El embrollo catalán

Si alguien tiene una idea de cómo superar el órdago independentista de los nacionalistas catalanes que levante la mano. Cansados ya de este sonsonete interminable desde que Artur Mas, el líder político de la burguesía catalana, se cayó del caballo, abrazó la fe de la independencia y terminó rendido en los brazos de ERC, muchos españoles seguramente apuestan a estas alturas por darles lo que piden, desearles que les vaya bien como “nou Estat d’Europa” y pasar página de una vez para dedicarnos el resto a sobrevivir a la crisis. Claro que esa no es la solución, aunque quién sabe si la será con el tiempo.

Entonces ¿cómo superamos tanto cruce estéril de declaraciones políticas de unos y de otros, tanta lista de supuestos agravios, tanto “no nos comprenden” y tantos “nada hay de lo que hablar si no está en la Ley” como llevamos oyendo desde hace ya demasiado tiempo? Esa es la pregunta. Que la Constitución requiere una reforma es algo en lo que cada vez hay mayor coincidencia, aunque aún no la suficiente como para dar el paso. Qué reforma necesita es en lo que hay aún menos acuerdo. El presidente Rajoy le ha ofrecido esta tarde a los nacionalistas catalanes la posibilidad de que presenten una propuesta de reforma de la Carta Magna que les permita sentirse más cómodos en España. Lo dice, claro está, con la boca pequeña y dorándoles la píldora sobre lo mucho que ama a Cataluña. Incluso se ha permitido alguna frase en catalán y hemos descubierto que, al igual que su egregio mentor José María Aznar, él también habla catalán en la intimidad. 

En realidad, y así lo demuestran sus recelos ante la posibilidad de abrir el melón de la reforma constitucional alegando que no hay consenso político para ello, su ofrecimiento no tiene recorrido alguno. Llega tarde Rajoy después de que la otra parte haya precisamente ignorado la Constitución y el principio de la soberanía nacional para poner en marcha su hoja de ruta hacia la independencia, importándole una higa la legalidad de su propuesta. Por tanto, también cabe dudar de si un ofrecimiento como el que ha hecho hoy Rajoy hubiera servido de algo hace un par de años a la vista del escaso aprecio del nacionalismo catalán más radical por la Carta Magna. 


En cualquier caso, todo ello trae causa no solo del acreditado tancredismo de Rajoy – dejar pasar el tiempo con la esperanza de que los problemas se resuelvan solos –, sino de la situación política de Artur Mas, un valioso rehén político de ERC. El partido que lidera Oriol Junqueras supo aprovechar las torpezas del presidente para ondear las “senyeras” bajo las que imprudentemente se había situado el líder de CiU. A partir de ahí los acontecimientos le han venido rodados a Junqueras: con el gobierno catalán amordazado y más pendiente de la consulta soberanista que de los efectos de la crisis para los ciudadanos de Cataluña, lo ha conducido sin pausa por la senda independentista con la vista puesta en la convocatoria del 9 de noviembre. 

Antes, unos y otros han vuelto a escenificar esta tarde en el Congreso de los Diputados sus ya conocidos y cansinos discursos a propósito esta vez de la petición catalana para que se le traspase la competencia que le permita organizar y convocar referendos “consultivos” y “sin efectos jurídicos”. Puro florilegio retórico superfluo que nadie cree pero que le sirve al nacionalismo catalán para añadir otro argumento a su larga lista de agravios – “Madrid no nos deja decidir “ - y mantener el rumbo fijo hacia la independencia. Lo normal sería que con el rechazo en el Congreso a la pretensión catalana el asunto quedara sobreseído, pero eso no va a ocurrir ni mucho menos. Cómo llegarán al objetivo final Mas y los que le apoyan – que el nacionalismo interesadamente confunden con la totalidad del pueblo catalán – es algo que está por ver y que seguramente veremos en los próximos meses. 

Entre otras opciones cabe un adelanto electoral en Cataluña pero esta vez con claros tintes plebiscitarios que bien puede conducir a una declaración unilateral de independencia de España. Así las cosas, a estas alturas es más que dudoso que se pueda superar este embrollo por los cauces del diálogo político aunque sería lo deseable: el Gobierno central carece de la cintura y la voluntad necesarias y el nacionalismo catalán sólo está dispuesto a escucharse a sí mismo y a hacer oídos sordos a todo lo que no encaje con sus pretensiones. A pesar de todo, no hay otra solución racional a tanta sinrazón política de unos y de otros.   

Aforando, que es gerundio

Ahora que el “caso Urdangarín “ y su infanta consorte anda cuasi olvidado en los medios a la espera de que el juez Castro decida si mantiene o levanta la imputación de la hija del rey, se nos acaba de descolgar el ministro de Justicia anunciando que también la reina y los príncipes de Asturias pasarán a engrosar la ya larga lista de aforados de este país. Si algún día – Dios y el rey no lo quieran – se vieran salpicados por algún escándalo de mayor cuantía podrán declarar desde la Casa Real y con escribano propio a su servicio, como debe ser. ¿Se imaginan a todo un príncipe heredero o una reina madre haciendo el paseíllo en unos juzgados de medio pelo o en el mejor de los casos ante una audiencia?

Los ingenuos bien pensados dirán que no hay relación entre una cosa y la otra pero, a los que tenemos la mala costumbre de pensar torcido, no se nos pasa por alto la posibilidad de que el ministro quiera hacerle un nuevo favor a la monarquía. No debe de haberle parecido suficiente con poner a la fiscalía a fiscalizar todos y cada uno de los pasos del juez Castro en sus investigaciones sobre las andanzas de la infanta. Para ponerle la guinda al regalo, ahora les otorga también el privilegio del aforamiento judicial a su madre y a su hermano ante eventuales catástrofes futuras. El argumento es irrebatible: ¿cómo puede ser que un país tan moderno como España no tenga aforados a su reina y a su heredero del trono? Todo un atraso legal que es necesario corregir de inmediato.

En realidad, la reina y el príncipe sólo vienen a sumarse a la legión de políticos y otros cargos públicos aforados de los que tanto se enorgullece este país, hasta el punto de que constituyen ya uno de los activos más valiosos de la marca España. Es sin duda un signo de modernidad y un ejemplo palpable de que, en efecto, como sentenció el rey en aquel famoso discurso que ya cantan los trovadores patrios por los confines del país y allende nuestras fronteras, la Justicia es igual para todos.

La única diferencia, aunque reconozco que pequeña y sin importancia alguna, es que si a un ciudadano corriente y moliente lo pescan en un renuncio y es imputado tendrá que acudir en persona al juzgado de instrucción correspondiente a prestar declaración ante el juez que le toque en suerte, le guste mucho, poco o nada. Si el pescado es un diputado, un consejero autonómico o un ministro, pongamos por caso y sin ánimo de señalar a nadie, siempre tendrá a su disposición la posibilidad de hacerlo por escrito desde su casa, desde su oficina o desde su apartamento de veraneo en Marbella, lo que le sea más cómodo y relajado.

Y todo ello, faltaba más, ante un juez como es debido, de un tribunal superior, y no ante uno de tantos aspirantes a juez estrella que pululan por los juzgados de instrucción de este país y con los que Ruiz-Gallardón también quiere acabar por la vía rápida. Quien no vea en todo esto un avance imparable hacia la igualdad de los ciudadanos ante la Ley es que está completamente ciego. Y quien saque la conclusión de que para luchar contra la corrupción política habría que empezar por eliminar la anacrónica figura del político aforado o, como poco, restringirla al máximo se equivoca gravemente o es un mal pensado como yo.