Sánchez, Canarias y el amigo marroquí

Cuando oigo a un político prometer algo me acuerdo de la canción de Pablo Milanés: “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”. El 23 de marzo Pedro Sánchez acudió raudo a Ceuta y Melilla a “explicar” su amplia reverencia ante el rey de Marruecos en el contencioso del Sahara, conocida por sorpresa solo unos días antes a través del Gobierno marroquí, que no del español. Ese mismo día el presidente de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres, decía solemnemente en el Parlamento autonómico que Sánchez “tendrá que explicar en el archipiélago su carta al rey de Marruecos”, que el dirigente regional calificó de “relevante” y “trascendente”, para añadir que “ninguna propuesta tendrá recorrido si no es con el acuerdo entre las partes”. A Torres se le pasó el pequeño detalle de que Sánchez ha despreciado olímpicamente la postura de una de las dos partes, por no hablar de Argelia, de la oposición española y hasta de sus ministros y socios de gobierno, antes de postrarse a las plantas de Mohamed VI y jurarle que la propuesta autonomista es “la más seria, realista y creíble”. A lo mejor lo es, pero eso lo deben decidir los saharauis y eso es lo que debe respetar Sánchez.

EFE

Canarias y la danza de los siete velos 

El 26 de abril, mas de un mes después, el mismo Ángel Víctor Torres de antes afirmó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, estaba “preparando un viaje en las próximas semanas a Canarias” para explicar la pirueta saharaui de Sánchez, a quien, al parecer, su apretada agenda no le impidió viajar ocho veces a La Palma para fotografiarse junto al volcán, pero sí le impide subirse al Falcon y darse un salto a los territorios de ultramar para despejar las numerosas incertidumbres provocadas por su danza de los siete velos en Rabat. Hay tantas cuestiones trascendentales para Canarias en el cambio de posición sobre el Sahara, que demorar más su explicación es confirmar que las islas, su futuro y sus intereses no están ni se les espera tan siquiera en la trasera de la última hoja de la agenda gubernamental. Imaginen que esto afectara a Cataluña o al País Vasco. 

La reactivación ahora de la estancada comisión hispano – marroquí para abordar el peliagudo y demorado asunto de la delimitación de las aguas territoriales sería una buena noticia si pasamos por alto la política de hechos consumados de Marruecos en las aguas del Sahara y el asentimiento dócil de España. Hace poco más de dos años el Parlamento marroquí aprobó, unilateralmente y ante el silencio español, ampliar las aguas territoriales y crear una zona económica exclusiva que choca de lleno con la que nuestro país reclama para Canarias. Es evidente el interés marroquí por las riquezas submarinas insulares y, francamente, a la vista del tradicional entreguismo español a las tesis de Rabat, el hecho de que las islas tengan un representante en esa comisión tranquiliza muy poco si su status se limita al de un mero convidado de piedra.

Vuelven las prospecciones y siguen llegando pateras

En esas estábamos cuando, ¡oh, sorpresa!, se anuncian prospecciones de hidrocarburos en aguas supuestamente marroquíes, a unos pocos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. De buenas a primeras se disparan de nuevo las alarmas y se ponen sobre la mesa los riesgos ambientales de una actividad de la que se desconocen las medidas de seguridad adoptadas y quiénes serían los responsables de los daños económicos y medioambientales de un eventual accidente. Una vez más, el Gobierno canario parece haberse enterado por la prensa de lo que se cocía a unos pocos kilómetros de las costas de las islas y que, probablemente, el Gobierno central sí conocía.

Con todo, la inmigración es el aspecto más cínico de ese acuerdo a costa del pueblo saharaui. Aún así, las llegadas de inmigrantes a Canarias desde que se dio a conocer el giro de Sánchez se han incrementado un 20%, si bien ha disminuido la presión sobre Ceuta y Melilla. Los inmigrantes, ante cuyas muertes y desapariciones en el mar el Gobierno español y el canario se dan golpes de pecho, se han convertido en indecente moneda de cambio en este trato espurio. Es difícil no ver que Marruecos se ha comprometido de palabra a impedir – cuando le convenga, claro está - la salida de sus propios ciudadanos hacia Ceuta y Melilla y hacia Canarias a cambio de que España ceda en el Sahara y quién sabe en qué más.

