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Andalucía indica el camino

Mil y un análisis se suelen hacer después de cada cita electoral, algunos diametralmente opuestos entre sí y otros más o menos coincidentes. Lo que nadie podrá negar en el caso de las elecciones andaluzas es que la inmensa mayoría de los ciudadanos que acudieron a votar ayer han preferido la continuidad y la moderación de Moreno Bonilla frente a un PSOE abducido por los mensajes vacíos de la ultraizquierda por un lado, y el histrionismo folklórico de la ultraderecha por el otro. La primera y más importante lección que toca aprender a los perdedores es que los ciudadanos ni son imbéciles ni se les puede acusar de no saber votar cuando prefieren la gestión y la estabilidad, un bien en sí mismo de la democracia, frente a los debates de campanario y las riñas ideológicas que en nada ayudan a resolver los problemas cotidianos de la gente.

SUR

De Moreno Nocilla a ganar por mayoría absoluta

Moreno Bonilla, del que se burló la izquierda pata negra e incluso sus compañeros del PP – Moreno Nocilla lo llamaban por su supuesta blandura -, le ha dado a Feijóo su primer gran triunfo electoral y, de paso, le ha enseñado el camino a La Moncloa, en donde Pedro Sánchez seguramente no ha pegado ojo esta noche pensando qué hacer tras el revolcón en el feudo histórico del PSOE desde que Felipe González y Alfonso Guerra vestían chaqueta de pana con coderas. Lo que ha dado al PP su primera mayoría absoluta en Andalucía ha sido la gestión de Moreno Bonilla en los últimos cuatro años, o lo que es lo mismo, haber demostrado que se puede confiar en él para ocuparse de los asuntos de la comunidad autónoma más poblada del país. Y yo, sinceramente, no veo mejor argumento que la confianza para optar por un candidato en unas elecciones.

El candidato popular, además de coronarse con honores presidente andaluz electo, ha parado los pies a Vox y esta es otra buena noticia para Núñez Feijóo. Los de Abascal se apuntaron al órdago de exigir sillones en la Junta si sus votos eran imprescindibles para que Moreno Bonilla fuera reelegido presidente. Tengo pocas dudas de que una exigencia como esa animó a muchos andaluces a optar por un gobierno autonómico sin ataduras ni hipótecas de la ultraderecha, sin despreciar tampoco los efectos negativos de una campaña llena de despropósitos de la candidata Olona de principio a fin.

El PSOE y la ultraizquierda siguen sin aprender de sus errores

Pero, sin duda, es en las filas del PSOE en donde más duele el coscorrón, con un candidato sin carisma, que ha empeorado los resultados de la defenestrada Susana Díaz en 2018 y que ni tan siquiera ha sido capaz de ganar al PP en Sevilla, la ciudad de la que fue alcalde y buque insignia del socialismo andaluz y español. Se dice pronto, pero Espadas ha perdido votos en favor del PP y no ha sido capaz de captar los de Ciudadanos. Su campaña electoral ha carecido de discurso propio y diferenciado de la ultraizquierda y ha estado plagada de meteduras de pata como la de Zapatero proclamándose orgulloso de Chaves y Griñán o Adriana Lastra llamando a las barricadas si el PSOE no ganaba ayer. Con compañeros de partido como esos no necesitaba Espadas rivales para caer con todo el equipo.

Con no menos dolor se deben andar lamiendo las heridas en una ultraizquierda dividida y cainita que ha vuelto a comprobar en sus propias carnes que sacar de paseo a Franco cada dos por tres y proclamar alertas antifascistas a cada rato no sirve para ganar elecciones, sino ofrecer soluciones realistas a los problemas cotidianos que sufren los ciudadanos. No lo aprendieron cuando se estrellaron en las elecciones madrileñas y siguen sin comprenderlo ni superarlo todavía. El proceso de escucha de Yolanda Díaz se daña seriamente incluso antes de nacer y se lastra con las imputaciones de Colau y Oltra y su doble vara de medir a la hora de asumir responsabilidades políticas.

Réquiem por Ciudadanos y la incógnita de Sánchez

En cuanto a Ciudadanos solo cabe entonar un requiescat in pace por su alma después de quedar fuera del parlamento andaluz. El candidato Marín luchó hasta el último momento por un proyecto que sigue siendo necesario en España pero que la mala cabeza de sus dirigentes ha convertido en un juguete roto y arrinconado por la historia. Marín ha sido incapaz de evitar la sangría de votos que han beneficiado al PP, pero le honra haber anunciado su dimisión después del sonoro fracaso electoral de ayer a pesar de haber sido un socio leal del presidente electo andaluz durante los últimos cuatro años.

En resumen, por mucho que los socialistas pretendan separar el tortazo andaluz de la política nacional, cualquier que no esté ciego o sea hooligan irredento del PSOE ve la relación y se pregunta por las consecuencias políticas de lo ocurrido ayer. Pocas dudas quedan ya de que el “efecto Feijóo” existe y que está llamando con fuerza a la puerta de La Moncloa. Quinielas hay varias y solo el tiempo dirá cuál es la ganadora, pero en ningún caso cabe esperar que Sánchez no mueva alguna ficha después del varapalo andaluz.

Para unos podría ser una remodelación del Gobierno después de la cumbre de la OTAN con el fin de recuperar la iniciativa y resistir hasta que toque convocar elecciones. Otros pensamos que lo que corresponde a estas alturas, con una crisis desatada, un presidente chamuscado por sus propios errores y mentiras y una legislatura enredada en disputas partidistas y juegos de tronos, es llamar a los ciudadanos a las urnas. En cualquier caso, de una cosa podemos estar seguros: haga lo que haga Sánchez, no lo hará pensando en el bien común de los españoles sino en su propio interés, el único que le mueve.

Argelia: una crisis evitable

La credibilidad, el prestigio, la fiabilidad y el respeto de un país se calibran en gran medida por su política exterior. Otros factores como el poder económico y militar también cuentan, obviamente, pero si la comunidad internacional te percibe como un tarambana que da bandazos e improvisas en tus relaciones con otros países, tu imagen se deteriorará y una imagen dañada ante el mundo no es fácil de restaurar. La política exterior de un país que se respete a sí mismo y que busque ser reconocido en el contexto internacional como un actor valioso con el que es obligado contar, no puede estar sujeta ni al navajeo de la política partidista ni a la conveniencia del gobierno de turno. Una política exterior respetable de un país democrático es siempre una política de estado, es decir, estable, hasta cierto punto previsible sin ser inflexible y, sobre todo, asumida y respaldada no solo por las instituciones y los partidos políticos, sino incluso por el conjunto de la sociedad. Por desgracia, la política exterior española es hoy cualquier cosa menos una política de estado, lo que provoca un daño reputacional para los intereses de nuestro país del que costará recuperarse.

El declive de la política exterior

En realidad, la política exterior española padece desde hace mucho tiempo de algunos de los males de nuestra política doméstica: imprevisión, incoherencia, falta de objetivos claros y cortoplacismo. En la memoria del país pervive aún la tormentosa adhesión a la OTAN, la ignominiosa foto de las Azores o la sentada idiota de Zapatero al paso de la bandera estadounidense. Nuestro peso y presencia en Hispanoamérica ha ido de más a menos hasta casi desaparecer, en la Unión Europea no pasamos de segundones y en el Magreb nos hemos plegado históricamente a los deseos de Marruecos sin recibir a cambio más que nuevas exigencias y desplantes.

No es exagerado decir que con la llegada de Sánchez a La Moncloa, la pendiente por la que se ha venido deslizando desde hace años nuestra política exterior ha tocado fondo. Primero fueron los titubeos a la hora de enviar armas a Ucrania para que se defendiera de la agresión rusa, una decisión rechazada por la pata podemita del Gobierno que se ha trasladado ahora a la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN. Y aún hay gente que se sorprende y hasta se disgusta porque Joe Biden se olvide sistemáticamente de Pedro Sánchez en sus contactos con los aliados europeos y en las cumbres internacionales apenas le dé los buenos días.

El Sahara, la gota que colma el vaso

No obstante, la gota que ha colmado el vaso ha sido el aún inexplicado giro respecto al Sahara, del que Sánchez ni siquiera informó a sus socios, y que ha desatado una crisis evitable con Argelia en el peor momento posible. Más allá de algunas posiciones personales favorables a Marruecos como las de Zapatero o Moratinos, los sucesivos gobiernos españoles habían mantenido hasta ahora una posición oficial de neutralidad en relación con ese viejo contencioso, lo menos que cabe esperar de un país sobre el que recae la responsabilidad de administrar su excolonia. Esa posición también ha recibido siempre el respaldo del pueblo español, mayoritariamente identificado con las reivindicaciones saharauis frente al expansionismo marroquí.

