Canarias y el drama de los servicios sociales

Que Canarias, la comunidad autónoma con los peores datos de riesgo de exclusión y pobreza severa, tenga también los servicios sociales más ineficientes es un drama que debería avergonzar a los poderes públicos. No es posible avanzar si quedan atrás 150.000 personas en situación de pobreza severa y casi 800.000 en riesgo de exclusión social, unas cifras terribles que se han disparado con la pandemia y con las que la sociedad insular y las instituciones públicas parece que se han acostumbrado a convivir. Hemos terminado por normalizar una bomba de relojería social que se está cronificando sin que los responsables políticos se muestren capaces de desactivarla. A lo que asistimos en cambio es a un permanente ejercicio de esquivar el bulto y culpar al lucero del alba para intentar justificar lo injustificable: que en contra de lo prometido solemnemente no solo no hay recursos suficientes sino que faltan ante todo planificación, gestión y liderazgo.

EFE

Soplar y sorber: oposición y gobierno a la vez

Ya es tan frecuente como insultante que la responsable autonómica de los servicios sociales actúe como si fuera aún la portavoz de Podemos en la oposición al Gobierno de Canarias. Dos años después de llegar a la consejería, Noemi Santana no deja pasar ocasión de culpar a la herencia recibida, al Gobierno central del que también forma parte su partido o a los funcionarios de su propio departamento porque supuestamente son de CC, de ser los que han llevado los servicios sociales autonómicos a jugar un papel irrelevante para las personas que más los necesitan y cuando más lo necesitan, según el diagnóstico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

La palabra "autocrítica" no está en su vocabulario, pero se permite lanzar un órdago que ella y todos los ciudadanos sabemos por desgracia que es muy poco probable que cumpla porque solo es otra pose para su parroquia electoral: abandonar el Gobierno autonómico si no recibe los recursos que lleva pidiendo desde el inicio de la legislatura. Aún teniendo parte de razón, a cualquiera se le ocurre que, además de reclamar recursos, hay que pasar de los eslóganes políticos a los hechos y probar que se tiene capacidad para gestionarlos con eficiencia y capitanear un cambio radical de tendencia en la atención que necesitan las personas dependientes o las que se encuentran en situación de pobreza o exclusión.

"Lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de las cifras"

Sin desdeñar los efectos económicos y sociales de la pandemia, estos no pueden ser la coartada perfecta para justificar la penosa situación. A fecha de hoy, lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de unas cifras que, es cierto, ya eran malas cuando Santana llegó a la consejería pero que han empeorado bajo su dirección. Sirvan como botones de muestra que se tarda más de un año en resolver las pensiones no contributivas y más de dos las de invalidez; las reclamaciones y revisiones de nóminas tardan más de un año, hay unos 1.300 expedientes de PCI esperando renovación y otros 1.000 aguardan tramitación; casi dos años hay que esperar por una cita para discapacidad y más de uno en el caso de los menores. En atención a la dependencia la situación es aún más dramática: solo se atiende al 6% de la población que potencialmente debería recibir una prestación o un servicio que puede tardar hasta 3 años en llegar, según el Diputado del Común. Esto conduce irremisiblemente a que miles de dependientes fallezcan todos los años en Canarias esperando a que concluya el calvario burocrático.  

Ni planificación ni gestión ni liderazgo

La frialdad de esos datos revela en buena medida la falta de planificación y liderazgo de una consejera que impulsó desde la oposición la reprobación de su antecesora y la acusó de sembrar el caos. Sin embargo, que en 2020, en pleno año de pandemia, dejara sin gastar 66 millones de euros habla a las claras de su incapacidad para gestionar los recursos públicos. Cabe preguntarse para qué pide más fondos si no es capaz de ejecutar primero los que tiene asignados. Según los trabajadores sociales, hemos atravesado el ecuador de la legislatura sin planificación y sin reducir la burocracia ni mejorar los sistemas de trabajo. Dos años ha demorado Santana en preparar un decreto con el catálogo de servicios previsto en la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2019 después de meses de tramitación. Las organizaciones sociales, que ya han perdido la confianza en la consejera, han calificado el decreto de "restrictivo, vacío de contenido y con vicios" y han pedido al presidente autonómico que intervenga ante la incapacidad de Santana para cumplir lo establecido en la ley. 

"Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención es una falta de respeto"

Como plantean los directores y gerentes de servicios sociales, Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de esos servicios que se ha agravado en esta legislatura. Además de reactivar la economía como el mejor de los servicios sociales para reducir el paro y la pobreza, urge un gran pacto entre el Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos para evitar solapamientos e impulsar unos servicios que no están actuando con la premura y la agilidad que requiere una situación social que, lejos de mejorar, seguramente se agravará aunque pase lo peor de la pandemia. Pero tan urgente como eso es que la persona que debe liderar ese acuerdo comprenda al fin que ya no es la portavoz de Podemos en la oposición, sino la cabeza visible de una consejería pocas veces tan necesaria como ahora. 

Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención sobre la propia ineficacia es una falta de respeto a los ciudadanos en general y, en particular, a quienes esperan de ella algo más que tinta de calamar y cortinas de humo. Frente a eso solo hay una alternativa, tener la valentía de dimitir en lugar de amagar con hacerlo o que el presidente Torres, sobre el que en última instancia recae la responsabilidad de haber elegido a la señora Santana para un cargo que parece venirle muy grande, le agradezca los servicios prestados y la sustituya al frente de la consejería. Como hasta ahora no se puede continuar. 

Populismo, una palabra de goma

Los términos "populismo" y "populista" ya forman parte del vocabulario político habitual, aunque el abuso con el que se emplean en situaciones políticas diversas no ayuda a diferenciar entre lo que es y lo que no es "populismo". Se escucha que el "populismo" puede ser de izquierdas o de derechas pero, si nos preguntaran, tendríamos dificultades para definir con precisión los puntos comunes y las divergencias. Su iliberalismo lo convierte además en un riesgo para la democracia, aunque no abundan las propuestas democráticas que permitan neutralizarlo, tal vez porque ha terminado contaminando a otras opciones políticas tradicionales. De todos estos aspectos relacionados con el populismo, así como de sus características, de su historia y de su crítica trata "El siglo del populismo", (Galaxia Gutenberg, 2020), un libro imprescindible para entender una opción política más complejo de lo que parece. Su autor es Pierre Rosanvallon, catedrático del Collège de France y politólogo de larga y reconocida trayectoria en el estudio de los sistemas democráticos. 

Rosanvallon califica el populismo de "palabra de goma" que alude a una "forma límite del proyecto democrático". La definición es tan amplia como insuficiente para entender un fenómeno político que se remonta al siglo XIX y a lugares tan distintos y distantes como la Rusia zarista o los Estados Unidos posterior a la expansión del ferrocarril. Después de una influencia intermitente en el XIX y en el XX, en el XXI ha irrumpido con renovada fuerza en las desencantadas democracias liberales azotadas por crisis sucesivas, contaminando incluso a otros proyectos políticos de izquierdas y de derechas. Según Rosanvallon "en el mundo reina una atmósfera de populismo", que él llama "populismo difuso". Así, "surgen de la nada personalidades vírgenes políticamente" mucho más atractivas que los distantes programas políticos desacreditados después de tantas mentiras y traiciones. A todos seguro que se nos vienen a la mente varios nombres de personalidades como las descritas por el autor, sin ir más  lejos el recién elegido presidente de Perú Pedro Castillo.

