Ucrania y la guerra interminable

Si no fuera porque cada vez que encendemos la luz o ponemos gasolina nos acordamos de toda la parentela de Putin, ni por asomo nos importaría lo más mínimo que la guerra de Ucrania cumpla ya cuatro meses y dé indicios de estarse volviendo crónica. No digo yo, como hace el Gobierno español, que la inflación sea solo culpa de Putin, pero es evidente que con su machada en Ucrania el IPC se nos ha ido de madre y ahora no hay manera de hacerlo entrar en razón. Lo peor de todo es que Putin es perfectamente consciente de que la inflación le hace un descosido muy grande a las economías occidentales que puede derivar en recesión económica, con lo que le cuelga de mayor polarización social y política, euroescepticismo, populismo y otras excrecencias que pondrían a las democracias un poco más contra las cuerdas. Y a eso juega el dictador moscovita, a una larga guerra de desgaste que fuerce a Occidente a pedir agua por señas, o lo que es lo mismo, a forzar a Ucrania a sentarse a la mesa negociadora en desventaja frente a su agresor.

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La guerra divide a los europeos

De hecho, algunos como el presidente Macron empiezan a dejar caer sibilinamente la necesidad de buscar una salida que “no humille” al pobrecito Putin, no se nos vaya a traumatizar. Desde Estados Unidos el presidente Biden, aunque sigue enviando armamento, parece menos beligerante que hace algunas semanas a la vista de que la inflación también le puede complicar seriamente la economía doméstica, tal y como ya está ocurriendo en la UE. Aunque suene cínico, ante este panorama de incertidumbre económica, es evidente que a los dirigentes europeos, empezando por Pedro Sánchez, les viene de perlas tener a alguien como Putin para echarle la culpa de no haber hecho prácticamente nada para reducir drásticamente su elevada dependencia de los suministros energéticos rusos.

De momento se mantiene la unidad entre los países europeos, si bien cogida con alfileres. Cosa distinta ocurre entre los ciudadanos, como acaba de poner de manifiesto el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales en una encuesta en la que se revela que aproximadamente la mitad de los europeos aboga por una paz negociada con Putin y la otra mitad pide más dureza contra el sátrapa ruso. Sospecho que si la guerra sigue enquistada y la polarización social aumenta, no pasará mucho tiempo antes de que la UE y los Estados Unidos, agobiados por la situación económica, empiecen a presionar a Zelensky para que se siente a negociar con Putin aunque eso implique cederle el territorio ucraniano conquistado, que va ya por el 20% del país. Incluso las solemnes promesas de llevar a Putin ante los tribunales para que sea juzgado por crímenes de guerra parecen haberse enfriado y ningún líder europeo habla ya de ese asunto.

Ucrania en la UE: ¿falsas expectativas?

Aunque tal vez sea crear falsas expectativas, Bruselas le está ofreciendo a Kiev la posibilidad de integrarse en un futuro indefinido en la UE siempre que acometa profundas reformas que seguramente llevaría años aplicar una vez acabada la guerra. Con las conversaciones estancadas desde marzo, la duda es si Zelensky estaría dispuesto a pagar el alto precio que supondría ceder territorio soberano a cambio de paz y pertenencia a la UE y si los ucranianos lo aceptarían. No obstante, a la vista de que su capacidad militar parece en las últimas y que si continúa combatiendo a los rusos es gracias al armamento occidental, tampoco es descabellado pensar en que acabe por sacar bandera blanca.

Mientras, sobre el campo de batalla continúa la sangría de víctimas civiles inocentes: según la ONU la cifra ronda las 4.600, aunque seguramente serán muchas más dadas las dificultades para hacer recuentos en medio de los bombardeos con artillería, los ataques aéreos y los misilazos rusos. Un cuarto de la población ucraniana está desplazada de sus hogares, incluyendo a los más de siete millones de refugiados de los que también parece que nos hemos olvidado por completo. Así, por ejemplo, ya no hay competiciones privadas y públicas por acudir a Ucrania a traer refugiados como ocurrió en los primeros compases de la guerra.

La guerra y el precio del pan

Otro flanco derivado de la guerra cada día más preocupante es el de las importaciones de cereales, cuyos precios se han elevado un 50% desde el inicio del conflicto debido al bloqueo ruso de los puertos ucranianos y a la consabida especulación en los mercados. Cabe recordar que solo los países africanos importan más del 40% del cereal que consumen de Rusia y Ucrania, lo que ha llevado a la ONU a advertir de que si la situación persiste, el número de hambrientos en el mundo crecerá en más de 13 millones. A lo anterior hay que añadir la escasez de fertilizantes y de insumos para la ganadería, todo lo cual dibuja un sombrío panorama que se refleja, por ejemplo, en que una barra de pan cueste hoy en España un 10% más que hace un mes.

"Lo peor que se puede decir de una guerra es que no se le ve el final "

Tal vez lo peor que se puede decir de una guerra en curso es que no se atisbe el final sino más bien su continuidad indefinida con el reguero interminable de víctimas y daños materiales. Esa es a fecha de hoy la situación de la guerra en Ucrania, sin visos de estar a las puertas de algo parecido a un alto el fuego o a un armisticio o unas negociaciones de paz justa y duradera. China, el gran aliado ruso, no solo no ha movido un dedo para que cese la invasión sino que acaba de “incrementar la cooperación energética, financiera e industrial” con Rusia en un marco de “relaciones sin precedentes”.

Puede que Putin haya perdido lo que llaman algunos la guerra geoestratégica al provocar que Suecia y Finlandia quieran ahora entrar en la OTAN, pero demuestra que tiene capacidad militar para aguantar el envite mucho más tiempo que Ucrania a pesar incluso de las sanciones de Occidente, paliadas en buena medida con el apoyo chino. Ante la crisis económica y el riesgo cierto de que desemboque en recesión, la gran pregunta es cuánto tiempo más seguirán la UE y EE.UU apoyando militarmente a Zelensky antes de empezar a exigirle conversaciones de paz. Creo que nadie lo sabe, ni siquiera unos dirigentes europeos entregados a sus cuitas domésticas y a sus juegos de manos sobre la dependencia energética rusa. Lo único claro a fecha de hoy, cuatro meses después de la invasión, es que las víctimas civiles las seguirá poniendo Ucrania y el coste económico unos ciudadanos europeos que sufrimos en nuestros bolsillos la vesania de Putin y la falta de previsión de nuestros políticos.

Ucrania: sin novedad en el frente

De la perorata de Putin con motivo de la celebración del aniversario de la victoria soviética sobre Hitler se esperaba alguna señal de por dónde irán los tiros en la guerra de Ucrania a partir de ahora. Pero pincharon en hueso los que tal cosa esperaban: el sátrapa ruso, rodeado de una nutrida corte de generales cargados de hojalata hasta el cuello, rememoró en la Plaza Roja de Moscú los viejos desfiles militares de la era soviética pero no soltó prenda sobre lo que piensa hacer en el país que lleva masacrando a conciencia desde hace dos meses y medio. Más allá de su retórica belicista y de sus ya conocidas tergiversaciones sobre las causas que le llevaron a invadir un país soberano, lo único que cabe concluir de sus palabras es que la guerra continuará aunque las cosas no le estén yendo como esperaba. No ha habido declaración oficial de guerra, lo que habría implicado una movilización general, ni señal alguna que aliente las esperanzas de alcanzar al menos un alto el fuego que alivie el sufrimiento de la población civil mientras se busca un acuerdo de paz.

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Normalizando la guerra

Mientras la ONU eleva ya a más de 3.300 las víctimas civiles ucranianas de las tropas rusas y los refugiados se acercan a los seis millones, no hay en el horizonte próximo ninguna señal de que la guerra podría estar acercándose a su fin. Al contrario, todo indica que a la población ucraniana aún le queda un largo calvario que soportar a manos del ejército invasor. Tanto Rusia como Occidente parecen haber normalizado un status quo bélico sin que por ninguna de ambas partes se conozcan esfuerzos de ningún tipo para dejar de disparar y empezar a hablar de paz. La normalización del conflicto se aprecia incluso en los medios de comunicación occidentales, en donde los peores sufrimientos del pueblo ucraniano ya ni siquiera abren informativos o portadas periodísticas.

Es innegable que la democracia se juega mucho en este envite ante el dictador de Moscú y en ningún caso puede abandonar a su suerte al pueblo ucraniano. Sin embargo, junto al imprescindible apoyo militar y económico a Kiev, deberían estarse haciendo esfuerzos mucho mayores para que el ruido de las armas sea sustituido por las conversaciones de paz. 

