Año nuevo, problemas viejos

Un cambio de año no trae por sí solo la felicidad ni endereza las cosas torcidas, menos si están tan torcidas como en España. Aún así necesitamos expresar buenos deseos a modo de dosis de refuerzo para afrontar el futuro inmediato en el que, lo único que está meridianamente claro, es la incertidumbre generalizada. De vender optimismo a toda hora y en toda ocasión ya se encarga el Gobierno, aunque para ello tenga que negar la realidad y sustituirla por un mundo feliz en el que nadie quedará atrás y todos saldremos más fuertes. Ni los datos sanitarios ni las perspectivas económicas ni el ambiente político animan a comprar ese discurso oficial por mucho que necesitemos darnos ánimos para continuar adelante. Un gobierno responsable trataría a los ciudadanos como adultos y no intentaría escamotearles la dura realidad del país con falsos mensajes de optimismo. Por desgracia, este no es el caso. 

Incertidumbre y confusión

En el plano sanitario reina la incertidumbre y la confusión probablemente como nunca antes a lo largo de esta interminable pandemia. Ya hay tantas opiniones como expertos, los medios atizan la alarma y todo eso crece exponencialmente si uno se asoma a las redes sociales y asiste, por ejemplo, al feroz enconamiento sobre la vacunación. La desconfianza de la ciudadanía también aumenta al comprobar que lo que en su día se hizo pasar por certezas científicas en torno a las vacunas o a la inmunidad de grupo, ha pasado a mejor vida y ha sido sustituido por nuevos mantras que solo el tiempo confirmará o desmentirá. ¿Cuándo alcanzaremos el pico de la sexta ola? ¿Qué vendrá después? ¿Se terminará tratando la COVID 19 como una gripe común? Nadie lo sabe a ciencia cierta pero nadie se priva tampoco de echar su cuarto a espadas y hacer cábalas.

Mientras, el Gobierno se pone de perfil y se limita a adoptar a última hora medidas cosméticas como la de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre. Son las comunidades autónomas las que siguen llevando el peso de la gestión con mayor o menor fortuna y buscando el aval de los jueces. Frente a una atención primaria al límite y unos sanitarios agotados, el Gobierno central juega a ponerse medallas inmerecidas sobre vacunación y anuncia planes de refuerzo que apenas pasan del papel a la realidad que se vive en los centros de salud. Eso por no hablar de la situación de la salud mental, para la que solo hay proyectos y buenas intenciones, o de la postergación que está sufriendo la atención a los pacientes de otras dolencias. Se actúa como si la pandemia se hubiera iniciado la semana pasada y no hace casi dos años. 

La economía a la expectativa

La incertidumbre y la gestión manifiestamente mejorable de la pandemia se trasladan inevitablemente a la economía, cargada también de nubarrones a pesar de los mensajes del Gobierno. La luz seguirá subiendo al menos hasta la primavera y con ella la inflación, lo cual podría animar al Banco Central Europeo a  revisar al alza los tipos de interés. El Gobierno no se cansa de presumir del empleo que se crea pero obvia que es público en su gran mayoría. La descafeinada reforma laboral con la que Yolanda Díaz ha hecho tanta propaganda en beneficio de su proyección política personal, no evitará que se siga creando empleo precario en España. 

El futuro del turismo, actividad vital en comunidades como Canarias, sigue también sumido en la incertidumbre, y hay no pocas dudas sobre la capacidad de hacer llegar a la economía real el generoso maná de los fondos europeos. Añadamos a este panorama la inestabilidad internacional derivada de una posible nueva invasión rusa de Ucrania y los problemas de la cadena de suministros para la industria, y no será difícil concluir que el futuro próximo es de todo menos de color rosa. 

Un ambiente político tóxico

El tóxico ambiente político que se respira tampoco ayuda lo más mínimo a ver las cosas de forma menos sombría. Las próximas elecciones autonómicas en Castilla - León y Andalucía abren un nuevo ciclo electoral que no concluirá hasta que se celebren las generales y regionales en el resto de las comunidades autónomas. A medida que vayan pasando las semanas la actividad política se irá contagiando de electoralismo puro y duro y la gestión de los graves problemas del país irá pasando a un muy segundo plano. 

También serán cada vez más frecuentes las escaramuzas por cualquier quítame allá esas pajas entre el PSOE y Podemos o entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, a la caza ambos del voto de izquierdas. En la derecha seguramente se intensificará también la pugna Casado - Díaz Ayuso mientras Vox escala puestos en las encuestas. Si en los periodos en los que las elecciones aún están lejanas apenas es posible que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en algo, con los líderes políticos entrando en celo electoral es casi utópico pensar en pactos de ningún tipo por más que los necesite urgentemente el país. 