Democracia directa, polarización  y emociones: un cóctel explosivo

El sujeto político del populismo es el "pueblo", un concepto también vago y difuso que ocupa el puesto reservado en el marxismo a la clase obrera. La visión de la sociedad se vuelve transversal y las clases sociales que la estructuraban se sustituyen por "identidades". Se conforma así el "pueblo doliente", el "pueblo-sufriente", el "pueblo-relegado" o el "pueblo-virtuoso", siempre unánime e infalible y enfrentado a "la casta", al "neoliberalismo" o a la "oligarquía". El populismo aboga por la democracia directa y por el referéndum como la expresión más perfecta de la voluntad del "pueblo", supuestamente sojuzgada por la democracia representativa. No puede haber movimiento populista sin "hombre-pueblo" que lo encarne y guíe desde la cúspide de un poder de estructura jerárquica. Las semejanzas con el fascismo saltan a la vista en movimientos como el peronismo, cuyo líder Juan Domingo Perón gustaba decir que "vivía entre el pueblo"; más próximos a nosotros Pablo Iglesias o Santiago Abascal en España, Melenchon y Le Pen en Francia, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Putin en Rusia o Trump en Estados Unidos serían solo algunos ejemplos del hombre-pueblo populista en diferente grado y de diferente signo.

"La visión de la sociedad ya no es vertical sino transversal y las clases sociales se sustituyen por identidades"

La polarización social es otra nota característica del populismo. Aquí desempeñan un papel crucial las redes, empleadas para estigmatizar a los rivales y a los medios de comunicación o deslegitimar a los organismos intermedios y a otros poderes del estado como el judicial o los tribunales constitucionales, la imparcialidad de cuyos miembros se cuestiona por no haber sido elegidos en las urnas. Los ataques de Podemos al Constitucional español tras la reciente decisión sobre el estado de alarma es un ejemplo claro de esa polarización. Exacerbar las pasiones y las emociones está en el ADN populista, expresando resentimiento y desconfianza ante la democracia y sus instituciones, recreándose en visiones conspiratorias de los hechos y cultivando lo que el autor llama "la moral del asco", que prescinde de la argumentación y achica al máximo los espacios para el diálogo y el acuerdo. 

El riesgo de la "democradura"

Rosanvallon distingue entre movimiento y regímenes populistas. En Latinoamérica abundan más los gobiernos populistas de izquierdas (Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México) que los de derechas (Fujimori, Bolsonaro); mientras, en Europa y en Estados Unidos predominan los de derechas (Hungría, Polonia, Trump, etc.). Los puntos de contacto son la misma apelación al "pueblo", el mismo iliberalismo y la misma desconfianza hacia la democracia, sus instituciones o los medios de comunicación. Las grandes diferencias estriban de momento en asuntos como la respuesta a la inmigración y a los refugiados, si bien Rosanvallon advierte de que esa brecha podría empezar a debilitarse si el discurso xenófobo de la derecha terminara calando socialmente. Para el autor, una democracia polarizada como la que impulsa el populismo corre el riesgo de derivar en "democradura", un término acuñado en Francia que define un "régimen político que combina las apariencias democráticas con un ejercicio autoritario del poder". 

"No se trata de exaltar a un pueblo imaginario, sino de construir una sociedad democrática"

Rosanvallon realiza una profunda crítica del referéndum y sus implicaciones y riesgos democráticos, aludiendo a casos como el brexit. En su opinión, "lo que se necesita para superar el desencanto democrático contemporáneo es una democracia más permanente. Una democracia interactiva en la que poder ser realmente responsable, que rinda cuentas más a menudo, que permita evaluar su acción a instituciones independientes". El autor define el pueblo como "una realidad cambiante y problemática, como un sujeto a construir y no como un hecho social dotado ya de plena consistencia". Y añade que "no se trata de exaltar a un pueblo imaginario, sino de construir una sociedad democrática fundada en principios aceptados de justicia distributiva y redistributiva, una visión común de lo que significa forjar una sociedad de iguales". 

El libro concluye ofreciendo una alternativa superadora tanto del populismo como del innegable desencanto democrático: "Así como la crítica populista del mundo tal como es, refleja el desasosiego, la ira y las impaciencias de un número creciente de habitantes del planeta, los proyectos y propuesta que tal crítica conlleva parecen simultáneamente reductores, problemáticos y hasta temibles". Sin embargo, para Rosanvallon "la alternativa no puede consistir en limitarse a defender el orden de cosas existente" sino en "ampliar la democracia para darle cuerpo, multiplicar sus modos de expresión, procedimientos e instituciones" más allá del simple ejercicio del voto. Dicho en otros términos, la mejor manera de abordar el desencanto ante la democracia no es erosionándola aún más y deslegitimando sus instituciones, sino mejorándola con más y mejor democracia. Como sentencia Rosanvallon, "la democracia es, por naturaleza, experimental".  

Más enjuagues con el REF

Está muy contento el presidente canario porque dice haber alcanzado con su compañera de partido, y sin embargo ministra de Hacienda, un "principio de acuerdo que resolverá para siempre" el lío del REF y los rodajes en las islas. Olvida Ángel Víctor Torres que "para siempre" solo es la muerte y todo lo demás, sobre todo la política, está sujeto irremediablemente a las contingencias de este valle de lágrimas. El gozoso "principio de acuerdo" del que alardea consiste en que la ministra causante del mal causado, se compromete ahora a resolver "antes de fin de año" que las productoras que rueden en Canarias se beneficiarán de la bonificación fiscal del 80% consagrada en el REF. Montero, que ha demostrado que si se lo propone puede usar el fuero canario a modo de peineta, no ha dado garantía alguna de cumplimiento ni ha explicado cómo lo hará. Pero a Torres, que cree en las promesas del Gobierno central con la misma firmeza de quien cree en la Santísima Trinidad, la inconsistencia del compromiso ministerial no le inquieta. 

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El error de renunciar al Constitucional

Tanto es así que incluso no oculta su ansiedad por renunciar a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, no se vaya a enfadar Montero y no resuelva el problema "para siempre". Menos mal que su propio grupo político en el Parlamento canario, junto al resto de los de la cámara autonómica, sí mantiene viva la posibilidad del recurso, máxime después del ninguneo de Hacienda, que ni se molestó en solicitar el preceptivo informe de la Cámara legislativa canaria. Torres, en cambio, en su mal disimulado deseo de no causarle quebraderos de cabeza a la ministra, ni siquiera se atreve a urgir la reunión de la Comisión Bilateral Canarias - Estado para intentar zanjar el asunto. Su obsesión es conseguir un acuerdo "político" por todos los medios para no verse obligado a poner mala cara en la Comisión Bilateral o tener que llevar al gobierno de su propio partido al Constitucional por vulnerar el fuero canario. 

