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¡Es la gripe, idiota!

Pedro Sánchez está muy interesado en que se deje de hablar de la COVID-19 y de contar contagios y muertos en los medios y quiere que eso ocurra en cuanto remita la sexta ola. Podría decirse que a la vista de la dura resiliencia que ha mostrado el virus frente a sus proclamas propagandísticas en las que aseguraba haberlo derrotado, el presidente ha decidido cortar por lo sano y eliminarlo vía decreto, una forma de gobernar que le apasiona como es público y notorio. En esencia, su plan consiste en tratar los casos de COVID-19 como si fueran de gripe común y, a otra cosa, mariposa. No conviene olvidar que estamos a las puertas de un nuevo y largo ciclo electoral que se presenta extraordinariamente reñido en los predios de la izquierda por no mencionar los de la derecha. Por eso, cuanto antes se empiece a olvidar la manifiestamente mejorable gestión que ha hecho de la pandemia tanto mejor para sus ambiciones políticas, que al fin y al cabo son las que han guiado la mayoría de sus decisiones por encima del interés general. 

Es muy pronto para hablar de endemia

Que la actual pandemia seguramente terminará convirtiéndose en endemia es algo en lo que coincide la práctica totalidad de los expertos. Lo que no se puede asegurar es cuándo ocurrirá tal cosa, de modo que los planes del Gobierno para degradar el virus de la COVID-19 a la condición de gripe común son de momento extemporáneos. En esa apreciación hay también un amplio consenso que incluye a la Agencia Europea del Medicamento y a la Organización Mundial de la Salud. Ambas instituciones han advertido estos días de que aún no estamos ni de lejos ante el escenario que el Gobierno parece atisbar ya a la vuelta de la esquina, seguramente urgido por los compromisos electorales de Sánchez.  

La idea que baraja el Ejecutivo es cambiar la información sobre la incidencia de la COVID-19 y asimilarla a la que se emplea en el seguimiento de la gripe. Esto implica, entre otras cosas, dejar de hacer pruebas y acabar con el cansino conteo de contagios con el que día tras día nos machacan sin misericordia los medios de comunicación. Una red de médicos centinela sería la responsable de hacer un seguimiento de los casos diagnosticados y extraer las conclusiones estadísticas correspondientes sobre la circulación del virus. En definitiva, la idea de fondo es que la sociedad se acostumbre a convivir con el virus como ocurre con la gripe y alivie la presión sobre un sistema sanitario exhausto, que soporta ya a duras penas la sexta y masiva ola de contagios.

¿No anunció Pedro Sánchez que habíamos vencido al virus?

A bote pronto suena bien porque todos queremos dejar atrás cuanto antes esta pesadilla y recuperar la normalidad perdida hasta donde sea posible. Sin embargo, abrir ya el debate sobre lo que se ha dado en llamar la gripalización de la COVID-19 cuando se sigue registrando un elevado número de muertes y los contagios continúan en aumento, entraña riesgos importantes de los que también advierte la mayoría de los especialistas. El primero es la falta de rigor que supone y la confusión que este tipo de debates puede generar entre los ciudadanos, sin que haya certeza aún de cuándo alcanzaremos el pico de la sexta ola ni de lo que vendrá a continuación. 

La propia OMS ha advertido esta semana de que en los próximos dos meses se contagiarán millones de europeos y hay que recordar, además, los bajísimos porcentajes de vacunación en numerosos países de todo el mundo. ¿Y si se detecta una nueva variante más letal y nos pilla con el pie cambiado como ha ocurrido con ómicron? ¿Después de dos años de pandemia no hemos aprendido todavía a ser extremadamente prudentes cuando hacemos previsiones? ¿No anunció Pedro Sánchez su victoria sobre el virus y aún estamos como estamos? ¿Alguien previó la sexta ola o la aparición de una variante altamente contagiosa como la ómicron? ¿Cuántos muertos diarios son asumibles para dejar de hablar de pandemia y empezar a hacerlo de endemia? 

Por otro lado, algunos expertos también han recordado estos días que el carácter endémico o estacional de una enfermedad no presupone que sea menos virulenta o grave y alertan de que extrapolar los modelos de seguimiento de la gripe común a una enfermedad nueva como la COVID-19, no es precisamente lo más riguroso desde el punto de vista científico. Entre otras razones porque la COVID-19 es mucho más transmisible y letal que la gripe, como demuestran con creces los datos de contagios y fallecimientos.

