Ómicron y el miedo

El gran historiador romano Tito Livio escribió que "el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son". La RAE define el miedo como la angustia producida por la percepción de un riesgo o peligro, que puede ser real o no, y que puede percibirse de manera presente o de futuro. También dice un refrán español que "el miedo es libre", pero creo que en este caso se equivoca por completo el refranero: nada menos libre que el miedo y nada más paralizante. Viene este exordio a propósito de la ómicron, la nueva variante del COVID - 19,  la cual ha desatado una ola mundial de miedo que con los datos disponibles hasta la fecha no parece plenamente justificada. Por ejemplo, la doctora sudafricana que alertó de la variante ha declarado a la BBC que hasta ahora "los efectos sobre los pacientes son leves" y que no hay ningún hospitalizado. ¿Significa eso que debemos hacer caso omiso y seguir como si nada? En absoluto, lo que significa es que los responsables públicos y los medios de comunicación tienen la obligación de ser extremadamente cautelosos a la espera de disponer de todos los datos científicos, lo cual no está reñido con permanecer alertas y ser prudentes mientras el virus circule, algo que tal vez haga indefinidamente. Dejarse arrastrar por un miedo cerval sin causa justificada suficiente nos convierte en presas fáciles para la manipulación.  

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Que no cunda el pánico

No hace falta seguir ninguna teoría de la conspiración para recordar que en la Historia hay numerosos ejemplos en los que el poder ha utilizado el espantajo del miedo para fines diversos, casi nunca confesables. No digo que sea el caso pero, desde que la OMS bautizó a ómicron y la calificó de "variante de preocupación", estamos asistiendo a una gigantesca oleada de reacciones políticas y epidemiológicas que lejos de transmitir calma y serenidad a la población contribuyen a alarmarla. La propia OMS ha tenido un comportamiento inexplicable y errático al calificar primero la mutación de "preocupante" para al día siguiente señalar que se desconoce el nivel de transmisibilidad y admitir que "es pronto para determinar su virulencia".  No le va a la zaga a la hora de atizar los mensajes alarmistas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instando a los países europeos a "prepararse para lo peor" y asegurando que "estamos en una carrera contra el tiempo". Lo que según la señora von der Leyen es "lo peor" no lo sabemos porque no lo dijo, pero a fe que sus palabras nos han metido más miedo en el cuerpo.

De eso se encargan especialmente los medios de comunicación, embarcados de nuevo en una carrera para dirimir cuál publica el titular más amenazante. Sin embargo, los llamamientos científicos a la calma y a la prudencia a la espera de disponer de más datos se ignoran o se relegan a un segundo plano, seguramente porque no hay nada mejor para generar audiencias que anunciar el Armagedón en vivo y en directo. De este modo la caza del paciente con ómicron se ha activado y en los medios solo se ve y lee estos días un goteo incesante de casos contagiados con esa variante, pero apenas nada sobre los efectos sobre la salud de esos pacientes. Me atrevo a llamarlo alarmismo informativo y, sin duda, no es la mejor manera de transmitir serenidad a una población que lleva ya año y medio sometida a un bombardeo continuo de titulares intimidantes y ominosos sobre la pandemia. 

Un desafío global

Lo más que se puede decir en estos momentos sobre ómicron es que se trata aún de un enigma que no se resolverá hasta que no haya datos epidemiológicos mucho más fiables. Cierto que entre los científicos y las autoridades hay preocupación generalizada por la elevada capacidad de mutación de la variante, pero de ahí no se puede deducir aún si esto la hace más o menos peligrosa o si será capaz de burlar las vacunas. Por otro lado, aunque se ha detectada en Sudáfrica, seguramente ya se encontraba en circulación en otros lugares del mundo. De ahí que la decisión de suspender los vuelos con ese país y con otros de la zona que se está adoptando en todo el mundo incluida España, además de representar un estigma para Sudáfrica, parece poco eficaz y suena más bien a la necesidad de los políticos de hacer ver a una población atemorizada que se están haciendo cosas. 

Los científicos también advirtieron en su momento de que estamos ante una amenaza global y como tal debía afrontarse. Nadie les hizo caso y ahora tenemos que escuchar como, ayer mismo, los países más ricos del mundo reunidos con urgencia en el G7 ante la alarma del ómicron, instan a esos mismos países, es decir, se instan a sí mismos, a vacunar a los países más pobres. Cuando hace año y medio se dio la voz de alarma global el lema general fue el de sálvese quien pueda y los pobres que se las arreglaran solos. Pero los pobres, especialmente los africanos, no se las han podido arreglar solos y apenas han conseguido vacunar al 10% de la población con solo una dosis. En el norte el porcentaje con la pauta completa sube al 60% de media y en España llega al 90% de la población diana. 

Sin embargo, parece que es ahora cuando los países ricos caen en la cuenta de que este virus no se controla solo cerrando fronteras y suspendiendo vuelos, aunque eso también pueda ayudar en determinadas circunstancias. Como señalé en un reciente comentario, la vacuna es la clave del éxito en la lucha contra esta calamidad pública porque, digan lo que digan algunos irredentos antivacunas, protege contra los cuadros más graves de la enfermedad y ralentiza la circulación del virus. 

Lo que se sabe y lo que no 

Antes de tocar a rebato hemos de saber si ómicron es más peligrosa que otras variantes, algo que se sabrá a medida que aparezcan nuevos casos y se estudie su evolución. Habrá que tener en cuenta que la población africana y la europea, por ejemplo, son diferentes. En la primera hay una mayor prevalencia de enfermedades endémicas que podrían provocar un comportamiento diferente de la variante. De momento, los informes indican que los síntomas son leves y no hay daños neurológicos. La gran pregunta para la que de momento no hay respuesta es si la ómicron burlará la vacuna. Ningún científico se atreve aún a afirmarlo o a negarlo con rotundidad. En la hipótesis más pesimista harían falta algunos meses para desarrollar una nueva vacuna, mientras que en la más optimista contagiarse con ómicron podría quedar solo en síntomas leves. 

Ante tantas preguntas para las que por ahora no hay respuesta es fundamental no dejarse arrastrar por la ansiedad y mantener la calma y la prudencia. Las medidas que se adopten se deben basar en evidencias científicas y no en previsiones alarmistas generadas por hipótesis que el miedo, y por qué no decirlo, el cálculo político y económico podrían estar exagerando injustificadamente. Prevenir no es solo adelantarse a un posible riesgo, es también hacerlo de forma ponderada en función de la información científica disponible y procurando hacer el menos daño posible los derechos fundamentales en juego y a la actividad económica. Por terminar con otra cita, una gran científica, la francesa Marie Curie, escribió algo que cobra hoy toda su vigencia: "Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos". 