"No debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial"

Alega que podría perder, lo que equivale a reconocer que no cree mucho en la justicia de su propia demanda; implica también renunciar a un derecho reconocido a cambio de una promesa inconcreta, perder una baza negociadora y ponerle las cosas aún más fáciles a la ministra para que vuelva a hacer de su capa un sayo. Cierto es que a veces vale más un mal acuerdo que un buen pleito y el riesgo de recibir un nuevo vainazo judicial añadido a los del TSJC por la pandemia no es descabellado. Sin embargo, no debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial para saber si lo de Montero va en serio o es una nueva patada hacia adelante de un problema que ella misma ha creado. En todo caso, los recursos ante el Constitucional una vez presentados también se pueden retirar si hay acuerdo entre las partes.

Montero no ha reconocido el error, solo ha ganado tiempo

Cabe recordar que la Abogacía del Estado asegura que no ha habido vulneración del REF. Así que, por mucho que Torres se felicite del "principio de acuerdo", no termino de ver a la ministra cambiando radicalmente de opinión sobre un asunto en el que entiende tener la ley de su parte. Es más, si realmente hubiera reconocido que metió la pata, la pudo haber sacado sin demora corrigiendo el desafuero del REF en el decreto ley de medidas urgentes de fiscalidad energética que el Congreso convalidó el miércoles. No lo hizo, lo cual es motivo suficiente para desconfiar de su sinceridad. Contra la convalidación de esa norma votó el único diputado de Nueva Canarias, la segunda parte contratante de las cuatro que integran el Pacto de las Flores y que parece un poco menos crédula que Torres. 

"Todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra"

Avisan los de Román Rodríguez que si la ministra no envía alguna señal inequívoca de que no está mareando la perdiz, su diputado nacional no apoyará los Presupuestos del Estado. No sé hasta qué punto es firme esa posición y dudo mucho de que la advertencia ponga nerviosa a Montero, que me la imagino mucho más preocupada por los votos de Ezquerra Republicana y el PNV que por el del tronante Pedro Quevedo. En cualquier caso, es una postura menos entreguista que la de Torres, aunque me temo que tampoco serviría de mucho para evitar que Montero se vuelva a poner si lo desea el REF por montera. Por desgracia para Canarias, todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra, pero tratándose de estas islas todo son regateos, excusas y vuelva usted mañana.

El asunto tiene ya tintes de enredo de los hermanos Marx y más que se va a enredar cuando la negociación de los Presupuestos estatales y las partidas a las que aspira Canarias, se entremezcle y confunda con la del diferencial fiscal para el cine. Al final, entre unos y otros terminarán convirtiendo el fuero canario, que debería ser intocable al estar reconocido en el Estatuto y en la Constitución, en un enjuague político de ofertas y contraofertas en torno a unos Presupuestos que incluso puede que no salgan adelante y haya que prorrogar los actuales. Ahora bien, si Torres dice que Montero resolverá este problema "para siempre" y "antes de fin de año", quién soy yo para aguarle la fiesta dudando de la fe del carbonero que profesa el presidente canario. 

Historia sin adjetivos

Condensar con rigor y amenidad tres milenios de historia de España en poco más de cuatrocientas páginas no está al alcance de todos los historiadores. Afrontar una tarea de esa magnitud requiere una aquilatada trayectoria de servicios a la Historia y tener bien pensado desde dónde se quiere partir, los estaciones por las que hay que pasar y adónde se quiere llegar. Antonio Domínguez Ortiz, fallecido en 2003 a los 93 años después de una larga y fructífera carrera que dejó un legado de casi cuarenta libros y unos 400 artículos, atesoraba con creces esas virtudes. Esto hace de "España. Tres milenios de historia" (Marcial Pons, 2007), publicado por primera vez dos años antes de su muerte y que va ya por cerca de la veintena de reimpresiones, un libro riguroso a la par que sugerente que supone el reencuentro con la Historia sin apriorismos.

En busca de la idea de España

El hispanista británico John Elliott escribe en el prólogo que Domínguez Ortiz nunca perteneció a ninguna escuela histórica, aunque siguió con interés los cambios historiográficos. Tal vez no haya mayor elogio de alguien que concibió la investigación histórica alejada de corsés como el único camino para entender el pasado y comprender el presente sin sesgos deformadores. De ahí que sea imposible encasillar su trabajo con las etiquetas al uso y que la suya merezca por derecho propio ser considerada Historia sin adjetivos. Ese conocimiento riguroso del pasado es el que Domínguez Ortiz reivindica en el escueto prólogo, en el que se lamenta del tratamiento de la Historia en los planes de enseñanza y critica lo que llama obsesión por el "sociologismo" en la historia contemporánea española. 

Un hilo conductor recorre el denso resumen de esos tres milenios desde la época tartésica a la Transición de 1978. Desde el inicio Domínguez Ortiz se esfuerza en encontrar los  factores históricos que han moldeado la idea de España como nación, un concepto aún en discusión. Así, al hablar de la romanización escribe que "fue un hecho decisivo en nuestra historia; está en la base de la existencia de España como unidad nacional". Tras la romanización, la conquista musulmana y la respuesta de los reinos cristianos representa un proceso tan largo como rico en consecuencias de todo tipo para la idea de España como nación, que Domínguez Ortiz ya ve prefigurada en el oscuro periodo visigodo con la conversión de los arrianos al catolicismo. Sin embargo, para el autor "la gran debilidad de al-Ándalus (...) fue su incapacidad de consolidar un modelo territorial que aunara la unidad de Hispania con su diversidad". 

"Domínguez Ortiz se esfuerza en encontrar los factores históricos que han moldeado la idea de España como nación"

El avance de los reinos cristianos debilitó a los musulmanes, sumidos en disputas internas, y fortaleció a Castilla como actor principal de la situación tras la victoria sobre los musulmanes. En ese contexto Domínguez Ortiz subraya con precisión que el matrimonio de Fernando e Isabel fue una unión personal y no la de Aragón y Castilla, como se suele creer incorrectamente. Es esta una época de grandes acontecimientos históricos, unos afortunados y otros lamentables: entre los primeros la llegada de Colón a lo que nunca creyó fuera un nuevo continente, y entre los segundos la expulsión de los judíos y la Inquisición de infausto recuerdo. En este contexto Domínguez Ortiz se refiere a la trascendencia histórica del descubrimiento y recuerda las leyes de la Corona en defensa de los indios, si bien subraya que no siempre se respetaron. 

Auge y decadencia

La expansión española alcanzó su cénit con Carlos I y Felipe II, tras los cuales accedieron al trono Felipe III y Felipe IV, muy alejados en todos los sentidos de sus antecesores. El siglo XVII quedó marcado por la injusta expulsión de los moriscos y el ascenso de  validos como Lerma y Olivares, virreyes de facto ante la incompetencia o la inhibición de los titulares del trono. La pérdida de Portugal en 1680, las pestes y las malas cosechas terminaron de malograr un siglo XVII funesto. De las colonias recibía España riquezas sin cuento, que en gran medida se dilapidaron en guerras inútiles para sostener una política exterior más orientada a perpetuar la imagen de la monarquía que a fortalecer la posición en Europa. 

