A la hora de escribir este comentario, solo dos jueces investigan los papeles de Bárcenas. No descarto que en las próximas horas o días sean tres o más. Nada de lo que sorprenderse ante un asunto tan complejo y con una Administración de Justicia como la española, sobrada de medios materiales y humanos. El único inconveniente puede ser que todos los jueces investigadores citen a declarar a Bárcenas el mismo día, a la misma hora y por el mismo motivo. Aunque un hombre de recursos ilimitados como ha demostrado ser el ex tesorero popular seguro que también posee el don de la ubicuidad.
Ironías al margen, la enredada madeja judicial en la que se está convirtiendo la investigación sobre los supuestos pagos en negro en el PP no anima a tener esperanzas de que el caso se sustancie en tiempo y forma. De un lado tenemos al juez Ruz, interino que ocupa el puesto de Garzón, – el único condenado hasta la fecha por el “caso Gürtel” – que en septiembre abandonará su puesto y dejará el voluminoso asunto en manos de otro magistrado, el tercero desde que se inició la causa.
De otro tenemos al juez Bermúdez, juzgador del 11-M y desmontador de la teoría de la conspiración sobre aquellos atentados tan querida por el PP. Ruz se tomó su tiempo para establecer conexiones entre las cuentas en Suiza de Bárcenas y sus explosivos papeles. Mientras, IU presentó una querella en la Audiencia Nacional que, a la vista de la parsimonia de Ruz para decidirse, fue a parar por reparto a las manos de Bermúdez. Entonces Ruz aceleró y pidió concejo a la Fiscalía e informes a la policía sobre la vinculación entre Suiza y los papeles. Y la encontró, de manera que abrió una pieza separada sobre la marcha para investigarla.
Pero Bermúdez no se achicó y se declaró competente – él también – para profundizar en los manoseados papeles. Incluso fue más allá y exigió a Ruz que le pasara el caso no sin antes atacar sus argumentos sobre las conexiones entre ambos asuntos y acusarle de “pretender abrir una causa general contra el PP". Se había montado el lío, cuyo episodio más reciente y esperpéntico es que ambos jueces han citado para el mismo día, casi a la misma hora y por el mismo motivo al hombre de moda más requerido últimamente en España por jueces y fiscales.
A esta pugna entre Ruz y Bermúdez no ha sido ajena en absoluta la Fiscalía General del Estado que, desde un primer momento, ha venido removiendo cielo y tierra para que sea Ruz – aparentemente mucho más blando y en expectativa de destino - y no Bermúdez – previsiblemente más duro con el PP - el que se ocupe del asunto. Como no podía ser menos en un país en donde política y justicia andan tan entrelazadas, los dos grandes partidos políticos también han echado su cuarto a espadas y no han ocultado sus preferencias: el PP y su corte mediática por Ruz y el PSOE y la suya por Bermúdez. Mientras, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mira la pelea desde la barrera y dejar pasar los días sin determinar cuál de los dos jueces debe dirigir la investigación.
Estamos ante un problema crónico, la politización de la justicia en España, y ante un peligro grave. Las preferencias de los grandes partidos no parecen ser las de los ciudadanos castigados por la crisis y escandalizados por los casos de corrupción, que exigen que se depuren las responsabilidades judiciales pertinentes al margen del juez que lo haga.
El grave peligro consiste en que el proceso se enrede más de lo que está y se eternice hasta el punto de que algunos de los presuntos delitos investigados terminen prescribiendo. Sin contar con la posibilidad de que alguien encuentre en este lío entre jueces, fiscalía y partidos políticos un resquicio para exigir la nulidad completa de la causa como ya ocurrió en su día con el “caso Naseiro”. Esa posibilidad sería algo que dañaría de forma irreversible la ya poco saludable imagen de la Justicia y del sistema político de este país y algo que la sociedad española no puede tolerar bajo ningún concepto.
Ironías al margen, la enredada madeja judicial en la que se está convirtiendo la investigación sobre los supuestos pagos en negro en el PP no anima a tener esperanzas de que el caso se sustancie en tiempo y forma. De un lado tenemos al juez Ruz, interino que ocupa el puesto de Garzón, – el único condenado hasta la fecha por el “caso Gürtel” – que en septiembre abandonará su puesto y dejará el voluminoso asunto en manos de otro magistrado, el tercero desde que se inició la causa.De otro tenemos al juez Bermúdez, juzgador del 11-M y desmontador de la teoría de la conspiración sobre aquellos atentados tan querida por el PP. Ruz se tomó su tiempo para establecer conexiones entre las cuentas en Suiza de Bárcenas y sus explosivos papeles. Mientras, IU presentó una querella en la Audiencia Nacional que, a la vista de la parsimonia de Ruz para decidirse, fue a parar por reparto a las manos de Bermúdez. Entonces Ruz aceleró y pidió concejo a la Fiscalía e informes a la policía sobre la vinculación entre Suiza y los papeles. Y la encontró, de manera que abrió una pieza separada sobre la marcha para investigarla.
Pero Bermúdez no se achicó y se declaró competente – él también – para profundizar en los manoseados papeles. Incluso fue más allá y exigió a Ruz que le pasara el caso no sin antes atacar sus argumentos sobre las conexiones entre ambos asuntos y acusarle de “pretender abrir una causa general contra el PP". Se había montado el lío, cuyo episodio más reciente y esperpéntico es que ambos jueces han citado para el mismo día, casi a la misma hora y por el mismo motivo al hombre de moda más requerido últimamente en España por jueces y fiscales.
A esta pugna entre Ruz y Bermúdez no ha sido ajena en absoluta la Fiscalía General del Estado que, desde un primer momento, ha venido removiendo cielo y tierra para que sea Ruz – aparentemente mucho más blando y en expectativa de destino - y no Bermúdez – previsiblemente más duro con el PP - el que se ocupe del asunto. Como no podía ser menos en un país en donde política y justicia andan tan entrelazadas, los dos grandes partidos políticos también han echado su cuarto a espadas y no han ocultado sus preferencias: el PP y su corte mediática por Ruz y el PSOE y la suya por Bermúdez. Mientras, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mira la pelea desde la barrera y dejar pasar los días sin determinar cuál de los dos jueces debe dirigir la investigación.
Estamos ante un problema crónico, la politización de la justicia en España, y ante un peligro grave. Las preferencias de los grandes partidos no parecen ser las de los ciudadanos castigados por la crisis y escandalizados por los casos de corrupción, que exigen que se depuren las responsabilidades judiciales pertinentes al margen del juez que lo haga.
El grave peligro consiste en que el proceso se enrede más de lo que está y se eternice hasta el punto de que algunos de los presuntos delitos investigados terminen prescribiendo. Sin contar con la posibilidad de que alguien encuentre en este lío entre jueces, fiscalía y partidos políticos un resquicio para exigir la nulidad completa de la causa como ya ocurrió en su día con el “caso Naseiro”. Esa posibilidad sería algo que dañaría de forma irreversible la ya poco saludable imagen de la Justicia y del sistema político de este país y algo que la sociedad española no puede tolerar bajo ningún concepto.
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