A los pies del separatismo

No es una exageración, es la realidad a poco que se reflexione: el Gobierno español lleva toda la legislatura viviendo, sufriendo y respirando por los poros del separatismo catalán, de cuyo aliento depende en gran medida que Pedro Sánchez cumpla su deseo de agotar la legislatura. Lo que los independentistas reclaman, sus caprichos y sus órdagos para calibrar hasta dónde está dispuesto a ceder Sánchez, adquiere inmediatamente la categoría de asunto de estado, prioritario y urgente: todo el Gabinete se desvive para satisfacer las exigencias de quienes tienen como principal objetivo obtener el mayor rédito político aprovechando que el único principio que guía la acción del presidente es mantenerse en el poder cueste lo que cueste a las instituciones y al país. Todo lo demás puede esperar por urgente que sea, las demandas independentistas deciden la agenda gubernamental en detrimento de otras necesidades más perentorias. No es tan excesivo como pueda parecer concluir que España está en buena medida gobernada desde la Generalitat de Cataluña y desde la sede de ERC. Sánchez no sólo está en manos del separatismo, también está a sus pies.

EP

Espionaje y ruedas de molino

El Gobierno hace esfuerzos vanos para que comulguemos con una descomunal rueda de molino, según la cual el vergonzoso cese de la directora del CNI tiene algo que ver con los pinchazos de Pegasus a los teléfonos del presidente y de los ministros de Defensa e Interior. Sobre esto ya señalé en otro post que en política no existen las coincidencias y este caso no es una excepción. El cese es la ofrenda debida a los independentistas a cambio de que no le retiren el apoyo a Sánchez, después de conocerse que una veintena de ellos había sido vigilada con aval judicial por el CNI.

El riesgo de tener que poner un abrupto punto y final a la legislatura obligó a Sánchez a ordenar a su fontanero mayor Bolaños que aireara a los cuatro vientos que el Gobierno también había sido espiado con Pegasus hacía un año. Lo lógico y natural en un presidente que se respete a sí mismo y a los ciudadanos y que valore la importancia de la seguridad nacional, habría sido actuar con discreción, averiguar dónde estuvo la falla y actuar en consecuencia. Dar a conocer urbi et orbi y de forma oficial que el Gobierno español había sido espiado y hacerlo a pocas semanas de una cumbre crucial de la OTAN, es algo que solo hace alguien tan agarrado al poder que incluso la seguridad y la imagen internacional del país le importan tres pimientos.

"Solo alguien tan apegado al sillón como Sánchez airea los fallos en la seguridad nacional para mantener el poder"

Nadie en su sano juicio puede creer que en La Moncloa no se conociera ese agujero en la seguridad hasta justo el momento en el que Aragonés y los suyos pidieron que rodaran cabezas. Es más, si hay alguien responsable en primera persona de ese fallo es precisamente el ministro Bolaños, entre cuyas atribuciones figura precisamente garantizar la seguridad de las comunicaciones de La Moncloa. A propósito de esa responsabilidad se ha sabido que el CNI transmitió hace un año una serie de instrucciones de seguridad para el presidente y sus ministros. Bolaños tendría que explicar si se las hizo llegar a quienes iban dirigidas o si estos no las cumplieron. Puede que debiera haber sido su cabeza y no la de la responsable del CNI la que tendría que haber rodado en este sainete.

Margarita Robles, quién la ha visto y quién la ve

Con el escenario de las justificaciones ya bien dispuesto, llegó el momento anunciado de poner sobre una bandeja de plata la cabeza de la responsable del CNI para calmar a los independentistas. Los políticos nos tienen acostumbrados a comparecencias que solo merecen el calificativo de ignominiosas y la que ofreció el martes la ministra de Defensa no escapa a esa categoría. 

Margarita Robles, la única ministra que se atrevía a levantar la voz ante independentistas y filoetarras y a defender el estado de derecho, ha dejado también patente que le puede más el cargo que la dignidad de no hacerle el trabajo sucio al presidente. De lo contrario habría presentado su dimisión inmediata e irrevocable antes de enfangarse como lo ha hecho, intentando presentar una injusta defenestración en toda regla, de cuyas causas no fue capaz de explicar con claridad ni tan solo una, por una “sustitución” a la que en realidad habría que llamar genuflexión, una más, del Gobierno ante los independentistas.

“Sánchez no ve contradicción en espiar a los mismos con los que gobierna”

A salvo de momento la cabeza de Robles gracias a su propia genuflexión ante Sánchez – ya veremos si sigue en su lugar después de la cumbre de la OTAN o de las elecciones andaluzas – la siguiente cesión al insaciable chantajismo independentista será seguramente desclasificar las autorizaciones judiciales de la vigilancia a Aragonés y a su revoltosa muchachada, aunque ello suponga volver a pasarse la ley por el arco del triunfo. Sobre la cabeza de Sánchez pende como una espada de Damocles la cínica frase de Junqueras, condenado por sedición y malversación y dispuesto a reincidir, que se permite advertirle al presidente de que le seguirá apoyando con la condición de que “no se repitan” las escuchas. 

Un panorama desolador

Tan incierto como que La Moncloa no sabía del espionaje a Sánchez con Pegasus es que Sánchez no tuviera conocimiento de las escuchas a los independentistas, en los que se apoya para gobernar pero a los que al mismo tiempo vigila como un peligro para el Estado a la vez que les permite acceder a secretos oficiales. Es todo de una lógica tan aplastante que asusta y que solo se explica por el fin último que persigue: conservar el poder.

Decía en un reciente post que asistimos a una legislatura zombi sin más rumbo que el que marcan los independentistas y que, de quedarle a Sánchez una pequeña brizna de sentido de estado, habría adelantado ya las elecciones. Lo que me pregunto hoy es qué quedará de todo esto cuando los socios de Sánchez consideren que ha llegado el momento de dejarlo caer y los ciudadanos decidan que no es digno de su confianza para continuar al frente del país.

El panorama es desolador: ruido estéril, tiempo perdido, mentiras, incapacidad, destrozo de la credibilidad y el prestigio de las instituciones y el estado de derecho, un mayor descrédito de la política entendida como el arte de mejorar la vida de los ciudadanos y toneladas de propaganda a mayor gloria de un político tóxico para este país. Por desgracia, las cosas positivas, que algunas pocas también ha habido, pasarán completamente desapercibidas.

