja un pacto con Vox - otros regeneracionistas de tomo y lomo - y a renglón seguido un ataque de nervios de Pablo Casado, que no gana para disgustos después del nuevo porrazo en Cataluña. Con una Ayuso desatada contra todos, incluidos propios y extraños, la estrategia de Casado de poner tierra de por medio con los de Santiago Abascal, que con tanto esmero viene cultivando en los últimos tiempos, se iría literalmente por el sumidero y sus barones empezarían a serrucharle la silla de una presidencia que no termina de cuajar. 

(EFE)

Más incierto es si cabe el futuro de Inés Arrimadas después de un paso que la coloca a merced de Pedro Sánchez. Todo dependerá de que el presidente la utilice para atar corto a Pablo Iglesias y evitar que el líder de Podemos - otros regeneradores también venidos cada vez a menos-  se le suba al monte más de lo que ya lo hace. Si Sánchez sigue durmiendo bien por las noches, la señora Arrimadas, a la que muchos de los suyos le afean sin miramientos la maniobra murciana, ya puede ir pensando en afiliarse al PSOE para seguir en política o hacer pareja en Twitter con Rosa Díez. 

Para cantar bingo y hacernos aún más felices, solo falta ya que la inestabilidad se extienda también a las otras plazas que gobiernan naranjas y populares: el ayuntamiento de Madrid, Castilla y León - en donde el PSOE también censura sin importarle para nada la pandemia y a sabiendas de que no prosperará la iniciativa - y Andalucía, en donde de momento parece haber continuidad. En resumen, si en todo sistema democrático saludable es imprescindible una alternativa política viable a los partidos en el poder, en España y después de lo de ayer no está ni se le espera por mucho falta que haga. 

(EP)

¿Pandemia? ¿Qué pandemia?

La otra cara de este enésimo circo político es la de los españoles, una cara de estupor y hastío. Nada de lo que ayer hicieron o dijeron los líderes políticos servirá en la lucha contra la pandemia o para la reactivación de la economía, algo que suena tan de Perogrullo que hasta produce sonrojo mencionarlo. Este es otro episodio más de ruido y furia que ha vuelto a dejar a la vista de todos que la verdadera agenda de los partidos no es que salgamos más fuertes de la crisis o que nadie se quede atrás. 

Lo que verdad les ocupa casi a tiempo completo es pelearse por los sillones y los cargos, como si no hubiera un mañana o no hubieran muerto 70.000 personas o la economía esté en coma inducido y no haya millones de familias viviendo en la más absoluta incertidumbre sobre su futuro. La situación se va pareciendo cada vez más a aquella escena de "El camarote de los Hermanos Marx" en el que todo el mundo entraba pero nadie salía. Ya solo falta que alguien desde dentro grite aquello de ¡y dos huevos duros!  

Canarias: sin turistas no hay paraíso

Resulta ocioso a estas alturas subrayar la importancia económica del turismo para Canarias. Unos pocos datos bastarán para comprobarlo: el turismo representa más de un tercio del PIB de las islas y da empleo a casi un 40% de la población activa. De manera que, si los turistas no vienen, un modelo económico tan dependiente de una sola actividad se tambalea irremediablemente desde sus cimientos. Eso es precisamente lo que está pasando a causa de la pandemia de COVID-19, que ha venido a poner en evidencia con toda crudeza las debilidades del modelo productivo de las islas. Zonas turísticas hasta hace un año llenas de vida y actividad, aparecen hoy mustias y prácticamente desiertas. Hemos pasado de tener 15 millones de visitantes en 2019 a unas decenas de miles al año siguiente, con el lógico impacto sobre todo el tejido económico y social. 

La crudeza de las cifras

Las estadísticas más recientes sitúan el número de parados en casi 300.000  y los trabajadores en ERTES rondan el 35% de la población activa. La riqueza canaria se contrajo el año pasado en unos 11.000 millones de euros al bajar de 46.000 a 35.000, empobreciendo aún más a una comunidad autónoma que nunca ha ocupado los primeros puestos de la primera división de la riqueza nacional. Y ello es así porque, a pesar de las espectaculares cifras de turistas que llegaban año tras año antes de la pandemia, Canarias arrastra un paro crónico al que le cuesta bajar del 20% y unos porcentajes de riesgo de pobreza y exclusión que se elevan hasta el 35%. Las causas de esa aparente contradicción entre hoteles permanentemente llenos y deficiente distribución de la riqueza son variadas y complejas y analizarlas ahora nos llevaría mucho tiempo. 