El fiasco del Ingreso Mínimo Vital

Todos recordamos el día en que el Gobierno aprobó el decreto ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV): era el 29 de mayo de 2020 y faltaban tres telediarios para que Pedro Sánchez proclamara urbi et orbi que había vencido el virus y ya podíamos echarnos a la calle a "disfrutar". También eran los tiempos del "salimos más fuertes" y del "no dejaremos a nadie atrás" que aún hoy alimentan el autobombo gubernamental. Pablo Iglesias se soltó la coleta y se apuntó el tanto: "es un día histórico para la democracia", dijo; como le pareció poco añadió que el IMV es  "el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la ley de la Dependencia en 2006". En los Presupuestos se consignaron 3.000 millones de euros de los que en septiembre de este año solo se habían gastado 1.400 millones. Así las cosas, un año y medio después perciben la ayuda unos 800.000 de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y de cada cuatro peticiones se han denegado tres. Así es como esta medida estrella del famoso "escudo social" ha servido hasta ahora mucho más para que el Gobierno se cuelgue inmerecidas medallas que para paliar la miseria de los 4,5 millones de españoles en situación de pobreza severa, "dramáticamente agravada por la pandemia" según el propio Gobierno. 

Camino del fiasco

Ante tantas y tan buenas intenciones, uno se pregunta qué está saliendo mal para que el IMV vaya camino de ser otro fiasco si no lo remedian los cambios introducidos en la ley que el Congreso acaba de aprobar sin ningún voto en contra. La primera respuesta es que ha fallado todo lo que suele fallar cuando se adoptan decisiones de esta naturaleza con la mente puesta ante todo en los eslóganes resultones y en los titulares del día después, es decir, sin estudiar a fondo cómo, cuánto y a quién se pretende ayudar a salir del hoyo de la pobreza. Es lo que se ha calificado de diseño equivocado - por improvisado y alejado de una realidad compleja - de una medida sobre la que hasta el Defensor del Pueblo ha mostrado sus recelos por si discrimina a los jóvenes con respecto a los adultos.

En segundo lugar, no tuvo en cuenta el Gobierno la pesada e inmisericorde maquinaria burocrática de este país, capaz de acabar con la paciencia de un santo y de convertir en papel mojado cualquier decisión por bien intencionada e incluso bien articulada que esté. Lo hemos visto decenas de veces cuando las ayudas "inmediatas" que prometen los políticos a pie de inundaciones, terremotos, incendios o volcanes deben pasar mil y un filtros administrativos mientras los potenciales beneficiarios desesperan esperando. Con el IMV está ocurriendo exactamente lo mismo, agravado por el número de administraciones que se involucran en el proceso. 

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Requisitos inalcanzables

Pero no culpemos a la burocracia de todos los males. Los espartanos requisitos del decreto, ahora levemente suavizados en la ley, resultan inalcanzables para la gran mayoría de quienes teóricamente tendrían derecho al IMV. Por citar solo un ejemplo, los ingresos de referencia para conceder la ayuda son los de 2019, año en el que afortunadamente aún no sabíamos nada de la existencia de un virus llamado COVID-19 y sus efectos. Además, para poder presentar la solicitud es muy recomendable disponer de ordenador y conexión a internet, lo cual resulta cuando menos sarcástico tratándose de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, presentarla en papel garantiza una larga espera para saber si se es merecedor del IMV o toca seguir de pobre de solemnidad. 

Hablando de seguir de pobre, ya me dirán cómo se vive con 484 euros mensuales, que es el IMV de un adulto que viva solo, o con 900 euros para una familia de dos adultos y dos menores. Para que se entienda mejor baste con decir que, entre estas cantidades y la que marca la línea roja a partir de la que ya no se pertenece oficialmente a la categoría de pobre, cifrada en unos 20.000 euros, hay una diferencia de unos 11.000 euros. A lo anterior hay que añadir que las ayudas llegarán a familias que ya han caído por el tobogán de la pobreza y que lo tendrán muy difícil para revertir su situación. Y cierro este capítulo con una pregunta para subir nota: ¿cuántos millones procedentes de los fondos europeos para hacer frente a los daños de la pandemia destinará el Gobierno a paliar la lacra de la pobreza y la exclusión? 

Canarias, a la cabeza de la cola 

El círculo del chasco lo completa la foto de su cobertura por comunidades autónomas, cuyas insuficientes rentas mínimas ha venido teóricamente a complementar el IMV. Y cómo no, ahí está Canarias una vez más, casi liderando las autonomías menos beneficiadas, superada solo por Cataluña. En estas islas el IMV ha llegado al modesto porcentaje del 5,5% de los potenciales beneficiarios, lo que supone que lo han recibido unas 36.000 personas. Para entenderlo mejor hay que recordar que en 2020 había en Canarias algo más de 800.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las que cerca de la mitad caían en la categoría de pobreza severa. Este dato es un 7% superior a la media nacional, por no hablar de un paro en las islas del 24% que también supera en 10 puntos el dato nacional.

Para 2022 los Presupuestos del Estado consignan una partida para el IMV de 4.436 millones de euros y la ley relajará algunos de los leoninos requisitos del decreto ley para acceder a la ayuda, cuya cuantía también se incrementa un 3%. Aún así, los responsables de servicios sociales consideran que el arreglo es insuficiente y calculan que el IMV no sacará de su situación a una quinta parte de la población en riesgo de pobreza siempre y cuando se cumplan las previsiones del Gobierno, algo sobre lo que no conviene hacerse muchas ilusiones dada la experiencia. 

Dice un conocido proverbio chino que si regalas pescado a un hombre le darás alimento para un día, pero si le enseñas a pescar lo alimentarás para el resto de su vida. En España esto significaría que no basta con que el IMV llegue a las personas que han caído en el pozo de la pobreza; la necesaria ayuda debería estar acompañada de políticas que les sirvan para salir de una situación que suele volverse crónica y hereditaria para la mayoría, y que con la crisis de la pandemia se ha agravado. Creo que no hay mejor ingreso mínimo vital que el acceso a la formación y a un trabajo digno, sin que esto suponga que los poderes públicos no deban hacer lo posible para no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a fecha de hoy, esa expresión todavía tiene mucho más de eslógan propagandístico y electoral que de realidad palpable. 

Vacuna obligatoria, de entrada no

Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la vacuna obligatoria contra la COVID-19. Resurge este debate a raíz del importante aumento de los contagios en varios países europeos, cuyos gobiernos están poniendo en marcha una nueva tanda de restricciones de movilidad, acompañada esta vez de la obligatoriedad de vacunarse para la población que ha rechazado la vacuna o de determinados grupos profesionales como sanitarios, profesores y otros empleados públicos. Estas medidas han provocado manifestaciones violentas en Viena, Bruselas o Róterdam, instrumentalizadas por fuerzas populistas de extrema derecha. Estas formaciones están demostrando una preocupante capacidad de llevar a su molino el agua del hartazgo, el descontento y la desconfianza de muchos ciudadanos ante las élites políticas y los llamados expertos, cuya gestión de la pandemia no ha sido precisamente sobresaliente. 

Una vacuna segura y eficaz

Aunque con mucha menos fuerza, el debate también ha llegado a España a pesar de que la situación epidemiológica en nuestro país es aún comparativamente mucho mejor. La clave es el elevado porcentaje de vacunados con la pauta completa: un 89% de la población diana en España frente a dos tercios aproximadamente de Alemania, Austria o el Reino Unido. La primera conclusión es que a mayor porcentaje de vacunados menos presión hospitalaria y, sobre todo, menos casos graves. El aumento de los contagios y el leve repunte de hospitalizados e ingresados en unidades de cuidados intensivos de los últimos días, no desmienten, sin embargo, la eficacia de la vacuna. 