Pegasus y la credibilidad

Quienes aún crean que en política hay casualidades o coincidencias probablemente también creerán que a los niños los trae la cigüeña directamente de París. En absoluto puede considerarse casual sino causal la sorpresiva rueda de prensa convocada por el Gobierno un día de fiesta en media España para informarnos de que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa fueron infectados hace un año por el programa israelí de espionaje Pegasus. Ni el fondo ni la forma de dar a conocer una información de tanta gravedad contribuyen en lo más mínimo a generar confianza y a mejorar la credibilidad de un Gobierno reñido con la verdad desde el primer día de la legislatura.

EFE

Victimización y oportunismo

Lo que ha conseguido en cambio es arrojar una alargada sombra de sospecha sobre las instituciones responsables de la seguridad nacional y dejar patente que, detrás de las revelaciones a medias conocidas ayer, hay una clara intencionalidad política relacionada con las presiones del independentismo y sus compañeros de viaje a propósito del presunto espionaje con Pegasus a un número indeterminado de dirigentes soberanistas. Blanco y en botella...

Dando por hecho que la información difundida ayer es cierta, lo primero que cabe deducir es que los servicios secretos españoles estarían en manos de incompetentes, incapaces de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente y de su ministra de Defensa. Eso, si no aparecen más teléfonos de ministros y altos cargos también infectados con Pegasus, algo que no puede descartarse en absoluto.

Sin embargo, que el Gobierno haya hecho pública una información que habitualmente se mantiene en secreto para no desacreditar a los servicios de inteligencia, solo puede tener un objetivo: pasar de villano a víctima en el caso del supuesto espionaje a los independentistas y justificar los ceses en el CNI para contentar a los levantiscos socios de un Gobierno rehén de fuerzas políticas a las que les importa una higa el interés general del país, pero a las que no duda en hacer copartícipes de una comisión de secretos oficiales a cambio de que mantengan el apoyo a Sánchez.

Hablemos de espionaje

Además del efecto calmante en el corral de independentistas y allegados que persigue Sánchez con estas revelaciones, el presidente pretende también desviar al menos por unos días la atención sobre los graves problemas del país. Mientras hablemos de espías y de espionaje hablaremos mucho menos de las feas perspectivas económicas del país reconocidas por el propio Ejecutivo, del quiero y no puedo de la crisis energética, de la subida en globo de los precios o de los sondeos electorales en los que empiezan a pintar bastos cada vez más alargados para el futuro de Sánchez.

En resumen, lo que ha generado el Gobierno con su extraña y extemporánea rueda de prensa de ayer es un clima de inseguridad, incredulidad y desconcierto, que socava la imagen de instituciones de la importancia del CNI y deteriora gravemente el prestigio internacional de nuestro país, a tan solo unas pocas semanas de que España se convierta en la anfitriona de una cumbre de la OTAN en plena guerra en Ucrania.

El Gobierno cuenta la mitad de la mitad que más le interesa

Los españoles sabemos desde ayer que al menos el teléfono del presidente del Gobierno y de su ministra de Defensa fueron espiados hace un año, pero no sabemos a ciencia cierta por quién ni qué información sensible obtuvieron el o los espías ni qué se ha hecho o se va a hacer para que algo así no se repita. Solo podemos hacer suposiciones más o menos acertadas sobre unos hechos gravísimos de los que el Gobierno seguramente apenas ha contado la mitad de la mitad y de esa mitad la que más le interesaba contar en estos momentos. 

Tal vez lo único que cabe sacar en claro de todo esto es que el presidente del Gobierno no ha dudado en volver a poner a las instituciones a los pies de los caballos, primero retorciendo el Reglamento del Congreso para dar acceso a los secretos de Estado a independentistas y a filoetarras y a renglón seguido poniendo en evidencia a tus propios servicios secretos sin importar las consecuencias que eso comporta. Para Sánchez no hay líneas rojas y todo le parece por bien empleado si contribuye al fin primero y último de su concepción de la política: mantenerse en el poder cueste lo que cueste a España y a los españoles.

Indultos: una verdad y muchas mentiras

Sin rodeos: no hay un "conflicto" entre Cataluña y España, como machaconamente repiten el presidente del Gobierno, sus ministros a coro, las cúpulas dirigentes del PSOE y de Podemos y la armada mediática y tuitera. Afirmar tal cosa es una falacia insidiosa que toma por idiotas a unos ciudadanos que nos merecemos que se nos hable con la verdad por delante. Lo que existe es un desafío permanentemente renovado al estado de derecho, a la Constitución y a las leyes por parte de los partidos independentistas catalanes, que representan a menos de la mitad de los ciudadanos de esa comunidad autónoma. No es de recibo que Sánchez pretenda convertir en rehenes de sus ambiciones políticas a los catalanes no independentistas y al resto de los españoles.

Enmascarando la verdad

Esto es así, lo diga Agamenón o su porquero. Conviene aclararlo de entrada para no caer en las trampas del lenguaje con las que los promotores del indulto a los separatistas en prisión intentan enmascarar la realidad. Se puede abundar aún más y recordar que el supuesto "conflicto" no lo ha provocado el estado, o al menos no fue el que encendió la mecha, sino quienes se pusieron por montera las normas comunes de convivencia que, como representantes de ese estado en Cataluña, estaban obligados a respetar y cumplir. 

Por tanto, es igual de intolerable que el presidente del Gobierno insista en otro embuste al que también es tan proclive, intentar convencernos de que todos somos responsables por igual "de lo que pasa en Cataluña". Ni yo, y estoy seguro que como yo la inmensa mayoría de los españoles, nos sentimos concernidos en absoluto por esa responsabilidad que el presidente insiste en echar sobre nuestros hombros para descargarla de los de los verdaderos culpables. 

Fruto del desafío a la Constitución y a las normas emanadas de ella, algunos de esos independentistas protagonizaron hechos gravísimos en 2017 que merecieron severas condenas de prisión por parte del Tribunal Supremo, en un juicio con todas las garantías procesales en el estado de derecho que ellos mismos habían conculcado. En este punto conviene salir al paso de otra de las paparruchas más burdas y repetidas en los últimos tiempos por la galaxia independentista, la que asegura que fueron condenados por sus ideas y no por unos actos ilegales en los que no han cesado de prometer que reincidirán.

