De aquellas mascarillas estos lodos

Escribí el otro día que si atendemos a los datos económicos y sociales del Archipiélago, para la mayoría de la población canaria no es una suerte vivir en la ultraperiferia española. Sin embargo, si formas parte del Gobierno regional puede llegar a ser incluso una bendición del cielo. Entre otras cosas porque te libras de la murga diaria de la llamada prensa “nacional” preguntándote por cómo, quién y por qué se pagaron cuatro millones de euros a una empresa de compra venta de coches por un millón de mascarillas que ni están ni se les espera. Y todo ello, para colmo, sin mediar verificación previa de esa empresa y sin otro contrato que el verbal, como si el dinero público se pudiera entregar al primero que pasa con el único aval de su palabra. Es también la suerte de apellidarse Torres, Pérez o Trujillo y no tener más peso político nacional que un comino. Si te apellidas Ayuso o Martínez-Almeida hay especiales diarios en ciertas televisiones, artículos de fondo, sesudos análisis y editoriales cruzados sobre el tráfico de influencias.

EFE

En todos lados cuecen mascarillas

No digo yo que el caso de las mascarillas madrileñas huela mucho a trigo limpio ni pongo las manos en el fuego por nadie, que de pacientes en la unidad de quemados por esa razón ya vamos servidos. Lo único que digo es que el rasero mediático es distinto en uno y otro caso, aunque la gravedad de lo ocurrido sea pareja. Si en el caso de Madrid se culpa al alcalde de no denunciar ante la Justicia el pelotazo de los comisionistas Luceño y Medina, en el caso canario cabe preguntarse también porqué el Ejecutivo autonómico no hizo lo propio cuando la empresa a la que le encargó las mascarillas no cumplió su parte del trato verbal a pesar de haber recibido el pago acordado. Hasta  el vicepresidente Rodríguez se ha desmarcado y considera conveniente llevar el asunto a los  juzgados, pero el consejero de Sanidad alega que el dinero se recuperará antes por vía administrativa que judicial. Lo cierto a día de hoy es que lleva ya una decena de requerimientos de devolución y aún no ha visto un euro.

Ahora es cuando amaga con acudir a los tribunales - a conejo ido palos a la madriguera - y se hace pasar por la víctima de un asunto en el que los verdaderos perjudicados somos los ciudadanos canarios, cuyos impuestos el Gobierno destinó alegremente – y puede que hasta delictivamente - a comprar una partida de mascarillas que terminaron destruidas por no ajustarse a las normas de la UE. Como ocurre casi siempre en estos casos, en medio pululan los intermediarios entre el Gobierno canario y la empresa incumplidora y entre esta y el supuesto fabricante proveedor.

“El Gobierno no es la víctima, lo son los ciudadanos cuyo dinero se ha entregado a cambio de nada”

Del segundo de esos intermediarios se sabe que ya se embolsó 25.000 euros de comisión por sus gestiones y muy extraño sería que el primero no hubiera recibido también su parte. Muy convencido se muestra el Gobierno de recuperar no solo los cuatro millones de euros pagados en balde sino los 800.000 euros correspondientes a los apremios a los que la empresa no ha respondido. Ahora, en cambio, esa misma empresa se descuelga con la propuesta de traer 1,2 millones de mascarillas para compensar el descosido en las cuentas públicas. No me sorprendería que el Gobierno terminara aceptando, exponiéndose a ser burlado por segunda vez.

¿La punta del iceberg?

A la vista del preinforme de la Audiencia de Cuenta de Canarias revelado por Canarias 7, cabe preguntarse si la compra de las mascarillas a una empresa de venta de coches sin cumplir ningún requisito legal es solo la punta del iceberg de lo que ocurrió en los primeros meses de la pandemia. En ese documento se señala algo que es de Perogrullo: la urgencia derivada de la pandemia y el estado de alarma no exoneraba en ningún caso a las administraciones públicas de su obligación legal de comprobar con quién se gastaban los cuartos de los contribuyentes. En el caso que nos ocupa, el Gobierno de Canarias no verificó nada, ni la solvencia de la empresa ni la adecuación de su actividad habitual al fin por el que se le abonaron cuatro millones de euros mediante un acuerdo verbal y telefónico que nunca cumplió. 

Dice también la Audiencia que un tercio del centenar de contratos analizados no estaban debidamente justificados ni explicada la necesidad de su tramitación urgente. Es más, señala también que se hicieron pagos por más de 42 millones de euros que ni siquiera contaban con la autorización del Consejo de Gobierno, lo cual puede devenir en su nulidad de pleno derecho. En otras palabras, no es exagerado afirmar que la mayor parte de las compras sanitarias en los primeros meses de la pandemia están ahora bajo sospecha de haberse realizado sin respetar la legalidad.

Además de las judiciales existen las responsabilidades políticas

Tuvo que ser un particular el que llevó este caso a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no dice mucho en favor ni de la transparencia de la que presume el Gobierno autonómico ni de su probidad y diligencia en el uso del dinero público. A lo que estamos asistiendo estos días es a las consecuencias del descontrol generalizado que reinó en los inicios de la pandemia, con un Ministerio de Sanidad incapaz de centralizar las compras de material sanitario y unas comunidades autónomas obligadas a arreglárselas por su cuenta sin reparar en el cómo ni en el cuánto.

Eso, sin embargo, solo explica lo ocurrido pero no exculpa a los responsables políticos de haberse saltado la legalidad como si no hubiera un mañana y como si el dinero público no fuera de nadie y se le pudiera entregar a cualquiera que prometiera guantes o mascarillas sin más garantías que su palabra de caballero. Al margen de las responsabilidades judiciales que en su caso se determinen, existe algo llamado responsabilidad política que, aunque sea muy poco habitual en España, se debería concretar en dimisiones o ceses de quienes tomaron decisiones presuntamente reñidas con la legalidad. Vivir en la ultraperiferia no debería dar derecho también a disfrutar de patente de corso.

Día de Canarias: ¿una suerte vivir aquí?