¿Se negoció con Marruecos sobre la soberanía canaria?

La pregunta es una de las más preocupantes si recordamos cierto titular, según el cual, el acuerdo “obliga a Marruecos a desistir (sic) de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. El ministro Iceta lo retuiteó al instante e incendió las redes, demostrando que en este Gobierno hay mucha gente a la que le falta un buen hervor. ¿Se puso en algún momento sobre la mesa la soberanía de Canarias, Ceuta y Melilla en el conchabo con Marruecos? ¿A qué viene hablar de que Marruecos “desiste”? ¿Qué negoció Sánchez con Marruecos a propósito de Canarias, Ceuta y Melilla? La guinda al lamentable espectáculo la ha puesto Pegasus y sus escuchas. Todo lo anterior, desde el inesperado giro de Sánchez a los supuestos términos del acuerdo con Marruecos, ha quedado indeleblemente manchado por la sospecha de un chantaje marroquí si, como todo indica, el espionaje partió de ese país.

A modo de resumen, Canarias lleva décadas pagando los platos rotos de la política de apaciguamiento español con el vecino del sur. La pesca, la agricultura o la inmigración son solo tres ejemplos de lo que ha supuesto para los intereses de estas islas una política exterior con Marruecos que ha tenido mucho menos de buena vecindad en pie de igualdad que de hechos consumados marroquíes con consentimiento español. Un Gobierno canario, cuyo presidente ha demostrado que su peso político en Madrid no alcanza la categoría pluma y cuyos socios lloriquean por las esquinas sin atreverse a dar un golpe sobre la mesa, no garantiza que en este momento crucial se defiendan tampoco los intereses canarios. Hoy es 20 de mayo de 2022 y ni Sánchez ni Albares se han dejado caer aún por Canarias. Torres calla y, como decía Milanés, “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”.

El volcán de la incompetencia

Al comienzo de la erupción del volcán de La Palma escribí esto en el blog: "Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgracia hay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperar y que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde es imprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible". La autocita es un poco larga y les pido disculpas por ello, aunque reproducirla me ha ahorrado escribir de nuevo algo muy parecido cuando vamos ya camino de los tres meses de erupción. 

Ingenuidad y realidad

Confieso con un poco de rubor que en esta ocasión me había armado con la fe del carbonero y me había dicho que ahora sería distinto, que la emergencia era de una magnitud de tal calibre que el apoyo público no tardaría en llegar y no se repetiría lo de otras desgracias naturales como incendios, terremotos o inundaciones. Siendo incluso consciente de que la burocracia española es una hidra de siete cabezas con pies de plomo, me convencí como un iluso de que alguna vez tendría que ser la primera en la que las promesas de los responsables gubernamentales se materializarían en un plazo razonable y no habría necesidad de que los afectados tuvieran que recurrir a los medios de comunicación para denunciar retrasos.

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja acaba de dejar mi ingenuidad al descubierto. En un comunicado de hace unos días denunciaba que no se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas y establecimientos, lo que significa que los vecinos no cuentan aún con la ayuda de 30.000 euros imprescindible para el pago de un alquiler de un piso provisional. Agrega que no se han entregado la mayoría de viviendas provisionales que prometió el Gobierno de Canarias, lo que está produciendo que los afectados no dispongan ya de capacidad económica para hacer frente a los precios de los arrendamientos de pisos privados que, fruto de la especulación, han incrementado de forma notable sus precios, mermando el poder adquisitivo de los damnificados hasta tal punto de tener que pedir dinero prestado a familiares y amigos. 

