Aunque se intuyen muchas cosas, la densa tinta de calamar que inunda la vida política española no permite ver con claridad nada de lo que ha pasado y está pasando en este país. Se extiende como una mancha maloliente en unos papeles sobre pagos opacos de un ex tesorero del PP con cuentas en Suiza cuyos fondos empleó para colarse en la amnistía fiscal del inefable Montoro. Junto a él pueden haberse colado por la misma vía otros delincuentes de cuello blanco imputados en esa red especializada en el saqueo público llamada Gürtel.
Transparencia prometió el PP desde que estalló el escándalo pero transparencia es precisamente lo que sigue sin verse por ninguna parte. Aunque sabemos de antemano que no servirán para aclarar gran cosa, seguimos esperando a que Rajoy y los suyos hagan públicas sus declaraciones de la renta y que se diga quién, cómo y en cuánto tiempo se va a encargar de la auditoría externa de las cuentas del PP. Pero en realidad, no es esa la transparencia que se le está reclamando al Gobierno y al PP. Lo que se le exige a Rajoy y a su gobierno es que comparezca en sede parlamentaria y dé explicaciones convincentes.
Acto seguido – insisto – Rajoy debe dimitir. Su crédito ha caducado no sólo por la manera esquiva y huidiza con la que ha afrontado uno de los casos más graves de financiación irregular de un partido político en la historia reciente de España, sino por su engaño continuado a los ciudadanos. Y si el PP no encuentra a nadie que le pueda suceder, algo a priori no muy difícil y para lo que incluso ya parece que empieza a postularse la regeneradora Esperanza Aguirre, que se vaya a unas elecciones anticipadas. Es el sistema democrático el que está en juego e importa mucho más que la coyuntura económica por crítica que ésta sea.
De hecho, hasta la CEOE ya ha advertido de que este escándalo está dañando gravemente la imagen exterior del país, algo que terminamos pagando todos. Sorprende, no obstante, que el presidente de la patronal califique de “ridículas” las generosas donaciones empresariales a la caja B del PP, presumiblemente hechas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Seguro que a ninguno de los seis millones de parados ni a los miles de desahuciados les parecen ridículas esas cantidades. En cualquier caso, lo que este país exige es un Gobierno en cuya transparencia y honradez se pueda confiar y que no siga descargando el peso de la crisis sobre las espaldas de los más débiles. El actual y el partido que lo sustenta no reúnen ninguna de las dos condiciones.
Pero no me engaño: mientras los jueces y fiscales hacen lentamente su trabajo y sólo en ellos cabe ya confiar para conocer la verdad, en el ámbito político impera el “y tú más”. El PP echa mano de la teoría de la conspiración a la que es tan aficionado y amenaza con querellas urbi et orbe que sigue sin presentar. Al mismo tiempo impide que Rajoy comparezca en el Congreso y veta una comisión de investigación que – en eso tiene razón – de poco serviría tal y como funcionan en este país. La oposición, sabedora de su minoría parlamentaria, pide la cabeza de Rajoy pero no puede ofrecer alternativas que no tiene. Por no atreverse, ni siquiera se plantea de momento una moción de censura para obligar al menos a que Rajoy dé la cara ante la ciudadanía.
Mientras, en la calle, los ciudadanos dicen en las encuestas sentirse alarmados por la corrupción en lo que no deja de ser en parte un cierto ejercicio de fariseísmo político. Si hubiésemos sido mucho menos complacientes y tolerantes con los políticos corruptos tal vez hoy no tendríamos que rasgarnos las vestiduras como lo hacemos. Nada es transparente, todo está confuso y emborronado por quienes tienen la responsabilidad de aclararlo. Y aún así nos piden un acto de fe y que tengamos confianza. ¿Confianza? ¿Qué confianza?