No es el momento de levantar castillos de arena, sino de gobernar

Con sus medidas laxas, inoperantes y tomadas como a desgana y a destiempo, el Gobierno parece haber apostado por dejar que el virus circule a sus anchas, confiando tal vez en alcanzar así el pico de la sexta ola cuanto antes. La displicencia y la pachorra con la que se está actuando ha disparado las bajas laborales, tiene desbordada la Atención Primaria, exhaustos a los profesionales sanitarios y amenaza ya a los hospitales. Ante esta situación es irresponsable esconder la cabeza debajo del ala en lugar de poner los pies en la tierra y afrontar los hechos sin intentar difuminarlos u ocultarlos por intereses espurios. 

Es imprescindible proteger a los más vulnerables, insistir en la vacunación y en medidas de prevención de eficacia probada, vigilar la aparición de nuevas variantes y, sobre todo, cumplir de una bendita vez la promesa de reforzar una Atención Primaria que está al límite después de dos años durísimos para los que no estaba preparada y cuyos problemas crónicos no se solucionan con aplausos y palabras de gratitud. La primera y más urgente obligación del Gobierno, de cualquier gobierno, es gobernar el día a día, no levantar castillos de arena sobre escenarios tal vez aún lejanos e imprevisibles cuando la dura realidad te golpea todos los días en la cara. Y mucho menos si el objetivo inconfesable que se esconde detrás es que los ciudadanos se vayan olvidando cuanto antes de cómo se ha gestionado esta pandemia de COVID-19 e indulten al presidente cuando acudan a las urnas.

Astra Zeneca y el miedo

Según la ministra de Sanidad, la vacunación contra el coronavirus en España "va como un tiro". Aparte de que los fríos datos no avalan plenamente una afirmación tan triunfalista, la que ni de lejos va como un tiro es la capacidad de Darias para liderar y coordinar adecuadamente el decisivo proceso de vacunación que permitirá dejar atrás de una vez la crisis. Lo ocurrido con la segunda dosis de Astra Zeneca a los menores de 60 años que recibieron en su día la primera de esa misma marca, ha dejado a la vista de todos lo cogida que está con alfileres la denominada estrategia nacional de vacunación y su acomodo más a intereses políticos que de salud pública.

Sanidad: de bandazo en bandazo

Escasa confianza se puede tener ya a estas alturas en un Ministerio que se ha caracterizado durante toda la pandemia por sus constantes cambios de opinión. En la mente de todos están instrucciones como las del doctor Simón, según las cuales las mascarillas no solo eran innecesarias sino incluso desaconsejables. Los españoles no tardamos en descubrir que todo se reducía a que no había suficientes mascarillas para la población, en gran medida por el descontrol y la falta de previsión gubernamental. 

EFE

El lío que la ministra ha organizado ahora con la segunda dosis de Astra Zeneca tiene la pinta de obedecer a causas similares. Sanidad se escuda en un pequeño e incompleto estudio a unas 600 personas, hecho por un instituto de salud adscrito al propio Ministerio de Darias, para certificar que una segunda dosis con Pfizer no entraña riesgos. Como ha dicho la viróloga del CSIC Margarita del Val, con un estudio tan reducido es imposible conocer si una segunda dosis distinta de la primera tiene efectos adversos "poco frecuentes, infrecuentes o menos que muy infrecuentes". Sugería incluso que, si el problema es la falta de dosis de Astra Zeneca, se retrase el segundo pinchazo hasta que haya suficientes.

Salud pública politizada

Pero Sanidad ha optado por ignorar a la Agencia Europea del Medicamento, el organismo de la UE con autoridad sobre las vacunas y que nunca ha desaconsejado Astra Zeneca como segunda dosis sino que la ha recomendado. Lo mismo que la propia farmacéutica y, sobre todo, lo que pide la inmensa mayoría de los ciudadanos a los que se vacunó con esta marca y que ahora ven como el Gobierno hace todo lo posible para que acepten la de Pfizer: incluso sacar a pasear de nuevo las muertes producidas por trombos en personas vacunadas con la dosis anglosueca y de los que no habíamos vuelto a oír hablar desde hacia semanas. 

Que el Ministerio agite el miedo cuando los ciudadanos piden en masa que se les administre en el segundo pinchazo la misma vacuna que en el primero, probablemente estriba en la imposibilidad de Darias de garantizar la segunda dosis de Astra Zeneca a todos los que la exijan: bien porque no las haya solicitado o bien porque la farmacéutica no esté en disposición de entregar casi siete millones de vacunas antes de que acabe el verano. Esas son las dosis que se necesitan para dispensar el segundo pinchazo a los más de dos millones de menores de 60 años y a los más de cinco millones de entre 60 y 69 inoculados ya con una dosis de ese preparado. En total, unos 7 millones de dosis que deberían estar en España y ser administradas antes de que acabe el verano para que Pedro Sánchez pueda cantar victoria definitiva sobre el virus. 

