Sánchez jubila a Rubalcaba

Ha pasado con nota el PSOE el primer proceso de primarias internas en la historia de la democracia española: alta participación, normalidad durante la campaña electoral y la jornada de votaciones y un nuevo líder respaldado por la mitad de la militancia, a notable distancia del segundo. Se comprende por tanto que Pedro Sánchez, el nuevo secretario general in pectore de los socialistas españoles, esté hoy eufórico y no lo estén menos los barones territoriales del PSOE, aunque con algún matiz de última hora. El experimento ha salido bien y se han conjurado los miedos a que una baja participación o un resultado demasiado ajustado pudieran terminar embarullándolo todo y generando más división que unión en torno al elegido.

Sin embargo, pasado el subidón por el éxito de las primarias de ayer, ahora comienza lo realmente complicado para el nuevo líder socialista español. Él lo sabe y por eso ya se ha apresurado a reivindicar la suficiente autonomía para conformar la nueva ejecutiva federal e impedir que se la den hecha aquellos que se resisten a perder comba en la nueva situación en la que se adentra el partido. Sin embargo, que la primera reunión de Sánchez tras ser elegido secretario general del PSOE haya sido con la presidenta andaluza Susana Díaz no parece mera casualidad achacable a las agendas de uno y de otra. Sánchez anunció su candidatura a la secretaría general del PSOE cuando Díaz, a la que apoyaban numerosos barones territoriales, confirmó que no concurriría.

Pero sobre todo, Sánchez debe en gran parte la victoria de ayer a los afiliados socialistas de Andalucía en donde seis de cada diez votaron por él. Es cierto que sin un apoyo tan abultado de la mayor federación socialista española también habría ganado las primarias, pero la ventaja sobre Madina no habría sido tan nítida. Hasta qué punto el apoyo andaluz a su candidatura se verá reflejado en la ejecutiva socialista lo veremos pronto. En todo caso, sospecho que lo va a tener difícil para contentar a todos, tanto como encontrar la cuadratura del círculo para que se reflejen en la nueva dirección las diferentes sensibilidades que conviven en el PSOE, desde la izquierda que en las primarias encarnó José Antonio Pérez Tapias a la posición supuestamente más próxima al aparato representada por Eduardo Madina, hoy silencioso tras la derrota de ayer.

Del mismo modo tendrá qué hacer encaje de bolillos ideológicos para ubicar al PSOE en el espectro político nacional en el que se verá obligado a abarcar desde el centro hasta los predios de Podemos e Izquierda Unida pasando por el centro izquierda. Eso para empezar, porque pasado el congreso de finales de julio y una vez ratificado en la secretaría general y aprobada su ejecutiva, llegará noviembre y tocan primarias abiertas para la candidatura a la Moncloa en las generales del año que viene. Sánchez ha abierto hoy la puerta a retrasarlas pensando probablemente en que lo primero son las locales y municipales de mayo próximo. El posible retraso no gusta a barones como el presidente asturiano o a Pérez Tapias, quienes le han recordado que el compromiso es hacerlas en otoño y no más allá.

Que Sánchez quiere concurrir a esas primarias parece fuera de toda duda si nos guiamos por su discurso político de las últimas semanas en el que se ha postulado más como candidato a la Moncloa en plena campaña de elecciones generales que como secretario general del PSOE. Sin embargo, tengo la sensación de que en el nuevo líder y en el propio partido hay mucha ansiedad por quemar etapas demasiado de prisa sin consolidarlas previamente. Hablar a estas alturas de candidaturas a La Moncloa cuando ni siquiera se sabe muy bien qué piensa hacer exactamente Sánchez para renovar a fondo el partido es como poner la carreta delante de los bueyes. 

Por ahora, haber jubilado políticamente a Rubalcaba solo le da todo el derecho del mundo a liderar un nuevo proyecto político que saque al PSOE del ostracismo y lo arme con un nuevo discurso que lo diferencie nítidamente de la derecha y lo reconcilie con la izquierda. Sobre eso, Pedro Sánchez aún tiene mucho que explicar y mucho por hacer. Después de este ejemplar proceso de primarias en el PSOE, sería un fiasco en toda regla para los militantes y para el conjunto de la sociedad que se volviera a relegar a un segundo plano la renovación del partido en beneficio de la carrera por la presidencia del gobierno. ¿Está dispuesto a correr ese riesgo el PSOE?

