Brecha digital: no es sociedad para viejos

Bienaventurados quienes nacieron en la era de Internet y la telefonía móvil porque pueden sacar dinero de su banco sin  acudir a una ventanilla ni pagar comisiones; bienaventurados asimismo quienes envían correos electrónicos y wasaps tecleando con dos dedos, porque no tienen que molestar a sus hijos, nietos, vecinos o amigos para que les hagan el favor; bienaventurados también los que usan internet para pedir cita previa u obtener información de la Administración y se ahorran cabreos hablando por teléfono con una máquina... La lista de bienaventuranzas de la era digital es larguísima, pero la inmensa mayoría no incluye a quienes tuvieron la mala suerte de nacer en una época en la que los niños no venían al mundo con un teléfono móvil bajo el brazo y un ordenador sobre la mesa de estudio. En estos tiempos en los que a los políticos se les llena la boca con brechas de esto, de lo otro y de lo más allá, apenas se mencionan las negativas consecuencias sociales de la profunda brecha que separa a los mayores de las generaciones nacidas en la era digital.

Generación digital versus generación analógica

Los poderes públicos, las empresas privadas y el conjunto de la sociedad deberíamos pararnos a pensar si podríamos hacer mucho más para no dejar atrás a toda una generación solo por haber nacido en la fecha equivocada. El sociólogo alemán Ulrich Beck dijo en su libro "La metamorfosis del mundo" (Paidós, 2017) que "los mayores son los «neandertales» y la nueva generación global pertenece a la especie «Homo cosmopoliticus». Los mayores nacieron como seres humanos, pero al igual que sucede en «La metamorfosis» de Kafka, una mañana se despertaron convertidos en unos insectos llamados «analfabetos digitales». Las nuevas generaciones, por el contrario, ya nacieron como seres digitales. El contenido de la mágica palabra «digital» ha pasado a formar parte de su equipamiento genético". 

Según Eurostat, la oficina estadística de la UE, solo el 6,5% de los mayores españoles de 65 años tiene lo que se conoce como habilidades digitales y solo el 20% usa Internet a diario. Según el INE, cuatro de cada diez mayores de nuestro país nunca ha accedido a Internet y casi un tercio de quienes accedieron e iniciaron algún tipo de gestión no la pudieron concluir. Las causas principales de esta realidad son sobre todo la falta de formación, la desconfianza, el desinterés y las dificultades para acceder a la red, bien por no tener conexión a por carecer de dispositivo. La brecha afecta más a las mujeres que a los hombres, a los mayores de 75 años, a quienes viven solos, a los de menor nivel educativo y a los de más bajo poder adquisitivo. Nada que no fuera posible imaginar de antemano en una generación que, en muchos casos, aprendió las "cuatro reglas" y a leer y escribir cuando ya eran adultos.

Pandemia y solidaridad familiar

Hay datos que apuntan a que durante la pandemia se ha incrementado en algunos puntos el porcentaje de personas mayores que accedieron a Internet. Sin embargo, esas cifras hay que relacionarlas con las restricciones de movilidad que, seguramente, terminaron haciendo de la necesidad en virtud y obligando a muchos abuelos a enfrentarse al ordenador. Nada dicen esos datos sobre cuántos de ellos tuvieron éxito o a cuántos les echaron una mano sus hijos, nietos o vecinos más duchos en el arte de manejarse por el proceloso mar de Internet. 

Porque es gracias a la solidaridad de familiares y conocidos como los mayores van capeando con más pena que gloria las gestiones que se ven obligados a realizar por vía telemática, por la sencilla razón de que en muchos casos no se les da otra opción. Empezando por la Administración, que no se caracteriza precisamente por facilitarles las cosas, y continuando por la banca, que se las dificultan sin contemplaciones: se impone el beneficio sobre la atención que merecen y a la que tienen derecho unos clientes que, en muchos casos, lo han sido durante toda su vida. No crean lo que dicen las páginas corporativas de las entidades bancarias que presumen de todo lo que ayudan a los mayores a realizar sus gestiones: es mentira, o en todo caso, son acciones claramente insuficientes. 

