Un año más con Rajoy

No me sorprende lo más mínimo el perfil bajo que han adoptado hoy el Gobierno y el PP para celebrar el tercer año triunfal desde la llegada de Rajoy a La Moncloa un 20 de noviembre 2011 con aplastante mayoría absoluta. El propio Rajoy se ha ido a Santiago a hacer balance y tal vez a postrarse a los pies del Santo Patrón para que lo ilumine sobre cómo salir del atolladero político catalán, cómo capear la corrupción campante que acosa a su partido, cómo hacer para que la recuperación económica sea algo tangible para los ciudadanos de a pie y cómo remontar en las encuestas electorales y evitar que Pablo Iglesias se le suba a las barbas el año que viene. Demasiadas peticiones para un santo, por muy patrón de España que sea y por mucha fe que se tenga en él. 

Los pocos representantes del PP y del Gobierno que hoy se han atrevido a hacer balance no han sido capaces de ofrecer nada que no hayan ofrecido e incumplido reiteradamente a lo largo de estos tres años. Escuchar al ministro Montoro decir por enésima vez que España “está saliendo de la crisis” y al portavoz Alfonso Alonso hablar de “regeneración política” produce una mezcla de hastío e incredulidad que invitan a desconectar automáticamente. Resumir en pocas líneas lo que han supuesto para los españoles estos tres años es tarea mucho más sencilla de lo que pudiera parecer a primera vista: paro, pobreza, pérdida de derechos, corrupción y marasmo político. Es normal, por tanto, que no estén las cosas en Génova y en La Moncloa para muchas celebraciones ni para tirar cohetes. 

En el plano económico, el Gobierno ha vuelto a presumir de haber librado a España del rescate olvidando una vez más la generosa inyección pública a los bancos para salvarlos de la irresponsable gestión de sus directivos. Mientras, las pequeñas y medianas empresas siguen muriendo de inanición crediticia y echan más empleados a la calle. Saca pecho el Gobierno con las cifras del paro pero esconde que estamos casi igual o peor que al comienzo de la legislatura si tenemos en cuenta que hay medio millón de afiliados menos a la Seguridad Social, muchos de ellos buscándose la vida en el extranjero. La reforma laboral ha deprimido los salarios hasta el punto de que la mismísima Comisión Europea le ha dado un sonoro tirón de orejas a Rajoy y a los suyos. En paralelo se han disparado los índices de pobreza y exclusión social, incluyendo a los niños, mientras el Gobierno ha asistido prácticamente impasible o limitándose a parchear el drama social de los desahucios y la monumental estafa de las preferentes. 

El mantra del cumplimiento del objetivo de déficit ha dañado severamente los servicios públicos y la reforma fiscal ha profundizado en la falta de progresividad del sistema después de amnistiar con todos los honores a los defraudadores y hacer dejación del deber de perseguir el fraude. Los incorregibles tics centralistas del PP han abortado la imperiosa reforma del sistema de financiación autonómico prolongando situaciones de agravio comparativo con territorios como Canarias, que para colmo de males se han extendido también a los Presupuestos Generales del Estado de estos tres años de legislatura. El PP ha usado su mayoría absoluta como una suerte de patente de corso para ignorar el diálogo y el consenso con el resto de las fuerzas parlamentarias e imponer sus políticas sin miramientos ni contemplaciones. Un caso flagrante de esa falta de sensibilidad política es la imposición por las bravas y hasta manu militari de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Sólo cuando le ha interesado electoralmente, como ocurrió con la retirada de la Ley del Aborto, ha apelado hipócritamente al acuerdo. Con Rajoy en La Moncloa el “desafío catalán” no ha hecho sino agravarse y enconarse: inmovilismo, desdén y ley han sido sus únicos argumentos ante un órdago del que ha preferido no saber nada hasta que ya ha empezado a ser demasiado tarde para encontrar una salida a un problema que cada vez tiene menos de jurídico. 

En el pantanoso y maloliente terreno de la corrupción, seguimos esperando tres años después por las medidas de regeneración política que anunció Rajoy, la mayoría de las cuales se han quedado por el camino como tantas otras cosas que prometió para luego hacer justo lo contrario. En lugar de impulsar una verdadera batalla política y jurídica contra los corruptos, tal y como exigen unos ciudadanos asqueados de los continuos escándalos y la barra libre con la que se ha robado y gastado el dinero público, el PP y el Gobierno con su presidente al frente han preferido durante todo este tiempo aplicarse a fondo en defenderlos, justificarlos, esconderlos o no nombrarlos. Y cuando ya no había más remedio ante las evidencias, pedir perdón y darse por satisfecho. Eso siempre y cuando los cogidos en falta sean los suyos y no los del rival político: en ese caso no ha dudado en recurrir al “y tú más”, del que tanto han abusado también en el PSOE, y a pedir que rueden cabezas. 

