No es habitual que el presidente de un Gobierno le lea en público la cartilla a uno de sus consejeros. Yo al menos pensaba que las discrepancias se solventaban en privado, sin cámaras ni micrófonos, y en último extremo y si no había más remedio con la destitución del consejero. De momento no es eso lo que acaba de ocurrir en Canarias, en donde el presidente del Gobierno autonómico ha cuestionado abiertamente la gestión de su consejero de Sanidad, que continúa en el puesto. La causa es la desviación del gasto sanitario presupuestado para este año que, según el presidente, pone en riesgo que la comunidad autónoma cumpla el objetivo de déficit público al que está obligada. Dicho sea entre paréntesis, el haber cumplido con creces el año pasado ese objetivo no se ha reflejado en ningún tipo de compensación económica del gobierno central a Canarias a pesar de las promesas que parece haberse llevado el viento de la incertidumbre política nacional.
En consecuencia - y volviendo al gasto sanitario - ha ordenado el presidente medidas de control y contención que probablemente tendrá consecuencias negativas sobre las abultadas listas de espera y los puestos de trabajo de la sanidad pública insular. El consejero se ha defendido hoy asegurando que, aún confesándose cuestionado por el presidente, no tiene intención de renunciar al puesto y subrayando que no dará un paso atrás en la defensa de la sanidad pública. Si no suena a desafío al propio presidente del Gobierno del que forma parte y en cuyo Consejo se sienta se la parece mucho. La cuestión es cuánto tiempo y hasta dónde podrá el consejero sostener esa posición.
Ocurre que más allá del problema de la financiación de la sanidad pública canaria y de la siempre mejorable gestión de la misma, late en el fondo de este inesperado conflicto la poca simpatía que la primera parte contratante del pacto de gobierno de Canarias, constituida por CC, tiene para con la segunda parte contratante, representada por el PSOE. Sabe la primera parte que la segunda ha demostrado más capacidad de aguante que un saco de boxeo y se aplica con entusiasmo a darle en donde más le puede doler, la gestión de sus áreas de responsabilidad en el Ejecutivo autonómico, hasta el punto de que a veces cuesta distinguir sus críticas de las de la oposición.
Nunca jamás hasta el momento se ha escuchado de boca del presidente una crítica a la gestión de los consejeros de su partido pero la mayoría de los del PSOE han sido vapuleados sin piedad en la plaza pública hasta extremos en los que la dignidad política habría aconsejado pasar a la oposición. Y eso por no mencionar ahora los flagrantes incumplimientos que ha cometido CC del pacto en cascada que ambas fuerzas firmaron al comienzo de la legislatura y que jamás han revertido ni revertirán. Que no lo hayan hecho ya, que continúen compartiendo gobierno con CC después de las veces y las formas en las que se ha cuestionado su gestión, sólo cabe entenderlo a partir de la debilidad política fruto de la falta de liderazgo claro y definido que padecen los socialistas canarios desde hace tiempo.
Ahora bien, las peleas partidistas deberían pasar a un muy segundo plano cuando hablamos de las cosas de comer y la sanidad pública es una de las más importantes. Que su financiación es deficitaria porque el Gobierno del Estado sigue sin cumplir la promesa de revisar el sistema de financiación autonómica es algo que nadie puede negar. En cuanto a la gestión de los siempre escasos recursos disponibles habrá opiniones para casi todos los gustos pero nadie podrá negar tampoco que siempre se puede mejorar. En su crítica al consejero de sanidad recordaba el presidente que con 25 millones de euros más en el presupuesto de este año han aumentado las listas de espera y es cierto.
También lo es, no obstante, que las largas listas de pacientes que aguardan por una operación o una prueba diagnóstica en Canarias son un problema crónico que no data precisamente de hace un año sino de muchos años atrás. De hecho, los planes puestos en marcha hasta ahora por los distintos consejeros - la mayoría de CC - nunca han conseguido reducirlas significativamente. Añádase el creciente coste de los medicamentos, las contrataciones para cubrir vacantes temporales y, por supuesto, las expectativas insaciables de una población que cada vez exige más servicios y más calidad asistencial a la sanidad pública y tendremos el cóctel perfecto para que el gasto se vaya a la estratosfera.
Es evidente que eso significaría sencillamente que el sistema sanitario público se volvería insostenible económicamente si es que no empieza a serlo ya en alguna medida: hay que ponerle coto al gasto descontrolado y huir de la tentación de presupuestar cada año por encima de lo que se gastó en el interior si no queremos que el sistema se convierta en un saco sin fondo y quiebre literalmente. Estos son los grandes retos de la sanidad pública y a buscarles solución deberían aplicarse sin demagogias todas las fuerzas políticas, tanto en el Gobierno como en la oposición, así como los agentes que intervienen en la prestación del servicio. Todo lo demás no son más que escaramuzas políticas que nos desvían del objetivo central: una sanidad pública sostenible, de calidad y universal.
