Andalucía indica el camino

Mil y un análisis se suelen hacer después de cada cita electoral, algunos diametralmente opuestos entre sí y otros más o menos coincidentes. Lo que nadie podrá negar en el caso de las elecciones andaluzas es que la inmensa mayoría de los ciudadanos que acudieron a votar ayer han preferido la continuidad y la moderación de Moreno Bonilla frente a un PSOE abducido por los mensajes vacíos de la ultraizquierda por un lado, y el histrionismo folklórico de la ultraderecha por el otro. La primera y más importante lección que toca aprender a los perdedores es que los ciudadanos ni son imbéciles ni se les puede acusar de no saber votar cuando prefieren la gestión y la estabilidad, un bien en sí mismo de la democracia, frente a los debates de campanario y las riñas ideológicas que en nada ayudan a resolver los problemas cotidianos de la gente.

SUR

De Moreno Nocilla a ganar por mayoría absoluta

Moreno Bonilla, del que se burló la izquierda pata negra e incluso sus compañeros del PP – Moreno Nocilla lo llamaban por su supuesta blandura -, le ha dado a Feijóo su primer gran triunfo electoral y, de paso, le ha enseñado el camino a La Moncloa, en donde Pedro Sánchez seguramente no ha pegado ojo esta noche pensando qué hacer tras el revolcón en el feudo histórico del PSOE desde que Felipe González y Alfonso Guerra vestían chaqueta de pana con coderas. Lo que ha dado al PP su primera mayoría absoluta en Andalucía ha sido la gestión de Moreno Bonilla en los últimos cuatro años, o lo que es lo mismo, haber demostrado que se puede confiar en él para ocuparse de los asuntos de la comunidad autónoma más poblada del país. Y yo, sinceramente, no veo mejor argumento que la confianza para optar por un candidato en unas elecciones.

El candidato popular, además de coronarse con honores presidente andaluz electo, ha parado los pies a Vox y esta es otra buena noticia para Núñez Feijóo. Los de Abascal se apuntaron al órdago de exigir sillones en la Junta si sus votos eran imprescindibles para que Moreno Bonilla fuera reelegido presidente. Tengo pocas dudas de que una exigencia como esa animó a muchos andaluces a optar por un gobierno autonómico sin ataduras ni hipótecas de la ultraderecha, sin despreciar tampoco los efectos negativos de una campaña llena de despropósitos de la candidata Olona de principio a fin.

El PSOE y la ultraizquierda siguen sin aprender de sus errores

Pero, sin duda, es en las filas del PSOE en donde más duele el coscorrón, con un candidato sin carisma, que ha empeorado los resultados de la defenestrada Susana Díaz en 2018 y que ni tan siquiera ha sido capaz de ganar al PP en Sevilla, la ciudad de la que fue alcalde y buque insignia del socialismo andaluz y español. Se dice pronto, pero Espadas ha perdido votos en favor del PP y no ha sido capaz de captar los de Ciudadanos. Su campaña electoral ha carecido de discurso propio y diferenciado de la ultraizquierda y ha estado plagada de meteduras de pata como la de Zapatero proclamándose orgulloso de Chaves y Griñán o Adriana Lastra llamando a las barricadas si el PSOE no ganaba ayer. Con compañeros de partido como esos no necesitaba Espadas rivales para caer con todo el equipo.

Con no menos dolor se deben andar lamiendo las heridas en una ultraizquierda dividida y cainita que ha vuelto a comprobar en sus propias carnes que sacar de paseo a Franco cada dos por tres y proclamar alertas antifascistas a cada rato no sirve para ganar elecciones, sino ofrecer soluciones realistas a los problemas cotidianos que sufren los ciudadanos. No lo aprendieron cuando se estrellaron en las elecciones madrileñas y siguen sin comprenderlo ni superarlo todavía. El proceso de escucha de Yolanda Díaz se daña seriamente incluso antes de nacer y se lastra con las imputaciones de Colau y Oltra y su doble vara de medir a la hora de asumir responsabilidades políticas.

Réquiem por Ciudadanos y la incógnita de Sánchez

En cuanto a Ciudadanos solo cabe entonar un requiescat in pace por su alma después de quedar fuera del parlamento andaluz. El candidato Marín luchó hasta el último momento por un proyecto que sigue siendo necesario en España pero que la mala cabeza de sus dirigentes ha convertido en un juguete roto y arrinconado por la historia. Marín ha sido incapaz de evitar la sangría de votos que han beneficiado al PP, pero le honra haber anunciado su dimisión después del sonoro fracaso electoral de ayer a pesar de haber sido un socio leal del presidente electo andaluz durante los últimos cuatro años.

En resumen, por mucho que los socialistas pretendan separar el tortazo andaluz de la política nacional, cualquier que no esté ciego o sea hooligan irredento del PSOE ve la relación y se pregunta por las consecuencias políticas de lo ocurrido ayer. Pocas dudas quedan ya de que el “efecto Feijóo” existe y que está llamando con fuerza a la puerta de La Moncloa. Quinielas hay varias y solo el tiempo dirá cuál es la ganadora, pero en ningún caso cabe esperar que Sánchez no mueva alguna ficha después del varapalo andaluz.

Para unos podría ser una remodelación del Gobierno después de la cumbre de la OTAN con el fin de recuperar la iniciativa y resistir hasta que toque convocar elecciones. Otros pensamos que lo que corresponde a estas alturas, con una crisis desatada, un presidente chamuscado por sus propios errores y mentiras y una legislatura enredada en disputas partidistas y juegos de tronos, es llamar a los ciudadanos a las urnas. En cualquier caso, de una cosa podemos estar seguros: haga lo que haga Sánchez, no lo hará pensando en el bien común de los españoles sino en su propio interés, el único que le mueve.

Argelia: una crisis evitable

La credibilidad, el prestigio, la fiabilidad y el respeto de un país se calibran en gran medida por su política exterior. Otros factores como el poder económico y militar también cuentan, obviamente, pero si la comunidad internacional te percibe como un tarambana que da bandazos e improvisas en tus relaciones con otros países, tu imagen se deteriorará y una imagen dañada ante el mundo no es fácil de restaurar. La política exterior de un país que se respete a sí mismo y que busque ser reconocido en el contexto internacional como un actor valioso con el que es obligado contar, no puede estar sujeta ni al navajeo de la política partidista ni a la conveniencia del gobierno de turno. Una política exterior respetable de un país democrático es siempre una política de estado, es decir, estable, hasta cierto punto previsible sin ser inflexible y, sobre todo, asumida y respaldada no solo por las instituciones y los partidos políticos, sino incluso por el conjunto de la sociedad. Por desgracia, la política exterior española es hoy cualquier cosa menos una política de estado, lo que provoca un daño reputacional para los intereses de nuestro país del que costará recuperarse.

El declive de la política exterior

En realidad, la política exterior española padece desde hace mucho tiempo de algunos de los males de nuestra política doméstica: imprevisión, incoherencia, falta de objetivos claros y cortoplacismo. En la memoria del país pervive aún la tormentosa adhesión a la OTAN, la ignominiosa foto de las Azores o la sentada idiota de Zapatero al paso de la bandera estadounidense. Nuestro peso y presencia en Hispanoamérica ha ido de más a menos hasta casi desaparecer, en la Unión Europea no pasamos de segundones y en el Magreb nos hemos plegado históricamente a los deseos de Marruecos sin recibir a cambio más que nuevas exigencias y desplantes.

No es exagerado decir que con la llegada de Sánchez a La Moncloa, la pendiente por la que se ha venido deslizando desde hace años nuestra política exterior ha tocado fondo. Primero fueron los titubeos a la hora de enviar armas a Ucrania para que se defendiera de la agresión rusa, una decisión rechazada por la pata podemita del Gobierno que se ha trasladado ahora a la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN. Y aún hay gente que se sorprende y hasta se disgusta porque Joe Biden se olvide sistemáticamente de Pedro Sánchez en sus contactos con los aliados europeos y en las cumbres internacionales apenas le dé los buenos días.

