Cuando mentir es gratis

Con la huera solemnidad en la que suele envolver sus anuncios, el presidente Sánchez prometió el 5 de septiembre en su periódico de cabecera que los españoles pagaremos al final de este año por la luz lo mismo que en 2018. Apuesto a que ni sus fanes más entusiastas se creyeron aquel anuncio a la desesperada, pero le sirvió para ganar tiempo y calmar a Podemos ante las críticas a un Gobierno y a un presidente que llegaron a La Moncloa asegurando tener la varita mágica para meter el recibo de la luz en vereda. Pero el precio no ha parado de subir desde el verano y, a menos que medie un milagro eléctrico, los españoles pagaremos este año por la luz no solo más que en 2018, sino mucho más de lo que hemos pagado jamás en la historia de la energía eléctrica de este país. El calambrazo tira de la inflación y pone en el disparadero la recuperación económica y los bolsillos de 11 millones de consumidores. Mas no importa, Pedro Sánchez tiene una suerte inmensa al gobernar un país con una oposición enredada en sus juegos de tronos, unos sindicatos dispuestos a tolerárselo todo y una ciudadanía apática y exhausta tras año y medio de pandemia. Es así como conseguirá que haber mentido una vez más al país le salga gratis total. 

Estado de la cuestión

Partiendo de que la causa principal de la subida es el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, veamos cuál es la situación a fecha de hoy. Desde el verano el precio de la luz ha encadenado ya cinco récords y es probable que haya algunos más. En noviembre el precio medio para los 11 millones de consumidores con tarifa regulada, que representan el 40% del total, se había encarecido el 68% con respecto a noviembre de 2020, lo que supone pasar de 68 a 115 euros de media en solo un año. Esto significa que la subida de un suministro básico para familias y empresas haya registrado en España una de las mayores subidas del mundo, que se dice pronto. 

Las subidas han sido, son y seguramente aún serán de tal calibre que las medidas adoptadas por el Gobierno con más voluntarismo e improvisación que cabeza, han surtido el mismo efecto que administrar una aspirina para detener un cáncer. La rebaja del IVA del 21% al 10%, la reducción de las cargas reguladas y la supresión del impuesto sobre la generación, con fechas de caducidad el 31 de diciembre, se las han comido en poco tiempo las subidas constantes. Incluso aquel famoso Decreto ley con el que el Gobierno iba a recortar a las malvadas eléctricas unos 2.800 millones de euros de beneficios "caídos del cielo", ha terminado convertido en agua de borrajas y apenas lo notarán en sus cuentas de resultados.

Cómo me las maravillaría yo

A principios de septiembre y a la vista de que ni a palos conseguía el Gobierno aplanar la curva de los precios y de que Podemos empezaba a ponerse nervioso y a anunciar movilizaciones, fue Pedro Sánchez a donde la prensa amiga y lanzó su solemne promesa a la ciudad y al mundo. Su problema es que los precios de la energía eléctrica no entienden de promesas rimbombantes y han seguido subiendo en globo. A menos de un mes de que acabe el año y ante el riesgo cierto de que Sánchez se vea de nuevo desmentido por la realidad como tantas otras veces, el Gobierno ya está haciendo circular la cuenta de la vieja para evitarlo. 

El truco consiste en incluir en el cálculo a los siete millones de consumidores del mercado libre a quienes las subidas no solo les han afectado poco, sino que además se han beneficiado de la reducción de impuestos y costes fijos. Solo así, haciendo trampas, hay posibilidades de que Sánchez salve la cara. Aunque es cierto que en sus declaraciones no hizo distingos entre consumidores, todo el mundo entendió que se refería a los de tarifa regulada, los menos pudientes y los más expuestos a la volatilidad de los precios, que van a pagar este año un potosí por poner la lavadora o calentar la sopa a pesar de las promesas del presidente. 

Y peor que se va a poner

El Gobierno lleva tiempo desbordado y sin apenas margen de maniobra, mientras todo indica que los precios seguirán al alza al menos hasta la primavera. Sus lamentaciones ante Bruselas para que la UE se involucre no encuentran eco y tendrá que seguir improvisando como hasta ahora con los resultados ya conocidos. Tiene la posibilidad de prorrogar las rebajas fiscales e incluso aumentarlas, cargar algunos costes a los presupuestos o vincular la tarifa regulada a contratos a plazo para reducir la inestabilidad de los precios, como han propuesto algunos analistas. Claro que eso significaría recaudar menos y seguramente esas medidas no tardarían mucho en verse compensadas también por las próximas subidas. 

Con este panorama la recuperación económica a la que el Gobierno se sigue aferrando parece cada vez más lejana. Los precios de la energía son responsables directos de una espiral inflacionista como no se veía desde 1992. Las empresas están en la cuerda floja, los salarios se deprecian y las pensiones se tendrán que revalorizar el año que viene un 2,5%, ahondando más en el déficit. Los fondos europeos son por ahora un enigma, el paro ronda el 15% y el Índice de Miseria está a la cabeza de la Eurozona, doblando la media de los países del euro y colocándose solo por detrás de Brasil y Turquía entre los países más desarrollados. No es catastrofismo sino realismo, complicado más si cabe con el repunte de la pandemia y la aparición de una variante cuyas consecuencias aún se estudian, que puede causar nuevos estragos en el sector servicios cuando empezaba a levantar tímidamente el vuelo.

Obviamente no se puede responsabilizar a Sánchez de todos estos problema, aunque en el de la luz, por citar solo uno, ha primado la improvisación y ha quedado al descubierto su demagogia. A un gobernante no se le exige que le dore la píldora a los ciudadanos con promesas irreales como la del precio de la luz, sino que los trate como a adultos, les muestre la realidad por cruda que sea y explique qué piensa hacer y, sobre todo y ante todo, que no les mienta. Pero si como suele ocurrir las mentiras le salen gratis, podemos estar seguros de que reincidirá y entonces la culpa no será suya sino enteramente nuestra. 