Se comprende que ante semejante balance el PP y el Gobierno hayan preferido pasar hoy de puntillas sobre los tres años de Rajoy en La Moncloa. Tengo para mí que a estas alturas les preocupan mucho menos las consecuencias de sus políticas a lo largo de este trienio que la posibilidad de que estén inaugurando su último año en el poder.

A los Héroes de Sandía

Viento en popa a toda máquina, no surcan el mar sino vuelan las lanchas de la Invencible Armada. En lontananza se atisban ya grandes y veloces embarcaciones tripuladas por peligrosos piratas pertenecientes a la conocida banda de Greempeace. Son los tales bucaneros – reconocibles por una bandera en la que para desorientar a sus perseguidores han sustituido la calavera y las tibias por un gran arco iris - feroces y atrevidos asaltantes de pacíficos barcos cuya única y desinteresada misión es dar a conocer urbi et orbi la buena nueva del petróleo. Hay que impedirles como sea que se salgan con la suya y allá que van las valerosas lanchas de la Armada a abordarlas antes de que sea demasiado tarde.

Ya se oye el rugir de sus motores a todo trapo, ya se acercan veloces a ellas, ya las tienen al alcance de proa, les pasan por encima y echan al agua a una de las piratas que se parte una pierna y magullan a un par de ellos más, ya los arrollan y dispersan: la victoria es suya, ¡honor y gloria! En los anales de la guerra naval no se había vuelto a ver tanto valor y arrojo desde Salamina, Lepanto y Trafalgar. Los héroes de Sandía, como ya se les conoce en los confines del Universo por el nombre de la cuadrícula petrolera en la que se produjo el histórico e inolvidable enfrentamiento entre fuerzas tan desiguales, han cumplido con arrojo y valentía las órdenes de la superioridad: proteger el interés de una empresa petrolera transmutado por obra y gracia de los mandos políticos en interés general del país, mantener el orden público y poner en retirada a los aviesos piratas. 

Pero que nadie baje la guardia, la victoria aún no es completa. Aunque las piráticas lanchas quedaron casi para el desguace y sus ocupantes noqueados y desperdigados en medio de la Mar Océana, no hay que fiarse lo más mínimo de las oscuras y traidoras intenciones por las que son conocidos en el mundo entero. Aún tienen capacidad de reacción y en cualquier momento pueden volver a las andadas y atacar de nuevo al inocente barco que sólo quiere buscar – y encontrar – petróleo. Se impone por tanto impedirles que se muevan de donde están y, para ello, nada mejor que empurarlos también por la vía administrativa después de atropellarlos por la vía militar. 

Hay que retener en el puerto el barco del que partieron las lanchas de la bandera del arco iris e imponerles un aval de 50.000 euros. Eso para empezar. Al mismo tiempo que se les mantiene amarrados a puerto y bajo estrecha vigilancia se les abre un expediente administrativo de no te menees y se les advierte con claridad y contundencia de que, como sean encontrados culpables de entorpecer el libre tráfico marítimo, el libre tráfico ferroviario y hasta el libre tráfico espacial se les caerá el pelo, la barba, el parche en el ojo, el loro y hasta la pata de palo: una multa de hasta 300.000 euros de nada, para que aprendan y no vuelvan a molestar en la vida a quien sólo quiere buscar – y encontrar – petróleo y hacernos a todos ricos y felices. 

De momento y mientras paguen, no será necesario recurrir a medidas más drásticas como castigar a cada uno de ellos con cien azotes con un látigo de siete puntas en la cubierta de la nave pirata o colgar a los cabecillas del palo mayor para que sirvan de escarmiento a los demás. Una vez hecho todo esto y ahora que los fibusteros de Greempeace han sido derrotados y maniatados y que el interés general está a salvo, no perdamos ni un minuto en rendir el merecido homenaje a los defensores de la ley, el orden y el petróleo: rotulemos calles, plazas, auditorios y aeropuertos con sus nombres, erijamos estatuas, incluyamos la hazaña en los libros escolares y cantemos himnos marciales en honor de los Héroes de Sandía. Pero, sobre todo, honremos como se merecen a quienes desde el puente de mando y en situación tan comprometida han hecho posible con su clarividencia y decisión esta imborrable y gloriosa página de nuestra Historia. 