Que seis de cada diez pacientes en cuidados intensivos no estuvieran vacunados prueba precisamente la importancia de la vacuna para luchar contra las peores consecuencias del virus: el patógeno circula con mucha más facilidad y es mucho más dañino entre los no inoculados, cuya capacidad de contagio es también mucho mayor y de consecuencias más graves que la de quienes se han vacunado. Con este simple dato bastaría para darse cuenta de que la vacuna no es el problema, sino la solución. Con todo, con el virus circulando y provocando contagios como lo está haciendo, será necesario reactivar ciertas medidas preventivas para evitar que la situación se vuelva a desbocar. 

El repunte de los contagios está poniendo nerviosas a unas comunidades autónomas que empiezan a pensar de nuevo en restricciones y certificados de vacunación para acceder a lugares públicos o viajar. A pesar de la falta de consenso entre los especialistas sobre la eficacia de algunas de esas medidas y sin legislación estatal en la que ampararse por el cálculo político del Gobierno central, las autonomías se aprestan de nuevo a vérselas con los jueces y con el recelo de una población agotada después de más de año y medio de restricciones. La evolución de los datos de la pandemia y la recuperación económica anunciada por el Gobierno pero que no termina de llegar, condicionarán las medidas que se adopten cara a una Navidad que ya se barrunta nuevamente llena de pegas. Esto es particularmente relevante en Canarias, en donde el aumento de casos en los países emisores de turistas puede dar al traste con la segunda temporada de invierno consecutiva, la más importante en el Archipiélago. 

Patronal y Podemos a favor de la obligatoriedad

En ese contexto se han escuchado las primeras voces a favor de la vacuna obligatoria. Además de la de algún epidemiólogo, también se han mostrado partidarios el presidente de la CEOE y Unidas Podemos, una coincidencia cuando menos llamativa. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como algunos creen. Echando la vista atrás, la historia de las vacunas está llena de dificultades, aunque con el paso del tiempo se han ido normalizando y aceptando por la inmensa mayoría de la población. Por solo citar un par de ejemplos, la primera vacuna contra la viruela involucró la linfa de la viruela de ganado. En el siglo XIX, para algunos sectores del ascendente movimiento vegetariano británico, esto era repugnante. El tejido porcino también ha llevado a algunos musulmanes a preguntarse por el uso de gelatina derivada del cerdo como estabilizador de la vacuna, lo que dificultó la vacunación contra el sarampión en Indonesia hasta una fecha tan reciente como 2018. 

Pero más allá del rechazo a la vacuna por motivos religiosos, sociales, políticos o filosóficos, o simplemente por estulticia incurable, hay una serie de requisitos cruciales que se deben tomar en consideración. Desde el punto de vista legal, solo bajo un estado de excepción sería posible imponer en estos momentos en España la vacuna obligatoria. El pasotismo del Gobierno y del Parlamento para cumplir sus obligaciones legislativas ante la pandemia es la causa de que a fecha de hoy no exista una norma concreta y específica que ampare, llegado el caso, una decisión como esa. Solo una sentencia judicial podría obligar a un ciudadano a vacunarse, aunque aquí no estamos hablando de unos pocos ciudadanos renuentes, sino del 11% de la población diana que ha rechazado la vacuna. 

Ni la ONU ni la OMS recomiendan la obligatoriedad

Además de los legales, deberían cumplirse otros supuestos que avalen y justifiquen la obligatoriedad. Organismos como la ONU recomiendan que solo se llegue a ese extremo si no hay alternativa para lograr el objetivo, en este caso poner el virus bajo control para reducir al máximo los casos hospitalarios y graves; también debe responder a una necesidad social urgente, ser proporcional a los intereses en juego, lo menos intrusiva posible y no discriminatoria. Dicho de forma resumida, para la ONU lo conveniente es que la vacuna sea voluntaria y no coercitiva con el fin de evitar la división social y no generar un problema añadido al que se pretende combatir. Tampoco la OMS ve con simpatía la vacuna obligatoria y de hecho no prevé recomendarla.

A efectos de extender la vacunación entre los reacios, tal vez sería mucho más eficaz mejorar sustancialmente la transparencia de la información pública para hacer frente a los bulos y combinar la pedagogía con algún tipo de incentivo que anime a vacunarse. Apostar por la obligatoriedad o aplicar medidas punitivas conduciría a un terreno resbaladizo que afectaría a derechos y libertades fundamentales, por mucho que a la inmensa mayoría nos resulte absolutamente incomprensible y merecedor del más severo reproche social que haya gente dispuesta a contagiar y a contagiarse y a sufrir las graves consecuencias, debido a vaya usted a saber qué extraña idea o teoría negacionista. Pero salvo que se dieran los requisitos de los que habla la ONU, una decisión así habría que enmarcarla más en las prácticas de los regímenes autoritarios que en las de la democracia. 

Aplicadas todas estas matizaciones, consideraciones y requisitos al caso español, creo que la conclusión solo puede ser una: vacunación obligatoria, de entrada no. No solo porque no se cuenta con el marco legal adecuado, sino porque el alto porcentaje de vacunados que ya hay en nuestro país y los datos epidemiológicos actuales no la justificarían y tendría en cambio importantes contraindicaciones sociales y políticas. 

Las cuentas y los cuentos de las pensiones

Dije hace poco en el blog que para saber qué será de las pensiones hay que prestar atención a los globos sonda del ministro Escrivá. Este hombre se ha ganado una merecida fama por decir lo contrario de lo que hace y hacer lo contrario de lo que dice. En 2019, siendo presidente de la AIReF, dijo que las cotizaciones sociales en España están seis puntos por encima de la media de la OCDE, por lo que no era necesario subirlas para mantener las pensiones. Dos años después, el ahora ministro ha acordado con los sindicatos y sin los empresarios subirlas el 0,6%, porcentaje del que la empresa pagará el 0,5%. En diciembre de 2020 sugirió ampliar el periodo para calcular la pensión y en los papeles enviados a Bruselas con las reformas exigidas a cambio de los fondos para la crisis, esa propuesta está negro sobre blanco. Sin embargo, contra toda lógica, Escrivá niega hasta en arameo que la medida suponga un recorte de la pensión. A continuación ha jurado también que el caballo blanco de Santiago no es blanco, sino alazán. 