 

EP

Una bofetada al estado de derecho

Dos años después, el presidente del Gobierno, que incluso llegó a ver delito de rebelión, prometió que no habría indultos. Pero su desmedida ambición de poder le ha llevado ahora a decir Diego donde antes había dicho digo: Sánchez cruzará hoy la línea roja de la decencia, que impide poner el interés particular por encima del general, cuando el Consejo de Ministros apruebe unos indultos que nunca iba a conceder. Más de una semana llevan él y lo suyos esparciendo patrañas para justificar una medida contraria al parecer del Supremo y de la Fiscalía, que los contumaces beneficiarios no han pedido y que reciben con desprecio y sin arrepentimiento. El engañoso argumento es que los indultos "sacarán materialmente de la cárcel a nueve presos e incorporarán simbólicamente a millones de personas a la convivencia". Son palabras textuales del presidente en el deslucido, innecesario y lamentable acto propagandístico de ayer en Barcelona, en el que Sánchez exhibió de nuevo la vaciedad pomposa de su discurso y en el que los seguidores de los políticos presos le refrescaron la memoria sobre dónde se puede meter sus medidas de gracia. 

Sin duda, la mayor de todas las patrañas es que se "abrirá una nueva vía para el diálogo y la concordia frente al revanchismo", puro humo retórico de la factoría Redondo sin contenido real alguno. A Sánchez le importa una higa poner al Supremo a los pies de los caballos, a pesar de que la "concordia" no aparece ni de lejos en la hoja de ruta del independentismo, sino el sostenella y no enmendalla hasta que consiga la celebración de un referéndum de autodeterminación. Para el estado de derecho la decisión que hoy tomará el Gobierno supondrá bajar los brazos ante un independentismo crecido y desafiante. Sánchez conseguirá a cambio mantenerse dos años más en La Moncloa, su verdadero y único objetivo en toda la farsa, con el apoyo de los mismos que está a punto de indultar. Esta es precisamente la única verdad en la maraña de mentiras y propaganda en la que se ha emboscado el presidente para intentar justificar la humillación política que le infringe al país y que no debe quedar impune en las urnas.     

Indultos Sánchez

Vaya por delante que cuestiono la mayor: no soy un entusiasta del indulto, no al menos tal y como se regula en la vetusta ley española de 1870 por lo que puede tener de arbitrario y por lo que supone de injerencia del poder político en el judicial, responsable en un estado de derecho de juzgar y ejecutar las sentencias. Escribí en este blog hace mucho tiempo que era urgente regular con detalle y acotar la discrecionalidad con la que suelen actuar los gobiernos de turno y sin distinción de color político en la concesión de indultos. Que ningún partido haya propuesto esa reforma después de más de cuarenta años de democracia y que, sin embargo, se hayan aprobado varias modificaciones del Código Penal a golpe de titulares, es una prueba clara de lo bien que les viene para su instrumentalización política si fuera necesario. 

La politización de los indultos

Aunque opino que lo mejor sería que el indulto desapareciera del ordenamiento jurídico de un estado de derecho, por lo pronto me conformaría con que al menos se ciñera estrictamente a lo que establece la ley y se basara en criterios de justicia, equidad y utilidad pública. Eso debería excluir por principio el oportunismo político como en el caso que nos ocupa de los indultos a los independentistas catalanes condenados por sedición. Pero, insisto, aunque ya existe la posibilidad de que el Supremo tumbe un indulto si no está bien motivado, es necesaria una modificación legal que incluya un mayor control del Parlamento o del Tribunal Constitucional y que, entre otras cosas, obligue al Gobierno a explicar con pelos y señales los motivos de su graciosa concesión, especialmente cuando concurran circunstancias políticas que la cuestionen. 

EFE

Tal vez con esa reforma en vigor nos evitaríamos los españoles el bochorno de los indultos que el Gobierno parece dispuesto a conceder a los independentistas catalanes que cumplen condena en prisión por sentencia firme del Supremo, tras ser declarados culpables de sedición y malversación en un juicio con todas las garantías. No sé si por torpeza o por descaro, lo cierto es que Pedro Sánchez ha dicho algo esta semana que nunca hubiéramos esperado escuchar de un político democrático y menos de un presidente del gobierno de España. Sugerir que la obligación de cumplir esa sentencia es "venganza y revancha" e indultar a quienes violaron la Constitución y las leyes es "concordia y entendimiento", es una nueva bofetada a quienes seguimos haciendo esfuerzos diarios para creer en nuestro estado de derecho. Y aún así solo faltaba el infalible ministro de Justicia pidiendo que veamos con naturalidad algo que como juez le debería causar urticaria. 

Sánchez reincide: hace lo contrario de lo que promete

Especialmente si viene de alguien que se había comprometido públicamente a que los condenados cumplieran la integridad de las penas, aunque a estas alturas ya deberíamos estar curados de espanto y haber aprendido que las promesas del presidente valen lo que valen sus intereses políticos. Mucho se está escribiendo estos días sobre los aspectos legales del indulto, sobre todo a raíz de los informes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo, contrarios ambos con contundencia a la concesión de la medida de gracia. Si el Gobierno sigue adelante con lo que parece una decisión bastante avanzada, esta sería una de las poquísimas veces en las que se concede un indulto sin la anuencia de la fiscalía y del tribunal sentenciador, cuyos informes son preceptivos pero no vinculantes para el Ejecutivo. Solo 6 de los 137 indultos concedidos en los últimos cinco años han tenido en contra la opinión de la fiscalía y el tribunal.

EFE

A expensas de cómo se justifique la decisión por el Gobierno si mantiene la intención del indulto a los líderes del procès, podríamos encontrarnos ante un posible abuso o desviación de poder susceptible de recurso judicial y anulación. Mas, no nos perdamos en detalles leguleyos y centrémonos en el cogollo del meollo, las razones políticas, prácticas y verdaderas que llevan al Gobierno a tener sobre la mesa el indulto a unos independentistas que no lo han pedido, que no se han arrepentido de los hechos por los que cumplen condena, que han prometido reincidir y que lo que quieren es la amnistía simple y llanamente. 

Los indultos solo resuelven el futuro de Sánchez

Ni el más ingenuo de los españoles puede creer de verdad que el indulto servirá para la "concordia y el entendimiento" en Cataluña como pretende vender Sánchez. Los propios independentistas, que siguen copando el gobierno autonómico después del fracasado "efecto Illa", se han encargado de recordar con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat que su objetivo es el referéndum de "autodeterminación" y la independencia. De manera que, escuchar a algunos analistas hablar de que los indultos servirían para "reconectar emocionalmente" a Cataluña y a España, como si fueran dos entes separados y como si los responsables de la desconexión no tuvieran nombres y apellido, produce sonrojo y vergüenza ajena. 

