Canarias, donde todo es posible

Que nadie se llame a engaño, el título de este artículo no es el lema de una nueva campaña de la Consejería de Turismo para atraer a nómadas digitales a Canarias. Es, resumida en cinco palabras, la realidad mágica de una tierra en la que pasan cosas dignas de ser desentrañadas en un programa televisivo de misterios insondables. Aquí es posible encontrar cara a cara en un mismo periódico que el Parlamento canario va a gastarse más de 100.000 euros en proveer de butacones nuevos a las cansadas posaderas de sus señorías, junto a otra noticia en la que se afirma que Caritas atendió el año pasado en las islas a unas 53.000 personas más que el año anterior y a casi el doble que en 2019. No digo que en otros lugares no se registren fenómenos paranormales similares, pero en Canarias ya se han convertido en una tradición tan arraigada que han pasado incluso a formar parte de nuestra identidad.

EP

No es el chocolate del loro

Muchos pensarán que lo de los 100.000 euros para butacones parlamentarios es solo el chocolate del loro y que con ese dinero no se arregla gran cosa. Más allá de que el loro tan socorrido ya nos sale por un pico en gastos superfluos, los que así piensan deberían saber que esa cantidad es la que dedica anualmente el Gobierno de Canarias a los bancos de alimentos de las islas, que se las ven y se las desean para atender la demanda de comida de quienes no llegan a fin de mes. Nada tengo en contra de que sus señorías posen sus nalgas en sillones razonablemente confortables por si les apetece dormir la siesta, pero en tiempos de crisis y de pobreza los gestos de quienes viven del erario público siempre son importantes e incluso bienvenidos. Gastarse ahora ese dinero en cambiar los asientos del Parlamento es una indecencia que sus señorías pueden y deben evitar si les importa algo lo que los ciudadanos piensan de ellas.

Pero lo de los sillones y la pobreza es solo uno de esos casos mágicos que ocurren en esta tierra de prodigios. Véase por ejemplo el sorprendente y oscuro “caso mascarillas” por el que el Gobierno canario pagó cuatro millones de euros por unos tapabocas que resultaron ser falsos y que hubo que destruir. Después de una docena de requerimientos infructuosos a la empresa a la que se encargó la compra, con la que ni siquiera se firmó un contrato, para que devuelva el dinero, el Gobierno ha ido ahora a la Fiscalía, que ya investigaba a instancias particulares la alegría con la que nuestros gobernantes se gastan el dinero de los contribuyentes. Además de no haber denunciado todavía en el juzgado, ni el presidente regional ni su consejero de Sanidad han dado aún explicaciones convincentes a la opinión pública y, por supuesto, nadie ha asumido ninguna responsabilidad. En verdad, un caso digno de Hércules Poirot.

La dependencia y los plátanos del papa

Lo de las mascarilla no es menos extraordinario y enigmático que lo que ocurre con la atención a la dependencia. Como no sea por la incompetencia manifiesta y palmaria de la consejera del área, es muy difícil entender cómo es que mueren cada día nueve personas en Canarias esperando por una prestación reconocida o por qué tenemos la lista de espera más larga del país o cuál es la razón de que la financiación esté por debajo de la media o de que necesitemos el doble de plazas residenciales de las que están previstas. Y todo ello, según la Diputación del Común, podría ser  más dantesco si muchos dependientes que tienen derecho a la prestación no hubieran decidido no solicitarla para ahorrarse nervios y esperas ante la comprobada ineficacia de la administración autonómica.

"Podemos gobierna los días pares y hace oposición los impares"

Y qué decir del impenetrable asunto de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, a los que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha regalado ahora, seis meses después de terminar la erupción, un “comisionado” para “agilizar” la reconstrucción de la isla. Mientras, aún quedan 2.000 personas desalojadas viviendo en casas de parientes o en alojamientos provisionales, otros muchos siguen incomunicados y las ayudas prometidas se enfrentan a la inmisericorde burocracia en la que mueren los sueños y las esperanzas de quienes lo perdieron casi todo. Pero eso sí, ha dicho Ángel Víctor Torres que “el papa Francisco podrá degustar una magnífica fruta como es el plátano de Canarias, nacido en las tierras fértiles de La Palma”. Torres se ha venido arriba alabando el regalo del ministro Bolaños en su audiencia privada con el pontífice y ha rematado el ditirambo proclamando que ha sido “un gesto hacia la isla que ha sufrido el volcán más devastador, en daños materiales, de Europa”. Quien no se consuela es porque no quiere.

La lista de casos esotéricos es tan larga que podríamos estar hablando de ellos varios días sin parar. No sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado cómo concuerda que las islas tengan el REF “más avanzado” de su historia y reciba millones de turistas, mientras las tasas de exclusión y paro – tanto juvenil como adulto - son las más altas del país. Por no mencionar también lo mucho que le gusta el verde al actual Gobierno canario y lo mucho que habla de “huella de carbono cero”, al tiempo que teme más que a un nublado el impuesto europeo sobre el queroseno de la aviación. Me cuadra tan poco como ver a Podemos gobernando los días pares y haciendo oposición los impares, por no hablar de algunos políticos para los que la vida es un carnaval permanente en la que no caben otras prioridades y que, no satisfechos con regalarnos dos meses de murgas en invierno, salivan ahora pensando en extender la fiesta al verano como si no hubiera un mañana. El circo que no falte jamás, el pan siempre puede esperar en una tierra en la que todo es posible, salvo, a lo que se ve, unos responsables públicos a la altura de las circunstancias y unos ciudadanos conscientes de su poder.

De aquellas mascarillas estos lodos

Escribí el otro día que si atendemos a los datos económicos y sociales del Archipiélago, para la mayoría de la población canaria no es una suerte vivir en la ultraperiferia española. Sin embargo, si formas parte del Gobierno regional puede llegar a ser incluso una bendición del cielo. Entre otras cosas porque te libras de la murga diaria de la llamada prensa “nacional” preguntándote por cómo, quién y por qué se pagaron cuatro millones de euros a una empresa de compra venta de coches por un millón de mascarillas que ni están ni se les espera. Y todo ello, para colmo, sin mediar verificación previa de esa empresa y sin otro contrato que el verbal, como si el dinero público se pudiera entregar al primero que pasa con el único aval de su palabra. Es también la suerte de apellidarse Torres, Pérez o Trujillo y no tener más peso político nacional que un comino. Si te apellidas Ayuso o Martínez-Almeida hay especiales diarios en ciertas televisiones, artículos de fondo, sesudos análisis y editoriales cruzados sobre el tráfico de influencias.

EFE

En todos lados cuecen mascarillas

No digo yo que el caso de las mascarillas madrileñas huela mucho a trigo limpio ni pongo las manos en el fuego por nadie, que de pacientes en la unidad de quemados por esa razón ya vamos servidos. Lo único que digo es que el rasero mediático es distinto en uno y otro caso, aunque la gravedad de lo ocurrido sea pareja. Si en el caso de Madrid se culpa al alcalde de no denunciar ante la Justicia el pelotazo de los comisionistas Luceño y Medina, en el caso canario cabe preguntarse también porqué el Ejecutivo autonómico no hizo lo propio cuando la empresa a la que le encargó las mascarillas no cumplió su parte del trato verbal a pesar de haber recibido el pago acordado. Hasta  el vicepresidente Rodríguez se ha desmarcado y considera conveniente llevar el asunto a los  juzgados, pero el consejero de Sanidad alega que el dinero se recuperará antes por vía administrativa que judicial. Lo cierto a día de hoy es que lleva ya una decena de requerimientos de devolución y aún no ha visto un euro.

