La noticia ha caído hoy como una bomba en la sociedad canaria. El Consejo de Ministros acaba de perdonar la condena de tres años y un día de cárcel al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. En la sentencia de la que ahora se le indulta, Ramírez fue encontrado culpable de un delito contra la ordenación del territorio al levantar en suelo rústico varias obras (pajarera, pérgola, estanque, aparcamientos, etc.) en su vivienda. El perdón, publicado ya en el BOE, establece como condición que Ramírez derribe las obras ilegales pero éste ya ha dicho que no piensa hacerlo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentó contra la sentencia que le condenó.
Ramírez no es un desconocido para la sociedad canaria y no sólo por su condición de presidente de un histórico del fútbol como la Unión Deportiva Las Palmas, desde hace años entidad netamente privada. Sin embargo, disfruta en exclusiva del Estadio de Gran Canaria, propiedad del Cabildo de la isla, gobernado por el PP, del que también recibe ayudas públicas.
Además, es un activo empresario que aparece incluso como donante de fondos al PP, amén de haber conseguido para sus empresas numerosas adjudicaciones de servicios públicos de instituciones gobernadas por los populares, entre ellas, la seguridad en varias zonas del metro de Madrid. También cuenta con simpatizantes en el mundo de la fiscalía: en junio de 2012 sus empresas patrocinaron unas jornadas jurídicas que dirigió el Fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas. Se da la circunstancia de que Ródenas es el mismo fiscal que debía informar de la petición de indulto del empresario al Ministerio de Justicia, cosa que hizo favorablemente.
Ahora, una conjunción interestelar le ha transmitido la buena nueva: ya no tendrá que ir a la cárcel, el Gobierno le perdona la pena antes incluso de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso y sólo tendrá que derribar las obras ilegales e ilegalizables. Esforzándose por disimular su enfado, el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, ha dicho hoy que “el indulto no aleja la idea del delito”, o dicho en román paladino, el perdón no borra el delito del perdonado.
Cabe subrayar que, junto al indulto de Ramírez, el BOE publica otros 22 perdones, todos de una tacada, de manera que la media anual de indultos otorgados ronda los 500. Estamos pues, ante una suerte de justicia paralela que burla el principio de la separación de poderes – un principio cada vez más en declive – y que el Gobierno, tanto éste como los anteriores, han empleado a discreción y sin motivar las razones de justicia, equidad o utilidad que le llevan a librar a alguien de la pena que le han impuesto los tribunales.
La figura, recogida en la Constitución Española como facultad del Rey previo informe del Consejo de Ministros, reclama una reforma urgente que obligue al menos a motivar con claridad las razones del perdón y delimitar los tipos de delitos que no pueden acogerse a él. Del actual estado de cosas a la arbitrariedad no hay más que un paso y al uso del indulto con fines políticos menos aún.
A los de las tartas de Barcina seguro que no los indultan, en estos indultos subyace que el delito económico es un delito menor, es mas grave hacer un escrache, los delitos económicos no amenazan el sistema forman parte de él.
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