Es más, indultar a quienes, además de saltarse las leyes, despreciaron con soberbia a la población catalana no independentista y al resto de los españoles sería un sarcasmo intolerable y un mensaje de impunidad a los compañeros de viaje de quienes están en la cárcel y a los que Pedro Sánchez parece a un paso de calificar también como presos políticos. Todo este estropicio es el precio que podríamos estar a punto de pagar los españoles para que Sánchez aguante en La Moncloa hasta 2023 y quién sabe si incluso más allá si no se configura una alternativa creíble y viable. Para que consiga su objetivo es imprescindible el apoyo de ERC y para lograrlo el presidente está dispuesto a poner sus intereses políticos y los de su partido por encima de los del estado de derecho. Esa es la práctica habitual de los autócratas para los que el fin es lo que de verdad importa y los medios para alcanzarlo son lo de menos. L' État, c'est moi. 

Cataluña no ha pasado página

Uno de los lemas que con mayor insistencia empleó el PSC - PSOE en las elecciones catalanas del domingo fue el de que había que "pasar página"; era algo así como que había que dejar atrás de una vez el nonotema del "procés", que ha condicionado la política catalana y nacional, y centrarse en la sanidad y en la maltrecha economía de la comunidad autónoma. Pero los lemas de campaña rara vez se cumplen y este no será la excepción. Lejos de pasar página, el independentismo ha salido reforzado con una mayoría absoluta que intentará reflejar a través de un gobierno que insista y persista en el gran objetivo de la independencia. Y eso a pesar de que apenas haya votado poco más de la mitad del censo y que el apoyo a sus tesis no alcance ni el 30%. 

Es indiscutible el ascenso del PSC-PSOE y su candidato, haciendo bueno el llamado "efecto Illa", al duplicar casi los escaños y convertirse en el partido más votado. Pero la suya puede ser una victoria pírrica si, como es probable, se queda como líder de la oposición a un gobierno independentista. Por otro lado, en el hipotético caso de que consiguiera apoyos para la investidura a la que ha prometido presentarse, tendría que ser seguramente a cambio de nuevas concesiones al independentismo. A pesar de las protestas constitucionalistas que los socialistas han pregonado durante la campaña, la experiencia reciente demuestra con creces que las promesas de Pedro Sánchez son tan efímeras como la necesidad que tenga de conservar el poder. Lo mismo que se olvidó de su rechazó a un pacto con Podemos porque no podría dormir por las noches, justificaría ahora uno con Ezquerra Republicana y los Comunes si eso le permitiera hacerse con la Generalitat aunque fuera prometiendo lo que no está en los libros.

Remotas posibilidades de Illa

Con todo, la dificultad para que Illa sea presidente radica precisamente en los independentistas, que ya antes de las elecciones protagonizaron uno de esos gestos tan despreciables en una democracia por parte de quienes se reputan como los adalides de la democracia: conjurarse públicamente para no pactar con el PSC. Sabemos que lo que se dice en campaña y lo que se hace después a menudo no tiene nada que ver: también Illa prometió que no pactaría con los independentistas y ya los ha llamado a todos para pedirles su apoyo. Pero de momento esos esfuerzos no han dado fruto a la espera de que el independentismo consiga resolver sus vetos internos, con la CUP como dueño de la llave del posible pacto. En el supuesto de que el acuerdo no cuajara, Illa podría tener una posibilidad si consigue ganarse el apoyo de ERC y el de los Comunes de Pablo Iglesias quien, a pesar de su agitación propagandística durante la campaña, no solo no creció en diputados sino que perdió votos. 

Por lo pronto, a quien le está saliendo bien la jugada es a Sánchez porque, en la medida en la que Illa no se convierta en un incordio para el independentismo - algo extremadamente improbable -, tendrá garantizados los dos años que restan de legislatura. La situación se resumiría en que todo está abierto pero habrá gobierno de o con independentistas sí o sí. Claro que todo este análisis puede venirse abajo si no se forma gobierno en Cataluña y hay que repetir las elecciones, algo que tampoco debería descartarse aún. 

La irrupción de Vox y el fracaso de Cs y PP

Capítulo aparte merecen los resultados de Ciudadanos y el PP y el ascenso de Vox, que entra por primera vez en el Parlamento catalán. En particular es digno de estudio por los politólogos la caída espectacular de la formación naranja, que de 36 escaños ha pasado a solo 6 en las últimas elecciones. A mi juicio se suman aquí el garrafal error de Arrimadas no optando a la investidura en 2017, la elevada abstención y la fuga de votos hacia el PSC- PSOE y el PP. Arrimadas ha aparcado la autocrítica y ha optado por seguir en el cargo, aunque las aguas en el seno del partido vuelven a bajar revueltas. Hasta el punto de que según algunas informaciones recientes, el ex líder del partido, Albert Rivera, estaría negociando a espaldas de Arrimadas una absorción de Ciudadanos por parte del PP. 

Al PP no le han ido mejor las cosas aunque solo haya perdido un diputado. Pero, a pesar de las innegables dificultades, se esperaba algo más de un partido que aspira a ser alternativa nacional. Su líder, Pablo Casado, también ha dejado la autocrítica para mejor ocasión y ha pretendido desviar la atención de su desdibujado liderazgo anunciando el cambio de la sede del partido, como si así conjurara los males que arrastran los conservadores desde hace años. Para la democracia no es una buena noticia que la ultraderecha de Vox irrumpa con 11 escaños a costa de la abstención y del hundimiento del centro - derecha. En Cataluña, en donde más falta hace en estos momentos, el constitucionalismo se diluye y en el conjunto del país esa opción se difumina como alternativa viable a la coalición entre socialistas y populistas. 

El "procés" no se detendrá

Los resultados electorales del domingo han llevado a algunos analistas a vaticinar que, a pesar de la victoria independentista, los líderes de ERC y de JxCat no están hechos de la misma pasta que Junqueras y Puigdemont. Vienen a sugerir que serán más dialogantes y no caerán en la tentación de aventuras como la de la Declaración Unilateral de Independencia o la convocatoria de un nuevo referéndum ilegal de autodeterminación porque, entre otras cosas, la alta abstención no les legitima para seguir adelante con los faroles. 