"No se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas"

Añade que el Gobierno de Canarias tampoco ha abonado "la ayuda para muebles y enseres, lo que está impidiendo a los miles de afectados tener los enseres básicos de hogar, imprescindibles para su vida diaria y de las de sus hijos y mayores a cargo". Por último recuerda que "no se han abonado a la mayoría de afectados los donativos recaudados por el Cabildo de La Palma y El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, lo que tiene como consecuencia que muchos vecinos desalojados y en el paro pasen penurias económicas para vivir día a día, teniendo que vivir de la caridad de familiares y amigos". Ha sido precisamente a raíz de la publicación de este comunicado cuando las administraciones local e insular han empezado a entregar las donaciones particulares, fruto de la solidaridad de ciudadanos y organizaciones de todo el país que, al contrario de los políticos profesionales, sí tienen perfectamente claro lo que significa la palabra "urgente". 

Incompetencia y uso político de la tragedia

Lo realmente dramático de esta situación no es que no se hayan aprobado ayudas en un plazo relativamente breve, que sí se ha hecho. Lo que resulta sangrante e indignante es que, con las ayudas ya aprobadas, la incompetencia y la falta de agilidad administrativa están retrasando su entrega a los beneficiarios en un plazo aceptable y desvirtuando así su finalidad. Aún teniendo en cuenta la complejidad de una casuística diversa, unas administraciones que en casi tres meses solo han sido capaces de atender a trancas y barrancas las necesidades más perentorias de los afectados y de comenzar ahora a entregar las donaciones particulares, que se empezaron a recoger el mismo día de la erupción, distan mucho de responder a las necesidades de los ciudadanos que las sostienen con sus impuestos. Es urgente acabar con los nudos y los cuellos de botella burocráticos que están ralentizando la entrega de las partidas comprometidas, máxime cuando las tareas de reconstrucción durarán años y el Gobierno central tendrá que incrementar sustancialmente los 214 millones de euros aprobados hasta ahora para hacer frente a unos daños que, según las cuentas autonómicas, suman ya cerca de 850 millones de euros.

Esta incompetencia contrasta poderosamente con las siete visitas que el presidente Sánchez ha realizado a La Palma desde el 19 de septiembre, en cada una de las cuales ha reiterado las mismas promesas incumplidas. A sus viajes, convenientemente amplificados por los medios aunque la única novedad con respecto al anterior fuera el color de la corbata, hay que sumar los de once ministros, la mitad del Gabinete, ninguno de los cuales se ha querido privar del "espectáculo de la Naturaleza" ni quedarse sin prometer un futuro venturoso para los afectados. A pesar de este desfile volcánico de ministros y de estos viajes presidenciales sin otro objetivo práctico que el autobombo, el presidente canario no ha considerado oportuno en estos tres meses dar siquiera un tímido toque público de atención para que se agilice la entrega de las ayudas. Como demuestra la experiencia en otros asuntos, las probabilidades de que Sánchez le haga caso en algo al presidente canario son remotísimas. Sin embargo, Torres proyectaría al menos una imagen pública menos sumisa y silenciosa ante un presidente que ha hecho del volcán palmero su set particular de televisión, mientras los afectados se tienen que conformar por ahora con vivir de promesas. 

Canarias bajo el volcán

La erupción de un volcán en la isla canaria de La Palma parece la guinda ardiente de una cadena de sucesos y calamidades, unos mucho más previsibles que otros, como no se recuerda en estas islas. ¿Qué más puede pasar en esta tierra? ¿Qué será lo siguiente que ocurra? Más allá de las banalidades y frivolidades del presidente Torres sobre los "espectáculos históricos" y el "atractivo turístico" que nos ofrece la Naturaleza, que no por ciertos son más inoportunos en momentos en los que peligran vidas y haciendas, la erupción palmera se suma a otras situaciones críticas de distinta naturaleza pero no menos preocupantes para este Archipiélago.