El Sahara, la gota que colma el vaso

No obstante, la gota que ha colmado el vaso ha sido el aún inexplicado giro respecto al Sahara, del que Sánchez ni siquiera informó a sus socios, y que ha desatado una crisis evitable con Argelia en el peor momento posible. Más allá de algunas posiciones personales favorables a Marruecos como las de Zapatero o Moratinos, los sucesivos gobiernos españoles habían mantenido hasta ahora una posición oficial de neutralidad en relación con ese viejo contencioso, lo menos que cabe esperar de un país sobre el que recae la responsabilidad de administrar su excolonia. Esa posición también ha recibido siempre el respaldo del pueblo español, mayoritariamente identificado con las reivindicaciones saharauis frente al expansionismo marroquí.

Sánchez ha acabado de un plumazo con casi cinco décadas de política de estado en relación con el Sahara y ha incendiado las relaciones con Argelia, un socio fundamental en tiempos de crisis energética, sin recibir nada a cambio de Marruecos más que nuevas largas y pegas a cuestiones como las aduanas de Ceuta y Melilla. Paradójicamente, además, ha convertido a la dictadura militar argelina en una defensora del Derecho Internacional en el Sahara, mientras una democracia como la española, con obligaciones legales en el territorio, se coloca abiertamente del lado de una de las partes ignorando los mandatos de la ONU.

La gran pregunta: ¿por qué y por qué ahora?

Las reacciones del incompetente ministro de Exteriores ante el enfado argelino no han hecho sino incrementar la sensación de ridículo que sentimos muchos ciudadanos ante la torpeza gubernamental en una cuestión tan sensible política y económicamente. Albares ha pasado de hablar de Argelia como “un socio fiable” a ofrecerle “amistad duradera” para terminar quejándose a la Unión Europea y, al parecer, pidiendo la mediación de la diplomacia francesa para intentar recomponer las relaciones con el país norteafricano. La confusión y el batiburrillo son de tal magnitud que en medio de este sainete se ha colado la ministra Calviño, quien, no contenta con culpar a Putin de la inflación, también lo acusa sin aportar una sola prueba de instigar a Argelia contra España. Que a instancias españolas la UE haya afeado la reacción argelina ha enfadado más si cabe al régimen de ese país, de manera que será muy difícil por no decir imposible que las relaciones comerciales y de cooperación se recompongan y normalicen mientras Sánchez siga siendo el presidente español o, al menos, mientras Albares siga desbarrando en Exteriores.

Que Sánchez actuó de manera unilateral y temeraria, con nocturnidad y alevosía políticas, es algo evidente que concuerda a la perfección con el perfil político del personaje; que aparentemente no calibró las consecuencias de darle una patada al tablero magrebí y ponerse de parte marroquí frente a los saharauis y a Argelia también salta a la vista para cualquiera. La gran pregunta que nos seguimos haciendo muchos es por qué lo hizo y por qué en estos momentos precisamente, en los que menos convenía enemistarse con un país del que importamos algo tan precioso como el gas. Lo cual nos lleva también a preguntarnos una vez más qué relación existe entre las escuchas de Pegasus, presumiblemente realizadas por Marruecos, y el giro copernicano de Sánchez en el Sahara. Ese es el verdadero nudo gordiano de este esperpento diplomático que de un modo u otro terminaremos pagando todo los españoles, mejor dicho, que estamos pagando ya en términos de descrédito y desprestigio de nuestro país ante la comunidad internacional. 

El sentido de estado según Sánchez

No sé ustedes, pero yo nada esperaba de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para “explicar” su triple salto mortal con tirabuzón respecto al Sahara y, en consecuencia, no estoy decepcionado. Imagino que quienes creyeron que el presidente aclararía las numerosas incógnitas y sospechas que rodean el viraje saharaui estarán algo melancólicos, pero a estas alturas ya deberían conocer al personaje y saber que la transparencia y rendir cuentas no están entre sus habilidades políticas. En cambio, aquellos que siempre están dispuestos a aplaudir al líder, tanto si dice blanco como si dice negro, seguramente estarán satisfechos y convencidos de que no queda nada por aclarar ni añadir y solo cabe decir amén. 

EFE

Argelia rompe la baraja

La comparecencia de Sánchez, por la que ha habido que esperar casi tres meses desde su giro copernicano en el Sahara y que además ha diluido mezclándola con el decreto de medidas por la guerra en Ucrania, ha sido un nuevo ejercicio de opacidad y narcisismo plagado de vaguedades, lugares comunes, falsedades y una sola constatación: que ha habido cambio radical de posición por más que el entorno presidencial, el partido y los cortesanos orgánicos habituales lleven semanas intentando hacernos creer lo contrario. Así lo ha entendido también Argelia, cuyo Gobierno anunció poco después de la intervención de Sánchez que rompe el Acuerdo Bilateral de Amistad y Cooperación y congela las relaciones comerciales con España. Dos decisiones que se unen a la de llamar a consultas a su embajador en Madrid, tomada poco después de conocerse la rendición de Sánchez ante Rabat.

Sánchez recoge así lo que ha sembrado su mano torpe, que no ha sido otra cosa que despreciar a un actor clave en el conflicto saharaui al que no informó de su cambio de rumbo y al que ni siquiera mencionó en su intervención de ayer. Ahora, Argelia le devuelve la moneda en donde más puede dolerle a los españoles: el control de la inmigración, el comercio y el gas, justo cuando más necesitaba nuestro país mantener buenas relaciones con un proveedor fiable de gas y un buen comprador de algunos productos españoles. En ese escenario no hay nada más patético que escuchar al inefable e incapaz ministro Albares llorando sobre la leche derramada y prometiendo amistad eterna a Argelia.

La soledad de Sánchez

Sin más apoyo que el de su partido, Sánchez ha pedido a las fuerzas políticas que apoyen su cambio unilateral respecto al Sahara después de haberlas ignorado por completo antes de perpetrarlo. Alega que el acuerdo con Marruecos garantiza la soberanía española de Ceuta y Melilla, lo que de por sí es una afirmación cuando menos escandalosa por lo que supone de juego de manos sobre un asunto que no puede estar sujeto a conchabos de ningún tipo y menos con el futuro del pueblo saharaui y la legalidad internacional de por medio.

Arguye también que la genuflexión ante Mohamed VI será positiva para el control de la inmigración irregular, pero lo cierto es que el número de inmigrantes llegados a Canarias este año ya ha aumentado un 52% con respecto al mismo periodo del año pasado. De Canarias, región directamente concernida por lo que ocurra en el Sahara, apenas dijo nada Sánchez más allá de los tópicos habituales sobre aguas y seguridad. En juego están también las riquezas submarinas insulares, pero el presidente no tuvo tiempo para detenerse en minucias que al parecer le pillan muy lejos de sus intereses. Imagino, no obstante, que el presidente socialista canario aplaudirá con entusiasmo las palabras de su jefe de filas. 

"Canarias, ausente en las explicaciones de Sánchez sobre el Sahara"

Tampoco hubo alusiones a Pegasus, a pesar de las fundadas sospechas de que el espionaje de su teléfono y de algunos de sus ministros procedía de desiertos cercanos y de que su regate en corto con el Sahara y esas escuchas pueden estar directamente relacionados. Sánchez se agarra de que también EE.UU, Alemania y Francia han cambiado de posición sobre el futuro del Sahara, pero pretende ocultar una diferencia crucial con España: ninguno de esos países tiene las obligaciones internacionales que tiene el nuestro con un territorio al que le unen lazos históricos y afectivos que Sánchez también ha despreciado al plegarse ante la posición marroquí. Decir a estas alturas que España defiende el acuerdo entre las partes después de ponerse oficialmente del lado de una de ellas, es un escarnio y una ofensa al pueblo saharaui y al derecho internacional.

Sentido de estado vendo, que para mí no tengo

A Pedro Sánchez y a los suyos les encanta hablar de “sentido de estado”, pero, en boca del presidente, esa expresión no pasa de ser un chantaje político a la oposición para que apoye sin rechistar sus decisiones unilaterales y sin consenso. Después de no haber consultado ni siquiera con sus socios de gobierno el asunto del Sahara, Sánchez pedía ayer al Congreso que tenga “sentido de estado” y respalde su viraje, el mismo sentido de estado del que él da muestras permanentes de carecer. 

Por citar solo algunos ejemplos, “sentido de estado” para Sánchez es gobernar con el apoyo de independentistas y filoetarras, indultar a condenados por sedición para poder continuar en el poder, violar tres veces seguidas la Constitución durante la pandemia, cambiar la política exterior sin consultar ni avisar a nadie o acudir al Congreso a rastras, no tanto para rendir cuentas de la gestión como para atacar a la oposición y exigirle, cómo no, “sentido de estado.” Pensándolo bien, tal vez el verdadero y más importante estorbo que tiene España en estos momentos sea Pedro Sánchez y su absoluta falta de sentido de estado.

