Reformas Soraya

La última gran campaña propagandística del Gobierno se llama reforma de las administraciones públicas. Rajoy – tan alérgico a los micrófonos cuando hay que hablar de Gürtel o Bárcenas – la presentó en sociedad y dos días después la aprobó el Consejo de Ministros. De encomiarla como es debido se encargó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría con el inapreciable apoyo de Montoro, una vez resuelta la crisis de identidad fiscal de la infanta. Dos horas largas invirtieron vicepresidenta y ministro en loar lo felices que nos hará a todos la reforma y lo mucho que nos vamos a ahorrar con ella: 37.700 millones de euros hasta 2015 “si las cuentas de Hacienda están bien hechas y es seguro que lo estaaán”, dijo con retintín Saénz de Santamaría mientras Montoro sonreía.

En estas cuentas del Gran Capital que hace el Gobierno y en las que no hay un solo desglose de datos que permita demostrar la cifra, ya se incluye la supresión de la paga de Navidad de los empleados públicos y el ahorro que supuso la destrucción de 375.000 trabajos en el sector público en el primer año de la era Rajoy. El resto es un mero desiderátum sin base argumental alguna por mucho que la vicepresidenta asegure que no habrá más destrucción de empleo público y que el ahorro en ese capítulo – la mitad del total estimado – se conseguirá con la extensión de la jornada, la tasa cero de reposición o la supresión de días libres.

En realidad, toda la reforma en sí es un desiderátum, ya que más de la mitad de las “recomendaciones” para eliminar duplicidades entre administraciones dependen de la voluntad de las comunidades autónomas para su puesta en práctica. Algunas de ellas ya han dicho “nones” y han criticado que se les presente una reforma en cuya elaboración no han sido escuchadas. Así que lo de suprimir defensores del pueblo, audiencias de cuentas, consejos consultivos, agencias meteorológicas, institutos de estadística o número de diputados autonómicos va a ser que no.

Le recriminan al Gobierno, además, una mal disimulada querencia jacobina con su afán por recentralizar competencias y le recuerdan que muchas de esas instituciones están recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía, leyes orgánicas que sería necesario modificar. Por lo demás, le afean que pretenda adelgazar mucho más la administración autonómica que la estatal y le recuerdan la inutilidad de las diputaciones, por no hablar del Senado o las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, provincias e islas.

En todo caso, al Gobierno siempre le queda la opción del palo para meter en cintura a las autonomías díscolas y parece dispuesto a emplearlo llegado el caso: autonomía que no adelgace autonomía a la que se le pondrán las cosas muy difíciles en materia de déficit público o financiación. De eso ya se encargará Montoro a su debido tiempo.

La reforma de la administración pública es una de las promesas estrella de Rajoy. Sin embargo, sólo la ha puesto sobre la mesa cuando empezaron a meterle prisa en Bruselas. Ahora quiere hacernos creer que se ha pasado ocho meses elaborándola en los que, no obstante, no ha habido tiempo para una sola reunión con las autonomías ni con la oposición. Como Juan Palomo, el presidente se ha sacado de la chistera una reforma administrativa con la que quedar bien en Bruselas y ante Merkel – a la que la obediente Santamaría se la presenta hoy – pero cuyas posibilidades de aplicación son remotas.

Y no es que los ciudadanos de este país no demanden racionalidad y claridad en sus relaciones con unas administraciones engorrosas, confusas y difusas, que generan molestias y gastos que repercuten directamente sobre la actividad económica. Sólo que la presentada hace unos días por el Gobierno está viciada de falta de consenso y ambición y huele a centralismo trasnochado en un país complejo y diverso como España.

Se trata de una reforma más preocupada por lo que sobra que por lo que se puede hacer mucho mejor, más atenta al ahorro a ojo de buen cubero que a la eficacia y a la eficiencia, más celosa de preservar sus reductos de poder – diputaciones – que de la profesionalización y la independencia política de la función pública. Toda reforma de un edificio tan complejo como el de la administración pública debe comenzar por unos cimientos firmes y duraderos y la “reforma Soraya” no cumple esa condición.   

