No hay cama pa tanta gente

Un mes sí y el siguiente también, Canarias sigue batiendo récords en la llegada de turistas extranjeros a tostarse en las playas de las islas. Volvió a ocurrir el pasado mes de agosto, cuando el número de visitantes llegados allende nuestras fronteras volvió a rondar el millón, un 12,7% más que en el mismo mes del año pasado. Sólo en lo que llevamos de 2014 ya han visitado Canarias más de 7,5 millones de turistas, más del 12% que en los ocho primeros meses de 2013. En paralelo aumenta el gasto global de los turistas que visitan Canaria, aunque más porque crece su número de manera que parece imparable que por que se rasquen más el bolsillo en el destino. Aunque en esto no se ponen muy de acuerdo los expertos, la mayoría coincide en que al menos la mitad del desembolso para pasar una semana de vacaciones en Canarias se hace en origen y no en el lugar elegido para descansar. Al mismo tiempo, son recurrentes las críticas de pequeños y medianos comerciantes y de dueños de restaurantes, cafeterías y otros negocios ligados al sector servicios ante el auge del “todo incluido” al que se apuntan muchos establecimientos hoteleros de las Islas. 

Con este sistema, el visitante se queda durante toda su estancia en el hotel y en él termina haciendo la mayor parte del gasto. Al hotelero le viene bien porque tiene ocupadas las habitaciones pero a los negocios relacionados con el turismo le causa un daño irreparable en ventas y, a la postre, repercute negativamente en el empleo. Claro que, para animar a los turistas a abandonar la piscina del hotel y darse un garbeo por las islas, es imprescindible ampliar y diversificar la oferta complementaria a la de sol y playa. 

Aunque mucho se ha avanzado en este terreno, parece evidente que aún queda bastante por hacer. El objetivo del turismo de calidad, un viejo mantra del que todos se olvidan cuando la situación económica viene mal dada y hay que presentar buenas cifras de ocupación hotelera, no debería abandonarse a las primeras de cambio y tendría que seguir constituyendo la meta de hoteleros y autoridades relacionadas con el sector. Porque, por mucho que nos deslumbren las cifras de visitantes, mejor sería tal vez que no vinieran tantos pero que gastaran más en las Islas. Y ya puestos, uno se pregunta por la incapacidad histórica del empresariado local para contar con touroperador y línea aérea de capital canario que puje por quedarse al menos con una parte del pastel que se llevan los grandes monstruos de un sector que mueve anualmente decenas de miles de millones de euros. 

Sin embargo, para críticas las que reciben casi a diario los hoteleros por no reflejar en los datos del empleo las excelentes cifras en la llegada de visitantes. Ellos se defienden alegando que contratan todo lo que pueden y que no es de recibo que se les exija que resuelvan por sí solos las altas tasas de paro que, a pesar de esas deslumbrantes estadísticas turísticas, sigue sufriendo Canarias. Uno, en cambio, sospecha que algo más podrían hacer. Hay abundantes testimonios que hablan de plantillas insuficientes para atender hoteles con ocupaciones cercanas al 100% y de largas jornadas laborales para paliar la falta de personal. Todo ello repercute en la calidad del servicio que reciben los visitantes y eso es algo que los hoteleros deberían de cuidar porque un cliente satisfecho es un cliente que repite. 

Los turistas son los protagonistas de uno de los negocios más grandes del mundo pero también de los más frágiles: basta un volcán que entra en erupción en Islandia, una revolución política en algún destino competidor, una crisis económica en Alemania o el hundimiento de la libra británica por la independencia de Escocia para que se queden en casa o elijan otro destino más barato. Por no hablar del riesgo de que reviente un pozo de petróleo – Dios y Soria no lo quieran – para que no volvamos a verlos por aquí en unos cuantos años y entonces ríete tu de las cifras de paro. Por tanto, es vital para lugares como Canarias atenderlos con esmero al menos mientras siga siendo nuestra principal industria y eso parece que no tiene visos de cambiar ni siquiera a largo plazo.

Esto incluye también el respeto al medio ambiente y al entorno natural, lo que supone no alicatar las laderas y montes de las islas con bungalows u hoteles de cuatro o cinco estrellas a mayor gloria de empresarios ávidos de hacer caja a toda prisa. No vayamos a acabar con la gallina de los huevos de oro de la economía canaria con la excusa de buscar cama pa tanta gente.

