Salario Mínimo: todos queremos más

Que el Salario Mínimo subirá más pronto que tarde es algo contra lo que no les aconsejo apostar. Puede decirse que la decisión está tomada y solo falta fijar cuantía y fecha. Lo primero ya lo ha apuntado la "comisión de expertos" creada pro domo sua por Yolanda Díaz aunque, hablando en plata, no era su objetivo "sugerir" cuánto debe subir, sino establecer cuál es exactamente el 60% del salario medio al que el Gobierno aspira a elevar el SMI antes de que acabe la legislatura. Esa comisión, de la que se agarran Díaz y los sindicatos para exigir que se implante ya el aumento, sugiere pasar de los 950 euros actuales a entre 1.012 y 1.047 euros de SMI. El debate echa humo entre los economistas y entre lo que algunos llaman las dos almas del Gobierno, la podemita y la socialista.

Las dos almas del Gobierno

La incógnita a despejar es si se impondrá Díaz que, alegando que el SMI se congeló el año pasado por la pandemia, quiere aprobar una primera subida de inmediato y posteriores aumentos en 2022 y 2023 hasta alcanzar el objetivo del 60%; enfrente está Nadia Calviño, cuyo criterio es que una subida ahora debilitaría los brotes verdes de la economía. A primera vista parece que Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez, partidario también de tomarse un tiempo antes de volver a tocar la tecla del SMI. Sin embargo, de las promesas de Sánchez líbreme Dios, que de las del diablo ya me guardo yo solo. 

"Parece que Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez, partidario también de tomarse un tiempo antes de volver a tocar la tecla del SMI"

El Salario Mínimo registró un fuerte estirón del 22% en 2019, lo que sacó a España de la cola de los países europeos en los que está regulado y la colocó en el séptimo puesto. Otra cosa fueron sus consecuencias para el empleo y es aquí en donde el debate está tan enconado como siempre. En la discusión terció hace poco el Banco de España con un detalladísimo informe en el que asegura que la subida del SMI hizo que se dejaran de crear entre 100.000 y 180.000 empleos, con jóvenes y mayores como principales perjudicados. 

Gorrazos contra argumentos

Esto, en un país líder europeo en desempleo junvenil, merece mucho más que el exabrupto de un portavoz podemita cabreado, invitando a "correr a gorrazos" al gobernador del Banco de España por atreverse a contradecir con datos y argumentos a la, al parecer, infalible ministra de Trabajo. Sin contar a los empresarios, para los que nunca es momento de subirlo, ni a los sindicatos, para los que siempre es justo, urgente y necesario, puede que no les falte razón a quienes sostienen que una subida del SMI pone en riesgo la contratación de jóvenes y mayores. Y aunque el Banco de España no lo dice expresamente, es lógico pensar que subir los costes salariales en una situación de incertidumbre económica destruye empleo. Por tanto, un aumento del SMI alegra algo la vida a quienes se benefician, pero puede dejar en la estacada a quienes buscan un empleo y a quienes pierden el que tienen.

"Puede que nos les falte razón a quienes sostienen que una subida del SMI pone en riesgo la contratación de jóvenes y mayores"

En el otro lado de la mesa se afirma que no hay evidencias claras de que la subida del SMI disuada a los empresarios de contratar; agregan que no necesariamente fue solo esa subida la que impidió que se contratara a más jóvenes y sugieren que pudieron influir otros factores. No parece tampoco que les falte razón cuando sostienen que subir el SMI, además de dignificar los salarios, aumenta el consumo agregado con su cascada de beneficios sobre la economía, la recaudación fiscal y el bienestar general de las familias. 

Frente a ideología, prudencia y ponderación

Dado que hay razones de peso a favor y en contra de la subida, lo que cabe concluir es que estamos ante una cuestión no solo de cuantía sino también de oportunidad: aunque todos queremos cobrar más, sobre todo los que menos cobran, las decisiones en este terreno deberían hacerse con ponderación y tino, calibrando bien el momento oportuno y poniendo en una balanza los beneficios y los perjuicios después de un análisis riguroso de la economía y del mercado laboral; pero sobre todo, procurando dejar el sesgo ideológico en la puerta del Consejo de Ministros para pensar más en el bien común y en la salud  económica que en las próximas elecciones. 