Ahora es cuando amaga con acudir a los tribunales - a conejo ido palos a la madriguera - y se hace pasar por la víctima de un asunto en el que los verdaderos perjudicados somos los ciudadanos canarios, cuyos impuestos el Gobierno destinó alegremente – y puede que hasta delictivamente - a comprar una partida de mascarillas que terminaron destruidas por no ajustarse a las normas de la UE. Como ocurre casi siempre en estos casos, en medio pululan los intermediarios entre el Gobierno canario y la empresa incumplidora y entre esta y el supuesto fabricante proveedor.

“El Gobierno no es la víctima, lo son los ciudadanos cuyo dinero se ha entregado a cambio de nada”

Del segundo de esos intermediarios se sabe que ya se embolsó 25.000 euros de comisión por sus gestiones y muy extraño sería que el primero no hubiera recibido también su parte. Muy convencido se muestra el Gobierno de recuperar no solo los cuatro millones de euros pagados en balde sino los 800.000 euros correspondientes a los apremios a los que la empresa no ha respondido. Ahora, en cambio, esa misma empresa se descuelga con la propuesta de traer 1,2 millones de mascarillas para compensar el descosido en las cuentas públicas. No me sorprendería que el Gobierno terminara aceptando, exponiéndose a ser burlado por segunda vez.

¿La punta del iceberg?

A la vista del preinforme de la Audiencia de Cuenta de Canarias revelado por Canarias 7, cabe preguntarse si la compra de las mascarillas a una empresa de venta de coches sin cumplir ningún requisito legal es solo la punta del iceberg de lo que ocurrió en los primeros meses de la pandemia. En ese documento se señala algo que es de Perogrullo: la urgencia derivada de la pandemia y el estado de alarma no exoneraba en ningún caso a las administraciones públicas de su obligación legal de comprobar con quién se gastaban los cuartos de los contribuyentes. En el caso que nos ocupa, el Gobierno de Canarias no verificó nada, ni la solvencia de la empresa ni la adecuación de su actividad habitual al fin por el que se le abonaron cuatro millones de euros mediante un acuerdo verbal y telefónico que nunca cumplió. 

Dice también la Audiencia que un tercio del centenar de contratos analizados no estaban debidamente justificados ni explicada la necesidad de su tramitación urgente. Es más, señala también que se hicieron pagos por más de 42 millones de euros que ni siquiera contaban con la autorización del Consejo de Gobierno, lo cual puede devenir en su nulidad de pleno derecho. En otras palabras, no es exagerado afirmar que la mayor parte de las compras sanitarias en los primeros meses de la pandemia están ahora bajo sospecha de haberse realizado sin respetar la legalidad.

Además de las judiciales existen las responsabilidades políticas

Tuvo que ser un particular el que llevó este caso a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no dice mucho en favor ni de la transparencia de la que presume el Gobierno autonómico ni de su probidad y diligencia en el uso del dinero público. A lo que estamos asistiendo estos días es a las consecuencias del descontrol generalizado que reinó en los inicios de la pandemia, con un Ministerio de Sanidad incapaz de centralizar las compras de material sanitario y unas comunidades autónomas obligadas a arreglárselas por su cuenta sin reparar en el cómo ni en el cuánto.

Eso, sin embargo, solo explica lo ocurrido pero no exculpa a los responsables políticos de haberse saltado la legalidad como si no hubiera un mañana y como si el dinero público no fuera de nadie y se le pudiera entregar a cualquiera que prometiera guantes o mascarillas sin más garantías que su palabra de caballero. Al margen de las responsabilidades judiciales que en su caso se determinen, existe algo llamado responsabilidad política que, aunque sea muy poco habitual en España, se debería concretar en dimisiones o ceses de quienes tomaron decisiones presuntamente reñidas con la legalidad. Vivir en la ultraperiferia no debería dar derecho también a disfrutar de patente de corso.

Día de Canarias: ¿una suerte vivir aquí?

A las puertas del Día de Canarias el Gobierno autonómico ya nos ha obsequiado el ineludible vídeo con el marchito tópico del fuego y el mar, que ya conocemos de memoria después de años machacando en la misma idea. De nuevo se sucederán los parabienes por vivir aquí, porque aún siendo la comunidad más pobre y con la mayor tasa de paro del país, en contentura y ganas de fiesta no nos gana nadie; se volverán a escuchar discursos oficiales cargados de buenas intenciones y autojustificaciones, veremos al Gobierno premiándose a sí mismo, nos revestiremos de típicos por unas horas, muchos incluso se atreverán con una isa y un sancocho y, al día siguiente, felices de haber tenido un día más de fiesta, regresaremos a la tozuda realidad cotidiana de un archipiélago al que, si no es por Juana es por la hermana, cuando no por ambas, le va a costar levantar cabeza. No tengo nada contra quienes celebran así el Día de Canarias, aunque habrá a quien mi forma de ver esa jornada le parezca demasiado pesimista y hasta poco patriota. En cualquier caso, me resisto a disfrazar de falso optimismo un panorama imposible de soslayar ni aún con la mejor de las intenciones.

Paro e ineficacia pública

Un rápido y somero repaso de los datos económicos y sociales bastan para convencerse de que vivir en Canarias a fecha de hoy es como mínimo para estar preocupados por el futuro, no digo ya para alegrarse. Según la EPA, el Archipiélago es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro y la segunda que más empleo destruyó en el primer trimestre del año. También lidera el paro juvenil no solo de España sino de la Unión Europea, y aunque es cierto que en el último año ha habido un aumento de empleados y de afiliación, la precariedad laboral es la norma generalizada.

Mientras el paro parece ya un problema crónico de la economía canaria, hasta el punto de que ni el regreso de los turistas tras la pandemia permite reducirlo significativamente, a nadie le debería sorprender que Canarias sea también una de las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y exclusión social. Solo de drama social cabe calificar que 630.000 canarios se encuentren en esa situación o que 300.000 padezcan exclusión severa o que 125.000 estén en situación crítica, según el último informe de FOESSA.

No cabe duda de que la pandemia agravó un problema que, como el del paro, también se ha vuelto crónico. No obstante, al empeoramiento ha contribuido de forma decisiva la ineficacia y la ineficiencia de los poderes públicos para responder en tiempo y forma a esa realidad. Con solo decir que el publicitado Ingreso Mínimo Vital apenas llega aún al 7% de los que lo necesitan en Canarias, está dicho prácticamente todo. No extraña tampoco por tanto que las islas encabecen también la clasificación de comunidades en las que menos cobertura ha alcanzado el IMV, presentado poco menos que como la panacea contra la pobreza, contra la que las únicas panaceas posibles son la educación y el empleo. 

Dependencia, el lunar más negro

Aunque el gran lunar negro de la gestión autonómica sigue siendo la atención a la dependencia, en donde – cómo no – Canarias lidera también la lista de personas en el limbo, es decir, dependientes con el grado de dependencia reconocido que aún no perciben la prestación o el servicio a que tienen derecho. En las islas mueren cada día 8 personas esperando por esa prestación y se tardan 900 días de media en resolver un expediente de dependencia. Aún así, Canarias redujo el año pasado en cerca de 44 millones de euros su aportación a la dependencia, según acaba de revelar la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Una suerte vivir aquí para los dependientes?

La escasa diligencia autonómica para dar respuesta a la aguda crisis social que sufren las islas va pareja con el menosprecio y el ninguneo que el Gobierno central sigue exhibiendo ante la realidad de la comunidad autónoma con los peores datos económicos y sociales del país. La penosa gestión de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, utilizado por Pedro Sánchez para su lucimiento personal, es solo un botón de muestra al que cabe añadir el desconocimiento, cuando no el desdén, de Madrid ante el cumplimiento del REF o la pachorra frente al drama humano de la inmigración.

Un giro con Marruecos que aumenta la incertidumbre...

Ahora, el ministro de Exteriores ha venido a Canarias a reconocer que la pirueta de Sánchez respecto al Sahara tampoco ayudará a reducir el número de inmigrantes que intentan llegar a las islas, un intento en el que muchos pierden la vida. Esa fue precisamente la excusa con la que se vendió a la opinión pública un acuerdo que, por si no había ya suficientes dificultades en las islas, ha ensombrecido aún más el futuro de un archipiélago que tiene la mala suerte de no llamarse Cataluña.