Alcaldada

Regenerar es el mantra elegido por el Gobierno del PP para darnos la brasa hasta las elecciones de mayo. La influencia de Podemos debe de ser ya que, si no, no se entiende la súbita caída del caballo de los populares que han tenido tres años para acometer una regeneración política amplia y consensuada y sólo la sacan a relucir cuando se acercan las elecciones. Bienvenida sería si se cumplieran varios requisitos previos, entre ellos, que de una vez por todas Mariano Rajoy dijera todo lo que sabe sobre el “caso Bárcenas”. Ya es llamativo que el partido cuyo ex tesorero se encuentra en la cárcel por ocultar dinero en Suiza se apunte ahora al carro de la regeneración. 

Al mismo tiempo, si de verdad quieren el PP y el Gobierno regenerar la vida política, deberían decir con claridad  lo que se proponen ofrecer al resto de las fuerzas políticas y acallar las dudas sobre la tentación de embarcarse en reformas de calado apoyándose sólo en la mayoría absoluta de la que usan y abusan en el Congreso. Y por último, para que la propuesta fuera creíble, debería abrirse a asuntos que de momento no aparecen en la agenda regeneradora ni de los populares ni del PSOE – dicho sea de paso -, caso de las listas electorales abiertas o la corrección del perverso sistema electoral español que, por ejemplo, castiga a los partidos que concurren en todo el país a favor de los que lo hacen en un solo territorio. Sólo un dato lo pone de manifiesto: en las elecciones generales de 2011 que llevaron al PP a La Moncloa y le dieron mayoría absoluta en el Congreso, IU obtuvo 600.000 votos más que CiU pero cinco diputados menos.

Sin embargo, la propuesta estrella del PP es la elección directa de los alcaldes por parte de los ciudadanos, una cuestión que no figura precisamente entre las principales reclamaciones sociales de regeneración política y a la que el PSOE se resiste por el momento alegando que no es el momento procesal oportuno, aunque ya veremos cuánto tiempo le dura la resistencia. La propuesta, cuya letra pequeña el PP sigue sin desvelar, llega a pocos meses de unas elecciones municipales en las que según las encuestas los populares podrían perder plazas locales muy importantes. En otras palabras, tiene trampa porque huele a apaño para salvar los muebles con un cambio de la ley electoral ad hoc.

El PP defiende que la elección directa de alcaldes regenera la vida política, acerca la administración a los ciudadanos y evita la corrupción. Suenan bien estos argumentos pero tienen poca consistencia: que un alcalde gobierne mediante pactos con otras fuerzas o con mayoría absoluta no implica necesariamente más o menos corrupción. De hecho, puede pensarse que los pactos son mejor cortafuego de la corrupción que las mayorías absolutas en tanto los socios de gobierno se vigilan y fiscalizan más entre ellos que cuando gobierna un solo partido. Lo de la regeneración y la cercanía a los ciudadanos son razones de poco peso ya que no es la composición de la mayoría de gobierno de un ayuntamiento sino las políticas municipales y hasta el talante del alcalde y de los concejales las que hacen más cercana o lejana la administración municipal al ciudadano. 

Lo poco que se sabe de la propuesta popular que parece guardada bajo siete llaves es que para ser alcalde bastaría con el 40% de los votos o una diferencia sobre el segundo más votado del 5%. Nada ha dicho en cambio el PP sobre cómo conseguiría ese alcalde gobernar un municipio si solo representa a la minoría mayoritaria. Tampoco ha dicho qué encaje constitucional tendría el hecho de que la mayoría de los ciudadanos haya votado por otras fuerzas políticas que sumadas sí representan a la mayor parte del cuerpo electoral. ¿Habrá una segunda vuelta para resolver esa situación? ¿Qué partidos de los que concurrieron a la primera podrían presentarse a la segunda? ¿Se permitirían alianzas electorales entre ellos en una segunda vuelta? ¿Se le adjudicarán al candidato más votado la mitad de los concejales para que tenga mayoría absoluta saltándose incluso el principio de representación proporcional? ¿Se mantendrá la moción de censura? 

A la espera de concreción sobre estos y otros interrogantes, lo más que se puede decir en estos momentos es que el PP, al igual que el resto de las fuerzas políticas, tampoco ha predicado hasta ahora con el ejemplo y cuando se le ha presentado la oportunidad no ha dudado en aliarse con el enemigo para desbancar al partido en el gobierno municipal aunque sea el más votado. Lo que no se entiende – o se entiende demasiado bien – es que ahora nos quiera regenerar de un plumazo dándole dos meses de plazo a la oposición para ponerse de acuerdo sobre la elección de alcaldes y no sobre un amplio y profundo cambio normativo que de verdad merezca el nombre de regeneración política. ¿Y qué hará si no hay consenso? ¿Retirará o cambiará la propuesta o seguirá adelante con los faroles por el bien de nuestra degenerada democracia? Lo veremos.   