El XVIII no fue mejor, con una guerra de Sucesión que terminó con la llegada de los Borbones al trono de España a través de Felipe V, un rey que nuestro autor tilda de "mediocre". Francia e Inglaterra eran cada vez más fuertes y España más débil: en la paz de Utrech se perdieron las posesiones en Flandes e Italia junto con Gibraltar y Menorca. En política interna se aprobaron los Decretos de Nueva Planta que abolieron los fueros catalanes, generando un agravio que aún hoy alimenta el secesionismo. El nacimiento del XIX fue un periodo crítico para el país: aunque la Ilustración tuvo escaso eco en España, el miedo a los efectos de la Revolución Francesa, la invasión napoleónica y la independencia de las colonias supusieron un nuevo hito en la historia española. Todo ello con una Hacienda pública casi en ruinas y una monarquía secuestrada en Francia y añorada en España por el absolutismo. 

"En la España decimonónica se aprecian ya los gérmenes de la descomposición de la sociedad estamental"

Fue el siglo de las constituciones efímeras con la de 1812 a la cabeza, de las "guerrillas", de los espadones y los pronunciamientos, de las desamortizaciones, del carlismo reaccionario, de los "afrancesados" y del "liberalismo", una palabra española llamada a tener mucha más fortuna fuera que dentro de España. En la comprimida descripción que hace Domínguez Ortiz de la España decimonónica se aprecian ya los gérmenes de la descomposición de la sociedad estamental, aunque su sustitución por una sociedad nueva tardará aún mucho en materializarse. El XIX trajo también la Primera República y la vuelta a la monarquía en un brevísimo periodo de tiempo. La Restauración fue la etapa del caciquismo, del amaño de las elecciones censitarias y masculinas y del turnismo de liberales y conservadores, dos partidos prácticamente indistinguibles entre sí. El siglo se despidió con la pérdida de las últimas colonias y una profunda crisis identitaria de la que dejaron testimonio doliente y pesimista los que con el tiempo llamaríamos intelectuales. 

Hacia un siglo XX de esperanzas frustradas

España enfiló el siglo XX sumida en el secular atraso económico y social que padecía respecto a una Europa que ya afilaba los cuchillos para la Gran Guerra. El país sacó provecho manteniéndose al margen aunque dividido entre aliadófilos y germanófilos. Pero los problemas económicos y sociales, largo tiempo ignorados, no hacían sino agravarse y surgieron las primeras luchas obreras al tiempo que se expandió el anarquismo terrorista con su cosecha de magnicidios. La huelga general de 1917, la Semana Trágica de Barcelona y el desastre de Annual contribuyeron a agravar la deteriorada situación social y política. El viejo sistema clientelar quebró con el golpe militar de Primo de Rivera en 1923 y la instauración de una dictadura ante la que Alfonso XIII respiró aliviado. La turbulenta II República, que llegó cargada de ilusiones pero que no tardó en sumirse en la división y el enfrentamiento, dio paso a otro golpe militar y a una cruenta guerra civil, seguida de una represora y larga dictadura a la que solo puso fin la muerte del dictador. La Transición del 78, estación final de este recorrido histórico, que algunos se permiten hoy denostar porque nunca han vivido bajo una dictadura, fue la puerta al periodo más largo de estabilidad política, social y económica que ha conocido España. 

Es el muy apretado esquema de un libro que es en sí mismo una visión condensada y crítica de tres mil años de historia en los que por fuerza ha habido avances y retrocesos como en cualquier otro lugar. Leyendo este libro con atención se concluye que España no es un exotismo histórico que haya que estudiar aisladamente del resto. Es, con sus luces y sus sombras, un viejo país dueño de una historia rica, compleja y apasionante, a veces trágica y sangrienta y a veces brillante y fructífera, moldeada a través de un sinfín de factores y circunstancias, que conviene conocer para no hacer juicios anacrónicos, precipitados o sesgados que nos lleven a creernos mejores o peores de lo que somos como pueblo y como nación. Como bien nos recuerda el propio autor, "por su carga ideológica la Historia siempre ha tenido la desgracia de ser utilizada como arma propagandística". El interminable debate sobre la memoria histórica de la Guerra Civil es un buen ejemplo de ese uso de la Historia. No hacer de esta ciencia un arma propagandística sino un vehículo de conocimiento y comprensión de nuestro pasado y nuestro presente es la gran aportación de Domínguez Ortiz y por eso es tan recomendable este libro. 

Alarma inconstitucional

Un gobierno que deliberadamente se salta la Constitución y vulnera los derechos fundamentales de cuarenta y siete millones de ciudadanos no es digno de continuar al frente de un país democrático. Si los españoles fuéramos menos condescendientes y mucho más exigentes con la clase política, ese gobierno ya habría dimitido y convocado elecciones. En España no pasará nada parecido porque gran parte de la sociedad dormita dopada por debates de campanario, lo que facilita que el Gobierno actúe con escaso o nulo respeto a las normas que son la garantía del estado de derecho. No debería la sociedad dejarse arrastrar al falso debate al que el Gobierno pretende desviar la atención tras el varapalo que le acaba de endosar el Tribunal Constitucional en relación con el primer estado de alarma por la pandemia. Como subraya el propio Constitucional, ni siquiera el interés general puede situarse por encima de los derechos fundamentales.

Reuters

Inconstitucionalidad por cálculo político

Lo que se debate no son las vidas que se salvaron gracias al estado de alarma, sino el empleo de una herramienta constitucional que no amparaba las restricciones de movilidad. Lo verdaderamente crucial es que las vidas salvadas serían las mismas si el instrumento elegido hubiera sido el estado de excepción. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar: a pesar de todas las advertencias sobre la inconstitucionalidad del decreto, el señor Sánchez y los suyos hicieron caso omiso por puro cálculo político. Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario, algo que no ocurría en cambio con el estado de excepción. En realidad, nada nuevo bajo el sol: este Gobierno, con un presidente alérgico al control parlamentario al frente, ha hecho bueno al señor Rajoy, al que Sánchez afeaba desde la oposición que gobernara a golpe de decreto, solo que en este caso él ha ido un paso más allá y ha lesionado derechos fundamentales sin pararse en barras. 

"Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario"

Las reacciones del Gobierno y su entorno no han hecho sino subrayar el desdén y el desprecio, cuando no la ignorancia, con los que este Ejecutivo se ha acostumbrado a tratar al resto de poderes e instituciones del Estado cuando sus decisiones le son desfavorables. El denominador es sostenella y no enmendalla, cuando no alegrarse por haber vulnerado la Constitución con el argumento falaz de haber "salvado vidas". Mención especial merecen las declaraciones de dirigentes y cargos públicos de Podemos cuestionando la decisión del Constitucional por la poderosa razón de que el resultado de la votación no fue unánime, como si la fuerza de la decisión fuera menor por ese motivo, y porque el recurso lo había presentado Vox, como si no fuera un partido legal que ejerció un derecho constitucional.  