La pandemia o el volcán pueden considerarse atenuantes, pero en ningún caso eximentes de la falta de empuje e ideas del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni mucho menos para justificar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez y de algunos de sus ministros. La suerte que tiene el presidente canario Torres es que la oposición parece haberle dado bula hasta las elecciones y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos o hacerse oposición a sí mismos, pero ni se les pasa por la mente despegarse del poder. 

Torres insiste en que todo irá viento en popa a partir de ahora y que la economía canaria crecerá más que ninguna otra. Mientras ese feliz y dorado momento llega y a falta de solo un año para las elecciones, no se conoce aún cuál es la hoja de ruta y los hitos que piensa seguir el Gobierno autonómico para superar esta crisis, más allá del fárrago de planes, estrategias, perspectivas y agendas tan bienintencionados como poco realistas. Torres también gusta de prometer que dejará una Canarias mejor que la que encontró, pero, a fecha de hoy, los principales indicadores económicos y sociales demuestran que la situación ha empeorado en los tres últimos años y no solo por culpa de la pandemia o del volcán, sino también por la impericia y la ineficacia del Gobierno. Además de quienes sufren a diario el drama del paro, la pobreza o la exclusión, o de quienes mueren esperando la prestación de la dependencia, si hay alguien en Canarias que debería saber mejor que nadie que para la mayoría de los canarios no es una suerte vivir aquí, ese debería ser Ángel Víctor Torres.  

Sánchez, Canarias y el amigo marroquí

Cuando oigo a un político prometer algo me acuerdo de la canción de Pablo Milanés: “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”. El 23 de marzo Pedro Sánchez acudió raudo a Ceuta y Melilla a “explicar” su amplia reverencia ante el rey de Marruecos en el contencioso del Sahara, conocida por sorpresa solo unos días antes a través del Gobierno marroquí, que no del español. Ese mismo día el presidente de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres, decía solemnemente en el Parlamento autonómico que Sánchez “tendrá que explicar en el archipiélago su carta al rey de Marruecos”, que el dirigente regional calificó de “relevante” y “trascendente”, para añadir que “ninguna propuesta tendrá recorrido si no es con el acuerdo entre las partes”. A Torres se le pasó el pequeño detalle de que Sánchez ha despreciado olímpicamente la postura de una de las dos partes, por no hablar de Argelia, de la oposición española y hasta de sus ministros y socios de gobierno, antes de postrarse a las plantas de Mohamed VI y jurarle que la propuesta autonomista es “la más seria, realista y creíble”. A lo mejor lo es, pero eso lo deben decidir los saharauis y eso es lo que debe respetar Sánchez.

EFE

Canarias y la danza de los siete velos 

El 26 de abril, mas de un mes después, el mismo Ángel Víctor Torres de antes afirmó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, estaba “preparando un viaje en las próximas semanas a Canarias” para explicar la pirueta saharaui de Sánchez, a quien, al parecer, su apretada agenda no le impidió viajar ocho veces a La Palma para fotografiarse junto al volcán, pero sí le impide subirse al Falcon y darse un salto a los territorios de ultramar para despejar las numerosas incertidumbres provocadas por su danza de los siete velos en Rabat. Hay tantas cuestiones trascendentales para Canarias en el cambio de posición sobre el Sahara, que demorar más su explicación es confirmar que las islas, su futuro y sus intereses no están ni se les espera tan siquiera en la trasera de la última hoja de la agenda gubernamental. Imaginen que esto afectara a Cataluña o al País Vasco. 

La reactivación ahora de la estancada comisión hispano – marroquí para abordar el peliagudo y demorado asunto de la delimitación de las aguas territoriales sería una buena noticia si pasamos por alto la política de hechos consumados de Marruecos en las aguas del Sahara y el asentimiento dócil de España. Hace poco más de dos años el Parlamento marroquí aprobó, unilateralmente y ante el silencio español, ampliar las aguas territoriales y crear una zona económica exclusiva que choca de lleno con la que nuestro país reclama para Canarias. Es evidente el interés marroquí por las riquezas submarinas insulares y, francamente, a la vista del tradicional entreguismo español a las tesis de Rabat, el hecho de que las islas tengan un representante en esa comisión tranquiliza muy poco si su status se limita al de un mero convidado de piedra.

Vuelven las prospecciones y siguen llegando pateras

En esas estábamos cuando, ¡oh, sorpresa!, se anuncian prospecciones de hidrocarburos en aguas supuestamente marroquíes, a unos pocos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. De buenas a primeras se disparan de nuevo las alarmas y se ponen sobre la mesa los riesgos ambientales de una actividad de la que se desconocen las medidas de seguridad adoptadas y quiénes serían los responsables de los daños económicos y medioambientales de un eventual accidente. Una vez más, el Gobierno canario parece haberse enterado por la prensa de lo que se cocía a unos pocos kilómetros de las costas de las islas y que, probablemente, el Gobierno central sí conocía.

Con todo, la inmigración es el aspecto más cínico de ese acuerdo a costa del pueblo saharaui. Aún así, las llegadas de inmigrantes a Canarias desde que se dio a conocer el giro de Sánchez se han incrementado un 20%, si bien ha disminuido la presión sobre Ceuta y Melilla. Los inmigrantes, ante cuyas muertes y desapariciones en el mar el Gobierno español y el canario se dan golpes de pecho, se han convertido en indecente moneda de cambio en este trato espurio. Es difícil no ver que Marruecos se ha comprometido de palabra a impedir – cuando le convenga, claro está - la salida de sus propios ciudadanos hacia Ceuta y Melilla y hacia Canarias a cambio de que España ceda en el Sahara y quién sabe en qué más.

¿Se negoció con Marruecos sobre la soberanía canaria?

La pregunta es una de las más preocupantes si recordamos cierto titular, según el cual, el acuerdo “obliga a Marruecos a desistir (sic) de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. El ministro Iceta lo retuiteó al instante e incendió las redes, demostrando que en este Gobierno hay mucha gente a la que le falta un buen hervor. ¿Se puso en algún momento sobre la mesa la soberanía de Canarias, Ceuta y Melilla en el conchabo con Marruecos? ¿A qué viene hablar de que Marruecos “desiste”? ¿Qué negoció Sánchez con Marruecos a propósito de Canarias, Ceuta y Melilla? La guinda al lamentable espectáculo la ha puesto Pegasus y sus escuchas. Todo lo anterior, desde el inesperado giro de Sánchez a los supuestos términos del acuerdo con Marruecos, ha quedado indeleblemente manchado por la sospecha de un chantaje marroquí si, como todo indica, el espionaje partió de ese país.

A modo de resumen, Canarias lleva décadas pagando los platos rotos de la política de apaciguamiento español con el vecino del sur. La pesca, la agricultura o la inmigración son solo tres ejemplos de lo que ha supuesto para los intereses de estas islas una política exterior con Marruecos que ha tenido mucho menos de buena vecindad en pie de igualdad que de hechos consumados marroquíes con consentimiento español. Un Gobierno canario, cuyo presidente ha demostrado que su peso político en Madrid no alcanza la categoría pluma y cuyos socios lloriquean por las esquinas sin atreverse a dar un golpe sobre la mesa, no garantiza que en este momento crucial se defiendan tampoco los intereses canarios. Hoy es 20 de mayo de 2022 y ni Sánchez ni Albares se han dejado caer aún por Canarias. Torres calla y, como decía Milanés, “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”.

