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Paro juvenil y políticas de campanario

Como indiqué en un post reciente, en España somos expertos en discutir sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos asedian las puertas de la ciudad. Nos sueltan una liebre y corremos detrás con un entusiasmo digno de mejor causa, sin pensar en que puede haber asuntos de más enjundia sobre los que enzarzarnos. La última de esas liebres la soltó hace poco el presidente Sánchez, un maestro redomado en desviar la atención de los problemas crónicos de este país, a los que su Gobierno enfrenta con más eslóganes que acciones para resolverlos. El nuevo trampantojo se llama “bono” y vale tanto para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler como para que accedan al “consumo” de cultura. En ninguno de los dos casos ha hecho mención el presidente al verdadero drama de la juventud española: el paro juvenil más elevado de la Unión Europea.

EFE
La panacea de los bonos

Ofrecer un bono plagado  de requisitos para ayudar a pagar el alquiler a una juventud a la que le resulta prácticamente imposible emanciparse, es otra de esas medidas propias de un Gobierno acostumbrado a quedarse en la espuma de los problemas en lugar de atacar sus causas últimas. Si es necesario se cuestiona el derecho a la propiedad y se interviene el mercado del alquiler, todo a mayor gloria del populismo, generando probablemente el efecto contrario al que se pretende: que la oferta de alquileres se reduzca y los precios, en lugar de disminuir, suban.

El otro bono de moda es el que el presidente quiere entregar a los jóvenes que cumplan 18 años para que “consuman” cultura. Aparte de lo chirriante y pedestre que suena la expresión “consumo de cultura”, se trata de otra decisión que ignora deliberadamente lo prioritario para centrarse en lo auxiliar. Sin desmerecer lo que tiene de positivo social y económicamente el acceso de la población a todo tipo de expresiones culturales, basta echar un vistazo a los datos del paro juvenil para comprender que los cimientos van siempre antes que el techo y que, cuando lo que está en juego es el dinero público, es imprescindible priorizar en lo que se emplea. 

Paro juvenil: una realidad pavorosa.

Cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. Por desgracia, esto no es nada nuevo: a la llegada de Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. A la llegada de Sánchez había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se ha sufrido la crisis financiera y la pandemia, a pesar de lo cual, en países como Alemania el paro juvenil se sitúa en el 6% y el español supera en más de veinte puntos la media europea.  El paro de los jóvenes españoles es una rémora crónica y estructural, consecuencia de un sistema educativo devaluado y un mercado laboral incapaz de absorber la mano de obra que pide paso. Los millones de euros públicos que las administraciones han destinado en los últimos años a la lucha contra del desempleo apenas han servido para disimular una realidad que se resiste al tratamiento con tiritas.

"El paro juvenil en España es un drama social que se pretende atender con tiritas"

Seguramente somos también el país europeo con más planes contra el paro juvenil. Eso no ha impedido que Yolanda Díaz se privara de presentar el suyo cuando aún está vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021El nuevo cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como los otros. Sin embargo, los resultados obtenidos por todos ellos se reflejan de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud

Suena tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco es de gran ayuda para la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables. Si añadimos la maraña burocrática de la contratación, tendremos algunas de las claves principales del este fracaso social: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano.

Una política electoralista para un drama social

Además del futuro de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias: desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone; además, los proyectos personales se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Ante esta situación hay dos opciones: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno deshaciendo lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y gastando dinero público en planes ineficaces; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y les debemos como sociedad.

El Gobierno de Sánchez opta por la primera solución y deja en un segundo plano las causas reales del mal causado. A la poca eficacia de los planes de empleo añade ahora unos cuantos millones más en pólvora del rey en forma de bonos. Hay que estar ciego o ser un rendido admirador de Sánchez – lo cual viene siendo casi lo mismo - para no ver en esa medida, financiada con dinero de todos los españoles, un descarado intento de ganarse el voto juvenil. Sus políticas se caracterizan por no superar el próximo horizonte electoral, lo que requiere gastar sin tasa ni medida el dinero público y no pensar en las consecuencias para el país a medio y largo plazo. Por eso Sánchez siempre será un político mendaz que no alcanzará la categoría de estadista, aquella a la que, según Churchill, solo se llega cuando se pone la mirada en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Salario Mínimo: todos queremos más

Que el Salario Mínimo subirá más pronto que tarde es algo contra lo que no les aconsejo apostar. Puede decirse que la decisión está tomada y solo falta fijar cuantía y fecha. Lo primero ya lo ha apuntado la "comisión de expertos" creada pro domo sua por Yolanda Díaz aunque, hablando en plata, no era su objetivo "sugerir" cuánto debe subir, sino establecer cuál es exactamente el 60% del salario medio al que el Gobierno aspira a elevar el SMI antes de que acabe la legislatura. Esa comisión, de la que se agarran Díaz y los sindicatos para exigir que se implante ya el aumento, sugiere pasar de los 950 euros actuales a entre 1.012 y 1.047 euros de SMI. El debate echa humo entre los economistas y entre lo que algunos llaman las dos almas del Gobierno, la podemita y la socialista.