Si como señalan algunos analistas ni Rusia puede perder esta guerra ni Ucrania ganarla, cabe preguntarse hasta dónde y hasta cuándo considera Occidente que puede seguir enviando armamento a Ucrania sin que Putin decida que el conflicto ha desbordado las fronteras del país invadido y ponga a los países occidentales en su punto de mira. No es necesario ser un experto en estrategia militar para darse cuenta de que cuanto más se alargue la guerra más riesgo de una conflagración nuclear existe, bien sea por error o por cálculo que, como dice el refrán, las armas las carga el diablo.

Peregrinación a Kiev sin estrategia para la paz

Casi sin excepción, los líderes occidentales, en particular los de la UE, han peregrinado a Kiev para expresar su apoyo al pueblo ucraniano y el presidente Zelensky ha hablando en los parlamentos europeos, pero es su pueblo el que está poniendo los muertos civiles en esta guerra cruenta. Es legítimo preguntarse por qué no ha surgido aún una iniciativa conjunta en Occidente para detener la guerra, lo que incluye no solo a la UE y a la ONU, sino incluso a la OTAN. Lo cierto es que no parece que exista estrategia alguna tendente a alcanzar un alto el fuego y, en paralelo, un acuerdo de paz duradera, aceptable para ambas partes, avalada por el pueblo ucraniano y garantizada por la comunidad internacional. Al contrario, lo que se percibe es más bien la voluntad de mantener indefinidamente el enfrentamiento militar con Putin a través de Ucrania.

“Las esperanzas puestas en China han resultado infundadas"

Las esperanzas puestas en China al comienzo de la guerra han resultado infundadas. Pekín sigue jugando al despiste, a pesar de que era el país con más posibilidades de conseguir que Putin aceptara un alto el fuego y se sentara a hablar de paz. Pero si no lo hizo entonces, mucho menos cabe esperar que lo haga ahora. China comparte con Rusia la misma visión del mundo, plasmada negro sobre blanco en la declaración conjunta suscrita por Putin y Xi Jinping dos semanas antes de la invasión de Ucrania. Sin duda, en Pekín inquieta la situación en Ucrania pero, mientras los chinos no vean en serio peligro sus intereses económicos globales, es dudoso que muevan un dedo para detener la guerra. Uno no desea ser ave de mal agüero, pero diría que esta situación puede convertirse en el camino más directo hacia la Tercera Guerra Mundial, si es que ésta no ha comenzado ya.

De los negocios de Schröder, estos lodos

En el plano económico, las cinco rondas de sanciones al régimen de Moscú no parecen estar haciendo demasiada mella de momento en la economía rusa. Sobre todo si se toma en consideración que los países europeos siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo y cuándo cortar las importaciones de hidrocarburos rusos, con Alemania como escollo casi insalvable para tomar esa decisión sin quebrar la ya frágil unidad comunitaria. La elevada dependencia europea de esas fuentes de energía es el fruto en gran medida de los negocios alemanes con el gas ruso, con el ex canciller Schröder como gran beneficiado, y de la desidia de una Comisión Europea a la que no le importó poner la mayoría de los huevos de su aprovisionamiento energético en la misma cesta. 

Para hacernos una idea del coste de esa dependencia baste decir que en en los dos meses y medio de guerra en Ucrania, la UE ha pagado a Moscú la friolera de 35.000 millones de euros por su petróleo y su gas. Para desgracia del pueblo ucraniano, sin planes de paz a la vista y con ese maná que Europa le entrega graciosamente al dictador al que al mismo tiempo combate a través de Ucrania, sería iluso pensar que la guerra está cerca de llegar a su fin. 

¿Paz o aire acondicionado?

La vieja Europa parece incapaz de aprender de sus errores: cuando no es por inercia es porque se anteponen intereses económicos o por ambas cosas a la vez, como ocurre ahora ante la guerra en Ucrania. Cada día que pasa sin cortar las importaciones de gas, carbón y petróleo rusos es un día más que añadir al horror y la posibilidad de que las tropas rusas perpetren nuevas masacres como la de Bucha. Enviar más armas, aprobar la quinta tanda de sanciones incluyendo a las hijas de Putin, horrorizarse o exigir que se lleve al tirano ante la justicia por crímenes de guerra es necesario pero también es evidente que no basta: la UE no puede seguir financiando ni un día más la guerra de Putin y, al mismo tiempo, abominando del único responsable de haberla desatado. Si eso no es hipocresía se le parece mucho, de manera que hay que elegir cuanto antes: o con Putin o contra Putin.

Putin, un viejo conocido para Europa

Cuando Putin arrasó Grozni, la capital chechena, la Unión Europea siguió comprando gas, petróleo y carbón rusos; cuando bombardeó Alepo (Siria), siguió comprando gas, carbón y petróleo rusos; cuando invadió Georgia no dejó tampoco de comprar gas, carbón y petróleo rusos. En los tres casos hubo flagrantes crímenes de guerra, pero eso no disuadió a la vieja Europa de seguir con sus compras energéticas a Moscú mientras miraba a otro lado. Había muchos intereses en juego y nadie quería enemistarse con el que nos vendía gas para mantener funcionando el aire acondicionado. Ahora que Putin arrasa Ucrania y a los ucranianos, la Unión Europea no ha dejado ni un solo día de comprar gas, petróleo y carbón rusos. Es más, ha intensificado las compras por si al sátrapa de Moscú le entraba la tentación de cerrar el grifo en respuesta a las sanciones de Bruselas y Estados Unidos.

En realidad, es muy dudoso que Putin pensara en hacer tal cosa: ¿Cómo iba el dictador ruso a cortar los suministros si a cambio de su gas, su carbón y su petróleo ingresa cada día cerca de 1.000 millones de euros con los que continuar financiando la guerra a costa de los europeos occidentales? Sería un tonto si lo hiciera y Putin será un sátrapa o un tirano o un autócrata sanguinario, pero no es estúpido. Arrastrando los pies Bruselas acaba  de aprobar el veto al carbón ruso. Bueno, por algo se empieza pero sigue siendo insuficiente mientras no se cierre la llave del gas y para eso no se percibe precisamente mucho entusiasmo en estos momentos entre los principales líderes europeos.

El nudo gordiano alemán

El nudo gordiano está en una Alemania que importa de Rusia casi dos terceras partes del gas y una tercera parte del petróleo que necesita su economía para no griparse. Las tímidas declaraciones de algunos ministros alemanes abriendo la puerta a vetar el gas ruso han sido inmediatamente contestadas por los bancos del país advirtiendo de una grave recesión económica si eso ocurre. Además, la UE también tiene en casa a un quintacolumnista húngaro llamado Victor Orban, al que Putin ha felicitado efusivamente por su triunfo electoral del domingo, que amenaza con dinamitar la precaria unidad europea en torno a las sanciones a Moscú. Nos crecen los enanos, dicho sean sin ánimo de señalar.

La UE está pagando su falta de determinación de años para reducir su elevada dependencia energética de la Rusia de un Putin al que a estas alturas ya debería conocer perfectamente para saber que no es precisamente un demócrata. Aún así, los líderes europeos se hacen ahora de nuevas y se espantan y se persignan ante lo autócrata y déspota que ha resultado ser el inquilino vitalicio del Kremlin. Sin embargo, a pesar de las documentadas atrocidades rusas en Siria, Chechenia o Georgia, siguieron inyectando miles de millones de euros en las arcas del dictador y se olvidaron convenientemente de los crímenes de guerra. Con el Atila de Moscú a las puertas de la Unión Europea y de la OTAN, los países occidentales se enfrentan hoy a las duras consecuencias de no haber hecho los deberes y no haber buscado fuentes alternativas de aprovisionamiento energético.

¿Paz o aire acondicionado?

Un mes y medio después de la invasión las débiles negociaciones de paz han encallado y apenas funcionan corredores humanitarios para la población ucraniana castigada sin piedad por las tropas invasoras. Mientras, China parece haber renunciado por completo a desempeñar un papel constructivo frente a su aliado moscovita y solo se preocupa de mantenerse sobre el alambre de su calculada ambigüedad ante las atrocidades rusas. Su tibia reacción tras la masacre de Bucha demuestra con claridad que la prioridad de Pekín no es detener la guerra sino que no la pierda Putin.

Hay ya pocas dudas de que esta será una guerra larga, y cuanto más larga sea más cruenta puede ser también. La UE tiene medios para paliar los efectos económicos de un embargo energético a Rusia en los países más expuestos, caso de Alemania. Lo que no puede hacer es seguir demorando una medida que debió figurar entre las primeras sanciones al régimen ruso. Lo ha expresado muy bien el primer ministro italiano Mario Draghi, dispuesto a apoyar el embargo a pesar de que su país importa de Rusia casi el 50% del gas que necesita. Según Draghi, “los líderes europeos deben preguntarse si prefieren la paz o mantener el aire acondicionado encendido”. ¿Ustedes que creen que preferirán?