A las puertas del Día de Canarias el Gobierno autonómico ya nos ha obsequiado el ineludible vídeo con el marchito tópico del fuego y el mar, que ya conocemos de memoria después de años machacando en la misma idea. De nuevo se sucederán los parabienes por vivir aquí, porque aún siendo la comunidad más pobre y con la mayor tasa de paro del país, en contentura y ganas de fiesta no nos gana nadie; se volverán a escuchar discursos oficiales cargados de buenas intenciones y autojustificaciones, veremos al Gobierno premiándose a sí mismo, nos revestiremos de típicos por unas horas, muchos incluso se atreverán con una isa y un sancocho y, al día siguiente, felices de haber tenido un día más de fiesta, regresaremos a la tozuda realidad cotidiana de un archipiélago al que, si no es por Juana es por la hermana, cuando no por ambas, le va a costar levantar cabeza. No tengo nada contra quienes celebran así el Día de Canarias, aunque habrá a quien mi forma de ver esa jornada le parezca demasiado pesimista y hasta poco patriota. En cualquier caso, me resisto a disfrazar de falso optimismo un panorama imposible de soslayar ni aún con la mejor de las intenciones.

Paro e ineficacia pública

Un rápido y somero repaso de los datos económicos y sociales bastan para convencerse de que vivir en Canarias a fecha de hoy es como mínimo para estar preocupados por el futuro, no digo ya para alegrarse. Según la EPA, el Archipiélago es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro y la segunda que más empleo destruyó en el primer trimestre del año. También lidera el paro juvenil no solo de España sino de la Unión Europea, y aunque es cierto que en el último año ha habido un aumento de empleados y de afiliación, la precariedad laboral es la norma generalizada.

Mientras el paro parece ya un problema crónico de la economía canaria, hasta el punto de que ni el regreso de los turistas tras la pandemia permite reducirlo significativamente, a nadie le debería sorprender que Canarias sea también una de las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y exclusión social. Solo de drama social cabe calificar que 630.000 canarios se encuentren en esa situación o que 300.000 padezcan exclusión severa o que 125.000 estén en situación crítica, según el último informe de FOESSA.

No cabe duda de que la pandemia agravó un problema que, como el del paro, también se ha vuelto crónico. No obstante, al empeoramiento ha contribuido de forma decisiva la ineficacia y la ineficiencia de los poderes públicos para responder en tiempo y forma a esa realidad. Con solo decir que el publicitado Ingreso Mínimo Vital apenas llega aún al 7% de los que lo necesitan en Canarias, está dicho prácticamente todo. No extraña tampoco por tanto que las islas encabecen también la clasificación de comunidades en las que menos cobertura ha alcanzado el IMV, presentado poco menos que como la panacea contra la pobreza, contra la que las únicas panaceas posibles son la educación y el empleo. 

Dependencia, el lunar más negro

Aunque el gran lunar negro de la gestión autonómica sigue siendo la atención a la dependencia, en donde – cómo no – Canarias lidera también la lista de personas en el limbo, es decir, dependientes con el grado de dependencia reconocido que aún no perciben la prestación o el servicio a que tienen derecho. En las islas mueren cada día 8 personas esperando por esa prestación y se tardan 900 días de media en resolver un expediente de dependencia. Aún así, Canarias redujo el año pasado en cerca de 44 millones de euros su aportación a la dependencia, según acaba de revelar la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Una suerte vivir aquí para los dependientes?

La escasa diligencia autonómica para dar respuesta a la aguda crisis social que sufren las islas va pareja con el menosprecio y el ninguneo que el Gobierno central sigue exhibiendo ante la realidad de la comunidad autónoma con los peores datos económicos y sociales del país. La penosa gestión de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, utilizado por Pedro Sánchez para su lucimiento personal, es solo un botón de muestra al que cabe añadir el desconocimiento, cuando no el desdén, de Madrid ante el cumplimiento del REF o la pachorra frente al drama humano de la inmigración.

Un giro con Marruecos que aumenta la incertidumbre...

Ahora, el ministro de Exteriores ha venido a Canarias a reconocer que la pirueta de Sánchez respecto al Sahara tampoco ayudará a reducir el número de inmigrantes que intentan llegar a las islas, un intento en el que muchos pierden la vida. Esa fue precisamente la excusa con la que se vendió a la opinión pública un acuerdo que, por si no había ya suficientes dificultades en las islas, ha ensombrecido aún más el futuro de un archipiélago que tiene la mala suerte de no llamarse Cataluña.

La pandemia o el volcán pueden considerarse atenuantes, pero en ningún caso eximentes de la falta de empuje e ideas del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni mucho menos para justificar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez y de algunos de sus ministros. La suerte que tiene el presidente canario Torres es que la oposición parece haberle dado bula hasta las elecciones y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos o hacerse oposición a sí mismos, pero ni se les pasa por la mente despegarse del poder. 

Torres insiste en que todo irá viento en popa a partir de ahora y que la economía canaria crecerá más que ninguna otra. Mientras ese feliz y dorado momento llega y a falta de solo un año para las elecciones, no se conoce aún cuál es la hoja de ruta y los hitos que piensa seguir el Gobierno autonómico para superar esta crisis, más allá del fárrago de planes, estrategias, perspectivas y agendas tan bienintencionados como poco realistas. Torres también gusta de prometer que dejará una Canarias mejor que la que encontró, pero, a fecha de hoy, los principales indicadores económicos y sociales demuestran que la situación ha empeorado en los tres últimos años y no solo por culpa de la pandemia o del volcán, sino también por la impericia y la ineficacia del Gobierno. Además de quienes sufren a diario el drama del paro, la pobreza o la exclusión, o de quienes mueren esperando la prestación de la dependencia, si hay alguien en Canarias que debería saber mejor que nadie que para la mayoría de los canarios no es una suerte vivir aquí, ese debería ser Ángel Víctor Torres.  

El emérito y el cainismo

En un país cainita y de excesos como España, el breve regreso del rey emérito después de casi dos años ausente por voluntad propia no podía sino estar rodeado de excesos por parte de todos: de quienes desde algunos púlpitos mediáticos y desde las calles de Sanxenxo han lanzado ¡vivas! y de quienes, desde los púlpitos opuestos y desde las redes, han lanzado ¡mueras! Como no podía ser de otra manera, el propio comportamiento del emérito durante estos días también ha estado marcado por algunos excesos, cuando lo que más convenía a la institución que representó y a la que terminó defraudando era precisamente pasar desapercibido por más que no tenga causas judiciales pendientes en España. Pero dicho eso, ahora que el emérito ha retornado a Abu Dabi después de un largo encuentro con su hijo coronado en el que no deben haber faltado reproches filiales por una conducta paterna poco edificante, tanto los que lo jaleaban como los que pedían su cabeza tendrán que buscar nuevas armas de distracción masiva. Mientras, la inmensa mayoría del país seguirá luchando para salir adelante a pesar del Gobierno.

