El petróleo puede esperar

¿Hubo verdadera voluntad de alcanzar un amplio acuerdo político y social para afrontar los efectos de la crisis en Canarias? Puede que sea un iluso, pero quiero creer que sí, que las invitaciones recíprocas que el Gobierno autonómico y el PP se cruzaron fueron sinceras y constructivas. Sin embargo, dos meses después de aquella foto en la que el presidente del Gobierno y el secretario de los populares canarios se comprometían a alcanzar en un tiempo récord un Pacto por Canarias, las esperanzas del acuerdo parecen definitivamente frustradas.

A mi modo de ver, han sido varios los errores cometidos, empezando por una cierta puerilidad a la hora de reivindicar la paternidad de la idea. ¿Qué más daba de quién era la iniciativa si de lo que se trataba era de aunar esfuerzos para hacer frente a los graves problemas de Canarias y enviar un mensaje a los ciudadanos de que los políticos son capaces de hacer algo más que pelearse a diario y por cualquier cosa? ¿Cuándo superarán la enfermiza obsesión por colgarse méritos y medallas si de lo que se trata es del interés general?

Tampoco creo que ocultar el debate a la sociedad con el argumento de eludir la presión mediática fuera un buen método de trabajo. Es de los problemas de Canarias de los que estamos hablando, no de asuntos privados, y cuanta más participación y más luz y taquígrafos haya, tanto mejor. En el momento de iniciar los contactos se prometió que la discusión se abriría a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y a los agentes económicos y sociales. No consta que eso haya ocurrido y, a estas alturas, hay pocas esperanzas de que ocurra.

 

Pero con todo, la causa – excusa que, salvo milagro de última hora, ha hecho inviable el acuerdo han sido las controvertidas prospecciones petrolíferas que el PP defiende y que los partidos que apoyan al Gobierno rechazan. Intentar incluir este asunto en el acuerdo a través de una alambicada redacción en la que no figurara la palabra “petróleo”, como pretendía hacer el PP, parece haber dinamitado el acuerdo de manera irreparable. Si era eso lo que se pretendía, el éxito es casi seguro.

Sorprende y defrauda que un asunto que enfrenta desde el comienzo de la legislatura nacional al Gobierno central con el canario y sobre el que no parece haber acuerdo posible en estos momentos, no quedara acotado y apartado de la mesa de negociación para abordarlo si acaso sólo en última instancia y después de haber cerrado y firmado compromisos en otras muchas cuestiones, en estos momentos, más importantes que la eventualidad de que en aguas de Canarias haya petróleo.

El paro, la pobeza o las insuficiencias en educación y sanidad que padecen las Islas son, aquí y ahora, las verdaderas urgencias del Archipiélago, no las prospecciones petrolíferas. Gobierno y oposición aún están a tiempo de reconducir el diálogo y abrirlo a los agentes sociales que puedan aportar propuestas y compromisos para la solución de los serios problemas que padece Canarias, aunque ello supongo alargar un poco más en el tiempo las negociaciones.

Merece la pena abandonar posiciones irreductibles a uno y otro lado de la mesa de diálogo e intentarlo: se trata de evitar que por lo menos los acuerdos ya alcanzados terminen en el cesto de los papeles y los ciudadanos acumulen una nueva decepción ante la incapacidad de las fuerzas políticas para el consenso sobre los asuntos que de verdad les preocupan. Mientras, el petróleo puede esperar.

Dos jueces y un peligro

A la hora de escribir este comentario, solo dos jueces investigan los papeles de Bárcenas. No descarto que en las próximas horas o días sean tres o más. Nada de lo que sorprenderse ante un asunto tan complejo y con una Administración de Justicia como la española, sobrada de medios materiales y humanos. El único inconveniente puede ser que todos los jueces investigadores citen a declarar a Bárcenas el mismo día, a la misma hora y por el mismo motivo. Aunque un hombre de recursos ilimitados como ha demostrado ser el ex tesorero popular seguro que también posee el don de la ubicuidad.

 Ironías al margen, la enredada madeja judicial en la que se está convirtiendo la investigación sobre los supuestos pagos en negro en el PP no anima a tener esperanzas de que el caso se sustancie en tiempo y forma. De un lado tenemos al juez Ruz, interino que ocupa el puesto de Garzón, – el único condenado hasta la fecha por el “caso Gürtel” – que en septiembre abandonará su puesto y dejará el voluminoso asunto en manos de otro magistrado, el tercero desde que se inició la causa.

De otro tenemos al juez Bermúdez, juzgador del 11-M y desmontador de la teoría de la conspiración sobre aquellos atentados tan querida por el PP. Ruz se tomó su tiempo para establecer conexiones entre las cuentas en Suiza de Bárcenas y sus explosivos papeles. Mientras, IU presentó una querella en la Audiencia Nacional que, a la vista de la parsimonia de Ruz para decidirse, fue a parar por reparto a las manos de Bermúdez. Entonces Ruz aceleró y pidió concejo a la Fiscalía e informes a la policía sobre la vinculación entre Suiza y los papeles. Y la encontró, de manera que abrió una pieza separada sobre la marcha para investigarla.

Pero Bermúdez no se achicó y se declaró competente – él también – para profundizar en los manoseados papeles. Incluso fue más allá y exigió a Ruz que le pasara el caso no sin antes atacar sus argumentos sobre las conexiones entre ambos asuntos y acusarle de “pretender abrir una causa general contra el PP". Se había montado el lío, cuyo episodio más reciente y esperpéntico es que ambos jueces han citado para el mismo día, casi a la misma hora y por el mismo motivo al hombre de moda más requerido últimamente en España por jueces y fiscales.