Canarias: en la encrucijada y sin hoja de ruta

Si uno se toma la molestia de escuchar las intervenciones de Ángel Víctor Torres en el reciente debate sobre la nacionalidad canaria, no podrá encontrar nada que el presidente no haya hecho bien en todos los frentes en los que ha tenido que combatir, desde la pandemia a la erupción palmera pasando por la inmigración. Ni en las 79 páginas del discurso con el que comenzó el soporífero pleno parlamentario ni en las réplicas y contrarréplicas a los portavoces de los grupos políticos, es posible hallar una sola brizna, por pequeña que sea, de autocrítica, algo que el presidente admita que debió haber hecho de otra manera. Mucho menos es posible dar con el más leve reproche al trato que Pedro Sánchez sigue dispensando a esta malhadada comunidad autónoma. De manera que, a la postre, estos debates sobre el estado de la nacionalidad solo sirven para que el presidente y los grupos que le apoyan hagan un ejercicio de autocomplacencia y para que la oposición juegue a hacer de oposición: la realidad del hemiciclo y la que se vive en la calle se vuelven a parecer como un huevo a una castaña.

Un gobierno débil

Nadie niega las graves consecuencias de la pandemia, pero esta no puede ser la coartada permanente para ocultar la falta de proactividad del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni para explicar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez. Basta acudir a las hemerotecas para comprobar la debilidad con la que Torres y su Gobierno siguen respondiendo a los incumplimientos de Madrid en cuestiones como la celeridad de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, el eterno convenio de carreteras, el traspaso de las competencias recogidas en el reformado Estatuto de Autonomía o el respeto al Régimen Económico y Fiscal.

Y ni siquiera es preciso tirar de hemeroteca, porque pervivirá mucho tiempo en la memoria de los canarios, para recordar el desdén con el que Madrid sigue tratando el fenómeno de la inmigración irregular que llega a Canarias por mar. Ahí están para demostrarlo los golpecitos de buena voluntad en la espalda y las largas que el Ejecutivo central sigue dando a la regulación legal del reparto de los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, para que no sea Canarias la que deba hacer todo el esfuerzo en solitario.

"La cesión de España en el Sahara abre una gran incertidumbre en Canarias"

El penúltimo episodio de esa actitud ha sido la cesión en el contencioso del Sahara, ignorando olímpicamente los lazos emocionales e históricos entre el pueblo canario y el saharaui y generando una enorme incertidumbre sobre las consecuencias económicas y políticas de esa decisión para el Archipiélago. Aún así, el presidente canario ha reaccionado con la docilidad que le caracteriza y de inmediato ha hecho suya la falsedad que disemina ahora su partido, según la cual el histórico giro no supone una nueva traición en toda regla al pueblo saharaui. La suerte que tiene Torres es que la oposición parece haberle dado bula y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos pero ni se les pasa por la cabeza despegarse de los sillones del poder.

Voluntarismo presidencial

Si por algo se ha caracterizado la intervención de Torres en ese debate, además de por la ausencia absoluta de autocrítica, ha sido por el voluntarismo con el que afronta la salida de la grave situación en la que se encuentra el Archipiélago. Todo, según Torres, va a ir viento en popa a partir de ahora y la economía canaria va a crecer más que ninguna otra en España. Eso, claro está, siempre y cuando no la fastidie una nueva ola de coronavirus y haya que volver a los ininteligibles niveles de riesgo o que el precio de los combustibles por la guerra en Ucrania obligue a dejar los aviones de turistas en tierra. 

Pero mientras cruza los dedos para que el virus desaparezca y acabe la guerra, la sociedad canaria desconoce cuál es la hoja de ruta que piensa seguir para superar esta crisis y transformar y relanzar la economía canaria, más allá del fárrago de planes, estrategias y agendas tan bienintencionados como poco realistas en la situación actual. Por lo pronto, ni siquiera piensa en tomar ya alguna medida para paliar el alza del precio de los combustibles que sufren los transportistas. Como obediente alumno de Sánchez también esperara a que su jefe anuncie sus ayudas para él aprobar las suyas, no vaya a ser que se equivoque y alguien le llame a capítulo.

Servicios sociales: el talón de Aquiles

Pero donde de verdad hace aguas el discurso de Torres es en el terreno social. Por más que presuma de que la cobertura social es “la mayor de la historia” no puede borrar las escandalosas estadísticas de exclusión y pobreza que padece el Archipiélago. La atención a la dependencia sigue estancada después de casi tres años gestionada por Podemos, el número de personas en situación de pobreza severa continúa creciendo y la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, que tantas esperanzas despertó y con el que tanta propaganda política se hizo, es de las peores de España. No cabe presumir de nada ante estas estadísticas ni todo puede ser anotado en el debe de la pandemia, sino en el de una lamentable gestión de los servicios sociales cuando más se les necesita y ante la que Torres ha sido incapaz de poner orden y exigir eficiencia a la consejera responsable.

"El interés de las islas debería estar por encima de la disciplina de partido"

Nada que no supiéramos hemos sabido en el debate sobre el estado de la nacionalidad, ni nada ha salido de él que nos ayude a atisbar cómo superará Canarias esta encrucijada histórica. Cierto es que una guerra en Europa y los efectos de una pandemia que aún no podemos dar por definitivamente superada oscurecen el futuro. Ahora bien, aún así, esas circunstancias históricas no pueden convertirse en la excusa ni en la justificación de la preocupante falta de empuje y liderazgo de un Gobierno autonómico cargado de buena voluntad pero ineficaz en el desempeño de sus competencias, que no son pocas, e incapaz de hacerse valer ante el Gobierno central. 

No basta amenazar con revirarse para luego agachar la cabeza y dar por buena cualquier excusa de Madrid: ante la gravedad de la situación debería pasar a un segundo plano la disciplina de partido y exigir claro, alto y con firmeza el trato que merecen y necesitan las islas para tener alguna posibilidad de salir con bien de esta crisis. Y si no se está dispuesto a hacer ese sacrificio por Canarias sería mucho más honroso dejar el despacho e irse a casa. 

Desesperante atención a la dependencia

Acaban  de cumplirse quince años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, una norma que generó grandes esperanzas pero que  también sigue sembrando frustración entre las familias que comprueban en carne propia la enorme distancia que aún hay en este país entre los derechos reconocidos sobre el papel y su disfrute real. En España han muerto este año casi 44.000 personas atrapadas en la telaraña de la burocracia, esperando una prestación por dependencia que ya llegará demasiado tarde para ellas. En el caso de Canarias, pocas dudas debería haber ya de que este es precisamente uno de los grandes lunares en la gestión del Gobierno autonómico cuando se ha superado con creces el ecuador de la legislatura. Los pequeños avances en este capítulo, que a pesar de todo ha habido y no hay por que negar, son tan inapreciables y tímidos que apenas si se perciben en medio de unos datos globales que no han hecho sino empeorar. 

Predicar y dar trigo

Cuando estaba en la oposición Sánchez sabía exactamente lo que había que hacer para evitar subidas de la luz como la de este año, pero una vez en el poder se le olvidó por completo. Con la atención a la dependencia en Canarias ha pasado exactamente lo mismo: cuando la actual consejera era la portavoz de Podemos en la oposición no dejaba pasar ninguna oportunidad de afearle de forma agria al gobierno de turno su gestión de este asunto, pero desde que tiene mando en plaza las cifras de la suya han puesto de manifiesto el abismo que existe entre predicar y dar trigo. Dicho en otros términos, la demagogia nunca ha servido para resolver ningún problema en ningún lugar. 

Una media de ocho dependientes han muerto cada día de este año en Canarias esperando recibir la prestación que tenían reconocida o pendientes de resolución sobre su grado de dependencia. En términos porcentuales Canarias tiene a más del 27% de sus dependientes reconocidos aguardando en listas de espera por una prestación, lo que la coloca la tercera por la cola en la clasificación de las comunidades autónomas por este concepto. No se queda atrás la lista de espera, que ha crecido también un 24%, a lo que se suma que la resolución de un expediente de dependencia se demora en Canarias una media de tres años, el doble de la media nacional, frente a los seis meses que establece la ley. 