Sánchez ha acabado de un plumazo con casi cinco décadas de política de estado en relación con el Sahara y ha incendiado las relaciones con Argelia, un socio fundamental en tiempos de crisis energética, sin recibir nada a cambio de Marruecos más que nuevas largas y pegas a cuestiones como las aduanas de Ceuta y Melilla. Paradójicamente, además, ha convertido a la dictadura militar argelina en una defensora del Derecho Internacional en el Sahara, mientras una democracia como la española, con obligaciones legales en el territorio, se coloca abiertamente del lado de una de las partes ignorando los mandatos de la ONU.

La gran pregunta: ¿por qué y por qué ahora?

Las reacciones del incompetente ministro de Exteriores ante el enfado argelino no han hecho sino incrementar la sensación de ridículo que sentimos muchos ciudadanos ante la torpeza gubernamental en una cuestión tan sensible política y económicamente. Albares ha pasado de hablar de Argelia como “un socio fiable” a ofrecerle “amistad duradera” para terminar quejándose a la Unión Europea y, al parecer, pidiendo la mediación de la diplomacia francesa para intentar recomponer las relaciones con el país norteafricano. La confusión y el batiburrillo son de tal magnitud que en medio de este sainete se ha colado la ministra Calviño, quien, no contenta con culpar a Putin de la inflación, también lo acusa sin aportar una sola prueba de instigar a Argelia contra España. Que a instancias españolas la UE haya afeado la reacción argelina ha enfadado más si cabe al régimen de ese país, de manera que será muy difícil por no decir imposible que las relaciones comerciales y de cooperación se recompongan y normalicen mientras Sánchez siga siendo el presidente español o, al menos, mientras Albares siga desbarrando en Exteriores.

Que Sánchez actuó de manera unilateral y temeraria, con nocturnidad y alevosía políticas, es algo evidente que concuerda a la perfección con el perfil político del personaje; que aparentemente no calibró las consecuencias de darle una patada al tablero magrebí y ponerse de parte marroquí frente a los saharauis y a Argelia también salta a la vista para cualquiera. La gran pregunta que nos seguimos haciendo muchos es por qué lo hizo y por qué en estos momentos precisamente, en los que menos convenía enemistarse con un país del que importamos algo tan precioso como el gas. Lo cual nos lleva también a preguntarnos una vez más qué relación existe entre las escuchas de Pegasus, presumiblemente realizadas por Marruecos, y el giro copernicano de Sánchez en el Sahara. Ese es el verdadero nudo gordiano de este esperpento diplomático que de un modo u otro terminaremos pagando todo los españoles, mejor dicho, que estamos pagando ya en términos de descrédito y desprestigio de nuestro país ante la comunidad internacional. 

El sentido de estado según Sánchez

No sé ustedes, pero yo nada esperaba de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para “explicar” su triple salto mortal con tirabuzón respecto al Sahara y, en consecuencia, no estoy decepcionado. Imagino que quienes creyeron que el presidente aclararía las numerosas incógnitas y sospechas que rodean el viraje saharaui estarán algo melancólicos, pero a estas alturas ya deberían conocer al personaje y saber que la transparencia y rendir cuentas no están entre sus habilidades políticas. En cambio, aquellos que siempre están dispuestos a aplaudir al líder, tanto si dice blanco como si dice negro, seguramente estarán satisfechos y convencidos de que no queda nada por aclarar ni añadir y solo cabe decir amén. 

EFE


Argelia rompe la baraja

La comparecencia de Sánchez, por la que ha habido que esperar casi tres meses desde su giro copernicano en el Sahara y que además ha diluido mezclándola con el decreto de medidas por la guerra en Ucrania, ha sido un nuevo ejercicio de opacidad y narcisismo plagado de vaguedades, lugares comunes, falsedades y una sola constatación: que ha habido cambio radical de posición por más que el entorno presidencial, el partido y los cortesanos orgánicos habituales lleven semanas intentando hacernos creer lo contrario. Así lo ha entendido también Argelia, cuyo Gobierno anunció poco después de la intervención de Sánchez que rompe el Acuerdo Bilateral de Amistad y Cooperación y congela las relaciones comerciales con España. Dos decisiones que se unen a la de llamar a consultas a su embajador en Madrid, tomada poco después de conocerse la rendición de Sánchez ante Rabat.

Sánchez recoge así lo que ha sembrado su mano torpe, que no ha sido otra cosa que despreciar a un actor clave en el conflicto saharaui al que no informó de su cambio de rumbo y al que ni siquiera mencionó en su intervención de ayer. Ahora, Argelia le devuelve la moneda en donde más puede dolerle a los españoles: el control de la inmigración, el comercio y el gas, justo cuando más necesitaba nuestro país mantener buenas relaciones con un proveedor fiable de gas y un buen comprador de algunos productos españoles. En ese escenario no hay nada más patético que escuchar al inefable e incapaz ministro Albares llorando sobre la leche derramada y prometiendo amistad eterna a Argelia.

La soledad de Sánchez

Sin más apoyo que el de su partido, Sánchez ha pedido a las fuerzas políticas que apoyen su cambio unilateral respecto al Sahara después de haberlas ignorado por completo antes de perpetrarlo. Alega que el acuerdo con Marruecos garantiza la soberanía española de Ceuta y Melilla, lo que de por sí es una afirmación cuando menos escandalosa por lo que supone de juego de manos sobre un asunto que no puede estar sujeto a conchabos de ningún tipo y menos con el futuro del pueblo saharaui y la legalidad internacional de por medio.

Arguye también que la genuflexión ante Mohamed VI será positiva para el control de la inmigración irregular, pero lo cierto es que el número de inmigrantes llegados a Canarias este año ya ha aumentado un 52% con respecto al mismo periodo del año pasado. De Canarias, región directamente concernida por lo que ocurra en el Sahara, apenas dijo nada Sánchez más allá de los tópicos habituales sobre aguas y seguridad. En juego están también las riquezas submarinas insulares, pero el presidente no tuvo tiempo para detenerse en minucias que al parecer le pillan muy lejos de sus intereses. Imagino, no obstante, que el presidente socialista canario aplaudirá con entusiasmo las palabras de su jefe de filas. 

"Canarias, ausente en las explicaciones de Sánchez sobre el Sahara"

Tampoco hubo alusiones a Pegasus, a pesar de las fundadas sospechas de que el espionaje de su teléfono y de algunos de sus ministros procedía de desiertos cercanos y de que su regate en corto con el Sahara y esas escuchas pueden estar directamente relacionados. Sánchez se agarra de que también EE.UU, Alemania y Francia han cambiado de posición sobre el futuro del Sahara, pero pretende ocultar una diferencia crucial con España: ninguno de esos países tiene las obligaciones internacionales que tiene el nuestro con un territorio al que le unen lazos históricos y afectivos que Sánchez también ha despreciado al plegarse ante la posición marroquí. Decir a estas alturas que España defiende el acuerdo entre las partes después de ponerse oficialmente del lado de una de ellas, es un escarnio y una ofensa al pueblo saharaui y al derecho internacional.

Sentido de estado vendo, que para mí no tengo

A Pedro Sánchez y a los suyos les encanta hablar de “sentido de estado”, pero, en boca del presidente, esa expresión no pasa de ser un chantaje político a la oposición para que apoye sin rechistar sus decisiones unilaterales y sin consenso. Después de no haber consultado ni siquiera con sus socios de gobierno el asunto del Sahara, Sánchez pedía ayer al Congreso que tenga “sentido de estado” y respalde su viraje, el mismo sentido de estado del que él da muestras permanentes de carecer. 

Por citar solo algunos ejemplos, “sentido de estado” para Sánchez es gobernar con el apoyo de independentistas y filoetarras, indultar a condenados por sedición para poder continuar en el poder, violar tres veces seguidas la Constitución durante la pandemia, cambiar la política exterior sin consultar ni avisar a nadie o acudir al Congreso a rastras, no tanto para rendir cuentas de la gestión como para atacar a la oposición y exigirle, cómo no, “sentido de estado.” Pensándolo bien, tal vez el verdadero y más importante estorbo que tiene España en estos momentos sea Pedro Sánchez y su absoluta falta de sentido de estado.