El calambrazo

No les extrañe no haber escuchado estos días a la gente de Podemos y del PSOE, o a sus terminales mediáticas, llamando a rebato contra el nuevo calambrazo eléctrico como hacían cuando estaban en la oposición. La única razón es que ahora gobiernan ellos y quedaría poco aparente arremeter contra lo que uno hace o deja de hacer. Además, entre sus prioridades ya no figura acabar con la pobreza energética que tanto les preocupaba entonces; ahora, su principal objetivo es indultar más pronto que tarde a los independentistas presos para garantizarse seguir en el poder al menos dos años más.

El eterno debate eléctrico

El eterno debate sobre la carestía de la luz se ha encendido de nuevo a raíz de dos hechos recientes, coincidentes pero distintos entre sí. Uno ha sido el brutal incremento en los últimos meses del precio de la energía, hasta el punto de que en mayo había subido el 216% con respecto al mismo mes del año pasado. El encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, debido a la reducción de la oferta, son los responsables de una subida que tiene su correspondiente reflejo en el recibo. Al mismo tiempo, el 1 de junio entró en vigor el nuevo sistema tarifario con tres tramos horarios en los que el consumo se factura a precios diferentes. El más económico es el de la madrugada, lo que en teoría obliga a millones de familias a tener que poner la lavadora a horas intempestivas para que el recibo no les salga más caro que cenar en un restaurante de tres estrellas. 

Son familias de clase media y baja a las que este invento les pilla con la lengua fuera por los efectos de la pandemia sobre las economías domésticas y para las que el Gobierno no ha tenido a bien prever una adaptación paulatina a los nuevos hábitos de consumo que pretende implantar. En lugar de eso, ha guardado en un cajón su discurso contra la pobreza energética y ha abocado a millones de consumidores a adoptar hábitos incompatibles con el descanso y hasta con la dignidad. Incluso las organizaciones de consumidores próximas al Gobierno coinciden en que el nuevo sistema, además de poco práctico y denigrante, encarecerá aún más este servicio básico. 

Una eléctrica pública, la gran idea de Podemos

La respuesta de Podemos ha sido la esperada: exonerar al Gobierno y cargar de nuevo contra el oligopolio de las eléctricas. Para resolver el problema, la brillante idea que se les ha ocurrido no solo es contraproducente sino más vieja que la pana: crear una empresa eléctrica pública que "compita" con los malos de su película. Como iniciativa para combatir el paro entre su gente no está mal, pero hacerla pasar por nueva política no cuela: con ideas de tan comprobada ineficacia demuestran que la que de verdad les pone los dientes largos es la vieja política fracasada y clientelar.

Los del PSOE optan por mostrar buen corazón: sube la luz, es verdad, pero es por nuestro bien; las familias que vean que se les dispara el recibo, deberían estarle eternamente agradecidas porque seremos el primo de Zumosol de la UE en el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Si hace falta trasladamos el dormitorio a la solana y, para animarnos, nos convencemos de que estamos salvando el planeta. Si el Gobierno nos pidiera que nos alumbráramos con velas y quinqués no deberíamos dudar ni un minuto porque sería por una buena causa. Que en este loco planeta llamado España vivan familias con necesidades y problemas concretos y reales, no parece preocupar a un Gobierno que basa la bondad de sus medidas en grandes objetivos medioambientales que se dan de tortas con la realidad. 

Más transparencia y menos dogmatismo 

Si me perdonan la expresión, lo del recibo de la luz en España es de coña marinera: ni antes con el PP ni ahora con la izquierda en el Gobierno nos libramos de que nos frían con un recibo ininteligible y ante el que siempre tenemos la sospecha de que entre eléctricas y gobierno nos roban a cara descubierta. No se niega la necesidad de reducir el uso de unos combustibles fósiles cada vez más escasos y costosos, solo que este tipo de medidas deben modularse de acuerdo a la situación socioeconómica de los afectados e ir acompañadas de la necesaria pedagogía. De otra manera no son percibidas como lo que deberían ser sino como lo que son en realidad: un atraco a millones de familias que ven como su factura eléctrica no para de subir, gobierne quien gobierne, y como una arbitrariedad que se impone como artículo de fe en el que hay que creer porque lo dice el Gobierno. 

El mismo Gobierno que culpa del problema a las eléctricas, mientras pretende ocultar que cerca de dos tercios del recibo son costes regulados como peajes, distribución, políticas energéticas o impuestos. El Gobierno tiene que explicar porqué no reduce esos costes o porqué la Comisión de Mercados y Competencia, la autora intelectual de este sistema tarifario disparatado, siempre descubre los conchabos de las perversas compañías eléctricas cuando el perjuicio ya está hecho; que diga de paso también si piensa hacer algo con las famosas y poco ejemplares puertas giratorias, o piensa esperar a estar en la oposición para exigírselo al gobierno de turno. 

En pocas cosas estamos tan a oscuras en España como en el funcionamiento del mercado eléctrico y en la comprensión del recibo que debemos pagar por un bien de primera necesidad. Si el Gobierno empezara por la transparencia, la ejemplaridad y el encaje de sus medidas con la realidad del país, en lugar de por las imposiciones y la moralina medioambiental bienintencionada, creo que la mayoría aceptaría sin mucha resistencia contribuir según las posibilidades de cada cual a la lucha contra el cambio climático. Pero con discursos grandilocuentes y decisiones tan ajenas a la situación del país, ni siquiera lo necesario y conveniente se convierte en deseable.