Justicia revuelta, ganancia de banqueros

Un juez de instrucción de técnica manifiestamente mejorable, un Ministerio Público extremadamente celoso de los derechos constitucionales del imputado, una acusación particular cubierta con piel de cordero y una audiencia provincial de estilo tan manifiestamente mejorable como el del instructor. Esos son sólo algunos de los factores que han llevado a que el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, saliera anoche de la cárcel por orden del mismo juez que le envió a ella de forma incondicional. El que ya se conoce como “caso Blesa” tiene tantos meandros y vericuetos que es fácil perderse en ellos.

La historia interminable

Comenzó en 2009 cuando el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una denuncia contra el banquero y el ex presidente de la patronal Díaz Ferrán, también consejero de la entidad, acusándoles de estafa por la concesión del primero al segundo de un crédito de casi 27 millones de euros para Viajes Marsans. Las diligencias abiertas entonces por el juez Silva fueron sobreseídas un año después por falta de pruebas. El mismo juez las reabrió tres años más tarde pero se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, en donde se siguen los pasos de la fusión bancaria que dio lugar a Bankia y su desastrosa salida a Bolsa.

El juez Andreu de la Audiencia Nacional rechazó la inhibición y le devolvió la papa caliente a Silva. Éste continuó adelante con la investigación en contra del parecer de la fiscalía que ya pidió entonces a la Audiencia de Madrid que anulase la causa. En el transcurso de la misma, el juez encontró indicios de criminalidad en el famoso crédito y en mayo pasado llamó a Blesa para que declarara como imputado, aunque no por el préstamo, sino por la compra de un banco en Estados Unidos en la etapa en la que fue presidente de Caja Madrid.

Después de tomarle declaración decretó su encarcelamiento eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros por “riesgo innegable de fuga”. Blesa no tardó ni 24 horas en reunir el dinero y se fue a su casa. A los pocos días, el juez Silva vuelve a llamar a Blesa con urgencia para tomarle declaración una vez más por la compra del banco estadounidense y le envía de nuevo a prisión, ahora sin fianza. Vuelven a montar en cólera la defensa y la fiscalía y piden a la Audiencia de Madrid que anule la causa. Ésta les da la razón y anula la causa principal – el crédito a Díaz Ferrán – y de inmediato se exige la puesta en libertad de Blesa a lo que el juez Silva accedió ayer tarde.

No obstante, en el auto en el que ordenó que el banquero fuera liberado expresa sus dudas sobre el alcance de la decisión de la Audiencia, de la que dice que no deja claro si afecta también a la compra del banco norteamericano. Se queja, además, de que se le exija la liberación de Blesa aportando el auto que anula la causa del crédito sospechoso, que no es el motivo por el que se le envió a prisión. Cabe recordar, además, que el juez ha pedido amparo al Consejo del Poder Judicial ante lo que considera interferencias y presiones por parte del fiscal.

Y tú más

En este bochornoso toma y daca entre fiscalía, instructor, Audiencia, defensa – que además ha recusado al juez por animadversión contra su cliente - y acusación particular han volado chuzos de punta: los autos del juez – dice la Audiencia – están sacados de Wikipedia, denotan dotes adivinatorios, expresan opiniones y sospechas personales y pretenden convertir la presuntas culpas de Blesa en una causa general contra los banqueros como responsables de la crisis económica. Si es verdad que el estilo jurídico del juez Silva no tiene muchas posibilidades de convertirse en modelo de lo que debe ser un auto judicial razonado y prudente, tampoco el de la magistrada de la Audiencia que redactó la anulación de la causa.

Todos, empezando por el juez y siguiendo por la fiscalía, la defensa, la acusación y la Audiencia, parecen haberse olvidado tanto de las formas como del fondo – tan importantes en Justicia – y optado por el trazo grueso y espontáneo. Pero el caso está lejos de concluir: la acusación llevará la anulación de la causa al Supremo y Blesa aún tendrá que responder por las preferentes que colocó Caja Madrid y sus sueldos millonarios.

Tanta algarabía y confusión judicial ponen de manifiesto que sentar en un banquillo o enviar a la cárcel a un banquero en España, amamantado además en las ubres del poder político, no tiene el mismo peso que hacerlo con cualquier otro ciudadano de a pie, ante el que nadie se tomaría la más mínima molestia de presentar recursos fueran o no desmesuradas o desproporcionadas las decisiones del juez instructor. Por eso, en el caso que nos ocupa, la actuación judicial debió de haber sido mucho menos visceral y mucho más fundamentada jurídicamente.