Abián San Gil

Atenuantes y responsabilidades

Aunque la memoria suele jugarnos a veces malas pasadas y hacer que olvidemos con rapidez cualquier acontecimiento que nos genere desasosiego, basta un pequeño esfuerzo para recordar los devastadores incendios que han sufrido algunas islas en los últimos años, unidos a su vez al aumento sostenido de la llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima y, por supuesto, a la pandemia que va camino del año y medio y que, además de haber afectado de lleno a la industria turística, la principal fuente de ingresos del Archipiélago, ha trastocado para mucho tiempo o tal vez para siempre lo que algunos llaman ahora la "vieja normalidad". 

Todo ello en el corto espacio temporal de un par de años, coincidiendo prácticamente con el comienzo de una legislatura que pasará a los anales como la más accidentada y difícil de todas cuantas ha vivido esta autonomía desde principios de los años 80. Hasta los más críticos con la gestión del Ejecutivo canario, para lo que no faltan numerosas y poderosas razones, deberían admitir sin embargo que, con un rosario de calamidades y situaciones sobrevenidas como las que está viviendo Canarias en los dos últimos años, resulta política y materialmente imposible dotar de toda la estabilidad y coherencia que requiere la acción gubernativa para que sea fructífera. 

"Una legislatura que pasará a los anales como la más accidentada de la historia autonómica"

Cuando hay que estar pendientes de apagar fuegos a cada instante, tanto en el sentido literal como en el metafórico, queda poco tiempo para todo lo demás y, dado el destrozo que la COVID - 19 ha hecho en las arcas públicas de la comunidad autónoma, tampoco se dispone de los recursos con los que se contaba al comienzo de la legislatura para desplegar las políticas prometidas. Todo lo anterior no exime de responsabilidad política al Ejecutivo, si bien esas situaciones son una atenuante que sería injusto no poner en la balanza cuando toque echar cuentas de esta malhadada legislatura autonómica canaria.

A perro flaco...

La coordinación entre las administraciones con la que se está atendiendo la emergencia pública producida por la erupción palmera, pone de manifiesto que cuando se trabaja con previsión es posible afrontar las peores situaciones con las mejores garantías para la seguridad de las personas y sus bienes. Bien es cierto que un volcán suele avisar y dar tiempo para organizarse, pero eso no debería ser una coartada para que los mecanismos de coordinación y los medios de intervención no estén engrasados y listos cuando los hechos son mucho menos previsibles. 

Con la inmigración irregular hemos podido ver cómo una situación de la que venían advirtiendo los expertos desde hacía meses, cogió a todos los responsables públicos con el pie cambiado y dio lugar a las penosas imágenes de miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero sin que nadie supiera muy bien qué hacer con ellos. La pandemia ha sido durante meses un ejemplo de libro de imprevisión, descoordinación y lucha política entre administraciones y de palos de ciego ante un enemigo invisible al que se ha querido vencer más con la fuerza de los eslóganes políticos que con la de la ciencia. La erupción de La Palma demuestra en cambio que, cuando de verdad se tiene en cuenta el parecer de los científicos y las decisiones políticas no están mediatizadas por intereses espurios, es posible dirigirse a la población con el mínimo de credibilidad y certezas exigible a los responsables públicos. 

El volcán social sigue almacenando magma

Pero por encima de todo, si algo se sigue echando de menos en Canarias es un apoyo sin ambages y una mayor empatía del Gobierno central para con una comunidad autónoma que probablemente está sufriendo como ninguna otra del país una crisis inédita por su profundidad y magnitud, agravada por una serie de situaciones como la de la inmigración ante las que, a fecha de hoy, sigue sin haber una respuesta integral y decidida por parte del Ejecutivo del señor Sánchez. Más bien al contrario, lo que se percibe es una vez más el desconocimiento de la realidad social y económica de esta tierra, cuando no el desprecio, ante elementos constitutivos del acervo histórico de las islas como el Régimen Económico y Fiscal, sometido a los cambalaches aún sin resolver del Ministerio de Hacienda. 

