La imagen de la indignidad

Hay imágenes que nunca deberían producirse pero se producen. A veces son imágenes que hablan por sí solas y son más elocuentes que cualquier comentario que se les pueda añadir: simplemente no necesitan explicación. Es el caso de la que desde la tarde de ayer recorre las redes sociales y los medios de comunicación. En ellas se ve a un grupo de inmigrantes subsaharianos desperdigados sobre la arena de una concurrida playa del sur de Gran Canaria de la que posteriormente son sacados en un camión de basura. Por qué se produjo esta imagen bochornosa e indigna no está aún del todo claro pero sí hay muchos indicios sobre las causas. 

Los inmigrantes de origen subsahariano habían arribado a primera hora de la mañana a esa playa, habitualmente abarrotada de turistas, a bordo de una patera que el Servicio de Vigilancia de la Guardia Civil no había detectado. Los voluntarios de Cruz Roja fueron los primeros en acercarse al lugar y, al detectar que algunos de los inmigrantes padecían fiebre, alertaron a los servicios de la comunidad autónoma para que se les realizaran las pruebas que permitieran descartar si eran portadores del virus del ébola. Téngase en cuenta que en ese primer momento se desconocía el lugar exacto de procedencia de los inmigrantes, que bien podían haber llegado de algunos de los países afectados por la enfermedad. Hasta ahí todo parece bastante correcto. 

Los problemas empiezan cuando el personal de la comunidad autónoma que debe realizar las pruebas tarda cerca de cinco horas en llegar a la zona. Durante todo ese tiempo, los inmigrantes permanecieron sobre la arena y al sol a la espera de ser trasladados a un centro de salud, a la comisaría para su identificación o al centro de internamiento. Para entonces, la noticia ya había saltado a los medios de comunicación en los que no se sabía a ciencia cierta si se había activado o no el protocolo por ébola. Lo cierto es que continuaron pasando las horas y no fue hasta entrada la tarde cuando se confirmó que ninguno padecía la enfermedad. Los que en peor estado se encontraban fueron trasladados en ambulancia de la comunidad autónoma al centro de salud más cercano pero, para entonces, los inmigrantes ya llevaban al sol en torno a las siete horas a las que habrá que añadir las que habían pasado a bordo de la patera que los trajo a Canarias. 

Fue entonces cuando, para mayor abundamiento en el despropósito, a alguien se le ocurrió que la mejor forma de sacar al resto de la playa era subirlos a un camión de basura del ayuntamiento, dando lugar a la lamentable imagen que hoy ha sido portada en no pocos medios de comunicación. De quién fue la idea es lo que aún no está claro, aunque la Delegada del Gobierno en Canarias ha culpado directamente a la Policía Nacional, de la que es responsable, de haber tomado esa decisión sin consultar con ella y ha asegurado que nunca lo habría permitido. Al parecer, las causas de que los inmigrantes fueran sacados de la playa en un camión de basura y no en una ambulancia, como sus compañeros con fiebre, o en otro medio de transporte más adecuado y respetuoso con su dignidad, fueron las dificultades para acceder a la zona en la que se encontraban. Excusa poco creíble por cuanto la ambulancia sí pudo acceder al lugar en el que se encontraban. 

Sea como fuere, la terrible imagen de un grupo de personas tumbadas en el volquete de un camión de basura llevando aún las mascarillas que les proporcionó la Cruz Roja habla por sí sola de descoordinación e improvisación en grado máximo. Pero sobre todo, habla de escaso por no decir nulo respeto a la dignidad de la que es merecedor cualquier ser humano venga de donde venga y padezca la enfermedad que padezca. Resulta increíble que a pesar de la emergencia sanitaria por el ébola en varios países africanos, ni las autoridades autonómicas ni las estatales hubieran previsto que un caso así se podía producir en cualquier momento en un archipiélago en el que, aunque no con la intensidad de hace unos años, es habitual que lleguen pateras con inmigrantes subsaharianos y que lo hagan, además, sin ser detectadas por los radares del Ministerio del Interior. 

Ante lo ocurrido cabe preguntarse por qué Sanidad Exterior, que depende de la Administración del Estado, no tiene médicos en Canarias o por qué la Policía no pidió transporte del Ejército o trasladó a los inmigrantes en sus vehículos en lugar de subirlos a un camión de basura. Y sobre, todo, por qué los inmigrantes en peor estado si fueron trasladados a un centro de salud en ambulancia de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma y el resto en un camión de residuos con la excusa de que era el único tipo de vehículo que podía acceder a la zona. 