En todo caso, a nadie se le puede ocultar que después de un año con los hoteles prácticamente vacíos y sin contar lo que aún pueda demorarse la ansiada recuperación, las cifras de paro y pobreza se agravarán en los próximos meses. Así por ejemplo, es probable que muchos trabajadores protegidos hoy por los ERTES pasen a engrosar también las listas del paro. Incluso confiando en la vuelta de los turistas en verano o en invierno en función de cómo evolucione la pandemia en los mercados emisores y en el propio destino, el futuro turístico es más incierto que nunca. 

El turismo que viene y los deberes pendientes

Si los expertos están en lo cierto, vamos a asistir en los próximos meses a una competencia feroz entre destinos para atraer visitantes por la vía del abaratamiento de los precios. Los grandes touroperadores no dejarán pasar la oportunidad de endurecer las condiciones para las reservas y la contratación y los hoteleros no tendrán más remedio que pasar por el aro o cerrar. La presión a la baja de los precios turísticos empujará en la misma dirección a los salarios y las condiciones laborales probablemente empeorarán. Este panorama sorprende a Canarias sin haber hecho los deberes tantas veces prometidos por los políticos y tantas veces aplazados: diversificar la economía regional para que situaciones sobrevenidas como esta, no causen tanto daño social y económico y sea posible recuperarse en menos tiempo y con menos dependencia de factores y agentes exógenos. 

Por no hacer ni siquiera se han hecho los deberes en el propio sector turístico, a pesar de ser el que tira de toda la economía. Por citar solo algunas de las debilidades más sangrantes, el grado de dependencia de touroperadores y compañías aéreas es prácticamente total y el uso de internet para la captación de reservas muy bajo; ni siquiera se han empezado a explorar nuevos nichos turísticos como el de los viajeros que desean combinar ocio y trabajo a distancia y, por no tener, un destino de primer orden como Canarias no dispone de una escuela de turismo y hostelería, que sea referente internacional y que prepare a las nuevas generaciones para ocupar los puestos que hoy desempeñan personal más cualificado llegado de fuera. 

Con esta alarmante falta de mimbres y armados solo con el sol y la playa y una planta hotelera no siempre acorde a los tiempos, se enfrenta el turismo canario a la era postcovid, en la que pocas cosas serán como antes. A las incertidumbre sanitarias relacionadas con la eficacia de las vacunas, se unirán elementos nuevos como la exclusión de los viajes de importantes segmentos de la población golpeados por la pandemia. Es muy probable que aumente considerablemente el interés por el turismo doméstico y de naturaleza, alejado de destinos masificados de sol y playa como el canario. Los turistas mirarán con lupa las condiciones sanitarias del destino y, aunque Canarias tiene ventaja en este capítulo frente a algunos destinos de la competencia, mantener esa seguridad generará costes nuevos que influirán en una cuenta de resultados ya muy resentida. 

Poderes públicos: del voluntarismo a la pasividad

Una realidad tan compleja e incierta para una actividad tan vital para Canarias, sin duda el territorio más afectado económicamente por la pandemia, no se ha visto correspondida en cambio por una gestión proactiva de unas administraciones públicas que obtienen buenos ingresos fiscales cuando hay vacas gordas. Al Gobierno de Canarias le está sobrando voluntarismo y faltándole recursos e ideas para ir más allá de la subvención, la ayuda o la campaña promocional en un constante quiero y no puedo. Poco cabe esperar también del Gobierno central, cuya responsable de Turismo lleva meses actuando más como pitonisa que como encargada pública del segundo destino turístico mundial después de Francia, según datos de 2018. 