"Canarias está alimentando un volcán social y político con el magma del paro y la pobreza"

Frente a eso, la sensación que transmite el actual Gobierno de Canarias es de brazos caídos, debilidad y asentimiento y no de firmeza y exigencia de la atención debida y merecida, ni más ni menos. En Canarias se está alimentando poco a poco un volcán social y político con el magma de la falta de atención en tiempo y forma a problemas crónicos como la pobreza, el paro, la falta de oportunidades para los jóvenes o la dependencia. Como en los volcanes de la Naturaleza estos procesos suelen ser largos, pero a diferencia de aquellos es posible taponar sus fisuras y grietas antes de que erupcionen. Aunque bien pensado y a la vista da le experiencia, una explosión de ese tipo tal vez serviría para que por fin quienes tienen la obligación de prevenirla se pongan manos a la obra. El semáforo no parece aún ni en amarillo, pero podría tardar muy poco en ponerse rojo. 

Mayores y desidia política

Cerca de once meses han pasado antes de que el Parlamento de Canarias desempolvara y debatiera este martes un informe de la Diputación del Común que no deja en buen lugar la situación en algunas residencias de mayores de las islas. El documento fue entregado en la Cámara a principios de noviembre, y allí ha permanecido hasta ahora, olvidado en algún cajón hasta por la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, quien al menos ha tenido la gallardía de reconocer en público su "incompetencia e ignorancia" por no haberlo leído siquiera. Es una lástima que a ese reconocimiento de ineptitud y desidia no le haya seguido de inmediato su renuncia como diputada de Unidas Podemos. Causa estupor solo pensar que, de no haber sido por una filtración a los medios, el informe en cuestión habría seguido durmiendo el sueño de los justos quién sabe cuánto tiempo más. Me pregunto si sus señorías habrían esperado tanto tiempo para debatir y aprobar un informe para subirse el sueldo y las dietas. 

¿La punta del iceberg?

Brotes de sarna, chinches, ratas,  cucarachas, falta de higiene, nula intimidad, sobremedicación, escasez de visitas médicas, carencia de personal especializado o alimentación de baja calidad son algunas de las graves deficiencias detectadas en la mitad de las 25 residencias visitadas de oficio por la Diputación del Común. Es inevitable pensar en la punta del iceberg y preguntarse por los resultados del estudio si el estado de alarma no hubiera interrumpido la recogida de información en otros centros. Es cierto que las residencias estudiadas son una parte mínima de las más de 200 que hay en Canarias, pero también lo es que los datos conocidos proyectan una inquietante sombra de sospecha sobre las condiciones sociosanitarias en las que nuestros mayores pasan sus últimos años después de una vida de sacrificios y privaciones en la mayoría de los casos. A esclarecer esas dudas no ayuda precisamente la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales, que ignoró en dos ocasiones la solicitud de información de la Diputación del Común sobre cuestiones como las quejas y denuncias de residentes o familiares.  

"No ayuda la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales"

Los políticos han reaccionado como suele ser habitual en ellos cuando son pillados en falta grave: a la defensiva. Esas reacciones no solo denotan mala conciencia sino un intento poco afortunado de esquivar responsabilidades en un asunto en el que quien esté libre de culpa puede tirar la primera piedra: el Gobierno actual culpa al anterior, el anterior culpa al actual y los partidos se culpan mutuamente; unos disparan sobre la fiscalía y otros sobre la Diputación del Común, a pesar de que ha sido gracias a ella, y no a las administraciones con competencias en la materia, que el tema ha llegado al Parlamento aunque sea casi un año después de haberlo presentado. Las carencias son tan graves que sorprende que la Diputación no presentara el informe en la Fiscalía, lo que habría servido también para que el Parlamento y el Gobierno despertaran de su irresponsable modorra. 