Jueces malos, gobierno bueno

Ministras como Belarra parecen ignorar incluso que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial y que sus integrantes los nombran precisamente los partidos políticos. Pero con ser grave esa muestra de ignorancia, lo es mucho menos que el mal disimulado deseo de poner al Constitucional y al Poder Judicial al exclusivo servicio de los intereses del Gobierno. Viniendo de Podemos no extraña mucho a estas alturas la pulsión antidemocrática que suelen mostrar sus dirigentes y cargos públicos. Sí sorprende en cambio que se pueda deducir la misma intención de las palabras de una ministra que parecía ser una de las pocas voces equilibradas y sensatas del Gobierno.

Hablo de la magistrada y titular de Defensa Margarita Robles, que en unas declaraciones lamentables ha atacado a los magistrados del Constitucional por dedicarse según ella a "elucubrar sobre doctrinas" y carecer de "sentido de estado". Aparte del desprecio hacia el trabajo de sus compañeros jueces que destilan esas palabras, parece que lo que Robles deseaba era que el Constitucional le diera la razón al Gobierno y pasara por alto la vulneración de derechos. No menos lamentable ha sido el estreno de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, también magistrada, defendiendo a toro pasado la legalidad de un decreto que el Constitucional acababa de declarar parcialmente inconstitucional. Se trata de valoraciones muy desafortunadas que, aún así, palidecen ante las informaciones según las cuales el Gobierno presionó al Constitucional para que avalara su decisión. De ser ciertas estaríamos ante un comportamiento gravísimo, mucho más propio de un régimen autoritario de resonancias venezolanas que de una democracia.

"Que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de millones de ciudadanos no le quita el sueño"

Lo ocurrido con el estado de alarma ha sido un hito más en la carrera de Pedro Sánchez para gobernar al margen de las normas y las formas que son la esencia de un sistema democrático. Encima, el Tribunal Constitucional le ha puesto las cosas aún más fáciles al tardar más de un año en decidir sobre un asunto de la máxima trascendencia, que como tal requería una celeridad mucho mayor por tratarse de la constitucionalidad de una medida que cuestionaba derechos fundamentales. Pero no esperemos que a raíz de esta decisión del Constitucional las cosas cambien porque el Gobierno se lo empieza a pensar dos veces antes de ponerse por montera esos derechos: o se lo exige la sociedad en su conjunto o continuarán erosionando y desfigurando la democracia a mayor gloria de ese rey sol de la política española llamado Pedro Sánchez.  

Cuba: al pan, pan y a la dictadura, dictadura

Que a estas alturas del siglo XXI aún haya quien se niegue a admitir que en Cuba rige una dictadura de libro desde hace más de seis décadas, solo puede obedecer a dos razones, ignorancia o complicidad. En el caso del Gobierno español es evidente que no puede ser la primera razón: las contorsiones y evasivas de Sánchez y algunas de sus ministras para dar rodeos y no llamar a las cosas por su nombre producen sonrojo y vergüenza. Preocupa especialmente que ministras del gobierno de un país democrático como Belarra o Díaz, nieguen la existencia de una dictadura comunista en Cuba pero sean incapaces de explicar por qué. La prudencia por los intereses españoles en la isla no puede ser una coartada para cerrar los ojos ante la realidad o para la ambigüedad y la tibieza, ante un régimen que vulnera las libertades y derechos políticos de una ciudadanía cubana frustrada y hambrienta de pan y libertad.

Reuters

El embargo como excusa

La excusa ineludible de la paleoizquierda española es acusar de las penurias económicas del pueblo cubano al bloqueo de EE.UU. Para renegar del libre mercado capitalista es paradójico lo que les preocupa el bloqueo comercial, aunque seguramente no son conscientes de la contradicción. Efectivamente, desde 1960 existe un embargo o bloqueo comercial sobre Cuba que Donald Trump endureció a finales del año pasado restringiendo o prohibiendo los viajes y las remesas a la isla, entre otras medidas. En casi treinta ocasiones la ONU ha condenado esta persistente e infructuosa política norteamericana, siempre con el voto en contra de Estados Unidos e Israel. Solo una vez Estados Unidos se abstuvo y fue coincidiendo con el mandato de Obama y su fracasado intento de normalizar las relaciones económicas y políticas entre Washington y La Habana. 

"Los defensores de la dictadura pretenden que hablemos solo del bloqueo"

Lo anterior es tan cierto como que los problemas crónicos que arrastra la economía cubana no se pueden explicar por ese factor, sin negar por ello su influencia negativa en la situación actual del país. El verdadero problema está en Cuba y es el de un modelo económico que ha fracasado históricamente en donde se ha implantado, empezando por la extinta Unión Soviética. Esa incapacidad del sistema cubano, agravada después de la desaparición de la URSS y la crisis venezolana, se ha puesto de manifiesto con una mayor crudeza si cabe durante esta pandemia. Pero en realidad llueve sobre mojado desde hace mucho tiempo, aunque los defensores de la dictadura pretendan que hablemos solo del  "bloqueo" y olvidemos quién y cómo se gobierna en Cuba. 

Dictadura de libro

Vamos a recordarlo porque parece que esos defensores lo han olvidado. En Cuba gobierna en régimen de partido único desde hace seis décadas el Partido Comunista, con lo cual estaría todo dicho. Pero digamos también que las mal llamadas elecciones son una farsa controlada por el único partido autorizado, que se vulneran los derechos humanos, que los disidentes con la dictadura son encarcelados por sus ideas políticas y que no hay nada parecido a la libertad de asociación, prensa o expresión al margen del partido. Cualquier excusa es buena para enviar a la cárcel a los discrepantes que no pasen por el aro  del partido o anularlos civilmente de por vida. Con esa disidencia eludió encontrarse Sánchez durante su visita oficial a La Habana en noviembre de 2018, en donde sí mantuvo reuniones, entre otros, con Díaz - Canel. 

EFE

En el plano económico y social, la caída del turismo por la pandemia ha paralizado la principal actividad económica, mientras la sanidad, de la que siempre ha presumido la dictadura, hace aguas por todas partes: no hay vacunas suficientes ni medicamentos esenciales y, además, encontrar alimentos básicos es una odisea. Agobiado por la situación, el Gobierno cubano permite ahora a los viajeros llevar medicamentos, alimentos y productos de aseo sin restricciones arancelarias, lo que desmiente su discurso contra el bloqueo como el causante de todos los males del país. Todo esto ha generado un explosivo caldo de cultivo que ha rebosado estos días el vaso de la paciencia social. Lo ocurrido desde el domingo en Cuba no es una revuelta orquestada por la CIA y el "imperialismo", como pretende hacer creer Díaz - Canel al mundo,  es el estallido social de buena parte de una población que no está dispuesta a seguir transigiendo con décadas de privaciones materiales y políticas y que parece haber perdido el miedo a la represión.