Burocracia y caos organizativo es igual a ineficiencia

Se podría pensar que estos lamentables porcentajes son la consecuencia de la escasez de recursos y de personal, pero no parece que vayan por ahí los motivos de la situación. Se de la casualidad de que se ha contratado a un centenar de empleados para agilizar los expedientes y de que se ha incrementado la partida presupuestaria para atender la dependencia, pero el servicio sigue proa al marisco. Blanco y en botella, las causas no pueden ser otras que la burocracia, el caos organizativo y, en resumen, la ineficiencia del gasto público financiado con impuestos de todos los ciudadanos. 

Sin embargo, decir estas cosas, como recientemente ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, no gustan a una consejera que dos años y medio después de ocupar el cargo sigue recurriendo a la herencia recibida para intentar encubrir su deficiente gestión; eso cuando no amaga con dimitir o se desdobla de nuevo en portavoz de Podemos en la oposición y culpa de sus carencias al Gobierno central, en el que es precisamente su partido el responsable de los servicios sociales. 

"Una media de ocho dependientes mueren cada día en Canarias esperando la prestación"

En medio del desbarajuste por el que atraviesa la atención a la dependencia en la comunidad autónoma, el director general de la materia ha alegado "razones personales" para abandonar el barco e irse a casa. Su gestión ha permitido incorporar este año a unos 1.300 dependientes y a otros 3.000 se les ha reconocido el derecho. Sin embargo, deja sobre la mesa una pila de 10.000 expedientes sin resolver que, en muchos casos, se sustanciarán cuando ya sea demasiado tarde para quienes habían puesto sus esperanzas en la prestación para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

Quejas en saco roto

Con frecuencia ocurre que el retraso en la tramitación del papeleo obliga a repetir la evaluación y son habituales los casos en los que potenciales beneficiarios del sistema desisten de solicitar la prestación ante el calvario burocrático y la desesperante espera a la que temen verse sometidos. Ante esta realidad no extraña lo más mínimo que una de cada cinco quejas ante la Diputación del Común de Canarias esté relacionada con la penosa gestión de la prestación por dependencia, como ha revelado el titular de esa institución. 

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales viene reiterando desde hace años que Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de ese servicio que se ha agravado en esta legislatura. Sus quejas, las de la oposición, las del diputado del común, las del comité de empresa de la consejería, las de las organizaciones no gubernamentales o las de los colegios profesionales relacionados con esta materia, han caído una tras otra en un terreno yermo en el que solo han encontrado desdén o desesperados intentos de culpar a terceros de la propia incapacidad. 

Lo dije en un post anterior sobre este asunto y me reafirmo a la vista de las últimas estadísticas: frente a este desastre, que vulnera el derecho y frustra las esperanzas de miles de personas, solo cabe la dimisión de la consejera. En su defecto, el presidente Torres debería agradecerle los servicios prestados y cesarla. Sabemos que no lo hará porque no es la valentía su principal virtud política, pero de él será en última instancia la responsabilidad de haber elegido para el cargo a una persona que ya ha dado sobradas muestras de su ineficiencia en un asunto socialmente tan sensible y delicado. 

Inmigración: sordos, mudos y ciegos

En política rige una máxima no escrita por la cual de lo que no se habla no existe. A punto de despedir 2021 ya han llegado a Canarias este año 20.000 inmigrantes por vía marítima, una cifra que trae a la memoria la crisis de los cayucos de 2006. Con todo, lo más grave no es el número de los que han llegado, sino el de los que no han tenido esa suerte: entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se han ahogado 937 personas intentando llegar a Canarias, ente ellas 83 niños y 248 mujeres. Obviamente, en la estadística oficial no se incluye a los más desafortunados de todos, los desaparecidos de los que no quedó noticia, que ni siquiera pueden aspirar a ser un número en el conteo de muertos y que bien podrían duplicar la cifra atroz de los de cuyo fallecimiento sí hay constancia. Lo cierto es que e pesar de estos datos terribles, ni hay debate político o social ni en los medios aparece otra cosa que no sea el cansino recuento casi diario de llegada de pateras y muertes durante la travesía.

AP/JAVIER BAULUZ

Inmigración y agenda política

Que estas gélidas cifras oficiales sean un 7% superiores a las de 2020 y un 363% más que en 2019, no parecen suficiente argumento para que la clase política y el conjunto de la sociedad muestren algún signo de alarma, inquietud o desasosiego por el drama humanitario que se desarrolla ante nuestros propios ojos y ante el que preferimos permanecer mudos, sordos y ciegos. ¿Cuántas personas más tienen que morir o desaparecer en el mar para que el asunto merezca la atención que requiere por parte de todos? 

Puede que sea la pandemia que no cesa o los problemas económicos, pero lo cierto es que la tragedia de las personas que fallecen intentando llegar a Canarias ha desaparecido por completo de las agendas políticas de los gobiernos central y autonómico. Aunque a decir verdad, antes del virus y sus consecuencias tampoco era algo que pareciera quitar demasiado el sueño a los gobernantes, salvo cuando tenían que pasar el mal trago de que las televisiones y las redes sociales mostraran al mundo a miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero bajo un sol implacable, porque los irresponsables representantes públicos habían desoído todas las advertencias sobre el repunte del fenómeno y no se habían preparado adecuadamente los medios  de acogida.

"Hacer el menor ruido mediático posible es la consigna en vigor"

Ahora, más allá de habilitar de prisa y corriendo algunas instalaciones para dar alojamiento en condiciones muchas veces precarias a los que tienen la suerte de pisar tierra firme y de poner algún tuit de compungida condolencia, no se tiene constancia de plan o estrategia gubernamental alguna para responder al desafío. Desviar el tiro a Bruselas e ir tirando como buenamente se pueda sin hacer mucho ruido mediático parece ser la consigna política en vigor. Nadie debió escudarse en 2019 en que no se podía saber lo que estaba a punto de ocurrir con la ruta canaria de la inmigración, una de las más peligrosas del mundo, en cuanto se incrementó el control sobre las del Estrecho y el Mediterráneo. Aún así, han pasado ya dos años y 2021 va camino de convertirse en el peor año en cuanto a muertes de inmigrantes en el mar desde que se llevan estadísticas, mientras la pasividad política y la indiferencia social también han ido en aumento.

Indiferencia social y reto político

Ni siquiera la presión sobre los centros que acogen a menores inmigrantes llegados sin acompañamiento familiar consigue sacar de su modorra política al Gobierno de Canarias, incapaz de lograr de Madrid que derive a otras comunidades autónomas a parte de los 2.700 chicos que tiene bajo su tutela. Los centros están al límite, faltan cuidadores, las pruebas de edad se retrasan y centenares de menores podrían terminar en la calle en una especie de limbo legal. Eso sí, el Parlamento canario creó en septiembre una "comisión de estudio" sobre la inmigración, una fórmula tan socorrida como inútil de la que suelen echar mano los políticos cuando quieren dar la falsa sensación de que están muy preocupados por un problema. Los resultados prácticos de esa comisión los podemos avanzar ya antes de que concluya sus trabajos: cero pelotero.

Si a los políticos les incomoda hablar de un problema que no pueden resolver con eslóganes simplones, la sociedad no les va a la zaga con su indiferencia ante lo que ocurre en las costas de las islas. Así, entre el silencio de unos y la falta de compasión de otros hemos normalizado este drama, lo hemos asumido como algo inevitable en lo que no tenemos ninguna responsabilidad y hemos seguido con nuestras cosas. Es una respuesta social hasta cierto punto comprensible cuando una situación, por trágica que sea, se vuelve crónica y quienes deberían liderar la búsqueda de soluciones prefieren también practicar la política del avestruz. Sin embargo, creo que es la peor de las  alternativas imaginables porque el desafío no va a desaparece solo porque nos engañemos dejando de hablar de él y no prestándole atención. 