A los pies del separatismo

No es una exageración, es la realidad a poco que se reflexione: el Gobierno español lleva toda la legislatura viviendo, sufriendo y respirando por los poros del separatismo catalán, de cuyo aliento depende en gran medida que Pedro Sánchez cumpla su deseo de agotar la legislatura. Lo que los independentistas reclaman, sus caprichos y sus órdagos para calibrar hasta dónde está dispuesto a ceder Sánchez, adquiere inmediatamente la categoría de asunto de estado, prioritario y urgente: todo el Gabinete se desvive para satisfacer las exigencias de quienes tienen como principal objetivo obtener el mayor rédito político aprovechando que el único principio que guía la acción del presidente es mantenerse en el poder cueste lo que cueste a las instituciones y al país. Todo lo demás puede esperar por urgente que sea, las demandas independentistas deciden la agenda gubernamental en detrimento de otras necesidades más perentorias. No es tan excesivo como pueda parecer concluir que España está en buena medida gobernada desde la Generalitat de Cataluña y desde la sede de ERC. Sánchez no sólo está en manos del separatismo, también está a sus pies.

EP

Espionaje y ruedas de molino

El Gobierno hace esfuerzos vanos para que comulguemos con una descomunal rueda de molino, según la cual el vergonzoso cese de la directora del CNI tiene algo que ver con los pinchazos de Pegasus a los teléfonos del presidente y de los ministros de Defensa e Interior. Sobre esto ya señalé en otro post que en política no existen las coincidencias y este caso no es una excepción. El cese es la ofrenda debida a los independentistas a cambio de que no le retiren el apoyo a Sánchez, después de conocerse que una veintena de ellos había sido vigilada con aval judicial por el CNI.

El riesgo de tener que poner un abrupto punto y final a la legislatura obligó a Sánchez a ordenar a su fontanero mayor Bolaños que aireara a los cuatro vientos que el Gobierno también había sido espiado con Pegasus hacía un año. Lo lógico y natural en un presidente que se respete a sí mismo y a los ciudadanos y que valore la importancia de la seguridad nacional, habría sido actuar con discreción, averiguar dónde estuvo la falla y actuar en consecuencia. Dar a conocer urbi et orbi y de forma oficial que el Gobierno español había sido espiado y hacerlo a pocas semanas de una cumbre crucial de la OTAN, es algo que solo hace alguien tan agarrado al poder que incluso la seguridad y la imagen internacional del país le importan tres pimientos.

"Solo alguien tan apegado al sillón como Sánchez airea los fallos en la seguridad nacional para mantener el poder"

Nadie en su sano juicio puede creer que en La Moncloa no se conociera ese agujero en la seguridad hasta justo el momento en el que Aragonés y los suyos pidieron que rodaran cabezas. Es más, si hay alguien responsable en primera persona de ese fallo es precisamente el ministro Bolaños, entre cuyas atribuciones figura precisamente garantizar la seguridad de las comunicaciones de La Moncloa. A propósito de esa responsabilidad se ha sabido que el CNI transmitió hace un año una serie de instrucciones de seguridad para el presidente y sus ministros. Bolaños tendría que explicar si se las hizo llegar a quienes iban dirigidas o si estos no las cumplieron. Puede que debiera haber sido su cabeza y no la de la responsable del CNI la que tendría que haber rodado en este sainete.

Margarita Robles, quién la ha visto y quién la ve

Con el escenario de las justificaciones ya bien dispuesto, llegó el momento anunciado de poner sobre una bandeja de plata la cabeza de la responsable del CNI para calmar a los independentistas. Los políticos nos tienen acostumbrados a comparecencias que solo merecen el calificativo de ignominiosas y la que ofreció el martes la ministra de Defensa no escapa a esa categoría. 

Margarita Robles, la única ministra que se atrevía a levantar la voz ante independentistas y filoetarras y a defender el estado de derecho, ha dejado también patente que le puede más el cargo que la dignidad de no hacerle el trabajo sucio al presidente. De lo contrario habría presentado su dimisión inmediata e irrevocable antes de enfangarse como lo ha hecho, intentando presentar una injusta defenestración en toda regla, de cuyas causas no fue capaz de explicar con claridad ni tan solo una, por una “sustitución” a la que en realidad habría que llamar genuflexión, una más, del Gobierno ante los independentistas.

“Sánchez no ve contradicción en espiar a los mismos con los que gobierna”

A salvo de momento la cabeza de Robles gracias a su propia genuflexión ante Sánchez – ya veremos si sigue en su lugar después de la cumbre de la OTAN o de las elecciones andaluzas – la siguiente cesión al insaciable chantajismo independentista será seguramente desclasificar las autorizaciones judiciales de la vigilancia a Aragonés y a su revoltosa muchachada, aunque ello suponga volver a pasarse la ley por el arco del triunfo. Sobre la cabeza de Sánchez pende como una espada de Damocles la cínica frase de Junqueras, condenado por sedición y malversación y dispuesto a reincidir, que se permite advertirle al presidente de que le seguirá apoyando con la condición de que “no se repitan” las escuchas. 

Un panorama desolador

Tan incierto como que La Moncloa no sabía del espionaje a Sánchez con Pegasus es que Sánchez no tuviera conocimiento de las escuchas a los independentistas, en los que se apoya para gobernar pero a los que al mismo tiempo vigila como un peligro para el Estado a la vez que les permite acceder a secretos oficiales. Es todo de una lógica tan aplastante que asusta y que solo se explica por el fin último que persigue: conservar el poder.

Decía en un reciente post que asistimos a una legislatura zombi sin más rumbo que el que marcan los independentistas y que, de quedarle a Sánchez una pequeña brizna de sentido de estado, habría adelantado ya las elecciones. Lo que me pregunto hoy es qué quedará de todo esto cuando los socios de Sánchez consideren que ha llegado el momento de dejarlo caer y los ciudadanos decidan que no es digno de su confianza para continuar al frente del país.

El panorama es desolador: ruido estéril, tiempo perdido, mentiras, incapacidad, destrozo de la credibilidad y el prestigio de las instituciones y el estado de derecho, un mayor descrédito de la política entendida como el arte de mejorar la vida de los ciudadanos y toneladas de propaganda a mayor gloria de un político tóxico para este país. Por desgracia, las cosas positivas, que algunas pocas también ha habido, pasarán completamente desapercibidas.

Una legislatura zombi, un país exhausto

Si Pedro Sánchez atesorara solo un par de gramos de sentido de estado convocaría elecciones anticipadas mañana mismo y acabaría por la vía democrática con una legislatura que ya no da más de sí después de haber dado tan poco. Pero lo que natura non da, Salamanca non presta. El chusco y escandaloso caso del espionaje con Pegasus ha consumido hasta las heces las escasas reservas de confianza que quedaban en el presidente. Con el único fin de conservar el poder no solo ha expuesto al descrédito público e internacional a los servicios de los que depende la seguridad nacional, algo que ni al que asó la manteca se le ocurriría, sino que ordenó a la obediente presidenta del Congreso que metiera hasta la cocina de los secretos de estado a fuerzas políticamente hostiles al estado de derecho y a la Constitución. Que revelaran el contenido de la comparecencia de ayer de la responsable del CNI dos minutos después de acabar la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, solo es la confirmación del respeto a las normas de los socios en cuyas manos Sánchez ha decidido poner la seguridad nacional. 

El bochorno continúa

El bochorno, sin embargo, parece no tener fin. Ahora, todo el país debe asistir entre incrédulo y hastiado – ya no queda espacio para el asombro - a una batalla en el seno del ala socialista del propio Gobierno a propósito de quién es el ministerio responsable de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente y de sus ministros. Todas las miradas están puestas en el ministro – bombero Bolaños, al que Sánchez emplea para un roto y un descosido como acudir raudo y veloz con la manguera a Barcelona, un domingo por la mañana, para sofocar el incendio provocado por los independentistas. 

Lo que no se entiende – o se entiende demasiado bien – es que el Gobierno tenga que dar explicaciones a unos soberanistas que han prometido reincidir en su desafío al Estado, sobre escuchas que el propio Gobierno asegura que cuentan siempre con aval judicial. ¿Desde cuándo es obligación del Gobierno informar a grupos separatistas de las actividades de la inteligencia nacional? Obviamente, desde que Sánchez depende de ellos para seguir en el poder. 