Luces y sombras

Todo lo que viene ocurriendo con Juan Carlos I, desde antes incluso de su abdicación, me ha producido siempre sensaciones ambivalentes, y creo que lo mismo le ocurre a la mayoría de los españoles. Los dientes de leche de la conciencia política me nacieron coincidiendo con la muerte de Franco y la Transición. Recuerdo con todo detalle dónde estaba y qué hacía el 23-F, así como el miedo y la zozobra que sentí durante aquellas horas y el alivio que supuso el mensaje del rey aquella noche histórica, en la que se jugó incluso la vida o cuando menos la corona frente a los golpistas.

A partir de ahí la figura del rey se agrandó, la monarquía se legitimó definitivamente y el país enteró se convirtió al juancarlismo. Pero pronto Juan Carlos I pasó a ser un intocable para la prensa, para los políticos y para los propios ciudadanos. Algún día habrá que hacer recuento del daño que le hizo a la institución monárquica cubrirla con un manto de silencio y rodear al rey de halagos inmoderados y acríticos. Salvo algunos rumores rápidamente acallados, durante décadas la monarquía y su titular fueron tabú periodístico y político hasta que la crisis económica de 2007 cambió las cosas para siempre y determinados comportamientos se volvieron intolerables.

Se abre el melón

Abierto el melón de la monarquía por el lamentable comportamiento de su titular, no tardaron en olvidarse los servicios prestados a la democracia y al progreso del país y la izquierda populista aprovechó la grieta para hacer palanca contra la Constitución del 78 y la forma del Estado. Lo que se ha ido conociendo en los últimos tiempos, la avaricia desmedida del monarca y sus maniobras económicas en la oscuridad, empañaron aún más su innegable aportación a la concordia entre los españoles y pusieron a los pies de los caballos la institución sobre la que se asienta el orden constitucional.

Hace casi dos años terminó de emborronar su hoja de servicios con una marcha de España que tenía el aspecto de una huida precipitada por más que asegurara que se iba para “no perjudicar a su hijo”, a quién le ha dejado en herencia el marrón de gestionar el dañado prestigio de la monarquía. A pesar de los desplantes y de las afrentas que le dedican casi a diario quienes desean arramblar con el modelo constitucional y lanzar basura sobre él, Felipe VI ha dado pruebas de estar a la altura de lo que se demanda en pleno siglo XXI de una monarquía parlamentaria y constitucional, que debe legitimarse cada día por la rectitud ética y moral de los comportamientos públicos y privados del titular de la corona y los miembros de la familia real.

Explicaciones debidas

A pesar de no tener causas pendientes con la Justicia, en buena medida gracias a la inviolabilidad de la que disfrutó mientras fue jefe de Estado, y teniendo en cuenta el fuerte carácter simbólico de la monarquía, creo que el rey emérito sí debe al menos algún tipo de explicación a los españoles que pusieron su confianza en la rectitud de sus actos privados. Lo que resulta cuando menos sarcástico, por no calificarlo de cínico, es que las exija también Pedro Sánchez, uno de los presidentes de gobierno de la democracia más opacos y alérgicos a dar explicaciones.

Por lo demás, Juan Carlos I no representa un peligro para nadie y no tendría que haber ningún problema para que fije su residencia en España si así lo desea. Por decirlo en otros términos, el emérito, con sus muchas luces y sus no pocas sombras, ya forma parte de la historia de España para lo bueno y para lo malo, algo que los españoles deberíamos aprender a conciliar sin hacer tantos aspavientos ni llevar las cosas a los extremos por una y otra parte.

La institución monárquica española espera reformas que la adapten a las demandas ciudadanas de transparencia e integridad, empezando por la inviolabilidad, una prebenda que, en mi opinión, no debería amparar los comportamientos privados del monarca durante su reinado. En todo caso, de lo que no tengo ninguna duda es de que, con monarquía o con república, seguiríamos siendo un país cainita y de excesos, incapaz de reconocer y distinguir lo negativo de lo positivo, lo que también significa comprender que las instituciones deben estar por encima de las personas, aunque estas jamás las deben utilizar para su lucro particular so pena de acabar con ellas.  

Sánchez, Canarias y el amigo marroquí

Cuando oigo a un político prometer algo me acuerdo de la canción de Pablo Milanés: “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”. El 23 de marzo Pedro Sánchez acudió raudo a Ceuta y Melilla a “explicar” su amplia reverencia ante el rey de Marruecos en el contencioso del Sahara, conocida por sorpresa solo unos días antes a través del Gobierno marroquí, que no del español. Ese mismo día el presidente de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres, decía solemnemente en el Parlamento autonómico que Sánchez “tendrá que explicar en el archipiélago su carta al rey de Marruecos”, que el dirigente regional calificó de “relevante” y “trascendente”, para añadir que “ninguna propuesta tendrá recorrido si no es con el acuerdo entre las partes”. A Torres se le pasó el pequeño detalle de que Sánchez ha despreciado olímpicamente la postura de una de las dos partes, por no hablar de Argelia, de la oposición española y hasta de sus ministros y socios de gobierno, antes de postrarse a las plantas de Mohamed VI y jurarle que la propuesta autonomista es “la más seria, realista y creíble”. A lo mejor lo es, pero eso lo deben decidir los saharauis y eso es lo que debe respetar Sánchez.

EFE

Canarias y la danza de los siete velos 

El 26 de abril, mas de un mes después, el mismo Ángel Víctor Torres de antes afirmó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, estaba “preparando un viaje en las próximas semanas a Canarias” para explicar la pirueta saharaui de Sánchez, a quien, al parecer, su apretada agenda no le impidió viajar ocho veces a La Palma para fotografiarse junto al volcán, pero sí le impide subirse al Falcon y darse un salto a los territorios de ultramar para despejar las numerosas incertidumbres provocadas por su danza de los siete velos en Rabat. Hay tantas cuestiones trascendentales para Canarias en el cambio de posición sobre el Sahara, que demorar más su explicación es confirmar que las islas, su futuro y sus intereses no están ni se les espera tan siquiera en la trasera de la última hoja de la agenda gubernamental. Imaginen que esto afectara a Cataluña o al País Vasco. 