La señora Maroto se ha pasado un año anunciando la recuperación del turismo para el próximo verano, la próxima Navidad, la próxima Semana Santa y así hasta el infinito. Sin embargo, no se le paga para lanzar augurios para los que, por otro lado, no parece muy dotada, sino para gestionar medidas que ayuden a recuperar la actividad. Su gestión de los corredores seguros para el turismo fue sencillamente nula, aunque buena prueba de su completa incapacidad es el flagrante incumplimiento de su promesa de julio de 2020 de impulsar un plan estratégico específico para el turismo canario, que ni está ni se le espera. 

No ha sido mi intención cargar las tintas en este artículo pero tampoco vestir de rosa una realidad más que oscura. Es cierto que, a pesar de los millones de turistas que llegaban antes de la pandemia, Canarias nunca fue un paraíso como se empeñan en hacer creer los viejos tópicos que tanto cuesta erradicar incluso en el Gobierno central. Sin embargo y, teniendo en cuenta que ningún modelo económico se puede cambiar o diversificar vía decreto pese a lo que intentan vender algunos políticos con mando en plaza, el turismo tendrá que continuar siendo la principal actividad simplemente porque no hemos querido, podido o sabido desarrollar otras alternativas o complementarias y disponer las cosas para una redistribución más equitativa de la riqueza. 

Y por eso, sin turismo y sin turistas no solo no habrá paraíso a medio y largo plazo, sino que se incrementarán más aún el paro y la pobreza en una tierra que sigue viendo como la riqueza que se genera en ella nunca revierte en mayores cotas de bienestar para toda su población.  

Rebatiña política en el Poder Judicial

En no pocas ocasiones las palabras ocultan mucho más de lo que revelan; incluso ocurre con frecuencia que deforman por completo la verdad hasta transmitir una idea absolutamente contraria de la realidad. Esto no suele ocurrir casi nunca por casualidad y mucho menos en el ámbito de la política, la actividad humana que con seguridad más retuerce las palabras para que digan cosas distintas de lo que se supone significan. El arte de convencer pero también de embaucar y engañar mediante la palabra es suficientemente conocido y antiguo como para que sea preciso extenderse más en él. 

Cuando escribo esto asistimos en España a otro de esos habituales momentos en los que las palabras son únicamente trampantojos con los que los políticos pretenden hacernos ver lo que desean que veamos y no lo que en realidad se esconde detrás. Ante mí tengo en estos momentos varios periódicos con titulares en los que se habla de "negociaciones" entre los partidos para renovar la cúpula del Consejo del Poder Judicial, el llamado "gobierno de los jueces". El verbo negociar sugiere oferta y contraoferta, precio y condiciones, compra y venta. Sin embargo, los medios le dan un aura de respetabilidad y hasta de buenas maneras democráticas a lo que no es otra cosa que un mercadeo de cargos públicos para un poder del estado en función del color político.

Montesquieu ha muerto

Nunca más en vigor que en estos días la lapidaria frase de Alfonso Guerra proclamando que Monstesquieu había muerto. Porque, efectivamente, desde la época del filósofo francés ha sido máxima teórica de la democracia el principio de la separación de poderes para que ninguno se imponga sobre los otros. Pero, como en tantas otras cosas de la vida, la teoría va por un camino y la práctica por otro, generalmente el contrario. Que el poder legislativa no es más que el brazo que aplaude o abuchea a los partidos del gobierno es cosa bien sabida desde hace mucho tiempo. Es cierto que históricamente hubo un periodo en el que los gobiernos temblaban cuando llevaban sus iniciativas al parlamento. Ahora, la cúpula del partido o los partidos que controlan al ejecutivo solo deben cuidarse de tener dóciles parlamentarios que voten obedientemente lo que tengan a bien decidir sus superiores y amados líderes. 

Controlado así el legislativo, toca ir a por el judicial, que se puede convertir en una verdadera molestia si algún político es pillado con las manos en la masa. Formas de controlar a los jueces hay muchas y van desde el sistema de acceso a la carrera judicial, el sueldo, los destinos o los mecanismos de ascenso a la cúspide de la judicatura. Así que los partidos, indistintamente del color, descubrieron que repartirse el nombramiento de los altos cargos del poder judicial por un sistema de cuotas en función de la afinidad política, les permitiría contar teóricamente con alguien siempre dispuesto a echar un cable en caso de apuro. 