Y Ucrania cogió su fusil

Todo indica de momento que el brutal ataque ruso contra Ucrania no está siendo el paseo militar que seguramente imaginó el sátrapa de Moscú cuando lo planeó cuidadosamente. A pesar del gran desequilibrio de fuerzas a favor del agresor, el agredido está demostrando una entereza, un valor y un patriotismo que pocos esperaban, y menos que nadie un Occidente al que la respuesta del pueblo ucraniano y de su gobierno parece haber ayudado a despertar de su pasividad contemplativa para animarle a tomar decisiones inéditas, entre ellas prestar apoyo militar a un país injustamente agredido, en donde soldados y civiles luchan codo con codo en las calles para conservar su soberanía y su libertad frente a la tiranía moscovita.

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Europa despierta

Aunque se lo ha pensado tal vez más de lo que debería haberlo hecho, las sanciones y restricciones que tanto la Unión Europea como Estados Unidos están aplicando al régimen ruso pueden hacerle un importante descosido a la economía. Incluso podrían conseguir que la incipiente ola interior de protestas contra la guerra crezca y se convierta en un peligro serio para la continuidad del dictador en el poder. Este es, por cierto, otro efecto colateral de la invasión que seguramente Putin tampoco tuvo en cuenta cuando decidió echarse al monte.

Las medidas adoptadas hasta el momento no agotan el arsenal de sanciones y restricciones que aún puede y debe aplicar Occidente para que Putin empiece a calibrar los enormes costes económicos y políticos que tendrá su aventura expansionista en Ucrania. Sacar del sistema internacional de pagos a todo el entramado financiero ruso y no solo a unos cuantos bancos, ampliar y endurecer el bloqueo de cuentas corrientes y otros intereses rusos en el exterior, expulsar a Rusia de las organizaciones multilaterales de todo tipo, suspender indefinidamente las relaciones diplomáticas llamando a consulta a los embajadores en Moscú y expulsando a los representantes diplomáticos de Putin, abrir las puertas de la UE a Ucrania y reforzar aún más la cooperación militar con este país son solo algunas de las cartas que habría que poner sobre la mesa sin demasiada tardanza y en función del desarrollo de los acontecimientos.

La amenaza nuclear

La amenaza nuclear lanzada por Putin parece revelar más debilidad que fortaleza y puede que sea la consecuencia directa de que las cosas sobre el terreno militar no están saliendo de momento como esperaba. No obstante, se trata de un elemento que Occidente debe sopesar cuidadosamente ante la imprevisibilidad de este personaje, ya que supone un reto a la hora de mantener y reforzar el apoyo militar a Ucrania frente a la invasión. En ese contexto debe valorarse también la histórica decisión del gobierno alemán de elevar sustancialmente el presupuesto de defensa, señal de que en algunos países europeos se empiezan a tomar muy en serio la amenaza que representa Putin para la seguridad y la paz del viejo continente. De hecho, lo que está ocurriendo en Ucrania debería activar de una vez la idea de que la UE pueda contar con una fuerza de intervención rápida frente a países hostiles como Rusia. 

Ante un escenario tan volátil es muy arriesgado hacer cábalas sobre lo que ocurrirá en los próximos días o semanas. A priori y sobre el papel, la diferencia de fuerzas lleva a suponer que Ucrania terminará sucumbiendo ante Rusia y en Kiev se instalará un gobierno títere de Moscú que sustituya al del presidente Zelenski, el inesperado líder que con su arrojo, lealtad y valentía se ha convertido en un icono de la lucha de su país contra la tiranía. 

"La gran pregunta es cuál sería el plan b de Occidente si Rusia convierte a Ucrania en su patio trasero"

La gran pregunta es cuál sería el plan b de Occidente si efectivamente Rusia convierte a Ucrania en su patio trasero y Putin sienta en la silla presidencial del gobierno de Kiev a una marioneta cuyos hilos pueda mover a placer. La anexión por la fuerza de Crimea en 2014 y la creación de dos repúblicas separatistas pro rusas en el este de Ucrania ante la pasividad occidental, sentó un pésimo precedente para la situación actual. Si Rusia consigue hacerse con el control completo de Ucrania a raíz de esta invasión estarían en peligro las repúblicas bálticas, en donde ya empiezan a tentarse la ropa. Y no es descabellado pensar que detrás de esas repúblicas podrían venir otros países como Finlandia o Suecia, a los que el Kremlin ya les ha lanzado un amenazante aviso. 

Unidad de los demócratas frente a la tiranía

Sabemos que ese tipo de amenazas forman parte de la propaganda bélica rusa, aunque no por ello deberíamos ignorarlas del todo. Las democracias occidentales y en particular las europeas, con la UE a la cabeza, se enfrentan al mayor desafío de seguridad de su historia desde la II Guerra Mundial. La unidad de los demócratas es esencial en unos momentos en los que se deben tomar decisiones también históricas que, además, tendrán un elevado coste para los ciudadanos occidentales y para unas economías castigadas por la pandemia que apenas empezaban a levantar la cabeza. 

Ante esa realidad, es intolerable que fuerzas políticas con responsabilidad de gobierno como Podemos pongan palos en las ruedas que demoren y minimicen la respuesta del Gobierno español en relación con la diligencia y la contundencia con la que han respondido otras capitales europeas ante esta crisis. Si en Podemos prefieren estar con el agresor y no con el agredido, allá ellos con su filias y sus fobias y su torcida interpretación de la democracia. Pero que tengan al menos la decencia de abandonar el Gobierno si tanto les incomoda que nuestro país se sume a los esfuerzos para apoyar a Ucrania en estos momentos cruciales de su historia. Le harían un gran favor a España y a la causa de la democracia y la libertad. 

No a la guerra, sí a la democracia

Con este mismo título publiqué un post a finales de enero en el que expresaba las débiles esperanzas que tenía entonces de que la diplomacia consiguiera evitar el ataque contra Ucrania que preparaba el sátrapa de Moscú. Había reuniones e intercambio de documentos, contactos telefónicos e incluso algún líder europeo como Macron se acercó al Kremlin para intentar convencer al zar Putin de que depusiera las armas. Si repito hoy ese título es porque los acontecimientos de las últimas horas hacen que esté más vigente que nunca, a pesar de que no tengo dudas de que todo ha sido un paripé urdido y planificado desde hacia tiempo por el macho alfa de Moscú, por cuya cabeza probablemente nunca pasó la posibilidad de dar marcha atrás y retirar la amenazante presencia de sus tropas en las fronteras con el país vecino. Su verdadero objetivo no era evitar la guerra, sino ganar tiempo para crear el relato y buscar la excusa que justificara su intolerable agresión militar a un país soberano.

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No hay término medio: o con la democracia o con la dictadura

Con la agresión rusa contra Ucrania han renacido de sus cenizas muchos de los viejos demonios europeos, esos que creíamos enterrados para siempre después de la guerra en Yugoslavia o tras la derrota del nazismo y las sangrientas invasiones de países soberanos por las tropas hitlerianas. No es momento de andarse con rodeos, medias tintas, excusas o equidistancias, ni de buscar en otras invasiones del pasado la coartada para intentar justificar la que ha iniciado Rusia contra Ucrania; es momento de solidarizarse con el agredido pueblo ucraniano y con su Gobierno y rechazar con la máxima contundencia el autoritarismo de Moscú y su desprecio a la convivencia internacional bajo reglas compartidas. Es momento, en definitiva, para estar con la democracia representada por el pueblo de Ucrania y contra el autoritarismo encarnado por Vladimir Putin.

La tan infame como gigantesca agresión rusa a Ucrania tiene un objetivo claro y preciso que solo los ciegos voluntarios o los compañeros de viaje de Putin, entre los que figuran algunos de los apoyos de Pedro Sánchez, se niegan a ver: convertir a ese país en el patio trasero de Moscú y frustrar la posibilidad de que la democracia arraigue en Kiev, lo cual representaría un mal ejemplo para el pueblo ruso al que el dictador del Kremlin gobierna con puño de hierro en falso guante democrático. De este modo pretende evitar también que Ucrania, en el pleno ejercicio de su soberanía, se acerque a la Unión Europea y se integre en la OTAN si así lo decidieran los ucranianos. 

La OTAN y el sueño expansionista de Putin

El avance ruso hacia la capital del país atacado hace pensar que entre los planes de Putin está colocar un gobierno títere en Kiev, al estilo de los que ya controla en Bielorrusia y otras exrepúblicas de la desaparecida Unión Soviética. Por ahora, el hecho de que varios países de la antigua órbita soviética como Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía, Polonia o Bulgaria sean hoy miembros de la OTAN supone un serio obstáculo para sus planes expansionistas y su sueño de recomponer y poner de nuevo bajo control moscovita los restos del derruido imperio comunista. 