S. Burgos

Recortando que es gerundio

Vaya por delante que solo soy experto en intentar entender la realidad que me rodea. En mi supina ignorancia siempre había pensado que lo de las pensiones consistía solo en que entre un poco más de dinero del que sale para que el sistema no quiebre. También creía que para eso era imprescindible, entre otras cosas, que haya trabajo estable y de calidad, especialmente para los jóvenes. Pero al parecer los cambios demográficos y otros factores han hecho que eso ya no sea así, por lo que nadie piensa hoy en esas viejas fórmulas; tampoco se acuerda nadie de los 180.000 millones de la economía sumergida que no cotizan, de la ausencia de políticas demográficas, de la ineficiencia del gasto público o del colesterol malo del gobierno y su legión de asesores multiplicada por diecisiete autonomías. Ahora, si se gasta en pensiones más de lo que se ingresa la única solución que ven los políticos es meter la tijera y decir que están trabajando para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Lo que veo sin ser experto es que las pensiones van camino de convertirse en un futuro tal vez no muy lejano, en una rara avis sobre la que los abuelos contarán historias para dormir a sus nietos. Tres bazas tiene el Gobierno para lograr lo que pomposamente llama la "sostenibilidad" del sistema, que hablando en plata significa cobrar menos pensión durante menos años. Pagar más cotizaciones no da derecho a cobrar una pensión mayor y, en cambio, puede perjudicar el empleo y los salarios. Además, las cifras de Escrivá parecen tan infladas como las previsiones económicas del Gobierno: conseguir 50.000 millones de euros para la hucha de las pensiones en los diez años en los que estará en vigor la subida, se antoja como un brindis al sol que obligará a subir de nuevo las cotizaciones más pronto que tarde. El Gobierno llama a esto Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que suena muy bonito pero que de ambas cosas parece tener lo que yo de monje tibetano: en realidad solo blinda las pensiones del baby boom a costa de elevar las aportaciones de las generaciones más jóvenes, las que más dificultades de empleo tienen en un país que es líder europeo en paro juvenil. 

¡Más recortes, es la guerra!

La segunda baza es elevar el periodo de la vida laboral que se toma para calcular la cuantía de la pensión. Podemos y los sindicatos se oponen por ahora pero, como ya dije, la medida está en los papeles sobre las reformas enviados a Bruselas. Si bien la subida de las cotizaciones no conllevará un aumento de la pensión, la ampliación del periodo de cálculo hasta los 35 años sí supondría un recorte de la cuantía inicial por mucho que Escrivá quiera hacer creer lo contrario. Aunque de momento solo es una propuesta, algunos informes académicos calculan el tijeretazo en cerca del 9%, aproximadamente unos 1.500 euros anuales menos para una pensión mensual de unos 1.000 euros. Como ahorro para el sistema no estaría nada mal, pero para los futuros pensionistas, que lo tendrán bastante más crudo para encadenar muchos años seguidos de empleo, sería un sablazo en toda regla que afectaría especialmente a las mujeres. 

"La sostenibilidad requiere también que la edad de jubilación se aproxime cada vez más a la de deceso"

La tercera baza es hacer que entre la edad legal de jubilación y la de deceso transcurra el menor tiempo posible. Es una fórmula infalible de ahorro que todo el mundo entiende, incluso quienes solo somos expertos en tirar para adelante hasta que el cuerpo aguante. A la noble tarea de retrasar paulatinamente la jubilación hasta los 67 años se dedicó con esmero Rodríguez Zapatero y la continuó con entusiasmo Mariano Rajoy, quien antes la había rechazado. Y en esas estamos, retrasando año tras año un poquito más la hora de guardar las herramientas y descansar. Al ministro le preguntaron si entre sus cálculos está darle una vuelta de tuerca a este asunto por si Zapatero y Rajoy se quedaron cortos. La pregunta traía causa de unas manifestaciones del propio Escrivá en las que soltó otro de sus globos sonda: la posibilidad de llevar la edad de jubilación a los 75 años. Ahora se santigua y hace cruces negándolo y garantizando a los jóvenes que se incorporen al trabajo - afortunados ellos - que se jubilarán con 67 años. Que cada cual crea lo que quiera, pero no olvidemos que también dijo que no había que subir las cotizaciones y las acaba de subir. 

El Gobierno tiene un pacto con Bruselas: recortar las pensiones

Si me han seguido hasta aquí coincidirán conmigo en que lo de las pensiones tiene muy mala pinta ya que las únicas soluciones que se proponen pasan todas por recortar de un modo u otro. Dicen los verdaderos expertos que existe un déficit de 30.000 millones de euros y, de hecho, en los Presupuestos de 2022 figura una transferencia de 28.000 millones de euros a la Seguridad Social. Por eso la subida de las cotizaciones es casi como matar moscas a cañonazos: supone un impuesto más sobre el empleo y los salarios y no resuelve el problema de fondo. Además, el Gobierno se ha quedado sin el apoyo de los empresarios, del que tanto ha presumido en estos dos años y a los que ahora pretende engatusar para la contrarreforma laboral. Hay que recordar también que la revalorización de las pensiones se ha vuelto a ligar al IPC, lo que supone un importante factor de tensión añadido en tanto se trata de subidas que se van consolidando año tras año. 

Está meridianamente claro que, en contra de lo que afirma, el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a recortar las pensiones para que el maná de los fondos europeos no se retrase o mengue y le sirva a Sánchez para sacar pecho antes de las elecciones. Es iluso esperar que los partidos políticos, tanto los que están en el Gobierno como los que aspiran a estarlo, piensen en otras medidas para garantizar el futuro de las pensiones que no pasen por castigar a los de siempre. Eso sí, el Gobierno no escatimará esfuerzos propagandísticos para convencer a los damnificados de que si la pensión encoge es solo por su bien, no se la vayan a gastar en vino. En mi ingenuidad me pregunto también cuándo serán capaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo sobre el futuro de las pensiones con un pacto que sobreviva a las siguientes elecciones y cuándo dejarán de hacer en el gobierno lo mismo que rechazaron en la oposición. Sospecho que no será antes de que las ranas críen pelo o de que ustedes y yo lo veamos.

La política como espectáculo

Relativamente calmadas de momento las aguas entre el PSOE y Podemos, los medios de comunicación han encontrado un nuevo filón en las desavenencias entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado a propósito de la fecha del congreso del PP de Madrid. Dimes y diretes, declaraciones "explosivas", misteriosas fuentes que no se identifican pero cuyas supuestas revelaciones se entrecomillan y publican en primera página, encuentros llenos de "tensión", entrevistas en horas de máxima audiencia en programas televisivos de entretenimiento... Todo vale para atizar la hoguera aunque en ella se achicharren sin remisión los principios más elementales del periodismo. Es la política elevada (o degradada) a la categoría de espectáculo mediático, al que se entregan con fruición los políticos y los medios, los medios y los políticos, que en esta relación tanto monta, monta tanto: ambos se necesitan mutuamente y mutuamente se instrumentalizan a mayor gloria de la banalización de la vida pública. Y mientras, los ciudadanos, convertidos en meros espectadores, nos agolpamos frente a la televisión y en las redes y observamos embobados los fuegos artificiales. 

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Amigos, enemigos y compañeros de partido

A Churchill se le atribuyen muchas frases, entre ellas la que dice que "hay amigos, enemigos y compañeros de partido". Sea o no apócrifa, la frase describe exactamente lo que está ocurriendo entre Casado y Ayuso y no habría que darle más vueltas ni hacer correr ríos de tinta y llenar horas de televisión. La presidenta madrileña quiere el control del partido en su comunidad como un primer paso antes de explorar la posibilidad de moverle la silla a Casado, quien, como es natural, procura curarse en salud. Nada que no haya ocurrido antes miles de veces: desde que hay partidos políticos las luchas por el poder en las cúpulas dirigentes son un elemento inseparable de la política. 

