La pandemia y los que quedan atrás

Que once millones de españoles se encuentren en situación de exclusión social y que más de seis millones sufran pobreza severa apenas si ha tenido una repercusión pasajera, superficial y efímera en los grandes medios nacionales. Las andanzas de un tenista embustero, las macrogranjas o la cansina pugna política diaria a propósito de cualquier banalidad que se tercie han merecido mucha más atención mediática y de las redes sociales. Amparado por la indiferencia generalizada, ni siquiera el Gobierno, que presumió al inicio de la crisis de que nadie quedaría atrás, se ha dado por aludido ante los alarmantes datos que sobre el aumento de la pobreza en España durante la pandemia han presentado esta semana la Fundación FOESSA y Cáritas.  

Realidad paralela

El señor Sánchez y sus ministros viven instalados desde hace tiempo en una dimensión paralela a la de la dura realidad social y, desde allí, se han propuesto convencernos de que la economía y el empleo avanzan ya a toda máquina y nadie está siendo abandonado a su suerte. Los datos del Informe de FOESSA, una entidad que viene radiografiando con rigor y solvencia la evolución social y económica de la población española desde 1965, se dan de bruces con la Arcadia feliz en la que el Gobierno se empeña en que creamos.

Según el Informe, los ciudadanos en situación de exclusión social han aumentado en 2,5 millones entre 2018 y 2020 y el de los que han caído al pozo de la pobreza severa se ha incrementado en 650.000. La juventud, golpeada con dureza en la crisis anterior, se vuelve a llevar una de las peores partes: casi tres millones de jóvenes de entre 16 y 34 años engrosan ya las estadísticas de la exclusión social en un país que lidera el paro juvenil de la Unión Europea.

"La brecha social se ha agrandado un 25% en la pandemia"

Se mire por donde se mire es casi imposible encontrar un dato esperanzador en el Informe. Dos millones de hogares dependen de un solo sueldo para llegar a fin de mes y en otros dos millones todos los miembros de la familia están en paro. La precariedad laboral se ha duplicado y casi un millón de personas son parados de larga duración. A la brecha social, que según FOESSA se ha agrandado un 25% durante la pandemia, hay que añadir ahora la brecha digital que repercute especialmente en las personas mayores, otro colectivo que también está quedando atrás.

Otro tanto ha ocurrido con la brecha de género, que ha crecido de nuevo respecto a la crisis anterior, poniendo así rostro femenino a los aspectos más duros de la realidad social del país. Esta situación, sobre la que no hace falta cargar mucho las tintas porque ya es lo suficientemente negra y desoladora, tiene su traducción en menos dinero para alimentación, ropa y calzado, entre otros bienes de primera necesidad, y mayores dificultades para acceder a los servicios públicos.

Un escudo social insuficiente

Es urgente que los responsables políticos reaccionen ante esta grave situación y se pongan de acuerdo en cómo afrontar con medidas a corto, medio y largo plazo la cronificación de la pobreza en nuestro país, una situación de la que resulta casi imposible escapar sin ningún tipo de apoyo público. Sin que ello signifique desmerecer o menospreciar el esfuerzo hecho por el Gobierno a través de los ERTES o del Ingreso Mínimo Vital, a la vista está que el famoso "escudo social" del que tanto ha presumido con fines propagandísticos está dejando demasiado que desear. 

A modo de ejemplo, el manoseado Ingreso Mínimo Vital no llega aún ni a la mitad de los 850.000 potenciales beneficiarios que prometió el Gobierno. Conseguir que cumpla el objetivo para el que fue aprobado y se extienda a quienes lo necesiten debería ser una prioridad del Ejecutivo, pero no hay constancia de que se esté haciendo algo al respecto. Igual de prioritario debería ser reducir la precariedad laboral, pero tampoco parece que la leve reforma laboral vaya a ayudar mucho por más que la señora Díaz la utilice a toda hora como banderín de enganche electoral. Facilitar el acceso a la vivienda con algo más que medidas cosméticas como el bono de alquiler, acometer la brecha digital que discrimina a los mayores y adaptar los servicios sociales a las necesidades de los colectivos más vulnerables deberían ser ejes centrales de la actuación de todas las administraciones públicas, empezando por la central.