Después de la agresión de 2014, en la que Moscú se anexionó Crimea por la fuerza y dio pábulo a dos repúblicas separatistas pro rusas en el este de Ucrania ante la impotencia de Occidente, la nueva invasión supone un serio desafío para la OTAN, para Estados Unidos y para una inerme Unión Europea, a cuyas puertas se desarrolla este flagrante atropello al derecho internacional. Descartado un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN por las consecuencias apocalípticas a las que podría dar lugar, la respuesta occidental no puede ser otra que la de sancionar de manera verdaderamente ejemplar y aislar al régimen autoritario ruso, sobre el que debe caer el oprobio y el desprecio de la comunidad democrática internacional y de todos los demócratas del mundo. Como ha señalado Biden, el presidente ruso merece convertirse en un paria de la comunidad internacional. 

"Dejar las manos libres a Putin no es una opción"

Las sanciones deben ser inmediatas y contundentes, de manera que sus efectos se dejen sentir cuanto antes tanto sobre los responsables políticos del ataque como en los sectores más estratégicos de la economía rusa. Aún así no oculto que soy escéptico sobre la eficacia de las sanciones, que además pueden funcionar como un boomerang para las economías europeas, pero no imagino de qué otra manera puede responder el mundo democrático ante este atropello si descartamos la alternativa militar. Dejar las manos libres a Putin no es una opción por el precedente que ya supuso la invasión de 2014 y porque no es solo Ucrania la que está en su punto de mira. En todo caso, la imposición de sanciones tiene que ser compatible con la posibilidad de encauzar la situación por la vía diplomática, lo cual debería ser prioritario. 

La ambigüedad china

Con todo, la principal dificultad para obligar a Putin a dar marcha atrás la encontramos en la ambigüedad de China, cuyo líder ha condenado el ataque a la soberanía ucraniana al tiempo que se ha mostrado comprensivo con “las necesidades de seguridad de Rusia”. Mucho me temo que si la dictadura comunista china no se desmarca de la autocracia rusa, algo poco probable por ahora, Europa en particular y el mundo en general pueden situarse a un paso del abismo. Hoy más que nunca se echa en falta unidad, determinación y liderazgo democrático mundial capaz de parar los pies a Putin y de reconducir una situación altamente volátil y de una potencialidad destructiva brutal. Por desgracia, si buscamos liderazgo en la ONU no lo hayamos, si miramos a Estados Unidos deja bastante que desear y sobre la vieja Europa, a cuya seguridad afecta directamente el belicismo ruso, es mejor correr un tupido velo. 

La caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética despertaron en su día grandes dosis de esperanza en el avance de la democracia en todo el mundo, pero la desilusión no tardó en llegar. El ascenso mundial del capitalismo de estado chino sin libertades y el régimen a caballo entre la autocracia y la cleptocracia que ha implantado Putin en Rusia, son hoy dos de las principales amenazas para un mundo más libre, democrático, justo y en paz. Espero no parecer alarmista, pero creo que el injustificado y bárbaro ataque ruso a Ucrania puede ser un nuevo paso hacia un conflicto global que nos alejaría aún más de lo que ya estamos de ese objetivo y que podría convertirse en el conflicto final. Es imprescindible y urgente parar esta locura. 

El Brexit tenía un precio

No es fácil encontrar a alguien que aún crea sinceramente que a los británicos no los engañaron como a chinos quienes les vendieron la moto trucada de que tras el Brexit todo serían rosas y cerveza. Más de cinco años después de un referéndum del que hoy reniegan muchos de los que decidieron hacerle un corte de mangas a la UE, todo lo que podía salir mal está saliendo mal y aún puede empeorar bastante. Especialmente si continúa mucho más tiempo al frente del gobierno del país un señor que está consiguiendo lo que parecía inimaginable hasta no hace tanto, que el prestigio internacional de Gran Bretaña haya descendido hasta niveles que conseguirán hacer que Churchill y la reina Victoria se revuelvan en sus tumbas. Son los mismos cinco años largos que llevamos el resto de los europeos soportando una interminable murga de quien nunca se sintió del todo a gusto en el club comunitario como no fuera para beneficiarse de todas sus ventajas y eludir todas las obligaciones. Casi siempre les pudo más el aislacionismo frente al continente y mantener una relación privilegiada con los primos americanos, y fue al final esa visión alicorta la que los ha metido en un callejón del que seguramente saldrán, aunque a cambio de un enorme coste económico y social y de perder la imagen de país serio que hace honor a sus compromisos internacionales.

Cinco años mareando la perdiz

Si la negociación para acordar los términos de la salida del Reino Unido de la UE ya fue una historia interminable llena de desplantes, exigencias y moratorias por parte británica, la gestión de la situación posterior a la marcha definitiva está resultando no menos esperpéntica e insufrible. La piedra que aprieta ahora el zapato de Boris Johnson y los suyos es el protocolo sobre Irlanda del Norte, que el Gobierno británico califica de “altamente perjudicial” al entender que divide en dos el Reino Unido debido a los controles aduaneros en el Mar de Irlanda. Estos controles convierten a Irlanda del Norte en territorio sujeto a las normas del mercado único y a la unión aduanera de la UE y son la manera acordada por Londres y Bruselas de evitar una frontera física con la República de Irlanda para salvaguardar los Acuerdos de Paz del Viernes Santo.

La ex primera ministra Theresa May lo rechazó en su día, pero su sucesor lo firmó sin rechistar en octubre de 2019 y no abrió la boca tampoco cuando en diciembre de 2020 cerró con Bruselas el acuerdo de la relación futura con la UE. Ha sido en octubre de este año cuando ha caído en la cuenta de que es “altamente perjudicial” para su país y se ha plantado, rechazando incluso la jurisdicción del TJUE para resolver las diferencias que pudieran surgir en la aplicación del acuerdo. 

Bruselas, siempre tan comprensiva con Londres, ha acudido rauda con la zanahoria y el palo: por un lado ofrece reducir un 80% los controles aduaneros y por otro amenaza con sanciones sin cuento al Reino Unido. A nadie se le escapa que unas buenas relaciones entre el Reino Unido y la UE benefician a ambas partes en muchos terrenos, no solo en el económico. Pero dicho esto, no es de recibo que el Gobierno británico tome el pelo a la otra parte, actúe unilateralmente y deshonre el cumplimiento de unos acuerdos que, según ha revelado estos días un exasesor resabiado de Johnson, en realidad éste nunca tuvo intención de cumplir.

Un prestigio por los suelos

Uno no puede menos que asombrarse ante la pendiente por la que se desliza el Reino Unido desde que se puso el Brexit sobre la mesa y se esparció por todo el país la especie falsa de que fuera de la Unión Europea los británicos no tardarían en atar los perros con longanizas. Sin embargo, cinco años después lo que se plantean es sacrificar 100.000 cerdos por falta de carniceros. Prometieron también que subirían los salarios cuando se fueran los inmigrantes y hoy casi no hay conductores suficientes para llevar combustible a las estaciones de servicio y tienen que recurrir a los militares. El ofrecimiento de 5.000 visados temporales para atraerse a parte de los camioneros que retornaron a sus países ha sido un completo fracaso: las nuevas leyes de inmigración hacen muy poco atractiva la oferta, lo que alimenta el temor de ver los puertos atestados de mercancías sin despachar y las estanterías de los supermercados vacías a las puertas de la Navidad. A todo eso hay que añadir una grave crisis de refugiados al negarse ahora Francia a aceptar la devolución de los inmigrantes que consiguen cruzar el Canal de La Mancha.

Parece la tormenta perfecta y puede que lo sea. Aunque eso no parece inquietar demasiado a un primer ministro que se fue de vacaciones a Marbella mientras en su país los conductores hacían colas en las gasolineras para repostar y en las tiendas escaseaban productos básicos como si se tratara de Venezuela. De un personaje de esa catadura política, cuya lamentable gestión de la pandemia provocó miles de muertes que se podían haber evitado, no cabe esperar que explique a sus conciudadanos qué ha salido mal con el Brexit para que no se estén cumpliendo ninguna de las doradas promesas de quienes apoyaron la salida de la UE. Johnson ha reaccionado ante la adversidad posponiendo a un futuro indefinido la felicidad que tanto se resiste a llegar, a pesar de las elevadas y patrióticas intenciones de quienes abogaron por envolverse en la Union Jack. 

Que no esperen los británicos que los políticos que los metieron en este desaguisado reconozcan ahora que les ocultaron las consecuencias negativas que tendría desconectar de la Unión Europea. Desde el continente sí se advirtió por activa y por pasiva de los riesgos, aunque pudieron más las mentiras y el ruido interesado de los partidarios de irse que la razón y la prudencia de quienes querían quedarse. Es lo que tienen los referendos populistas, en los que sólo cabe el "sí" o el "no" y de cuyas consecuencias negativas nadie se hace luego responsable. Ahora todos saben que el Brexit tenía un precio oculto del que no se les dijo una palabra y que tendrán que pagar de sus bolsillos. Se cumple aquello tan viejo pero cierto a la vez de que en el pecado está la penitencia, aunque en este caso también pagarán justos por pecadores. 

