Las pensiones que vienen

Al paso que vamos, la jubilosa jubilación terminará convertida en la miserable jubilación. De prisa y corriendo y sólo porque Bruselas está impaciente, el Gobierno español le ha encargado a un grupo de “expertos” un informe de cómo deberá ser el sistema de pensiones en un futuro bastante inmediato. Las excusas son múltiples pero las que tienen que ver con la caída de los ingresos de la Seguridad Social como consecuencia de la crisis y el aumento de la esperanza de vida son las que más se manejan por quienes aseguran que el sistema no se sostiene financieramente. Reunidos los expertos, entre los que no faltan representantes de las aseguradoras privadas, están a punto de parir un documento que enviarán al Gobierno para que este presuntamente lo consensue con la oposición y los agentes sociales. Si corre la misma suerte que la Ley contra los desahucios o la reforma educativa ya podemos irnos haciendo una idea del grado de consenso que alcanzará.

El documento en cuestión propone pasar a mejor vida la actualización automática de las pensiones de acuerdo con el IPC – que ya Rajoy eliminó este año por su cuenta y riesgo - y establecer su cuantía en función del nivel de ingresos de la Seguridad Social. Esto quiere decir que si los ingresos suben, las pensiones no lo harán nunca por encima del IPC y si bajan, las pensiones lo harán también hasta lo que estos expertos denominan “capacidad suficiente”, signifique eso lo que signifique aunque no parece que sea nada bueno.

 
Respecto al aumento de la esperanza de vida lo que se propone es postergar aún más la edad de jubilación en un país con más de la mitad de los jóvenes en paro. A esos dos elementos hay que sumar el número de años que se tendrá en cuenta para calcular la cuantía de la pensión que, de ampliarse más después de la reforma de 2011, presionará más a la baja lo que los pensionistas perciben mensualmente después de muchos años de trabajo y cotizaciones a la caja común de la Seguridad Social. Llama la atención que ninguno de los conspicuos expertos que analizan la sostenibilidad del sistema de pensiones en España haya planteado siquiera la posibilidad de financiarlas al menos en parte mediante impuestos como ocurre en otros países.

De lo que se conoce hasta ahora de sus propuestas y a expensas de lo que se apruebe finalmente, que previsiblemente no será muy distinto, cabe sacar algunas conclusiones. La primera es que el asunto tendría que estar siendo analizado en el marco del Pacto de Toledo con las fuerzas políticas y los agentes sociales y no en un foro de expertos por muy expertos que sean y a los que, en cualquier caso, siempre se les puede pedir opinión y asesoramiento. El Gobierno prefiere en cambio acudir con una propuesta ya cocinada y cerrada sin escuchar más alternativas, que las hay.

Tampoco ha explicado el Gobierno las prisas para modificar un sistema que ya se modificó – para peor – hace dos años como no sea por las presiones de Bruselas y – por qué no decirlo – de las aseguradoras privadas, que están ansiosas de “complementarnos” las raquíticas pensiones públicas del futuro próximo con planes privados en los que garantizan retiros dorados en lugares paradisiacos a quienes puedan pagarlos, claro.

La tercera conclusión y la más importante: con la excusa de la crisis, el Gobierno está socavando a conciencia otro pilar básico del estado del bienestar, las pensiones, o lo que va quedando de él. Que el sistema de pensiones tal y como está configurado en España sólo puede mantenerse si hay cotizantes a la Seguridad Social, es decir, si hay trabajo, es algo tan obvio que hasta sonroja recordarlo. Claro que un Gobierno que abarata el despido y que deprime la economía hasta simas insondables con sus recortes y ajustes ese tipo de obviedades no le deben de parecer tan evidentes. Así, en lugar de atacar la raíz del problema – el descomunal paro – ataca a los perjudicados – los pensionistas presentes y futuros. Cuestión de prioridades.

Más ambición contra la violencia de género

Las últimas estadísticas coinciden en que disminuyen las denuncias por violencia de género en España. Nadie se cree que ello se deba a que esta lacra empieza a remitir, aunque sea lentamente. En realidad, todos los analistas y expertos coinciden en que es la crisis económica la que ha hecho retroceder las estadísticas. El dato de que sólo 5 de las 22 mujeres asesinadas este año habían iniciado algún tipo de medida contra sus parejas o ex parejas es bien elocuente. Las crecientes dificultades económicas de las familias son un potente factor disuasorio para que las mujeres se atrevan a dar el paso de denunciar su situación.

Esa realidad se ve reforzada por los recortes en recursos humanos y económicos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género aplicados por las diferentes administraciones públicas. Se agrava así la desconfianza que aún sufren muchas mujeres a la hora de confiar en que los poderes públicos puedan ayudarlas a superar esa situación y emprender una nueva vida lejos del alcance de sus maltratadores. Coincidiendo con una semana dramática en la que cuatro mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas, el Gobierno anunció el sábado una nueva Estrategia contra la Violencia de Género que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará el próximo mes de junio a las comunidades autónomas.