Sin embargo, pendiente de Cataluña y a pesar de que forma parte de sus responsabilidades, a Bolaños parece que se le pasó ocuparse de la seguridad de las llamadas del presidente y de los miembros del Gabinete y alguien, probablemente desde desiertos cercanos, se llevó una tonelada de datos de los teléfonos de Sánchez y de la ministra Robles. Si se llegaran a confirmar las fundadas sospechas de que es Marruecos el país que está detrás, no habría más remedio que concluir que el viraje de Sánchez en el Sahara obedeció a un chantaje marroquí al que el presidente se plegó. Es probable que nunca lo sepamos a ciencia cierta, pero la sombra de sospecha sobre las razones que llevaron al presidente a tomar una decisión unilateral tan importante, sin consultar con nadie y sin aparentemente sopesar sus graves consecuencias a múltiples niveles, será muy difícil de borrar.

¡Al suelo, que vienen los nuestros!

A Bolaños, quien también ejercer como ministro - ventrílocuo de Sánchez cuando este prefiere esconderse de los focos y los micrófonos, le resulta mucho más descansado y políticamente conveniente desprestigiar públicamente y ante todo el mundo a los servicios nacionales de inteligencia y poner en la picota a su responsable directa y a Robles para darle gusto al independentismo y a sus morados compañeros de viaje. Al fin y al cabo, la titular de Defensa es la única en el Ejecutivo que se atreve a levantarle la voz a Podemos y a los independentistas y supone por tanto un obstáculo para los indecentes juegos de manos entre Sánchez y sus tóxicos socios de investidura.

Con Podemos y los soberanistas pidiendo sangre a coro y con los propios ministros socialistas tirándose el espionaje a la cabeza, Pedro Sánchez se ha convertido en un presidente tan agotado y amortizado como la legislatura zombi y sin rumbo que padecemos, de la que ya solo cabe esperar ruido y furia política pero nada que sirva al interés general de los españoles. Aguantar así un año y medio más, bajo la permanente espada de Damocles del chantaje podemita e independentista, debería ser una opción a descartar hoy mismo por el presidente.

Maquillando la realidad

Los datos relativamente positivos del paro apenas bastan para maquillar el sombrío panorama económico del país, reconocido por el propio Gobierno, ni para contener el encarecimiento de una deuda ya monstruosa ni para paliar la crisis energética ni la subida de los precios ni las brutales secuelas económicas y sociales de la pandemia de la que parece que ya nos hemos olvidado por completo. No hay proyectos ni ideas, solo parches, votaciones agónicas y cesiones al independentismo y a los albaceas del terrorismo para conservar el poder a costa de las instituciones, del prestigio del país y hasta de su seguridad nacional. Es tal el desvarío y la cacofonía gubernamental que, a la vista de las posiciones de Podemos y de Yolanda Díaz en asuntos como la guerra en Ucrania o el caso del espionaje, ya no sabemos si la coalición de gobierno está formada por dos o tres partidos mal avenidos entre sí.

Mas no cabe hacerse ilusiones, ni a Sánchez ni a sus socios les interesa en estos momentos que haya elecciones. Primero porque le podrían poner en bandeja la victoria a un PP que parece renacer de sus cenizas tras la llegada de Feijóo; pero, además y sobre todo, porque cuanto más débil sea Sánchez y cuánto más consigan alargar sus socios esta legislatura agónica más rédito obtendrán de su extorsión política permanente. Solo al interés de los españoles le conviene pasar por las urnas cuanto antes para que el Gobierno rinda las cuentas que se niega empecinadamente a rendir en el Congreso. El drama de este país es que el interés de los españoles y el de Sánchez y sus socios hace tiempo que se parecen tanto como la noche y el día. 

Pegasus y la credibilidad

Quienes aún crean que en política hay casualidades o coincidencias probablemente también creerán que a los niños los trae la cigüeña directamente de París. En absoluto puede considerarse casual sino causal la sorpresiva rueda de prensa convocada por el Gobierno un día de fiesta en media España para informarnos de que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa fueron infectados hace un año por el programa israelí de espionaje Pegasus. Ni el fondo ni la forma de dar a conocer una información de tanta gravedad contribuyen en lo más mínimo a generar confianza y a mejorar la credibilidad de un Gobierno reñido con la verdad desde el primer día de la legislatura.

EFE

Victimización y oportunismo

Lo que ha conseguido en cambio es arrojar una alargada sombra de sospecha sobre las instituciones responsables de la seguridad nacional y dejar patente que, detrás de las revelaciones a medias conocidas ayer, hay una clara intencionalidad política relacionada con las presiones del independentismo y sus compañeros de viaje a propósito del presunto espionaje con Pegasus a un número indeterminado de dirigentes soberanistas. Blanco y en botella...

Dando por hecho que la información difundida ayer es cierta, lo primero que cabe deducir es que los servicios secretos españoles estarían en manos de incompetentes, incapaces de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente y de su ministra de Defensa. Eso, si no aparecen más teléfonos de ministros y altos cargos también infectados con Pegasus, algo que no puede descartarse en absoluto.

Sin embargo, que el Gobierno haya hecho pública una información que habitualmente se mantiene en secreto para no desacreditar a los servicios de inteligencia, solo puede tener un objetivo: pasar de villano a víctima en el caso del supuesto espionaje a los independentistas y justificar los ceses en el CNI para contentar a los levantiscos socios de un Gobierno rehén de fuerzas políticas a las que les importa una higa el interés general del país, pero a las que no duda en hacer copartícipes de una comisión de secretos oficiales a cambio de que mantengan el apoyo a Sánchez.

Hablemos de espionaje

Además del efecto calmante en el corral de independentistas y allegados que persigue Sánchez con estas revelaciones, el presidente pretende también desviar al menos por unos días la atención sobre los graves problemas del país. Mientras hablemos de espías y de espionaje hablaremos mucho menos de las feas perspectivas económicas del país reconocidas por el propio Ejecutivo, del quiero y no puedo de la crisis energética, de la subida en globo de los precios o de los sondeos electorales en los que empiezan a pintar bastos cada vez más alargados para el futuro de Sánchez.

En resumen, lo que ha generado el Gobierno con su extraña y extemporánea rueda de prensa de ayer es un clima de inseguridad, incredulidad y desconcierto, que socava la imagen de instituciones de la importancia del CNI y deteriora gravemente el prestigio internacional de nuestro país, a tan solo unas pocas semanas de que España se convierta en la anfitriona de una cumbre de la OTAN en plena guerra en Ucrania.

El Gobierno cuenta la mitad de la mitad que más le interesa

Los españoles sabemos desde ayer que al menos el teléfono del presidente del Gobierno y de su ministra de Defensa fueron espiados hace un año, pero no sabemos a ciencia cierta por quién ni qué información sensible obtuvieron el o los espías ni qué se ha hecho o se va a hacer para que algo así no se repita. Solo podemos hacer suposiciones más o menos acertadas sobre unos hechos gravísimos de los que el Gobierno seguramente apenas ha contado la mitad de la mitad y de esa mitad la que más le interesaba contar en estos momentos. 

Tal vez lo único que cabe sacar en claro de todo esto es que el presidente del Gobierno no ha dudado en volver a poner a las instituciones a los pies de los caballos, primero retorciendo el Reglamento del Congreso para dar acceso a los secretos de Estado a independentistas y a filoetarras y a renglón seguido poniendo en evidencia a tus propios servicios secretos sin importar las consecuencias que eso comporta. Para Sánchez no hay líneas rojas y todo le parece por bien empleado si contribuye al fin primero y último de su concepción de la política: mantenerse en el poder cueste lo que cueste a España y a los españoles.

