¡Qué suerte vivir aquí!

No somos conscientes los españoles de la suerte de vivir en este país y territorios aledaños ni mostramos el suficiente agradecimiento al partido que nos gobierna desde hace ahora dos años. Sospecho que somos la envidia de medio mundo, porque ¿dónde como en España están garantizadas por los siglos de los siglos la sanidad, las pensiones, la educación, el acceso a la Justicia o las políticas sociales? Ello es posible gracias a una tenaz política de recortes, ajustes y reformas sin las cuales nada quedaría ya.

Agradezcamos pues que la reducción de las partidas presupuestarias a la Sanidad nos haya garantizado un acceso universal y de calidad a un servicio tan esencial. Que lo preste una clínica pública o privada es lo de menos ya que, como sabiamente ha dicho nuestro presidente, lo importante es que “cure rápido”. Mostremos además nuestra gratitud tras los recortes en becas y las subidas de las tasas de matrícula porque, junto a las barreras con alambradas llenas de cuchillas que trae la valiente Ley Wert, conseguirán por fin impedir el paso de los menos pudientes al sistema educativo público; todo ello hará que aquellos jóvenes que no puedan costearse estudios recurran a un mercado laboral que les espera con los brazos abiertos para ofrecerles un empleo de esclavos a tiempo completo. Sin duda, coincidirán conmigo, no hay mejor manera de de garantizar la calidad y la universalidad de la educación que disminuyendo drásticamente el número de estudiantes.

Así serán en el futuro las protestas contra la Ley Wert

El reconocimiento que merece el Gobierno por sus medidas para garantizar servicios y derechos básicos debe extenderse también a la Justicia: desde que a Ruiz – Gallardón se le ocurrió la genial idea de imponer tasas por pleitear el número de pelmazos en los juzgados se ha reducido un 40% y los jueces tienen ahora mucho más tiempo para perseguir la corrupción y los delitos de cuello blanco.

La panoplia de medidas para garantizarnos a todos un futuro lleno de parabienes se completa ahora con una espléndida ley de Seguridad Ciudadana que obligará a quienes quieran manifestarse contra el Gobierno a hacerlo en fila india ante la policía, sin chistar, con las manos en alto y el carné de identidad en la boca. Puede que sean las manifestaciones más surrealistas desde las grandes concentraciones de masas en la madrileña Plaza de Oriente para escuchar a aquel gran orador llamado Francisco Franco, pero ¿y la seguridad que transmitirán a los ciudadanos de ley y orden de toda la vida? ¿y la paz que irradiarán al mundo, que nos verá como un país obediente y respetuoso con sus gobernantes?

Eso sí, ya pueden irse preparando los que no cumplan para pagar las sabrosas sanciones que les esperan, ya sea por asuntos relacionados con la prostitución, porque hayan participado en un botellón o en un escrache, por haber mirado mal a un policía o por una sentada o una protesta frente a algún edificio público sin habérselo comunicado por escrito, en papel oficial y con veinte pólizas a la autoridad competente.

Se va a enterar por fin esa patulea de plataformas de todo tipo, sindicatos y mareas de todos los colores lo que es orden y respeto en este país en donde llevamos demasiado tiempo de relajo y molicie. Como ha dicho también con gran acierto nuestro presidente, la nueva ley “garantiza la seguridad y la libertad de todos”. Exactamente lo mismo que ocurre con los recortes en sanidad, educación o Justicia. Lo dicho: ¡qué suerte vivir aquí!

Indultos a granel

La noticia ha caído hoy como una bomba en la sociedad canaria. El Consejo de Ministros acaba de perdonar la condena de tres años y un día de cárcel al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. En la sentencia de la que ahora se le indulta, Ramírez fue encontrado culpable de un delito contra la ordenación del territorio al levantar en suelo rústico varias obras (pajarera, pérgola, estanque, aparcamientos, etc.) en su vivienda. El perdón, publicado ya en el BOE, establece como condición que Ramírez derribe las obras ilegales pero éste ya ha dicho que no piensa hacerlo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentó contra la sentencia que le condenó.

Ramírez no es un desconocido para la sociedad canaria y no sólo por su condición de presidente de un histórico del fútbol como la Unión Deportiva Las Palmas, desde hace años entidad netamente privada. Sin embargo, disfruta en exclusiva del Estadio de Gran Canaria, propiedad del Cabildo de la isla, gobernado por el PP, del que también recibe ayudas públicas.

Además, es un activo empresario que aparece incluso como donante de fondos al PP, amén de haber conseguido para sus empresas numerosas adjudicaciones de servicios públicos de instituciones gobernadas por los populares, entre ellas, la seguridad en varias zonas del metro de Madrid. También cuenta con simpatizantes en el mundo de la fiscalía: en junio de 2012 sus empresas patrocinaron unas jornadas jurídicas que dirigió el Fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas. Se da la circunstancia de que Ródenas es el mismo fiscal que debía informar de la petición de indulto del empresario al Ministerio de Justicia, cosa que hizo favorablemente.

Ahora, una conjunción interestelar le ha transmitido la buena nueva: ya no tendrá que ir a la cárcel, el Gobierno le perdona la pena antes incluso de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso y sólo tendrá que derribar las obras ilegales e ilegalizables. Esforzándose por disimular su enfado, el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, ha dicho hoy que “el indulto no aleja la idea del delito”, o dicho en román paladino, el perdón no borra el delito del perdonado.