No es necesario exagerar ni cargar las tintas para darse cuenta de que el año que estamos iniciando trae mucho más desasosiego y preocupaciones que certezas positivas. A comienzos de 2022, cuando está a punto de cumplirse el segundo año de esta pesadilla, reina en el ambiente una mezcla de déjà vu, provisionalidad, improvisación y sálvese quien pueda que lastra el ánimo social y recorta drásticamente las esperanzas en que la situación general mejore de manera significativa a corto e incluso a medio plazo. Puede que esta forma de ver las cosas no sea la más positiva para afrontar el nuevo año, pero no la cambiaría jamás por la fe del carbonero que supone creer a pies juntillas en el futuro venturoso que nos promete la propaganda gubernamental. Prefiero ser un pesimista equivocado - y ojalá lo sea - que un optimista autoengañado. 

El Parlamento canario incumple sus deberes

Un parlamento que incumple de forma flagrante y sin motivo suficiente un mandato expreso de la norma básica a la que se debe, no puede aspirar a conquistar el respeto y la confianza de los ciudadanos a los que representa. Este sábado, 6 de noviembre, se cumplirán los tres años previstos en el reformado Estatuto de Autonomía de Canarias para que el parlamento regional apruebe una ley reguladora de las elecciones autonómicas. Tres años en los que sus señorías, tanto los de la legislatura anterior como los de la actual, que ya ha superado con creces el ecuador, no han movido prácticamente un papel para cumplir ese mandato claro y concreto. Son responsables todos los partidos de la cámara, pero en especial su presidente Gustavo Matos y el Gobierno autonómico. El primero porque no ha hecho honor a su promesa de que la ley se aprobaría en el plazo establecido y no puede decirse que se haya esforzado demasiado en conseguirlo; el segundo, porque es muy llamativo que tres de los cuatro partidos que lo apoyan - PSOE, NC y Podemos -, que en la oposición convirtieron este asunto en banderín de enganche, hayan dejado pasar el tiempo sin impulsar una sola propuesta para mejorar la calidad de la democracia en la comunidad autónoma. 

EP

Cuarenta años sin ley electoral

La autonomía canaria está a punto de cumplir cuarenta años y aún sigue sin una ley propia reguladora de su sistema electoral. A la vista de la nula voluntad y la falta de valentía de quienes tienen la obligación legal y política de poner fin a esa insólita situación en una democracia, cabe temer que las graves carencias del sistema provisional actual se fosilicen como algo inevitable. Para el muy mejorable método que se empleó en las elecciones de 2019 hicieron falta dos años de reuniones de una subcomisión parlamentaria de estudio por la que pasaron una gran cantidad de profesores constitucionalistas y expertos en sistemas electorales, además de varios representantes de la sociedad civil. 

Tanto esfuerzo de tantos durante tanto tiempo tuvo como resultado un acuerdo de mínimos in extremis para salvar el expediente ante la opinión pública: que no se dijera que no lo habían intentado. Aún así no contó con el apoyo de CC, aferrada a la desfasada triple paridad, ni con el de la Agrupación Socialista que lidera Casimiro Curbelo, temeroso de que su influencia en la política autonómica quede relegada si se corrigen los escandalosos niveles de infrarrepresentación de las islas más pobladas.  

Un paso en la dirección correcta pero insuficiente

El canario es uno de los sistemas electorales más injustos de la Unión Europea según la inmensa mayoría de los expertos. El hecho de que el 17% de la población elija a la mitad de los miembros del parlamento y el 83% restante a la otra mitad es lo suficientemente elocuente de su falta de proporcionalidad. Ese estado de cosas, arrastrado desde el inicio de la etapa autonómica con la fórmula de la triple paridad, se corrigió solo en parte en 2019 a través del acuerdo parlamentario citado que implantó la circunscripción regional, aumentó a 70 del número de escaños y bajó las barreras de acceso a la cámara. Fue un primer paso en la dirección correcta, pero claramente tímido e insuficiente. La prueba es que la ASG obtuvo tres escaños con solo 6.000 votos y de propina grupo parlamentario; a Podemos, en cambio, le hicieron  falta 80.000 sufragios para obtener cuatro escaños y a Ciudadanos casi 66.000 para tener dos asientos en la cámara. 

A falta de una ley electoral autonómica, las elecciones de 2019 aplicaron ese injusto sistema en virtud de una norma transitoria sujeta al control de los jueces y de la Junta Electoral. En la memoria de todos los electores canarios seguramente permanece muy vivo aún el esperpento de la doble urna y las dos papeletas de votación. Entonces se aceptó aquella situación porque supuestamente no había tiempo material de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones para desarrollar la ley mandatada por el nuevo Estatuto de Autonomía, que había entrado en vigor en noviembre de 2018. 