Todo por la pasta

Hay noticias buenas y no tan buenas sobre los esperados fondos europeos. La UE se ha embarcado en una operación inimaginable hace poco y va a ir soltando en los próximos años la friolera de 750.000 millones de euros de deuda comunitaria para contrarrestar los efectos de la crisis y transformar la economía. Es verdad que las decisiones en la UE no se distinguen por su agilidad, como ha ocurrido en Estados Unidos, y que la cuantía de la inyección está muy lejos de los 1,9 billones de dólares de Biden. Pero ya dice el refrán que nunca es tarde si la espera vale la pena. Esta debe valer, porque solo España podrá obtener hasta 140.000 millones que, gastados con tino y buena mano, pueden ser un potente revulsivo para sacar del atolladero y reorientar correctamente una economía arrasada. 

La clave de las reformas

La segunda buena noticia es que la Comisión Europea ha dado el visto bueno con nota alta al plan español, pendiente ahora de que lo apruebe el Consejo Europeo. España recibirá este año unos 19.000 millones con cargo a los 70.000 millones de transferencias directas condicionadas a reformas; quedan otros 70.000 millones en créditos, a los que por ahora el Gobierno parece no tener intención de recurrir. La partida de este año es unos 7.000 millones inferior a la que se consignó en los presupuestos de 2021, así que habrá que añadir esa cifra a la gigantesca deuda pública. 

A partir de aquí las noticias son menos buenas: Bruselas abre la cartera este año porque algunas de las medidas que exigió ya están en marcha. Cosa diferente podría ocurrir con las entregas de 2022 y años posteriores, sujetas a reformas de gran calado como las de las pensiones, el mercado de trabajo o la fiscalidad. Si no están a tiempo o no reciben el visto bueno se congelará la entrega de más fondos. Apelando a la necesidad de que se basen en el consenso, Bruselas ha hecho como que no le preocupa por ahora que estemos aún casi en mantillas en la negociación. De paso ha advertido de la conveniencia de conservar elementos de la reforma laboral de 2012, tan denostada por Podemos y el PSOE, y que los morados prometieron solemnemente derogar en cuanto llegaran al gobierno. 

Dudas razonables y trifulca política

Hay dudas razonables entre expertos como los de la Fundación para el Estudio de la Economía Aplicada (FEDEA) de que las reformas laboral y de pensiones que baraja el Gobierno sean las adecuadas. Las consideran inconcretas y faltas de ambición, los mismas deficiencias que aprecian en la reforma fiscal, de la que afirman incluso que puede ser contraproducente en estos momentos. Sobre esta última, Bruselas ha dicho además que es insuficiente. A pesar de la buena nota comunitaria que recibe el plan español en su conjunto, la propia FEDEA lo calificó en su momento de "genérico, enunciativo y falto de ambición". 

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También ha reiterado Bruselas que la aplicación del Plan y las reformas que lleva aparejadas deberían tener el máximo respaldo político, algo que a día de hoy ni está ni se le espera. El Gobierno convirtió el documento enviado a la Comisión en una propuesta exclusiva del PSOE tras dejar fuera del debate a las comunidades autónomas, a la oposición e incluso a sus socios de Podemos. Así las cosas, el horno de la política no está para muchos consensos en los próximos meses, máxime si Sánchez perpetra los indultos prometidos y Casado sigue cabalgando la cresta de la ola en las encuestas. 

Transparencia y control, asignaturas pendientes

Hay también dudas razonables sobre otros aspectos del Plan. Una tiene que ver con la transparencia y el rigor que lo deben presidir: en vísperas de que empiece a llegar el dinero, las empresas aún no saben cómo y cuándo podrán acceder a las partidas reservadas para la colaboración público - privada. Además, a diferencia de lo que han hecho otros países, el Gobierno no muestra intención de implantar algún mecanismo  interno de control a través, por ejemplo, de una autoridad independiente. Por lo demás, España no es un buen ejecutor del dinero que llega de Bruselas, algo que si en el pasado podía pasar más o menos desapercibido, en la situación actual sería de una absoluta irresponsabilidad política.

La pregunta es ¿qué puede salir mal? Muchas cosas, que la discordia política malogre la oportunidad, que no seamos capaces de gastarnos el dinero, que la maraña burocrática lo demore aún más o que no salgan las reformas y Bruselas retenga los fondos; puede ocurrir que no se cumplan las vagas previsiones sobre crecimiento y empleo si no se orientan bien las medidas y que, por cálculo político, se beneficie injustamente a unas comunidades en perjuicio de otras o a unos sectores en detrimento de otros, para que al final el objetivo transformador y resiliente quede en otro eslógan propagandístico. Nadie desea eso, pero los mimbres del cesto político invitan más al recelo que a la confianza. Sé que es pedir demasiado, pero la mejor noticia debería ser que, por encima de trifulcas políticas, fuéramos capaces por una vez de señalar en la misma dirección bajo un lema compartido: todo por la pasta. 

El manoseo de la Justicia

Si pidiéramos que levantaran la mano los partidos que nunca han tenido la tentación de meter baza en el Poder Judicial la levantarían todos, los nuevos y los viejos, la izquierda y la derecha, los regeneradores y los degenerados, los que criticaban en la oposición lo que no hacían en el gobierno y viceversa: sin embargo, todos mentirían. Da igual lo que digan y cuando lo digan, el sueño mal disimulado de todo partido con posibles es colocar en el órgano de gobierno de los jueces gente de ideología o sensibilidad próximas. Esto no es, por supuesto, una descalificación generalizada del colectivo judicial, en su inmensa mayoría profesional e imparcial, pero tampoco es una buena carta de presentación para presumir de estado de derecho, en el que la separación de poderes debe ser lo más nítida posible. 

Aturdidos y dopados por la pandemia, el ruido de la insufrible campaña madrileña y la megalomanía del presidente de un equipo privado de fútbol, los españoles no hemos sido conscientes de la bofetada sin manos que nos ha propinado esta semana la Comisión Europea a través del Gobierno. Solo de bochorno para España se me ocurre calificar que Bruselas nos diga cómo debemos organizarnos para que se respeten los estándares básicos de una democracia. Que esto ocurra a estas alturas de la historia de la democracia española es un síntoma más, tal vez de los más graves, del deterioro de nuestro sistema de convivencia, hecho unos zorros para satisfacer las ansias de poder y control de una clase política que, da igual su color ideológico, no se para en barras democráticas para alcanzar sus objetivos. 

Del bipartidismo a la rebatiña del Poder Judicial

El origen de la enfermedad data de 1985, cuando el PSOE y el PP, entonces amos y señores del cotarro, decidieron cambiar la ley que permitía a los jueces designar a doce de los veinte vocales que conforman el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y elegirlos ellos en el Congreso en función de cuotas de "progresistas" y "conservadores". Los otros ocho vocales, correspondientes a juristas de prestigio, los seguiría eligiendo también el Parlamento en función de afinidades ideológicas más o menos cercanas. Este sistema, que pervertía claramente el espíritu de la Constitución, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional y éste, en un fallo aún hoy inexplicable, le dio el visto bueno con la ingenua condición de que los partidos no abusaran del intercambio de cromos de jueces. 

Aquel lenguaje perverso que los medios siguen empleando en la actualidad, marcó un antes y un después: los integrantes del CGPJ aparecían señalados políticamente y a la luz de ese criterio se examinan muchas de sus decisiones: todo lo demás, su trayectoria, su preparación profesional o la calidad de sus resoluciones judiciales, pasó a un muy segundo plano. Mientras el bipartidismo gozó de buena salud este sistema viciado funcionó sin grandes sobresaltos: cuando llegaba el momento de la renovación de los vocales, los partidos volvían a sacar sus estampitas judiciales y no tardaban en ponerse de acuerdo. A decir verdad, no recuerdo que entonces el estamento judicial protestara mucho por un enjuague que ya ponía en entredicho su independencia del poder político.

Sin embargo, cuando irrumpieron en el escenario los nuevos partidos que venían a regenerarnos, el plácido bipartidismo se alborotó y lo que hasta entonces se repartía solo entre dos debía repartirse ahora al menos entre cuatro o cinco. Enseguida aparecieron los vetos y las líneas rojas, lo que explica que el actual CGPJ lleve en funciones desde diciembre de 2018 por la sencilla razón de que los partidos ni siquiera son ya capaces de repartirse el pastel de la Justicia. Ante el bloqueo, del que el PP como principal partido de la oposición es tan responsable como el resto, el Gobierno del PSOE y Podemos optó por  la calle de en medio y llevó al Congreso una proposición de ley que rebajaba de tres quintos a mayoría absoluta la exigencia de votos para elegir a los vocales del Poder Judicial. 