Todos a la cárcel

Ruiz-Gallardón se ha amarrado hoy los machos y, armado de valor, ha denegado el indulto a Jaume Matas, Luis Alemany, Enrique Ortega Cano, Julián Muñoz, Luis Gavaldá, Ángel Carromero y Baltasar Garzón.  Sólo el último no tendrá que ingresar en prisión ya que su condena es de inhabilitación como magistrado, profesión que, eso sí, ya no podrá volver a ejercer. No obstante, no dudo de que a Ruiz – Gallardón le hubiera encantado verlo entre rejas aunque su caso fuera similar al de Gómez Liaño, que sí recibió la gracia del indulto de manos de Aznar. 

Jaume Matas fue ministro de Medio Ambiente en el primer gobierno de Aznar y será también el primer ministro del PP en ingresar en prisión por el delito de tráfico de influencias. El segundo, Luis Alemany, era el escribidor de los discursos oficiales de Matas cuando éste era el presidente autonómico de Baleares. Luego los facturaba a través de una empresa tapadera y a renglón seguido los ensalzaba con entusiasmo en el diario EL MUNDO de Pedro J., del que había sido periodista. De Enrique Ortega Cano nada nuevo hay que decir que no hayan dicho ya las revistas del corazón sobre el atropello con unas cuantas copas de más y resultado de muerte del que fue encontrado culpable. Otro tanto cabe señalar de Julián Muñoz, condenado por corrupción en Marbella y paseado también a hombros por los cenáculos rosa del país.

Luis Gavaldá es un político catalán de CiU condenado también por corrupción y Ángel Carromero es el joven cachorro del PP que defendió a capa y espada Esperanza Aguirre después de causar la muerte de dos personas en un accidente de tráfico en Cuba y ser condenado por la justicia cubana. A la lideresa no le debe de haber hecho mucha gracia que su compañero de partido y sin embargo enemigo, Ruiz – Gallardón, no le haya concedido el indulto al menos a su defendido y a Matas. 

Sorprende la decisión de hoy tras los polémicos indultos suscritos por la blanda mano del ministro de Justicia en los últimos tiempos: el kamikaze asesino que defendió su propio hijo, el guardia civil que no impidió una agresión sexual cometida antes sus mismas narices, cuatro torturadores Mossos d’escuadra o el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, condenado en firme por delito urbanístico. No me atrevería a decir todavía si la sorpresa es agradable y estamos ante un cambio de criterio en la política de indultos del Gobierno o si el de hoy ha sido sólo un gesto – uno más - para la galería electoral por mucho que le duela en el alma enviar a la trena a un compañero de siglas. 

Desde luego, haber indultado hoy a Matas y no a los otros que habían pedido la gracia hubiera constituido un nuevo escándalo político de proporciones mayúsculas, si es que todavía queda lugar en este país para el asombro colectivo. Es cierto que el propio Tribunal Supremo se había pronunciado en contra del indulto del político balear, quien todavía se las tendrá que volver a ver con la Justicia por el “caso Nóos” en el que también está imputado. Sin embargo, el parecer de esa alta instancia judicial no ha sido hasta ahora motivo suficiente para que el ministro deniegue un indulto. 

En cualquier caso es urgente regular y acotar de una vez la discrecionalidad con la que actúan los gobiernos de turno en la concesión de indultos. En la mente de todos está aún el que le concedió uno de los últimos consejos de ministros de Zapatero al consejero delegado del Santander, Alfredo Sanz, condenado por acusación falsa y denuncia falsa. En realidad estamos ante una clara injerencia anacrónica del poder ejecutivo en las funciones del poder judicial, que tiene entre sus cometidos juzgar y ejecutar lo juzgado. Sería por tanto deseable que desapareciera por completo del ordenamiento jurídico, aunque por lo pronto nos conformaríamos con que al menos se ciñera estrictamente a lo que establece la ley y se basara en criterios de justicia, equidad y utilidad pública que el ministro de Justicia debería estar obligado a explicar públicamente cuando opta por esta medida. 

Sin embargo, cuando se emplea de forma opaca en casos que causan alarma social como los de corrupción o se deniega en otros que a todas luces lo merecen como los de los pequeños delincuentes reinsertados, la gracia pierde todo su escaso sentido y se convierte sencillamente en injusticia.   