"Hay que estar atentos a los militares como ocurre con toda dictadura que se precie"

La continuidad de las protestas depende ahora de varios factores, entre ellos la evolución de la pandemia y de que regresen los turistas, lo que podría calmar los ánimos hasta la siguiente crisis. La jóvenes, que no vivieron la Revolución y que solo han conocido miserias, serán también decisivos en la marcha de los acontecimientos. Dando por hecho que Estados Unidos no moverá ficha mientras La Habana no haga algún gesto de apertura y con un Díaz - Canel sin carisma y a la defensiva, hay que estar muy atentos a los militares, como corresponde a toda dictadura que se precie. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, capitaneadas durante casi medio siglo por Raúl Castro y que por ahora se mantienen en silencio dejando la represión en manos de la policía, son la verdadera clave de bóveda para determinar la continuidad o la caída del régimen castrista si las protestas van a más. Ante este panorama incierto, el máximo deseo de todo demócrata tiene que ser que los cubanos encuentren una salida pacífica y dialogada a una de las dictaduras más anacrónicas y longevas del planeta.

Sánchez devorando a sus hijos

Sufro de digestión lenta, de ahí que me haya llevado su tiempo digerir el pedazo de remodelación que ha hecho Pedro Sánchez de su gobierno que, a poco que se hubiera despistado, hasta se podía haber cesado a sí mismo. Lo cierto es que otra zapatiesta gubernamental de estas dimensiones no la recuerdo y, aunque el mismo día de conocerse ya había gente haciendo sesudos análisis en las ineludibles redes sociales, yo he preferido hacer como aquellos futbolistas que, antes de pasar a lo loco, bajaban la pelota y levantaban la vista. Y lo primero que veo sin esforzarme gran cosa es que, para el bienestar general de los españoles, esta megacrisis de gobierno a las puertas del verano surte el mismo efecto que rascarse la nariz para aliviar la tos.  

ULY MARTIN

Una remodelación a mayor gloria del remodelador

Esa es precisamente la falla principal de los numerosos análisis sobre un asunto que sigue copando titulares. Porque digo yo en mi inocente ingenuidad que, cuando se acomete un cambio de gobierno tan amplio, el objetivo principal debería ser el de mejorar la gestión, atender los problemas más urgentes con mayor eficacia y conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en aquellos en cuyas manos han depositado la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos. No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central suprimiendo ministerios florero, así como de enviar un mensaje de austeridad en el gasto en tiempos de rigores económicos. Sin embargo, salvo que uno profese la fe del carbonero, que no es mi caso, nada de eso se aprecia en el remodelado gobierno.

"No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central"

Para la mayoría de los analistas, lo único que rige aquí es la necesidad de Pedro Sánchez de soltar lastre para aguantar lo que resta de legislatura. Es evidente que no se cambia a casi la mitad de un gobierno si este no está quemado y sobrepasado por la realidad y si los sondeos electorales no te empiezan a dar la espalda. Sánchez es muy consciente y por eso, cual Saturno devorando a su hijo, prescinde sin miramientos de la que ha sido su guardia pretoriana en los dos últimos años, la que le ha guardado las espaldas y le ha sacado las castañas del fuego aún quemándose en el intento. Una guardia de corps de la que también ha salido despedido hasta el fondo del barranco su consejero áulico Iván Redondo, cuya caída en desgracia está marcada en rojo por la debacle madrileña del 4-M y sentenciada con sus deseos de ser ministro, según las hablillas de la Villa y Corte. Parece mentira que el Maquiavelo de Moncloa haya cometido el error infantil de pretender hacerle sombra al rey sol de la política española sin tener siquiera carné del partido, pero así es la erótica del poder. 

El Gobierno soy yo y el partido también

Esta remodelación no responde a lo que se suele entender tradicionalmente como pérdida de confianza del presidente en sus ministros ya que, si hay que cambiar casi medio gobierno, el primero que tendría que haberse ido a casa debería haber sido el propio Sánchez. Su estrategia busca también un mayor control sobre el partido desde La Moncloa para coronarse vencedor por incomparecencia de rivales en el 40º Congreso de después del verano. Para ello nada mejor que rodearse de una corte de ministros y ministras crudos o a medio cocer, sin ejecutoria pública destacada, dispuestos a tirarse por un barranco si el presidente lo ordena y que ahora quedarán eternamente agradecidos por haber sido elevados al Olimpo del Consejo de Ministros cuando ni siquiera soñaban con esa posibilidad. Que pongan ahora sus barbas a remojo los escasos barones que como García - Page han osado afear en público el proceder político de su líder, porque en la próxima cita con las urnas se pueden ver colgados de la brocha y sin candidatura en la que sostenerse.

"La remodelación pone la pelota de nuevo en el tejado de Pablo Casado"

Si lo que a Pedro Sánchez le preocupara de verdad fueran los graves problemas del país, habría echado mano de gente de reconocido prestigio y trayectoria, que haberla hayla, y habría relegado la militancia a un muy segundo plano. De manera que lo más positivo que cabe decir de los cambios es que Nadia Calviño y Margarita Robles, los dos cerebros mejor amueblados del Ejecutivo, continúan en sus puestos. Pero es solo un pequeño consuelo a la vista de que también continúa gente tan quemada como Grande Marlaska o tan ineficiente como Maroto, además de los intocables representantes de Podemos, meros espectadores generadores de ruido y furia con la salvedad de Yolanda Díaz, que actúa como la segunda parte contratante de la primera parte. Esto hace aún más firme la idea de que hablar de un gobierno de coalición unido y cohesionado es solo un cuento para dormir a los niños. 

Puede que me equivoque pero no creo que Sánchez esté pensando en adelantar las elecciones sino en agotar la legislatura. Tendrá que volver a vencer el virus y relanzar la economía gracias al maná de la UE, pero su esperanza es que, si lo consigue, los españoles de frágil memoria olvidarán los errores en la gestión de la crisis sanitaria y los indultos a los independentistas, entre otras muchas cosas que este Gobierno ha hecho con los pies. Por lo demás, la remodelación también ha puesto de nuevo la pelota en el tejado de Pablo Casado, quien ahora tendrá que contrarrestar una posible recuperación del terreno electoral perdido por parte del PSOE. No creo que con limitarse a pedir elecciones cuanto antes y quejarse por los nombramientos "a dedo" de los ministros sea suficiente para ganarlas: mucho más tendrá que ofrecer el líder del PP para convencer a los españoles de que la alternativa es posible y su reto es que ese momento se aproxima cada vez más.  

Yo también soy baby boomer

Para tener al menos una ligera idea sobre la reforma de las pensiones hay que estar muy atento a los globos sonda del ministro Escrivá, experto en decir cosas por la mañana de las que se desdice a mediodía después de culpar al mensajero. Es un esfuerzo penoso que se debería compensar en la pensión, pero por ahora no veo manera mejor de que los baby boomers - los nuevos malos del viejo docudrama de las pensiones -  podamos calcular por lo alto cómo quedará nuestra jubilación que, en todo caso, no dará para muchas alegrías ya que, cuanto más se aleja la fecha de empezar a cobrarla, más se acerca la Parca inexorable. 

A las puertas de un nuevo recorte

Ironías aparte, da igual que el PP lo llamara "factor de sostenibilidad" o que el PSOE lo haya bautizado ahora como "mecanismo de equidad intergeneracional", el objetivo es continuar retrasando la edad legal de salida del mercado laboral para "compensar" el aumento de la esperanza de vida y, al mismo tiempo, penalizar con creciente dureza a quienes deseen anticipar la jubilación después de décadas cotizando. Los que decidan morir con las botas puestas serán premiados con 12.000 euros por año de más trabajado sobre la edad de jubilación, según el penúltimo globo sonda de Escrivá. Diga lo que diga el ministro sin partido que llegó de la AIReF a resolver el déficit de las pensiones y eche uno las cuentas que eche con el sudoku de las penalizaciones, estamos a las puertas de un nuevo recorte aunque nos lo venda como un "pequeño esfuerzo" de los baby boomers.