Por eso Darias se ha puesto nerviosa y ha instando a las comunidades autónomas a que no den la opción de elegir entre Pfizer y Astra Zeneca y que administren la primera por defecto. Para intentar rebajar la presión ha aceptado que quienes prefieran la vacuna anglosueca firmen un consentimiento informado, cuando lo lógico hubiera sido que el consentimiento lo firmaran quienes aceptaran mezclar ambas vacunas. Aparte de que no es de recibo que la Administración haga recaer una decisión de esa naturaleza sobre las espaldas de los ciudadanos y se lave las manos, tengo pocas dudas de que toda esta confusión está directamente relacionada con el riesgo de que la campaña de vacunación se adentre en el otoño y le vuelvan a llover las críticas al Gobierno por su triunfalismo injustificado. 

Vacunación: no hay razones para el triunfalismo

Sin negar ni mucho menos que se ha experimentado un acelerón en las últimas semanas, tener a la población diana vacunada antes de septiembre requiere ir todavía mucho más rápido. En estos momentos el 18% de esa población tiene los dos pinchazos y alrededor del 37% tan solo uno. La media diaria de dosis se sitúa en algo menos de 400.000, por lo que, según cálculos, habría que llegar a unas 465.000 diarias para que se cumplan los objetivos. Lograrlo dependerá en gran medida de que no se produzcan nuevos problemas de suministro, en absoluto descartables a la vista de la experiencia a lo largo del tormentoso proceso de vacunación. 

Si el temor de la ministra es que una demanda excesivamente alta de Astra Zeneca arruine la posibilidad de que el presidente presuma de gestión y se ponga la medalla, debería reconocerlo con humildad y no usarnos una vez más como rehenes de sus estrategias políticas, que poco tienen que ver con la salud y con el consejo experto del que tanto presume este Gobierno para desoírlo cuando no le viene bien a sus planes. Porque ni se me pasa por la cabeza la posibilidad de que la querencia por Pfizer en detrimento de Astra Zeneca tenga algo que ver con la diferencia de precio entre las dos vacunas, mucho más cara la primera que la segunda. En ese improbable caso, que descarto por completo, ya no estaríamos hablando de estrategias políticas a costa de la salud pública sino de algo muchísimo más grave aún. 

Vacunas tengas y las pongas

Salvo el Gobierno y sus entregados admiradores, que no suelen dudar nunca de lo que prometen el presidente y sus ministros o ministras, no creo que haya mucha gente en España que se crea a estas alturas que para el próximo verano se habrán vacunado contra la COVID-19 nada menos que entre 32 y 35 millones de personas, la llamada población diana. Y fíjense que no digo junio, julio o agosto, sino el "próximo verano", de forma vaga y ambigua, como hace la ministra de Sanidad. 

Partamos de la base de que la responsabilidad de que la vacunación avance a paso de tortuga no es solo del Gobierno español ni de las comunidades autónomas. Para ser justos hay que reconocer que el caos con las vacunas de AstraZeneca prometidas y no entregadas, ha trastocado los planes iniciales, que tampoco es que fueran un dechado de planificación. De ese descontrol sí hay que culpar en buena medida a una inoperante Comisión Europea, a la que chulea a placer la firma británica y que, lejos de coordinar la campaña con los estados miembros, ha terminado enfrentándolos y provocando un bochornoso sálvese quien pueda. 

Que cada palo aguante su vela

La guinda del desbarajuste la puso el reciente parón de la vacuna británica, después de la aparición de trombos en algo más de una treintena de vacunados con su fórmula. Ahora bien, que AstraZeneca y el Reino Unido estén jugando al nacionalismo sanitario con la UE, no exime a los gobiernos nacionales como el español de su respectiva cuota de responsabilidad en la lentitud con la que avanza la vacunación. Empezando porque se está administrando solo el 80% de media de las dosis recibidas y eso gracias al pequeño acelerón que ha experimentado la campaña en los últimos días, ya que hasta hace apenas una semana el porcentaje de dosis administradas sobre el total de recibidas se situaba en torno al 75%. No parece complicado deducir que si quedan vacunas por administrar en relación con las que se reciben es, en esencia, porque no se está haciendo el esfuerzo en medios sanitarios que la situación requiere. 