La pandemia como excusa perfecta

Sus señorías, sin embargo, no consideraron que el asunto fuera merecedor de sus desvelos. Pasaron las elecciones y término 2019 y no fue hasta marzo de 2020 cuando el presidente del Parlamento aseguró que se cumpliría el plazo previsto en el Estatuto. Incluso se reunieron la Mesa y la Junta de Portavoces, establecieron un calendario de trabajo y se conjuraron para que no pasara de noviembre de este año. Pero entonces llegó la pandemia y con ella la excusa perfecta para olvidar las buenas intenciones y aparcar el cumplimiento de la obligación estatutaria, al parecer indefinidamente. Así, aunque en enero de este año Gustavo Matos volvió a prometer lo mismo que un año antes, el resultado ha sido el mismo: ninguna de las fuerzas de la cámara ha mostrado interés en que las islas cuenten con una ley que corrija las manifiestas disfunciones del sistema de elección de los parlamentarios regionales. 

"Tres años perdidos para resolver una vieja asignatura pendiente: la ley electoral canaria"

Esta falta de voluntad política solo puede responder a una causa: el que más y el que menos está a gusto con el statu quo y prefiere tener la fiesta en paz, que en esta vida nunca se sabe con quién habrá que pactar. PSOE, NC y Podemos seguramente temen que Casimiro Curbelo se revire si le mencionan la bicha del sistema electoral y los deje sin Pacto de las Flores ni perro que les ladre; el PP tampoco quiere hacerse sangre con una cuestión con la que no gana mucho y le puede dificultar posibles pactos en el futuro, mientras a CC este asunto siempre le ha producido ronchas y sarpullidos de tercer grado como para tirarse piedras contra su propio tejado. En otras palabras, unos por otros mantienen la casa sin barrer y que diga misa el Estatuto. 

Tres años han desaprovechado los partidos para aprobar por fin la vieja asignatura pendiente de Canarias: un acuerdo de amplio consenso para disponer de una ley electoral mucho más justa y proporcional que el sistema desigual que hemos padecido durante cuatro décadas. Son los mismos partidos que se lamentan de que la población desconfíe y muestre nulo interés por los asuntos parlamentarios, como si ellos les dieran alguna buena razón para que se interesen. También son los que denuncian que Madrid no respeta el Estatuto pero son incapaces de dar ejemplo respetándolo ellos. Han olvidado que el respeto y la confianza siempre empiezan por uno mismo y, en este caso, el  Parlamento de Canarias ha demostrado que no lo hace: ni se respeta ni respeta a quienes le confieren su legitimidad: los ciudadanos canarios. 

Canarias bajo el volcán

La erupción de un volcán en la isla canaria de La Palma parece la guinda ardiente de una cadena de sucesos y calamidades, unos mucho más previsibles que otros, como no se recuerda en estas islas. ¿Qué más puede pasar en esta tierra? ¿Qué será lo siguiente que ocurra? Más allá de las banalidades y frivolidades del presidente Torres sobre los "espectáculos históricos" y el "atractivo turístico" que nos ofrece la Naturaleza, que no por ciertos son más inoportunos en momentos en los que peligran vidas y haciendas, la erupción palmera se suma a otras situaciones críticas de distinta naturaleza pero no menos preocupantes para este Archipiélago.

Abián San Gil

Atenuantes y responsabilidades

Aunque la memoria suele jugarnos a veces malas pasadas y hacer que olvidemos con rapidez cualquier acontecimiento que nos genere desasosiego, basta un pequeño esfuerzo para recordar los devastadores incendios que han sufrido algunas islas en los últimos años, unidos a su vez al aumento sostenido de la llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima y, por supuesto, a la pandemia que va camino del año y medio y que, además de haber afectado de lleno a la industria turística, la principal fuente de ingresos del Archipiélago, ha trastocado para mucho tiempo o tal vez para siempre lo que algunos llaman ahora la "vieja normalidad". 

Todo ello en el corto espacio temporal de un par de años, coincidiendo prácticamente con el comienzo de una legislatura que pasará a los anales como la más accidentada y difícil de todas cuantas ha vivido esta autonomía desde principios de los años 80. Hasta los más críticos con la gestión del Ejecutivo canario, para lo que no faltan numerosas y poderosas razones, deberían admitir sin embargo que, con un rosario de calamidades y situaciones sobrevenidas como las que está viviendo Canarias en los dos últimos años, resulta política y materialmente imposible dotar de toda la estabilidad y coherencia que requiere la acción gubernativa para que sea fructífera. 