"Estamos ante una cuestión no solo de cuantía sino también de oportunidad"

Lo único que tenemos de momento a la vista son previsiones económicas optimistas, que ya veremos si se cumplen y el crecimiento del que hablan no es solo el pasajero efecto rebote por la salida de la crisis. Basarse solo en esas previsiones para incrementar los costes salariales en un país dominado por pequeñas y medianas empresas debilitadas por la crisis, puede que no sea la decisión más prudente e inteligente en estos momentos, por más que sea la que convenga políticamente a sus promotores. Aunque no creo merecer tanto honor, solo espero ahora que ningún podemita pida que me corran a gorrazos por lo que he dicho. Continuará...

España no es país para jóvenes

Al leer este título muchos habrán pensado que tampoco es España país para viejos. Cierto, pero hoy solo nos vamos a ocupar de esa generación joven que, a este paso, habrá que dar por irremediablemente desperdiciada para nuestro futuro como sociedad. Cómo calificar si no que cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil igual al de una zona en guerra como Gaza y veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. 

No es una maldición bíblica

Pero esto no es nuevo: a la llegada de Rodríguez Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. Al acceder Pedro Sánchez a La Moncloa había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se sufrió la crisis financiera y ahora la del coronavirus pero, como es obvio, esas dos situaciones también afectaron a otros países como Alemania, en donde el paro juvenil se sitúa en el 6%, mientras que el español supera en más de veinte puntos la media europea.  

No estamos ante una maldición bíblica ni ante un problema coyuntural, consecuencia de un bache económico que se superará cuando la situación se normalice. Es una lacra estructural, una enquistada rémora crónica del sistema educativo, cada vez más devaluado, y del mercado laboral que ninguno de las decenas de planes que los diferentes gobiernos han impulsado ha conseguido eliminar o al menos atenuar. El caso de Canarias y su Plan Integral de Empleo (PIEC), al que el Gobierno central ha destinado centenares de millones en los últimos años, es el mejor ejemplo de la poca eficacia de ese tipo de medidas para luchar contra el paro en general y el de los jóvenes en particular. 

EP

A planes contra el paro juvenil no nos gana nadie

Probablemente seamos también el país de la UE que más planes contra el paro juvenil ha puesto en marcha. Así y todo, Yolanda Díaz no ha querido ser menos y acaba de presentar uno más cuando aún sigue vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021. El de ahora cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como todos los anteriores. Sin embargo, los resultados obtenidos uno tras otro se reflejan fielmente de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud. 

Es ya un tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP, además de desajustes en la oferta y la demanda de determinadas especialidades, aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco ayuda demasiado a la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. 

La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables ante el despido y los más expuestos a la rotación laboral. Añadamos la engorrosa maraña burocrática de la contratación y la consecuente inseguridad jurídica y tendremos las claves principales del drama juvenil de nuestro tiempo: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano, del que ningún país en su sano juicio se atrevería a prescindir como alegremente hace España. 

Un reguero de secuelas económicas y sociales

Al margen de la viabilidad de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias sociales que van desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida para ir trampeando. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone por falta de ingresos para una hipoteca o un alquiler; los proyectos personales de vida y tener hijos también se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Y de propina, también han de cargar a veces con el estigma de vagos e irresponsables que les endosa una parte de la sociedad de manera generalizada e injusta. En el mejor de los casos, los más afortunados y decididos se van fuera a estudiar y trabajar, muchas veces para no regresar al país que los excluyó sin miramientos de su futuro.  

Ante esta situación hay dos opciones muy claras: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno desmontando lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y  gastando dinero  público en planes contra el desempleo juvenil de contrastada ineficacia; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y reclaman y que les debemos como sociedad.