De aquellos lodos

Ahora se corre incluso el riesgo de que la actuación del juez Silva haya viciado de nulidad toda la causa contra Blesa y el banquero no llegue a responder nunca de su desastrosa gestión y de los perjuicios ocasionados. Pero no es al juez al que se juzga aunque su instrucción sea manifiestamente mejorable. Porque, al margen del embrollo judicial en el que ha degenerado el proceso, los ciudadanos de este país tenemos la convicción de que Blesa y otros como él son responsables en primer grado, aunque no en exclusiva, de las penalidades que sufren millones de españoles que hoy nos sentimos estafados, timados y robados.

Blesa abandonó anoche la cárcel sin arrepentirse de nada, defendiendo su inocencia y pidiendo un juez imparcial. En su derecho está como estamos el resto de los ciudadanos que, además, exigimos claridad, rapidez y rigor judicial para que de una vez empiecen a responder de sus acciones u omisiones quienes nos han conducido a esta situación.

De la Cavada, ideólogo de la CEOE

Aguardo impaciente a que el presunto ministro de Hacienda dé una explicación sobre la crisis de identidad fiscal de la infanta Cristina. Mientras espero y desespero, centro mi atención en un montaraz empresario surgido de la caverna de los tiempos al que le parece mal que el Estatuto de los Trabajadores permita que un empleado disfrute de cuatro días de permiso por la muerte de un familiar en primer grado si el desplazamiento implica pernoctar. Dice el individuo en cuestión que en los tiempos del AVE, los aviones supersónicos y las autopistas de ocho carriles no se sostiene que se empleen tiempos de permiso similares a los de la época de La Diligencia de John Ford, de lo que se deduce que a este jinete del Apocalipsis le gustan las películas de indios y vaqueros. A él – sobra decirlo – el papel que más le agrada es el de justiciero cortacabelleras de trabajadores absentistas aunque sea por causa de duelo familiar.

Lo pueden decir con conocimiento de causa los propios empleados de la CEOE, de cuya cúpula forma parte, que presentaron contra él una denuncia por acoso laboral de la que derivó una condena de 25.000 euros por la que en cualquier otra empresa habría sido despedido de forma fulminante, pero no en la CEOE. No parece sin embargo que la sentencia – que aún no es firme – le haya servido de escarmiento. De hecho es autor de un acrisolado repertorio de animaladas similares a la de los permisos por defunción. 

A su dilatado catálogo de pensamientos para la posteridad laboral de este país pertenecen, por ejemplo, ideas como la de que hay que aceptar un puesto de trabajo “aunque sea en Laponia”, que “los jueces actúan como Dios les da a entender y se erigen en empresarios” o que el Estatuto de los Trabajadores es “una copia de la legislación laboral de Largo Caballero”.

Es esa última frase la que delata las verdaderas querencias de nuestro hombre, que inició su carrera laboral como abogado del sindicato vertical franquista. A lo que se ve, cuatro décadas de relaciones laborales en democracia no han sido suficientes para que se sacuda el pelo de la dehesa que aún cubre su espeso vello ideológico. Tras el revuelo levantado por sus críticas a los días de permiso laboral, el individuo de nuestras pesadillas se ha disculpado “si ha herido la sensibilidad de alguien”; sin embargo, a renglón seguido, ha vuelto a considerar excesivos tantos días de permiso para darle el último adiós a un familiar dejando el trabajo desatendido y a la empresa casi en números rojos.

En la CEOE nadie, salvo el vicepresidente, se ha atrevido a afearle sus palabras. El presidente Rosell ni se ha inmutado mientras pregonaba a coro con Rajoy que “lo peor de la crisis ha pasado” y presentaba un código ético de la patronal que va a convertir a la CEOE en el summum de la transparencia y la virtud. Sugiero que le envíen una copia a la cárcel a Díaz Ferrán, el hombre que dejó dicho para la Historia que había que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis mientras hundía fraudulentamente sus empresas y echaba a sus empleados.

Al de la frase sobre los permisos laborales le pueden nombrar ideólogo de guardia con derecho a látigo y cadenas. Por cierto, se me olvidaba mencionar que se llama José de la Cavada y es responsable de relaciones laborales de la patronal, un cargo a todas luces merecido. Sólo que si cambiara la “v” de su apellido por una “g” mejoraría mucho su perfil.