Los medios de comunicación nunca han sido ajenos a esos forcejeos en los que con frecuencia toman partido por uno u otro bando, tal y como ocurre ahora con todo descaro en la pugna Ayuso - Casado. La diferencia en estos tiempos está en la penetración social de la televisión y de las redes, que multiplican exponencialmente esas trifulcas y elevan a la categoría de noticia de la máxima relevancia lo que no pasa de ser una escaramuza política más en las alturas. Lo importante no es siquiera que las diferencias ideológicas o programáticas entre quienes se baten el cobre por el control del partido sean insignificantes, lo que de verdad interesa es alimentar el circo mediático e incrementar las audiencias.

Para eso los líderes políticos pagan con dinero público a jefes de gabinete expertos en medios de comunicación, para que les enseñen a dar bien en los medios y a conquistar a la audiencia con su labia, por superficial y fútil que sea, o con su buena planta y simpatía. La política se hace hoy con el corazón en la mano y afrontando los asuntos complejos con eslóganes vacíos pero pegadizos para que sean titulares en todos los medios y circulen por las redes. No importan lo tozuda que sea la realidad ni las contradicciones, lo que cuenta son los sentimientos y la empatía; los ciudadanos no quieren que les prometan sangre, sudor y lágrimas, que bastante tienen ya; quieren escuchar que saldremos más fuertes, que no dejaremos a nadie atrás, que la economía crecerá, que bajará el paro, el precio de la luz y el de los alquileres, que se reducirán los impuestos y que mejorarán los servicios públicos. Si luego ocurre todo lo contrario se pide a los jefes de gabinete, que para eso se les paga, que inventen las excusas oportunas. En estos tiempos en los que todo el mundo opina de todo, lo de menos es que hayan mentido o prometido lo que sabían que no podrían cumplir: cuando la propaganda entra por la puerta, los hechos saltan despavoridos por la ventana. 

La información como entretenimiento

Las televisiones colaboran poniendo el personal, las cámaras, el plató e incluso el público de atrezzo. Las cadenas generalistas, a través de las que se informa el 90% de la población, se han visto obligadas a competir a cara de perro con la televisión de pago y las plataformas de vídeo bajo demanda. La fragmentación y la pérdida de audiencia las ha llevado a convertir los telediarios en contenedores en los que cabe de todo, desde mucho periodismo político de declaraciones a frivolidades del mundo del espectáculo, indistinguibles a veces de la actualidad política. Los programas informativos puros, mucho más caros, han ido cediendo terreno ante formatos más baratos como los magacines politizados, las tertulias políticas y los programas de entretenimiento en los que se estilan entrevistas "cercanas y humanas", que en muchas ocasiones solo son agradables masajes sobre la vida privada y las aficiones de unos invitados que proceden cada vez más también del mundo de la política. 

"No queda tiempo para digerir el aluvión de trivialidades que se hacen pasar por noticias"

Los otros medios no pierden comba y se suman encantados a la batalla de dimes y diretes, a los rumores y al chismorreo político insustancial. Los políticos se han convertido en las grandes estrellas de nuestro tiempo, con su presencia y sus mensajes oportunistas y prefabricados saturan todos los canales de comunicación con la sociedad y convierten la actualidad en un estado permanente de opinión y confrontación. Apenas queda tiempo para digerir el aluvión de trivialidades que se hacen pasar por noticias, que a las pocas horas ya han muerto para dar paso a otra ración de más de lo mismo. ¡Más madera, es la guerra!. Las opiniones suceden a las opiniones en una carrera vertiginosa en la que lo que menos importa son los hechos, sobre los que se opina sin un mínimo conocimiento de causa y por no parecer en fuera de juego. 

Las noticias, que deben presentarse de forma "fácil y amena" a los espectadores, no son tanto hechos objetivos que han ocurrido o están ocurriendo como un bucle infinito de declaraciones cruzadas entre políticos. Este estado de cosas se convierte en viral en las redes sociales, en donde reinan a sus anchas el oportunismo, las noticias falsas, la descalificación, el insulto y el populismo rampante. Políticos de todo color y condición y medios de todo tipo explotan así el lado más estridente y menos noble de la política, los primeros a la caza de votos en todos los grupos sociales y los segundos a la caza de audiencias y contratos publicitarios. 

La libertad de opinión como farsa

Esta promiscuidad entre medios y políticos de la que ambos sacan tajada, ha sido descrita aquí solo a muy grandes rasgos y sirve para cualquier otro duelo por el poder además del que libran estos días Ayuso y Casado. En realidad no es un fenómeno nuevo sino un fenómeno que la televisión y las redes sociales han exacerbado hasta el punto de poner seriamente en cuestión algunos principios esenciales de la democracia. En su libro "De la estupidez a la locura", (Lumen, 2016) Umberto Eco escribió que "la democracia romana comenzó a morir cuando sus políticos comprendieron que no hacía falta tomarse en serio los programas [de los partidos], sino que bastaba simplemente con caer simpáticos a sus (¿cómo decirlo?) telespectadores". 

Mucho antes, Hanna Arendt advirtió de que "la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza una información objetiva y no se aceptan los hechos mismos". En su libro "Verdad y mentira en política" (Página Indómita, 2016) Arendt afirmó que "la verdad factual, si se opone al provecho o al placer de un  determinado grupo, es recibida hoy con una hostilidad mayor que nunca". Me pregunto qué habría dicho Arendt, que escribió esto a comienzos de los años setenta, si hubiera vivido en plena expansión de las noticias falsas en las redes sociales y de la política convertida en aquel pan y circo que volvía locos a los romanos. 

Brecha digital: no es sociedad para viejos

Bienaventurados quienes nacieron en la era de Internet y la telefonía móvil porque pueden sacar dinero de su banco sin  acudir a una ventanilla ni pagar comisiones; bienaventurados asimismo quienes envían correos electrónicos y wasaps tecleando con dos dedos, porque no tienen que molestar a sus hijos, nietos, vecinos o amigos para que les hagan el favor; bienaventurados también los que usan internet para pedir cita previa u obtener información de la Administración y se ahorran cabreos hablando por teléfono con una máquina... La lista de bienaventuranzas de la era digital es larguísima, pero la inmensa mayoría no incluye a quienes tuvieron la mala suerte de nacer en una época en la que los niños no venían al mundo con un teléfono móvil bajo el brazo y un ordenador sobre la mesa de estudio. En estos tiempos en los que a los políticos se les llena la boca con brechas de esto, de lo otro y de lo más allá, apenas se mencionan las negativas consecuencias sociales de la profunda brecha que separa a los mayores de las generaciones nacidas en la era digital.

Generación digital versus generación analógica

Los poderes públicos, las empresas privadas y el conjunto de la sociedad deberíamos pararnos a pensar si podríamos hacer mucho más para no dejar atrás a toda una generación solo por haber nacido en la fecha equivocada. El sociólogo alemán Ulrich Beck dijo en su libro "La metamorfosis del mundo" (Paidós, 2017) que "los mayores son los «neandertales» y la nueva generación global pertenece a la especie «Homo cosmopoliticus». Los mayores nacieron como seres humanos, pero al igual que sucede en «La metamorfosis» de Kafka, una mañana se despertaron convertidos en unos insectos llamados «analfabetos digitales». Las nuevas generaciones, por el contrario, ya nacieron como seres digitales. El contenido de la mágica palabra «digital» ha pasado a formar parte de su equipamiento genético". 