Las dos almas del Gobierno

La incógnita a despejar es si se impondrá Díaz que, alegando que el SMI se congeló el año pasado por la pandemia, quiere aprobar una primera subida de inmediato y posteriores aumentos en 2022 y 2023 hasta alcanzar el objetivo del 60%; enfrente está Nadia Calviño, cuyo criterio es que una subida ahora debilitaría los brotes verdes de la economía. A primera vista parece que Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez, partidario también de tomarse un tiempo antes de volver a tocar la tecla del SMI. Sin embargo, de las promesas de Sánchez líbreme Dios, que de las del diablo ya me guardo yo solo. 

"Parece que Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez, partidario también de tomarse un tiempo antes de volver a tocar la tecla del SMI"

El Salario Mínimo registró un fuerte estirón del 22% en 2019, lo que sacó a España de la cola de los países europeos en los que está regulado y la colocó en el séptimo puesto. Otra cosa fueron sus consecuencias para el empleo y es aquí en donde el debate está tan enconado como siempre. En la discusión terció hace poco el Banco de España con un detalladísimo informe en el que asegura que la subida del SMI hizo que se dejaran de crear entre 100.000 y 180.000 empleos, con jóvenes y mayores como principales perjudicados

Gorrazos contra argumentos

Esto, en un país líder europeo en desempleo junvenil, merece mucho más que el exabrupto de un portavoz podemita cabreado, invitando a "correr a gorrazos" al gobernador del Banco de España por atreverse a contradecir con datos y argumentos a la, al parecer, infalible ministra de TrabajoSin contar a los empresarios, para los que nunca es momento de subirlo, ni a los sindicatos, para los que siempre es justo, urgente y necesario, puede que no les falte razón a quienes sostienen que una subida del SMI pone en riesgo la contratación de jóvenes y mayores. Y aunque el Banco de España no lo dice expresamente, es lógico pensar que subir los costes salariales en una situación de incertidumbre económica destruye empleo. Por tanto, un aumento del SMI alegra algo la vida a quienes se benefician, pero puede dejar en la estacada a quienes buscan un empleo y a quienes pierden el que tienen.

"Puede que nos les falte razón a quienes sostienen que una subida del SMI pone en riesgo la contratación de jóvenes y mayores"

En el otro lado de la mesa se afirma que no hay evidencias claras de que la subida del SMI disuada a los empresarios de contratar; agregan que no necesariamente fue solo esa subida la que impidió que se contratara a más jóvenes y sugieren que pudieron influir otros factores. No parece tampoco que les falte razón cuando sostienen que subir el SMI, además de dignificar los salarios, aumenta el consumo agregado con su cascada de beneficios sobre la economía, la recaudación fiscal y el bienestar general de las familias. 

Frente a ideología, prudencia y ponderación

Dado que hay razones de peso a favor y en contra de la subida, lo que cabe concluir es que estamos ante una cuestión no solo de cuantía sino también de oportunidad: aunque todos queremos cobrar más, sobre todo los que menos cobran, las decisiones en este terreno deberían hacerse con ponderación y tino, calibrando bien el momento oportuno y poniendo en una balanza los beneficios y los perjuicios después de un análisis riguroso de la economía y del mercado laboral; pero sobre todo, procurando dejar el sesgo ideológico en la puerta del Consejo de Ministros para pensar más en el bien común y en la salud  económica que en las próximas elecciones. 

"Estamos ante una cuestión no solo de cuantía sino también de oportunidad"

Lo único que tenemos de momento a la vista son previsiones económicas optimistas, que ya veremos si se cumplen y el crecimiento del que hablan no es solo el pasajero efecto rebote por la salida de la crisis. Basarse solo en esas previsiones para incrementar los costes salariales en un país dominado por pequeñas y medianas empresas debilitadas por la crisis, puede que no sea la decisión más prudente e inteligente en estos momentos, por más que sea la que convenga políticamente a sus promotores. Aunque no creo merecer tanto honor, solo espero ahora que ningún podemita pida que me corran a gorrazos por lo que he dicho. Continuará...

La banca hace majo y limpio

Creo que no soy el único que ha tenido la tentación de meter sus cuatro euros mal contados debajo del colchón y hacerle una higa al banco. Luego caigo en la cuenta de que entidades públicas y privadas me han obligado a domiciliar los recibos y me han convertido en un rehén bancario, así que me resigno a seguir pagando comisiones abusivas hasta por pisar una de las pocas sucursales que van quedando en este país. Quien a estas alturas crea que los bancos están para prestarle un servicio a los ciudadanos deberían abandonar de una vez esa romántica idea: el único y descarnado objetivo de un banco que se precie es obtener beneficios y, si no, no hay banco que valga o resista. También están los que creen que nacionalizando la banca resolveríamos el problema por arte de magia, pero después de lo ocurrido con las cajas no vale la pena perder mucho tiempo en comentar esas ocurrencias.

