Dijo el rey en la Navidad de 2011 que “la Justicia es igual para todos”. Arreciaba entonces el escándalo de su yerno Urdangarín y algo había que decir para salir del paso. Ahora, el juez Castro que lleva ese caso acaba de tomarle literalmente la palabra y ha decidido tener un cara a cara con la hija menor del monarca, llamada a declarar en calidad de imputada el próximo día 27, sábado, como manda la tradición. Quiere despejar la duda de si la infanta era solo una mujer florero que no se enteraba de lo que hacía su marido o si por el contrario consintió en que se usara su nombre y tratamiento para allanarle el camino en sus turbios negocios con las administraciones públicas.
Es una duda más bien retórica, porque los correos electrónicos que el ex socio de Urdangarín le ha hecho llegar en los últimos tiempos al juez evidencian que la infanta estaba al cabo de la calle de lo que se cocía en el Instituto Nóos, de cuya junta directiva también formaba parte. De ahí que el juez hable de “cooperación necesaria” e incluso de “complicidad”. Palabras mayores para una infanta de España, el primer miembro de una familia real europea que tendrá que vérselas cara a cara con un juez de instrucción.
La Casa Real, que tras conocer la noticia dijo que no “valora decisiones judiciales”, no tardó en hacerlo: se “sorprende” del cambio de criterio del juez, hasta ahora remiso a imputar a la infanta, y aplaude que la Fiscalía, convertida de pronto en abogado defensor de Su Alteza, haya decidido recurrir la imputación. Si eso no es una valoración en toda regla se le perece como se parecen dos gotas de agua.
¿Justicia igual para todos?
En efecto, el juez Castro ha dado un importante paso para hacer realidad que la Justicia es igual para todos y su decisión significará que la infanta Cristina tendrá que hacer también el paseíllo judicial que ya ha protagonizado su marido y su ex socio y esposa, su secretario personal y el asesor de la Casa Real. Sin embargo, la última palabra no está dicha. Su propio auto de imputación es toda una señal de que, de momento, no se puede hablar de “Justicia igual para todos”.
Ningún juez se habría molestado en redactar una veintena de folios con toda suerte de justificaciones para citar como imputado a cualquier otro ciudadano. José Castro se arma de argumentos y apela a las palabras del rey en el mensaje de Navidad, dice no creer que el monarca no advirtiera a su hija de los negocios poco claros de su marido y remata asegurando que imputarla es la mejor manera de no cerrar en falso la investigación, lo que suena a que la presión social no ha jugado un papel menor en su decisión. Por momentos da la sensación de estarle lanzando un salvavidas, por incómodo que resulte, para ayudarla a escapar con bien del naufragio y que no quede como un mero objeto decorativo en los trapicheos de su marido.
Por otro lado, ningún fiscal se habría tomado el trabajo de preparar un recurso contra una simple imputación sin acusaciones concretas y más bien para aclarar dudas si el afectado no fuera un miembro de la Casa Real. Será ahora la Audiencia de Palma la que acepte o rechace el recurso del Fiscal aunque no está claro si, en caso de aceptarlo, se mantiene la imputación a la Infanta.
La monarquía en la encrucijada
Pero mientras la Justicia sigue sus intrincados caminos, ni la infanta ni la Casa Real pueden continuar ocultando la cabeza bajo el ala. La monarquía está seriamente dañada por este escándalo al que se añaden las meteduras de pata del rey con sus cacerías exóticas, sus relaciones personales poco claras, en las que incluso parece haber involucrado al Gobierno, y las recientes sospechas sobre su herencia paterna en Suiza. Lo mínimo que debería hacer Su Alteza imputada es apartarse inmediatamente de la línea sucesoria por más que ocupe el séptimo lugar de la misma. Si a los políticos sorprendidos en falta se les pide la dimisión inmediata, con más razón hay que exigírsela a un miembro de la familia real en las mismas circunstancias y que vive a costa del erario público sólo por ser pariente directo del rey.
También el rey tiene que hacer de una vez un ejercicio de transparencia y dar la cara de verdad ante los ciudadanos – que no súbditos - de este país, alarmados de que, mientras la crisis golpea sus vidas y haciendas, en la cúspide del Estado se acumulan comportamientos poco éticos y poco ejemplarizantes, escandalosos y hasta presuntamente delictivos. El agua turbia ha subido tan arriba en La Zarzuela que ya no basta con un “lo siento, no volverá a ocurrir”. Abdicar empieza a ser la única salida que le va quedando al rey y cuanto más tiempo deje pasar para tomar la decisión más incierto será el futuro de la institución a la que representa.