Verdades, mentiras e inflación

En España ocurren auténticos prodigios, por no calificarlos de cosas chulísimas. Ocurre, por ejemplo, que cuantos más pobres de solemnidad contabilizan las estadísticas oficiales y oficiosas, más recauda el Gobierno por impuestos. O si lo prefieren, cuanto más recauda el Gobierno por impuestos más pobres de solemnidad se contabilizan. Pero no hace falta acudir a Iker Jiménez para que nos explique el misterio, basta con echar mano de los datos de la inflación para comprender la causa de lo que es solo una aparente paradoja. Si nos fijamos en los precios de los productos básicos de cualquier cesta de la compra de este país, veremos que la luz ha subido un 34%, la gasolina el 16%, el pan el 10%, la leche el 14%, los huevos el 21%, el aceite de oliva el 42%, los alimentos para bebé el 12% y los cereales el 6%. Con estos precios a nadie puede extrañarle que millones de familias se vean obligadas a hacer economía de guerra, mientras el Gobierno llena las arcas públicas a costa suya y el ministro Garzón recomienda alimentación sana y saludable. 


Los bancos de alimentos sin comida y la recaudación disparada

Para entender estos porcentajes en su contexto social hay que fijarse en las familias que deben acudir a los bancos de alimentos o a Cáritas para tener algo que llevarse al caldero cada día. Los bancos de alimentos, que el año pasado atendieron a 1,5 millones de familias, calculan que ese cantidad se incrementará un 20% en 2022. Los prestigiosos informes de FOESSA – Caritas apuntan que tres de cada diez familias españolas han tenido que recortar los gastos destinados a productos de primera necesidad.

Tampoco es complicado deducir que el problema es más o menos agudo según de qué comunidades autónomas hablemos. En Canarias, la que peores indicadores sociales y económicos presenta de todo el país, la inflación desbocada es un clavo más en la cruz de pobreza y exclusión que arrastran más de 600.000 canarios, para los que, como escribí hace unos días, no es ni de lejos una suerte vivir aquí. Aún así, lo peor es que todo lo que es susceptible de empeorar es probable que lo haga y la previsión, a menos a corto y medio plazo, es que el globo de los precios siga volando alto durante una larga temporada.

Tan alto como la recaudación tributaria de Hacienda, que había aumentado un 18% hasta abril después de un 2021 de récord, lo que equivale a unos 86.000 millones de euros. Y eso también tiene una causa principal y se llama...inflación. De hecho es el IVA, junto con el IRPF, el impuesto que más tira hacia arriba de la recaudación a pesar de las rebajas fiscales adoptadas con tambores y cornetería por el Gobierno para que nos traguemos el bulo de que no deja a nadie atrás. Por decirlo de otro modo, el Gobierno hace caja gracias a la inflación y destina una modesta cantidad de lo que recauda a ponerle tiritas a una situación que está colocando a millones de familias españolas entre la espada y la pared.

Crisis alimentaria y medidas ineficientes

Contra todas las evidencias y la opinión de la mayoría de los economistas, solo el Gobierno se empeña en hacernos creer que la inflación será cosa de unos meses como mucho, tras los cuales podremos volver a atar los perros con longanizas. Se empiezan a escuchar voces que alertan de una crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania, pero el Gobierno hace como quien oye llover. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los productos frescos y que es la que más preocupa y la que más cuesta hacer bajar, se ha puesto en niveles de 1995, pero el Gobierno mira al tendido y se parapeta tras su escudo social.

En síntesis, el Gobierno parece confiar en un milagro pero no hace nada para que ocurra. Desde marzo estamos esperando que se empiece a aplicar el tope al precio del gas, un logro de Sánchez en Bruselas por el que los suyos lo pasearon a hombros por los medios afines y las redes sociales. La bonificación de los precios de los combustibles, otro hito sanchista que mereció encendidos elogios de su muchachada, ha resultado ser otro fiasco: la mitad de los veinte céntimos por litro que los españoles ponemos de nuestro bolsillo para que la gasolina no nos cueste tanto, ya la ha absorbido la subida de precios. A la vista del éxito alcanzado, al Gobierno no se le ha ocurrido una idea mejor que prorrogar la medida hasta septiembre a pesar de su ineficacia y su carácter regresivo, como acaba de recordar el Consejo Económico y Social del Estado.

La teta de la recaudación

Sin embargo, rechaza de plano medidas como deflactar las tarifas más bajas del IRPF como ha propuesto el PP y apoyado incluso el ex ministro socialista Jordi Sevilla. El motivo no es otro que seguir aprovechándose de la inflación para hacer caja a costa de los ciudadanos, lo cual no solo es antieconómico sino indecente. Lo que sí hace es instar a un pacto de rentas entre empresarios y sindicatos, pero se resiste a soltar la teta de la recaudación. Su principal obsesión es hacer creer que este repunte inflacionista, que pone en el disparadero la incipiente recuperación económica y aboca a millones de familias españolas a pasar estrecheces y miseria, es culpa única y exclusivamente de un señor llamado Vladímir Putin que un buen día decidió invadir Ucrania.

Como ocurre con tantas otras cosas, la realidad y los mensajes del Gobierno se parecen como un huevo a una castaña. La espiral inflacionista se inició mucho antes coincidiendo con el final de las restricciones por la pandemia y tiene que ver, sobre todo, con la subida de los precios de la luz sin que Sánchez moviera un dedo para atajarla. Luego vino lo de Ucrania y el proceso se ha acelerado y agravado, hasta el punto de que prescindir del gas ruso podría elevar la inflación al entorno del 10%. Vivir será más caro en los próximos años, aunque esto tampoco es una novedad. Lo que sí es una novedad es que eso esté ocurriendo ya con el Gobierno más progresista y social de la democracia, el que no iba a dejar a nadie atrás y con el que íbamos a salir más fuertes de la crisis. No me podrán negar que es una cosa chulísima.

El emérito y el cainismo

En un país cainita y de excesos como España, el breve regreso del rey emérito después de casi dos años ausente por voluntad propia no podía sino estar rodeado de excesos por parte de todos: de quienes desde algunos púlpitos mediáticos y desde las calles de Sanxenxo han lanzado ¡vivas! y de quienes, desde los púlpitos opuestos y desde las redes, han lanzado ¡mueras! Como no podía ser de otra manera, el propio comportamiento del emérito durante estos días también ha estado marcado por algunos excesos, cuando lo que más convenía a la institución que representó y a la que terminó defraudando era precisamente pasar desapercibido por más que no tenga causas judiciales pendientes en España. Pero dicho eso, ahora que el emérito ha retornado a Abu Dabi después de un largo encuentro con su hijo coronado en el que no deben haber faltado reproches filiales por una conducta paterna poco edificante, tanto los que lo jaleaban como los que pedían su cabeza tendrán que buscar nuevas armas de distracción masiva. Mientras, la inmensa mayoría del país seguirá luchando para salir adelante a pesar del Gobierno.


Luces y sombras

Todo lo que viene ocurriendo con Juan Carlos I, desde antes incluso de su abdicación, me ha producido siempre sensaciones ambivalentes, y creo que lo mismo le ocurre a la mayoría de los españoles. Los dientes de leche de la conciencia política me nacieron coincidiendo con la muerte de Franco y la Transición. Recuerdo con todo detalle dónde estaba y qué hacía el 23-F, así como el miedo y la zozobra que sentí durante aquellas horas y el alivio que supuso el mensaje del rey aquella noche histórica, en la que se jugó incluso la vida o cuando menos la corona frente a los golpistas.

A partir de ahí la figura del rey se agrandó, la monarquía se legitimó definitivamente y el país enteró se convirtió al juancarlismo. Pero pronto Juan Carlos I pasó a ser un intocable para la prensa, para los políticos y para los propios ciudadanos. Algún día habrá que hacer recuento del daño que le hizo a la institución monárquica cubrirla con un manto de silencio y rodear al rey de halagos inmoderados y acríticos. Salvo algunos rumores rápidamente acallados, durante décadas la monarquía y su titular fueron tabú periodístico y político hasta que la crisis económica de 2007 cambió las cosas para siempre y determinados comportamientos se volvieron intolerables.