Según Eurostat, la oficina estadística de la UE, solo el 6,5% de los mayores españoles de 65 años tiene lo que se conoce como habilidades digitales y solo el 20% usa Internet a diario. Según el INE, cuatro de cada diez mayores de nuestro país nunca ha accedido a Internet y casi un tercio de quienes accedieron e iniciaron algún tipo de gestión no la pudieron concluir. Las causas principales de esta realidad son sobre todo la falta de formación, la desconfianza, el desinterés y las dificultades para acceder a la red, bien por no tener conexión a por carecer de dispositivo. La brecha afecta más a las mujeres que a los hombres, a los mayores de 75 años, a quienes viven solos, a los de menor nivel educativo y a los de más bajo poder adquisitivo. Nada que no fuera posible imaginar de antemano en una generación que, en muchos casos, aprendió las "cuatro reglas" y a leer y escribir cuando ya eran adultos.

Pandemia y solidaridad familiar

Hay datos que apuntan a que durante la pandemia se ha incrementado en algunos puntos el porcentaje de personas mayores que accedieron a Internet. Sin embargo, esas cifras hay que relacionarlas con las restricciones de movilidad que, seguramente, terminaron haciendo de la necesidad en virtud y obligando a muchos abuelos a enfrentarse al ordenador. Nada dicen esos datos sobre cuántos de ellos tuvieron éxito o a cuántos les echaron una mano sus hijos, nietos o vecinos más duchos en el arte de manejarse por el proceloso mar de Internet. 

Porque es gracias a la solidaridad de familiares y conocidos como los mayores van capeando con más pena que gloria las gestiones que se ven obligados a realizar por vía telemática, por la sencilla razón de que en muchos casos no se les da otra opción. Empezando por la Administración, que no se caracteriza precisamente por facilitarles las cosas, y continuando por la banca, que se las dificultan sin contemplaciones: se impone el beneficio sobre la atención que merecen y a la que tienen derecho unos clientes que, en muchos casos, lo han sido durante toda su vida. No crean lo que dicen las páginas corporativas de las entidades bancarias que presumen de todo lo que ayudan a los mayores a realizar sus gestiones: es mentira, o en todo caso, son acciones claramente insuficientes. 

Alergia bancaria a los mayores

La banca ha cerrado miles de sucursales - y más que cerrará - y ha despedido a miles de empleados - y a más que despedirá - sin temblarle el pulso ni acordarse de a cuántos usuarios abandonaba a su suerte. En pequeños pueblos rurales, en donde hace unos años había una modesta sucursal en la que era posible cobrar la pensión, hacer operaciones sencillas, aclarar las dudas con un empleado y hasta preguntarle por su familia, los mayores tienen que depender ahora de familiares o conocidos. Incluso en grandes ciudades están desapareciendo oficinas de barrio a marchas forzadas y reduciéndose los horarios de atención al público; acudir a una ventanilla para sacar dinero, pagar un recibo o realizar una transferencia ya roza casi lo delictivo y se sanciona con comisión al canto. 

"Para los mayores Internet es más el problema que la solución"

Para todas estas personas Internet es el problema y no la solución que representa para la generación digital. Además, su falta de formación para manejarse con un mínimo de soltura en la red, las convierte en víctimas propiciatorias de estafas y timos. Los poderes públicos tienen el deber de estrechar la brecha y eso empieza precisamente por facilitarles el acceso a los servicios de la Administración con herramientas como la firma digital. Hace falta un esfuerzo mucho mayor y coordinado de los poderes públicos para acercar con seguridad el mundo digital a estas personas: el empeño valioso pero en muchos casos voluntarioso de organismos, universidades o asociaciones privadas no basta. Los poderes públicos son responsables también de que entidades como las bancarias dispensen una atención directa y personalizada a los mayores, sin sobrecostes que solo se justifican desde la óptica del beneficio privado. 

Es mucha la tarea y aparentemente poca la voluntad pública de afrontarla. La generación que nació con un teléfono móvil en las manos y una tableta en la mochila del colegio le debe a sus abuelos la oportunidad de beneficiarse con seguridad de estos avances de la tecnología. De eso va también el pacto intergeneracional con el que algunos políticos se pretenden adornar sin fundamento, y que solo tendrá sentido si se convierte en una realidad mientras sigan con vida los cinco millones de españoles que a fecha de hoy no disfrutan aún de ninguna de las bienaventuranzas de Internet. Después ya no será necesario.

Adiós a la democracia de partidos

Los partidos políticos siempre han estado en entredicho, aunque pocas veces tanto como en la actualidad: han cambiado de tal forma en las últimas décadas que ya es muy difícil reconocer en ellos a las organizaciones de masas que fueron en otros tiempos, especialmente tras la II Guerra Mundial, cuando su legitimación social alcanzó las máximas cotas. Hace poco comenté en el blog el libro de P. Ignazi "Partido y democracia", (Alianza, 2021), (Ver aquí) y vuelvo sobre el tema con otro trabajo clave para entender este proceso. Se trata de "Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental", de Peter Mair, publicado unos años antes pero de plena vigencia. Mair es contundente: "la era de la democracia de partidos ha pasado", afirma. En su opinión, aunque los partidos permanecen, se han desconectado hasta tal punto de la sociedad y están tan empeñados en una clase de competición que es tan carente de sentido, que no son capaces de ser soportes de la democracia. Mair incide especialmente en la creciente devaluación del demos ante una idea de la democracia en la que el componente popular se ha vuelto irrelevante.

Participación y afiliación a la baja

La reacción de los ciudadanos ante los partidos es la desafección, la indiferencia e incluso la hostilidad. Pruebas evidentes son el descenso de la participación en las elecciones y del número de afiliados. Y es a través de esa brecha - dice Mair - por la que se cuelan los populismos de diverso signo. Síntoma también de la distancia que separa al demos de los partidos es la volatilidad del voto, lo que además hace cada vez más inciertas las predicciones electorales. Esto significa que, como consecuencia de los cambios sociales de las últimas décadas (secularización, mejores condiciones de vida, globalización), cada vez es más frecuente que los electores cambien el sentido de su voto de unas elecciones a otras. Esa actitud se traduce en una caída de la lealtad partidaria y del número de electores que se identifican solo con unas siglas concretas. 

En opinión de Mair, "cuando la política se convierte en un entretenimiento para los espectadores es difícil mantener partidos fuertes. Cuando la competencia entre partidos apenas tiene consecuencias para la toma de decisiones, solo cabe esperar que derive hacia el teatro y el espectáculo". Según Mair, la política actual es cada vez menos partidista, aunque las apariencias puedan hacer creer lo contrario. Se extiende la indiferenciación entre los partidos, al menos por lo que se refiere a las decisiones de gran alcance para los ciudadanos. Se trata de un proceso muy vinculado a la globalización en el que los gobiernos y, consecuentemente, los partidos políticos han visto drásticamente recortada su autonomía política. 