No comparto ese optimista análisis en absoluto y aquí vuelvo a recurrir a la experiencia reciente: si no se detuvieron en su día ante la Constitución y frente a las normas democráticas que juraron o prometieron cumplir, es ingenuo suponer que lo harán por detalles como la baja participación electoral o porque son más cosmopolitas y contrarios a las fronteras y al supremacismo cultural. No nos hagamos trampas y preparémonos para la reactivación del "procés", si es que en algún momento estuvo parado del todo, porque la sanidad o la economía van a tener que seguir esperando a que alguien algún día, quién sabe cuándo, se ocupe de ellas. Es lo más realista que cabe esperar porque en Cataluña el independentismo no ha pasado página, continúa en la misma escribiendo lo mismo de siempre, solo que ahora aumentado y mejorado y sin apenas oposición. 

Cuenta atrás para Sánchez

El plazo de gracia que por cortesía se concede a los nuevos gobernantes para que formen equipo, aclaren sus ideas y fijen sus prioridades toca a su fin para Pedro Sánchez. El presidente lleva tres meses en La Moncloa y lo mejor que se puede decir de su ejecutoria es que lo único que parece moverle es el deseo de seguir en el puesto. Sus primeros pasos con Cataluña fueron prometedores por cuanto apaciguaron el tenso clima político. No obstante, la evidente ausencia de una clara hoja de ruta y la contumacia de un independentismo dispuesto a persistir en sus tesis, han llevado a Sánchez a cometer algunos errores de bulto, entre ellos dudar sobre la conveniencia de defender al juez Llarena tras la denuncia de Puigdemont. Al presidente se le nota demasiado que hace lo imposible para no incomodar al independentismo, hasta el punto de que se aviene a la obscenidad de poner sobre la mesa la posibilidad de influir sobre la Fiscalía para que sea comprensiva con los líderes del procès en prisión. Los independentistas, mientras, responden a sus desvelos con más de lo mismo y con un soberano corte de mangas a su conocida propuesta de elaborar un nuevo Estatut y someterlo a referéndum. 

Por lo demás, estos tres meses se han caracterizado por un goteo permanente de propuestas y anuncios pensados más para la galería y la hinchada ideológica de parte del PSOE y de Podemos, su implacable socio parlamentario. En la mayoría de los casos se trata de iniciativas traídas por los pelos, como la brillante idea de la vicepresidenta Calvo de reescribir la Constitución para dotarla de un lenguaje "inclusivo". En ese grupo cabe también incluir la llamada "resignificación" del Valle de los Caídos que ha devenido ahora en "cementerio civil". Franco y la memoria histórica se han convertido en los banderines de enganche de un Gobierno que, consciente de su debilidad política, intenta disimularla con trucos de magia como la creación de una "Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil", nada menos que ochenta años después de su fin y como si la gigantesca bibliografía histórica sobre ese asunto no hubiera aclarado nada Lo anterior no significa que no deba el Gobierno dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y al acuerdo parlamentario sobre la exhumación de los restos del dictador. Lo que se cuestiona es la urgencia y el expeditivo sistema del decreto ley empleado para la puesta en práctica de la medida. Tanto gusto parece haberle cogido Sánchez al decreto ley que ya se ha olvidado de cuando criticaba al PP por hacer lo mismo que él hace ahora sin que medie ni urgencia ni necesidad inaplazable. 

Foto: EFE

En esta feria de propuestas, anuncios y ocurrencias no faltan los resbalones, los olvidos y las contradicciones de un Gobierno al que se le nota descoordinado y falto de ideas concretas de lo que se propone hacer. El último de esos episodios ha sido el incremento de la fiscalidad del diesel, anunciado por la mañana en la radio por el presidente y calificado poco después de "globo sonda" por la ministra de Industria; por no hablar del "gol por la escuadra" del sindicato de prostitutas, o del impuesto a la banca que iba a contribuir a financiar las pensiones y del que nada más se ha vuelto a saber. No ha sido menor el desconcierto y la cofusión en inmigración, con un Gobierno que empezó enarbolando la bandera del Aquarius para pasar a las devoluciones en caliente por las que tan duras y merecidas críticas recibió el PP por parte del PSOE en la oposición. 

Sánchez dice ahora que la única opción del Gobierno es aprobar unos nuevos presupuestos en el primer trimestre del año que viene. Lo que no dice es si está dispuesto a adelantar las elecciones si no lo consigue, aunque es lo que parece deducirse de su afirmación. De buscar el acuerdo con el PP y Ciudadanos no ha dicho nada Sánchez, que en esto tampoco se diferencia de Rajoy, quien ni siquiera se molestaba en llamar a negociar a aquellos con los que daba por hecho a priori que no podría llegar a acuerdos. Tengo la impresión de que Sánchez empieza a tentar a su suerte y a estirar su estancia en La Moncloa más allá de lo que le conviene electoralmente. Tal vez convendría que fuera pensando en llamar a las urnas antes de que el souflé de las encuestas empiece a bajar, algo de lo que empieza a detectarse algún que otro síntoma. El tiempo y su manifiestamente mejorable presidencia de estos tres meses empiezan a jugar seriamente en su contra. 

Sánchez - Cuenca y la confusión sobre Cataluña

Decía Platón que el colmo de la injusticia es parecer justo sin serlo. En relación con un reciente libro del profesor Ignacio Sánchez - Cuenca, me atrevería a decir que el colmo de la indecencia intelectual es parecer honeste sin serlo. Su libro "La confusión nacional", en el que aborda el conflicto catalán, reúne más ingredientes propios del panfleto y la proclama de parte, que un análisis reposado y riguroso de las causas, el estado actual del problema y las posibles soluciones. El autor, que en un libro anterior ya había ajustado cuentas con todos los intelectuales que no comulgan con su credo, vuelve sobre sus pasos para presentarnos un cuadro lleno de furibundos nacionalistas españolistas, que con su incomprensión legalista sojuzgan las democráticas aspiraciones de la minoría de ciudadanos catalanes que supuestamente quieren dejar de ser españoles. Pronto se desmiente a sí mismo el autor, después de haber prometido en las primeras páginas del libro que analizaría de forma objetiva los fallos de una y otra parte en este embrollo. Sin embargo, nada más hecha la promesa, se lanza a una amplia relación de recortes periodísticos con los que pretende demostrar que la carga de la prueba corresponde únicamente a una de las partes, la del nacionalismo españolista que él ve hasta en la sopa.