De grandes planes está el infierno empedrado

Puede que Draghi no llamara Antonio a Pedro Sánchez aunque, como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. En realidad creo que el nombre que mejor le va al presidente español es el de Juan Palomo, aquel personaje ya mencionado por Quevedo que se lo guisaba y se lo comía sin contar con nadie. Sánchez actúa así hasta con sus socios de Gobierno, a los que ningunea y endosa sus decisiones sin consultarles, tal vez con la perversa intención de averiguar hasta dónde son capaces de aguantar tanto desplante sin despegarse de unos sillones ministeriales a los que siguen firmemente atornillados. Si a Podemos y a sus compañeros de viaje los tiene a dos velas, al PP lo tiene en la más absoluta oscuridad, lo cual no le impide subir a la tribuna del Congreso a pedir apoyo y unidad para sus mejunjes económicos contra las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Un plan para un milagro

Hace tiempo que tengo el convencimiento de que nuestro Juan Palomo está tan pagado de sí mismo y se cree tan tocado por el don de la infalibilidad, que se tiene por el creador y salvador de la democracia y por el único que la respeta y practica como mandan los cánones. En consecuencia, todo lo que no sea seguirle la corriente, asentir sin rechistar y comulgar con sus ruedas de molino y sus mentiras es ser antipatriota o, en el peor de los casos, de ultraderecha.

Su pomposamente bautizado “Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania” es la enésima muestra de su desprecio por el diálogo, el consenso y la unidad con los que sin embargo no deja pasar ninguna oportunidad para llenarse la boca. El nombre en sí del plan ya supone un magnífico ejemplo de autobombo narcisista, cocinado secretamente en palacio y aprobado en el Consejo de Ministros, y del que los primeros en enterarse no fueron ni los socios del Gobierno ni el principal partido de la oposición ni los representantes del pueblo español, sino algunos empresarios del Ibex 35 ante los que el presidente se apareció cual mesías redentor para anunciar su buena nueva.

Una huida hacia adelante

En síntesis, el asunto consiste en destinar 6.000 millones de euros a ayudas directas y avalar otros 10.000 millones de créditos ICO. No se puede decir del plan de marras que sea un dechado de imaginación sino más bien una huida hacia adelante a la espera de un milagro, y un corta y pega de planes anteriores que, para colmo de males, ha caducado a las pocas horas de su aprobación al conocerse que la inflación ha escalado hasta casi el 10%. Según FUNCAS, el plan servirá para recortar como mucho un punto del IPC siempre y cuando los precios de la energía se moderen, de manera que su virtualidad puede que se haya agotado ya en su kilométrica denominación.

Dicho en otros términos, los españoles somos hoy casi 17.000 millones de euros más pobres que hace un año, cuando la inflación provocada por el alza del precio de la luz comenzó a subir en globo sin que el Gobierno hiciera nada para detenerla salvo remolonear y echarle la culpa a Bruselas. Claro que entonces Putin no había invadido Ucrania y aún no servía de chivo expiatorio del Gobierno para justificar todos los males habidos y por haber y culparle si se tercia hasta de la muerte de Kennedy.

Bonificación de los combustibles: un pan como unas tortas

Mención especial merecen los 600 millones para bonificar con 20 céntimos por litro el precio de los combustibles a todo hijo de vecino, sea pobre, rico o mediopensionista sin tener en cuenta ni renta ni patrimonio de cada cual. La picaresca no tardó en aparecer y en muchas gasolineras los precios subieron inmediatamente al menos los 5 céntimos de bonificación que deben aportar las compañías - los otros 15 salen del erario público - antes de que el descuento, anunciado con trompetería con varios días de antelación, entrara en vigor. De manera que, como muy bien refleja la viñeta periodística que reproduzco en este post, esos 20 céntimos se pagarán con dinero público y para más recochineo no habrá tal bonificación para nadie. Que las petroleras no hayan elevado la voz para protestar ilustra mejor que cualquier otra cosa quién se beneficiará realmente de la decisión del Gobierno de Juan Palomo.

"Pagaremos la bonificación con dinero público sin beneficiarnos de ella"

El Plan se completa con un trágala a los empresarios a los que se les prohíbe el despido objetivo y con un incremento del 15% para el Ingreso Mínimo Vital, un fracaso clamoroso como demuestra el hecho de que solo lo ha pedido una cuarta parte de sus potenciales beneficiarios. Falta por saber aún en qué medida la famosa “excepcionalidad ibérica” del mercado eléctrico con la que Palomo y su corte se vienen incensando desde hace una semana, servirá para bajar el precio de la luz y cuánto habrá que esperar para que eso ocurra.

En estas cuatro medidas se condensa un plan en el que no hay una sola mención a algún tipo de alivio fiscal, a una mayor eficiencia del gasto público o al recorte drástico de partidas superfluas ligadas a determinados peajes ideológicos y partidistas que Palomo paga gustoso para mantenerse en el poder. Partidas de ese tipo no deberían tener cabida nunca en unos presupuestos públicos, pero mucho menos cuando estamos casi a las puertas de una economía de guerra mientras un Gobierno hipertrofiado sigue tirando alegremente del gasto público al tiempo que vende populismo económico en planes tardíos e inadecuados para afrontar la realidad. Planes cargados de retórica grandilocuente como este, de los que ya está bien empedrado el infierno de la economía española.

Segunda traición a los saharauis

La primera traición al pueblo saharaui la perpetró España hace cuarenta y seis años, cuando salió por pies de su provincia cincuenta y tres ante el avance de la Marcha Verde marroquí y abandonó a su suerte a los saharauis, ciudadanos con DNI español. De aquellos polvos estos lodos: casi medio siglo después España acaba de traicionar de nuevo a los saharauis aceptando unilateralmente la propuesta marroquí de autonomía para ese territorio. Es cierto que ninguno de los sucesivos gobiernos españoles de la democracia se han esforzado demasiado en que se cumpla el mandato de la ONU para que los saharauis decidan en un referéndum sobre su futuro político. Sin embargo, al menos de boquilla, sí habían apelado siempre a la ONU y a sus resoluciones para encontrar una salida negociada al conflicto, y esa había sido hasta ahora una política de estado, no de partido. Ninguno, ni siquiera Zapatero, se atrevió nunca a ir tan lejos como para alinearse oficial y descaradamente con la posición del invasor de un territorio sobre el que la ONU no le reconoce soberanía a Marruecos. Es, por cierto, el mismo gobierno que estos días intenta sacar pecho internacional defendiendo la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la invasión rusa. Toda una lección de incoherencia en política exterior.

Ignominia en el fondo en la forma

Todo en la ignominiosa cesión ante Marruecos es un despropósito por la forma, por el fondo y hasta por el momento elegido. Empezando porque la decisión no la hemos conocido a través de nuestro presidente o nuestro ministro de Exteriores, sino por un comunicado de la Casa Real marroquí en el que se oculta más de lo que se dice. En segundo lugar, porque Sánchez ni siquiera sometió un asunto de esta trascendencia a la consideración de su socio de gobierno y mucho menos a la oposición: cual Juan Palomo, él se lo ha guisado y se lo ha comido aunque las consecuencias nos podrían alcanzar a todos. Así ocurrirá si Argelia, defensora de la causa saharaui y proveedora de casi el 40% del gas que importa España, decide cerrarnos el grifo o encarecer el suministro justo cuando la invasión rusa de Ucrania puede desatar una crisis energética brutal en la Unión Europea. Por lo pronto Argelia ya ha deplorado el cambio de posición de España, ha negado haber sido informada por Madrid y ha retirado a su embajador.

Aunque el PSOE y el Gobierno hagan ahora malabarismos en el alambre para intentar convencernos de que el volantazo de Sánchez no se contradice de manera flagrante con el mandato de la ONU para el Sahara, lo que no podrá borrar es lo que dice su programa para las elecciones de 2019: “Trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui”. Toda esa retórica ha ido a parar directamente a la papelera después de la misiva al rey de Marruecos, de la que quedan por conocer muchos y preocupantes detalles que Sánchez debería aclarar inmediatamente en el Congreso de los Diputados en lugar de enviar a su dócil ministro de Exteriores.

Mucho por explicar: la soberanía nacional no se negocia

Según un tuit del inefable ministro Iceta, “el acuerdo obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. Lo primero y más urgente que el Gobierno debe explicar y mostrar a la opinión pública española es el contenido, el alcance y las condiciones de ese supuesto acuerdo. Por lo pronto, lo que se deduce de la afirmación de Iceta es que Marruecos ha chantajeado a España y nuestro gobierno se ha plegado en el Sahara a cambio de que el reino alaui deponga su reivindicación sobre territorio soberano español. Lo que no conocemos, y también deberá explicar el Gobierno a la máxima urgencia, es qué garantías ha recibido España por parte de Marruecos, si es que ha recibido alguna, a cambio de alinearse abiertamente con Rabat respecto al Sahara. Por lo pronto, lo que cabe deducir es que Marruecos ha reclamado algo que no es suyo y España le apoya para que se quede con el Sahara, que tampoco lo es. Sonaría chusco si no fuera gravísimo, pero esa es la marca de la casa de la política exterior española actual.