"La única función de los partidos es el clientelismo y la organización del parlamento y el gobierno"

Esto conduce a que "los partidos políticos cada vez tienen más dificultades para mantener identidades diferenciadas". Lo cual, unido al retroceso del llamado voto de clase, ha dado paso a partidos "atrapalotodo" que buscan votos en todos los caladeros. De ahí - dice Mair - que la actual competición política se distinga por la "pugna por eslóganes socialmente inclusivos a fin de obtener el apoyo de electorados socialmente amorfos". Con líderes políticos de los que se valora ante todo su capacidad mediática para conectar con electorados de base social lo más amplia posible y una decreciente competencia entre izquierda y derecha, retrocede también el modelo de gobierno de partidos responsables.

Adiós a los partidos de masas

Con la implantación de los partidos "atrapalotodo" también se alteran las funciones tradicionales de las fuerzas políticas. Una de ellas era trasladar las demandas sociales a los núcleos del poder, un papel que interpretan ahora organizaciones y movimientos sociales de todo tipo que son los que han terminado estableciendo la agenda política. Para Mair, a la vista de este panorama la única función que mantienen aún los partidos es la del clientelismo y la organización del parlamento y el gobierno. El resultado de todo lo anterior es que "los ciudadanos dejan de se participantes para ser espectadores mientras las élites ocupan un espacio cada vez mayor en el que perseguir sus intereses particulares". 

La UE es para Mair el paradigma de las transformaciones que han sufrido los partidos políticos. En el club comunitario ve el autor el espacio para el refugio de unos partidos y unos dirigentes alérgicos a rendir cuentas. Es en ese ámbito en el que se aprecia con más claridad la escasa competencia entre partidos. El ciudadano, mientras, observa que las decisiones relevantes se adoptan en lejanas instituciones no elegidas democráticamente y liberadas de rendir cuentas. Para nuestro autor, la UE es una suerte de "estado regulador" o sistema político al que apenas se puede acceder por las vías y con los medios habituales en una democracia convencional. A su juicio, esta UE se ha construido de esta y no de otra manera porque la democracia convencional ya no es operativa ya que, si lo fuera, no sería necesaria la UE. 

Conclusiones

Es evidente que los partidos, piezas clave de esa democracia, han mutado en organizaciones divorciadas de unos ciudadanos que les pagan con la misma moneda. La cuestión es cómo revertir la situación y acortar la brecha y para eso el populismo no es la mejor de las alternativas. ¿Seguiría habiendo democracia si los partidos terminan convertidos en meros gestores de la agenda institucional, sin apenas contacto con la calle salvo en periodos electorales y a través de medios de comunicación y redes sociales? ¿se podría seguir hablando de democracia si continúa bajando la participación electoral y la afiliación? ¿en una democracia así a quiénes representarían los partidos? ¿Es concebible una democracia sin demos? Pocas respuestas hay de momento para estas y otras muchas preguntas que suscita la lectura del libro de Mair, aunque al menos una sí parece evidente: la democracia de partidos está evolucionando hacia un sistema aún borroso pero cada vez más inquietante. 

El Parlamento canario incumple sus deberes

Un parlamento que incumple de forma flagrante y sin motivo suficiente un mandato expreso de la norma básica a la que se debe, no puede aspirar a conquistar el respeto y la confianza de los ciudadanos a los que representa. Este sábado, 6 de noviembre, se cumplirán los tres años previstos en el reformado Estatuto de Autonomía de Canarias para que el parlamento regional apruebe una ley reguladora de las elecciones autonómicas. Tres años en los que sus señorías, tanto los de la legislatura anterior como los de la actual, que ya ha superado con creces el ecuador, no han movido prácticamente un papel para cumplir ese mandato claro y concreto. Son responsables todos los partidos de la cámara, pero en especial su presidente Gustavo Matos y el Gobierno autonómico. El primero porque no ha hecho honor a su promesa de que la ley se aprobaría en el plazo establecido y no puede decirse que se haya esforzado demasiado en conseguirlo; el segundo, porque es muy llamativo que tres de los cuatro partidos que lo apoyan - PSOE, NC y Podemos -, que en la oposición convirtieron este asunto en banderín de enganche, hayan dejado pasar el tiempo sin impulsar una sola propuesta para mejorar la calidad de la democracia en la comunidad autónoma. 

EP

Cuarenta años sin ley electoral

La autonomía canaria está a punto de cumplir cuarenta años y aún sigue sin una ley propia reguladora de su sistema electoral. A la vista de la nula voluntad y la falta de valentía de quienes tienen la obligación legal y política de poner fin a esa insólita situación en una democracia, cabe temer que las graves carencias del sistema provisional actual se fosilicen como algo inevitable. Para el muy mejorable método que se empleó en las elecciones de 2019 hicieron falta dos años de reuniones de una subcomisión parlamentaria de estudio por la que pasaron una gran cantidad de profesores constitucionalistas y expertos en sistemas electorales, además de varios representantes de la sociedad civil. 

Tanto esfuerzo de tantos durante tanto tiempo tuvo como resultado un acuerdo de mínimos in extremis para salvar el expediente ante la opinión pública: que no se dijera que no lo habían intentado. Aún así no contó con el apoyo de CC, aferrada a la desfasada triple paridad, ni con el de la Agrupación Socialista que lidera Casimiro Curbelo, temeroso de que su influencia en la política autonómica quede relegada si se corrigen los escandalosos niveles de infrarrepresentación de las islas más pobladas.  

Un paso en la dirección correcta pero insuficiente

El canario es uno de los sistemas electorales más injustos de la Unión Europea según la inmensa mayoría de los expertos. El hecho de que el 17% de la población elija a la mitad de los miembros del parlamento y el 83% restante a la otra mitad es lo suficientemente elocuente de su falta de proporcionalidad. Ese estado de cosas, arrastrado desde el inicio de la etapa autonómica con la fórmula de la triple paridad, se corrigió solo en parte en 2019 a través del acuerdo parlamentario citado que implantó la circunscripción regional, aumentó a 70 del número de escaños y bajó las barreras de acceso a la cámara. Fue un primer paso en la dirección correcta, pero claramente tímido e insuficiente. La prueba es que la ASG obtuvo tres escaños con solo 6.000 votos y de propina grupo parlamentario; a Podemos, en cambio, le hicieron  falta 80.000 sufragios para obtener cuatro escaños y a Ciudadanos casi 66.000 para tener dos asientos en la cámara. 

A falta de una ley electoral autonómica, las elecciones de 2019 aplicaron ese injusto sistema en virtud de una norma transitoria sujeta al control de los jueces y de la Junta Electoral. En la memoria de todos los electores canarios seguramente permanece muy vivo aún el esperpento de la doble urna y las dos papeletas de votación. Entonces se aceptó aquella situación porque supuestamente no había tiempo material de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones para desarrollar la ley mandatada por el nuevo Estatuto de Autonomía, que había entrado en vigor en noviembre de 2018. 

La pandemia como excusa perfecta

Sus señorías, sin embargo, no consideraron que el asunto fuera merecedor de sus desvelos. Pasaron las elecciones y término 2019 y no fue hasta marzo de 2020 cuando el presidente del Parlamento aseguró que se cumpliría el plazo previsto en el Estatuto. Incluso se reunieron la Mesa y la Junta de Portavoces, establecieron un calendario de trabajo y se conjuraron para que no pasara de noviembre de este año. Pero entonces llegó la pandemia y con ella la excusa perfecta para olvidar las buenas intenciones y aparcar el cumplimiento de la obligación estatutaria, al parecer indefinidamente. Así, aunque en enero de este año Gustavo Matos volvió a prometer lo mismo que un año antes, el resultado ha sido el mismo: ninguna de las fuerzas de la cámara ha mostrado interés en que las islas cuenten con una ley que corrija las manifiestas disfunciones del sistema de elección de los parlamentarios regionales. 