La cuestión es si el recorte, que afectará a unos once millones de españoles nacidos entre 1958 y 1977, servirá para garantizará la sostenibilidad, algo como mínimo dudoso. La clave de bóveda de todo el sistema es el número de cotizantes y su relación con el de pensionistas: en la actualidad esa relación es de 2 a 1, - una ratio bastante baja -, por lo que, según algunos cálculos, el envejecimiento de la población obligaría en una década a tener casi 6 millones más de cotizantes frente a los 19 millones actuales solo para mantener la ratio. ¿Será capaz la economía española en ese plazo de elevar hasta casi 25 millones el número de afiliados a la Seguridad Social? Ahí dejo la pregunta.  

El taca taca y los trileros

Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente de alto voltaje electoral, que los sucesivos gobiernos solo se atreven a tocar con guantes y pinzas pero jamás con bisturí. Se trata de buscar por dónde cortar para que el sistema no quiebre y es aquí donde los especialistas divergen. Unos proponen elevar la edad legal de jubilación a los 70 años, acercándola lo más posible a la esperanza de vida: los habría que irían a trabajar con el taca taca, pero cobrarían pensión menos tiempo con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social. Por cierto, son los mismos especialistas que recomiendan planes privados de pensiones para "complementar" la pensión pública, así que es fácil adivinar cuál es el pie que arrastran. 

"Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente"

Otros optan por cargar el déficit de las pensiones sobre los Presupuestos del Estado, precisamente uno de los acuerdos del Gobierno con sindicatos y empresarios junto a la revalorización según el IPC. Aunque parece una solución mágica tiene mucho de juego de trileros que crea la ficción de que el déficit ha desaparecido. Ya veremos de dónde saldrán los 22.567 millones de euros anuales que el Gobierno se ha comprometido a incluir en los Presupuestos para pagar las pensiones. Si se acaba echando mano de impuestos como el IRPF los pensionistas sufrirían un doble recorte; si en cambio se recurre al endeudamiento público, engordaría aún más el monstruo de la deuda que supone ya el 125% del PIB y subiendo.

El debate sobre pensiones siempre acaba en recortes

Lo mire por donde lo mire, en la tómbola de este debate siempre tocan recortes. Uno no es un experto, solo un atento observador directamente interesado y, como tal, observa con extrañeza la obsesión por el gasto y el poco interés por buscar fuentes de ingresos para la Seguridad Social. El propio Escrivá amaga con subir la cotización de los salarios más altos, aunque puede que solo sea otro de sus famosos globos sonda. Tiremos del hilo y pensemos también en esos 180.000 millones de euros que según el FMI mueve la economía sumergida, un sumidero en el que las arcas públicas pierden anualmente entre 18.000 y 20.000 millones de euros; hablemos de la precariedad laboral, del paro juvenil por el que somos campeones europeos, de los salarios o de la ausencia de políticas demográficas dignas de tal nombre en uno de los países más envejecidos del mundo. Todos estos aspectos se ignoran a pesar de que su relación con los ingresos de la Seguridad Social es evidente hasta para un profano.

"Hablemos de los chiringuitos clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo"

Hablemos también de la ineficiencia en el gasto público, del elevado colesterol de la administración y la urgencia de que haga dieta estricta, de los "chiringuitos" clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo, de las canonjías políticas o de las rentas vitalicias del poder. ¿Por qué cuando se habla del gasto en pensiones siempre se hace recaer la carga de la prueba sobre los jubilados y nunca sobre los ingresos que aportaría a las arcas públicas suprimir gastos prescindibles del todo o en parte? Por último me pregunto también cuándo alcanzarán los partidos un pacto de estado sobre pensiones que sobreviva a las siguientes elecciones y no castigue a los mismos de siempre, y cuándo dejarán los políticos de tirarse nuestras jubilaciones a la cabeza mientras hacen en el gobierno lo que criticaron en la oposición. Podría seguir aunque, como baby boomer cabreado, ya me he alargado bastante por hoy. Pero aviso: continuará...

Desinformación y guerra política

"Exacerbar las tensiones y contradicciones (...) utilizando hechos reales y falsos y, a poder ser, una desconcertante combinación de ambos. Para que la desinformación funcione debe responder al menos parcialmente a la realidad o al menos a puntos de vista aceptados". 

Estas reflexiones figuran en la introducción del libro "Desinformación y guerra política. Historia de un siglo de falsificaciones y engaños", (Crítica, 2021) del politólogo y analista alemán Thomas Rid. El autor, profesor en la John Hopkins University, es experto en tecnología y espionaje, temas sobre los que ha escrito varios libros y sobre los que ha declarado ante el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y ante el Bundestag. Las cerca de quinientas páginas del libro ofrecen un documentado repaso histórico de la desinformación política desde los inicios del siglo XX hasta la expansión de Internet y las redes sociales en el XXI. 

Es una preocupación ampliamente compartida que la desinformación en forma de bulos o noticias falsas es uno de los riesgos más preocupantes a los que se enfrentan las democracias occidentales. Señala Rid que "las campañas de desinformación son ataques contra el orden liberal (policía, justicia, científicos, periodistas, administraciones, etc.)". Subraya que, "cuando se hace difícil diferenciar entre hechos y no hechos, la confianza se desmorona y el hecho lo ocupan las emociones". El propio autor ofrece la clave para resistir estos ataques: "Cuanto más fuerte y robusto es un cuerpo político democrático, más resistente será a la desinformación y más reacio a usarla y optimizarla". Rid alerta del salto cualitativo que ha supuesto para las campañas de desinformación la revolución digital, en la que es mucho más difícil controlar y evaluar estos ataques; se trata de agresiones mucho más rápidas y reactivas y menos arriesgadas para el agresor. 

A partir de estas reflexiones iniciales, Rid nos conduce a través de una larga sucesión de campañas de desinformación, cuyo inicio sitúa el 11 de enero de 1923 cuando se crea en la Unión Soviética un departamento dedicado a ese fin en el seno de la Oficina para la Seguridad del Estado (GPU), germen del futuro KGB. En un estilo que recuerda a veces a las novelas de espionaje, nos adentramos en la prolongada campaña de desinformación de la CIA contra la Alemania Oriental, las filtraciones soviéticas de documentos falsificados sobre los planes militares de EE.UU., las falsedades interesadas sobre el SIDA o las técnicas de desinformación de la Stasi, la temida policía secreta de la RDA. El objetivo de todas estas campaña, en las que los medios de comunicación siempre desempeñaron un papel esencial, a veces involuntariamente y a veces de mil amores, era dañar la credibilidad del adversario, generar confusión, polarizar las opiniones políticas y debilitar la confianza y el apoyo interno de la población a las instituciones. 