La reactivación ahora de la estancada comisión hispano – marroquí para abordar el peliagudo y demorado asunto de la delimitación de las aguas territoriales sería una buena noticia si pasamos por alto la política de hechos consumados de Marruecos en las aguas del Sahara y el asentimiento dócil de España. Hace poco más de dos años el Parlamento marroquí aprobó, unilateralmente y ante el silencio español, ampliar las aguas territoriales y crear una zona económica exclusiva que choca de lleno con la que nuestro país reclama para Canarias. Es evidente el interés marroquí por las riquezas submarinas insulares y, francamente, a la vista del tradicional entreguismo español a las tesis de Rabat, el hecho de que las islas tengan un representante en esa comisión tranquiliza muy poco si su status se limita al de un mero convidado de piedra.

Vuelven las prospecciones y siguen llegando pateras

En esas estábamos cuando, ¡oh, sorpresa!, se anuncian prospecciones de hidrocarburos en aguas supuestamente marroquíes, a unos pocos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. De buenas a primeras se disparan de nuevo las alarmas y se ponen sobre la mesa los riesgos ambientales de una actividad de la que se desconocen las medidas de seguridad adoptadas y quiénes serían los responsables de los daños económicos y medioambientales de un eventual accidente. Una vez más, el Gobierno canario parece haberse enterado por la prensa de lo que se cocía a unos pocos kilómetros de las costas de las islas y que, probablemente, el Gobierno central sí conocía.

Con todo, la inmigración es el aspecto más cínico de ese acuerdo a costa del pueblo saharaui. Aún así, las llegadas de inmigrantes a Canarias desde que se dio a conocer el giro de Sánchez se han incrementado un 20%, si bien ha disminuido la presión sobre Ceuta y Melilla. Los inmigrantes, ante cuyas muertes y desapariciones en el mar el Gobierno español y el canario se dan golpes de pecho, se han convertido en indecente moneda de cambio en este trato espurio. Es difícil no ver que Marruecos se ha comprometido de palabra a impedir – cuando le convenga, claro está - la salida de sus propios ciudadanos hacia Ceuta y Melilla y hacia Canarias a cambio de que España ceda en el Sahara y quién sabe en qué más.

¿Se negoció con Marruecos sobre la soberanía canaria?

La pregunta es una de las más preocupantes si recordamos cierto titular, según el cual, el acuerdo “obliga a Marruecos a desistir (sic) de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. El ministro Iceta lo retuiteó al instante e incendió las redes, demostrando que en este Gobierno hay mucha gente a la que le falta un buen hervor. ¿Se puso en algún momento sobre la mesa la soberanía de Canarias, Ceuta y Melilla en el conchabo con Marruecos? ¿A qué viene hablar de que Marruecos “desiste”? ¿Qué negoció Sánchez con Marruecos a propósito de Canarias, Ceuta y Melilla? La guinda al lamentable espectáculo la ha puesto Pegasus y sus escuchas. Todo lo anterior, desde el inesperado giro de Sánchez a los supuestos términos del acuerdo con Marruecos, ha quedado indeleblemente manchado por la sospecha de un chantaje marroquí si, como todo indica, el espionaje partió de ese país.

A modo de resumen, Canarias lleva décadas pagando los platos rotos de la política de apaciguamiento español con el vecino del sur. La pesca, la agricultura o la inmigración son solo tres ejemplos de lo que ha supuesto para los intereses de estas islas una política exterior con Marruecos que ha tenido mucho menos de buena vecindad en pie de igualdad que de hechos consumados marroquíes con consentimiento español. Un Gobierno canario, cuyo presidente ha demostrado que su peso político en Madrid no alcanza la categoría pluma y cuyos socios lloriquean por las esquinas sin atreverse a dar un golpe sobre la mesa, no garantiza que en este momento crucial se defiendan tampoco los intereses canarios. Hoy es 20 de mayo de 2022 y ni Sánchez ni Albares se han dejado caer aún por Canarias. Torres calla y, como decía Milanés, “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”.

Teoría y práctica de la crispación

Dice el CIS – sí, el de Tezanos – que los españoles estamos hasta la coronilla de la crispación política: ocho de cada diez nos declaramos hondamente preocupados, 9 de cada diez queremos que los partidos se pongan de acuerdo en algo que no sea repartirse los cargos públicos y seis de cada diez creemos que son precisamente ellos, los políticos, los que se pirran por una buena bronca en la plaza pública. Aunque unos más que otros, porque también dice la encuesta de marras que son el PSOE y Vox los que más hacen por la causa crispadora, a mucha distancia del PP y Podemos. Si Tezanos lo dice, quién soy yo para contrariar a un sondeador de su probada independencia y nivel de aciertos. Sin embargo, a mí todo esto me escama mucho habida cuenta de que los políticos españoles tienen una larga tradición en la práctica de la filosofía Zen y el buen rollito, evitan a toda costa poner como chupa de dómine a sus adversarios y son unos rendidos admiradores de las somnolientas democracias escandinavas. Lo que parece claro es que, si los políticos crispan tanto como dice el CIS que dicen los ciudadanos, estos, por el contrario, están más aletargados que nunca. ¿Y el Gobierno? ¿No crispa también el Gobierno? Algo no cuadra aquí. 

Alberto di Lolli

El arte de tocar las narices siempre y por todo

Primero deberíamos ponernos de acuerdo sobre el significado de “crispación”, porque aquí cada cual usa el término para asar su sardina. Si tiramos de Academia, “crispar” es, según el DRAE, “irritar o exasperar a alguien”. Hay quien define “crispación” como el desacuerdo permanente y sistemático sobre las iniciativas, propuestas, gestos, actuaciones o decisiones del otro, presentados desde la otra parte como un cambio espurio de las reglas del juego, incompetencia, electoralismo, carencia de proyecto, corrupción, etc., etc. Hablando en plata y por lo llano, crispar viene a ser tocarle las narices por cualquier motivo y en todo momento al contrario político, todo ello con el único fin de que no decaiga la tensión social y que los respectivos hooligans tengan carnaza de la que alimentarse. Vista así, crispación y polarización son términos intercambiables y equivalentes.

