Las prospecciones bajo la lupa de Bruselas

Es demasiado pronto para presumir que Bruselas será la que termine paralizando los sondeos petrolíferos de Repsol en Canarias por el incumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria. Sin embargo, el hecho de que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea haya confirmado hoy que ha pedido más información al Gobierno español sobre este asunto puede ser un paso decisivo en esa dirección. Las autoridades comunitarias han terminado atendiendo las reiteradas quejas de las instituciones canarias, las organizaciones ecologistas y varias fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo sobre la vulneración de la normativa europea por parte de España en la concesión de los permisos para que Repsol pudiera empezar a buscar petróleo en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. 

Las quejas se refieren principalmente al retraso que sufrió la aprobación del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de esas aguas, un expediente convenientemente retrasado por el hoy comisario Arias Cañete y resuelto por su sucesora en el Ministerio de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuando la multinacional petrolera ya contaba con todas las bendiciones de Industria para buscar petróleo. Las denuncias también señalan que el Gobierno recortó el área afectada por el LIC para que no se solapara con la de las catas petroleras.  Por lo demás, el anuncio hecho hoy por la Dirección General de Medio es un severo varapalo al Gobierno, al PP y a la propia compañía, empeñados en defender la impoluta legalidad del expediente y el escrupuloso respeto a la normativa medioambiental europea. En más de una ocasión los populares han presumido de que Bruselas había cerrado definitivamente cualquier investigación sobre la tramitación de un expediente tildado por las instituciones canarias de poco transparente y por las organizaciones ecologistas y numerosos científicos de incompleto e insuficiente. Al margen de lo que se decida finalmente y a falta de saber qué información trasladará el Gobierno español a Bruselas, después del anuncio de hoy es evidente que en absoluto han dado carpetazo las autoridades comunitarias a  esta cuestión. 

Esta petición de datos al Gobierno español sobre las prospecciones autorizadas a Repsol llega justo a dos días del 23N, la fecha que habían elegido el Gobierno de Canarias para que los ciudadanos pudieran expresar libremente su opinión sobre la conveniencia de buscar y en su caso extraer petróleo en unas aguas de extraordinaria riqueza natural y a escasos kilómetros de playas por las que pasan cada año millones de turistas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy y en particular su ministro de Industria, cerrados en banda a cualquier alternativa que no pase por facilitarle las cosas a Repsol y poner incluso la Armada a la entera disposición de intereses privados, cercenaron de cuajo la posibilidad de conocer esa opinión cuando elevaron el asunto al Constitucional y éste paralizó cautelarmente la consulta. 

Las autoridades canarias acataron sin demora la decisión del alto tribunal y automáticamente suspendieron la consulta, al contrario de lo que ocurrió en Cataluña con el 9N, convertido en “proceso participativo” después de una decisión similar del Constitucional. Sin embargo, la doble vara de medir del Gobierno central en uno y en otro caso queda en evidencia cuando para aplacar la situación en Cataluña el presidente anuncia una visita para “explicarse mejor” y en Canarias manda a la Armada para arrollar a los ecologistas contrarios a los sondeos. 

La vicepresidenta catalana, Joanna Ortega, decía esta semana tras conocer la decisión de la Fiscalía de querellarse contra la Generalitat por el 9N que esa denuncia “aleja un poco más a Cataluña de España". Canarias ya está geográficamente muy alejada del resto de España por una distancia de más de 2.000 kilómetros, una distancia mucho mayor si consideramos que la brecha política entre las Islas y Madrid no ha parado de crecer desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa hacer ahora tres años. 

El desprecio y la tozudez empleados para imponer a toda costa un proyecto petrolero privado mientras lo rechaza en Baleares con los mismos argumentos que no considera válidos en Canarias, la tramitación de un oscuro expediente medioambiental que ahora es objeto de investigación por parte de Bruselas y la escasa sensibilidad democrática para escuchar lo que opinan los ciudadanos sobre un asunto trascendental, han ido cavando un foso tan profundo entre las Islas y el Gobierno del Estado que, como en Cataluña, también puede terminar siendo infranqueable. 

