La infanta acompañante

A la Casa Real no le ha sorprendido que la Audiencia de Palma haya decidido dejar sin efecto la imputación de la infanta Cristina por el “caso Nóos”. A decir verdad, ni a la Casa Real ni a casi nadie. Después de mostrar su “sorpresa” cuando el juez Castro decidió citarla a declarar como imputada por presunta complicidad y cooperación necesaria en los turbios negocios de su marido, ahora expresa su “máximo respeto” ante las decisiones judiciales sobre todo, como es el caso, si le benefician. O eso al menos deben de creer en La Zarzuela, aunque no sería prudente descorchar el champán de forma tan apresurada como han hecho ya el PP y el Gobierno que también se alarmaron en su momento por la decisión del juez.

A eso se le llama neutralidad y respeto a las decisiones judiciales en las más altas instancias del Estado que, al mismo tiempo, no dudaron en movilizar a la Fiscalía y a la Abogacía pública para que le pararan los pies al juez instructor. Y lo han conseguido, aunque sólo a medias, gracias a una decisión que tiene un cierto aroma salomónico por cuanto, si bien deja sin efecto la imputación de la infanta como cómplice y cooperadora de los negocios de su esposo, no cierra en cambio la puerta a la posibilidad de que sea llamada a declarar en esa misma condición si se verifica algún tipo de delito fiscal o de blanqueo de capitales. De hecho, el auto le indica al juez Castro el camino que debe seguir a partir de ahora, siempre a expensas – eso sí - de que la Casa Real, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado no vuelvan a “sorprenderse” si se le ocurre imputarla de nuevo.

El auto por el que dos de los tres jueces de la Audiencia de Palma decidieron ayer evitar que la infanta haga por ahora el paseíllo judicial, tiene algunos hallazgos jurídicos dignos de mención como corresponde a una buena pieza de 61 folios frente a los 19 que gastó el juez Castro en la imputación. Dice por ejemplo que, el hecho de que la infanta figurara en los folletos con los que Urdangarín camelaba a los políticos para que financiaran los proyectos del filantrópico Instituto Nóos, era de “mero acompañamiento impune” y, por tanto, no implica que la hija del rey fuera consciente de que su marido desviaba ese dinero público a la empresa pantalla Aizoon cuya propiedad compartía al 50% - qué casualidad - precisamente con ella.

Para la Audiencia, del hecho de que la infanta formara parte de la junta directiva de Nóos y de que fuera la copropietaria con su marido de Aizoon, no cabe deducir culpabilidad de ningún tipo. Tampoco de que supiera – como sabía – que Urdangarín aprovechaba para sus negocios su parentesco real, como han desvelado algunos de los correos tóxicos de su ex socio y ahora enemigo judicial, Diego Torres, para el que el auto pide un plazo improrrogable con el fin de que escupa de una vez todos los mensajes venenosos que guarde aún en sus archivos.

A la espera de lo que haga ahora el juez Castro y de lo que en su caso decida de nuevo la Audiencia si – como es seguro – fiscalía y abogacía públicas recurren un nuevo auto de imputación, el que ayer evitó a la infanta “acompañante” acudir al juzgado a explicar su participación en los negocios de su esposo le hace un flaco favor a la Corona, ahora tan respetuosa con las decisiones judiciales.

Primero, porque ninguna Audiencia del mundo, ninguna fiscalía y ninguna abogacía del Estado se molestarían en cuestionar una decisión tan de sentido común como la que adoptó el juez Castro respecto de la infanta a la que, de hecho, le hacía un gran favor citándola como imputada con todas las garantías jurídicas que ese hecho comporta. Y eso que el juez hiló lo más fino que pudo en su auto de imputación, algo que probablemente no habría hecho tratándose de un ciudadano común y corriente en lugar de la hija del rey.

Y en segundo lugar y sobre todo, porque este auto de la Audiencia de Palma desmiente una vez más las palabras del propio rey asegurando que la Justicia es “igual para todos”. No es verdad y, de hecho, nunca lo ha sido ni aquí ni en ninguna otra parte, para qué nos vamos a engañar. Al menos por ahora, este caso lo vuelve a confirmar y, por tanto, nada de lo que sorprenderse.

Pacto a la genovesa

El último barómetro del CIS dibujó un panorama político en España que refleja con bastante precisión la imagen que los españoles tienen en estos momentos de la clase política y de las instituciones del país. La intención de voto de los dos grandes partidos suma poco más del 60%, lo que suena a inicio del fin del bipartidismo mientras aumenta el voto en blanco y la abstención; ningún líder político supera el 4 de nota y quien más se acerca (Rosa Díez) dirige un partido minoritario aunque al alza. El presidente del Gobierno es peor valorado que el jefe de la oposición, al tiempo que se desploma el conjunto de las instituciones hasta el punto de que la Monarquía, que desciende tres puestos en la clasificación, aparece incluso como un problema para el 1% de los encuestados.

Sobre este oscuro telón de fondo trufado con escandalosos casos de corrupción la vida política oficial del país gira monótonamente en torno a la crisis económica, sus soluciones y sus consecuencias. Pasa el tiempo y mes tras mes y trimestre tras trimestre se ahonda la herida del paro y día a día se ensancha la brecha de la pobreza y la exclusión social. El PSOE, probablemente necesitado de recuperar iniciativa política, mostrarse como alternativa de gobierno y de paso desviar la atención sobre sus problemas internos, lleva semanas proponiendo al Gobierno acuerdos sobre empleo y otras materias. 