 "Las campañas de desinformación son ataques contra el orden liberal"

Con el desplome del bloque soviético se entró  en una nueva dimensión, aunque los objetivos siguieron siendo los mismos. El auge de internet y de las redes sociales produjo un salto cualitativo que hace mucho más difícil medir el alcance de las falsedades e incrementa el riesgo de que los desinformadores terminen también desinformados cuando las mentiras escapan a su control. Fenómenos como el de Anonymus o WikiLeaks marcan un antes y un después en el uso de los secretos oficiales con fines políticos. El ataque cibernético ruso al Partido Demócrata estadounidense en las presidenciales de 2016 o el hackeo, probablemente ruso también, a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) permiten sugerir que "internet parecía estar diseñado a medida para la desinformación, incluso antes de que las redes sociales hubieran alcanzado la mayoría de edad". Si damos un paso más allá y pensamos por un momento en los sistemas digitales que controlan los arsenales nucleares y otras armas no convencionales de Rusia, China o EE.UU., es fácil imaginar las terribles consecuencias globales derivadas de un ciberataque contra objetivos militares de un país rival.

Gracias a las redes las campañas de desinformación han convertido a millones de personas en agentes involuntarios del engaño a gran escala. Basta pensar en la rapidez con la que las falacias y los bulos se extienden por la redes a golpe de tuit y de retuit para hacernos una idea aproximada de la magnitud del problema. Todos somos víctimas en potencia, no solo los ciudadanos anónimos sino medios de comunicación, periodistas, científicos, analistas, expertos en seguridad o representantes públicos. Rid nos recuerda en este punto que "anteponer la objetividad a la ideología contribuyó a abrir las sociedades y mantenerlas abiertas. Anteponer la ideología a la objetividad, en cambio, contribuyó a cerrar las sociedades y mantenerlas cerradas". En otras palabras, la desinformación persigue que antepongamos la ideología y las emociones a la objetividad y a la razón y cerremos cada vez más nuestras sociedades.

 "Anteponer la objetividad a la ideología contribuyó a abrir las sociedades y mantenerlas abiertas"

Aunque habríamos tenido una visión más equilibrada del problema si el autor hubiera incluido más casos de desinformación patrocinados por Estados Unido, el suyo es un trabajo que destaca no solo por la actualidad y la trascendencia del tema que aborda sino por la ingente documentación que maneja, buena parte de ella de primera mano a través de entrevistas personales. Concluyo el comentario haciendo mía una reflexión de Rid que creo resume muy bien el estado de la cuestión: "Al hombre de la calle le está resultando cada vez más difícil valorar y juzgar la palabra escrita. Esta cada vez más indefenso ante los monstruos que son las fábricas de opinión". 

A Canarias vino un día una inglesa soñadora

El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y ni el virus dice adiós ni los turistas dicen hello de nuevo. Los políticos, travestidos de adivinos, pronosticaron que el verano en Canarias sería el no va más de la recuperación turística, pero avanza julio y las reservas están bajo mínimos. Las cosas no pintan nada bien: se expanden nuevas cepas y se disparan los contagios mientras la vacunación, que tendría que ir mucho más rápido después de seis meses pinchando, sigue al trantrán a pesar de los aplausos diarios de los entusiastas de un Gobierno que desconoce la autocrítica. Los hay que se consuelan culpando a los "jóvenes irresponsables", a Boris Johnson por no poner el semáforo en verde o a los jueces por no comulgar con ruedas de molino. Pero nunca jamás, bajo ningún concepto, señalarán a los responsables públicos por decisiones con frecuencia inexplicables, inadecuadas o confusas: los culpables siempre son otros. 

Los augurios y la dura realidad

A pesar de la graciosa idea de la Consejería de Turismo de sortear bonos turísticos para los residentes pagados con dinero público, los hoteleros canarios han tirado la toalla del verano y sueñan con el invierno. Un sueño del que participan los miles de trabajadores canarios que continúan en ERTES porque sus hoteles siguen cerrados. Claro que, a la vista de la experiencia, mejor sería no volver a hacer castillos de arena para el invierno y cruzar los dedos. 

La ministra pitonisa Maroto, cuyo prometido plan para la recuperación del turismo canario seguimos esperando, o el siempre crédulo presidente canario, que en este asunto ni siquiera ha amagado con revirarse, llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena. La primera fue poco antes del verano pasado, pero el virus se expandió de nuevo sin respeto alguno por Pedro Sánchez y su celebrado triunfo sobre la pandemia. Después dijeron que del invierno no pasaría pero, entre la desgobernanza autonómica y los "allegados" invitados a la cena de Navidad, hicimos otro pan como unas tortas. 

 "Llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena"

Tranquilos, nos decían, en Semana Santa no habrá cama para tanta gente. Volvieron a fallar y, sin darnos cuenta, nos plantamos a las puertas de otro verano y el Gobierno volvió a pronosticar que este sería un verano de ocupación hotelera récord porque ingleses, alemanes y nórdicos morían de ansiedad por volar a Canarias a colorearse como gambas a la plancha. No supieron prever que Sánchez levantaría el estado de alarma y dejaría a las comunidades autónomas con una mano legal delante y otra detrás para luchar contra los brotes. Y a modo de guinda, el susodicho puso fin a la mascarilla en espacios públicos abiertos, a pesar de que el porcentaje de vacunación aconsejaba prudencia antes de enseñar de nuevo la sonrisa, que diría la poética Carolina Darias. 

Culpar a los demás es sencillo, gobernar es complicado

Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde si la situación sanitaria no mejora sustancialmente en Canarias y, si eso no ocurre pronto, Ángela Merkel también podría enseñarnos tarjeta amarilla. Acelerar la vacunación y aumentar las pruebas es esencial pero, al mismo tiempo, no caben más experimentos creativos con los niveles de la pandemia y hay que hilar fino jurídicamente para que las medidas que se adopten no choquen con derechos fundamentales por bienintencionadas que sean. De otro lado, la denuncia de las infracciones, que hay que perseguir y sancionar de modo ejemplar y sin tibiezas, no puede ser la coartada para tildar injustamente de irresponsables a segmentos enteros de la población como los jóvenes, aunque no falten los que tienen tanto seso como un mejillón. 

"Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde hasta que la situación sanitaria mejore sustancialmente"

Después de aquella inglesa de la canción han venido a Canarias millones de turistas a los que hoy se echa en falta porque son, nos guste poco o nada el turismo masivo, la sangre que vivífica un tejido productivo que sin ellos perecería: ojalá las reiteradas promesas políticas de diversificar la economía se hubieran cumplido cuando se podía y se debía, que no es precisamente en estos momentos de crisis profunda. 

Por eso, para la sociedad canaria y su economía, que regresen cuanto antes los turistas es vital casi en el sentido literal de la palabra. A los responsables públicos se les paga para afrontar y resolver problemas como ese y disponen para ello de generosos márgenes de discrecionalidad y de recursos que les permiten apoyarse en especialistas para la toma de decisiones. Lo que en ningún caso necesitamos son vendedores de augurios de falso optimismo para agradar a la galería, sino gestores públicos que transmitan certidumbres hasta donde sea razonable y generen confianza social y económica.