"El IMV no llega ni a la mitad de los potenciales beneficiarios"

Ni el Gobierno, que tanto alardea de progresista, ni la sociedad española pueden permanecer impasibles o pasar de puntillas sobre una hecatombe social de estas dimensiones: nada más y nada menos que casi la cuarta parte de la población española se está quedando atrás o se ha quedado definitivamente en la estacada en medio de la indiferencia generalizada. Los eslóganes que prometían que eso no ocurriría o que saldríamos más fuertes tendrían que haber servido para mucho más que para alimentar el autobombo y decorar las comparecencias públicas del presidente y sus ministros. Los crudos datos de FOESSA evidencian con su frialdad que ninguna pancarta por grande que sea ni ningún eslogan por mucho que se repita como un mantra, bastan para tapar la profunda y creciente brecha social que sufre el país.  

El fiasco del Ingreso Mínimo Vital

Todos recordamos el día en que el Gobierno aprobó el decreto ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV): era el 29 de mayo de 2020 y faltaban tres telediarios para que Pedro Sánchez proclamara urbi et orbi que había vencido el virus y ya podíamos echarnos a la calle a "disfrutar". También eran los tiempos del "salimos más fuertes" y del "no dejaremos a nadie atrás" que aún hoy alimentan el autobombo gubernamental. Pablo Iglesias se soltó la coleta y se apuntó el tanto: "es un día histórico para la democracia", dijo; como le pareció poco añadió que el IMV es  "el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la ley de la Dependencia en 2006". En los Presupuestos se consignaron 3.000 millones de euros de los que en septiembre de este año solo se habían gastado 1.400 millones. Así las cosas, un año y medio después perciben la ayuda unos 800.000 de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y de cada cuatro peticiones se han denegado tres. Así es como esta medida estrella del famoso "escudo social" ha servido hasta ahora mucho más para que el Gobierno se cuelgue inmerecidas medallas que para paliar la miseria de los 4,5 millones de españoles en situación de pobreza severa, "dramáticamente agravada por la pandemia" según el propio Gobierno. 

Camino del fiasco

Ante tantas y tan buenas intenciones, uno se pregunta qué está saliendo mal para que el IMV vaya camino de ser otro fiasco si no lo remedian los cambios introducidos en la ley que el Congreso acaba de aprobar sin ningún voto en contra. La primera respuesta es que ha fallado todo lo que suele fallar cuando se adoptan decisiones de esta naturaleza con la mente puesta ante todo en los eslóganes resultones y en los titulares del día después, es decir, sin estudiar a fondo cómo, cuánto y a quién se pretende ayudar a salir del hoyo de la pobreza. Es lo que se ha calificado de diseño equivocado - por improvisado y alejado de una realidad compleja - de una medida sobre la que hasta el Defensor del Pueblo ha mostrado sus recelos por si discrimina a los jóvenes con respecto a los adultos.

En segundo lugar, no tuvo en cuenta el Gobierno la pesada e inmisericorde maquinaria burocrática de este país, capaz de acabar con la paciencia de un santo y de convertir en papel mojado cualquier decisión por bien intencionada e incluso bien articulada que esté. Lo hemos visto decenas de veces cuando las ayudas "inmediatas" que prometen los políticos a pie de inundaciones, terremotos, incendios o volcanes deben pasar mil y un filtros administrativos mientras los potenciales beneficiarios desesperan esperando. Con el IMV está ocurriendo exactamente lo mismo, agravado por el número de administraciones que se involucran en el proceso. 

EFE

Requisitos inalcanzables

Pero no culpemos a la burocracia de todos los males. Los espartanos requisitos del decreto, ahora levemente suavizados en la ley, resultan inalcanzables para la gran mayoría de quienes teóricamente tendrían derecho al IMV. Por citar solo un ejemplo, los ingresos de referencia para conceder la ayuda son los de 2019, año en el que afortunadamente aún no sabíamos nada de la existencia de un virus llamado COVID-19 y sus efectos. Además, para poder presentar la solicitud es muy recomendable disponer de ordenador y conexión a internet, lo cual resulta cuando menos sarcástico tratándose de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, presentarla en papel garantiza una larga espera para saber si se es merecedor del IMV o toca seguir de pobre de solemnidad. 