Esta realidad se cruza con una gestión cuando menos cuestionable de la vacunación de los principales grupos de riesgo. Así por ejemplo resulta inexplicable que, tres meses después de haberse iniciado la campaña, la ministra de Sanidad admita sin inmutarse que aún se tardarán al menos dos semanas en vacunar a todos los mayores de ochenta años. Se necesita casi tener la fe del carbonero para creer en las promesas del Gobierno, a menos que los datos de las próximas semanas cambien radicalmente. 

España y Canarias: números manifiestamente mejorables

A fecha de hoy, solo el 5,2% de la población diana ha recibido las dos dosis correspondientes, lo que representan solo 2,5 millones de de los cerca de 35 millones que deben recibir la vacuna. Los expertos más optimistas coinciden en señalar que, con estos datos en la mano, el objetivo no se alcanzaría antes de noviembre, mientras los más pesimistas lo llevan a bien avanzado 2022. Solo hay que tener en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones de sanitarios y de millones de ciudadanos pueden suponer un nuevo parón que no nos podemos permitir. 

Si dispar es la situación entre países - en Marruecos y Turquía hay ya más vacunados que en España - no lo es menos por comunidades autónomas. Canarias en concreto se sitúa tres puntos por debajo de la media nacional en número de vacunas administradas por cada 100.000 habitantes. Aunque el presidente de la comunidad autónoma ha prometido en varias ocasiones que las islas vacunarían a un ritmo de 30.000 personas diarias, a fecha de hoy, el día en el que más vacunas se han puesto no se ha pasado de las 11.000. Es cierto que las islas van ligeramente por delante de la media nacional en personas que han recibido las dos dosis - 7% de Canarias frente al 5,2% nacional - pero para pasar de las apenas 100.000 personas vacunadas a las 1,35 millones que deben recibir la vacuna falta un larguísimo camino que, previsiblemente, no acabará en verano. 

A estas alturas resulta ocioso insistir en la importancia de vacunar a la población diana como paso previo e indispensable para empezar a hablar de recuperar la actividad económica. En ese sentido, los resultados obtenidos en las residencias de mayores, en donde los contagios han caído más del 90%, hablan por sí solos de la importancia de la vacuna. Por ello es menos comprensible si cabe la pachorra con la que las autoridades sanitarias se han tomado un asunto, que requería un verdadero zafarrancho de combate desde el primer momento para aprovechar hasta el último vial disponible. 

En abril, vacunas mil: ¿seremos capaces de ponerlas todas?

Ahora, la ministra de Sanidad anuncia para abril vacunas mil, como el refrán: la llegada este lunes de un millón de dosis de Pfizer y Moderna y de 5,5 millones de viales de la fórmula unidosis de Janssen a mediados de abril, aunque lo más probable es que la entrega se retrase hasta finales de ese mes. Con esas expectativas y a la espera de que la UE, el Reino Unido y AstraZeneca se pongan de acuerdo y lleguen las dosis comprometidas, podría ocurrir que de buenas a primeras tengamos muchas más dosis de las que somos capaces de administrar. Sin embargo, no parece que el Ministerio o las comunidades autónomas se hayan planteado un escenario en el que, habiendo viales suficientes, la vacunación no se acelera por falta de medios y de planificación. 

Si tenemos en cuenta que los datos de la pandemia no invitan al optimismo y que la Semana Santa podría ser la definitiva puerta de entrada a la cuarta ola, sería una irresponsabilidad mayúscula que no se agilizara al máximo la vacunación. Urge por tanto un plan que permita aprovechar todas las dosis y administrarlas cuanto antes y para ello hay que echar mano de los sanitarios a los que, de manera incomprensible e injustificada, el Ministerio y las comunidades autónomas han ignorado. No alcanzo a comprender por qué en Francia, Italia o Reino Unido vacunan los farmacéuticos y en España no se les permite. Y quien dice los farmacéuticos dice los veterinarios, los odontólogos o el personal sanitario de las Fuerzas Armadas; y dice también que es fundamental ampliar los lugares de vacunación a toda suerte de instalaciones en las que se puedan garantizar unas mínimas condiciones sanitarias. 

No puede ser que España haya superado ya las 75.000 muertes por coronavirus, que los contagios tiendan más a subir que a bajar y que la economía esté hecha unos zorros, mientras los responsables públicos arrastran los pies con las vacunas. Voy a confiar en esta ocasión en que esos responsables sepan actuar con la cordura y la diligencia que la situación requiere y no caigan en el viejo vicio nacional de improvisar y luego exculparse diciendo que "no se podía saber".