Garantía de desempleo juvenil

Vende estos días el Gobierno el hallazgo de la Garantía de Empleo Juvenil como si la hubiera inventado él. En su esencia, el invento consiste en que los empresarios que contraten con carácter indefinido a un “ni-ni” – ni trabaja ni estudia – de entre 16 y 24 años tendrán una bonificación de 300 euros durante seis meses. El otro requisito es que la contratación tiene que suponer un aumento de plantilla. Y pare usted de contar: sobre las condiciones de trabajo del joven nada dice la medida ni sobre qué ocurrirá a los seis meses y un día. En teoría – y seguramente en la práctica en no pocos casos – cuando acabe el periodo de la bonificación el empresario podrá poner al “ni-ni” de patitas en la calle sin obligación de devolver un solo euro. Y respecto a que la contratación deba suponer un aumento de la plantilla y no una sustitución de unos trabajadores por otros tampoco queda suficientemente sellada la posibilidad de saltarse el requisito. 

Al plan destina el Gobierno 1.800 millones de euros que pone de forma íntegra la Unión Europea y que salen de los 6.000 millones que Bruselas acordó destinar al drama del paro juvenil, un dineral teniendo en cuenta que en nuestro país “sólo” están en paro seis de cada diez jóvenes. En comunidades autónomas como Canarias la situación es aún más dramática, con una tasa de paro juvenil que ronda el 70%. 

Por lo demás, la medida entró en vigor este mismo lunes con un supuesto registro telemático en el que deben inscribirse los “ni-ni” en busca de empleo y el Gobierno se compromete a hacerles una oferta en el plazo máximo de cuatro meses. Sin embargo, la confusión sobre el dichoso registro y el desconocimiento de los detalles de la medida en las comunidades autónomas, a las que se hace partícipes del plan sin haberlo negociado ni consensuado con ellas, ha llevado a que estas alturas de la semana persista el galimatías. 

Varias consideraciones hay que hacer sobre este plan, además de las ya señaladas. La primera es que llega demasiado tarde: el drama del paro entre los jóvenes no es cosa del mes pasado ni siquiera del año pasado, sino desde los albores de la crisis económica cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Nada se hizo entonces para remediarlo y cuando al fin se decidieron en Bruselas a destinar fondos a este asunto las tasas de desempleo juvenil ya se encontraban por las nubes. En segundo lugar, 6.000 millones de euros para combatir más de un 22% de paro entre los jóvenes europeos suena más a dádiva graciosa que a medida de choque para reducir drásticamente esa tasa. 

En tercer lugar, se pregunta uno y no encuentra respuesta al hecho de que los jóvenes de entre 25 y 30 años queden fuera de la medida como si no sufrieran las mismas penurias y dificultades para encontrar trabajo que sus colegas de menor edad. Cuando se le ha preguntado por esto al Ejecutivo ha respondido pasando la pelota al tejado de las autonomías a las que se insta a poner el dinero necesario para atender a ese segmento de jóvenes “ni-ni”. Esto después de haber recortado a conciencia los fondos destinados a las políticas activas de empleo como ha ocurrido en el caso de Canarias. 

En cuarto lugar llama la atención la creación de ese extraño registro telemático en el que deben inscribirse los jóvenes en busca de trabajo. ¿Qué tienen de malo las oficinas de empleo de este país? ¿O es que vamos a sacar de las estadísticas del paro a los jóvenes que se inscriban en el registro y así maquillar un poquito más las cifras? Alguien debería explicarlo. 

Pero más allá de todas estas consideraciones hay una aún más importante: la eficacia de este tipo de medidas para reducir el desempleo. Ningún empresario contratará a nadie, sea ni-ni o mayor de 55 años, si no ve verdaderos signos de recuperación económica y esos signos, por mucho que Rajoy y los suyos los vean por todas las esquinas, siguen siendo como poco débiles y confusos. Subvenciones y bonificaciones de todo tipo para reducir el paro ha adoptado decenas este gobierno en los últimos tres años y la tozuda realidad demuestra que apenas han tenido eficacia alguna, al menos conocida. 

¿Alguien podría explicarnos la efectividad que ha tenido, por ejemplo, la famosa “tarifa plana” de los 100 euros a la Seguridad Social? ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado gracias a ella? ¿Cuál es la calidad de los contratos suscritos bajo esa bonificación? ¿Cuánto dinero ha dejado de ingresar la Caja de la Seguridad Social gracias a tanta bonificación y subvención a los empresarios para que sean buenos y contraten? En otras palabras, no son medidas puntuales de corte asistencial como estas y tantas otras aprobadas por el Gobierno y cuyos resultados efectivos nunca nos cuentan, las que van a reducir el número jóvenes parados en España. Lo que se necesita es incrementar en lugar de recortar la inversión pública en educación y en formación y acompañar esas medidas de acciones de largo recorrido en apoyo del empleo juvenil. Mientras no se afronte el problema desde esas premisas básicas, España seguirá perdiendo savia nueva a través de la vergonzosa “movilidad exterior”.