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Más ambición contra la violencia de género

Las últimas estadísticas coinciden en que disminuyen las denuncias por violencia de género en España. Nadie se cree que ello se deba a que esta lacra empieza a remitir, aunque sea lentamente. En realidad, todos los analistas y expertos coinciden en que es la crisis económica la que ha hecho retroceder las estadísticas. El dato de que sólo 5 de las 22 mujeres asesinadas este año habían iniciado algún tipo de medida contra sus parejas o ex parejas es bien elocuente. Las crecientes dificultades económicas de las familias son un potente factor disuasorio para que las mujeres se atrevan a dar el paso de denunciar su situación.

Esa realidad se ve reforzada por los recortes en recursos humanos y económicos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género aplicados por las diferentes administraciones públicas. Se agrava así la desconfianza que aún sufren muchas mujeres a la hora de confiar en que los poderes públicos puedan ayudarlas a superar esa situación y emprender una nueva vida lejos del alcance de sus maltratadores. Coincidiendo con una semana dramática en la que cuatro mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas, el Gobierno anunció el sábado una nueva Estrategia contra la Violencia de Género que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará el próximo mes de junio a las comunidades autónomas.

Se trata de un paquete de unas 250 medidas, la mayoría de las cuales ya se habían anunciado pero nunca puesto en práctica; hay incluso previsiones recogidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género que aún siguen sin desarrollarse. Entre lo más llamativo de esa Estrategia, que el Gobierno ha anunciado sin haber negociado con la oposición y las asociaciones que luchan contra la violencia de género, figura la extensión a los maltratadores de la libertad vigilada una vez concluyan su condena, para lo que será necesario cambiar de nuevo el Código Penal.

El Gobierno prevé un gasto de 1,5 millones de euros, a todas luces insuficiente para profundizar y mantener en el tiempo una estrategia que, aún con propuestas positivas que deberían haberse aplicado hace mucho tiempo, reclama más ambición y determinación. Aunque los progresos conseguidos son muy esperanzadores, nadie ha dicho nunca que la lucha contra la violencia machista fuera fácil y el éxito rápido. Luchar contra una lacra que aún forma parte casi de los genes culturales de la sociedad requiere algo más que una estrategia hilvanada con propuestas sacadas de los cajones de algún despacho o medidas previstas ya en la propia Ley que por una u otra razón no se han puesto en práctica.

Fomentar la igualdad desde la escuela – algo que ignora la LOMCE al eliminar Educación para la Ciudadanía o subvencionar a los centros concertados que segregan por sexos -, ofrecer a las víctimas vías sencillas, claras y seguras para escapar de su situación e iniciar una nueva vida, mejorar los medios materiales y humanos con los que cuenta la Justicia en este ámbito y adaptar las penas a la gravedad de los delitos deben ser objetivos irrenunciables de cualquier gobierno que quiera ir más allá de catálogos de buenas intenciones en la lucha contra la violencia de género. Aún con algunos avances, la Estrategia del Gobierno presentada este fin de semana apenas supera ese listón.

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