"Tres años perdidos para resolver una vieja asignatura pendiente: la ley electoral canaria"

Esta falta de voluntad política solo puede responder a una causa: el que más y el que menos está a gusto con el statu quo y prefiere tener la fiesta en paz, que en esta vida nunca se sabe con quién habrá que pactar. PSOE, NC y Podemos seguramente temen que Casimiro Curbelo se revire si le mencionan la bicha del sistema electoral y los deje sin Pacto de las Flores ni perro que les ladre; el PP tampoco quiere hacerse sangre con una cuestión con la que no gana mucho y le puede dificultar posibles pactos en el futuro, mientras a CC este asunto siempre le ha producido ronchas y sarpullidos de tercer grado como para tirarse piedras contra su propio tejado. En otras palabras, unos por otros mantienen la casa sin barrer y que diga misa el Estatuto. 

Tres años han desaprovechado los partidos para aprobar por fin la vieja asignatura pendiente de Canarias: un acuerdo de amplio consenso para disponer de una ley electoral mucho más justa y proporcional que el sistema desigual que hemos padecido durante cuatro décadas. Son los mismos partidos que se lamentan de que la población desconfíe y muestre nulo interés por los asuntos parlamentarios, como si ellos les dieran alguna buena razón para que se interesen. También son los que denuncian que Madrid no respeta el Estatuto pero son incapaces de dar ejemplo respetándolo ellos. Han olvidado que el respeto y la confianza siempre empiezan por uno mismo y, en este caso, el  Parlamento de Canarias ha demostrado que no lo hace: ni se respeta ni respeta a quienes le confieren su legitimidad: los ciudadanos canarios. 

Pintan bastos

No solo el ambiente político a propósito de la reforma laboral está a punto de alcanzar la temperatura a la que los partidos de la coalición de gobierno entrarían en un punto de no retorno. También el panorama económico se ha ido cargando de nubarrones cada más negros, densos y amenazantes para el futuro del país a corto y medio plazo. En España se parece estar formando la tormenta perfecta, aquella en la que los malos datos económicos y el mal ambiente político, fruto de las tensas relaciones entre los socios del Gobierno y el nulo entendimiento entre este y la oposición, se combinan para malograr la ansiada y pregonada recuperación tras la pandemia arrasadora sobre la que, por otro lado, tal vez no deberíamos proclamar aún la victoria final. La segunda parte de la legislatura, si es que se completa, promete ser un camino de espinas y no la gloriosa senda de vino y rosas que Pedro Sánchez había imaginado gracias principalmente al maná de los fondos europeos. 

EP

Previsiones irreales

Junto con los problemas de índole político, de los que me ocupé en el post anterior, son los de carácter económico los que han empezado a llamar la atención entre los analistas, si bien el Gobierno opta por no bajarse del burro y mantener unas expectativas de crecimiento en las que solo parecen creer ya Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Siempre he sido bastante escéptico con las previsiones de los economistas, pero no se puede pasar por alto que las principales instituciones y organismos que se dedican a esos menesteres coinciden en que el Gobierno está haciendo la cuenta de la abuela al prever para este año un crecimiento del 6,5% del PIB. La más optimista, la AIReF, lo deja en un 5,5% y la más pesimista, FUNCAS, lo reduce al 5,1%. Falta aún conocer la del Banco de España, que no obstante ya ha avisado de que su previsión también será a la baja. Coinciden también los analistas en que para alcanzar el 6.5% que prevé el Gobierno la economía española tendría que crecer un 5% en el cuarto trimestre, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. 

La clave de la ralentización de lo que el Gobierno aún sigue vendiendo como una recuperación fulgurante de la economía, está en los precios de la energía y en el bloqueo de la cadena de suministros. Estos dos factores se traducen en un crecimiento de la inflación interanual del 5,5%, la mayor de las últimas tres décadas, que repercutirá en el gasto público en pensiones, empujará al alza los salarios, retraerá el consumo e incrementará el ahorro familiar. Según el INE, solo la contratación pública está tirando del consumo, lo que ilustra con claridad una de las prioridades de la política gubernamental de echar la casa por la ventana como si no hubiera un mañana ni que pagar la monstruosa deuda pública que estamos acumulando hasta que el Banco Central Europeo decida poner pies en pared. 

Dando palos de ciego con el recibo de la luz

Es cierto que no es el Gobierno de Sánchez el responsable directo del incremento de los precios de la energía ni el causante de todos los males habidos y por haber en este país. No obstante, ni sus más rendidos admiradores podrán negar honradamente a estas alturas que las decisiones de su Gobierno para contener el recibo de la luz solo han contribuido a enredar y oscurecer un problema complejo y a enfadar a una población harta de comprobar, una y otra vez, lo fácil que es vender demagogia en la oposición para quedarse sin respuestas cuando se llega al gobierno. El panorama empieza a tornarse tan sombrío que hasta un buen dato como el de la EPA del tercer trimestre se ha convertido en una alegría efímera en el contexto general de la economía. Un buen dato del que, por cierto, presume la ministra Díaz al tiempo que pasa por alto que se ha logrado con la reforma laboral de Rajoy en vigor, la misma que ella se propone derogar a pesar de las resistencias de la primera parte contratante de la coalición. 

"¡La economía, estúpido!"

Ni siquiera es para lanzar las campanas al vuelo que Pedro Sánchez tenga a punto de caramelo la aprobación de las cuentas públicas de 2022 gracias a las consabidas concesiones a nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Esto le puede ayudar a aguantar hasta 2023 sin convocar elecciones a poco que consiga sortear el obstáculo que le ha puesto su ministra de Trabajo en el camino con la contrarreforma laboral. Sin embargo, como ha dicho alguien con mucha agudeza, estos son unos presupuestos para ser aprobados no para ser cumplidos. Entre otras cosas, porque sus previsiones macroeconómicas son un brindis al sol que solo se haría realidad si se obrara el milagro de los panes y los peces. 

Queda la esperanza, cada vez más difuminada, de los fondos europeos. Sin embargo, de la primera entrega de 9.000 millones de euros que según el Gobierno transfirió Bruselas a finales de agosto, nada se sabe en qué y cómo se están empleando, con lo que surge la duda de si seremos capaces de gastarnos ese dinero este año. En el aire, a expensas de la reforma del mercado de trabajo, hay otros 10.000 millones cuya llegada podría retrasarse si los socios no logran acercar sus respectivas posiciones, bastante alejadas de momento, antes de que acabe 2021. Así que, incluso la tabla de salvación de Sánchez para que los españoles olvidemos su inconstitucional gestión de la pandemia o el indulto independentista, parece un asidero cada vez más endeble y quebradizo con el que remontar en unas encuestas que empiezan a darle la espalda. En conclusión, la situación y las perspectivas de nuestro país para el futuro inmediato se pueden resumir perfectamente con aquel exitoso lema de la campaña electoral de Bill Clinton: "¡La economía, estúpido!".