Del mismo modo debería informarse si los agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados en lugares de llegada habitual de pateras han sido formados ante la posibilidad de que tengan que hacer frente a un caso de ébola, por remoto que sea. Y en la misma línea se abre una incógnita igual de preocupante sobre los agentes de la Benemérita y de Salvamento Marítimo que a menudo salen al encuentro de los cayucos y transbordan a los inmigrantes a sus embarcaciones antes de que naufraguen. Lo ocurrido es intolerable y merece depuración de responsabilidad y explicaciones claras por parte de las administraciones competentes, a menudo mucho más preocupadas de lanzar mensajes de tranquilidad a la población sobre los riesgos del ébola que de conjurarlos en la práctica.

Bipartidismo: tocado y casi hundido

Se desveló el misterio: el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) publicó hoy su encuesta más esperada de los últimos años y a fe que no ha defraudado las expectativas. Dice ese sondeo que Podemos es a día de hoy la primera fuerza política en intención de voto directo y la tercera en voto estimado. Esto quiere decir que la formación de Pablo Iglesias es la primera opción del encuestado cuando se le pregunta directamente a quién votaría y la tercera cuando se tienen en cuenta también a los indecisos y a los que no han contestado a la pregunta. En este segundo caso es el PP el que ganaría las elecciones y le seguiría el PSOE. Los dos grandes partidos sumarían entre ambos un raquítico 51% de los votos estimados con lo que el bipartidismo ya famoso salvaría los muebles por los pelos. 

Al no dar la encuesta del CIS mayoría absoluta a ninguna de las tres primeras opciones, se abre un panorama político tan incierto como inédito que obligaría a pactos políticos si estos datos se reflejaran en la encuesta de las urnas. ¿Cabe pensar en un pacto PP-PSOE para cerrarle el paso a Podemos y salvar el denostado bipartidismo de la quema ciudadana? ¿Es factible un pacto Podemos – PSOE aunque ahora el PSOE no esté por la labor? ¿Se echaría el PSOE en brazos de IU si los de Cayo Lara – que se desploman en la encuesta del CIS por culpa de Podemos - no consiguen atraer a su regazo a los de Pablo Iglesias? Tal vez sea ejercicio inútil por precipitado hacer este tipo de cábalas cuando aún falta un año para las elecciones generales, demasiado tiempo en política, aunque no está de más ir pensando en ellas. 

En todo caso, primero habrá que ver si Podemos aguanta el tirón y mantiene la pujanza que le da tanto la encuesta conocida hoy como la que el domingo pasado publicó EL PAÍS, que le otorgaba también el primer puesto en voto directo. De momento lo tiene todo a favor: los casos de corrupción no faltan y hasta puede que aumenten, la supuesta recuperación económica que intenta vender el Gobierno en medio del fragor de los escándalos no llega a los ciudadanos y, encima, Podemos no sufre desgaste político alguno porque no gobierna ni tiene representación en ningún lado, salvo en el Parlamento Europeo. Todo el desgaste que puede sufrir vendrá de quienes ven en esta ascendente formación política populismo, chavismo y perroflautismo. Sin embargo, la intensidad de la indignación ciudadana es tal que ni esos ataques indisimulados contra Pablo Iglesias y los suyos han conseguido hacerle daño en las encuestas. 

Téngase en cuenta, además, que el sondeo publicado hoy se realizó en medio del escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y la nefasta gestión de la crisis del ébola. Cabe preguntarse por el resultado de la encuesta si se hubiera hecho coincidiendo con la Operación Púnica o la imputación de Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas, dos nuevos escándalos que se encadenaron con los dos anteriores sin solución de continuidad. No obstante, pretender restarle fiabilidad a la encuesta por el hecho de que se hiciera en un momento en el que los ciudadanos estaban especialmente cabreados con la corrupción es negar la realidad. La corrupción no es, ni mucho menos y por desgracia, un asunto novedoso en España. 

La propia encuesta del CIS vuelve a situarla como la segunda preocupación para el 80% de los españoles después del paro, lo que pone de manifiesto que el enfado ciudadano ante los escándalos y la falta de expectativas económicas no es flor de un día sino sentimiento permanente de disgusto y rechazo. El cuadro se cierra sobre el bipartidismo con un Mariano Rajoy que ostenta el dudoso honor de ser el líder político peor valorado y con menos credibilidad política para los ciudadanos y un Pedro Sánchez que, cien días después de asumir la secretaría general del PSOE, apenas ha conseguido mejorar en un par de puntos las expectativas de voto de su partido. Por cierto, debido a razones no explicadas, los del CIS no tuvieron a bien preguntar pos la valoración que hacen los ciudadanos de Pablo Iglesias. Tal vez en la próxima. En resumen, la deteriorada nave del bipartidismo flota todavía aunque la vía de agua que se le ha abierto en sus expectativas electorales amenaza con echarla a pique como no achique pronto la inundación. Continuará…