Un año más con Rajoy

No me sorprende lo más mínimo el perfil bajo que han adoptado hoy el Gobierno y el PP para celebrar el tercer año triunfal desde la llegada de Rajoy a La Moncloa un 20 de noviembre 2011 con aplastante mayoría absoluta. El propio Rajoy se ha ido a Santiago a hacer balance y tal vez a postrarse a los pies del Santo Patrón para que lo ilumine sobre cómo salir del atolladero político catalán, cómo capear la corrupción campante que acosa a su partido, cómo hacer para que la recuperación económica sea algo tangible para los ciudadanos de a pie y cómo remontar en las encuestas electorales y evitar que Pablo Iglesias se le suba a las barbas el año que viene. Demasiadas peticiones para un santo, por muy patrón de España que sea y por mucha fe que se tenga en él. 

Los pocos representantes del PP y del Gobierno que hoy se han atrevido a hacer balance no han sido capaces de ofrecer nada que no hayan ofrecido e incumplido reiteradamente a lo largo de estos tres años. Escuchar al ministro Montoro decir por enésima vez que España “está saliendo de la crisis” y al portavoz Alfonso Alonso hablar de “regeneración política” produce una mezcla de hastío e incredulidad que invitan a desconectar automáticamente. Resumir en pocas líneas lo que han supuesto para los españoles estos tres años es tarea mucho más sencilla de lo que pudiera parecer a primera vista: paro, pobreza, pérdida de derechos, corrupción y marasmo político. Es normal, por tanto, que no estén las cosas en Génova y en La Moncloa para muchas celebraciones ni para tirar cohetes. 

En el plano económico, el Gobierno ha vuelto a presumir de haber librado a España del rescate olvidando una vez más la generosa inyección pública a los bancos para salvarlos de la irresponsable gestión de sus directivos. Mientras, las pequeñas y medianas empresas siguen muriendo de inanición crediticia y echan más empleados a la calle. Saca pecho el Gobierno con las cifras del paro pero esconde que estamos casi igual o peor que al comienzo de la legislatura si tenemos en cuenta que hay medio millón de afiliados menos a la Seguridad Social, muchos de ellos buscándose la vida en el extranjero. La reforma laboral ha deprimido los salarios hasta el punto de que la mismísima Comisión Europea le ha dado un sonoro tirón de orejas a Rajoy y a los suyos. En paralelo se han disparado los índices de pobreza y exclusión social, incluyendo a los niños, mientras el Gobierno ha asistido prácticamente impasible o limitándose a parchear el drama social de los desahucios y la monumental estafa de las preferentes. 

El mantra del cumplimiento del objetivo de déficit ha dañado severamente los servicios públicos y la reforma fiscal ha profundizado en la falta de progresividad del sistema después de amnistiar con todos los honores a los defraudadores y hacer dejación del deber de perseguir el fraude. Los incorregibles tics centralistas del PP han abortado la imperiosa reforma del sistema de financiación autonómico prolongando situaciones de agravio comparativo con territorios como Canarias, que para colmo de males se han extendido también a los Presupuestos Generales del Estado de estos tres años de legislatura. El PP ha usado su mayoría absoluta como una suerte de patente de corso para ignorar el diálogo y el consenso con el resto de las fuerzas parlamentarias e imponer sus políticas sin miramientos ni contemplaciones. Un caso flagrante de esa falta de sensibilidad política es la imposición por las bravas y hasta manu militari de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Sólo cuando le ha interesado electoralmente, como ocurrió con la retirada de la Ley del Aborto, ha apelado hipócritamente al acuerdo. Con Rajoy en La Moncloa el “desafío catalán” no ha hecho sino agravarse y enconarse: inmovilismo, desdén y ley han sido sus únicos argumentos ante un órdago del que ha preferido no saber nada hasta que ya ha empezado a ser demasiado tarde para encontrar una salida a un problema que cada vez tiene menos de jurídico. 

En el pantanoso y maloliente terreno de la corrupción, seguimos esperando tres años después por las medidas de regeneración política que anunció Rajoy, la mayoría de las cuales se han quedado por el camino como tantas otras cosas que prometió para luego hacer justo lo contrario. En lugar de impulsar una verdadera batalla política y jurídica contra los corruptos, tal y como exigen unos ciudadanos asqueados de los continuos escándalos y la barra libre con la que se ha robado y gastado el dinero público, el PP y el Gobierno con su presidente al frente han preferido durante todo este tiempo aplicarse a fondo en defenderlos, justificarlos, esconderlos o no nombrarlos. Y cuando ya no había más remedio ante las evidencias, pedir perdón y darse por satisfecho. Eso siempre y cuando los cogidos en falta sean los suyos y no los del rival político: en ese caso no ha dudado en recurrir al “y tú más”, del que tanto han abusado también en el PSOE, y a pedir que rueden cabezas. 