Según la tesis del profesor Sánchez - Cuenca, ese nacionalismo "carpetovetónico" se agarra al legalismo constitucional e impide con su posición cerril que se pueda abrir una vía de diálogo con los santos varones del nacionalismo catalán, expresión ésta última que procura emplear lo menos posible. Las casi doscientas páginas del libro se hacen de empinada lectura ante tanta impostura intelectual: de principio a fin, es una diatriba incansable contra los partidos constitucionalistas, el Poder Judicial y los medios de comunicación que defienden el orden constitucional. De aquellos otros medios que lo atacan, lo vilipendian, se mofan y se lo pasan por el arco del triunfo, como la televisión autonómica catalana, no dice una sola palabra el ecuánime politólogo. Compra de la manera más acrítica la versión independentista de los hechos ocurrido en el referéndum ilegal del 1-O - tampoco lo llama nunca así - e ignora la contumacia de los dirigentes soberanistas y las mentiras económicas e históricas sobre las que han cimentado su reclamación.  A su juicio, sólo Madrid tiene la culpa ya que, unos por acción y otros por omisión, han dejado pudrirse un problema que debió haber tenido una respuesta política y no judicial.

Es tal vez en la necesidad de arbitrar vías políticas en donde únicamente se puede coincidir parcialmente con sus planteamientos, solo que su posición de partida, cargando toda la responsabilidad en una parte y exonerando a la otra, que aparece en el libro poco menos que como la doncella mancillada en sus derechos, lo invalida de golpe. Porque del sentido general del libro solo cabe concluir que el Estado español - que no el nacionalismo, como torticera e insidiosamente machaca  una y otra vez - debió haberse plegado a las ilegales exigencias de los representantes de una minoría del pueblo catalán y, llegado el caso, poner también la otra mejilla. Y esto lo afirma alguien como yo, en el que nadie podrá encontrar un gramo de ese obtuso nacionalismo españolista que Sánchez - Cuenca achaca a los ciudadanos de este país y al que culpa de los problemas en Cataluña. Solo lo dice un ciudadano de a pie para el que sin respeto a la legalidad y al orden constitucional - por poco que a nuestro profesor parezcan gustarle esos conceptos - no hay democracia que valga.

Como ciudadano de este país tengo derecho a expresar mi posición, como lo tiene el resto de los españoles, sobre un asunto como el que nos ocupa. Su denodados esfuerzos de malabarista para convencer al lector de que la soberanía se puede trocear cuando lo exige la minoría de una minoría, no convencerían ni a un estudiante de primero de Políticas. Sánchez - Cuenca debería saberlo porque enseña esa materia y tendría que ser más honesto con aquello que explica a sus alumnos. Retuerce a conciencia el orden constitucional - ya sabemos que eso le trae sin cuidado - y exprime la ciencia política como un consumado trilero para hacerles decir lo que quiere que digan: que no hay nada inconstitucional en que una minoría imponga su criterio a la mayoría.

Son también de premio sus analogías entre la soberanía que el Estado español ha cedido en el proceso de la construcción europea con la que cedería en el caso catalán. En su imaginativa osadía, considera que esa podría haber sido una solución al asunto catalán, pasando por alto que lo que piden los independentistas no es compartir la soberanía con el Estado español sino crear un Estado soberano con todas las de ley. Llegado el caso y al menos en teoría, España podría recuperar la soberanía cedida a la UE como pretende hacer el Reino Unido con el brexit, pero no podría recuperar la que le cediera a una Cataluña independiente salvo que se revirtiera la independencia de algún modo. También es de nota como un autor tan equidistante y riguroso como prometía ser al inicio del libro, pasa de puntillas por el desprecio que los independentistas han dispensado a las leyes y a las instituciones catalanas. No hay una sola palabra en el libro sobre la fuga de empresas y apenas si se hace mención a la corrupción que salpica a buena parte de los prohombres del independentismo, empezando por las cuentas en Andorra de la familia Pujol. De esto último también culpa al españolismo y a las que considera campañas orquestadas por Madrid y los medios de comunicación para desacreditar políticamente a los independentistas.

En fin, para qué seguir: les ahorro comentar la propuesta del profesor para superar la crisis catalana. Alguien con su falta de honestidad intelectual está deslegitimado para plantear ningún tipo de salida merecedora de un mínimo de credibilidad. Al comienzo de su libro se quejaba también el profesor del bajo nivel político e intelectual del debate que tenemos en España sobre Cataluña y se suponía que su aportación serviría para elevarlo algunos peldaños. Sin embargo, lo único que ha hecho es empobrecerlo y envilecerlo, con lo que flaco servicio le ha hecho a esa causa que dice preocuparle tanto. No obstante, estoy convencido de que quienes, por las razones que sean, están dispuestos a comulgar con las ruedas de molino del independentismo catalán se lo agradecerán como se merece.

Puigdemont, una causa sin rebelde

Nones, dice el Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) que Puigdemont no es un rebelde con causa sino que la suya es una causa sin rebelde. Los jueces alemanes han sopesado y medido con mucho detenimiento el asunto y han fallado que en el procès soberanista "no hubo la cantidad suficiente de violencia" como para considerar que el fugado ex presidente catalán sea un rebelde porque España le ha hecho así. Lo más, dicen los magistrados teutones, es una malversación de caudales públicos por organizar y llevar a la práctica aquella fiesta de la democracia que fue el referéndum del 1-O. Para mi satisfacción descubro una vez más todo lo que se puede aprender fijándose en el significado de ciertas palabras colocadas en determinados contextos. Me maravillo de que los jueces alemanes hablen de "cantidad de violencia" para justificar jurídicamente su decisión.

¿Cuánta hace falta para que algo sea o no sea una rebelión? ¿un kilo? ¿tres y medio? ¿cinco toneladas? No lo aclara el auto, por desgracia. Claro que no soy experto en el sistema judicial alemán y puede que allí se tipifique la rebelión al peso, como las salchichas y la cerveza. También puede haber ocurrido que el traductor no entendiera bien y en donde pone "cantidad de violencia " quiere decir "intensidad", que es de lo que habla el juez Llarena en su euroorden. En fin, lo cierto es que Puigdemont ya no será juzgado en España por rebelión y veremos si lo será por malversación. Llarena se está planteando ahora retirar la euroorden contra Pauigdemont habida cuenta de que no sirve de mucho. Ello condenaría al expresidente a vagar por el espacio exterior a España, incluida Cataluña, en donde sería detenido en cuenta pusiera un pie. Pedro Sánchez está convencido de que Puigdemont se sentará en un banquillo de acusados en España, aunque no estaría yo tan seguro. Para empezar gobierna a través de Torra y para continuar, ahora que vuelve el diálogo y la política en las relaciones con Cataluña, una rebaja de la calificación del presunto delito de malversacion podría obrar milagros.