"Una legislatura que pasará a los anales como la más accidentada de la historia autonómica"

Cuando hay que estar pendientes de apagar fuegos a cada instante, tanto en el sentido literal como en el metafórico, queda poco tiempo para todo lo demás y, dado el destrozo que la COVID - 19 ha hecho en las arcas públicas de la comunidad autónoma, tampoco se dispone de los recursos con los que se contaba al comienzo de la legislatura para desplegar las políticas prometidas. Todo lo anterior no exime de responsabilidad política al Ejecutivo, si bien esas situaciones son una atenuante que sería injusto no poner en la balanza cuando toque echar cuentas de esta malhadada legislatura autonómica canaria.

A perro flaco...

La coordinación entre las administraciones con la que se está atendiendo la emergencia pública producida por la erupción palmera, pone de manifiesto que cuando se trabaja con previsión es posible afrontar las peores situaciones con las mejores garantías para la seguridad de las personas y sus bienes. Bien es cierto que un volcán suele avisar y dar tiempo para organizarse, pero eso no debería ser una coartada para que los mecanismos de coordinación y los medios de intervención no estén engrasados y listos cuando los hechos son mucho menos previsibles. 

Con la inmigración irregular hemos podido ver cómo una situación de la que venían advirtiendo los expertos desde hacía meses, cogió a todos los responsables públicos con el pie cambiado y dio lugar a las penosas imágenes de miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero sin que nadie supiera muy bien qué hacer con ellos. La pandemia ha sido durante meses un ejemplo de libro de imprevisión, descoordinación y lucha política entre administraciones y de palos de ciego ante un enemigo invisible al que se ha querido vencer más con la fuerza de los eslóganes políticos que con la de la ciencia. La erupción de La Palma demuestra en cambio que, cuando de verdad se tiene en cuenta el parecer de los científicos y las decisiones políticas no están mediatizadas por intereses espurios, es posible dirigirse a la población con el mínimo de credibilidad y certezas exigible a los responsables públicos. 

El volcán social sigue almacenando magma

Pero por encima de todo, si algo se sigue echando de menos en Canarias es un apoyo sin ambages y una mayor empatía del Gobierno central para con una comunidad autónoma que probablemente está sufriendo como ninguna otra del país una crisis inédita por su profundidad y magnitud, agravada por una serie de situaciones como la de la inmigración ante las que, a fecha de hoy, sigue sin haber una respuesta integral y decidida por parte del Ejecutivo del señor Sánchez. Más bien al contrario, lo que se percibe es una vez más el desconocimiento de la realidad social y económica de esta tierra, cuando no el desprecio, ante elementos constitutivos del acervo histórico de las islas como el Régimen Económico y Fiscal, sometido a los cambalaches aún sin resolver del Ministerio de Hacienda. 

"Canarias está alimentando un volcán social y político con el magma del paro y la pobreza"

Frente a eso, la sensación que transmite el actual Gobierno de Canarias es de brazos caídos, debilidad y asentimiento y no de firmeza y exigencia de la atención debida y merecida, ni más ni menos. En Canarias se está alimentando poco a poco un volcán social y político con el magma de la falta de atención en tiempo y forma a problemas crónicos como la pobreza, el paro, la falta de oportunidades para los jóvenes o la dependencia. Como en los volcanes de la Naturaleza estos procesos suelen ser largos, pero a diferencia de aquellos es posible taponar sus fisuras y grietas antes de que erupcionen. Aunque bien pensado y a la vista da le experiencia, una explosión de ese tipo tal vez serviría para que por fin quienes tienen la obligación de prevenirla se pongan manos a la obra. El semáforo no parece aún ni en amarillo, pero podría tardar muy poco en ponerse rojo. 

Contando olas de COVID-19

Confieso con sinceridad y sin asomo de ironía que ya dudo sobre la ola de COVID-19 en la que nos encontramos en este momento y lugar. En algunos medios leo que vamos por la sexta y en otros que aún estamos en la quinta, pero esperando por la siguiente en un suma y sigue continuo. Puede que sea solo el fruto de la confusión de la que sigue adoleciendo la lucha contra la pandemia con sus subidas y bajadas de nivel de riesgo y su galimatías de medidas contradictorias, el lío jurídico que la rodea y un cierto periodismo más interesado en ponernos los pelos de punta que en contarnos la realidad sin agravarla más de lo que ya está. En todo caso puede que el virus se vuelva endémico aunque menos peligroso y se quede para siempre entre nosotros, lo que permite suponer que las olas continuarán yendo y viniendo como las del mar. Pero eso es lo de menos, lo que realmente nos debe preocupar es ser capaces de construir diques para contenerlas y recuperar las libertades sacrificadas, el curso de nuestras vidas y la economía.  