Todo el mundo no es bueno

En ese contexto escuchamos al presidente Torres garantizando el buen funcionamiento de las residencias y anunciando que se incrementarán las inspecciones, lo cual no deja de ser una contradicción: ¿cómo sabe el presidente que el funcionamiento es el adecuado y que los mayores no son tratados como mercancía averiada si apenas se realizan inspecciones? Como no sea por la fe del carbonero no alcanzo a entender de dónde saca el presidente su confianza en un sistema dominado por la iniciativa privada porque, entre otras cosas, los poderes públicos son absolutamente incapaces de responder a las demandas de atención de una sociedad que envejece a pasos de gigante. Solo hay que recordar que en los hospitales públicos de las islas permanecen ingresados unos 300 ancianos cuyas familias no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos y para los que no hay plazas sociosanitarias a las que derivarlos. Esta situación no es precisamente nueva sino que se viene arrastrando desde hace años sin que los sucesivos gobiernos autonómicos hayan sido capaces al menos de paliarla.

"En los hospitales hay 300 ancianos que deberían estar en residencias"

A las instituciones públicas les corresponde actuar sin demora para comprobar in situ las condiciones en las que prestan su atención estos centros, aunque para ello sea necesario duplicar o triplicar el número de inspectores. El "todo el mundo es bueno" del presidente autonómico no es de recibo, hay que hacer mucho más: la desidia de las administraciones, y esto incluye también a los cabildos, no puede dejar a los mayores y a sus familias en manos de piratas a los que solo interesa el beneficio. Así por ejemplo es inaudito que de la noche a la mañana aparezcan establecimientos que empiezan a albergar ancianos sin contar con la documentación correspondiente y sin que nadie en la administración o en la fiscalía mueva un papel. Ese tipo de prácticas desacredita al conjunto de un sector que, con su oferta, suple la desidia de unos políticos que solo se suelen acordar de los mayores cuando toca pedirles el voto. 

Familias y trabajadores tampoco pueden mirar a otro lado

Todo lo anterior no exime de responsabilidad a las familias, sobre las que recae la obligación de vigilar que sus parientes son atendidos adecuadamente y denunciarlo cuando no es así. Su silencio o su tentación de ingresar a sus mayores en una residencia y olvidarse de ellos durante meses, sin preocuparse por su situación, es una grave enfermedad moral que por desgracia abunda cada vez más en nuestra sociedad. Esa misma responsabilidad recae también sobre los empleados y sus representantes, testigos directos de situaciones intolerables que es su obligación moral y legal denunciar. 

Más de un tercio de las muertes por COVID-19 en nuestro país se han producido en residencias de mayores, un 11% en el caso de Canarias. Esto ha convertido este tipo de establecimientos en un punto negro que requiere cambios profundos. Y aunque el informe de la Diputación del Común es anterior a la pandemia, sus resultados deben ser un aldabonazo en la conciencia de políticos, familias, trabajadores y sociedad en su conjunto sobre el trato que estamos dispensando a nuestros padres o abuelos en las residencias a las que los enviamos porque ya no podemos hacernos cargo de ellos o porque simplemente nos resulta más cómodo y descansado. Una sociedad que trata así a sus mayores se hace acreedora de varios adjetivos y ninguno positivo: inhumana, insensible, egoísta, desconsiderada...Yo creo que es una sociedad sin alma ni corazón. 

Más enjuagues con el REF

Está muy contento el presidente canario porque dice haber alcanzado con su compañera de partido, y sin embargo ministra de Hacienda, un "principio de acuerdo que resolverá para siempre" el lío del REF y los rodajes en las islas. Olvida Ángel Víctor Torres que "para siempre" solo es la muerte y todo lo demás, sobre todo la política, está sujeto irremediablemente a las contingencias de este valle de lágrimas. El gozoso "principio de acuerdo" del que alardea consiste en que la ministra causante del mal causado, se compromete ahora a resolver "antes de fin de año" que las productoras que rueden en Canarias se beneficiarán de la bonificación fiscal del 80% consagrada en el REF. Montero, que ha demostrado que si se lo propone puede usar el fuero canario a modo de peineta, no ha dado garantía alguna de cumplimiento ni ha explicado cómo lo hará. Pero a Torres, que cree en las promesas del Gobierno central con la misma firmeza de quien cree en la Santísima Trinidad, la inconsistencia del compromiso ministerial no le inquieta. 