El País

Lo que me pregunto es qué pensarán desde ayer sus colaboradores que, como hizo él, no salieron por pies y cargan sobre sus hombros la acusación de rebeldes y malversadores. Sospecho que se deben haber arrepentido unas cuantas veces de  no haberse fugado con él: hoy están entre rejas, mientras el jefe del procés pasea por Berlín y se saca fotos ante el Bundestag. A la espera de lo que decida Llarena, sí podría Pedro Sánchez ir pensando en lo que quiere hacer con la euroorden. Si al juez de un país miembro de la UE - democrático con todas las de la ley - los jueces de otro país miembro - tan democrático como el anterior - le pueden enmendar la plana sin conocer de cerca el caso ni haber valorado a fondo las pruebas, la tal euroorden - que debe basarse en la confianza mutua en el sistema judicial de los países comunitarios - no sirve de gran cosa. 

Doctores tiene el Derecho y muchos coinciden en que no era ni es competencia de los jueces alemanes entrar en el fondo del asunto: su función era solo comprobar si el delito de rebelión por el que se reclama a Puigdemont en España tiene equivalencia en la legislación alemana y lo cierto es que la tiene: alta traición. Sin embargo, los magistrados de un país en el que los partidos independentistas son ilegales, entienden que Puigdemont debió al menos haber sacado los tanques a las calles de Cataluña el 1-O para que se le pueda considerar un rebelde con causa.

Cataluña: vuelve la política

No tengo muchas dudas de que Torra y Sánchez hablaron ayer de muchos más asuntos de los que se contaron al final del encuentro de casi tres horas en La Moncloa. Teniendo en cuenta que hacía dos años que un presidente del Gobierno de todos los españoles no se sentaba con uno de todos los catalanes, no se le puede achacar a ninguno falta de generosidad con el reloj. En cualquier caso, si en el dilatado encuentro se acordó algo de lo que no se ha informado, tampoco me preocupa en exceso: creo que terminaremos enterándonos más pronto o más tarde. Prefiero ocuparme de lo que sé, más que de lo que se podría intuir. Y lo que sé y saben todos los españoles es que, el solo hecho de hablar, ha escocido como la sal y el vinagre en la derecha mediática y en la oposición a Sánchez, además de en los radicales de la CUP. Ladran, luego cabalgamos, podríamos decir. Leer hoy algunos titulares y escuchar a algunos líderes, es la prueba del algodón de que contra Cataluña vivían mejor que en una situación en la que todo no es tan negro o tan blanco como con el Gobierno del PP.

Por eso, escuchar a Albert Rivera decir que si por él fuera nunca habría recibido a Torra en La Moncloa, plantea serias dudas sobre la utilidad democrática de su partido. Es cierto que el presidente catalán no es precisamente el adalid del orden constitucional y que su pasado de activista supremacista y xenófobo revela más de sus ideas que todo cuanto él pueda decir. Pero es - guste más o menos - el presidente legítimo de Cataluña y, como se suele decir, con esos bueyes hay que arar. Que todo un líder político como Rivera, aspirante con fundamento a presidir el gobierno del país, rechace la vía del diálogo en política refleja un pensamiento que cuestiona la esencia del sistema democrático: diálogo incluso con quienes más alejados puedan estar de tus puntos de vista. En su favor únicamente cabe aducir que tiene al menos el valor de decirlo públicamente, no como Rajoy, que practicó la ausencia de diálogo con Cataluña durante años aunque jamás lo reconoció ni lo reconocerá.

Foto: El Español

Tal vez si Rajoy hubiera hablado más y hubiera fiado menos la solución del problema a jueces y a fiscales, la reunión de ayer hubiera estado rodeada de mucho menos dramatismo político. Porque, al fin y al cabo, lo extraño no es que el presidente del Gobierno español y el de una comunidad autónoma se sienten literalmente a hablar de todo; lo que constituye una verdadera anomalía democrática en un país como España es que no lo hubieran hecho desde hacía dos años. Dicho lo anterior, lo más positivo del largo encuentro es que Torra y Sánchez no se han despedido con un portazo sino con el compromiso de volverse a ver en unos meses. El primero ha cumplido con el guión previsto reivindicando el derecho a la autodeterminación que solo está en su cabeza y en las de los independentistas y el Gobierno ha trazado ahí la línea roja, como era su obligación y su deber.

No obstante, ha extendido la mano para resolver cuestiones atascadas entre ambas administraciones y que pueden ser abordadas en el marco constitucional al que nos debemos todos. Ahora, y después de tantos gestos por parte de Sánchez, falta saber si Torra y los suyos hacen alguno que no sea el de sostenella y no enmendalla. No me hago ilusiones de ningún tipo y más bien creo que no desaprovecharán la primera oportunidad que se les presente para seguir adelante con los faroles. Si tal cosa ocurriera - nada improbable - el Gobierno sigue teniendo la opción de la Justicia sin que ello implique cerrar de nuevo la puerta del diálogo, con lo que la pelota sigue en el tejado independentista.

El tiempo y los hechos lo dirán aunque, mientras eso ocurre,  no debería olvidar Sánchez que gobierna para todos los españoles y no solo para los que viven en Cataluña. El catalán es un asunto de una extraordinaria dificultad pero no puede copar al completo la agenda del presidente. Tampoco puede llevar a Sánchez a conceder ventajas económicas y políticas a una comunidad para calmar a sus levantiscos dirigentes en detrimento de las demás, ni relegar los problemas y las carencias de estas a un segundo plano en su orden de prioridades. Mal negocio sería para Sánchez y sobre todo para el país que, intentando apagar un incendio, se provoquen nuevos focos de descontento y agravio comparativo en otros territorios. Dicho lo cual, bienvenida sea la vuelta de la política siempre que su fin sea resolver los problemas de los ciudadanos: esa es su función y de ella deberán responder los políticos ante esos mismos ciudadanos.

Sin salida para Cataluña

Que levanten la mano quienes respiraron aliviados porque con la designación a dedo de Quim Torra como presidente catalán nos íbamos a librar una temporada del monotema; que se manifiesten quienes pensaron que Torra traería por fin un poco de normalidad política, recuperaría las instituciones catalanas de autogobierno y conseguiría que acabara la aplicación del 155. Supongo que solo los ingenuos y los bienpensados supusieron una cosa así. Los tuits y otras excrecencias literarias del ungido presidente por Puigdemont alertaron desde primera hora de que el personaje no venía precisamente a normalizar nada sino a mantener la anormalidad y a exacerbarla cuanto más mejor. 

