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Canarias y el drama de los servicios sociales

Que Canarias, la comunidad autónoma con los peores datos de riesgo de exclusión y pobreza severa, tenga también los servicios sociales más ineficientes es un drama que debería avergonzar a los poderes públicos. No es posible avanzar si quedan atrás 150.000 personas en situación de pobreza severa y casi 800.000 en riesgo de exclusión social, unas cifras terribles que se han disparado con la pandemia y con las que la sociedad insular y las instituciones públicas parece que se han acostumbrado a convivir. Hemos terminado por normalizar una bomba de relojería social que se está cronificando sin que los responsables políticos se muestren capaces de desactivarla. A lo que asistimos en cambio es a un permanente ejercicio de esquivar el bulto y culpar al lucero del alba para intentar justificar lo injustificable: que en contra de lo prometido solemnemente no solo no hay recursos suficientes sino que faltan ante todo planificación, gestión y liderazgo.

EFE

Soplar y sorber: oposición y gobierno a la vez

Ya es tan frecuente como insultante que la responsable autonómica de los servicios sociales actúe como si fuera aún la portavoz de Podemos en la oposición al Gobierno de Canarias. Dos años después de llegar a la consejería, Noemi Santana no deja pasar ocasión de culpar a la herencia recibida, al Gobierno central del que también forma parte su partido o a los funcionarios de su propio departamento porque supuestamente son de CC, de ser los que han llevado los servicios sociales autonómicos a jugar un papel irrelevante para las personas que más los necesitan y cuando más lo necesitan, según el diagnóstico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

La palabra "autocrítica" no está en su vocabulario, pero se permite lanzar un órdago que ella y todos los ciudadanos sabemos por desgracia que es muy poco probable que cumpla porque solo es otra pose para su parroquia electoral: abandonar el Gobierno autonómico si no recibe los recursos que lleva pidiendo desde el inicio de la legislatura. Aún teniendo parte de razón, a cualquiera se le ocurre que, además de reclamar recursos, hay que pasar de los eslóganes políticos a los hechos y probar que se tiene capacidad para gestionarlos con eficiencia y capitanear un cambio radical de tendencia en la atención que necesitan las personas dependientes o las que se encuentran en situación de pobreza o exclusión.

"Lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de las cifras"

Sin desdeñar los efectos económicos y sociales de la pandemia, estos no pueden ser la coartada perfecta para justificar la penosa situación. A fecha de hoy, lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de unas cifras que, es cierto, ya eran malas cuando Santana llegó a la consejería pero que han empeorado bajo su dirección. Sirvan como botones de muestra que se tarda más de un año en resolver las pensiones no contributivas y más de dos las de invalidez; las reclamaciones y revisiones de nóminas tardan más de un año, hay unos 1.300 expedientes de PCI esperando renovación y otros 1.000 aguardan tramitación; casi dos años hay que esperar por una cita para discapacidad y más de uno en el caso de los menores. En atención a la dependencia la situación es aún más dramática: solo se atiende al 6% de la población que potencialmente debería recibir una prestación o un servicio que puede tardar hasta 3 años en llegar, según el Diputado del Común. Esto conduce irremisiblemente a que miles de dependientes fallezcan todos los años en Canarias esperando a que concluya el calvario burocrático.  

Ni planificación ni gestión ni liderazgo

La frialdad de esos datos revela en buena medida la falta de planificación y liderazgo de una consejera que impulsó desde la oposición la reprobación de su antecesora y la acusó de sembrar el caos. Sin embargo, que en 2020, en pleno año de pandemia, dejara sin gastar 66 millones de euros habla a las claras de su incapacidad para gestionar los recursos públicos. Cabe preguntarse para qué pide más fondos si no es capaz de ejecutar primero los que tiene asignados. Según los trabajadores sociales, hemos atravesado el ecuador de la legislatura sin planificación y sin reducir la burocracia ni mejorar los sistemas de trabajo. Dos años ha demorado Santana en preparar un decreto con el catálogo de servicios previsto en la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2019 después de meses de tramitación. Las organizaciones sociales, que ya han perdido la confianza en la consejera, han calificado el decreto de "restrictivo, vacío de contenido y con vicios" y han pedido al presidente autonómico que intervenga ante la incapacidad de Santana para cumplir lo establecido en la ley

"Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención es una falta de respeto"

Como plantean los directores y gerentes de servicios sociales, Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de esos servicios que se ha agravado en esta legislatura. Además de reactivar la economía como el mejor de los servicios sociales para reducir el paro y la pobreza, urge un gran pacto entre el Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos para evitar solapamientos e impulsar unos servicios que no están actuando con la premura y la agilidad que requiere una situación social que, lejos de mejorar, seguramente se agravará aunque pase lo peor de la pandemia. Pero tan urgente como eso es que la persona que debe liderar ese acuerdo comprenda al fin que ya no es la portavoz de Podemos en la oposición, sino la cabeza visible de una consejería pocas veces tan necesaria como ahora. 

Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención sobre la propia ineficacia es una falta de respeto a los ciudadanos en general y, en particular, a quienes esperan de ella algo más que tinta de calamar y cortinas de humo. Frente a eso solo hay una alternativa, tener la valentía de dimitir en lugar de amagar con hacerlo o que el presidente Torres, sobre el que en última instancia recae la responsabilidad de haber elegido a la señora Santana para un cargo que parece venirle muy grande, le agradezca los servicios prestados y la sustituya al frente de la consejería. Como hasta ahora no se puede continuar. 