EFE

Desescalar con prudencia

La clave es aprender de lo que se ha hecho mal, que tiempo de sobra ha habido, para no estrellarnos de nuevo contra los mismos o parecidos errores. A fecha de hoy parece que los contagios descienden, si bien la presión hospitalaria es aún elevada y todos los días mueren personas como consecuencia de la enfermedad. Nos queda como mínimo agosto para saber si se ha superado esta ola, sea la quinta o la sexta, tanto da. Respirar con relativo alivio cuando llegue septiembre y se acerque el otoño dependerá, entre otras cosas, de que la vacunación continúe a buen ritmo entre los jóvenes y de la responsabilidad social de vacunados y no vacunados.  

También es crucial que no aparezca una nueva mutación que deje inoperativas las vacunas disponibles y la pandemia se vuelva a descontrolar como ya nos ha pasado en varias ocasiones desde principios del año pasado. Especialistas de reconocida solvencia como Rafael Bengoa alertan de la necesidad de no empezar a correr de nuevo en la desescalada antes de haber afianzado el control sobre la situación actual. Ir con pies de plomo sería la consigna si queremos empezar a construir esos diques de los que hablaba antes.

"Nos queda como mínimo el mes de agosto para saber si se ha superado esta ola"

Hay pocas dudas a estas alturas de que, de haberse impuesto el principio de prudencia y no el cálculo político o la ansiedad económica, no se habría anunciado irresponsablemente el triunfo sobre el virus como hizo hace más de un año Pedro Sánchez; tampoco se habría levantado el estado de alarma sin legislar para dar cobertura legal a las comunidades autónomas y no se habría relajado el uso de la mascarilla ni se habría vendido cien veces la inminente vuelta de los turistas cuando las evidencias no apuntaban en esa dirección. 

La confusión sobre la tercera dosis y el reto del otoño

El principio de prudencia exige también estar atentos a la evolución de la pandemia en otros países para no desdeñar, como se hizo alegremente en primavera con la variante delta, los riesgos derivados de mutaciones con un alto poder de contagio y/o letalidad. Es imprescindible una vuelta al cole ordenada, habida cuenta de que aún no hay vacuna para menores de 12 años, así como prever el regreso de los universitarios a las aulas y el de los ciudadanos hoy de vacaciones a sus puestos de trabajo. Se trata de factores de riesgo en los que hay que pensar ahora y no cuando volvamos a tener la situación manga por hombro, la piedra en la que no hemos dejado de tropezar una y otra vez. 

También es muy conveniente que el Gobierno cese de enviar mensajes contradictorios a la población sobre la tercera dosis de la vacuna y aclare cuanto antes qué piensa hacer, cómo y cuándo. Mientras Alemania, Francia o el Reino Unido ya han anunciado que a partir de septiembre habrá un tercer pinchazo de refuerzo entre los grupos más vulnerables, en España la ministra de Sanidad y la de Ciencia se contradicen en público sobre si se administrará o no, añadiendo más confusión a la ya existente. 

"Resolver el alboroto jurídico debería ser prioritario"

Aunque para confusión y caos, achacable en exclusiva al Gobierno central, la generada tras el fin del estado de alarma sin dotar a las comunidades autónomas de cobertura jurídica que les ahorrara los revolcones judiciales. Aunque no es el único, el caso canario es paradigmático de las consecuencias de que el señor Sánchez decidiera en mayo desentenderse de la gestión de la crisis y pusiera el marrón en el tejado de las autonomías, mientras él se llenaba la boca de "cogobernanza" y se dedicaba en exclusiva a cantar las alabanzas de una recuperación económica aún más imaginada que real. Resolver este alboroto jurídico debería ser prioritario en cuanto comience el nuevo curso político, pero desgraciadamente no parece que haya intención de hacer nada al respecto.   

Obligatoriedad de la vacuna y certificado COVID

Ahora se debate sobre la vacunación obligatoria de determinados colectivos o si puede exigirse algún tipo de certificado para acceder a algunos establecimientos. Se trata de otro debate que afecta de nuevo a libertades y derechos fundamentales y que, en todo caso, se debería estar sustanciando en el Congreso de los Diputados y no en los medios de comunicación y en las redes sociales. España se nos muestra así como un país en el que, con tal de eludir responsabilidades y no cumplir sus obligaciones, los políticos con mando en plaza buscan chivos expiatorios en el negacionismo, en los jóvenes "irresponsables" que hacen botellones o en los jueces por no transigir con los trágalas del gobierno. 