En realidad no hace sino lo que le ordenó el Ausente, mantener el pulso con el Estado así perezca el mundo mientras los problemas de los catalanes siguen esperando que alguien tenga un día el detalle de acordarse de ellos. Y eso es lo que está haciendo el racista Torra a pedir de boca: primero fue su singular toma de posesión ignorando la Constitución y, a renglón seguido, nombrando consejeros de su gobierno a dos presos y a dos fugados. Rajoy, que en todo este interminable asunto ha actuado siempre a la defensiva y a rebufo de los independentistas, se ha visto obligado a frenar la publicación oficial de los nombramientos y mantener la aplicación del 155. La decisión es cuando menos discutible jurídicamente toda vez que los consejeros nombrados por Torra mantienen intactos sus derechos políticos. Cosa distinta es que se pueda dirigir una consejería de lo que sea desde Estremera o desde Bruselas. No sabemos cuál será ahora el siguiente movimiento de los independentistas pero pueden apostar lo que quieran a que tampoco será normal desde el punto de vista constitucional. 

Foto: elEconomista.es

Lo que como ciudadano de este país me pregunto desde hace meses es adónde nos lleva todo esto. Supongo que no soy el único que se hace esa pregunta y que millones más de españoles querrían saber también cuál es la salida a esta situación. El drama es que quien se supone que debería tener alguna estrategia u hoja de ruta no parece tener nada por el estilo. El Gobierno de Rajoy es un zombie político con respiración asistida: toda su estrategia pasa por sacar adelante los presupuestos y garantizarse la continuidad en el poder dos años más. Con respecto a Cataluña la única estrategia es continuar recurriendo a los jueces cada vez que los independentistas hacen de las suyas. No creo que fuera a eso a lo que se refirió Ortega y Gasset cuando dijo que la única solución al problema catalán era la "conllevanza". La "conllevanza" sería convivir y entenderse en un marco de normas aceptadas por todos a pesar de las diferencias, pero no mantener un pulso permanente en torno a la legalidad democrática como pretende una de las partes. 

A la vulneración de la legalidad es evidente que se debe responder con la ley pero no solo con la ley. Sobre todo si tenemos en cuenta que la respuesta legal puede ser enmendada en Europa como ha ocurrido ya dos veces en Alemania y en Bélgica y puede ocurrir próximamente en Gran Bretaña. Sin iniciativa ni respuesta política en el interior y sin relato que contrarreste al de los independentistas en el exterior, en donde se pasean sin complejos por media Europa, el Gobierno de Rajoy se limita a hacer lo único que cree que sabe: acudir a los jueces y esperar a que el soufflé independentista se desinfle solo. La pregunta que inquieta y para la que no hay respuesta ni se le espera es cuánto tiempo tendrá que pasar para que Rajoy comprenda que solo con lo primero no basta y que lo segundo no va a ocurrir en ningún caso.        

Zaplana, enésimo caso aislado de corrupción

Con lo engrasada que debe estar ante este tipo de casos, me apuesto algo a que la maquinaria del PP ya tiene listo el argumentario que sus líderes y cargos públicos deben utilizar cuando le pregunten por la detención hoy de Eduardo Zaplana. Basta repasar cuáles han sido las explicaciones ante otros casos similares para imaginar que en este no será muy diferente. La recomendación podría empezar con una apelación a la tranquilidad para no decir incoveniencias políticas de las que después cueste arrepentirse. A partir de ahí lo único que hay que hacer es repetir sin descanso que el de Zaplana es solo un caso aislado de corrupción en las filas del PP. Hay que negar la mayor y bajo ninguna circunstancia admitir que el partido está podrido hasta las raíces, por lo que sería más saludable políticamente hablando disolverlo y refundarlo con  otros dirigentes que se tomen en serio la lucha contra el trinque organizado. Hay que subrayar siempre que el PP es un partido serio y honrado, con una trayectoria ejemplar de servicios a la democracia que no puede empañar algún desafortunado episodio esporádico de corrupción. 

No hay que hacer distingos sino tratar a todos los casos aislados por el mismo rasero: da igual que los protagonistas se apelliden Zaplana, Camps, Costa, Bárcenas, Cifuentes, González, Granados, Cotino, Mato, Rato, Gallardón o Aguirre. Como algunos de ellos han caído en desgracia y otros han sido suspendidos de militancia o expulsados, a todos ellos hay que referirse siempre como "el señor" o "la señora de la que usted me habla" ya no es cargo público o ya no forma parte del PP, lo que corresponda. Conviene también insistir hasta el aburrimiento en que el PP es el partido que más medidas ha impulsado para luchar contra la corrupción y que los demás partidos no pueden decir lo mismo. Si se tercia es muy importante desviar la atención hacia los casos de corrupción en otros partidos - el de los ERE de Andalucía es todo un clásico - para conseguir aliviar la presión. Disolver y esparcir la porquería en todas las direcciones como hace el calamar con su tinta es una vieja táctica que siempre ha dado buenos resultados: impide ver el detalle y abona la idea de que si todos en conjunto son igualmente responsables nadie lo es de manera individual. 

Foto: El Confidencial

La idea principal de la autodefensa es desvincular la corrupción de la militancia política: si Zaplana y los otros cometieron delito lo hicieron a título particular y no porque militaran en el PP o representarán a este partido en las instituciones. En consecuencia, el partido lo único que puede hacer es respetar la presunción de inocencia y confiar en la justicia. Esto es aplicable a cualquier cargo público incluso en pleno ejercicio de sus funciones como el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, al que también acaban de imputar por prevaricación y malversación: que sea nada menos que el número dos de Montoro no cambia las cosas ni tiene porque suponer la petición de que dimita. "Sé fuerte, José Enrique", sería en todo caso el mensaje que correspondería en este caso. 

Así pues, que nadie ose subir el tono y salir en los medios diciendo que ya no soporta el hedor y que abandona. No hay que perder de vista que lo de Zaplana, por muy expresidente autonómico, exministro y exportavoz popular que fuera, dejará de ser noticia en unos días y todo volverá a la normalidad como ha ocurrido con todos los casos anteriores. Y por el coste electoral tampoco hay que preocuparse demasiado: si Ciudadanos le da al PP un repaso por la derecha no será tanto por la corrupción como porque a Rajoy se le está atragantando Cataluña mucho más de lo previsto. Por peores casos aislados de corrupción ha pasado y ahí lo tienen, gobernando más por incomparecencia de la oposición que por méritos propios, pero gobernando que es lo que importa.