Transparencia opaca

A pesar de sus golpes de pecho y de sus propósitos de la enmienda, ni el PP ni el PSOE parecen haber entendido cuál es eso que en tiempos se llamaba el “sentir de la calle” sobre la corrupción y la falta de transparencia con la que se gasta y malgasta el dinero público. Los viajes del ex senador Monago a Canarias, que siguen sin aclararse ni justificarse en tiempo y forma, abrieron el debate sobre la opacidad que reina en el uso que hacen sus señorías de los recursos públicos para sus desplazamientos. Parecía que lo ocurrido con el presidente extremeño y su amor por Canarias iba a servir para que por fin se pusiera fin al despropósito que supone que sus señorías puedan recorrer la piel de toro y archipiélagos aledaños con cargo al erario sin dar cuenta a nadie sobre el objetivo último de sus andanzas. 

El acuerdo que han cerrado hoy en el Congreso el PP y el PSOE y que se extenderá también al Senado es una de esas nuevas promesas de regeneración que al final quedan en nada o en casi nada. Y es que cuando se trata de preservar los viejos y malos hábitos enquistados en el modus operandi de la política nacional desde la etapa de la Transición, apenas se aprecian diferencias entre los dos grandes partidos nacionales. Hoy han vuelto a dar muestra de ello con un acuerdo sobre el control de los viajes de los parlamentarios que, en la práctica, deja las cosas prácticamente igual de opacas que hasta ahora. 

Del control quedan exentos los viajes de ida y vuelta que hagan sus señorías desde sus respectivos lugares de residencia a Madrid. Tampoco hay cambios con respecto a los viajes de las delegaciones oficiales del Congreso y el Senado, controlados por las propias cámaras. La novedad, si es que puede llamarse así a lo acordado hoy, se refiere a los viajes calificados de “políticos”, es decir, aquellos que senadores y diputados hacen por razón de su responsabilidad como representantes democráticamente elegidos. Para este tipo de viajes se acuerda que sean los propios partidos los que controlen a sus parlamentarios avalando sus desplazamientos en el plazo máximo de 15 días. Si no lo hicieran, el diputado o senador en cuestión tendría que devolver la cuantía del viaje. En un gesto tan inútil como teatral, el Congreso y el Senado publicarán cada tres meses en sus respectivas webs el número de viajes políticos de sus señorías. Será, en todo caso, una relación en bruto sin detallar quiénes viajaron ni a qué grupos parlamentarios pertenecen, con lo cual nos quedamos prácticamente como estábamos.

Este acuerdo, que ni con benevolencia podría calificarse de mínimos, no es muy del agrado del presidente del Congreso, Jesús Posada, un hombre al que parece gustarle que sus diputados hagan de su capa un sayo con los recursos de todos y si alguien quiere controlarlos que sean en todo caso sus partidos. Por si no fuera suficiente,  tampoco se distingue entre viajes relacionados con la actividad en el Congreso o el Senado de los que tienen que ver con la asistencia a mitines, congresos o fiestas y ágapes partidistas. Simplemente se considera que los segundos son la “extensión lógica” de los primeros – como dice el PSOE – y se les incluye en la lista de desplazamientos sufragados con dinero de todos los ciudadanos. 

De este modo pagamos de nuestro bolsillo no solo sus sueldos, sino que los senadores y diputados puedan también participar en actos partidistas fuera de sus territorios que deberían abonarse, en todo caso, por los respectivos partidos. De publicar las agendas políticas de los parlamentarios ni hablar; de que se especifique en las webs de las cámaras quién viaja, a dónde y para qué, mucho menos. Según dicen los firmantes del acuerdo hay que proteger la discreción de esos viajes cuando sea necesario, aunque en realidad lo único que protegen es su discrecionalidad, que no es lo mismo. Y aún sostiene el PSOE que con este acuerdo no se repetirá un caso como el de Monago y su puente aéreo con Canarias. Sinceramente, ante el amaño de transparencia que han cerrado hoy socialistas y populares sólo cabe concluir que para este viaje no hacían falta alforjas.