Bruselas nos lee la cartilla

La propuesta era una vuelta de tuerca más en el descarado intento de estos partidos de controlar la Justicia solo con sus votos y los de sus aliados, ignorando a una oposición que hacía alardes de voluntad negociadora mientras bloqueaba la negociación. El escándalo político obligó a congelar la tramitación de la propuesta en el Congreso, en donde sí salió adelante y ya está en vigor otro hachazo al CGPJ: recortarle sus atribuciones para nombramientos mientras permanezca en funciones, lo que tiene paralizada la designación de varios presidentes de tribunales superiores de justicia. 

Después de que tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas, que representan a casi la mitad del colectivo de jueces del país, elevaran su queja a Bruselas, la principal novedad ahora es que el Gobierno ha retirado la reforma ante el riesgo de terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir los estándares exigibles en un estado de derecho en materia de separación de poderes. Esto habría podido comprometer incluso el acceso a los fondos europeos, como establecen los reglamentos del Parlamento y del Consejo Europeo. 

España ha estado a punto de quedar al nivel de Hungría y Polonia, países a los que Bruselas ya ha denunciado por vulnerar la separación de poderes y concentrarlos en manos del Ejecutivo. Es más, la Comisión Europea también se ha permitido sugerir a España que la mitad de los vocales del CGPJ la elijan los jueces, algo que reclama el más elemental sentido común y la calidad del sistema democrático, aunque aún es insuficiente: como mínimo debería volverse al sistema anterior a 1985, aunque sería mucho más conveniente y democrático encontrar una fórmula que impida el manoseo político constante del Poder Judicial. El escollo a salvar es que eso depende precisamente de los mismos partidos que, solo un día después del tirón de orejas comunitario, ya andaban de nuevo a la greña con el asunto. Les puede la tentación de seguir contaminando un poder que, a pesar de los pesares y de todos los intentos para someterlo, funciona de manera razonable e impide que los partidos colonicen todos los rincones del estado. 

Sánchez dice que tiene un plan

Puesto a pulverizar récords, Pedro Sánchez terminará arrasando todos los que se proponga: en promesas incumplidas o vueltas del revés va camino de dejar chiquito a Rajoy, que tampoco era manco; no le ha crecido la nariz pero es un buen émulo de Pinocho; ha vencido dos veces al virus de la COVID-19; y, lo penúltimo, ha presentado ocho veces -¡ocho!- el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, si no les molesta y por abreviar, llamaré "plan" a secas. Con un título tan infatuado, fruto seguramente de la imaginación recalentada de Iván Redondo, Sánchez quiere enamorar a la Comisión Europea para que suelte los 140.000 millones de euros de los llamados fondos de reconstrucción por la pandemia. 

El principal problema del plan es su inconcreción, lo que hace más admirable aún que Sánchez lo haya proclamado a los cuatro vientos, acompañado de intensa trompetería mediática, en nada menos que nueve ocasiones si contamos la de esta semana en el Congreso. Dicen los mal pensados que Sánchez hace propaganda con el plan de marras todas las semanas y fiestas de guardar, pero para mí es que Iván Redondo le ha dicho que lo venda con entusiasmo y convicción como si fuera el bálsamo de Fierabrás. 

(BERNARDO DÍAZ)

Ni concreción ni reformas claras

En el Congreso esperaban esta semana sus señorías que el presidente acudiera con algo más que un  catálogo de buenas intenciones, conocido también como carta a los Reyes Magos. Pero eso fue exactamente lo que recibieron: 200 páginas y otras 100 de anexos llenas de "modernización", "digitalización", "transición", "motor de cambio", "crecimiento potencial", "impulso" o "capital humano". Todo eso, que a los incondicionales les suena a música celestial, carece sin embargo de letra y estribillo reconocibles: ni precisa Sánchez objetivos concretos en términos de creación de empleo o demanda o producción de los proyectos que pretende impulsar con dinero comunitario y, lo que es más preocupante, juega al escondite con las reformas que exige Bruselas a cambio de soltar los euros. 

En este capítulo entra lo que piensa hacer con el mercado de trabajo, si dejarlo estar, si derogar la reforma laboral de Rajoy o retocarla solo aquí y allá aunque Pablo Iglesias - perdón, Yolanda Díaz - deje de sonreír y le ponga mala cara. Tampoco se percibe con claridad cuáles son sus planes para hacer sostenible el sistema público de pensiones, aunque el ministro Escrivá ande lanzando globos sonda a ver qué nos parece trabajar hasta la víspera del deceso para que el tinglado no se venga abajo. 

En fiscalidad estamos ante otro de esos juegos de manos tan habituales en este país, en donde se suele llamar reforma fiscal a cualquier parche que quede bien para la demagogia política y que suele acabar recaudando mucho menos de lo previsto. Una verdadera reforma fiscal que desbroce maraña, elimine exenciones injustificadas, persiga el fraude y la elusión y fortalezca sin populismos ni aspavientos el principio de progresividad fiscal, ni está ni se le espera. Pero como todos estos asuntos son casus belli entre el PSOE y Podemos, el Gobierno parece que va a mirar al tendido y silbar cuando Bruselas le pida concreción. Hay que dormir bien por las noches y, sobre todo, no anunciar medidas impopulares en plena campaña madrileña en la que el presidente parece el candidato del PSOE.

(EFE)

Sánchez presume de un plan hecho de copia y pega

Todas esas carencias no impiden que Sánchez se refiera al plan como "el más ambicioso de la historia reciente de España" y lo compare con la entrada en la UE. Es de nota que, aún así, falten solo quince días para que lo presente en Bruselas y todavía lo tenga sin encuadernar ni ponerle el hinchado título mencionado más arriba. Porque esa es otra, tal vez habría que dejar de llamar "plan" a lo que parece un copia y pega de documentos ministeriales varios que alguien tendrá al menos que paginar para que en Bruselas no se pierdan. También presume Sánchez de diálogo, como se demuestra por el hecho de que la oposición conociera oficialmente el documento solo doce horas antes del pleno de esta semana. Alega el Ejecutivo que no es definitivo, lo cual salta a la vista, pero no aclara si lo someterá a la consideración de la cámara cuando lo pase a limpio y antes de presentarlo en Bruselas para que le den la bendición. 

Dando por hecho que Bruselas no devolverá los papeles y que los jueces alemanes no se pondrán muy tiquismiquis con la aprobación de los fondos, España recibirá una generosa lluvia de millones que se deberán administrar con cabeza, centrados en los problemas económicos de este país y en el bien común. Esa batalla ya se adivina tensa después del dictamen del Consejo de Estado, que el Gobierno guardó bajo siete llaves todo lo que pudo, en el que se subraya "la necesidad de implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos" europeos. "Adecuada" y "eficiente" son las palabras clave para no perder una oportunidad verdaderamente histórica en un país arrasado. Aquí tiene Sánchez materia sobrada para hacerse con unas cuantas marcas mundiales en eficacia, eficiencia, transparencia y sentido de estado, aunque para eso hay que pasar de una vez de la propaganda y la palabrería huera a las acciones concretas: no es hora de vender más humo sino de dar trigo. 

Ayudas directas: tardías y escasas

Uno de estos meses, con suerte antes de que acabe el año, recibirán las empresas españolas que aún  sobrevivan a la crisis y reúnan los requisitos, el magro maná que en forma de ayudas directas les concede el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero calma y paciencia, que las cosas de palacio van más despacio que de costumbre, que ya es decir: para que eso ocurra debe producirse una conjunción astral de las burocracias estatal y autonómicas y luego, si ningún otro obstáculo se cruza en el camino, se transferirá el dinero a sus felices beneficiarios, que en realidad lo necesitaban con urgencia para el año pasado. 

Si entonces el Gobierno español hubiera seguido los pasos del alemán, el francés o el italiano, que no dudaron en aprobar ayudas no reembolsables para que las empresas con problemas de liquidez capearan el temporal, muchos autónomos y pymes españoles no habrían echado el cierre y muchos trabajadores no habrían ido al paro. Pero así es este país, de los otros solemos importar lo menos bueno antes que nadie pero somos los últimos en imitar lo más útil y urgente. 

Comparativa desfavorable para España

Pero no es solo que las ayudas lleguen con retraso en España, sino que las cuantías son también las más raquíticas. Frente a los 11.000 millones aprobados por Sánchez, 7.000 de los cuales los gestionarán las autonomías, tenemos los 50.000 millones de Alemania, que va ya por el tercer mangerazo de liquidez, los 18.600 de Francia o los 25.000 de Italia. Y no es solo una cuestión de cuantías, sino también de cobertura: en todos los países mencionados las ayudas cubren porcentajes mayores de pérdidas que en España. En nuestro país se compensará entre un 20% y un 40% de pérdidas en las actividades más castigadas por la crisis, frente a Italia en donde la cobertura llega al 60%, Alemania, en donde se eleva al 90%, y Francia, que cubre el 100%. La cuantía máxima por empresa en España es similar a las de Francia e Italia, pero muy inferior a la de Alemana.

