El suelo de todos

Un territorio pequeño y fragmentado como Canarias, caracterizado además por valores ambientales únicos en el mundo, requiere una gestión del suelo capaz de compatibilizar con exquisito equilibrio lo público y lo privado. El enconado debate que sigue suscitando el proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno de Canarias y que esta semana inicia su trámite en el parlamento autonómico, con partidarios entuasiastas y críticos irreductibles, es un buen ejemplo de los intereses en liza y de lo que nos jugamos los canarios en este envite: nada más y nada menos que hasta dónde pueden llegar los intereses privados en esta materia y hasta dónde los públicos.

Gobierno, oposición y agentes económicos y sociales comparten el objetivo de podar la maraña normativa sobre el suelo con el fin de agilizar los procedimientos administrativos y no demorar sine die proyectos de cuantiosas inversiones, supuestamente generadores de riqueza y puestos de trabajo. Las discrepancias surgen desde el momento en el que se intentan identificar las causas del problema y las soluciones para resolverlo.  Los detractores achacan al Gobierno demasiada prisa a la hora de impulsar un proyecto que hubiera requerido de un análisis previo mucho más profundo sobre el suelo y su vinculación con la economía canaria, así como de un esfuerzo mucho mayor de pedagogía para que los ciudadanos podamos tener suficientes elementos de juicio sobre un asunto vital para el futuro de estas islas.

Por desgracia, a fecha de hoy sigue predominando por parte de todos – detractores y favorables al proyecto de ley - el trazo grueso y la consigna antes que el análisis reposado de un  problema muy complejo y la búsqueda consensuada de soluciones. Culpar a la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) se ha convertido casi en un tópico entre quienes defienden la iniciativa gubernamental y abogan por la desaparición de este organismo al que culpan de lento, ineficaz y superfluo. De esa crítica a la COTMAC participa el propio Gobierno de Canarias, decidido a descargarla de las funciones que ahora tiene encomendadas para que sean los ayuntamientos los que puedan desarrollar su propio planeamiento urbanístico si más controles medioambientales y de legalidad que los que en su caso establezcan los tribunales de justicia.

Es cierto que CC y el PSOE han sellado un acuerdo para que la COTMAC o el órgano que la sustituya en la nueva ley se ocupe al menos de la llamada evaluación estratégica ambiental. Sin embargo, causa inquietud que la responsabilidad primera y última sobre el planeamiento urbanístico quede en manos de ayuntamientos que en su inmensa mayoría carecen de los mínimos medios técnicos y humanos para ejercerla. Si llamativo resulta que la Comunidad Autónoma abdique sus competencias en instituciones que difícilmente las podrán desempeñar salvo que se dote a la ley de una adecuada ficha financiera, no lo es menos la posibilidad que se reserva el Gobierno de suspender el planeamiento bajo el amparo del interés general, algo que la ley debería precisar con el máximo cuidado para cerrar la puerta a cualquier posibilidad de especulación.

En ese mismo sentido, autorizar usos complementarios en suelo rústico con el argumento de mejorar las rentas del sector primario puede tener un efecto perverso si no se delimita bien el alcance de la medida: que lo complementario se convierta en principal y lo principal – la ganadería y la agricultura – en secundario. Del mismo modo es imprescindible que quede meridianamente claro que la principal joya de la corona de esta tierra, sus espacios naturales, no pueden albergar usos incompatibles con sus valores culturales, ambientales y paisajísticos.

El Gobierno, que presume de lo participativa que ha sido la ley, tiene tiempo aún de hacer un nuevo esfuerzo para que la norma que quiere que el Parlamento apruebe antes de que acabe el año cuente con el máximo consenso. En caso de que no fuera posible, debería plantearse la posibilidad de retirarla y acordar un nuevo plazo para lograrlo, por más que la demora decepcione a determinados intereses económicos que aguardan ansiosos y que ya empiezan a revolverse contra los cambios que podrían introducirse en el trámite parlamentario. Un cambio legal del calado y la trascendencia que se propone, bien merece el esfuerzo de buscar el mayor respaldo social y político posible sobre lo que se puede y no se puede hacer en el suelo de todos los canarios.  

Justicia en entredicho

Los miles de jueces españoles que a diario instruyen causas y dictan autos y sentencias de acuerdo a las leyes, no se merecen respirar el hedor que emana estos días de la Audiencia Provincial de Las Palmas a propósito del “Albagate”. Ya sufren suficientes estrecheces materiales y humanas y una cierta desconfianza social en su labor, como para verse además enfangados por un escándalo que crece y se agrava a medida que se conocen nuevos y truculentos detalles. En beneficio de su imagen y de la imprescindible confianza en la Justicia que imparten, entendida como columna maestra de cualquier estado de derecho que se precie, se tendría que haber actuado hace tiempo por parte de quien tiene la potestad de hacerlo y sin embargo apenas ha movido un dedo.