Reduciendo costes y maximizando beneficios

Notable ha sido el revuelo que han levantado los ERES de CaixaBank - que prevé prescindir de casi 8.300 trabajadores de una tacada -, BBVA, Santander o Sabadell: entre todos juntos pondrán en la calle o enviarán a la prejubilación a casi 18.000 empleados, aunque puede que la cifra se reduzca algo en la negociación con los sindicatos. En números redondos, en los últimos 11 años han dejado el sector unos 100.000 empleados, un tercio aproximadamente del total. Con los ERES anunciados estos días la plantilla bancaria se reducirá otro 10% y probablemente no será la última criba si, como se barrunta, hay nuevas fusiones al hilo de lo que piden el BCE e incluso el Gobierno español. Por otro lado y a pesar de una cierta contención en las retribuciones variables de los altos ejecutivos, sus sueldos siguen siendo una indecencia. Vale que sea una empresa privada que puede establecer los salarios que estime apropiados para sus directivos, pero debería haber un límite porque, pasar de percibir 500.000 euros a 1.600.000 como hará el presidente de CaixaBank tras la fusión, es de todo menos presentable socialmente en un país arrasado. 

Los bancos quieren cerrar también una nueva tanda de oficinas y reducir más el contacto directo con sus clientes. CaixaBank prevé cerrar 1.500 sucursales y el BBVA hará lo propio con otras 500. El número de oficinas bancarias en España ha retrocedido un 50% en la última década. Los principales afectados son las personas mayores, los clientes sin habilidades informáticas y las zonas más despobladas del país, en donde a este paso no se va a encontrar una oficina o un cajero automático ni para un remedio. Por cierto y entre paréntesis, es significativo que en todos los análisis y comentarios de opinión publicados estos días sobre los ERES de la banca, nadie incida precisamente en la situación social desfavorable en la que quedan esas personas, convertidas en simples números prescindibles para su banco. Aún así, se asegura que la red española de oficinas es la segunda más densa de la Unión Europea, de manera que hay que cerrar un buen número para reducir gastos le pese a quien le pese.

Es el mercado, estúpido

En la misma línea se justifica la destrucción de empleo, ya que el personal representa de media más del 50% de los costes de un banco. Si a lo anterior unimos la extensión de las nuevas tecnologías, los bajos tipos de interés sin visos de subir a corto o medio plazo, la creciente competencia de bancos que operan por internet, la situación económica y las exigencias de capital y solvencia por la crisis, tendremos todos los elementos para justificar un majo y limpio de empleo histórico como el que está a punto de realizar la banca española en su proceso de reestructuración y concentración. 

El Gobierno, que enseguida ha olvidado que tiene el 16% de CaixaBank y que incluso ha presumido de que supuestamente no se puede despedir en medio de la pandemia, ya se ha apresurado a calificar de "inaceptable" el recorte de empleo y a criticar los sueldos de los altos directivos. Era lo que tocaba teniendo en cuenta que la noticia ha coincidido con la feroz campaña madrileña. Sabedor de su estrecho margen de maniobra ha apelado al Banco de España para que "haga algo", sin especificar qué exactamente, y ha recordado el dinero público destinado a sanear entidades en apuros, que por su importancia para el sistema no se podían dejar caer a pesar de su mala cabeza durante el boom del ladrillo. Pero el Banco de España hace tiempo que tampoco puede ni quiere hacer mucho, ya que estos asuntos los maneja desde Frankfurt el Banco Central Europeo. Así que, salvo la amonestación moral de rigor para la galería, poco más puede hacer el Gobierno por mal que le venga este nuevo dato de destrucción de empleo.   

Asumir la realidad no es resignarse ante ella

Todo lo anterior no significa que nos debamos resignar. La defensa del empleo corresponde a los sindicatos que, en no pocas ocasiones, han callado y transigido en cuanto les han puesto sobre la mesa las compensaciones económicas que percibirán los despedidos. En el caso de los ERES de CaixaBank y BBVA hablamos de entre 200.000 y 300.000 euros por trabajador, la cual no es una mala compensación. En cuanto a las retribuciones de los altos directivos, el Banco Central Europeo debería establecer ciertos límites que eviten la alarma social por unos emolumentos absolutamente desproporcionados en relación con la situación económica general. También debería poner pies en pared ante el incremento desaforado e injustificado de las comisiones bancarias a unos clientes cautivos sin más opción que pagar o guardar su dinero en un calcetín. 

Y, por último, respecto a la drástica reducción de oficinas deberían encontrarse fórmulas que refuercen la colaboración público - privada para continuar prestando servicio de calidad a los usuarios de zonas poco pobladas o mayores de edad sin capacidad para desenvolverse en internet. A la banca se le puede y debe exigir una responsabilidad social de la que muchas veces presume pero no siempre practica. Ahora bien, a partir de ahí y para todo lo demás, se impone la lógica inmisericorde de la competencia del mercado y su evolución. Esto no es dar por buena la ley de la selva sin exigir nada a cambio a unas entidades que, en ningún caso, tienen derecho a reclamar patente de corso para ignorar lo que la sociedad exige de ellas, más allá de una legítima ambición de obtener beneficios económicos para sus accionistas.