El gobierno de los jueces

Tres años lleva ya este Gobierno derivando al Tribunal Constitucional lo que debería  resolver por la vía del diálogo y el acuerdo, es decir, a través de la política en su máxima expresión democrática. Casos que lo demuestran hay muchos, dos hoy mismo sin ir más lejos. De una parte, el Constitucional acaba de suspender cautelarmente a instancias del Gobierno de Rajoy la consulta que el Gobierno de Canarias había convocado para el 23 de este mes con el fin de que los canarios se pronunciaran sobre los sondeos de Repsol en aguas de las islas. De otra, también ha dejado en suspenso “la jornada de participación” del 9N en Cataluña, la alternativa de la Generalitat para que los ciudadanos de esa comunidad autónoma se expresaran sobre el futuro de ese territorio. 

No son comparables ambos casos ni en el tenor de las respectivas preguntas ni en los objetivos perseguidos en uno y otro sitio. En Canarias se buscaba conocer la opinión de los ciudadanos sobre un asunto que les atañe directamente: los riesgos ciertos de una industria petrolífera a escasos kilómetros de sus playas y costas; en Cataluña, en cambio, se preguntaba directamente por la independencia de España. En lo que sí se parecen como dos gotas de agua es en la cerrazón del Ejecutivo central y en su manifiesta falta de voluntad para encauzar por la vía del diálogo conflictos de hondo calado político como los dos mencionados. 

Le resulta mucho más cómodo y descansado dejar que sea el Constitucional el que corte por lo sano cualquier atisbo de protesta o discrepancia ante las decisiones unilaterales apoyadas únicamente en la mayoría absoluta del PP. Si una comunidad autónoma como Canarias se propone atenuar los efectos en su territorio de una ley como la LOMCE, el Gobierno del Estado no tarda en sacar la artillería jurídica y la lleva al Constitucional con petición expresa de suspensión cautelar de la norma recurrida. Algo, por cierto, que no pueden hacer las comunidades autónomas cuando entienden que es el Estado el que invade las competencias autonómicas. 

Bien es verdad que antes de que las diferencias entre Estado y comunidades autónomas terminen en el Constitucional, se abre necesariamente un proceso de negociador para alcanzar un acuerdo que evite la judicialización del problema. Sin embargo, como ocurrió también con Canarias en el caso de la llamada Ley de Moratoria Turística, el Ejecutivo ya tenía la decisión de recurrir tomada antes incluso de sentarse a hablar, lo que convirtió la negociación en un inútil paripé. De este modo, apoyado en su mayoría absoluta y en un Tribunal Constitucional presidido por alguien que ocultó su militancia en el PP para merecer tan alto honor, el Gobierno abdica de su responsabilidad de hacer política con mayúscula y opta por que la hagan en su lugar los jueces elegidos a dedo por el PP y el PSOE, que también en esto debería de dar muestras de que cambiarán las cosas de forma radical si vuelve a gobernar. 

No se trata de ninguna prevención por mi parte hacia los jueces en su conjunto que, a trancas y barrancas, desarrollan su labor con profesionalidad, rigor y miles de pegas de todo tipo. El recelo se refiere sólo a aquellos magistrados elegidos por el poder político a los que este Ejecutivo está obligando a actuar casi como un gobierno paralelo o una tercera cámara legislativa y de cuya independencia e imparcialidad no siempre es posible estar seguro. 

Con todo, es una verdadera lástima que la misma agilidad judicial que demuestra el Gobierno actual en asuntos que deberían sustanciarse en el plano político no la haya aplicado a los múltiples y variados casos de corrupción en los que está inmerso el partido que lo apoya. Es más, cuando ha tenido la oportunidad se ha erigido más en defensor que en acusador de sus corruptos, como ocurrió con su fracasado intento de echarle una mano al innombrable Bárcenas hasta el punto de que el juez tuvo que expulsarlo de la causa. Así y todo, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, se permite proclamar a los cuatro vientos en otra de sus memorables frases para la posteridad que el PP “no puede hacer más de lo que ha hecho contra la corrupción “y que “no puede meter a los corruptos en la cárcel”. 

Hacer, lo que se dice hacer, apenas ha hecho nada el PP contra la corrupción salvo ignorarla o taparla. Y en cuanto a la cárcel, nadie le pide tanto aunque sí al menos que sean expulsados del partido y los denuncie ante la Justicia, en lugar de sacarlos de prisión a la primera oportunidad que se le presenta, como acaba de hacer con Jaume Matas. A la vista por tanto de la doble vara de medir con la que el PP y el Gobierno recurren a la Justicia cuando les interesa y la ignoran cuando les viene mal, sólo cabe pensar que Rajoy y los suyos son fervientes seguidores del viejo principio de aplicar la ley a los enemigos y a los amigos el favor.