Hablo de los responsables del Consejo del Poder Judicial que, a pesar de llamarse pomposamente a sí mismos “gobierno de los jueces”, sigue mostrando una pasividad cercana a la connivencia o cuando menos al corporativismo más rancio que cabría esperar a estas alturas del siglo XXI. Como ciudadano de a pie siento una mezcla de asombro, vergüenza, indignación e indefensión al comprobar que, el hecho de que un juez sea grabado en su despacho por un empresario al que investiga y con el que trama la manera de perjudicar la carrera política de una magistrada rival en beneficio de un determinado y conocido político, sólo ha merecido de momento la apertura de un inofensivo expediente previo por parte del citado Consejo.

Mi estupefacción va en aumento cuando se revela además que el juez en cuestión también ha grabado conversaciones con colegas suyos e incluso sesiones judiciales, y el mismo Consejo tampoco mueve un músculo ni hace siquiera sea un amago de apartarlo cautelarmente de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos por vía penal y disciplinaria. En las conversaciones conocidas estos días a través de los medios, aparece incluso el presidente de la Audiencia Nacional supuestamente escuchando la petición de favores por parte del  empresario de marras sujeto a investigación judicial por un fraude fiscal millonario y que ahora ha decidido hacerse pasar por la víctima del escándalo.

Es cuando menos insólito que todo un presidente de la Audiencia Nacional se haya limitado a emitir una tímido desmentido de que esa reunión tuviera lugar y no haya presentado aún una querella criminal contra el empresario. En las grabaciones del escándalo figuran otros jueces, empresarios, políticos y hasta periodistas que pasaban por allí pero nada de eso le parece lo suficientemente grave al Consejo del Poder Judicial para salir de la bochornosa pasividad de la que hace gala ante este caso.

¿Es que acaso no tenemos derecho los ciudadanos a  que se nos diga con meridiana claridad que no es cierto que en la Audiencia de Las Palmas se intercambian favores judiciales y políticos como en una suerte de mercado persa? ¿Es que no aportamos con nuestros impuestos al sostenimiento de la Justicia o no podemos exigir equidad y respeto a las leyes por parte de quienes tienen la responsabilidad constitucional de hacerlas cumplir además de cumplirlas los primeros y de manera ejemplar?

No se trata de rasgarse las vestidura ni de caerse de un guindo a estas alturas: no es un secreto para nadie que la Justicia en España dista mucho de parecerse a la tópica imagen de la diosa con los ojos vendados, la espada y la balanza en equilibrio perfecto; con poca memoria que hagamos recordaremos todos cómo se han torcido sus renglones cuando se han cruzado en su camino intereses políticos o económicos. 

Puede que sean precisamente esos intereses los que estén detrás de su pasmosa indiferencia ante el “Albagate” pero, sean cuales sean las razones, queda seriamente en entredicho la utilidad de un órgano como el Consejo del Poder Judicial controlado por intereses políticos. Si limitarse a mirar para otro lado es todo lo que está dispuesto a hacer, creo que su abultado presupuesto estaría mucho mejor empleado en agilizar la administración de Justicia y en mejorar las carencias de todo tipo a las que se enfrentan calladamente a diario miles de jueces de este país para impartir justicia con rigor, equidad e imparcialidad.

Mariano Gatopardo Rajoy

Se lo pensó, le dio largas a la decisión y por fin lo cuadró, supongo que a su gusto: el que hemos conocido esta tarde es el gobierno de Rajoy y entiéndase la frase de manera literal porque sólo de él es la potestad de nombrarlo pero, ante todo, porque los indicios apuntan a que apenas ha consultado su composición con nadie. ¿Cómo definirlo? ¿Qué esperar de él? ¿Es el instrumento apropiado para que Rajoy consiga llegar a acuerdos con la oposición sobre presupuestos, educación, pensiones, financiación autonómica, Cataluña, por citar sólo unos pocos, los más urgentes tal vez? ¿Es el gobierno que va a hacer que la legislatura no muera con el año o un poco más allá o va a ser el parapeto que protegerá sin tocarle ni una coma la reforma laboral o que se sentará a esperar a que los demás pacten con él en lugar de impulsar el diálogo y el acuerdo?

¡Viva la renovación!