Se abre el melón

Abierto el melón de la monarquía por el lamentable comportamiento de su titular, no tardaron en olvidarse los servicios prestados a la democracia y al progreso del país y la izquierda populista aprovechó la grieta para hacer palanca contra la Constitución del 78 y la forma del Estado. Lo que se ha ido conociendo en los últimos tiempos, la avaricia desmedida del monarca y sus maniobras económicas en la oscuridad, empañaron aún más su innegable aportación a la concordia entre los españoles y pusieron a los pies de los caballos la institución sobre la que se asienta el orden constitucional.

Hace casi dos años terminó de emborronar su hoja de servicios con una marcha de España que tenía el aspecto de una huida precipitada por más que asegurara que se iba para “no perjudicar a su hijo”, a quién le ha dejado en herencia el marrón de gestionar el dañado prestigio de la monarquía. A pesar de los desplantes y de las afrentas que le dedican casi a diario quienes desean arramblar con el modelo constitucional y lanzar basura sobre él, Felipe VI ha dado pruebas de estar a la altura de lo que se demanda en pleno siglo XXI de una monarquía parlamentaria y constitucional, que debe legitimarse cada día por la rectitud ética y moral de los comportamientos públicos y privados del titular de la corona y los miembros de la familia real.

Explicaciones debidas

A pesar de no tener causas pendientes con la Justicia, en buena medida gracias a la inviolabilidad de la que disfrutó mientras fue jefe de Estado, y teniendo en cuenta el fuerte carácter simbólico de la monarquía, creo que el rey emérito sí debe al menos algún tipo de explicación a los españoles que pusieron su confianza en la rectitud de sus actos privados. Lo que resulta cuando menos sarcástico, por no calificarlo de cínico, es que las exija también Pedro Sánchez, uno de los presidentes de gobierno de la democracia más opacos y alérgicos a dar explicaciones.

Por lo demás, Juan Carlos I no representa un peligro para nadie y no tendría que haber ningún problema para que fije su residencia en España si así lo desea. Por decirlo en otros términos, el emérito, con sus muchas luces y sus no pocas sombras, ya forma parte de la historia de España para lo bueno y para lo malo, algo que los españoles deberíamos aprender a conciliar sin hacer tantos aspavientos ni llevar las cosas a los extremos por una y otra parte.

La institución monárquica española espera reformas que la adapten a las demandas ciudadanas de transparencia e integridad, empezando por la inviolabilidad, una prebenda que, en mi opinión, no debería amparar los comportamientos privados del monarca durante su reinado. En todo caso, de lo que no tengo ninguna duda es de que, con monarquía o con república, seguiríamos siendo un país cainita y de excesos, incapaz de reconocer y distinguir lo negativo de lo positivo, lo que también significa comprender que las instituciones deben estar por encima de las personas, aunque estas jamás las deben utilizar para su lucro particular so pena de acabar con ellas.  

Sánchez, Canarias y el amigo marroquí

Cuando oigo a un político prometer algo me acuerdo de la canción de Pablo Milanés: “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”. El 23 de marzo Pedro Sánchez acudió raudo a Ceuta y Melilla a “explicar” su amplia reverencia ante el rey de Marruecos en el contencioso del Sahara, conocida por sorpresa solo unos días antes a través del Gobierno marroquí, que no del español. Ese mismo día el presidente de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres, decía solemnemente en el Parlamento autonómico que Sánchez “tendrá que explicar en el archipiélago su carta al rey de Marruecos”, que el dirigente regional calificó de “relevante” y “trascendente”, para añadir que “ninguna propuesta tendrá recorrido si no es con el acuerdo entre las partes”. A Torres se le pasó el pequeño detalle de que Sánchez ha despreciado olímpicamente la postura de una de las dos partes, por no hablar de Argelia, de la oposición española y hasta de sus ministros y socios de gobierno, antes de postrarse a las plantas de Mohamed VI y jurarle que la propuesta autonomista es “la más seria, realista y creíble”. A lo mejor lo es, pero eso lo deben decidir los saharauis y eso es lo que debe respetar Sánchez.

EFE

Canarias y la danza de los siete velos 

El 26 de abril, mas de un mes después, el mismo Ángel Víctor Torres de antes afirmó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, estaba “preparando un viaje en las próximas semanas a Canarias” para explicar la pirueta saharaui de Sánchez, a quien, al parecer, su apretada agenda no le impidió viajar ocho veces a La Palma para fotografiarse junto al volcán, pero sí le impide subirse al Falcon y darse un salto a los territorios de ultramar para despejar las numerosas incertidumbres provocadas por su danza de los siete velos en Rabat. Hay tantas cuestiones trascendentales para Canarias en el cambio de posición sobre el Sahara, que demorar más su explicación es confirmar que las islas, su futuro y sus intereses no están ni se les espera tan siquiera en la trasera de la última hoja de la agenda gubernamental. Imaginen que esto afectara a Cataluña o al País Vasco. 

La reactivación ahora de la estancada comisión hispano – marroquí para abordar el peliagudo y demorado asunto de la delimitación de las aguas territoriales sería una buena noticia si pasamos por alto la política de hechos consumados de Marruecos en las aguas del Sahara y el asentimiento dócil de España. Hace poco más de dos años el Parlamento marroquí aprobó, unilateralmente y ante el silencio español, ampliar las aguas territoriales y crear una zona económica exclusiva que choca de lleno con la que nuestro país reclama para Canarias. Es evidente el interés marroquí por las riquezas submarinas insulares y, francamente, a la vista del tradicional entreguismo español a las tesis de Rabat, el hecho de que las islas tengan un representante en esa comisión tranquiliza muy poco si su status se limita al de un mero convidado de piedra.

Vuelven las prospecciones y siguen llegando pateras

En esas estábamos cuando, ¡oh, sorpresa!, se anuncian prospecciones de hidrocarburos en aguas supuestamente marroquíes, a unos pocos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. De buenas a primeras se disparan de nuevo las alarmas y se ponen sobre la mesa los riesgos ambientales de una actividad de la que se desconocen las medidas de seguridad adoptadas y quiénes serían los responsables de los daños económicos y medioambientales de un eventual accidente. Una vez más, el Gobierno canario parece haberse enterado por la prensa de lo que se cocía a unos pocos kilómetros de las costas de las islas y que, probablemente, el Gobierno central sí conocía.

Con todo, la inmigración es el aspecto más cínico de ese acuerdo a costa del pueblo saharaui. Aún así, las llegadas de inmigrantes a Canarias desde que se dio a conocer el giro de Sánchez se han incrementado un 20%, si bien ha disminuido la presión sobre Ceuta y Melilla. Los inmigrantes, ante cuyas muertes y desapariciones en el mar el Gobierno español y el canario se dan golpes de pecho, se han convertido en indecente moneda de cambio en este trato espurio. Es difícil no ver que Marruecos se ha comprometido de palabra a impedir – cuando le convenga, claro está - la salida de sus propios ciudadanos hacia Ceuta y Melilla y hacia Canarias a cambio de que España ceda en el Sahara y quién sabe en qué más.

¿Se negoció con Marruecos sobre la soberanía canaria?

La pregunta es una de las más preocupantes si recordamos cierto titular, según el cual, el acuerdo “obliga a Marruecos a desistir (sic) de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. El ministro Iceta lo retuiteó al instante e incendió las redes, demostrando que en este Gobierno hay mucha gente a la que le falta un buen hervor. ¿Se puso en algún momento sobre la mesa la soberanía de Canarias, Ceuta y Melilla en el conchabo con Marruecos? ¿A qué viene hablar de que Marruecos “desiste”? ¿Qué negoció Sánchez con Marruecos a propósito de Canarias, Ceuta y Melilla? La guinda al lamentable espectáculo la ha puesto Pegasus y sus escuchas. Todo lo anterior, desde el inesperado giro de Sánchez a los supuestos términos del acuerdo con Marruecos, ha quedado indeleblemente manchado por la sospecha de un chantaje marroquí si, como todo indica, el espionaje partió de ese país.

A modo de resumen, Canarias lleva décadas pagando los platos rotos de la política de apaciguamiento español con el vecino del sur. La pesca, la agricultura o la inmigración son solo tres ejemplos de lo que ha supuesto para los intereses de estas islas una política exterior con Marruecos que ha tenido mucho menos de buena vecindad en pie de igualdad que de hechos consumados marroquíes con consentimiento español. Un Gobierno canario, cuyo presidente ha demostrado que su peso político en Madrid no alcanza la categoría pluma y cuyos socios lloriquean por las esquinas sin atreverse a dar un golpe sobre la mesa, no garantiza que en este momento crucial se defiendan tampoco los intereses canarios. Hoy es 20 de mayo de 2022 y ni Sánchez ni Albares se han dejado caer aún por Canarias. Torres calla y, como decía Milanés, “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”.