Se comprende que ante semejante balance el PP y el Gobierno hayan preferido pasar hoy de puntillas sobre los tres años de Rajoy en La Moncloa. Tengo para mí que a estas alturas les preocupan mucho menos las consecuencias de sus políticas a lo largo de este trienio que la posibilidad de que estén inaugurando su último año en el poder.

A los Héroes de Sandía

Viento en popa a toda máquina, no surcan el mar sino vuelan las lanchas de la Invencible Armada. En lontananza se atisban ya grandes y veloces embarcaciones tripuladas por peligrosos piratas pertenecientes a la conocida banda de Greempeace. Son los tales bucaneros – reconocibles por una bandera en la que para desorientar a sus perseguidores han sustituido la calavera y las tibias por un gran arco iris - feroces y atrevidos asaltantes de pacíficos barcos cuya única y desinteresada misión es dar a conocer urbi et orbi la buena nueva del petróleo. Hay que impedirles como sea que se salgan con la suya y allá que van las valerosas lanchas de la Armada a abordarlas antes de que sea demasiado tarde.

Ya se oye el rugir de sus motores a todo trapo, ya se acercan veloces a ellas, ya las tienen al alcance de proa, les pasan por encima y echan al agua a una de las piratas que se parte una pierna y magullan a un par de ellos más, ya los arrollan y dispersan: la victoria es suya, ¡honor y gloria! En los anales de la guerra naval no se había vuelto a ver tanto valor y arrojo desde Salamina, Lepanto y Trafalgar. Los héroes de Sandía, como ya se les conoce en los confines del Universo por el nombre de la cuadrícula petrolera en la que se produjo el histórico e inolvidable enfrentamiento entre fuerzas tan desiguales, han cumplido con arrojo y valentía las órdenes de la superioridad: proteger el interés de una empresa petrolera transmutado por obra y gracia de los mandos políticos en interés general del país, mantener el orden público y poner en retirada a los aviesos piratas. 

Pero que nadie baje la guardia, la victoria aún no es completa. Aunque las piráticas lanchas quedaron casi para el desguace y sus ocupantes noqueados y desperdigados en medio de la Mar Océana, no hay que fiarse lo más mínimo de las oscuras y traidoras intenciones por las que son conocidos en el mundo entero. Aún tienen capacidad de reacción y en cualquier momento pueden volver a las andadas y atacar de nuevo al inocente barco que sólo quiere buscar – y encontrar – petróleo. Se impone por tanto impedirles que se muevan de donde están y, para ello, nada mejor que empurarlos también por la vía administrativa después de atropellarlos por la vía militar. 

Hay que retener en el puerto el barco del que partieron las lanchas de la bandera del arco iris e imponerles un aval de 50.000 euros. Eso para empezar. Al mismo tiempo que se les mantiene amarrados a puerto y bajo estrecha vigilancia se les abre un expediente administrativo de no te menees y se les advierte con claridad y contundencia de que, como sean encontrados culpables de entorpecer el libre tráfico marítimo, el libre tráfico ferroviario y hasta el libre tráfico espacial se les caerá el pelo, la barba, el parche en el ojo, el loro y hasta la pata de palo: una multa de hasta 300.000 euros de nada, para que aprendan y no vuelvan a molestar en la vida a quien sólo quiere buscar – y encontrar – petróleo y hacernos a todos ricos y felices. 

De momento y mientras paguen, no será necesario recurrir a medidas más drásticas como castigar a cada uno de ellos con cien azotes con un látigo de siete puntas en la cubierta de la nave pirata o colgar a los cabecillas del palo mayor para que sirvan de escarmiento a los demás. Una vez hecho todo esto y ahora que los fibusteros de Greempeace han sido derrotados y maniatados y que el interés general está a salvo, no perdamos ni un minuto en rendir el merecido homenaje a los defensores de la ley, el orden y el petróleo: rotulemos calles, plazas, auditorios y aeropuertos con sus nombres, erijamos estatuas, incluyamos la hazaña en los libros escolares y cantemos himnos marciales en honor de los Héroes de Sandía. Pero, sobre todo, honremos como se merecen a quienes desde el puente de mando y en situación tan comprometida han hecho posible con su clarividencia y decisión esta imborrable y gloriosa página de nuestra Historia.