"Se trata de otro debate que afecta a derechos fundamentales"

Particularmente grave e insidioso es el inmisericorde ataque contra el Poder Judicial por cumplir con su función constitucional y hacer valer la separación de poderes. Es absurdo e impropio que el poder ejecutivo pida a los jueces que "unifiquen criterios", como ha hecho el presidente canario. Si Ángel Víctor Torres fuera un político valiente habría pedido hace tiempo el estado de alarma en las islas o, mejor aún, habría exigido al Gobierno de su partido que cuanto antes impulse en el Congreso una legislación que ponga fin al desorden actual para poder actuar con amparo legal suficiente si fuera necesario. 

Sin embargo, parece que cualquier excusa, incluso deslegitimar a uno de los poderes del Estado y poner en solfa derechos y libertades constitucionales, es buena si sirve para ocultar que en no pocas ocasiones se ha actuado más por cálculo político que en función de la prudencia y el parecer científico. Puestos a hablar de negacionismo y de responsabilidad, la realidad es que la inmensa mayoría de los españoles merecen un sobresaliente a pesar de unos gestores políticos acreedores de un suspenso general. En su gestión imprudente y desnortada encontramos parte de la respuesta al actual clima social de hartazgo cuando no de indiferencia o rechazo frente a medidas muchas veces ininteligibles. Lo dramático es que mientras no hagan sus deberes y merezcan el aprobado seguiremos contando olas y sufriéndolas. 

No, vivir aquí no es una suerte

Dice un viejo y manoseado lema publicitario, falaz como casi todos los de su tipo y empleado para un roto y un descosido, que es una suerte vivir en Canarias. Yo niego la mayor, vivir en Canarias nunca ha sido una suerte y menos que nunca en los pandémicos tiempos actuales. Apenas que miremos más allá de las playas paradisiacas y de otros cuatro o cinco tópicos con los que los canarios solemos consolarnos, descubriremos un horizonte preñado de incertidumbres en el que es casi imposible atisbar algo que sugiera un futuro menos gris y deprimente para la gente de esta tierra. Dirán ustedes que he amanecido algo pesimista y no lo niego, pero no encuentro razones para el optimismo por más que las busque. 

Si uno comienza el día echando un vistazo a los periódicos apenas encuentra otra cosa que no sea el cansino conteo diario de contagiados, fallecidos y vacunados y poco más a lo que merezca la pena dedicarle algo de tiempo y atención, salvo que a estas alturas aún interesen a alguien los insufribles dimes y diretes entre políticos. Es como si el tiempo se hubiera detenido para siempre en marzo de 2020 y desde entonces viviéramos un eterno día de la marmota del que ya será imposible salir. Pero si nos centramos en las cosas que realmente importan y dejamos a un lado la faramalla insustancial con la que nos solemos dopar para conllevar esta pesadilla sin caer en la más absoluta melancolía, no veo ningún dato que invite a mirar con una pizca de confianza el futuro más próximo ni en lo sanitario ni en lo social ni en lo económico ni en lo político.

Sanidad: ni vencemos el virus ni avanzamos con la vacunación

En el plano sanitario llevamos meses bailando la yenka con el virus: ahora baja aquí pero sube allá, ahora elevo el nivel en esta isla y lo bajo en la otra y, mientras los contagios vuelven a ganar terreno, espero el santo advenimiento a ver si aburrido se va y nos deja en paz de una bendita vez. Si hablamos de vacunación prometemos en el Parlamento que estamos en disposición de dispensar 33.000 vacunas diarias, pero lo cierto es que seguimos casi a la cola del país en administración de la pauta completa, sin que nadie dé una explicación satisfactoria que no pase por echar la culpa a otros. Si añadimos la lamentable gestión de las vacunas que han hecho las autoridades comunitarias y españolas y las improvisaciones y cambios de criterio del plan nacional de vacunación, que no han hecho sino aventar la desconfianza social, ya me dirán cómo se puede mantener aún a estas alturas el optimismo que rodeó el inicio de la campaña a finales de diciembre pasado. 

(Juan Carlos Alonso)

Para terminar de enredar aún más la situación, el Gobierno anuncia el fin del estado de alarma pensando más en razones políticas que sanitarias, y sin haber previsto junto al Parlamento un amparo jurídico que permita a las comunidades autónomas adoptar medidas restrictivas para hacer frente a un virus que no parece ni mucho menos bajo control, como ha pretendido hacernos creer el presidente en dos ocasiones. Tal vez si durante el año largo que dura ya la pandemia nos hubiéramos dedicado mucho más a combatirla con más tino y sentido común que el demostrado y mucho menos a darla por derrotada para salvar temporadas turísticas varias, hoy podríamos tener en Canarias alguna esperanza de salvar al menos parte de la de verano y seguramente la de invierno. 