Justicia a remolque

A los jueces españoles, a menudo tan vilipendiados, habría que levantarles un monumento en alguna plaza de este país. Por lo menos a aquellos que han tenido la valentía de cuestionarse algunas leyes manifiestamente injustas. De no haber sido por su negativa a aplicarlas sin ponerlas en duda las cosas hoy serían aún peores para muchas familias españolas. Estoy hablando de los desahucios y de los dos varapalos consecutivos que el Tribunal Europeo de Justicia le ha propinado a nuestro país por mantener una legislación hipotecaria obsoleta y pensada para satisfacer sólo a una de las dos partes de cualquier contrato, en este caso a los bancos. Todos tenemos en la memoria el fallo del alto tribunal Europeo a instancias de un juez español contra las leyes hipotecarias españolas que obligó al Gobierno de Rajoy a modificar la normativa. 

Por desgracia y a pesar de la propaganda con la que se vendió la medida, lo que salió de la modificación no ha servido para detener el drama de los desahucios en este país del que, a pesar de que ya no se habla tanto en los medios de comunicación, sigue siendo una realidad cotidiana para muchas familias que después de perder el trabajo han terminado también perdiendo sus casas. Para comprobarlo basta con echar un vistazo a las estadísticas que periódicamente publica el Consejo del Poder Judicial, según el cual, sólo en los tres primeros meses de esta año se han registrado en España casi 18.500 lanzamientos de viviendas y locales, un 7% más que en el trimestre anterior. 

Las peticiones de las plataformas antidesahucio para que se incluyera en la nueva normativa la dación en pago de la deuda, tal y como ocurre en otros países, fueron ignoradas por el Gobierno y los bancos siguieron desahuciando a pesar de que eso significara engordar aún más su volumen de pisos y lastrar sus balances. En Andalucía y Canarias se intentó poner coto al problema con una normativa de expropiación temporal del uso de la vivienda para que las familias en dificultades no fueran lanzadas a la calle por las entidades financieras. Apenas aprobada la suya por el gobierno de la Junta de Andalucía, La Moncloa la llevó al Tribunal Constitucional y pidió su suspensión automática. En Canarias, en donde se quiso copiar el modelo andaluz pero en donde no existe la posibilidad del decreto ley, los cambios se eternizaron al hacerse necesario modificar la ley autonómica de vivienda para incluir medidas que protegieran a las familias en apuros frente a los desahucios y lanzamientos judiciales. 

El Gobierno de Rajoy ha venido presumiendo de que con las medidas aprobadas tras la primera sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Justicia, la legislación hipotecaria se había adaptado a la realidad social y se había dado respuesta al drama de los desahucios. Ma non troppo. Otra sentencia del mismo tribunal, dictada también a instancias de otro juez español y ésta mucho más reciente, ha vuelto a dejar a nuestro país y a su gobierno con las vergüenzas al aire y ha puesto de manifiesto que la modificación anterior se había quedado corta por injusta para con los más débiles. 

Dice el fallo, conocido a mediados de julio, que la legislación sigue siendo injusta porque no se le permite al desahuciado recurrir a una segunda instancia judicial cuando se desestime su oposición a un lanzamiento. Por el contrario, si quien perdía el pleito en la primera instancia era el banco sí podía apelar a una segunda instancia, así de equitativa era la norma. Ahora, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un nuevo cambio normativo, esta vez a través de la Ley Concursal y no de la Ley de Enjuiciamiento Civil como plantea el tribunal europeo, que pone en pie de igualdad a acreedores y deudores: ambos tendrán una segunda instancia si en la primera no ven satisfecha su posición. 

Y uno se pregunta: ¿no cayeron en la cuenta de ese trato injustamente desigual las lumbreras que elaboraron el primer cambio de la normativa? Seguramente lo sabían pero prefirieron hacer la vista gorda a mayor gloria de los bancos con la esperanza de que los jueces siguieran aplicando la ley como hasta ahora y ninguno elevara sus dudas al Tribunal Europeo de Justicia. Se equivocaron y volvieron a poner en evidencia cuál es la vara de medir que se usa en España cuando se trata de elegir entre los que tienen y los que no tienen, a quienes hay que rescatar y a quienes hay que dejar en la calle.