A los pies del separatismo

No es una exageración, es la realidad a poco que se reflexione: el Gobierno español lleva toda la legislatura viviendo, sufriendo y respirando por los poros del separatismo catalán, de cuyo aliento depende en gran medida que Pedro Sánchez cumpla su deseo de agotar la legislatura. Lo que los independentistas reclaman, sus caprichos y sus órdagos para calibrar hasta dónde está dispuesto a ceder Sánchez, adquiere inmediatamente la categoría de asunto de estado, prioritario y urgente: todo el Gabinete se desvive para satisfacer las exigencias de quienes tienen como principal objetivo obtener el mayor rédito político aprovechando que el único principio que guía la acción del presidente es mantenerse en el poder cueste lo que cueste a las instituciones y al país. Todo lo demás puede esperar por urgente que sea, las demandas independentistas deciden la agenda gubernamental en detrimento de otras necesidades más perentorias. No es tan excesivo como pueda parecer concluir que España está en buena medida gobernada desde la Generalitat de Cataluña y desde la sede de ERC. Sánchez no sólo está en manos del separatismo, también está a sus pies.

EP

Espionaje y ruedas de molino

El Gobierno hace esfuerzos vanos para que comulguemos con una descomunal rueda de molino, según la cual el vergonzoso cese de la directora del CNI tiene algo que ver con los pinchazos de Pegasus a los teléfonos del presidente y de los ministros de Defensa e Interior. Sobre esto ya señalé en otro post que en política no existen las coincidencias y este caso no es una excepción. El cese es la ofrenda debida a los independentistas a cambio de que no le retiren el apoyo a Sánchez, después de conocerse que una veintena de ellos había sido vigilada con aval judicial por el CNI.

El riesgo de tener que poner un abrupto punto y final a la legislatura obligó a Sánchez a ordenar a su fontanero mayor Bolaños que aireara a los cuatro vientos que el Gobierno también había sido espiado con Pegasus hacía un año. Lo lógico y natural en un presidente que se respete a sí mismo y a los ciudadanos y que valore la importancia de la seguridad nacional, habría sido actuar con discreción, averiguar dónde estuvo la falla y actuar en consecuencia. Dar a conocer urbi et orbi y de forma oficial que el Gobierno español había sido espiado y hacerlo a pocas semanas de una cumbre crucial de la OTAN, es algo que solo hace alguien tan agarrado al poder que incluso la seguridad y la imagen internacional del país le importan tres pimientos.

"Solo alguien tan apegado al sillón como Sánchez airea los fallos en la seguridad nacional para mantener el poder"

Nadie en su sano juicio puede creer que en La Moncloa no se conociera ese agujero en la seguridad hasta justo el momento en el que Aragonés y los suyos pidieron que rodaran cabezas. Es más, si hay alguien responsable en primera persona de ese fallo es precisamente el ministro Bolaños, entre cuyas atribuciones figura precisamente garantizar la seguridad de las comunicaciones de La Moncloa. A propósito de esa responsabilidad se ha sabido que el CNI transmitió hace un año una serie de instrucciones de seguridad para el presidente y sus ministros. Bolaños tendría que explicar si se las hizo llegar a quienes iban dirigidas o si estos no las cumplieron. Puede que debiera haber sido su cabeza y no la de la responsable del CNI la que tendría que haber rodado en este sainete.

Margarita Robles, quién la ha visto y quién la ve

Con el escenario de las justificaciones ya bien dispuesto, llegó el momento anunciado de poner sobre una bandeja de plata la cabeza de la responsable del CNI para calmar a los independentistas. Los políticos nos tienen acostumbrados a comparecencias que solo merecen el calificativo de ignominiosas y la que ofreció el martes la ministra de Defensa no escapa a esa categoría. 

Margarita Robles, la única ministra que se atrevía a levantar la voz ante independentistas y filoetarras y a defender el estado de derecho, ha dejado también patente que le puede más el cargo que la dignidad de no hacerle el trabajo sucio al presidente. De lo contrario habría presentado su dimisión inmediata e irrevocable antes de enfangarse como lo ha hecho, intentando presentar una injusta defenestración en toda regla, de cuyas causas no fue capaz de explicar con claridad ni tan solo una, por una “sustitución” a la que en realidad habría que llamar genuflexión, una más, del Gobierno ante los independentistas.

“Sánchez no ve contradicción en espiar a los mismos con los que gobierna”

A salvo de momento la cabeza de Robles gracias a su propia genuflexión ante Sánchez – ya veremos si sigue en su lugar después de la cumbre de la OTAN o de las elecciones andaluzas – la siguiente cesión al insaciable chantajismo independentista será seguramente desclasificar las autorizaciones judiciales de la vigilancia a Aragonés y a su revoltosa muchachada, aunque ello suponga volver a pasarse la ley por el arco del triunfo. Sobre la cabeza de Sánchez pende como una espada de Damocles la cínica frase de Junqueras, condenado por sedición y malversación y dispuesto a reincidir, que se permite advertirle al presidente de que le seguirá apoyando con la condición de que “no se repitan” las escuchas. 

Un panorama desolador

Tan incierto como que La Moncloa no sabía del espionaje a Sánchez con Pegasus es que Sánchez no tuviera conocimiento de las escuchas a los independentistas, en los que se apoya para gobernar pero a los que al mismo tiempo vigila como un peligro para el Estado a la vez que les permite acceder a secretos oficiales. Es todo de una lógica tan aplastante que asusta y que solo se explica por el fin último que persigue: conservar el poder.

Decía en un reciente post que asistimos a una legislatura zombi sin más rumbo que el que marcan los independentistas y que, de quedarle a Sánchez una pequeña brizna de sentido de estado, habría adelantado ya las elecciones. Lo que me pregunto hoy es qué quedará de todo esto cuando los socios de Sánchez consideren que ha llegado el momento de dejarlo caer y los ciudadanos decidan que no es digno de su confianza para continuar al frente del país.

El panorama es desolador: ruido estéril, tiempo perdido, mentiras, incapacidad, destrozo de la credibilidad y el prestigio de las instituciones y el estado de derecho, un mayor descrédito de la política entendida como el arte de mejorar la vida de los ciudadanos y toneladas de propaganda a mayor gloria de un político tóxico para este país. Por desgracia, las cosas positivas, que algunas pocas también ha habido, pasarán completamente desapercibidas.

Una legislatura zombi, un país exhausto

Si Pedro Sánchez atesorara solo un par de gramos de sentido de estado convocaría elecciones anticipadas mañana mismo y acabaría por la vía democrática con una legislatura que ya no da más de sí después de haber dado tan poco. Pero lo que natura non da, Salamanca non presta. El chusco y escandaloso caso del espionaje con Pegasus ha consumido hasta las heces las escasas reservas de confianza que quedaban en el presidente. Con el único fin de conservar el poder no solo ha expuesto al descrédito público e internacional a los servicios de los que depende la seguridad nacional, algo que ni al que asó la manteca se le ocurriría, sino que ordenó a la obediente presidenta del Congreso que metiera hasta la cocina de los secretos de estado a fuerzas políticamente hostiles al estado de derecho y a la Constitución. Que revelaran el contenido de la comparecencia de ayer de la responsable del CNI dos minutos después de acabar la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, solo es la confirmación del respeto a las normas de los socios en cuyas manos Sánchez ha decidido poner la seguridad nacional. 


El bochorno continúa

El bochorno, sin embargo, parece no tener fin. Ahora, todo el país debe asistir entre incrédulo y hastiado – ya no queda espacio para el asombro - a una batalla en el seno del ala socialista del propio Gobierno a propósito de quién es el ministerio responsable de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente y de sus ministros. Todas las miradas están puestas en el ministro – bombero Bolaños, al que Sánchez emplea para un roto y un descosido como acudir raudo y veloz con la manguera a Barcelona, un domingo por la mañana, para sofocar el incendio provocado por los independentistas

Lo que no se entiende – o se entiende demasiado bien – es que el Gobierno tenga que dar explicaciones a unos soberanistas que han prometido reincidir en su desafío al Estado, sobre escuchas que el propio Gobierno asegura que cuentan siempre con aval judicial. ¿Desde cuándo es obligación del Gobierno informar a grupos separatistas de las actividades de la inteligencia nacional? Obviamente, desde que Sánchez depende de ellos para seguir en el poder. 