Alergia bancaria a los mayores

La banca ha cerrado miles de sucursales - y más que cerrará - y ha despedido a miles de empleados - y a más que despedirá - sin temblarle el pulso ni acordarse de a cuántos usuarios abandonaba a su suerte. En pequeños pueblos rurales, en donde hace unos años había una modesta sucursal en la que era posible cobrar la pensión, hacer operaciones sencillas, aclarar las dudas con un empleado y hasta preguntarle por su familia, los mayores tienen que depender ahora de familiares o conocidos. Incluso en grandes ciudades están desapareciendo oficinas de barrio a marchas forzadas y reduciéndose los horarios de atención al público; acudir a una ventanilla para sacar dinero, pagar un recibo o realizar una transferencia ya roza casi lo delictivo y se sanciona con comisión al canto. 

"Para los mayores Internet es más el problema que la solución"

Para todas estas personas Internet es el problema y no la solución que representa para la generación digital. Además, su falta de formación para manejarse con un mínimo de soltura en la red, las convierte en víctimas propiciatorias de estafas y timos. Los poderes públicos tienen el deber de estrechar la brecha y eso empieza precisamente por facilitarles el acceso a los servicios de la Administración con herramientas como la firma digital. Hace falta un esfuerzo mucho mayor y coordinado de los poderes públicos para acercar con seguridad el mundo digital a estas personas: el empeño valioso pero en muchos casos voluntarioso de organismos, universidades o asociaciones privadas no basta. Los poderes públicos son responsables también de que entidades como las bancarias dispensen una atención directa y personalizada a los mayores, sin sobrecostes que solo se justifican desde la óptica del beneficio privado. 

Es mucha la tarea y aparentemente poca la voluntad pública de afrontarla. La generación que nació con un teléfono móvil en las manos y una tableta en la mochila del colegio le debe a sus abuelos la oportunidad de beneficiarse con seguridad de estos avances de la tecnología. De eso va también el pacto intergeneracional con el que algunos políticos se pretenden adornar sin fundamento, y que solo tendrá sentido si se convierte en una realidad mientras sigan con vida los cinco millones de españoles que a fecha de hoy no disfrutan aún de ninguna de las bienaventuranzas de Internet. Después ya no será necesario.

La banca hace majo y limpio

Creo que no soy el único que ha tenido la tentación de meter sus cuatro euros mal contados debajo del colchón y hacerle una higa al banco. Luego caigo en la cuenta de que entidades públicas y privadas me han obligado a domiciliar los recibos y me han convertido en un rehén bancario, así que me resigno a seguir pagando comisiones abusivas hasta por pisar una de las pocas sucursales que van quedando en este país. Quien a estas alturas crea que los bancos están para prestarle un servicio a los ciudadanos deberían abandonar de una vez esa romántica idea: el único y descarnado objetivo de un banco que se precie es obtener beneficios y, si no, no hay banco que valga o resista. También están los que creen que nacionalizando la banca resolveríamos el problema por arte de magia, pero después de lo ocurrido con las cajas no vale la pena perder mucho tiempo en comentar esas ocurrencias.

Reduciendo costes y maximizando beneficios

Notable ha sido el revuelo que han levantado los ERES de CaixaBank - que prevé prescindir de casi 8.300 trabajadores de una tacada -, BBVA, Santander o Sabadell: entre todos juntos pondrán en la calle o enviarán a la prejubilación a casi 18.000 empleados, aunque puede que la cifra se reduzca algo en la negociación con los sindicatos. En números redondos, en los últimos 11 años han dejado el sector unos 100.000 empleados, un tercio aproximadamente del total. Con los ERES anunciados estos días la plantilla bancaria se reducirá otro 10% y probablemente no será la última criba si, como se barrunta, hay nuevas fusiones al hilo de lo que piden el BCE e incluso el Gobierno español. Por otro lado y a pesar de una cierta contención en las retribuciones variables de los altos ejecutivos, sus sueldos siguen siendo una indecencia. Vale que sea una empresa privada que puede establecer los salarios que estime apropiados para sus directivos, pero debería haber un límite porque, pasar de percibir 500.000 euros a 1.600.000 como hará el presidente de CaixaBank tras la fusión, es de todo menos presentable socialmente en un país arrasado. 