Este problema no es nuevo en las democracias ni exclusivo de nuestro país. En esto España no es diferente de Italia, Francia o el Reino Unido, aunque, a ojos de la ciudadanía, aquí la dolencia parece que se ha agravado más rápido según las encuestas. Entre los analistas hay coincidencia en que el punto de inflexión fue la aparición de Podemos y poco después de Vox como su contraparte. En un ambiente crispado o polarizado, alimentado desde las redes y los medios, el diálogo y el compromiso se cotizan cada vez más caros por miedo a perder votos, la democracia se bloquea, las instituciones se desprestigian y la desafección ciudadana crece.

"La aparición de Podemos y Vox marcan un antes y un después en la crispación en España"

Del mismo modo se exaltan las emociones, se avientan las teorías de la conspiración y se cultiva la llamada “moral del asco”, que prescinde de la argumentación y reduce al máximo el espacio para el diálogo y el acuerdo. El partido, la ideología, el territorio, el feminismo, la corrupción, la inmigración, la pandemia, la economía, la monarquía, la Guerra Civil, el franquismo y hasta el Festival de Eurovisión: todo vale para polarizar o crispar, a veces también para desviar la atención, haciendo que los votantes fieles se sientan cada vez más aislados e incluso enfrentados a quienes no comparten sus puntos de vista: o conmigo o contra mí, no hay término medio ni espacio para la discrepancia. El viejo Torquemada habría disfrutado de lo lindo en la España de hoy.  

El comodín de la crispación para silenciar al adversario

Pero deplorar la crispación como un mal para la democracia no debe impedirnos ver el uso torticero que se hace del término para intentar acallar las críticas legítimas de los adversarios, con el mal disimulado objetivo de imponer el discurso oficial. En esto son maestros el presidente del Gobierno y su nutrida legión de cortesanos, a los que se les llena la boca de diálogo y sentido de Estado al tiempo que acusan de antidemócratas y fachas a los que se atreven a ponerle peros a las decisiones gubernamentales. Puestos a crispar que tire la primera piedra quien esté libre de culpa: la oposición no suele pecar por defecto sino todo lo contrario, pero el Gobierno, sus socios y sus voceros más manporreros tampoco son mancos, aunque ante la opinión pública aparezcan como inocentes corderos que no han roto un plato.

"No hay democracia sin crispación, el problema surge cuando se cruzan todas las líneas rojas"

Sin que esto suponga justificar la polarización de la vida pública, la democracia es un sistema político basado en la competencia por el poder de acuerdo con un marco normativo aceptado por la mayoría. Lo lógico y consustancial a un sistema de esas características es que se produzca un cierto grado de tensión entre los actores políticos que inevitablemente trasciende a la ciudadanía. La ausencia de enfrentamientos y controversias en defensa de los respectivos planteamientos y puntos de vista no sería precisamente síntoma de buena salud democrática, sino de todo lo contrario. En España todos conocemos desde hace mucho el significado de la expresión “la paz de los cementerios” y no creo que la mayoría la prefiriera a un poco de ruido político.

El problema surge cuando ese ruido se vuelve escandalera y se traspasan todas las líneas rojas del respeto a la verdad, al adversario y a las instituciones en las que se sustenta la democracia. Por desgracia, en España esa situación se produce con una frecuencia cada vez mayor, tanto en el Parlamento como fuera de él en las redes o en los medios. La crispación se ha convertido en un modus operandi muy poco democrático de hacer política y de que eso ocurra son responsables todos o casi todos los partidos y todos o casi todos los políticos en mayor o menor medida. Es mayor si cabe la responsabilidad del Gobierno, sobre el cual recae el deber de separar sus obligaciones institucionales del discurso de los partidos que lo sustentan, en lugar de esconderse tras la crispación para anatemizar las críticas y actuar como aquel que iba con la cruz en el pecho y el diablo en los hechos. 

A los pies del separatismo

No es una exageración, es la realidad a poco que se reflexione: el Gobierno español lleva toda la legislatura viviendo, sufriendo y respirando por los poros del separatismo catalán, de cuyo aliento depende en gran medida que Pedro Sánchez cumpla su deseo de agotar la legislatura. Lo que los independentistas reclaman, sus caprichos y sus órdagos para calibrar hasta dónde está dispuesto a ceder Sánchez, adquiere inmediatamente la categoría de asunto de estado, prioritario y urgente: todo el Gabinete se desvive para satisfacer las exigencias de quienes tienen como principal objetivo obtener el mayor rédito político aprovechando que el único principio que guía la acción del presidente es mantenerse en el poder cueste lo que cueste a las instituciones y al país. Todo lo demás puede esperar por urgente que sea, las demandas independentistas deciden la agenda gubernamental en detrimento de otras necesidades más perentorias. No es tan excesivo como pueda parecer concluir que España está en buena medida gobernada desde la Generalitat de Cataluña y desde la sede de ERC. Sánchez no sólo está en manos del separatismo, también está a sus pies.

EP

Espionaje y ruedas de molino

El Gobierno hace esfuerzos vanos para que comulguemos con una descomunal rueda de molino, según la cual el vergonzoso cese de la directora del CNI tiene algo que ver con los pinchazos de Pegasus a los teléfonos del presidente y de los ministros de Defensa e Interior. Sobre esto ya señalé en otro post que en política no existen las coincidencias y este caso no es una excepción. El cese es la ofrenda debida a los independentistas a cambio de que no le retiren el apoyo a Sánchez, después de conocerse que una veintena de ellos había sido vigilada con aval judicial por el CNI.

El riesgo de tener que poner un abrupto punto y final a la legislatura obligó a Sánchez a ordenar a su fontanero mayor Bolaños que aireara a los cuatro vientos que el Gobierno también había sido espiado con Pegasus hacía un año. Lo lógico y natural en un presidente que se respete a sí mismo y a los ciudadanos y que valore la importancia de la seguridad nacional, habría sido actuar con discreción, averiguar dónde estuvo la falla y actuar en consecuencia. Dar a conocer urbi et orbi y de forma oficial que el Gobierno español había sido espiado y hacerlo a pocas semanas de una cumbre crucial de la OTAN, es algo que solo hace alguien tan agarrado al poder que incluso la seguridad y la imagen internacional del país le importan tres pimientos.