Sin embargo, pendiente de Cataluña y a pesar de que forma parte de sus responsabilidades, a Bolaños parece que se le pasó ocuparse de la seguridad de las llamadas del presidente y de los miembros del Gabinete y alguien, probablemente desde desiertos cercanos, se llevó una tonelada de datos de los teléfonos de Sánchez y de la ministra Robles. Si se llegaran a confirmar las fundadas sospechas de que es Marruecos el país que está detrás, no habría más remedio que concluir que el viraje de Sánchez en el Sahara obedeció a un chantaje marroquí al que el presidente se plegó. Es probable que nunca lo sepamos a ciencia cierta, pero la sombra de sospecha sobre las razones que llevaron al presidente a tomar una decisión unilateral tan importante, sin consultar con nadie y sin aparentemente sopesar sus graves consecuencias a múltiples niveles, será muy difícil de borrar.

¡Al suelo, que vienen los nuestros!

A Bolaños, quien también ejercer como ministro - ventrílocuo de Sánchez cuando este prefiere esconderse de los focos y los micrófonos, le resulta mucho más descansado y políticamente conveniente desprestigiar públicamente y ante todo el mundo a los servicios nacionales de inteligencia y poner en la picota a su responsable directa y a Robles para darle gusto al independentismo y a sus morados compañeros de viaje. Al fin y al cabo, la titular de Defensa es la única en el Ejecutivo que se atreve a levantarle la voz a Podemos y a los independentistas y supone por tanto un obstáculo para los indecentes juegos de manos entre Sánchez y sus tóxicos socios de investidura.

Con Podemos y los soberanistas pidiendo sangre a coro y con los propios ministros socialistas tirándose el espionaje a la cabeza, Pedro Sánchez se ha convertido en un presidente tan agotado y amortizado como la legislatura zombi y sin rumbo que padecemos, de la que ya solo cabe esperar ruido y furia política pero nada que sirva al interés general de los españoles. Aguantar así un año y medio más, bajo la permanente espada de Damocles del chantaje podemita e independentista, debería ser una opción a descartar hoy mismo por el presidente.

Maquillando la realidad

Los datos relativamente positivos del paro apenas bastan para maquillar el sombrío panorama económico del país, reconocido por el propio Gobierno, ni para contener el encarecimiento de una deuda ya monstruosa ni para paliar la crisis energética ni la subida de los precios ni las brutales secuelas económicas y sociales de la pandemia de la que parece que ya nos hemos olvidado por completo. No hay proyectos ni ideas, solo parches, votaciones agónicas y cesiones al independentismo y a los albaceas del terrorismo para conservar el poder a costa de las instituciones, del prestigio del país y hasta de su seguridad nacional. Es tal el desvarío y la cacofonía gubernamental que, a la vista de las posiciones de Podemos y de Yolanda Díaz en asuntos como la guerra en Ucrania o el caso del espionaje, ya no sabemos si la coalición de gobierno está formada por dos o tres partidos mal avenidos entre sí.

Mas no cabe hacerse ilusiones, ni a Sánchez ni a sus socios les interesa en estos momentos que haya elecciones. Primero porque le podrían poner en bandeja la victoria a un PP que parece renacer de sus cenizas tras la llegada de Feijóo; pero, además y sobre todo, porque cuanto más débil sea Sánchez y cuánto más consigan alargar sus socios esta legislatura agónica más rédito obtendrán de su extorsión política permanente. Solo al interés de los españoles le conviene pasar por las urnas cuanto antes para que el Gobierno rinda las cuentas que se niega empecinadamente a rendir en el Congreso. El drama de este país es que el interés de los españoles y el de Sánchez y sus socios hace tiempo que se parecen tanto como la noche y el día. 

Pegasus y la credibilidad

Quienes aún crean que en política hay casualidades o coincidencias probablemente también creerán que a los niños los trae la cigüeña directamente de París. En absoluto puede considerarse casual sino causal la sorpresiva rueda de prensa convocada por el Gobierno un día de fiesta en media España para informarnos de que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa fueron infectados hace un año por el programa israelí de espionaje Pegasus. Ni el fondo ni la forma de dar a conocer una información de tanta gravedad contribuyen en lo más mínimo a generar confianza y a mejorar la credibilidad de un Gobierno reñido con la verdad desde el primer día de la legislatura.

EFE

Victimización y oportunismo

Lo que ha conseguido en cambio es arrojar una alargada sombra de sospecha sobre las instituciones responsables de la seguridad nacional y dejar patente que, detrás de las revelaciones a medias conocidas ayer, hay una clara intencionalidad política relacionada con las presiones del independentismo y sus compañeros de viaje a propósito del presunto espionaje con Pegasus a un número indeterminado de dirigentes soberanistas. Blanco y en botella...

Dando por hecho que la información difundida ayer es cierta, lo primero que cabe deducir es que los servicios secretos españoles estarían en manos de incompetentes, incapaces de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente y de su ministra de Defensa. Eso, si no aparecen más teléfonos de ministros y altos cargos también infectados con Pegasus, algo que no puede descartarse en absoluto.

Sin embargo, que el Gobierno haya hecho pública una información que habitualmente se mantiene en secreto para no desacreditar a los servicios de inteligencia, solo puede tener un objetivo: pasar de villano a víctima en el caso del supuesto espionaje a los independentistas y justificar los ceses en el CNI para contentar a los levantiscos socios de un Gobierno rehén de fuerzas políticas a las que les importa una higa el interés general del país, pero a las que no duda en hacer copartícipes de una comisión de secretos oficiales a cambio de que mantengan el apoyo a Sánchez.

Hablemos de espionaje

Además del efecto calmante en el corral de independentistas y allegados que persigue Sánchez con estas revelaciones, el presidente pretende también desviar al menos por unos días la atención sobre los graves problemas del país. Mientras hablemos de espías y de espionaje hablaremos mucho menos de las feas perspectivas económicas del país reconocidas por el propio Ejecutivo, del quiero y no puedo de la crisis energética, de la subida en globo de los precios o de los sondeos electorales en los que empiezan a pintar bastos cada vez más alargados para el futuro de Sánchez.

En resumen, lo que ha generado el Gobierno con su extraña y extemporánea rueda de prensa de ayer es un clima de inseguridad, incredulidad y desconcierto, que socava la imagen de instituciones de la importancia del CNI y deteriora gravemente el prestigio internacional de nuestro país, a tan solo unas pocas semanas de que España se convierta en la anfitriona de una cumbre de la OTAN en plena guerra en Ucrania.

El Gobierno cuenta la mitad de la mitad que más le interesa

Los españoles sabemos desde ayer que al menos el teléfono del presidente del Gobierno y de su ministra de Defensa fueron espiados hace un año, pero no sabemos a ciencia cierta por quién ni qué información sensible obtuvieron el o los espías ni qué se ha hecho o se va a hacer para que algo así no se repita. Solo podemos hacer suposiciones más o menos acertadas sobre unos hechos gravísimos de los que el Gobierno seguramente apenas ha contado la mitad de la mitad y de esa mitad la que más le interesaba contar en estos momentos. 

Tal vez lo único que cabe sacar en claro de todo esto es que el presidente del Gobierno no ha dudado en volver a poner a las instituciones a los pies de los caballos, primero retorciendo el Reglamento del Congreso para dar acceso a los secretos de Estado a independentistas y a filoetarras y a renglón seguido poniendo en evidencia a tus propios servicios secretos sin importar las consecuencias que eso comporta. Para Sánchez no hay líneas rojas y todo le parece por bien empleado si contribuye al fin primero y último de su concepción de la política: mantenerse en el poder cueste lo que cueste a España y a los españoles.

Inmunizados ante la corrupción

Los españoles no solo hemos alcanzado la inmunidad de grupo frente al COVID-19, también ante la corrupción. Los casos turbios se suceden sin solución de continuidad pero a la ciudadanía le resbalan, se encoge de hombros y sigue a sus cosas: se ha normalizado socialmente hasta tal punto la innoble actividad patria de meter la mano en la lata del gofio público, que ya ni nos inmutamos, la damos por sabida e inevitable y concluimos que de nada vale indignarse si lo van a seguir haciendo igual. Y es ahí en donde nos equivocamos, en dejar pasar y dejar hacer sin cantar las cuarenta en la plaza pública y expulsar definitivamente de ella a quienes nos roban en nuestras propias narices. Esa actitud pasiva es la mejor coartada para que nada cambie y para que los espabilados de turno conviertan la actividad política en un mercado persa en el que hacer lucrativos negocios.