Los bancos quieren cerrar también una nueva tanda de oficinas y reducir más el contacto directo con sus clientes. CaixaBank prevé cerrar 1.500 sucursales y el BBVA hará lo propio con otras 500. El número de oficinas bancarias en España ha retrocedido un 50% en la última década. Los principales afectados son las personas mayores, los clientes sin habilidades informáticas y las zonas más despobladas del país, en donde a este paso no se va a encontrar una oficina o un cajero automático ni para un remedio. Por cierto y entre paréntesis, es significativo que en todos los análisis y comentarios de opinión publicados estos días sobre los ERES de la banca, nadie incida precisamente en la situación social desfavorable en la que quedan esas personas, convertidas en simples números prescindibles para su banco. Aún así, se asegura que la red española de oficinas es la segunda más densa de la Unión Europea, de manera que hay que cerrar un buen número para reducir gastos le pese a quien le pese.

Es el mercado, estúpido

En la misma línea se justifica la destrucción de empleo, ya que el personal representa de media más del 50% de los costes de un banco. Si a lo anterior unimos la extensión de las nuevas tecnologías, los bajos tipos de interés sin visos de subir a corto o medio plazo, la creciente competencia de bancos que operan por internet, la situación económica y las exigencias de capital y solvencia por la crisis, tendremos todos los elementos para justificar un majo y limpio de empleo histórico como el que está a punto de realizar la banca española en su proceso de reestructuración y concentración. 

El Gobierno, que enseguida ha olvidado que tiene el 16% de CaixaBank y que incluso ha presumido de que supuestamente no se puede despedir en medio de la pandemia, ya se ha apresurado a calificar de "inaceptable" el recorte de empleo y a criticar los sueldos de los altos directivos. Era lo que tocaba teniendo en cuenta que la noticia ha coincidido con la feroz campaña madrileña. Sabedor de su estrecho margen de maniobra ha apelado al Banco de España para que "haga algo", sin especificar qué exactamente, y ha recordado el dinero público destinado a sanear entidades en apuros, que por su importancia para el sistema no se podían dejar caer a pesar de su mala cabeza durante el boom del ladrillo. Pero el Banco de España hace tiempo que tampoco puede ni quiere hacer mucho, ya que estos asuntos los maneja desde Frankfurt el Banco Central Europeo. Así que, salvo la amonestación moral de rigor para la galería, poco más puede hacer el Gobierno por mal que le venga este nuevo dato de destrucción de empleo.   

Asumir la realidad no es resignarse ante ella

Todo lo anterior no significa que nos debamos resignar. La defensa del empleo corresponde a los sindicatos que, en no pocas ocasiones, han callado y transigido en cuanto les han puesto sobre la mesa las compensaciones económicas que percibirán los despedidos. En el caso de los ERES de CaixaBank y BBVA hablamos de entre 200.000 y 300.000 euros por trabajador, la cual no es una mala compensación. En cuanto a las retribuciones de los altos directivos, el Banco Central Europeo debería establecer ciertos límites que eviten la alarma social por unos emolumentos absolutamente desproporcionados en relación con la situación económica general. También debería poner pies en pared ante el incremento desaforado e injustificado de las comisiones bancarias a unos clientes cautivos sin más opción que pagar o guardar su dinero en un calcetín. 

Y, por último, respecto a la drástica reducción de oficinas deberían encontrarse fórmulas que refuercen la colaboración público - privada para continuar prestando servicio de calidad a los usuarios de zonas poco pobladas o mayores de edad sin capacidad para desenvolverse en internet. A la banca se le puede y debe exigir una responsabilidad social de la que muchas veces presume pero no siempre practica. Ahora bien, a partir de ahí y para todo lo demás, se impone la lógica inmisericorde de la competencia del mercado y su evolución. Esto no es dar por buena la ley de la selva sin exigir nada a cambio a unas entidades que, en ningún caso, tienen derecho a reclamar patente de corso para ignorar lo que la sociedad exige de ellas, más allá de una legítima ambición de obtener beneficios económicos para sus accionistas.