"Solo alguien tan apegado al sillón como Sánchez airea los fallos en la seguridad nacional para mantener el poder"

Nadie en su sano juicio puede creer que en La Moncloa no se conociera ese agujero en la seguridad hasta justo el momento en el que Aragonés y los suyos pidieron que rodaran cabezas. Es más, si hay alguien responsable en primera persona de ese fallo es precisamente el ministro Bolaños, entre cuyas atribuciones figura precisamente garantizar la seguridad de las comunicaciones de La Moncloa. A propósito de esa responsabilidad se ha sabido que el CNI transmitió hace un año una serie de instrucciones de seguridad para el presidente y sus ministros. Bolaños tendría que explicar si se las hizo llegar a quienes iban dirigidas o si estos no las cumplieron. Puede que debiera haber sido su cabeza y no la de la responsable del CNI la que tendría que haber rodado en este sainete.

Margarita Robles, quién la ha visto y quién la ve

Con el escenario de las justificaciones ya bien dispuesto, llegó el momento anunciado de poner sobre una bandeja de plata la cabeza de la responsable del CNI para calmar a los independentistas. Los políticos nos tienen acostumbrados a comparecencias que solo merecen el calificativo de ignominiosas y la que ofreció el martes la ministra de Defensa no escapa a esa categoría. 

Margarita Robles, la única ministra que se atrevía a levantar la voz ante independentistas y filoetarras y a defender el estado de derecho, ha dejado también patente que le puede más el cargo que la dignidad de no hacerle el trabajo sucio al presidente. De lo contrario habría presentado su dimisión inmediata e irrevocable antes de enfangarse como lo ha hecho, intentando presentar una injusta defenestración en toda regla, de cuyas causas no fue capaz de explicar con claridad ni tan solo una, por una “sustitución” a la que en realidad habría que llamar genuflexión, una más, del Gobierno ante los independentistas.

“Sánchez no ve contradicción en espiar a los mismos con los que gobierna”

A salvo de momento la cabeza de Robles gracias a su propia genuflexión ante Sánchez – ya veremos si sigue en su lugar después de la cumbre de la OTAN o de las elecciones andaluzas – la siguiente cesión al insaciable chantajismo independentista será seguramente desclasificar las autorizaciones judiciales de la vigilancia a Aragonés y a su revoltosa muchachada, aunque ello suponga volver a pasarse la ley por el arco del triunfo. Sobre la cabeza de Sánchez pende como una espada de Damocles la cínica frase de Junqueras, condenado por sedición y malversación y dispuesto a reincidir, que se permite advertirle al presidente de que le seguirá apoyando con la condición de que “no se repitan” las escuchas. 

Un panorama desolador

Tan incierto como que La Moncloa no sabía del espionaje a Sánchez con Pegasus es que Sánchez no tuviera conocimiento de las escuchas a los independentistas, en los que se apoya para gobernar pero a los que al mismo tiempo vigila como un peligro para el Estado a la vez que les permite acceder a secretos oficiales. Es todo de una lógica tan aplastante que asusta y que solo se explica por el fin último que persigue: conservar el poder.

Decía en un reciente post que asistimos a una legislatura zombi sin más rumbo que el que marcan los independentistas y que, de quedarle a Sánchez una pequeña brizna de sentido de estado, habría adelantado ya las elecciones. Lo que me pregunto hoy es qué quedará de todo esto cuando los socios de Sánchez consideren que ha llegado el momento de dejarlo caer y los ciudadanos decidan que no es digno de su confianza para continuar al frente del país.

El panorama es desolador: ruido estéril, tiempo perdido, mentiras, incapacidad, destrozo de la credibilidad y el prestigio de las instituciones y el estado de derecho, un mayor descrédito de la política entendida como el arte de mejorar la vida de los ciudadanos y toneladas de propaganda a mayor gloria de un político tóxico para este país. Por desgracia, las cosas positivas, que algunas pocas también ha habido, pasarán completamente desapercibidas.

Ucrania: sin novedad en el frente

De la perorata de Putin con motivo de la celebración del aniversario de la victoria soviética sobre Hitler se esperaba alguna señal de por dónde irán los tiros en la guerra de Ucrania a partir de ahora. Pero pincharon en hueso los que tal cosa esperaban: el sátrapa ruso, rodeado de una nutrida corte de generales cargados de hojalata hasta el cuello, rememoró en la Plaza Roja de Moscú los viejos desfiles militares de la era soviética pero no soltó prenda sobre lo que piensa hacer en el país que lleva masacrando a conciencia desde hace dos meses y medio. Más allá de su retórica belicista y de sus ya conocidas tergiversaciones sobre las causas que le llevaron a invadir un país soberano, lo único que cabe concluir de sus palabras es que la guerra continuará aunque las cosas no le estén yendo como esperaba. No ha habido declaración oficial de guerra, lo que habría implicado una movilización general, ni señal alguna que aliente las esperanzas de alcanzar al menos un alto el fuego que alivie el sufrimiento de la población civil mientras se busca un acuerdo de paz.

AFP

Normalizando la guerra

Mientras la ONU eleva ya a más de 3.300 las víctimas civiles ucranianas de las tropas rusas y los refugiados se acercan a los seis millones, no hay en el horizonte próximo ninguna señal de que la guerra podría estar acercándose a su fin. Al contrario, todo indica que a la población ucraniana aún le queda un largo calvario que soportar a manos del ejército invasor. Tanto Rusia como Occidente parecen haber normalizado un status quo bélico sin que por ninguna de ambas partes se conozcan esfuerzos de ningún tipo para dejar de disparar y empezar a hablar de paz. La normalización del conflicto se aprecia incluso en los medios de comunicación occidentales, en donde los peores sufrimientos del pueblo ucraniano ya ni siquiera abren informativos o portadas periodísticas.

Es innegable que la democracia se juega mucho en este envite ante el dictador de Moscú y en ningún caso puede abandonar a su suerte al pueblo ucraniano. Sin embargo, junto al imprescindible apoyo militar y económico a Kiev, deberían estarse haciendo esfuerzos mucho mayores para que el ruido de las armas sea sustituido por las conversaciones de paz. 

Si como señalan algunos analistas ni Rusia puede perder esta guerra ni Ucrania ganarla, cabe preguntarse hasta dónde y hasta cuándo considera Occidente que puede seguir enviando armamento a Ucrania sin que Putin decida que el conflicto ha desbordado las fronteras del país invadido y ponga a los países occidentales en su punto de mira. No es necesario ser un experto en estrategia militar para darse cuenta de que cuanto más se alargue la guerra más riesgo de una conflagración nuclear existe, bien sea por error o por cálculo que, como dice el refrán, las armas las carga el diablo.