Esa cesión preocupa particularmente en Canarias, en donde el cambio de criterio de Sánchez ha caído como una bomba. No solo por los lazos emocionales e históricos del pueblo canario con el saharaui, sino también por las implicaciones políticas y económicas derivadas del hecho de que Marruecos se asome a las costas sahariana situadas apenas a 100 kilómetros de las islas. Una vez más, el Gobierno español parece haber pasado por alto las consecuencias para el Archipiélago de su política diplomática en el Magreb, aunque el presidente autonómico, en otro ejercicio de contorsionismo en el que ya es un consumado atleta para no incomodar a su jefe de filas, pretende hacer creer a los canarios que el cambio de timón no se da de bruces con la postura de la ONU sobre el Sahara.

Debilidad y chantaje

Las causas inmediatas de este viraje de Sánchez no son difíciles de adivinar. Algunas informaciones, que citan fuentes de inteligencia española, apuntan a que Marruecos estaba a punto de desencadenar una nueva entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y Melilla para forzar a Madrid a ceder en el Sahara. No es descartable tampoco que Sánchez quiera hacer méritos ante Joe Biden, quien mantiene el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara anunciado por Trump a finales de 2020. Tal vez confía en que el presidente estadounidense se fije en él y le llame alguna vez para hablar de la guerra en Ucrania en lugar de marginarle como viene haciendo sistemáticamente desde que llegó a la Casa Blanca. Si para eso necesita poner en almoneda la soberanía nacional ante Marruecos es algo que no parece quitarle el sueño.

En resumen, la habilidosa diplomacia marroquí ha conseguido condicionar por completo la política exterior española en el Magreb, una política que se ha caracterizado históricamente por la falta de objetivos claros en la zona más allá de contemporizar y ceder en prácticamente todo ante el incómodo vecino del sur. Esa transigencia española le ha permitido a Marruecos avanzar sin prisa pero sin pausa en la explotación de los recursos naturales de un territorio ocupado ilegalmente, en el que menudean las violaciones de los derechos humanos y sobre el que cada día tiene las posaderas más firmemente asentadas, ahora además con el beneplácito español.

España necesita unas relaciones sanas y equilibradas con Marruecos y para ello debe trazar líneas rojas claras. Es imprescindible también mejorar las relaciones con Estados Unidos, con el que las cosas empezaron a ir de mal en peor desde que Zapatero tuvo la genial idea de quedarse sentado al paso de la bandera de las barras y estrellas. Todo esto carece de sentido sin un gran pacto nacional sobre política exterior, defendido y aplicado por el gobierno de turno independientemente de su color político. El mensaje debe ser diáfano: relaciones diplomáticas privilegiadas pero equilibradas entre vecinos que están condenados a entenderse, por supuesto que sí; chantajes, extorsiones, amenazas a la soberanía nacional y hechos consumados jamás y bajo ningún concepto, y el gobierno que los acepte no es digno de dirigir el rumbo de España.

La mascarilla como símbolo

A estas alturas de la pandemia ya deberíamos haber aprendido que intentar vincular muchas de las decisiones sanitarias del Gobierno con los datos epidemiológicos y las evidencias científicas, es una pérdida de tiempo que solo conduce a la melancolía. Pasó en su momento con las vacunas y ha pasado también con las mascarillas que, más que “un símbolo de que la pandemia sigue entre nosotros”, como dijo hace poco el inefable Ximo Puig, es un ejemplo más, de tantos que se podrían citar, de que buena parte de las medidas frente al virus han tenido mucho más que ver con los intereses políticos del Gobierno que con una estrategia sanitaria reconocible y creíble por la ciudadanía. Así, imponer el uso obligatorio  de la mascarilla en exteriores a finales de diciembre pasado, en contra del parecer de la práctica totalidad de los especialistas y hasta del sentido común, solo vino a rubricar dos años de decisiones arbitrarias y erráticas que han terminado por conseguir que los ciudadanos ya no sepan qué creer o hacer ni en quién confiar.

EFE

Oídos sordos ante la evidencia científica

Si obviamos a los hinchas irreductibles, a unos pocos expertos y unos cuantos periodistas para los que si el Gobierno dice blanco, ellos dicen blanquísimo, y si dice negro, ellos dicen negrísimo, prácticamente nadie entendió que lo único que cabía hacer en plena sexta ola de contagios fuera volver a la obligatoriedad de los tapabocas al aire libre. Las advertencias de que los contagios en exteriores son de un 15% a un 20% más bajos que en interiores y que una medida como esa, además de inútil, podía ser contraproducente y generaría más cansancio entre la población, por un oído le entraron y por el otro le salieron al presidente y a su obediente ministra de Sanidad.

De lo que se trataba una vez más era de que Sánchez pudiera salir de una reunión con los presidentes autonómicos y hacerse la foto anunciando una decisión ridícula, cuyo único fin era dar la sensación de que se estaba haciendo algo para contener el virus. Como los datos epidemiológicos se han encargado de demostrar con creces, el número de contagios no paró de aumentar en las semanas siguientes a la implantación de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Eso sí se podía saber, pero Sánchez lo ignoró deliberadamente.

"La obligatoriedad de la mascarilla no redujo los contagios"

Conseguido el objetivo y en vigor el Decreto Ley correspondiente, el Gobierno se lo tomó con calma antes de llevarlo al Congreso para su convalidación, lo cual ocurrió casi al límite del plazo legal de 30 días del que disponía, una prueba más del poco aprecio de Sánchez a la institución en la que reside la soberanía nacional. Para mayor escarnio, en el decreto ley sometido al Congreso se introdujo de rondón la revalorización de las pensiones, una suerte de chantaje político en forma de pastiche legislativo, que obligaba a los partidos a pasar por el aro de aceptar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. Todo esto ocurría, además, mientras en la práctica totalidad de los países europeos los gobiernos respectivos habían acabado o estaban acabando con esa norma y flexibilizando el uso del controvertido pasaporte COVID.

¡Sorpresa, sorpresa!

Solo unos pocos días después de convalidado el Decreto Ley, la ministra anunciaba el fin de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre para el jueves, 10 de febrero, casualmente a tres días de las elecciones autonómicas en Castilla y León. En esta ocasión el instrumento jurídico ha sido un simple Decreto, lo que implica que no necesita la convalidación del Congreso. El propio Gobierno, haciendo bueno aquello de que quien hizo la ley, hizo la trampa, se reservó en el Decreto Ley la posibilidad de modificarlo vía decreto mondo y lirondo cuando le viniera bien, en los términos que le convinieran y sin necesidad de pasar por el engorro de acudir al Congreso para recibir el visto bueno.

Todos los que pontificaron desde las redes y aplaudieron en diciembre hasta que les sangraron las manos la implantación de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y que volvieron a aplaudir a rabiar hace solo una semana cuando el Congreso convalidó la medida, se vuelven ahora a dejar la piel, pero para todo lo contrario, para jalear el fin de la obligación. Coherencia y sentido crítico vendo, que para mí no tengo, cabría decir ante tanta inconsecuencia como para ir por la vida dando consejos a los demás desde los púlpitos mediáticos.

"Los mismos que aplaudieron a rabiar la obligatoriedad de la mascarilla, aplauden tres días después el fin de la medida"

Al Gobierno se le suele acusar, creo que con razón más que sobrada, de sus contradicciones, bandazos y vaivenes en la gestión de la pandemia. Lo grave es que esa falta de dirección y estrategia, que tanto daño social y económico han hecho, está mucho más relacionada con objetivos espurios y ajenos a la emergencia sanitaria que con la necesidad de controlar la expansión del virus y sus consecuencias. Es justo reconocer que algunos de los errores cometidos, sobre todo al comienzo de la pandemia, se pueden achacar en parte a las características y a la evolución de una enfermedad desconocida, ante la que, no obstante, se reaccionó tarde y de forma temeraria e irresponsable por parte del Gobierno. 