La economía en la UCI y la salud social dañada

La realidad en términos de trabajadores en ERTES o en paro no se compadece en cambio con los mensajes que como árnica repiten a diario los responsables públicos sobre crecimiento, PIB o empleo, meros deseos que las estadísticas se han ido encargando de desmentir uno a uno. Usando un símil sanitario muy apropiado en la actual situación, se puede afirmar que la economía canaria está en la UCI a la espera de que llegue la prometida respiración asistida en forma de las ayudas directas que un año después del inicio de la pandemia ha tenido a bien aprobar el Gobierno español, mientras sus homólogos francés, italiano o alemán las aprobaron y entregaron hace más de un año. Para el turismo, la sangre que impulsa la economía canaria y para el que sigue sin haber alternativa viable por mucho que se anuncien por enésima vez planes de diversificación económica en los que casi nadie en realidad cree, solo ha habido promesas varias veces anunciados y nunca materializados en algo concreto y tangible. 

(Carlos de Saá)

No es posible esperar una buena salud social con este desolador panorama sanitario y económico. Las ONGs como Cáritas, Banco de Alimento o Cruz Roja reportan incrementos alarmantes de pobreza y exclusión que parecen  haber desbordado los servicios sociales públicos. Mientras, los políticos se tiran los trastos o presumen en las redes de una gestión social manifiestamente mejorable a la vista de los resultados. Por si todo lo anterior fuera poco, el Gobierno central ha decidido que Canarias sea dique de contención de la inmigración irregular procedente de África con rumbo a Europa y ha desoído por activa y por pasiva las quejas de un presidente autonómico incapaz de hacer valer ante Madrid la posición ampliamente mayoritaria de la sociedad canaria. A una gestión opaca y prepotente del fenómeno, Madrid ha unido además el trato inhumano a estas personas y ha generado un clima de malestar y tensión social que nunca es positivo y mucha menos en medio de una crisis social y económica como la causada por el coronavirus. 

Cierto es que sale uno a la calle y ve que terrazas, centros comerciales o playas aparecen abarrotadas de gente que parece feliz y despreocupada, en ocasiones tan despreocupada que hasta olvida usar la mascarilla o mantener la distancia de seguridad. No sé si es inconsciencia colectiva del oscuro panorama que tienen ante sí estas islas o si hay una suerte de dopaje social que lleva a muchos a creer que el Estado proveerá con dinero tal vez caído del cielo aunque desaparezcan la mayoría de las empresas y no haya trabajo más que para un grupo de elegidos. Aunque también puede que yo tenga una visión muy desenfocada de la realidad que me rodea, es decir, que yo me equivoque de medio a medio y que ciertamente sea una suerte vivir en Canarias. 

Del estado de alarma a Guatepeor

Si para variar Pedro Sánchez cumple la promesa de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, es probable que vivamos un pifostio jurídico y político similar al del verano pasado, después de que el susodicho proclamara urbi et orbi que habíamos "vencido el virus" y animara a salir a la calle y disfrutar. Se vio entonces que, sin estado de alarma al que agarrarse, las autonomías tenían que someter sus medidas contra la pandemia al parecer de los jueces. La jarana derivó en jueces de una autonomía que desautorizaban lo mismo que autorizaban los de la autonomía de al lado y, claro, no hubo forma de aclararse. Luego pasó lo que pasó en verano con los contagios y el Gobierno, siempre tan atento, nos regalo otro estado de alarma nuevito bajo el que aún nos encontramos. La buena nueva es que Sánchez acaba de anunciar que ha vencido el virus por segunda vez en menos de un año, gesta solo equiparable a las del divino Hércules. 

El estado de alarma: clavo ardiendo de las autonomías

Aunque todavía se discute entre los juristas si el estado alarmado es herramienta jurídica adecuada para amparar cosas como el toque de queda y la consiguiente conculcación de derechos fundamentales, lo cierto es que, cuando decaiga, esa opción quedará vedada a las comunidades autónomas. A lo más que podrán llegar es a decretar cierres perimetrales muy localizados (barrio, pueblo, comarca, ciudad), aunque tampoco hay consenso jurídico al respecto; también pueden modificar aforos y horarios de establecimientos abiertos al público, aunque sus decisiones siempre deberán estar avaladas por los tribunales de justicia, cuyas resoluciones también pueden ser objeto de recurso para que siga la rueda. Dicho en otras palabras, como tenemos tantos jueces mano sobre mano y la administración de Justicia funciona que es un primor y la envidia del mundo, vamos a darles algo de lo que ocuparse.