Éste, sin embargo, los ignora o los descalifica directamente en aras del cumplimiento del déficit, santo y seña prioritario de su política inflexible por más que sea la principal responsable de la situación actual. El último desdén ha sido el rechazo del presidente Rajoy a la posibilidad de destinar parte del rescate bancario no gastado a fomentar el crédito a empresas y particulares. Sobre la otra propuesta – una moratoria de los despidos por razones económicas en la que la empresa y el Gobierno asuman a partes iguales el salario de los que conserven el empleo – ni siquiera se ha pronunciado.

A Rajoy estas ideas parecen sonarle a cuerno quemado y las despacha con un desdeñoso “sería pedir el rescate para España”, como si el país no estuviera ya rescatado con las condiciones que ha impuesto la troika a cambio de salvar a los bancos de las consecuencias de su propia codicia. Aún siendo todo lo interesada que se quiera, la oferta del PSOE, a la que hay que unir las peticiones de grandes acuerdos lanzadas por los sindicatos y la patronal, por no hablar de la inmensa mayoría de una sociedad hastiada de la escasa altura de miras de los políticos, se responde con la apelación a la herencia socialista y se rechazan con el argumento falaz de que no se pueden repetir los “errores” que han llevado a España a la situación actual.

Así las cosas, no queda más alternativa que adherirse con entusiasmo a las medidas de un Gobierno que asegura “saber lo que hace”, que “incumplió su programa electoral obligado por las circunstancias” y que subió los impuestos después de prometer que los bajaría “para evitar el crack del país”. Un pacto a la genovesa – por el nombre de la calle madrileña en la que está la sede de los populares – es lo que ofrece como alternativa el Gobierno y su presidente que, amparado en su mayoría absoluta, cree tener un cheque en blanco que le permite ignorar a la oposición – ahí están las decenas de decretos con los que viene gobernando – y desoír lo que vienen manifestando los ciudadanos en la calle y a través de encuestas como la del CIS.

Los datos de esa encuesta revelan con claridad que la crisis en España ya no es sólo económica sino también política e institucional por cuanto un creciente número de ciudadanos considera que los políticos y las instituciones ya no son la solución sino el problema, lo que abona el terreno al populismo y la demagogia. El país necesita con urgencia un traje político nuevo pero para confeccionarlo es imprescindible mucho más sentido del Estado y mucha cintura política. Justo lo que más escasea en estos momentos.

Colón bien vale un oasis

Que Cristóbal Colón decidiera echar el ancla por la zona de las dunas de Maspalomas para hacer aguada y recoger leña antes de continuar rumbo a las Indias ha resultado ser providencial, aunque sea 500 años después, para salvar lo poco que ha quedado del oasis de aquel lugar. Aunque un poco traído por el cogollo de las palmeras que la adornan, el argumento le ha servido al Cabildo de Gran Canaria para declarar sitio histórico toda la zona y evitar el deterioro irreversible y definitivo de un paraje único en el mundo.

Lástima que los responsables insulares no tuviera presente ese dato histórico hace casi medio siglo cuando el palmeral se convirtió en un coto privado para uso y disfrute particular que lo ha llevado a la situación actual de degradación de la que, no obstante, aún es posible recuperarlo. La decisión del Cabildo, un tanto tardía y algo rebuscada si se quiere, ha puesto de los nervios a quienes sólo ven en los hermosos paisajes de esta tierra oportunidades de negocio privado envueltas en el papel de colores de la inversión y el empleo que supuestamente nos iba a hacer a todos asquerosamente ricos.

La desidia, la insensibilidad y las triquiñuelas legales de todas las administraciones públicas, puede que en muchos casos bien alimentadas con comisiones por debajo de la mesa, han permitido que el truco haya funcionado a la perfección, como puede comprobarse con sólo darse una vuelta por las costas del sur de Gran Canaria. La más ofendida por la decisión del Cabildo ha sido la cadena hotelera Riu, propietaria del hotel Oasis, un establecimiento enclavado en medio de un palmeral cuya construcción nunca debió tolerarse por mucho que los arquitectos lo “integraran a la perfección” en el paisaje de la zona.

Al conocer que quedan en suspenso sus planes para derribar el hotel y levantar un mastodonte que arrasa con aquel bello paraje, ha montado en cólera y ha decidido reabrir el establecimiento que había cerrado días atrás porque, según la misma compañía aseguró hace poco para justificar sus planes palmericidas, se estaba cayendo a cachos. En paralelo ha anunciado recursos contra la decisión del Cabildo y peticiones de indemnización por no poder ejecutar las licencias de derribo y obra nueva que el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya se había apresurado a aprobarle sin esperar a lo que decidiera el Cabildo.

De guinda y en un gesto de supina falta de elegancia y prepotencia, ha amenazado con invertir en Tenerife los 50 millones de euros previstos para levantar el nuevo hotel del oasis al que, de consumarse los planes de Riu, sólo le habría quedado apenas el nombre. Es cierto que no están los tiempos para perder inversiones que sirvan para mejorar el destino turístico. Otra cosa bien distinta es que lo que Riu pretendía hacer en esa zona con un mamotreto hotelero que perpetúa el uso privado de un espacio natural singular que nunca debió hurtarse al disfrute público, sirva para ese fin.

En aras de las inversiones, el empleo y el funesto desarrollismo se han cometido ya demasiadas tropelías en las costas de la Isla y, aún así, tenemos una de las tasas de paro más altas del país y uno de los litorales más degradados. Hace bien el Cabildo en pararle los pies a Riu y no debería ceder al chantaje y las amenazas que ahora esgrime para torcer su voluntad de rescatar lo que se pueda del oasis de Maspalomas, uno de los símbolos emblemáticos de la Isla.

La misma firmeza y determinación que debería mostrar también, por cierto, ante quienes planean un teleférico al Roque Nublo a pesar de que, al menos que se sepa, Colón nunca fue de senderismo por aquellos parajes igual de bellos que el oasis de Maspalomas.