A calzón bajado

El caso de las mascarillas de Madrid no es más que el penúltimo de esos episodios, en esta ocasión alimentado por las urgencias que había al inicio de la pandemia para adquirir material sanitario en donde fuera, cómo fuera y al precio que fuera. La transparencia y el cumplimiento de las reglas relativas a la contratación pública se apartaron a un lado y se abrió de par en par la puerta a los comisionistas para que hicieran su agosto en pleno mes de marzo. Aunque no es solo el caso madrileño el que está bajo la lupa judicial, por más que algunos prefieran ocultar otros de los que también emana un olor a podrido que tira para atrás. 

Tres altos cargos del Gobierno central están siendo investigados por supuestas irregularidades en la compra de material sanitario en los primeros meses de la pandemia, aunque de esto apenas es posible encontrar algo en los medios. De hecho, en estos momentos se investigan judicialmente contratos a dedo de todas las administraciones públicas durante la pandemia por importe de casi 6.500 millones de euros. Mucha tela que cortar queda todavía.

España sigue siendo terreno fértil para la corrupción pública. Lo certifica la organización Transparencia Internacional y hace poco nos lo recordó el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Según Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción en nuestro país ha retrocedido en los dos últimos años del puesto 32 al 34 en una clasificación mundial de 180 países encabezada por Dinamarca, el país menos corrupto del mundo. Por su parte, el último informe del GRECO revela que España no ha cumplido ninguna de las 19 recomendaciones que se le hicieron con el fin de rebajar los niveles de corrupción.

"España no ha cumplido ninguna de las recomendaciones del GRECO"

Entre otras medidas se demandaba mayor transparencia sobre la actividad de los tropecientos asesores nombrados a dedo, que pululan por unas administraciones públicas parasitadas por los partidos sin que se sepa a ciencia cierta a qué dedican el tiempo. También se recomendaba un mayor control de los grupos de presión, acabar con las puertas giratorias tan útiles para que los partidos no dejen a ninguno de los suyos atrás, mejorar la información financiera de los altos cargos y reducir el número de aforados, tarea que se ha pospuesto una y otra vez hasta las calendas griegas. En realidad, eran solo las viejas y reiteradas recomendaciones a las que los sucesivos gobiernos han hecho oídos sordos una y otra vez.

Premio por los servicios prestados

El GRECO había insistido también en la necesidad de garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado, hoy ocupada por una exministra socialista de Justicia que de un día para otro pasó directamente del sillón del Ministerio al de la Fiscalía sin siquiera ruborizarse un poquito. Como premio en diferido por los servicios prestados el Gobierno ha decidido que cuando deje el cargo pasará a ser Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Alega su sucesora en el Ministerio que se trata de cumplir la recomendación del GRECO y “garantizar una salida correspondiente a la dignidad de su cargo una vez cesada”. Lo que ocurre es que ese argumento es sencillamente falso, ya que en ningún lado dice el GRECO que a la Fiscal General del Estado haya que premiarla de algún modo cuando deje el cargo.

"Nueve de cada diez españoles consideran que la corrupción es un problema grave"

Ante este estado de cosas, tal vez lo más sorprendente de todo es que casi nueve de cada diez españoles ven la corrupción como un problema grave y, sin embargo, no la penalizan electoralmente. Es más, seis de cada diez españoles consideran que el Gobierno no hace lo suficiente para combatirla y un porcentaje similar piensa que las administraciones públicas no han actuado con transparencia durante la pandemia. Todo eso queda muy bien en las encuestas e incluso nos escandaliza durante unos cuantos minutos, pero en la práctica sirve de poco o de muy poco. 

Por su parte, los dirigentes políticos siguen viendo la corrupción como un problema que afecta sólo a sus rivales. El eterno "y tú más", que tanto gusta emplear a los partidos para tirarse a la cara la corrupción política, se ha convertido en una rémora aparentemente inamovible que retrasa la aplicación de medidas eficaces. Leyes demasiado laxas y benevolentes, listones éticos que se suben o bajan según convenga, ataques al Poder Judicial y connivencia expresa o tácita de los partidos con sus respectivos corruptos hacen el resto. 

Aunque sea un tópico es necesario reiterarlo: la corrupción es un cáncer para la democracia porque representa la ruptura de un contrato no escrito entre representantes públicos y ciudadanos por el cual aquellos recibirán un sueldo digno por sus servicios, pero no robarán de las arcas públicas para sí o para sus partidos. Una sociedad civil madura, atenta a la acción de sus representantes y vigilante de que merecen la confianza depositada en ellos es el mejor antídoto conocido contra la corrupción. Generalizar y despotricar en bares y tertulias sirve como mucho de desahogo, pero las cosas no cambiarán mientras no seamos conscientes de que somos nosotros quienes tenemos el poder de hacerlas cambiar.  

Feijóo pide paso

Los populares se acaban de dar en Sevilla un baño de optimismo del que tenían mucha falta desde hacía tiempo. Prácticamente todos a una, como en Fuenteovejuna, se han conjurado para proclamar santo súbito a Alberto Núñez Feijóo y han puesto en sus manos su futuro y el del partido tras retirar ambos de las del decepcionante Casado. Ni debate de ideas ni programa, no tocaban esas lucubraciones ahora: lo que tocaba en la cita sevillana era mostrar unidad. Tanta ha sido la mostrada que el nuevo líder fue aplaudido con la misma o parecida intensidad que el líder destronado por los barones que le habían jurado lealtad perpetua, aún siendo él la causa oficial del mal causado. También la lideresa madrileña ha recibido la sonora ovación del respetable, siendo ella la responsable a su vez de la causa de que quien causó el mal causado haya tenido que recoger los bártulos en Génova. Y no solo eso, también es la misma que a buen seguro le provocará más de un dolor de cabeza a Feijóo, al que le quedan menos de dos años, o lo que decida Sánchez sobre las próximas elecciones, para no defraudar las esperanzas que acaban de poner en él la hinchada popular y los españoles que consideran imprescindible desalojar al PSOE y a Podemos de La Moncloa.

EFE

Un líder con experiencia contrastada

Feijóo no es un desconocido ni un pardillo que acaba de aterrizar en la política, dicho esto sin ánimo de señalar a su fracasado predecesor. El político gallego ha obtenido cuatro mayorías absolutas consecutivas en su comunidad autónoma, algo de lo que jamás podrán presumir sus rivales. Se le tiene por más interesado en la eficacia de la gestión de los asuntos públicos que en la pureza ideológica de sus decisiones, aunque convencionalmente se le podría considerar un autonomista de centro derecha moderado. La composición de la nueva ejecutiva ha confirmado ese perfil al rescatar algunos nombres de la época de Rajoy, aunque sin olvidarse de Díaz Ayuso por la cuenta que le trae si no quería empezar con muy mal pie su andadura en Madrid.

De hecho, tener a Díaz Ayuso de su lado no solo es uno de los muchos retos a los que se enfrenta Feijóo, sino probablemente el más peliagudo y difícil toda vez que la presidenta madrileña es para muchos el activo más valioso con el que cuenta el partido. En su condición de verso suelto, si se lo propone Díaz Ayuso es capaz ella sola de destrozar la estrategia de Feijóo para hacer del PP un partido responsable con sentido de estado y librarse del abrazo de Vox, en donde, a la vista de los sondeos, ya empiezan a salivar con la posibilidad del sorpasso. Aunque puede que aún sea pronto para preguntarse qué haría Feijóo si dependiera de los votos de Vox para ser presidente o qué haría si fuera Abascal el que necesitara de los votos del PP, tarde o temprano el nuevo líder popular tendrá que responder a cuestiones que no son precisamente menores. 