Peregrinación a Kiev sin estrategia para la paz

Casi sin excepción, los líderes occidentales, en particular los de la UE, han peregrinado a Kiev para expresar su apoyo al pueblo ucraniano y el presidente Zelensky ha hablando en los parlamentos europeos, pero es su pueblo el que está poniendo los muertos civiles en esta guerra cruenta. Es legítimo preguntarse por qué no ha surgido aún una iniciativa conjunta en Occidente para detener la guerra, lo que incluye no solo a la UE y a la ONU, sino incluso a la OTAN. Lo cierto es que no parece que exista estrategia alguna tendente a alcanzar un alto el fuego y, en paralelo, un acuerdo de paz duradera, aceptable para ambas partes, avalada por el pueblo ucraniano y garantizada por la comunidad internacional. Al contrario, lo que se percibe es más bien la voluntad de mantener indefinidamente el enfrentamiento militar con Putin a través de Ucrania.

“Las esperanzas puestas en China han resultado infundadas"

Las esperanzas puestas en China al comienzo de la guerra han resultado infundadas. Pekín sigue jugando al despiste, a pesar de que era el país con más posibilidades de conseguir que Putin aceptara un alto el fuego y se sentara a hablar de paz. Pero si no lo hizo entonces, mucho menos cabe esperar que lo haga ahora. China comparte con Rusia la misma visión del mundo, plasmada negro sobre blanco en la declaración conjunta suscrita por Putin y Xi Jinping dos semanas antes de la invasión de Ucrania. Sin duda, en Pekín inquieta la situación en Ucrania pero, mientras los chinos no vean en serio peligro sus intereses económicos globales, es dudoso que muevan un dedo para detener la guerra. Uno no desea ser ave de mal agüero, pero diría que esta situación puede convertirse en el camino más directo hacia la Tercera Guerra Mundial, si es que ésta no ha comenzado ya.

De los negocios de Schröder, estos lodos

En el plano económico, las cinco rondas de sanciones al régimen de Moscú no parecen estar haciendo demasiada mella de momento en la economía rusa. Sobre todo si se toma en consideración que los países europeos siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo y cuándo cortar las importaciones de hidrocarburos rusos, con Alemania como escollo casi insalvable para tomar esa decisión sin quebrar la ya frágil unidad comunitaria. La elevada dependencia europea de esas fuentes de energía es el fruto en gran medida de los negocios alemanes con el gas ruso, con el ex canciller Schröder como gran beneficiado, y de la desidia de una Comisión Europea a la que no le importó poner la mayoría de los huevos de su aprovisionamiento energético en la misma cesta. 

Para hacernos una idea del coste de esa dependencia baste decir que en en los dos meses y medio de guerra en Ucrania, la UE ha pagado a Moscú la friolera de 35.000 millones de euros por su petróleo y su gas. Para desgracia del pueblo ucraniano, sin planes de paz a la vista y con ese maná que Europa le entrega graciosamente al dictador al que al mismo tiempo combate a través de Ucrania, sería iluso pensar que la guerra está cerca de llegar a su fin. 

Una legislatura zombi, un país exhausto

Si Pedro Sánchez atesorara solo un par de gramos de sentido de estado convocaría elecciones anticipadas mañana mismo y acabaría por la vía democrática con una legislatura que ya no da más de sí después de haber dado tan poco. Pero lo que natura non da, Salamanca non presta. El chusco y escandaloso caso del espionaje con Pegasus ha consumido hasta las heces las escasas reservas de confianza que quedaban en el presidente. Con el único fin de conservar el poder no solo ha expuesto al descrédito público e internacional a los servicios de los que depende la seguridad nacional, algo que ni al que asó la manteca se le ocurriría, sino que ordenó a la obediente presidenta del Congreso que metiera hasta la cocina de los secretos de estado a fuerzas políticamente hostiles al estado de derecho y a la Constitución. Que revelaran el contenido de la comparecencia de ayer de la responsable del CNI dos minutos después de acabar la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, solo es la confirmación del respeto a las normas de los socios en cuyas manos Sánchez ha decidido poner la seguridad nacional. 

El bochorno continúa

El bochorno, sin embargo, parece no tener fin. Ahora, todo el país debe asistir entre incrédulo y hastiado – ya no queda espacio para el asombro - a una batalla en el seno del ala socialista del propio Gobierno a propósito de quién es el ministerio responsable de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente y de sus ministros. Todas las miradas están puestas en el ministro – bombero Bolaños, al que Sánchez emplea para un roto y un descosido como acudir raudo y veloz con la manguera a Barcelona, un domingo por la mañana, para sofocar el incendio provocado por los independentistas. 

Lo que no se entiende – o se entiende demasiado bien – es que el Gobierno tenga que dar explicaciones a unos soberanistas que han prometido reincidir en su desafío al Estado, sobre escuchas que el propio Gobierno asegura que cuentan siempre con aval judicial. ¿Desde cuándo es obligación del Gobierno informar a grupos separatistas de las actividades de la inteligencia nacional? Obviamente, desde que Sánchez depende de ellos para seguir en el poder. 

Sin embargo, pendiente de Cataluña y a pesar de que forma parte de sus responsabilidades, a Bolaños parece que se le pasó ocuparse de la seguridad de las llamadas del presidente y de los miembros del Gabinete y alguien, probablemente desde desiertos cercanos, se llevó una tonelada de datos de los teléfonos de Sánchez y de la ministra Robles. Si se llegaran a confirmar las fundadas sospechas de que es Marruecos el país que está detrás, no habría más remedio que concluir que el viraje de Sánchez en el Sahara obedeció a un chantaje marroquí al que el presidente se plegó. Es probable que nunca lo sepamos a ciencia cierta, pero la sombra de sospecha sobre las razones que llevaron al presidente a tomar una decisión unilateral tan importante, sin consultar con nadie y sin aparentemente sopesar sus graves consecuencias a múltiples niveles, será muy difícil de borrar.

¡Al suelo, que vienen los nuestros!

A Bolaños, quien también ejercer como ministro - ventrílocuo de Sánchez cuando este prefiere esconderse de los focos y los micrófonos, le resulta mucho más descansado y políticamente conveniente desprestigiar públicamente y ante todo el mundo a los servicios nacionales de inteligencia y poner en la picota a su responsable directa y a Robles para darle gusto al independentismo y a sus morados compañeros de viaje. Al fin y al cabo, la titular de Defensa es la única en el Ejecutivo que se atreve a levantarle la voz a Podemos y a los independentistas y supone por tanto un obstáculo para los indecentes juegos de manos entre Sánchez y sus tóxicos socios de investidura.