Pero hecha esa salvedad, no creo que sea injusto considerar también que en buena parte de las decisiones adoptadas se ha ninguneado el criterio científico, por más que el Gobierno lo haya usado como coartada para justificarse ante la opinión pública, y ha primado el cálculo político e incluso el económico. Si de algo es símbolo el quita y pon de la mascarilla no es de que “la pandemia sigue entre nosotros”, como dice Ximo Puig, sino de una gestión sanitaria poco transparente, deficiente, contradictoria y en muchas ocasiones absolutamente incompresible para los ciudadanos.

No a la guerra, sí a la democracia

Si mientras hay vida también hay esperanza, mientras trabaje la diplomacia cabe confiar en que no se imponga el lenguaje de las armas. Ese es el punto en el que nos encontramos ante el aumento de la tensión en la frontera rusa con Ucrania, en donde el autocrático presidente ruso Vladimir Putin ha concentrado no menos de 100.000 soldados y numeroso armamento. Es difícil predecir si recibirán la orden de entrar en Ucrania o si todo quedará en una exhibición de músculo militar, pero lo que es seguro es que no están allí de vacaciones. En todo caso, este despliegue militar sin precedentes tiene un objetivo claro y preciso que solo los ciegos voluntarios o los compañeros de viaje de Putin se niegan a ver: advertir de que el régimen ruso usará la fuerza militar si es preciso para convertir a Ucrania en su patio trasero e impedir que el país, en el ejercicio pleno de su soberanía, opte si lo desea por darle la espalda al autoritarismo moscovita para mirar hacia la UE e integrarse incluso en la OTAN. 

Pocas esperanzas de una salida diplomática

Esa posibilidad, reclamada por el pueblo ucranio en las calles hasta forzar la caída del gobierno prorruso, fue la causa real que llevó entonces a Putin a cometer un acto de flagrante violación del derecho internacional al anexionarse por la fuerza de las armas la península de Crimea y apoyar a los separatistas prorrusos del Donbas. En ese conflicto militar que dura ya ocho años han perdido la vida casi 14.000 personas, 3.000 de ellas civiles. 

Visto ese y otros precedentes de cómo las gasta el zar del Kremlin para imponer su hegemonía en la región, escasean las esperanzas de que se consiga evitar un enfrentamiento militar en la zona. Que Estados Unidos haya pedido al personal no esencial de su embajada en Kiev y a los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que abandonen el país, al tiempo que baraja enviar tropas y armamento a la zona, no contribuye tampoco a ver la situación con demasiado optimismo aunque en paralelo continúen los contactos diplomáticos. 

"Lo que aquí se dirime no es otra cosa que el control ruso de Ucrania"

Lo que aquí se dirime no es otra cosa que el control ruso de Ucrania, en donde Putin podría estar pensando incluso en instalar un gobierno títere favorable a sus intereses geoestratégicos. No sería la primera vez que haría tal cosa con algunas de las repúblicas exsoviéticas que no logran librarse del yugo de Moscú, así que ya debería extrañarnos más bien poco que tenga los mismos planes para Ucrania. Sin embargo, el hecho de que varios países de la vieja órbita soviética como Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía, Polonia o Bulgaria sean hoy miembros de la OTAN, supone un serio obstáculo para sus planes expansionistas y su sueño de recomponer y poner de nuevo bajo control de Moscú los restos del derruido imperio comunista. 

El zar de todas las Rusias y Podemos

A la espera de lo que ocurra en las próximas horas o días, este pulso le está sirviendo a Putin para estudiar las reacciones de Estados Unidos y de sus aliados y detectar sus puntos débiles. Por lo pronto ha desplazado a la UE de las conversaciones con Estados Unidos, lo que supone un nuevo revés para la ya de por sí gris política exterior comunitaria. También estará tomando buena nota de la crisis del Gobierno británico por las fiestas locas de Johnson y del ambiente electoral francés, dos situaciones desfavorables para la unidad que en estos momentos deben mostrar las democracias occidentales frente al abrazo con el que el oso ruso pretende asfixiar a Ucrania. En cuanto a EE.UU. sabe de la escasa popularidad de Biden e intentará sacar rédito del descrédito que sufre la democracia norteamericana entre los propios estadounidenses. 

En este contexto hay que valorar en su justa medida la posición del presidente español y de los ministros de Defensa y Exteriores, que han apostado por la diplomacia sin renunciar a ofrecer apoyo militar disuasorio como corresponde a un país miembro de la OTAN en una situación de este tipo. Sin embargo, más allá del postureo propagandístico del presidente en las redes sociales a propósito de esta crisis, lo más lamentable de todo es que la que debería ser una posición unánime del Ejecutivo sea solo la de uno de los dos partidos que lo conforman. 

"Putin tiene en Podemos un aliado de facto para hacerle el caldo gordo"

Putin tiene en España un aliado encantado de hacerle el caldo gordo: la pata podemita del Gobierno, que no ha tardado en desempolvar las pancartas contra la guerra de Irak y entonar un abstracto y vacío "No a la guerra", como si aquel conflicto y el que se cierne ahora sobre Ucrania fueran comparables. Una vez más esto no dice nada bueno en favor de la lealtad institucional de los socios en los que Sánchez se apoya para conservar el poder y cuya elección es de su exclusiva responsabilidad: en el pecado lleva la penitencia de su irrelevancia internacional por presidir un Gobierno tan poco fiable que Estados Unidos le ignora en las consultas con sus aliados. 

Consumados expertos en ser gobierno y oposición a un mismo tiempo y sin despeinarse, los de Podemos obvian deliberadamente el carácter autoritario del régimen ruso y se alían de facto con un autócrata que aspira a convertirse en el nuevo zar de todas las Rusias. Para que su mensaje pacifista fuera algo más que un eslogan manido y tuviera algún sentido, lo deberían dirigir contra quien está amenazando de nuevo con las armas las fronteras de un país soberano. Ya de paso lo bordarían si también fueran capaces de proclamar por una vez un rotundo, alto y claro "Sí a la democracia" y renegaran para siempre de sus indisimuladas simpatías hacia gobiernos autoritarios y dictatoriales como el ruso. 

¡Es la gripe, idiota!

Pedro Sánchez está muy interesado en que se deje de hablar de la COVID-19 y de contar contagios y muertos en los medios y quiere que eso ocurra en cuanto remita la sexta ola. Podría decirse que a la vista de la dura resiliencia que ha mostrado el virus frente a sus proclamas propagandísticas en las que aseguraba haberlo derrotado, el presidente ha decidido cortar por lo sano y eliminarlo vía decreto, una forma de gobernar que le apasiona como es público y notorio. En esencia, su plan consiste en tratar los casos de COVID-19 como si fueran de gripe común y, a otra cosa, mariposa. No conviene olvidar que estamos a las puertas de un nuevo y largo ciclo electoral que se presenta extraordinariamente reñido en los predios de la izquierda por no mencionar los de la derecha. Por eso, cuanto antes se empiece a olvidar la manifiestamente mejorable gestión que ha hecho de la pandemia tanto mejor para sus ambiciones políticas, que al fin y al cabo son las que han guiado la mayoría de sus decisiones por encima del interés general. 

Es muy pronto para hablar de endemia

Que la actual pandemia seguramente terminará convirtiéndose en endemia es algo en lo que coincide la práctica totalidad de los expertos. Lo que no se puede asegurar es cuándo ocurrirá tal cosa, de modo que los planes del Gobierno para degradar el virus de la COVID-19 a la condición de gripe común son de momento extemporáneos. En esa apreciación hay también un amplio consenso que incluye a la Agencia Europea del Medicamento y a la Organización Mundial de la Salud. Ambas instituciones han advertido estos días de que aún no estamos ni de lejos ante el escenario que el Gobierno parece atisbar ya a la vuelta de la esquina, seguramente urgido por los compromisos electorales de Sánchez.  

La idea que baraja el Ejecutivo es cambiar la información sobre la incidencia de la COVID-19 y asimilarla a la que se emplea en el seguimiento de la gripe. Esto implica, entre otras cosas, dejar de hacer pruebas y acabar con el cansino conteo de contagios con el que día tras día nos machacan sin misericordia los medios de comunicación. Una red de médicos centinela sería la responsable de hacer un seguimiento de los casos diagnosticados y extraer las conclusiones estadísticas correspondientes sobre la circulación del virus. En definitiva, la idea de fondo es que la sociedad se acostumbre a convivir con el virus como ocurre con la gripe y alivie la presión sobre un sistema sanitario exhausto, que soporta ya a duras penas la sexta y masiva ola de contagios.