EFE

Además, a diferencia de esos países, en donde las ayudas se extienden a todos los sectores de la economía, en España solo llegarán a los más afectados, principalmente la hostelería, el ocio o el comercio. Bien es cierto y, hay que subrayarlo, que en España se han aprobado créditos reembolsables avalados por el ICO por importe de unos 120.000 millones y se han destinado a los ERTES otros 40.000 millones. Es un esfuerzo importante que, sin embargo, no debía haber sido excluyente respecto a las ayudas no reembolsable que muchas empresas necesitaban para pagar los gastos corrientes, reducir sus deudas con el banco o hacer frente a las facturas. 

Dichas ayudas eran más urgentes y estaban más justificadas si cabe, habida cuenta el destrozo económico provocado por la pandemia en un país tan dependiente del sector servicios y en donde el tejido empresarial está integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas de escaso músculo financiero. Todo lo cual contrasta con los rescates de empresas inviables como la aérea Plus Ultra, a la que se pretende hacer pasar por "estratégica" para entregarle 53 millones de euros, y en donde falta transparencia y sobra discrecionalidad sospechosa en la actuación del Gobierno. Aunque dicen que llorar sobre la leche derramada solo produce melancolía, conviene no olvidar cómo se han hecho las cosas para pasar factura cuando se presente la ocasión. 

Con la burocracia hemos topado: el caso canario

Estos son, grosso modo, las cifras de las esperadas ayudas directas. Pasemos a la letra pequeña, la gestión para que lleguen cuanto antes a las empresas y autónomos que las reclaman desde hace un año. A diferencia de Francia o Italia, en donde la gestión es centralizada, es decir, la lleva a cabo el gobierno nacional, en Alemania son los estados federados los que se encargan de ese trabajo. En España la función recaerá en las autonomías, con las que el Gobierno central no ha tenido siquiera la deferencia de reunirse para hacerles el anuncio y acordar una serie de criterios  comunes. 

La ministra de Hacienda se ha limitado a decir que se les transferirán mediante convenios los 7.000 millones de euros y a otra cosa, mariposa. Y es, llegados a este punto, cuando muchos nos hemos empezado a hacer cruces: ¿serán capaces las regiones de tramitar las peticiones de ayudas en tiempo y forma para que las empresas que las necesiten y cumplan los requisitos no mueran definitivamente de inanición financiera? Si les digo les engaño, pero no me hago muchas ilusiones. 

EFE

En primer lugar, el real decreto aprobado por el Gobierno a mediados de marzo deberá tramitarse como proyecto de ley, lo que demorará su entrada en vigor. Los grupos políticos presentarán enmiendas para revisar las actividades susceptibles de recibir ayudas respecto al centenar que ha previsto el Gobierno; por ejemplo, prever ayudas en Canarias para "agentes de ferrocarril" o "fabricantes de armas" suena cuando menos chusco. El riesgo cierto, ya advertido por los expertos de FUNCAS entre otros, es que la desigual capacidad de gestión de las autonomías genere también desigualdades territoriales en el buen uso de estas habas contadas que son las ayudas directas. En Canarias, la comunidad teóricamente más beneficiada en el reparto con 1.140 millones,  la ayuda podría  quedar en agua de borrajas si no se revisan las condiciones de acceso y la lista de sectores incluidos y excluidos para adaptarla a la realidad económica insular y, al mismo tiempo, no se decreta un verdadero zafarrancho de combate en la administración pública regional.  

Hay que ponerse las pilas ya

Lo cierto es que la burocracia autonómica canaria no se ha mostrado precisamente ágil y eficiente en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital o los 84 millones de euros en ayudas a fondo perdido a las empresas aprobados por el Ejecutivo canario, por poner solo dos ejemplos. ¿Por qué hemos de suponer que con las ayudas directas del Gobierno central será distinto? Y eso que no estamos hablando aún de los fondos de reconstrucción de la UE, de los que nos ocuparemos en otro momento,  que deberían llegar en los próximos meses y que también habrá que gestionar. 

Muy buenas pilas deberán ponerse el Gobierno canario y los empleados públicos para administrar unas ayudas que, al paso al que va la vacunación en España y aunque tardías y raquíticas, aún pueden evitar el cierre de muchas empresas y el adiós a la actividad de no menos trabajadores autónomos. No es un reto menor ni sencillo, como casi nada para nadie en medio de esta pandemia. Superarlo no es una opción sino una obligación pública ineludible ante la que no cabe arrastrar los pies: en caso de fracaso no habrá nadie a quien echar las culpas salvo al Gobierno autonómico y su incapacidad para la gestión del interés general.  

Canarias y la inmigración: peor, imposible

Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar aspectos positivos en la política migratoria del actual Gobierno español. En primer lugar, porque no existe nada que merezca ese nombre más allá de poner en práctica las mismas medidas que el gobierno anterior, solo que con menos diligencia y de forma mucho más chapucera. Para un Ejecutivo que llegó al poder presumiendo de sus intenciones y que sacó todo el rédito político que pudo a la crisis del Aquarius, - a cuyos pasajeros luego abandonó a su suerte -, no es como para estar precisamente orgulloso. 

Debido a diversos factores como el bloqueo de la inmigración en el Mediterráneo, la inestabilidad política y la sequía en el Sahel, Canarias viene recibiendo un flujo constante de inmigrantes irregulares a través de pateras y cayucos desde finales del verano de 2019. El fenómeno se mantiene con algunos altibajos hasta la fecha, sin que haya indicios de que irá remitiendo a corto o medio plazo. Ya entonces la situación amenazaba con colapsar el frágil sistema de acogida de Canarias, heredero venido a menos del que se organizó y funcionó razonablemente en la crisis de los cayucos de 2006, en la que arribaron a las islas por mar unos 35.000 inmigrantes irregulares. Por descontado, ni en aquellas cifras ni en las actuales se cuentan las miles de vidas perdidas en el mar persiguiendo el derecho a una vida mejor lejos del hambre, la enfermedad, la miseria y la guerra. 

Un sistema de acogida desmantelado

El sistema de acogida de 2006 se desmanteló casi en su totalidad, pensando tal vez que una llegada masiva como aquella no se repetiría jamás. Se equivocaron por completo aunque, para pasmo de los ciudadanos, el Gobierno anterior y el actual siguieron consignando una partida presupuestaria  para financiar los gastos del centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura. El pequeño detalle es que el centro llevaba cerrado varios años. 

Solo ese hecho, anecdótico si se quiere, pone por sí solo de relieve el desbarajuste que ha presidido la política migratoria en este país. Cuando la nueva oleada migratoria del otoño de 2019 empezó a encender todas las alarmas ante la situación humanitaria que se nos podía venir encima si no se actuaba, la reacción política fue literalmente la de mirar a otro lado y practicar la estrategia del avestruz. A pesar de las advertencias de las organizaciones no gubernamentales e incluso de representantes diplomáticos españoles conocedores de la realidad del Sahel, tanto el Gobierno de Canarias como el central hicieron oídos sordos: el mantra más repetido fue que el repunte de pateras era el habitual de todos los años por esas fechas y obedecía a las condicionales favorables para la navegación entre la costa occidental africana y las Islas; incluso cuando pasó el otoño y llegó el invierno y las condiciones del mar empeoraron, siguieron repitiendo el mismo argumento cada día más insostenible.

La culpa es del hombre del tiempo

La milonga alternativa en Canarias, Madrid y Bruselas era que había que ayudar al desarrollo de los países emisores de emigrantes, al tiempo que insistían en advertir del riesgo de que se produjeran fenómenos racistas y xenófobos si se hablaba demasiado del problema. Lo mejor por tanto era ponerle sordina al drama humanitario que iba tomando forma en los puertos de llegada de las pateras. En resumen, dijeron de todo pero no movieron un dedo para prepararse y actuar en consecuencia hasta que avanzado 2020 la cruda realidad acabó con sus ensoñaciones de políticos mediocres. 

Para cuando quisieron darse cuenta, el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se había convertido en un inmenso campamento humano en el que llegaron a pernoctar en condiciones indignas y en plena pandemia de COVID-19 cerca de 4.000 personas. Las imágenes del hacinamiento que sufrían los inmigrantes día a día mientras continuaban llegando más, no tardaron en dar la vuelta al mundo e inundar las redes sociales. Sensibles como siempre a las críticas, los negligentes políticos que con su dejadez habían propiciado aquellas situación salieron por fin de su letargo y empezaron a actuar de prisa y corriendo. 