Con Podemos y los soberanistas pidiendo sangre a coro y con los propios ministros socialistas tirándose el espionaje a la cabeza, Pedro Sánchez se ha convertido en un presidente tan agotado y amortizado como la legislatura zombi y sin rumbo que padecemos, de la que ya solo cabe esperar ruido y furia política pero nada que sirva al interés general de los españoles. Aguantar así un año y medio más, bajo la permanente espada de Damocles del chantaje podemita e independentista, debería ser una opción a descartar hoy mismo por el presidente.

Maquillando la realidad

Los datos relativamente positivos del paro apenas bastan para maquillar el sombrío panorama económico del país, reconocido por el propio Gobierno, ni para contener el encarecimiento de una deuda ya monstruosa ni para paliar la crisis energética ni la subida de los precios ni las brutales secuelas económicas y sociales de la pandemia de la que parece que ya nos hemos olvidado por completo. No hay proyectos ni ideas, solo parches, votaciones agónicas y cesiones al independentismo y a los albaceas del terrorismo para conservar el poder a costa de las instituciones, del prestigio del país y hasta de su seguridad nacional. Es tal el desvarío y la cacofonía gubernamental que, a la vista de las posiciones de Podemos y de Yolanda Díaz en asuntos como la guerra en Ucrania o el caso del espionaje, ya no sabemos si la coalición de gobierno está formada por dos o tres partidos mal avenidos entre sí.

Mas no cabe hacerse ilusiones, ni a Sánchez ni a sus socios les interesa en estos momentos que haya elecciones. Primero porque le podrían poner en bandeja la victoria a un PP que parece renacer de sus cenizas tras la llegada de Feijóo; pero, además y sobre todo, porque cuanto más débil sea Sánchez y cuánto más consigan alargar sus socios esta legislatura agónica más rédito obtendrán de su extorsión política permanente. Solo al interés de los españoles le conviene pasar por las urnas cuanto antes para que el Gobierno rinda las cuentas que se niega empecinadamente a rendir en el Congreso. El drama de este país es que el interés de los españoles y el de Sánchez y sus socios hace tiempo que se parecen tanto como la noche y el día. 

Pegasus y la credibilidad

Quienes aún crean que en política hay casualidades o coincidencias probablemente también creerán que a los niños los trae la cigüeña directamente de París. En absoluto puede considerarse casual sino causal la sorpresiva rueda de prensa convocada por el Gobierno un día de fiesta en media España para informarnos de que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa fueron infectados hace un año por el programa israelí de espionaje Pegasus. Ni el fondo ni la forma de dar a conocer una información de tanta gravedad contribuyen en lo más mínimo a generar confianza y a mejorar la credibilidad de un Gobierno reñido con la verdad desde el primer día de la legislatura.

EFE

Victimización y oportunismo

Lo que ha conseguido en cambio es arrojar una alargada sombra de sospecha sobre las instituciones responsables de la seguridad nacional y dejar patente que, detrás de las revelaciones a medias conocidas ayer, hay una clara intencionalidad política relacionada con las presiones del independentismo y sus compañeros de viaje a propósito del presunto espionaje con Pegasus a un número indeterminado de dirigentes soberanistas. Blanco y en botella...

Dando por hecho que la información difundida ayer es cierta, lo primero que cabe deducir es que los servicios secretos españoles estarían en manos de incompetentes, incapaces de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente y de su ministra de Defensa. Eso, si no aparecen más teléfonos de ministros y altos cargos también infectados con Pegasus, algo que no puede descartarse en absoluto.

Sin embargo, que el Gobierno haya hecho pública una información que habitualmente se mantiene en secreto para no desacreditar a los servicios de inteligencia, solo puede tener un objetivo: pasar de villano a víctima en el caso del supuesto espionaje a los independentistas y justificar los ceses en el CNI para contentar a los levantiscos socios de un Gobierno rehén de fuerzas políticas a las que les importa una higa el interés general del país, pero a las que no duda en hacer copartícipes de una comisión de secretos oficiales a cambio de que mantengan el apoyo a Sánchez.

Hablemos de espionaje

Además del efecto calmante en el corral de independentistas y allegados que persigue Sánchez con estas revelaciones, el presidente pretende también desviar al menos por unos días la atención sobre los graves problemas del país. Mientras hablemos de espías y de espionaje hablaremos mucho menos de las feas perspectivas económicas del país reconocidas por el propio Ejecutivo, del quiero y no puedo de la crisis energética, de la subida en globo de los precios o de los sondeos electorales en los que empiezan a pintar bastos cada vez más alargados para el futuro de Sánchez.

En resumen, lo que ha generado el Gobierno con su extraña y extemporánea rueda de prensa de ayer es un clima de inseguridad, incredulidad y desconcierto, que socava la imagen de instituciones de la importancia del CNI y deteriora gravemente el prestigio internacional de nuestro país, a tan solo unas pocas semanas de que España se convierta en la anfitriona de una cumbre de la OTAN en plena guerra en Ucrania.

El Gobierno cuenta la mitad de la mitad que más le interesa

Los españoles sabemos desde ayer que al menos el teléfono del presidente del Gobierno y de su ministra de Defensa fueron espiados hace un año, pero no sabemos a ciencia cierta por quién ni qué información sensible obtuvieron el o los espías ni qué se ha hecho o se va a hacer para que algo así no se repita. Solo podemos hacer suposiciones más o menos acertadas sobre unos hechos gravísimos de los que el Gobierno seguramente apenas ha contado la mitad de la mitad y de esa mitad la que más le interesaba contar en estos momentos. 

Tal vez lo único que cabe sacar en claro de todo esto es que el presidente del Gobierno no ha dudado en volver a poner a las instituciones a los pies de los caballos, primero retorciendo el Reglamento del Congreso para dar acceso a los secretos de Estado a independentistas y a filoetarras y a renglón seguido poniendo en evidencia a tus propios servicios secretos sin importar las consecuencias que eso comporta. Para Sánchez no hay líneas rojas y todo le parece por bien empleado si contribuye al fin primero y último de su concepción de la política: mantenerse en el poder cueste lo que cueste a España y a los españoles.