EFE

El error de renunciar al Constitucional

Tanto es así que incluso no oculta su ansiedad por renunciar a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, no se vaya a enfadar Montero y no resuelva el problema "para siempre". Menos mal que su propio grupo político en el Parlamento canario, junto al resto de los de la cámara autonómica, sí mantiene viva la posibilidad del recurso, máxime después del ninguneo de Hacienda, que ni se molestó en solicitar el preceptivo informe de la Cámara legislativa canaria. Torres, en cambio, en su mal disimulado deseo de no causarle quebraderos de cabeza a la ministra, ni siquiera se atreve a urgir la reunión de la Comisión Bilateral Canarias - Estado para intentar zanjar el asunto. Su obsesión es conseguir un acuerdo "político" por todos los medios para no verse obligado a poner mala cara en la Comisión Bilateral o tener que llevar al gobierno de su propio partido al Constitucional por vulnerar el fuero canario. 

"No debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial"

Alega que podría perder, lo que equivale a reconocer que no cree mucho en la justicia de su propia demanda; implica también renunciar a un derecho reconocido a cambio de una promesa inconcreta, perder una baza negociadora y ponerle las cosas aún más fáciles a la ministra para que vuelva a hacer de su capa un sayo. Cierto es que a veces vale más un mal acuerdo que un buen pleito y el riesgo de recibir un nuevo vainazo judicial añadido a los del TSJC por la pandemia no es descabellado. Sin embargo, no debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial para saber si lo de Montero va en serio o es una nueva patada hacia adelante de un problema que ella misma ha creado. En todo caso, los recursos ante el Constitucional una vez presentados también se pueden retirar si hay acuerdo entre las partes.

Montero no ha reconocido el error, solo ha ganado tiempo

Cabe recordar que la Abogacía del Estado asegura que no ha habido vulneración del REF. Así que, por mucho que Torres se felicite del "principio de acuerdo", no termino de ver a la ministra cambiando radicalmente de opinión sobre un asunto en el que entiende tener la ley de su parte. Es más, si realmente hubiera reconocido que metió la pata, la pudo haber sacado sin demora corrigiendo el desafuero del REF en el decreto ley de medidas urgentes de fiscalidad energética que el Congreso convalidó el miércoles. No lo hizo, lo cual es motivo suficiente para desconfiar de su sinceridad. Contra la convalidación de esa norma votó el único diputado de Nueva Canarias, la segunda parte contratante de las cuatro que integran el Pacto de las Flores y que parece un poco menos crédula que Torres. 

"Todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra"

Avisan los de Román Rodríguez que si la ministra no envía alguna señal inequívoca de que no está mareando la perdiz, su diputado nacional no apoyará los Presupuestos del Estado. No sé hasta qué punto es firme esa posición y dudo mucho de que la advertencia ponga nerviosa a Montero, que me la imagino mucho más preocupada por los votos de Ezquerra Republicana y el PNV que por el del tronante Pedro Quevedo. En cualquier caso, es una postura menos entreguista que la de Torres, aunque me temo que tampoco serviría de mucho para evitar que Montero se vuelva a poner si lo desea el REF por montera. Por desgracia para Canarias, todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra, pero tratándose de estas islas todo son regateos, excusas y vuelva usted mañana.

El asunto tiene ya tintes de enredo de los hermanos Marx y más que se va a enredar cuando la negociación de los Presupuestos estatales y las partidas a las que aspira Canarias, se entremezcle y confunda con la del diferencial fiscal para el cine. Al final, entre unos y otros terminarán convirtiendo el fuero canario, que debería ser intocable al estar reconocido en el Estatuto y en la Constitución, en un enjuague político de ofertas y contraofertas en torno a unos Presupuestos que incluso puede que no salgan adelante y haya que prorrogar los actuales. Ahora bien, si Torres dice que Montero resolverá este problema "para siempre" y "antes de fin de año", quién soy yo para aguarle la fiesta dudando de la fe del carbonero que profesa el presidente canario.