Se trata de un paquete de unas 250 medidas, la mayoría de las cuales ya se habían anunciado pero nunca puesto en práctica; hay incluso previsiones recogidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género que aún siguen sin desarrollarse. Entre lo más llamativo de esa Estrategia, que el Gobierno ha anunciado sin haber negociado con la oposición y las asociaciones que luchan contra la violencia de género, figura la extensión a los maltratadores de la libertad vigilada una vez concluyan su condena, para lo que será necesario cambiar de nuevo el Código Penal.

El Gobierno prevé un gasto de 1,5 millones de euros, a todas luces insuficiente para profundizar y mantener en el tiempo una estrategia que, aún con propuestas positivas que deberían haberse aplicado hace mucho tiempo, reclama más ambición y determinación. Aunque los progresos conseguidos son muy esperanzadores, nadie ha dicho nunca que la lucha contra la violencia machista fuera fácil y el éxito rápido. Luchar contra una lacra que aún forma parte casi de los genes culturales de la sociedad requiere algo más que una estrategia hilvanada con propuestas sacadas de los cajones de algún despacho o medidas previstas ya en la propia Ley que por una u otra razón no se han puesto en práctica.

Fomentar la igualdad desde la escuela – algo que ignora la LOMCE al eliminar Educación para la Ciudadanía o subvencionar a los centros concertados que segregan por sexos -, ofrecer a las víctimas vías sencillas, claras y seguras para escapar de su situación e iniciar una nueva vida, mejorar los medios materiales y humanos con los que cuenta la Justicia en este ámbito y adaptar las penas a la gravedad de los delitos deben ser objetivos irrenunciables de cualquier gobierno que quiera ir más allá de catálogos de buenas intenciones en la lucha contra la violencia de género. Aún con algunos avances, la Estrategia del Gobierno presentada este fin de semana apenas supera ese listón.

Maniobras bankarias en la oscuridad

El mismo día en el que volvían a manifestarse los poseedores de participaciones preferentes ante las oficinas de los bancos responsables de la estafa, las acciones de Bankia se desplomaban en la bolsa más del 50% para quedar en torno a los 60 céntimos y tendiendo al 0. Para los estafados esto significa lisa y llanamente que perderán una parte mucho mayor de la estimada después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decidiera que el canje de las preferentes y deuda subordinada por acciones de Bankia se haría a razón de 1,35 euros por título.

Los preferentistas se convertirán por decreto en accionistas de un banco cuyas acciones literalmente no valdrán nada y los que ya son accionistas habrán perdido la práctica totalidad de la inversión realizada cuando Bankia salió a bolsa en una operación a todas luces precipitada y fallida, tomada entre bambalinas político-financieras y de la que queda mucho por aclarar y depurar judicialmente.

Mientras el valor de las acciones de Bankia se iba ayer literalmente por el sumidero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores miraba al tendido y en lugar de suspender la cotización aplicaba la acrisolada máxima de “dejar pasar, dejar hacer”. Sólo después del cierre de los mercados, cuando el daño ya estaba hecho, emitió un comunicado anunciando una investigación para determinar si la hecatombe bursátil de Bankia obedecía a algún tipo de vulneración de las normas de la bolsa.

Tanta ingenuidad sería incluso enternecedora si no estuviéramos hablando de lo que esa caída en picado de las acciones de Bankia supondrá de pérdidas añadidas para preferentistas, poseedores de deuda subordinada y accionistas de Bankia en general. Desde mucho antes de que la infalible Comisión del Mercado de Valores hiciera su anuncio a toro pasado, los analistas empezaban a sospechar que algo raro estaba pasando. No era normal que se movieran tantas acciones de Bankia en un solo día y la sospecha de que alguien no estaba jugando limpio se extendió rápidamente.

Al final de la jornada se habían negociado casi 50 millones de títulos de Bankia sobre un capital en acciones que no llega a los 20 millones. ¿Qué estaba pasando? Muchos sacaron sus conclusiones antes de que la CNMV se cayera de un guindo: grandes tiburones como UBS, Credit Suisse, Morgan Stanley o JP Morgán estaban vendiendo títulos que aún no poseen, concretamente aquellos resultantes de los canjes de acciones por preferentes y de la ampliación de capital que por valor de 11.700 millones de títulos comenzarán a cotizar a partir del martes próximo.

Cómo lo pudieron hacer si esos títulos ni siquiera han empezado a cotizar, es decir, cómo se pueden vender títulos que ni siquiera se tienen, es algo que pocos se explican y dudo de que la CNMV lo haga. Aunque tampoco hace mucha falta, se entiende bien. Estos tiburones financieros se han puesto a resguardo de la hecatombe bursátil que representará la ampliación de capital y el canje de acciones y han vendido millones de títulos que ni siquiera tienen para moderar las pérdidas.

Perjudicados, los de siempre: preferentistas, poseedores de deuda subordinada y accionistas minoristas que, evidentemente, no disponen ni de la ingeniería financiera ni de los recursos para poder hacer lo mismo. Así, escándalo sobre escándalo se va construyendo Bankia, un banco que nunca debió nacer pero, que una vez en pie y visto el agujero que tenía se debió haber liquidado ordenadamente, en lugar de permitirle salir a bolsa y salvarlo con dinero público. Y aún el ministro de Guindos tiene el santo rostro de decir que Bankia es una entidad “muy saneada y tiene gran liquidez”. Evidente: a costa del bolsillo de todos los españoles.