"Hemos normalizado el drama y lo hemos asumido como inevitable"

Clase política y sociedad deberíamos desprendernos de ataduras ideológicas y sesgos xenófobos y al menos ser prácticos por una vez: la inmigración ordenada y segura salvaría muchas vidas y sería de gran ayuda económica en un país cada día más envejecido, en el que en algunas provincias ya hay serios problemas para encontrar mano de obra en sectores como la construcción o los servicios. En la última década las muertes de españoles autóctonos han superado en más de un millón a los nacimientos y, según el INE, el 20% de la población ocupada tiene en la actualidad más de 55 años, lo que significa que se empezará a jubilar en los próximos años, agravando aún más la carencia de trabajadores y las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. 

¿Y si dejáramos de taparnos la boca, los ojos y los oídos y miráramos por una vez el problema de frente para buscar una salida que rebaje drásticamente la pérdida de vidas y ayude a sostener la economía del país? No soy un iluso, sé que no es nada sencillo y puede incluso que sea mucho pedir en un país en el que los grandes pactos de estado se han convertido casi en misión imposible. Pero es precisamente frente a grandes retos como este ante los que un país, con sus líderes públicos al frente, debería demostrar su capacidad de estar a la altura de lo que exige una trágica realidad que no se puede ignorar indefinidamente. 

El volcán de la incompetencia

Al comienzo de la erupción del volcán de La Palma escribí esto en el blog: "Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgracia hay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperar y que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde es imprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible". La autocita es un poco larga y les pido disculpas por ello, aunque reproducirla me ha ahorrado escribir de nuevo algo muy parecido cuando vamos ya camino de los tres meses de erupción. 

Ingenuidad y realidad

Confieso con un poco de rubor que en esta ocasión me había armado con la fe del carbonero y me había dicho que ahora sería distinto, que la emergencia era de una magnitud de tal calibre que el apoyo público no tardaría en llegar y no se repetiría lo de otras desgracias naturales como incendios, terremotos o inundaciones. Siendo incluso consciente de que la burocracia española es una hidra de siete cabezas con pies de plomo, me convencí como un iluso de que alguna vez tendría que ser la primera en la que las promesas de los responsables gubernamentales se materializarían en un plazo razonable y no habría necesidad de que los afectados tuvieran que recurrir a los medios de comunicación para denunciar retrasos.

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja acaba de dejar mi ingenuidad al descubierto. En un comunicado de hace unos días denunciaba que no se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas y establecimientos, lo que significa que los vecinos no cuentan aún con la ayuda de 30.000 euros imprescindible para el pago de un alquiler de un piso provisional. Agrega que no se han entregado la mayoría de viviendas provisionales que prometió el Gobierno de Canarias, lo que está produciendo que los afectados no dispongan ya de capacidad económica para hacer frente a los precios de los arrendamientos de pisos privados que, fruto de la especulación, han incrementado de forma notable sus precios, mermando el poder adquisitivo de los damnificados hasta tal punto de tener que pedir dinero prestado a familiares y amigos. 

"No se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas"

Añade que el Gobierno de Canarias tampoco ha abonado "la ayuda para muebles y enseres, lo que está impidiendo a los miles de afectados tener los enseres básicos de hogar, imprescindibles para su vida diaria y de las de sus hijos y mayores a cargo". Por último recuerda que "no se han abonado a la mayoría de afectados los donativos recaudados por el Cabildo de La Palma y El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, lo que tiene como consecuencia que muchos vecinos desalojados y en el paro pasen penurias económicas para vivir día a día, teniendo que vivir de la caridad de familiares y amigos". Ha sido precisamente a raíz de la publicación de este comunicado cuando las administraciones local e insular han empezado a entregar las donaciones particulares, fruto de la solidaridad de ciudadanos y organizaciones de todo el país que, al contrario de los políticos profesionales, sí tienen perfectamente claro lo que significa la palabra "urgente". 

Incompetencia y uso político de la tragedia

Lo realmente dramático de esta situación no es que no se hayan aprobado ayudas en un plazo relativamente breve, que sí se ha hecho. Lo que resulta sangrante e indignante es que, con las ayudas ya aprobadas, la incompetencia y la falta de agilidad administrativa están retrasando su entrega a los beneficiarios en un plazo aceptable y desvirtuando así su finalidad. Aún teniendo en cuenta la complejidad de una casuística diversa, unas administraciones que en casi tres meses solo han sido capaces de atender a trancas y barrancas las necesidades más perentorias de los afectados y de comenzar ahora a entregar las donaciones particulares, que se empezaron a recoger el mismo día de la erupción, distan mucho de responder a las necesidades de los ciudadanos que las sostienen con sus impuestos. Es urgente acabar con los nudos y los cuellos de botella burocráticos que están ralentizando la entrega de las partidas comprometidas, máxime cuando las tareas de reconstrucción durarán años y el Gobierno central tendrá que incrementar sustancialmente los 214 millones de euros aprobados hasta ahora para hacer frente a unos daños que, según las cuentas autonómicas, suman ya cerca de 850 millones de euros.

Esta incompetencia contrasta poderosamente con las siete visitas que el presidente Sánchez ha realizado a La Palma desde el 19 de septiembre, en cada una de las cuales ha reiterado las mismas promesas incumplidas. A sus viajes, convenientemente amplificados por los medios aunque la única novedad con respecto al anterior fuera el color de la corbata, hay que sumar los de once ministros, la mitad del Gabinete, ninguno de los cuales se ha querido privar del "espectáculo de la Naturaleza" ni quedarse sin prometer un futuro venturoso para los afectados. A pesar de este desfile volcánico de ministros y de estos viajes presidenciales sin otro objetivo práctico que el autobombo, el presidente canario no ha considerado oportuno en estos tres meses dar siquiera un tímido toque público de atención para que se agilice la entrega de las ayudas. Como demuestra la experiencia en otros asuntos, las probabilidades de que Sánchez le haga caso en algo al presidente canario son remotísimas. Sin embargo, Torres proyectaría al menos una imagen pública menos sumisa y silenciosa ante un presidente que ha hecho del volcán palmero su set particular de televisión, mientras los afectados se tienen que conformar por ahora con vivir de promesas. 

Inmigración, la otra crisis canaria

Canarias acumula crisis como estratos los yacimientos arqueológicos, solo que en el caso de las islas los estratos se entremezclan y solapan sin solución de continuidad: antes de que hayamos superado el anterior sobreviene uno nuevo que agrega sus efectos negativos a los que se venían arrastrando y así sucesivamente. Cuando apenas se empezaban a dejar atrás las devastadoras consecuencias de la crisis financiera de 2008, que había disparado el paro y la pobreza, ya elevados en el caso del Archipiélago, sobrevino la pandemia y hundió el turismo, la primera y, en la práctica, casi única fuente de ingresos de esta comunidad autónoma. Y cuando parecía que por fin se recuperaría algo de lo perdido gracias a la vacuna, un volcán entró en erupción en La Palma obligando a concentrar en él toda la atención de las administraciones y un pico importante de sus menguados recursos. Pero, junto con ese rosario de crisis fluye otra paralela de carácter humanitario, que lejos de remitir vuelve a repuntar con fuerza: la muerte de centenares de inmigrantes que intentan alcanzar las costas canarias por vía marítima, sin que aparentemente esto remueva en exceso las conciencias de los responsables públicos. 

EFE

La mortal ruta canaria

La crisis provocada por la erupción del volcán de La Palma está dejando en un muy segundo plano mediático el drama humano de la inmigración irregular: como se suele decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso que las cifras son cada día más alarmantes: durante la pasada semana arribaron 1.300 personas a bordo de cayucos o pateras. En términos interanuales, el número de inmigrantes que ha llegado este año a Canarias ya supera en un 135% a los que lo hicieron en 2020 y un 1.200% sobre 2019. Estamos ante una curva ascendente y sin visos de aplanarse, al menos mientras dure el buen tiempo en el mar que separa las Islas del continente africano.