EFE

Todo esto seguramente se habría evitado si el Gobierno y el Congreso hubieran cumplido con su obligación para que las autonomías dispusieran a fecha de hoy de un paraguas jurídico bajo el que guarecer las posibles medidas que adopten a partir del 9 de mayo. De hecho ese fue el compromiso asumido en su día por el propio Sánchez y que, como tantos otros, también se ha llevado el viento. La clave es la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública de 1986, una norma que requiere una adaptación que afine el detalle y restringa el amplio margen interpretativo del que adolece. Aunque la norma en cuestión establece la potestad de las autoridades sanitarias para adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud pública, lo cierto es que no precisa ninguna, lo cual equivale a tener un tío en Cuba. 

Las consecuencias de no hacer los deberes

El Gobierno, que presume de sabérselas todas y de "cogobernanza" aunque ni siquiera ha consultado a las autonomías sobre el fin del estado de alarma, ha dicho nones: aunque se lo haya pedido hasta el Consejo de Estado, no ve la necesidad de estar molestando al estresado Congreso de los Diputados con una ley de hace 35 años para una tontería como una pandemia de nada que solo ha causado cerca de 80.000 muertes. Según Sánchez y los suyos, con lo que hay ya y unos buenos acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud que reúne a comunidades y Ministerio, va que chuta. 

Que lo que acuerde un órgano administrativo como ese bendito Consejo no puedan ser más que recomendaciones y nunca normas de obligado cumplimiento, como pretende el presidente o la vicepresidenta Calvo, es algo que no les quita el sueño: son tan avanzados que acaban de elevar el dichoso Consejo al rango de poder legislativo del estado sin consultarlo ni con Montesquieu. En un país en el que los políticos han tenido la desvergüenza de "adaptar técnicamente" el ridículo decreto de las mascarillas aprobado en las Cortes, tampoco nos deberían sorprender mucho esas salidas de tiesto. 

Mientras, las autonomías empiezan a hacerse cruces: las del PSOE cabecean obedientemente todo lo que emane de La Moncloa, aunque sospecho que la procesión va por dentro. Chillan más las del PP pidiendo que el estado de alarma se prorrogue al menos hasta junio, lo cual es digno de admiración habida cuenta de que este partido se abstuvo cuando se votó en el Congreso a finales de octubre. Imagino que en La Moncloa estas jeremiadas no impresionan demasiado, no así las del PNV, socio prioritario del PSOE, que también aboga por la prórroga. 

Es evidente que ningún presidente regional, aunque unos lo digan y otros no, quiere cargar ahora con el mochuelo de tener que pedir permiso a los jueces cada dos por tres: es una lata y, sobre todo, políticamente perjudicial en tanto mantiene vivo el debate sobre si las medidas se corresponden con la gravedad de la situación. Eso, en una población que mayoritariamente ha hecho grandes esfuerzos y sacrificios y que ha transigido sin rechistar con recortes de derechos fundamentales no siempre justificados, se hace cada vez más impopular y más cuesta arriba. 

Sánchez a punto de incumplir otra promesa más

Lo que nos seguimos preguntando es por qué Sánchez ha decidido anunciar el  fin del estado de alarma y no una prorroga: a la vista del aumento de los contagios y del ritmo todavía insuficiente de vacunación, queda mucho para llegar a la Arcadia feliz que promete el Gobierno para el día después. Una posible explicación radica en que, a fecha de hoy y en medio de la feroz campaña madrileña, conseguir que el Congreso apruebe la prórroga le costaría sudor y lágrimas y no se le ven  ni ganas ni capacidad para embarcarse en la aventura. Otra explicación en absoluto descabellada es que todo sea solo una estrategia teatral de Sánchez para que las comunidades acudan a él en procesión rogándole la prórroga, lo cual le permitiría presentarse ante el país como el tricampeón mundial de la lucha contra el virus.

La evolución de la pandemia en los próximos días, los problemas con las vacunas y la presión de socios como el PNV y otros, podrían hacerle recular e incumplir su promesa, algo que a él no le preocuparía lo más mínimo y a los ciudadanos tampoco nos pillaría por sorpresa a estas alturas. Si por el contrario mantiene que no haya prórroga, tendremos una nueva entrega de La Casa de los Líos en versión autonómica, que se podría haber evitado si el Gobierno y el Congreso hubieran hecho su trabajo. Pero así funciona un país en el que la máxima política es dejar para pasado mañana lo que urgía haber hecho antes de ayer.