Dice la sabiduría popular – la del pueblo, no la del partido – que cuando alguien es mirado por un tuerto todo se le tuerce. Si creyésemos en esa superstición podríamos pensar que la comunidad de Madrid y la Villa y Corte están bajo los efectos de una suerte de maleficio que hace que ninguno de los grandes proyectos ultraliberales de sus gobernantes termine en bien.
El último ha sido la marcha atrás en la privatización de seis hospitales públicos con la que el presidente Ignacio González estaba a punto de proveer de actividad y negocio fácil a unas cuantas empresas sanitarias privadas a costa de la salud y el bolsillo de los madrileños. Éste es sólo el último tropiezo serio del PP en uno de sus graneros de votos y seguramente no será el último. Y es serio porque cierra una puerta que se cuidarán ahora de intentar abrir en otras autonomías en las que también es notable la querencia por lo privado frente a lo público.
La olímpica Ana Botella se quedó sin saborear a “relaxing cup of café y leche” en la Plaza Mayor y el trilero Sheldon Adelson se fue por donde vino con su Eurovegas y sus promesas de convertir a Madrid en el gran garito de Europa. Lástima, porque a lo mejor las olimpiadas, las tragaperras y las mesas de black jack habrían contribuido a maquillar algo las malas cifras de empleo de la comunidad autónoma en la última EPA o la caída del turismo, con un gigantesco y caro aeropuerto de Barajas que empieza a criar telarañas. Después de las sonoras bofetadas del Comité Olímpico Internacional y del magnate del juego, han venido los jueces a amargarle a González otra de sus medidas estrella, heredada de Esperanza “Thatcher”Aguirre, su mentora: privatizar los hospitales públicos y hacerlo a las bravas, sin atender a los trabajadores ni a los ciudadanos y, lo que es peor, a la Ley. La negativa judicial a levantar la suspensión cautelar de la medida ha llevado a la liberal Aguirre a quejarse amargamente y a decir que no hay derecho a que unos jueces se inmiscuyan en las decisiones políticas de un gobierno legítimo. Que la “externalización”, como eufemísticamente llaman estos defensores de lo privado a la privatización, se pretendiera hacer ignorando las leyes y el clamor de los profesionales de la sanidad es para la lideresa asunto menor.
El coscorrón sanitario de González lo ha pagado su consejero de Sanidad con la dimisión. Javier Fernández-Lasquetty queda ahora en expectativa de destino a la espera tal vez de que se le abra alguna de esas famosas puertas giratorias por las que los cargos públicos pasan a la empresa privada sin solución de continuidad. Sin duda, después de su fracaso privatizador lo va a tener mucho más difícil que sus antecesores en el cargo Lamela y Güemes quienes, con el sillón de la consejería aún caliente, ya empollaban los sillones de los altos despachos de algunas empresas de la sanidad privada agradecidas por los servicios prestados en la administración pública.
Pero no es probable que acaben aquí las desgracias de González que, a cada día que pasa, parece tener más lejos la posibilidad de repetir como candidato popular a la presidencia de la comunidad autónoma. A la vuelta de la esquina tiene un serio conflicto con los trabajadores de Telemadrid como al Tribunal Supremo – otra vez los dichosos jueces – se le ocurra declarar improcedente el ERE que les afecta. Y para rematar pueda que también tenga que explicarle con todo lujo de detalles a un juez de dónde salió el dinero para al fastuoso ático que tiene en Marbella. Aunque de momento es sólo su esposa la imputada, el juzgado que lleva el caso no descarta aplicarle el mismo tratamiento.
No es desde luego la mirada de un tuerto la que ha llevado a la comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital de tropiezo en tropiezo en los últimos tiempos. Es el convencimiento traducido en medidas concretas de que la razón de ser de las instituciones públicas es beneficiar el interés privado y no el bien público. Por lo que a Ignacio González se refiere, aún le esperan algunas curvas antes de las elecciones, todas peligrosas y todas a la derecha.