"Se sabe de la salida de numerosos cayucos de los que nunca se han vuelto a tener noticias"

Mucho más dramáticas son las cifras de quienes, engullidos por el mar, ni siquiera han tenido la suerte de volver a pisar tierra firme. Solo en agosto perdieron la vida 379 personas en la peligrosa ruta canaria de la inmigración, una cifra que se eleva a 782 en lo que llevamos de 2021 frente a las 343 de 2020. No hace falta precisar a estas alturas que estas cifras están calculadas a la baja, ya que en realidad se tiene la certeza de la salida de numerosos cayucos con centenares de personas a bordo de los que jamás se han vuelto a tener noticias. Los cálculos más moderados estiman que muere una persona por cada once que consiguen llegar a tierra. Las causas para este incremento de la mortalidad se relacionan sobre todo con el empleo de embarcaciones cada vez más frágiles, lo que en última instancia denota un incremento brutal de la presión migratoria que empuja a estas personas a subirse a cualquier cosa que flote para intentar llegar a Europa vía Canarias. 

¿A las puertas de otro Arguineguín?

Ante este panorama, la respuesta de las administraciones públicas sigue siendo manifiestamente mejorable, por no llamarla abiertamente irresponsable e insensible. Esto abona el temor de que se repitan escenas dantescas como las del muelle de Arguineguín en 2020 si siguen aumentando las llegadas al ritmo que lo vienen haciendo desde antes del verano. En islas como Lanzarote la situación ya empieza a desbordarse y las condiciones de salubridad de las instalaciones en las que se acoge a los recién llegados dejan mucho que desear. Se trata, por cierto, de la misma isla en la que el SIVE sigue inoperativo años después de ser adquirido y cuya puesta en servicio seguramente habría evitado muchas de las muertes de inmigrantes que se han producido a pocos metros de sus costas. Que el Consejo de Ministros aprobara en la reunión de ayer la declaración de emergencia para la contratación e instalación de un SIVE en Lanzarote, resulta sencillamente grotesco. 

"El Gobierno canario parece haber renunciado incluso al derecho al pataleo"

Como incomprensible resulta la pasividad del Gobierno para ayudar a distribuir entre las comunidades autónomas a parte de los 2.500 menores no acompañados que tutela Canarias, cuyos recursos e infraestructuras se encuentran también al límite. Esa falta de sensibilidad contrasta poderosamente con la rapidez con la que se intentó repartir entre las comunidades autónomas a parte de los menores que entraron en Ceuta en el asalto masivo a la valla el pasado mayo. Mientras, el Gobierno canario parece haber renunciado incluso al derecho al pataleo ante el aumento del número de muertes en el mar y el riesgo de que las precarias infraestructuras de acogida vuelvan a colapsar más pronto que tarde. Eso sí, en el Parlamento de Canarias se acaba de crear una "comisión de investigación" sobre la inmigración irregular, que mucho me temo solo servirá para entretener el tiempo y cubrir el expediente de sus señorías.

No hay razones para el optimismo

Una crisis como esta escapa a las competencias de una comunidad autónoma que, no obstante, sí tiene la obligación política y moral de exigir respuestas a quienes tienen el deber de darlas. Esto afecta en primer lugar al Gobierno central, que va camino de pasar a la historia de la democracia como el más insensible ante este drama a pesar de las prendas de progresismo y humanitarismo con las que injustificadamente se suele engalanar. Además de prevenir las llegadas para evitar muertes y atender con la dignidad que corresponde a estas personas, es su deber instar a la UE a que deje de lado de una vez los paños calientes y las buenas intenciones. Este problema rebasa los límites de la soberanía nacional y requiere urgentemente una política común que no se limite a destinar miles de millones de euros a arrendar el control de la inmigración a terceros países como Turquía o Marruecos.  

Lo cierto es que apenas confío en que en Madrid se tomen en serio este drama y que en Bruselas preocupe más de lo que lo hace en estos momentos, que es bastante poco. De manera que, por desgracia, no veo razones para el optimismo y sí para el escepticismo pesimista, tanto por lo que se refiere a la inmigración como a las otras crisis solapadas que sufren las Islas. Serán como siempre el esfuerzo y el sacrificio de la sociedad canaria los que permitan superar esta larga y mala racha de situaciones adversas que acumula nuestra historia reciente. Así ha ocurrido históricamente en esta tierra hoy sacudida por un volcán, y así creo que seguirá ocurriendo mientras Canarias apenas llegue a la categoría de peso pluma en el concierto de la política nacional y quienes gobiernan la vean solo como un pequeño incordio al que apaciguar con buenas palabras y algunas migajas. 

Cuando brama el volcán

Para siempre guardarán nuestras retinas las poderosas imágenes del volcán de La Palma expulsando lava y esparciendo dolor y destrucción. La erupción nos muestra los límites del poder humano y revela la banalidad de nuestros pequeños dramas cotidianos cuando se desbocan las fuerzas de la Naturaleza. Los humanos tendemos a creer que la hemos sometido a nuestros designios y caprichos y podemos hacer con ella lo que nos venga en gana. Aunque las ciencias y la técnica han avanzado una barbaridad, que diría el castizo, esa falsa convicción de seres cuasi omnipotentes no tarda en convertirse en impotencia perpleja cuando, como en La Palma, la tierra se abre de par en par o cuando un virus desconocido trastoca nuestras vidas. Podemos imitarla con el arte e incluso provocar casi tanta destrucción como ella si nos lo proponemos, pero no podremos dominarla plenamente jamás. Comprender eso y mostrar algo de humildad y sensibilidad ante quienes sufren, podría habernos ahorrado las inoportunas, ridículas e hirientes frivolidades sobre "espectáculos maravillosos" y "atractivos turísticos" de algunos responsables públicos y de no pocos periodistas. 

Alfonso Escalero

Urge la actuación ágil y coordinada de las administraciones públicas

Reconocer nuestras limitaciones ante el poder de la Naturaleza no equivale a caer en la resignación, sino a convertirlas en un acicate para afrontar las consecuencias negativas de su acción en la medida de nuestras posibilidades, que no son pocas. Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgracia hay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperar y que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde es imprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible. 

"Deben ser el Gobierno central y la UE quienes lideren el esfuerzo económico"

La adquisición por el Gobierno canario de viviendas para los afectados va en la buena dirección, pero es solo una entre las miles de decisiones y medidas que habrá que adoptar en las próximas semanas y meses. Es evidente que la movilización de los cuantiosísimos recursos que harán falta para paliar los daños escapa con creces a las posibilidades de las administraciones canarias. Deben ser el Gobierno central y la Unión Europea los que lideren el esfuerzo económico, aunque por ahora solo conocemos buenas intenciones que convendría ir concretando con medidas y cifras a la mayor brevedad. Es imprescindible también la implicación del ámbito privado en una emergencia de efectos desastrosos para la economía de la zona afectada y de la isla. Empezar a  definir el grado de compromiso de cada cual y los recursos y medios a emplear ayudaría a despejar parte de la incertidumbre y dar algo de esperanza a los ciudadanos cuyas vidas se han visto alteradas radicalmente por el volcán. 

Una ola de solidaridad y una plaga de sensacionalismo

De la que no hay motivo de queja sino de aplauso es de la solidaridad desbordada de los ciudadanos para con quienes han visto como la lava se llevaba por delante sus haciendas y sus pertenencias más básicas. En cambio, es cuando menos sorprendente que administraciones públicas, con presupuestos aprobados y en vigor, abran cuentas corrientes para recibir donaciones anónimas de empresas y particulares. Deberían evitarse las improvisaciones y los gestos por bienintencionadas que sean y, si es el caso, reclamar todos los recursos que hagan falta a los gobiernos canario y central o a la UE que, de hecho, ya han asegurado que se atenderán las demandas de todos los afectados. 