Más enjuagues con el REF

Está muy contento el presidente canario porque dice haber alcanzado con su compañera de partido, y sin embargo ministra de Hacienda, un "principio de acuerdo que resolverá para siempre" el lío del REF y los rodajes en las islas. Olvida Ángel Víctor Torres que "para siempre" solo es la muerte y todo lo demás, sobre todo la política, está sujeto irremediablemente a las contingencias de este valle de lágrimas. El gozoso "principio de acuerdo" del que alardea consiste en que la ministra causante del mal causado, se compromete ahora a resolver "antes de fin de año" que las productoras que rueden en Canarias se beneficiarán de la bonificación fiscal del 80% consagrada en el REF. Montero, que ha demostrado que si se lo propone puede usar el fuero canario a modo de peineta, no ha dado garantía alguna de cumplimiento ni ha explicado cómo lo hará. Pero a Torres, que cree en las promesas del Gobierno central con la misma firmeza de quien cree en la Santísima Trinidad, la inconsistencia del compromiso ministerial no le inquieta. 

EFE

El error de renunciar al Constitucional

Tanto es así que incluso no oculta su ansiedad por renunciar a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, no se vaya a enfadar Montero y no resuelva el problema "para siempre". Menos mal que su propio grupo político en el Parlamento canario, junto al resto de los de la cámara autonómica, sí mantiene viva la posibilidad del recurso, máxime después del ninguneo de Hacienda, que ni se molestó en solicitar el preceptivo informe de la Cámara legislativa canaria. Torres, en cambio, en su mal disimulado deseo de no causarle quebraderos de cabeza a la ministra, ni siquiera se atreve a urgir la reunión de la Comisión Bilateral Canarias - Estado para intentar zanjar el asunto. Su obsesión es conseguir un acuerdo "político" por todos los medios para no verse obligado a poner mala cara en la Comisión Bilateral o tener que llevar al gobierno de su propio partido al Constitucional por vulnerar el fuero canario. 

"No debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial"

Alega que podría perder, lo que equivale a reconocer que no cree mucho en la justicia de su propia demanda; implica también renunciar a un derecho reconocido a cambio de una promesa inconcreta, perder una baza negociadora y ponerle las cosas aún más fáciles a la ministra para que vuelva a hacer de su capa un sayo. Cierto es que a veces vale más un mal acuerdo que un buen pleito y el riesgo de recibir un nuevo vainazo judicial añadido a los del TSJC por la pandemia no es descabellado. Sin embargo, no debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial para saber si lo de Montero va en serio o es una nueva patada hacia adelante de un problema que ella misma ha creado. En todo caso, los recursos ante el Constitucional una vez presentados también se pueden retirar si hay acuerdo entre las partes.

Montero no ha reconocido el error, solo ha ganado tiempo

Cabe recordar que la Abogacía del Estado asegura que no ha habido vulneración del REF. Así que, por mucho que Torres se felicite del "principio de acuerdo", no termino de ver a la ministra cambiando radicalmente de opinión sobre un asunto en el que entiende tener la ley de su parte. Es más, si realmente hubiera reconocido que metió la pata, la pudo haber sacado sin demora corrigiendo el desafuero del REF en el decreto ley de medidas urgentes de fiscalidad energética que el Congreso convalidó el miércoles. No lo hizo, lo cual es motivo suficiente para desconfiar de su sinceridad. Contra la convalidación de esa norma votó el único diputado de Nueva Canarias, la segunda parte contratante de las cuatro que integran el Pacto de las Flores y que parece un poco menos crédula que Torres. 

"Todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra"

Avisan los de Román Rodríguez que si la ministra no envía alguna señal inequívoca de que no está mareando la perdiz, su diputado nacional no apoyará los Presupuestos del Estado. No sé hasta qué punto es firme esa posición y dudo mucho de que la advertencia ponga nerviosa a Montero, que me la imagino mucho más preocupada por los votos de Ezquerra Republicana y el PNV que por el del tronante Pedro Quevedo. En cualquier caso, es una postura menos entreguista que la de Torres, aunque me temo que tampoco serviría de mucho para evitar que Montero se vuelva a poner si lo desea el REF por montera. Por desgracia para Canarias, todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra, pero tratándose de estas islas todo son regateos, excusas y vuelva usted mañana.

El asunto tiene ya tintes de enredo de los hermanos Marx y más que se va a enredar cuando la negociación de los Presupuestos estatales y las partidas a las que aspira Canarias, se entremezcle y confunda con la del diferencial fiscal para el cine. Al final, entre unos y otros terminarán convirtiendo el fuero canario, que debería ser intocable al estar reconocido en el Estatuto y en la Constitución, en un enjuague político de ofertas y contraofertas en torno a unos Presupuestos que incluso puede que no salgan adelante y haya que prorrogar los actuales. Ahora bien, si Torres dice que Montero resolverá este problema "para siempre" y "antes de fin de año", quién soy yo para aguarle la fiesta dudando de la fe del carbonero que profesa el presidente canario.