Cabe subrayar que, junto al indulto de Ramírez, el BOE publica otros 22 perdones, todos de una tacada, de manera que la media anual de indultos otorgados ronda los 500. Estamos pues, ante una suerte de justicia paralela que burla el principio de la separación de poderes – un principio cada vez más en declive – y que el Gobierno, tanto éste como los anteriores, han empleado a discreción y sin motivar las razones de justicia, equidad o utilidad que le llevan a librar a alguien de la pena que le han impuesto los tribunales.

La figura, recogida en la Constitución Española como facultad del Rey previo informe del Consejo de Ministros, reclama una reforma urgente que obligue al menos a motivar con claridad las razones del perdón y delimitar los tipos de delitos que no pueden acogerse a él. Del actual estado de cosas a la arbitrariedad no hay más que un paso y al uso del indulto con fines políticos menos aún.

Rajoy da las gracias

Es llamativa la discreción con la que el Gobierno y el PP han pasado hoy de puntillas sobre el segundo aniversario de su aplastante victoria electoral del 20-N de 2011. Tal vez sea mala conciencia, pero lo cierto es que sólo el presidente Rajoy se ha permitido darnos las gracias por nuestros esfuerzos y asegurar que “ahora las cosas están un poco mejor”. Magro balance, cabe decir, después de dos años de gobierno obsesionado con las reformas estructurales – vulgo recortes y pérdida de derechos - y con hacer todo lo contrario de lo que prometió en las elecciones el partido que lo sustenta.

El forzado agradecimiento del presidente a los españoles ni siquiera se produjo en la tribuna del Congreso o en La Moncloa o, ya puestos, a través de un televisor de plasma al que tan aficionado es Mariano Rajoy. Ha sido en los pasillos del Congreso, entre una nube de cámaras y micrófonos y sin posibilidad – como es marca de la casa – de repreguntar nada, que había prisa para seguir reformando y alegrándonos a todos la vida. Ha dicho también el presidente sin que se le moviera un pelo de la barba y sin que nada indicara que estaba ironizando, que las medidas tomadas por su gobierno han sido "duras y difíciles pero equitativas".

Hagamos somero balance: más allá de que no ha cumplido una sola de sus promesas sino todo lo contrario, decir que la situación del país es hoy, dos años después de las elecciones, un “poco mejor” suena a burla viniendo de alguien que se ha esmerado a fondo en abrir una creciente brecha en la cohesión social del país. Puede, no se lo vamos a negar, que las grandes cifras macroeconómicas pinten un poco mejor que hace dos años pero ni de lejos y con prismáticos eso es consecuencia de una política cuidadosa de que los sacrificios se hayan repartido con equidad, como asegura Rajoy.

Es más, esa política económica de la que tanto alardean el presidente y sus ministros ha sido incapaz de reducir de manera significativa el paro a pesar de su agresiva reforma laboral y sigue sin desatascar el crédito bancario después de los miles de millones de euros de dinero públicos inyectados a la banca que pagaremos todos de nuestros bolsillos. En paralelo, la lucha contra el fraude a la Hacienda Pública brilla por su ausencia después de una vergonzosa amnistía, la anunciada reforma fiscal se ha aplazado al tercer año de la legislatura y la rebaja de impuestos sigue y en el aire. Sólo tal vez con la proximidad de las elecciones de 2015 se atreva el presidente a llevarla a la práctica, siempre y cuando Bruselas se lo permita, a ver si así recupera el terreno electoral perdido durante estos dos últimos años.

Por tanto, la equidad no es una palabra que el presidente debiera emplear de forma tan irresponsable después de dos años de recortes inmisericordes en las relaciones laborales, la sanidad, la Justicia, la educación y las políticas sociales que han castigado con desigual dureza a las clases medias y bajas frente a las altas, aquellas para las que la equidad no significa absolutamente nada y que con la crisis han visto mejorada su posición de forma sustancial.

La sociedad española no necesita que Rajoy le dé las gracias por “los esfuerzos” mientras la pica en la trituradora de su mayoría absoluta para imponer su ideario social, económico y político con iniciativas como la próxima y represiva ley de Seguridad Ciudadana. Lo que necesita es que los responsables de esta crisis paguen por ella y que quienes más pueden arrimar el hombro para salir de esta situación lo hagan. Ni una cosa ni la otra han ocurrido con Rajoy en el Gobierno ni tiene visos de que vaya a ocurrir en los dos años que quedan de legislatura.

Lo que necesita y reclama la sociedad ante la que el presidente se muestra tan agradecido no es un golpecito en la espalda sino medidas firmes y valientes para acabar con la corrupción, empezando por la de su propio partido y continuando por la que ronda a la mismísima Casa Real, dotar de verdadera transparencia a la administración pública, sacar a la Justicia de la lucha partidaria y enfrentar en lugar de rehuir las tensiones territoriales que con su presidencia no han hecho sino agudizarse.

Véase no sólo la situación en Cataluña sino en Canarias, que lleva dos años soportando un castigo reiterado en los presupuestos del Estado y una inusitada presión para que acepte ser la comparsa de los intereses de una compañía petrolera por la única y simple razón de que el PP no gobierna en esta comunidad autónoma.

¿Gracias? ¿Medidas equitativas? ¿Un poco mejor? ¿De qué país es presidente Mariano Rajoy?