Sin embargo, de los tres centros de internamiento de extranjeros que había en las Islas solo funcionaba el de Tenerife y para entonces ya estaba desbordado. Otro tanto empezaba a ocurrir con los establecimientos para menores inmigrantes no acompañados, que tampoco daban más de sí. La mágica solución que encontró el inefable ministro del Interior fue levantar nuevos campamentos en otros puntos de Canarias y utilizar instalaciones militares abandonadas para dar acogida a los inmigrantes. Todo esto después de una bochornosa descoordinación entre los ministerios de Interior, Defensa y Migraciones que vino a agravar más el problema.

Canarias, cárcel flotante en el Atlántico

Cuando el Gobierno socialista de Canarias se percató de que sus compañeros del Gobierno central no tenían ninguna intención de derivar inmigrantes a otras comunidades autónomas para aliviar la situación en las Islas, el presidente autonómico cambió de discurso y adoptó un tono de enfado impostado que ni entonces ni ahora ha conseguido convencer más que a los suyos. En medio de la crisis, con miles de personas durmiendo al raso en un muelle pesquero, el ministro Escrivá dijo en sede parlamentaria que visitaría las Islas cuando encontrara "holgura" en su agenda, lo que indignó aún  más a la opinión pública insular. Y para coronar la cadena de despropósitos, el ministro Marlaska se negó a derivar inmigrantes alegando que la UE lo prohíbe, algo que Bruselas solo tardó unas horas en desmentir con rotundidad. Así las cosas, ¿qué podía salir mal?

La situación actual sigue siendo igual de mala e incluso más preocupante desde el punto de vista social. Ante la presión, Interior accedió finalmente a derivar a inmigrantes a la Península, pero lo hizo de una forma tan poco transparente y chapucera, abandonando a estas personas a su suerte en varias ciudades españolas, que lo único que consiguió fue diseminar el problema. En Canarias, del "campamento de la vergüenza" de Arguineguín se ha pasado a otro como el de Barranco Seco en el que las condiciones de vida son similares y el respeto a los derechos de estas personas vuelve a brillar por su ausencia. Grupos de menores no acompañados han sido alojados en instalaciones de pequeñas ONGs que apenas tienen capacidad para atenderlos y otros 4.000 inmigrantes residen en hoteles turísticos, ahora vacíos por la pandemia.

Una situación explosiva

La crisis social y económica que vive un archipiélago como este, dependiente en alto grado del turismo, se ha convertido así en el escenario ideal para la tormenta perfecta y caldo de cultivo para que, a las primeras de cambio, aparezcan brotes de racismo y xenofobia. Las redes sociales que difunden altercados callejeros en los que intervienen inmigrantes hacen de mecha incendiaria de una situación cada vez más explosiva. 

Lo lógico y razonable sería incrementar las derivaciones y aumentar los medios materiales y humanos y los acuerdos bilaterales para repatriar a aquellos que alteren el orden público o no tengan derecho a asilo o refugio. En paralelo es necesario arbitrar soluciones para la situación de los menores, más allá de confiárselos a alguna ONG con buena voluntad pero escasa capacidad de gestión. Esto de manera inmediata antes de que se extienda más la percepción cierta de que el Gobierno central y la UE tienen la indisimulada intención de convertir a Canarias, y en particular a Gran Canaria, en una suerte de nueva Lesbos o Lampedusa en el Atlántico. 

Después habrá que exigir a Bruselas que de una bendita vez se plantee algún tipo de política migratoria que permita regular y ordenar unos flujos humanos que seguirán operando haya o no vías legales para hacerlo. A la vista está el fracaso de la política de pagar a países poco amigos de respetar los derechos humanos como Turquía o a estados fallidos como Libia, a cambio de que frenen la llegada ilegal por mar de personas a suelo comunitario. 

Lo que no se puede hacer es actuar como malos bomberos que llegan al incendio cuando el fuego se ha descontrolado a pesar de haber sido alertados con tiempo más que suficiente. Porque eso es justamente lo que hicieron los Gobiernos de Madrid y de Canarias mientras en la UE miraban a los celajes. Debieron actuar con prontitud ante el fenómeno pero prefirieron encomendarse al hombre del tiempo a ver si escampaba solo. Esperemos que todavía no sea demasiado tarde para enmendar tanta incompetencia. 

El estado de la desunión

Intentando escapar del asfixiante ambiente político español con sus másteres y sus tesis - por no hablar de sus Torras - me he dado de bruces con los Orban, Junker y demás familia. Ha sido como salir de Guatemala y caer en Guatepeor, con perdón de los guatemaltecos que de esto no tienen culpa ninguna. No se puede decir tampoco que en los predios comunitarios se respire paz y aburrido sosiego. Lo que reina es populismo, xenofobia, desconcierto y ruido, mucho ruido. Habrá aún quienes sigan creyendo en el mantra de la integración europea y les admiro por su fe inquebrantable. A mí, en cambio, creer en tal cosa se me hace cada vez más cuesta arriba aunque reconozco que la alternativa es aterradora. A ver cómo se suma uno al coro de voces blancas que alaban las bondades de la Unión Europea mientras escucha al xenófobo Orban o el mortecino Junker. Al primero le han leído la cartilla en Bruselas y le han abierto un proceso que podría terminar retirándole el voto a Hungría en la organización comunitaria. 

Me parece que eso no le va a llevar a moderar su odio contra todo lo que suene a inmigración y derechos humanos, así que a ver cómo lo arregla Bruselas. Máxime cuando ni siquiera el Partido Popular Europeo, del que para vergüenza propia y ajena sigue formando parte el partido de Orban, ha sido capaz de expulsarlo. Pero para qué rasgarnos las vestiduras si los eurodiputados españoles del PP - entre ellos el canario Gabriel Mato - votaron en contra del proceso sancionador contra Hungría, como si no estuviera en juego precisamente el núcleo y la razón de ser de la UE. Puede que los mismos que apoyan al ultraderechista Orban luego se lamenten del ascenso de la xenofobia en Europa, aunque para entonces tal vez sea tarde. Resulta tan descorazonador como indignante que el PP haya preferido echarle un cable a un correligionario político de la ultraderecha que defender los valores fundacionales de la UE. Ello no les impedirá volver a bombardearnos con el mensaje de la integración en cuanto se acerquen las elecciones. ¿De qué integración cabe hablar en una Unión Europea que no cesa de enviar señales de declive, agotamiento y división? ¿Qué significa exactamente a estas alturas y después del penoso desempeño de la crisis por parte de la Unión Europea la palabra "integracion"? ¿Qué sentido tiene hablar de "integración" después del brexit y el ascenso de los partidos ultraderechistas en buena parte del continente?  

No ha mejorado mucho mi percepción de la salud comunitaria leer lo que ha dicho al grisáceo Jean Claude Junker, el presidente de la Comisión Europea, en ese discurso pomposamente llamado sobre el "Estado de la Unión", con el que parece querer emular al presidente de los Estados Unidos, cuyo discurso sí es seguido con mucho interés por los estadounidenses. En el caso europeo, el nulo interés de los ciudadanos, que en su práctica totalidad seguramente ni saben quién es Junker ni a qué se dedica, es el mejor termómetro para medir eso que algunos se siguen empeñando en llamar integración europea. De lo que dijo Junker me quedo, si acaso, con un par de reflexiones en voz alta sobre inmigración, el mayor reto al que se enfrenta la UE y ante el que está actuando con la ya conocida descoordinación y a partir del principio de que cada cual se las arregle como pueda. 

Las novedosas ideas de Junker para gestionar este asunto se reducen a reforzar las fronteras exteriores y acelerar las devoluciones. Pretende así tranquilizar a los países del norte y del este, poco proclives cuando no completamente contrarios a la solidaridad inmigratoria con el resto, y a los del sur que se enfrentan en solitario a la incesante llegada de inmigrantes. No digo que no le falte razón en el primero de los dos asuntos, pero una cosa es decirlo y otra poner de acuerdo a los países miembros para buscar el dinero que lo haga posible sin vulnerar los derechos de los inmigrantes. Esa misma advertencia cabe hacer a la agilización de las expulsiones: se requieren medios suficientes y adecuados para que las repatriaciones no se conviertan en expulsiones en caliente. 

Lo más lamentable es que Junker apenas hizo mención alguna a la necesidad de incrementar la cooperación en los países de origen y tránsito de los flujos migratorios hacia la UE y buscar vías legales y seguras de acceso al territorio comunitario. En realidad, ni falta que le hacía esforzarse tanto toda vez que sus propuestas probablemente irán a parar a algún cajón en donde serán olvidadas para siempre. Sin el preceptivo y vinculante visto bueno alemán, las ideas de Junker no son más que eso, ideas sin posibilidad alguna de convertirse en acciones concretas. A uno se le ocurre que quien debería pronunciar cada año el discurso del Estado de la Unión sería la canciller alemana: al menos sabríamos mejor a qué atenernos y en qué grado de desintegración comunitaria nos encontramos.