¿No anunció Pedro Sánchez que habíamos vencido al virus?

A bote pronto suena bien porque todos queremos dejar atrás cuanto antes esta pesadilla y recuperar la normalidad perdida hasta donde sea posible. Sin embargo, abrir ya el debate sobre lo que se ha dado en llamar la gripalización de la COVID-19 cuando se sigue registrando un elevado número de muertes y los contagios continúan en aumento, entraña riesgos importantes de los que también advierte la mayoría de los especialistas. El primero es la falta de rigor que supone y la confusión que este tipo de debates puede generar entre los ciudadanos, sin que haya certeza aún de cuándo alcanzaremos el pico de la sexta ola ni de lo que vendrá a continuación. 

La propia OMS ha advertido esta semana de que en los próximos dos meses se contagiarán millones de europeos y hay que recordar, además, los bajísimos porcentajes de vacunación en numerosos países de todo el mundo. ¿Y si se detecta una nueva variante más letal y nos pilla con el pie cambiado como ha ocurrido con ómicron? ¿Después de dos años de pandemia no hemos aprendido todavía a ser extremadamente prudentes cuando hacemos previsiones? ¿No anunció Pedro Sánchez su victoria sobre el virus y aún estamos como estamos? ¿Alguien previó la sexta ola o la aparición de una variante altamente contagiosa como la ómicron? ¿Cuántos muertos diarios son asumibles para dejar de hablar de pandemia y empezar a hacerlo de endemia? 

Por otro lado, algunos expertos también han recordado estos días que el carácter endémico o estacional de una enfermedad no presupone que sea menos virulenta o grave y alertan de que extrapolar los modelos de seguimiento de la gripe común a una enfermedad nueva como la COVID-19, no es precisamente lo más riguroso desde el punto de vista científico. Entre otras razones porque la COVID-19 es mucho más transmisible y letal que la gripe, como demuestran con creces los datos de contagios y fallecimientos.

No es el momento de levantar castillos de arena, sino de gobernar

Con sus medidas laxas, inoperantes y tomadas como a desgana y a destiempo, el Gobierno parece haber apostado por dejar que el virus circule a sus anchas, confiando tal vez en alcanzar así el pico de la sexta ola cuanto antes. La displicencia y la pachorra con la que se está actuando ha disparado las bajas laborales, tiene desbordada la Atención Primaria, exhaustos a los profesionales sanitarios y amenaza ya a los hospitales. Ante esta situación es irresponsable esconder la cabeza debajo del ala en lugar de poner los pies en la tierra y afrontar los hechos sin intentar difuminarlos u ocultarlos por intereses espurios. 

Es imprescindible proteger a los más vulnerables, insistir en la vacunación y en medidas de prevención de eficacia probada, vigilar la aparición de nuevas variantes y, sobre todo, cumplir de una bendita vez la promesa de reforzar una Atención Primaria que está al límite después de dos años durísimos para los que no estaba preparada y cuyos problemas crónicos no se solucionan con aplausos y palabras de gratitud. La primera y más urgente obligación del Gobierno, de cualquier gobierno, es gobernar el día a día, no levantar castillos de arena sobre escenarios tal vez aún lejanos e imprevisibles cuando la dura realidad te golpea todos los días en la cara. Y mucho menos si el objetivo inconfesable que se esconde detrás es que los ciudadanos se vayan olvidando cuanto antes de cómo se ha gestionado esta pandemia de COVID-19 e indulten al presidente cuando acudan a las urnas.

El volcán de la incompetencia

Al comienzo de la erupción del volcán de La Palma escribí esto en el blog: "Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgracia hay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperar y que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde es imprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible". La autocita es un poco larga y les pido disculpas por ello, aunque reproducirla me ha ahorrado escribir de nuevo algo muy parecido cuando vamos ya camino de los tres meses de erupción. 

Ingenuidad y realidad

Confieso con un poco de rubor que en esta ocasión me había armado con la fe del carbonero y me había dicho que ahora sería distinto, que la emergencia era de una magnitud de tal calibre que el apoyo público no tardaría en llegar y no se repetiría lo de otras desgracias naturales como incendios, terremotos o inundaciones. Siendo incluso consciente de que la burocracia española es una hidra de siete cabezas con pies de plomo, me convencí como un iluso de que alguna vez tendría que ser la primera en la que las promesas de los responsables gubernamentales se materializarían en un plazo razonable y no habría necesidad de que los afectados tuvieran que recurrir a los medios de comunicación para denunciar retrasos.

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja acaba de dejar mi ingenuidad al descubierto. En un comunicado de hace unos días denunciaba que no se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas y establecimientos, lo que significa que los vecinos no cuentan aún con la ayuda de 30.000 euros imprescindible para el pago de un alquiler de un piso provisional. Agrega que no se han entregado la mayoría de viviendas provisionales que prometió el Gobierno de Canarias, lo que está produciendo que los afectados no dispongan ya de capacidad económica para hacer frente a los precios de los arrendamientos de pisos privados que, fruto de la especulación, han incrementado de forma notable sus precios, mermando el poder adquisitivo de los damnificados hasta tal punto de tener que pedir dinero prestado a familiares y amigos. 

"No se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas"

Añade que el Gobierno de Canarias tampoco ha abonado "la ayuda para muebles y enseres, lo que está impidiendo a los miles de afectados tener los enseres básicos de hogar, imprescindibles para su vida diaria y de las de sus hijos y mayores a cargo". Por último recuerda que "no se han abonado a la mayoría de afectados los donativos recaudados por el Cabildo de La Palma y El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, lo que tiene como consecuencia que muchos vecinos desalojados y en el paro pasen penurias económicas para vivir día a día, teniendo que vivir de la caridad de familiares y amigos". Ha sido precisamente a raíz de la publicación de este comunicado cuando las administraciones local e insular han empezado a entregar las donaciones particulares, fruto de la solidaridad de ciudadanos y organizaciones de todo el país que, al contrario de los políticos profesionales, sí tienen perfectamente claro lo que significa la palabra "urgente". 

Incompetencia y uso político de la tragedia

Lo realmente dramático de esta situación no es que no se hayan aprobado ayudas en un plazo relativamente breve, que sí se ha hecho. Lo que resulta sangrante e indignante es que, con las ayudas ya aprobadas, la incompetencia y la falta de agilidad administrativa están retrasando su entrega a los beneficiarios en un plazo aceptable y desvirtuando así su finalidad. Aún teniendo en cuenta la complejidad de una casuística diversa, unas administraciones que en casi tres meses solo han sido capaces de atender a trancas y barrancas las necesidades más perentorias de los afectados y de comenzar ahora a entregar las donaciones particulares, que se empezaron a recoger el mismo día de la erupción, distan mucho de responder a las necesidades de los ciudadanos que las sostienen con sus impuestos. Es urgente acabar con los nudos y los cuellos de botella burocráticos que están ralentizando la entrega de las partidas comprometidas, máxime cuando las tareas de reconstrucción durarán años y el Gobierno central tendrá que incrementar sustancialmente los 214 millones de euros aprobados hasta ahora para hacer frente a unos daños que, según las cuentas autonómicas, suman ya cerca de 850 millones de euros.

Esta incompetencia contrasta poderosamente con las siete visitas que el presidente Sánchez ha realizado a La Palma desde el 19 de septiembre, en cada una de las cuales ha reiterado las mismas promesas incumplidas. A sus viajes, convenientemente amplificados por los medios aunque la única novedad con respecto al anterior fuera el color de la corbata, hay que sumar los de once ministros, la mitad del Gabinete, ninguno de los cuales se ha querido privar del "espectáculo de la Naturaleza" ni quedarse sin prometer un futuro venturoso para los afectados. A pesar de este desfile volcánico de ministros y de estos viajes presidenciales sin otro objetivo práctico que el autobombo, el presidente canario no ha considerado oportuno en estos tres meses dar siquiera un tímido toque público de atención para que se agilice la entrega de las ayudas. Como demuestra la experiencia en otros asuntos, las probabilidades de que Sánchez le haga caso en algo al presidente canario son remotísimas. Sin embargo, Torres proyectaría al menos una imagen pública menos sumisa y silenciosa ante un presidente que ha hecho del volcán palmero su set particular de televisión, mientras los afectados se tienen que conformar por ahora con vivir de promesas.