A esta pugna entre Ruz y Bermúdez no ha sido ajena en absoluta la Fiscalía General del Estado que, desde un primer momento, ha venido removiendo cielo y tierra para que sea Ruz – aparentemente mucho más blando y en expectativa de destino - y no Bermúdez – previsiblemente más duro con el PP - el que se ocupe del asunto. Como no podía ser menos en un país en donde política y justicia andan tan entrelazadas, los dos grandes partidos políticos también han echado su cuarto a espadas y no han ocultado sus preferencias: el PP y su corte mediática por Ruz y el PSOE y la suya por Bermúdez. Mientras, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mira la pelea desde la barrera y dejar pasar los días sin determinar cuál de los dos jueces debe dirigir la investigación.

Estamos ante un problema crónico, la politización de la justicia en España, y ante un peligro grave. Las preferencias de los grandes partidos no parecen ser las de los ciudadanos castigados por la crisis y escandalizados por los casos de corrupción, que exigen que se depuren las responsabilidades judiciales pertinentes al margen del juez que lo haga.

El grave peligro consiste en que el proceso se enrede más de lo que está y se eternice hasta el punto de que algunos de los presuntos delitos investigados terminen prescribiendo. Sin contar con la posibilidad de que alguien encuentre en este lío entre jueces, fiscalía y partidos políticos un resquicio para exigir la nulidad completa de la causa como ya ocurrió en su día con el “caso Naseiro”. Esa posibilidad sería algo que dañaría de forma irreversible la ya poco saludable imagen de la Justicia y del sistema político de este país y algo que la sociedad española no puede tolerar bajo ningún concepto.

Irak, más de 100.000 muertos después

Todo fue una gran mentira para hacerse con el petróleo irakí. Una gran mentira que, diez años después de consumada, ha costado más de cien mil víctimas civiles según las estimaciones más moderadas y más de dos billones de dólares en gastos militares a Estados Unidos, sin contar los ocasionados en los países de la llamada coalición internacional. ¿Qué se ha conseguido a cambio de tanta destrucción y muerte? Muchas cosas y todas negativas: un país más dividido que nunca, un Estado semifallido gobernado por un político autoritario que aspira a perpetuarse en el poder, una incubadora para el terrorismo islamista y, paradójicamente, mucho menos petróleo del codiciado. Eso sí, las grandes multinacionales, algunas de ellas estrechamente ligadas a los principales impulsores de la guerra como Bush y sus halcones del Pentágono, hicieron grandes negocios en Irak.
 

Nadie cuestionaba que Husein fuera un  dictador pero no era un peligro para la paz mundial. Nunca tuvo armas nucleares o biológicas, nada tuvo que ver con los ataques del 11-S y hasta había sido un fiel aliado occidental. Las evidencias que los inspectores de la ONU mostraron al mundo fueron ignoradas, la legalidad internacional – que nunca ha gozado de buena salud – fue pisoteada y Estados Unidos se embarcó en una guerra que – diez años después – la mayoría de los estadounidenses considera un fracaso. Los más de 4.000 militares norteamericanos muertos en Irak son la prueba.


En donde había un Estado, un gobierno, unas fuerzas armadas y una policía no quedó piedra sobre piedra: todo se desmanteló, amén de saquear las riquezas naturales y hasta artísticas del país, e Irak quedó reducido a escombros en sentido literal y político. Nada había para reemplazar tanta destrucción y los gobiernos títere que los ocupantes intentaron ir poniendo precariamente en pie chocaron irremediablemente con el rechazo y el odio de una población sojuzgada por fuerzas extranjeras.

Para la historia de la infamia quedarán las imágenes de Sadam Husein colgando de una soga, los abusos de los soldados norteamericanos en la cárcel de Abu Ghraib o las matanzas casi diarias en las calles de Bagdad y otras ciudades del país. En el álbum de los horrores no debe faltar el engreído Georg W. Bush cantando victoria desde un portaaviones dos meses después de la invasión o fotografiándose sonriente con un pavo de plástico junto a sus tropas en Irak.

Pero la foto que debe abrir ese álbum de la vergüenza es la de las Azores, con Bush, Blair, Durao Barroso y nuestro ínclito Aznar proclamando al mundo las mentiras con las que pretendían encubrir la necesidad de una guerra ilegal contra la que estaba la inmensa mayoría de la opinión pública mundial. Bush vive hoy tranquilamente en su rancho de Texas; Blair se reafirma en lo necesaria que era la invasión y da conferencias sobre la paz en el mundo a cientos de miles de euros la pieza; Durao Barroso, político trapacero y retorcido donde los haya, se agarra con uñas y dientes a la presidencia de la Comisión Europea.

Por último, Aznar, el que con voz engolada aseveraba que Husein tenía armas de destrucción masiva y que metió a España en un conflicto bélico internacional ilegítimo en el que no le iba ni le venía nada, ha seguido defendiendo las bondades de la decisión. Él y su partido, amparados en la teoría de la conspiración, nunca han querido aceptar que la foto de las Azores estuvo en el origen de los atentados del 11-M en Madrid por los que el PP perdió el poder al intentar ocultar la realidad con una nueva tandas de mentiras a los ciudadanos.

Ninguno de ellos se arrepiente de nada y, por supuesto, ni han respondido ni responderán jamás ante la justicia internacional por las atrocidades que su decisión criminal ha provocado en Irak. Pero sí les ha juzgado la Historia y el fallo es inapelable: culpables de la destrucción de un país y de la muerte de decenas de miles de inocentes.