Hablando de seguir de pobre, ya me dirán cómo se vive con 484 euros mensuales, que es el IMV de un adulto que viva solo, o con 900 euros para una familia de dos adultos y dos menores. Para que se entienda mejor baste con decir que, entre estas cantidades y la que marca la línea roja a partir de la que ya no se pertenece oficialmente a la categoría de pobre, cifrada en unos 20.000 euros, hay una diferencia de unos 11.000 euros. A lo anterior hay que añadir que las ayudas llegarán a familias que ya han caído por el tobogán de la pobreza y que lo tendrán muy difícil para revertir su situación. Y cierro este capítulo con una pregunta para subir nota: ¿cuántos millones procedentes de los fondos europeos para hacer frente a los daños de la pandemia destinará el Gobierno a paliar la lacra de la pobreza y la exclusión? 

Canarias, a la cabeza de la cola 

El círculo del chasco lo completa la foto de su cobertura por comunidades autónomas, cuyas insuficientes rentas mínimas ha venido teóricamente a complementar el IMV. Y cómo no, ahí está Canarias una vez más, casi liderando las autonomías menos beneficiadas, superada solo por Cataluña. En estas islas el IMV ha llegado al modesto porcentaje del 5,5% de los potenciales beneficiarios, lo que supone que lo han recibido unas 36.000 personas. Para entenderlo mejor hay que recordar que en 2020 había en Canarias algo más de 800.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las que cerca de la mitad caían en la categoría de pobreza severa. Este dato es un 7% superior a la media nacional, por no hablar de un paro en las islas del 24% que también supera en 10 puntos el dato nacional.

Para 2022 los Presupuestos del Estado consignan una partida para el IMV de 4.436 millones de euros y la ley relajará algunos de los leoninos requisitos del decreto ley para acceder a la ayuda, cuya cuantía también se incrementa un 3%. Aún así, los responsables de servicios sociales consideran que el arreglo es insuficiente y calculan que el IMV no sacará de su situación a una quinta parte de la población en riesgo de pobreza siempre y cuando se cumplan las previsiones del Gobierno, algo sobre lo que no conviene hacerse muchas ilusiones dada la experiencia. 

Dice un conocido proverbio chino que si regalas pescado a un hombre le darás alimento para un día, pero si le enseñas a pescar lo alimentarás para el resto de su vida. En España esto significaría que no basta con que el IMV llegue a las personas que han caído en el pozo de la pobreza; la necesaria ayuda debería estar acompañada de políticas que les sirvan para salir de una situación que suele volverse crónica y hereditaria para la mayoría, y que con la crisis de la pandemia se ha agravado. Creo que no hay mejor ingreso mínimo vital que el acceso a la formación y a un trabajo digno, sin que esto suponga que los poderes públicos no deban hacer lo posible para no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a fecha de hoy, esa expresión todavía tiene mucho más de eslógan propagandístico y electoral que de realidad palpable. 

Canarias y el drama de los servicios sociales

Que Canarias, la comunidad autónoma con los peores datos de riesgo de exclusión y pobreza severa, tenga también los servicios sociales más ineficientes es un drama que debería avergonzar a los poderes públicos. No es posible avanzar si quedan atrás 150.000 personas en situación de pobreza severa y casi 800.000 en riesgo de exclusión social, unas cifras terribles que se han disparado con la pandemia y con las que la sociedad insular y las instituciones públicas parece que se han acostumbrado a convivir. Hemos terminado por normalizar una bomba de relojería social que se está cronificando sin que los responsables políticos se muestren capaces de desactivarla. A lo que asistimos en cambio es a un permanente ejercicio de esquivar el bulto y culpar al lucero del alba para intentar justificar lo injustificable: que en contra de lo prometido solemnemente no solo no hay recursos suficientes sino que faltan ante todo planificación, gestión y liderazgo.