La sombra de Vox es alargada

Feijóo está obligado a definir con claridad el perfil ideológico de un partido sometido durante la etapa de Casado a sucesivos bandazos y vaivenes entre el centro y la derecha extrema. No lo tiene fácil porque desde hace tiempo los partidos tienden a un modelo conocido como “atrapalotodo”, una suerte de cajón de sastre de ideas y promesas con el que captar votos en todos los nichos económicos, sociales e incluso ideológicos posibles. En cualquier caso, el líder gallego deberá hacer verdaderos encajes de bolillos para encontrar su hueco en el espectro político sin levantar suspicacias y recelos a uno y otro lado: ni muy centrado para impedir que Vox le siga comiendo la tostada por la derecha, ni muy a la derecha para que el electorado de centro no le dé la espalda. Navegar sin inclinarse demasiado a estribor o a babor es la clave, pero seguramente es más fácil decirlo que conseguirlo.

El destino final de su particular camino de Santiago a Madrid no puede ser otro que La Moncloa, aunque antes deberá explicarle a los españoles cuál es su proyecto para España y cómo piensa ponerlo en práctica. Adoptar la indolencia política de Rajoy ante la realidad o esperar que sea el Gobierno el que pierda las elecciones en lugar de preparar al partido para ganarlas no es una opción que se pueda permitir el nuevo líder popular. Es cierto que en Sevilla dio algunas pistas pero falta mucha más concreción sobre cuestiones como la respuesta a la crisis por la guerra en Ucrania, las reformas tanto tiempo aplazadas, las tensiones territoriales, la cuestión catalana, la regeneración de la vida política, la independencia del Poder Judicial o la corrupción, por solo mencionar los más trascendentales y en boca de todos. 

Sánchez y los suyos no le dejarán pasar ni una

Cuanto más tiempo pase sin definir su alternativa menos le quedará para convencer a los españoles de que confíen en él en las próximas elecciones. A partir de ahora no solo deberá preservar y consolidar como un tesoro la unidad escenificada en Sevilla, sino ofrecer al país una imagen de partido centrado, con identidad y propuestas propias. La primera prueba de fuego será el próximo jueves cuando se reúna con Sánchez en su condición de nuevo líder de la oposición. Puede estar seguro de que el presidente y sus socios no desaprovecharán la más mínima oportunidad de identificarlo con la ultraderecha o con la corrupción apenas se le ocurra discrepar o llevarle la contraria al Gobierno, mientras que desde Vox tampoco le perdonarán una política de mano tendida a Sánchez en temas de estado. Sin embargo, dejarse atrapar en esa pinza y continuar dando tumbos para intentar agradar a un mismo tiempo a tirios y a troyanos como hizo su predecesor sería reproducir su mismo error fatal.

En resumen, Feijóo se ha echado a la espalda el liderazgo de un partido que en las citas electorales celebradas entre 2011 y 2019 perdió casi 6,5 millones de votos y vio como Vox crecía sin parar a su costa. Analizar las causas de esa sangría y ponerle remedio se antoja una necesidad vital para el futuro del PP a medio y largo plazo. Pero, además, Feijóo también lidera desde esta semana el que a fecha de hoy sigue siendo el principal partido de la oposición, lo que en una democracia estable supone a priori y en teoría ser la fuerza política con más posibilidades de convertirse en la alternativa al partido en el gobierno. Ese es precisamente el gran reto de Feijóo que engloba todos los demás: hacer del PP algo que en estos momentos está lejos de ser, un partido ganador. La cuenta atrás ya ha comenzado.

De grandes planes está el infierno empedrado

Puede que Draghi no llamara Antonio a Pedro Sánchez aunque, como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. En realidad creo que el nombre que mejor le va al presidente español es el de Juan Palomo, aquel personaje ya mencionado por Quevedo que se lo guisaba y se lo comía sin contar con nadie. Sánchez actúa así hasta con sus socios de Gobierno, a los que ningunea y endosa sus decisiones sin consultarles, tal vez con la perversa intención de averiguar hasta dónde son capaces de aguantar tanto desplante sin despegarse de unos sillones ministeriales a los que siguen firmemente atornillados. Si a Podemos y a sus compañeros de viaje los tiene a dos velas, al PP lo tiene en la más absoluta oscuridad, lo cual no le impide subir a la tribuna del Congreso a pedir apoyo y unidad para sus mejunjes económicos contra las consecuencias de la guerra en Ucrania.


Un plan para un milagro

Hace tiempo que tengo el convencimiento de que nuestro Juan Palomo está tan pagado de sí mismo y se cree tan tocado por el don de la infalibilidad, que se tiene por el creador y salvador de la democracia y por el único que la respeta y practica como mandan los cánones. En consecuencia, todo lo que no sea seguirle la corriente, asentir sin rechistar y comulgar con sus ruedas de molino y sus mentiras es ser antipatriota o, en el peor de los casos, de ultraderecha.

Su pomposamente bautizado “Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania” es la enésima muestra de su desprecio por el diálogo, el consenso y la unidad con los que sin embargo no deja pasar ninguna oportunidad para llenarse la boca. El nombre en sí del plan ya supone un magnífico ejemplo de autobombo narcisista, cocinado secretamente en palacio y aprobado en el Consejo de Ministros, y del que los primeros en enterarse no fueron ni los socios del Gobierno ni el principal partido de la oposición ni los representantes del pueblo español, sino algunos empresarios del Ibex 35 ante los que el presidente se apareció cual mesías redentor para anunciar su buena nueva.

Una huida hacia adelante

En síntesis, el asunto consiste en destinar 6.000 millones de euros a ayudas directas y avalar otros 10.000 millones de créditos ICO. No se puede decir del plan de marras que sea un dechado de imaginación sino más bien una huida hacia adelante a la espera de un milagro, y un corta y pega de planes anteriores que, para colmo de males, ha caducado a las pocas horas de su aprobación al conocerse que la inflación ha escalado hasta casi el 10%. Según FUNCAS, el plan servirá para recortar como mucho un punto del IPC siempre y cuando los precios de la energía se moderen, de manera que su virtualidad puede que se haya agotado ya en su kilométrica denominación.

Dicho en otros términos, los españoles somos hoy casi 17.000 millones de euros más pobres que hace un año, cuando la inflación provocada por el alza del precio de la luz comenzó a subir en globo sin que el Gobierno hiciera nada para detenerla salvo remolonear y echarle la culpa a Bruselas. Claro que entonces Putin no había invadido Ucrania y aún no servía de chivo expiatorio del Gobierno para justificar todos los males habidos y por haber y culparle si se tercia hasta de la muerte de Kennedy.

Bonificación de los combustibles: un pan como unas tortas

Mención especial merecen los 600 millones para bonificar con 20 céntimos por litro el precio de los combustibles a todo hijo de vecino, sea pobre, rico o mediopensionista sin tener en cuenta ni renta ni patrimonio de cada cual. La picaresca no tardó en aparecer y en muchas gasolineras los precios subieron inmediatamente al menos los 5 céntimos de bonificación que deben aportar las compañías - los otros 15 salen del erario público - antes de que el descuento, anunciado con trompetería con varios días de antelación, entrara en vigor. De manera que, como muy bien refleja la viñeta periodística que reproduzco en este post, esos 20 céntimos se pagarán con dinero público y para más recochineo no habrá tal bonificación para nadie. Que las petroleras no hayan elevado la voz para protestar ilustra mejor que cualquier otra cosa quién se beneficiará realmente de la decisión del Gobierno de Juan Palomo.

"Pagaremos la bonificación con dinero público sin beneficiarnos de ella"

El Plan se completa con un trágala a los empresarios a los que se les prohíbe el despido objetivo y con un incremento del 15% para el Ingreso Mínimo Vital, un fracaso clamoroso como demuestra el hecho de que solo lo ha pedido una cuarta parte de sus potenciales beneficiarios. Falta por saber aún en qué medida la famosa “excepcionalidad ibérica” del mercado eléctrico con la que Palomo y su corte se vienen incensando desde hace una semana, servirá para bajar el precio de la luz y cuánto habrá que esperar para que eso ocurra.

En estas cuatro medidas se condensa un plan en el que no hay una sola mención a algún tipo de alivio fiscal, a una mayor eficiencia del gasto público o al recorte drástico de partidas superfluas ligadas a determinados peajes ideológicos y partidistas que Palomo paga gustoso para mantenerse en el poder. Partidas de ese tipo no deberían tener cabida nunca en unos presupuestos públicos, pero mucho menos cuando estamos casi a las puertas de una economía de guerra mientras un Gobierno hipertrofiado sigue tirando alegremente del gasto público al tiempo que vende populismo económico en planes tardíos e inadecuados para afrontar la realidad. Planes cargados de retórica grandilocuente como este, de los que ya está bien empedrado el infierno de la economía española.