Que hasta el momento no haya habido daños personales es la mejor noticia de este suceso porque cumple el objetivo prioritario en una situación como esta, el de garantizar la seguridad de las personas. Aunque no es momento aún de evaluar la gestión de los responsables públicos en esta emergencia, chirría la multiplicidad de voces políticas y científicas que echan su cuarto a espadas analizando la situación y aventurando hipótesis. Se corre el riesgo de difundir mensajes contradictorios, confusos, inexactos o interesados, que generan desconfianza pública y pueden dar pie a bulos de los que siempre hay quien esté dispuesto a aprovecharse.

"Chirría la multiplicidad de políticos y científicos que analizan la situación y aventuran sus hipótesis"

Entre las peores excrecencias del volcán está sin duda el sensacionalismo de determinados medios de comunicación y periodistas, a los que solo les mueve el morbo y los datos de audiencia, aunque ni siquiera sepan muy bien en qué isla se encuentran. Hay como siempre honrosas excepciones de medios que informan con rigor, pero son los otros, los presentadores estrella que convierten todo el monte en orégano y van tras los evacuados para hacerles preguntas estúpidas y provocarles el llanto ante las cámaras, los que desacreditan aún más la maltratada profesión periodística. 

Ni se les pasa por la cabeza ponerse en el lugar de quienes sufren y hasta los hay que en su supina ignorancia preguntan cómo se apaga un volcán. Sería demasiado pedirles humildad ante la fuerza de la Naturaleza, pero sí podemos dejar de prestarles atención y de difundir sus idioteces: le haríamos un gran favor a quienes, además de haberse quedado sin nada, deben soportar también el escarnio y la falta de respeto de estos buitres carroñeros con micrófono en ristre. 

Mayores y desidia política

Cerca de once meses han pasado antes de que el Parlamento de Canarias desempolvara y debatiera este martes un informe de la Diputación del Común que no deja en buen lugar la situación en algunas residencias de mayores de las islas. El documento fue entregado en la Cámara a principios de noviembre, y allí ha permanecido hasta ahora, olvidado en algún cajón hasta por la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, quien al menos ha tenido la gallardía de reconocer en público su "incompetencia e ignorancia" por no haberlo leído siquiera. Es una lástima que a ese reconocimiento de ineptitud y desidia no le haya seguido de inmediato su renuncia como diputada de Unidas Podemos. Causa estupor solo pensar que, de no haber sido por una filtración a los medios, el informe en cuestión habría seguido durmiendo el sueño de los justos quién sabe cuánto tiempo más. Me pregunto si sus señorías habrían esperado tanto tiempo para debatir y aprobar un informe para subirse el sueldo y las dietas. 

¿La punta del iceberg?

Brotes de sarna, chinches, ratas,  cucarachas, falta de higiene, nula intimidad, sobremedicación, escasez de visitas médicas, carencia de personal especializado o alimentación de baja calidad son algunas de las graves deficiencias detectadas en la mitad de las 25 residencias visitadas de oficio por la Diputación del Común. Es inevitable pensar en la punta del iceberg y preguntarse por los resultados del estudio si el estado de alarma no hubiera interrumpido la recogida de información en otros centros. Es cierto que las residencias estudiadas son una parte mínima de las más de 200 que hay en Canarias, pero también lo es que los datos conocidos proyectan una inquietante sombra de sospecha sobre las condiciones sociosanitarias en las que nuestros mayores pasan sus últimos años después de una vida de sacrificios y privaciones en la mayoría de los casos. A esclarecer esas dudas no ayuda precisamente la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales, que ignoró en dos ocasiones la solicitud de información de la Diputación del Común sobre cuestiones como las quejas y denuncias de residentes o familiares.  

"No ayuda la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales"

Los políticos han reaccionado como suele ser habitual en ellos cuando son pillados en falta grave: a la defensiva. Esas reacciones no solo denotan mala conciencia sino un intento poco afortunado de esquivar responsabilidades en un asunto en el que quien esté libre de culpa puede tirar la primera piedra: el Gobierno actual culpa al anterior, el anterior culpa al actual y los partidos se culpan mutuamente; unos disparan sobre la fiscalía y otros sobre la Diputación del Común, a pesar de que ha sido gracias a ella, y no a las administraciones con competencias en la materia, que el tema ha llegado al Parlamento aunque sea casi un año después de haberlo presentado. Las carencias son tan graves que sorprende que la Diputación no presentara el informe en la Fiscalía, lo que habría servido también para que el Parlamento y el Gobierno despertaran de su irresponsable modorra. 

Todo el mundo no es bueno

En ese contexto escuchamos al presidente Torres garantizando el buen funcionamiento de las residencias y anunciando que se incrementarán las inspecciones, lo cual no deja de ser una contradicción: ¿cómo sabe el presidente que el funcionamiento es el adecuado y que los mayores no son tratados como mercancía averiada si apenas se realizan inspecciones? Como no sea por la fe del carbonero no alcanzo a entender de dónde saca el presidente su confianza en un sistema dominado por la iniciativa privada porque, entre otras cosas, los poderes públicos son absolutamente incapaces de responder a las demandas de atención de una sociedad que envejece a pasos de gigante. Solo hay que recordar que en los hospitales públicos de las islas permanecen ingresados unos 300 ancianos cuyas familias no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos y para los que no hay plazas sociosanitarias a las que derivarlos. Esta situación no es precisamente nueva sino que se viene arrastrando desde hace años sin que los sucesivos gobiernos autonómicos hayan sido capaces al menos de paliarla.

"En los hospitales hay 300 ancianos que deberían estar en residencias"

A las instituciones públicas les corresponde actuar sin demora para comprobar in situ las condiciones en las que prestan su atención estos centros, aunque para ello sea necesario duplicar o triplicar el número de inspectores. El "todo el mundo es bueno" del presidente autonómico no es de recibo, hay que hacer mucho más: la desidia de las administraciones, y esto incluye también a los cabildos, no puede dejar a los mayores y a sus familias en manos de piratas a los que solo interesa el beneficio. Así por ejemplo es inaudito que de la noche a la mañana aparezcan establecimientos que empiezan a albergar ancianos sin contar con la documentación correspondiente y sin que nadie en la administración o en la fiscalía mueva un papel. Ese tipo de prácticas desacredita al conjunto de un sector que, con su oferta, suple la desidia de unos políticos que solo se suelen acordar de los mayores cuando toca pedirles el voto. 

Familias y trabajadores tampoco pueden mirar a otro lado

Todo lo anterior no exime de responsabilidad a las familias, sobre las que recae la obligación de vigilar que sus parientes son atendidos adecuadamente y denunciarlo cuando no es así. Su silencio o su tentación de ingresar a sus mayores en una residencia y olvidarse de ellos durante meses, sin preocuparse por su situación, es una grave enfermedad moral que por desgracia abunda cada vez más en nuestra sociedad. Esa misma responsabilidad recae también sobre los empleados y sus representantes, testigos directos de situaciones intolerables que es su obligación moral y legal denunciar. 

Más de un tercio de las muertes por COVID-19 en nuestro país se han producido en residencias de mayores, un 11% en el caso de Canarias. Esto ha convertido este tipo de establecimientos en un punto negro que requiere cambios profundos. Y aunque el informe de la Diputación del Común es anterior a la pandemia, sus resultados deben ser un aldabonazo en la conciencia de políticos, familias, trabajadores y sociedad en su conjunto sobre el trato que estamos dispensando a nuestros padres o abuelos en las residencias a las que los enviamos porque ya no podemos hacernos cargo de ellos o porque simplemente nos resulta más cómodo y descansado. Una sociedad que trata así a sus mayores se hace acreedora de varios adjetivos y ninguno positivo: inhumana, insensible, egoísta, desconsiderada...Yo creo que es una sociedad sin alma ni corazón.