EFE

Soplar y sorber: oposición y gobierno a la vez

Ya es tan frecuente como insultante que la responsable autonómica de los servicios sociales actúe como si fuera aún la portavoz de Podemos en la oposición al Gobierno de Canarias. Dos años después de llegar a la consejería, Noemi Santana no deja pasar ocasión de culpar a la herencia recibida, al Gobierno central del que también forma parte su partido o a los funcionarios de su propio departamento porque supuestamente son de CC, de ser los que han llevado los servicios sociales autonómicos a jugar un papel irrelevante para las personas que más los necesitan y cuando más lo necesitan, según el diagnóstico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

La palabra "autocrítica" no está en su vocabulario, pero se permite lanzar un órdago que ella y todos los ciudadanos sabemos por desgracia que es muy poco probable que cumpla porque solo es otra pose para su parroquia electoral: abandonar el Gobierno autonómico si no recibe los recursos que lleva pidiendo desde el inicio de la legislatura. Aún teniendo parte de razón, a cualquiera se le ocurre que, además de reclamar recursos, hay que pasar de los eslóganes políticos a los hechos y probar que se tiene capacidad para gestionarlos con eficiencia y capitanear un cambio radical de tendencia en la atención que necesitan las personas dependientes o las que se encuentran en situación de pobreza o exclusión.

"Lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de las cifras"

Sin desdeñar los efectos económicos y sociales de la pandemia, estos no pueden ser la coartada perfecta para justificar la penosa situación. A fecha de hoy, lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de unas cifras que, es cierto, ya eran malas cuando Santana llegó a la consejería pero que han empeorado bajo su dirección. Sirvan como botones de muestra que se tarda más de un año en resolver las pensiones no contributivas y más de dos las de invalidez; las reclamaciones y revisiones de nóminas tardan más de un año, hay unos 1.300 expedientes de PCI esperando renovación y otros 1.000 aguardan tramitación; casi dos años hay que esperar por una cita para discapacidad y más de uno en el caso de los menores. En atención a la dependencia la situación es aún más dramática: solo se atiende al 6% de la población que potencialmente debería recibir una prestación o un servicio que puede tardar hasta 3 años en llegar, según el Diputado del Común. Esto conduce irremisiblemente a que miles de dependientes fallezcan todos los años en Canarias esperando a que concluya el calvario burocrático.  

Ni planificación ni gestión ni liderazgo

La frialdad de esos datos revela en buena medida la falta de planificación y liderazgo de una consejera que impulsó desde la oposición la reprobación de su antecesora y la acusó de sembrar el caos. Sin embargo, que en 2020, en pleno año de pandemia, dejara sin gastar 66 millones de euros habla a las claras de su incapacidad para gestionar los recursos públicos. Cabe preguntarse para qué pide más fondos si no es capaz de ejecutar primero los que tiene asignados. Según los trabajadores sociales, hemos atravesado el ecuador de la legislatura sin planificación y sin reducir la burocracia ni mejorar los sistemas de trabajo. Dos años ha demorado Santana en preparar un decreto con el catálogo de servicios previsto en la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2019 después de meses de tramitación. Las organizaciones sociales, que ya han perdido la confianza en la consejera, han calificado el decreto de "restrictivo, vacío de contenido y con vicios" y han pedido al presidente autonómico que intervenga ante la incapacidad de Santana para cumplir lo establecido en la ley. 

"Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención es una falta de respeto"

Como plantean los directores y gerentes de servicios sociales, Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de esos servicios que se ha agravado en esta legislatura. Además de reactivar la economía como el mejor de los servicios sociales para reducir el paro y la pobreza, urge un gran pacto entre el Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos para evitar solapamientos e impulsar unos servicios que no están actuando con la premura y la agilidad que requiere una situación social que, lejos de mejorar, seguramente se agravará aunque pase lo peor de la pandemia. Pero tan urgente como eso es que la persona que debe liderar ese acuerdo comprenda al fin que ya no es la portavoz de Podemos en la oposición, sino la cabeza visible de una consejería pocas veces tan necesaria como ahora. 

Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención sobre la propia ineficacia es una falta de respeto a los ciudadanos en general y, en particular, a quienes esperan de ella algo más que tinta de calamar y cortinas de humo. Frente a eso solo hay una alternativa, tener la valentía de dimitir en lugar de amagar con hacerlo o que el presidente Torres, sobre el que en última instancia recae la responsabilidad de haber elegido a la señora Santana para un cargo que parece venirle muy grande, le agradezca los servicios prestados y la sustituya al frente de la consejería. Como hasta ahora no se puede continuar.