Echando un vistazo a los nombres de los que repiten y de los nuevos, discrepo de quienes sostienen que tratándose de Mariano Rajoy no cabía esperar sorpresas. ¿Cómo cabe interpretar que Cristóbal Montoro, el ministro de la amnistía fiscal, el que no ha dudado en vilipendiar al mundo de la cultura y usar la Agencia Tributaria con fines partidistas y el que ha sido incapaz de reformar el sistema de financiación autonómico, por mencionar sólo unos pocos ejemplos de su desastrosa gestión, siga formando parte del gobierno?  Si no es una sorpresa – desagradable - que uno de los ministros más desgatados siga en el puesto que venga Rajoy y lo explique.

  

Que María Dolores de Cospedal, la del “despido en diferido” de Bárcenas, haya sido galardonada en la pedrea con el Ministerio de Defensa sólo puede interpretarse como un premio de Rajoy a su fiel escudera en el PP por las innumerables veces en las que ha ejercido de dique de contención para que la marea de la corrupción no llegara a la presidencia del partido y del Gobierno. Nada que no fuera desprenderse de él podía hacer Mariano Rajoy con el denostado y peligroso Jorge Fernández Díaz, al que sustituye en Interior el que fuera alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, un hombre con amplia experiencia en mandar en la policía municipal.

De Guindos hereda a Soria, Catalá hace guardia en el Constitucional y Báñez vigila las pensiones

Que Soraya Saénz de Santamaría seguiría como vicepresidenta era seguro, pero Rajoy también sorprenda encargándole Administraciones Territoriales y poniendo la portavocía en manos de Íñigo Méndez de Vigo, que continúa en Educación. Su perfil político, contrapuesto al del nefasto José Ignacio Wert, no es el menos malo para alcanzar el pacto por la educación que Rajoy prometió en su investidura, aunque tendrá que hacer gala de no poca mano izquierda. De Guindos, otro fijo en las quinielas, sigue en Economía y añade la cartera de Industria, que hereda de su amigo José Manuel Soria a pesar del escándalo que supuso su intento de enchufarlo de tapadillo en el Banco Mundial. Negociar con Bruselas y resolver los desaguisados que dejó su antecesor no son tarea menor.

Se saca Rajoy de la manga el nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Sociedad Digital – que siempre queda muy moderno -  adjudicado a Álvaro Nadal, responsable de la oficina económica de Moncloa. Para Fomento Rajoy ha elegido al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, del que lo único que puede decirse de momento es que será el segundo Íñigo del nuevo gobierno.  A Exteriores, de donde sale un lenguaraz y metepatas José Manuel García – Margallo, va un desconocido diplomático de carrera llamado Alfonso Dastis, mientras que en Sanidad y Asuntos Sociales Rajoy coloca a una ministra catalana, Dolors Montserrat, en un claro guiño antisoberanista.

García Tejerina, ministra sin apenas proyección política, sigue ocupándose del medio ambiente, la agricultura y la pesca y Rafael Catalá sigue al timón de Justicia, con la vista puesta en Cataluña por lo que pueda pasar en los próximos meses. También sigue Fátima Báñez, la ministra de la reforma laboral, a la que ahora se le suma la obligación de buscar un nuevo pacto de estado que garantice el sistema de pensiones. Como en el caso de Montoro, Rajoy mantiene a una ministra con la que se ha precarizado el mercado laboral hasta límites inimaginables y con la que la hucha de las pensiones ha empezado a criar telarañas sin que haya movido un dedo para revertir la situación.

¿Por sus hechos los conoceréis? 

Es natural que, minutos después de conocer lo que Rajoy ha ideado en su retiro gallego, lo que haya sobre la mesa en estos momentos sean sólo preguntas. Las respuestas irán llegando con el tiempo y las primeras no tardaremos en conocerlas, en cuanto este gobierno y la oposición se sienten a negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado con ajuste de 5.500 millones de euros por orden de Bruselas. Ese será el primer test para averiguar cuán flexibles son las cinturas políticas, empezando por las del propio Rajoy y sus ministros, y continuando por las de un PSOE en la situación más comprometida en la que se ha encontrado a lo largo de su historia reciente: ser oposición y, al mismo tiempo, no darle motivos a Rajoy para adelantar unas elecciones al menos hasta que no empiece a salir del hoyo de sus crisis interna.

A bote pronto y a expensas de que los hechos me quiten o me den la razón, veo en este gobierno escasas posibilidades de que sea el que necesita la realidad política actual del país. Con Montoro, Guindos, Báñez o Catalá en el gobierno, creo que a Rajoy le ha salido hoy la vena lampedusiana y nos ha querido vender un gran cambio de gobierno para que en realidad no cambie nada o que, como mucho, cambie lo menos posible. Y en eso sí que Rajoy no ha sorprendido a nadie.