La perversidad de jueces "progresistas" y "conservadores"

Es aquí en donde entra en juego esa chirriante terminología de jueces "progresistas" y "conservadores" con que los medios gustan motejar a los representantes del estamento judicial, comprando así el lenguaje averiado y mendaz de los políticos. Y en eso están estos días nuestros amados representantes, intercambiando cromos de jueces "progresistas" y "conservadores" como cuando de chicos intercambiábamos estampitas de Di Stefano o Tonono. Es cierto que la Constitución establece que el Congreso y el Senado - es decir, los partidos políticos - designarán a 8 de los 20 vocales que conforman el pleno del Consejo de Poder Judicial y que esos vocales deberán ser juristas de reconocido prestigio. 

Nada dice en cambio de cómo deben elegirse los 12 vocales restantes, lo que sugiere claramente la idea de que los padres de la Constitución no tenían en mente la rebatiña actual, en la que los partidos trapichean con los nombres de jueces y magistrados sin el más mínimo decoro democrático. Dicho de otra manera, en lugar de aprobar una ley que establezca que deben ser los jueces y magistrados quienes elijan a los 12 vocales en cuestión, un buen día decidieron ahorrarles esa molestia y elegirlos ellos mismos. Ese buen día tuvo lugar en 1985, cuando el PSOE y el PP aprobaron la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 en la que sí se establecía que los 12 vocales los elegirían jueces y magistrados. 

A partir  de ese momento, fueron también el Congreso y el Senado - insisto, los partidos políticos - los que se arrogaron una función que solo proyecta desconfianza sobre la independencia de la Justicia. A la piñata se ha unido ahora Podemos, los "regeneradores" de la política, que en esto no le hace ascos a intercambiar cromos con el PP si con ello puede colocar a algún magistrado o magistrada de su cuerda en lo más alto de la cúpula judicial. La bendición del perverso sistema se la dio una ingenua sentencia del Constitucional, que avaló el cambio legal y con angelical ternura aconsejó a los partidos que no lo usaran para convertir el Consejo del Poder Judicial en un bazar turco. Como salta a la vista, los partidos se han pasado por el forro el bienintencionado consejo y se han dedicado a lo que mejor saben hacer, repartirse el poder judicial en función del color político. 

La solución es sencilla, pero no interesa

El colmo del esperpento viene de la mano de alguna magistrada de nítido pasado partidista, que defiende sin sonrojarse que le corresponde un puesto "progresista" en el Poder Judicial, precisamente por su afinidad pública y notoria con un determinado partido. Es la misma magistrada que no se priva de criticar que el partido rival la vete y pretenda colocar a algunos de su cuerda, corroborando así que para ella el gobierno de los jueces debe salir de un mercado persa en donde "progresistas" y "conservadores" luchen a brazo partido por los puestos. Todo lo anterior, con ser lamentable y penoso, no significa que, en general, los jueces y magistrados así nombrados no sean honrados a carta cabal y leales servidores públicos de la Justicia.  Sin embargo, el solo hecho de tildarles de "progresistas" y "conservadores" ya arroja una sombra de sospecha sobre ellos por cuanto da pie a pensar que sus actos judiciales pueden estar motivados más por el sesgo ideológico que por el Derecho, por otra parte siempre interpretable. 

Como se puede desprender de todo lo anterior, acabar con esa sospecha  está en manos precisamente de los partidos políticos, los cuales solo tendrían que aprobar una ley que devuelva a los jueces la potestad de elegir a quienes quieren que les gobiernen. Resulta sarcástico que los partidos, ahora entregados con entusiasmo al reparto de estampitas judiciales, prometieran cuando estaban en la oposición que pondrían fin a este estado de cosas para garantizar la independencia de la Justicia. Sin embargo, en cuanto han llegado al gobierno han sufrido un inesperado ataque de amnesia y, como por inercia, se han entregado de nuevo a fondo a la mal llamada "negociación", vulgo espectáculo bochornoso llevado a cabo en pleno día, con alevosía y sin una pizca de vergüenza democrática.