Los miles de
jueces españoles que a diario instruyen causas y dictan autos y sentencias de
acuerdo a las leyes, no se merecen respirar el hedor que emana estos días de la
Audiencia Provincial de Las Palmas a propósito del “Albagate”. Ya sufren
suficientes estrecheces materiales y humanas y una cierta desconfianza social
en su labor, como para verse además enfangados por un escándalo que crece y se
agrava a medida que se conocen nuevos y truculentos detalles. En beneficio de su
imagen y de la imprescindible confianza en la Justicia que imparten, entendida
como columna maestra de cualquier estado de derecho que se precie, se tendría
que haber actuado hace tiempo por parte de quien tiene la potestad de hacerlo y
sin embargo apenas ha movido un dedo.
Hablo de los
responsables del Consejo del Poder Judicial que, a pesar de llamarse pomposamente
a sí mismos “gobierno de los jueces”, sigue mostrando una pasividad cercana a la connivencia o cuando menos al corporativismo más
rancio que cabría esperar a estas alturas del siglo XXI. Como ciudadano de a
pie siento una mezcla de asombro, vergüenza, indignación e indefensión al
comprobar que, el hecho de que un juez sea grabado en su despacho por un
empresario al que investiga y con el que trama la manera de perjudicar la
carrera política de una magistrada rival en beneficio de un determinado y
conocido político, sólo ha merecido de momento la apertura de un inofensivo
expediente previo por parte del citado Consejo.
Mi
estupefacción va en aumento cuando se revela además que el juez en cuestión
también ha grabado conversaciones con colegas suyos e incluso sesiones
judiciales, y el mismo Consejo tampoco mueve un músculo ni hace siquiera sea un
amago de apartarlo cautelarmente de sus funciones hasta que se esclarezcan los
hechos por vía penal y disciplinaria. En las conversaciones conocidas estos
días a través de los medios, aparece incluso el presidente de la Audiencia
Nacional supuestamente escuchando la petición de favores por parte del empresario de marras sujeto a investigación judicial
por un fraude fiscal millonario y que ahora ha decidido hacerse pasar por la
víctima del escándalo.
Es cuando menos insólito que todo un
presidente de la Audiencia Nacional se haya limitado a emitir una tímido
desmentido de que esa reunión tuviera lugar y no haya presentado aún una
querella criminal contra el empresario. En las grabaciones del escándalo figuran
otros jueces, empresarios, políticos y hasta periodistas que pasaban por allí pero
nada de eso le parece lo suficientemente grave al Consejo del Poder Judicial
para salir de la bochornosa pasividad de la que hace gala ante este caso.
¿Es que acaso
no tenemos derecho los ciudadanos a que
se nos diga con meridiana claridad que no es cierto que en la Audiencia de Las
Palmas se intercambian favores judiciales y políticos como en una suerte de
mercado persa? ¿Es que no aportamos con nuestros impuestos al sostenimiento de
la Justicia o no podemos exigir equidad y respeto a las leyes por parte de
quienes tienen la responsabilidad constitucional de hacerlas cumplir además de
cumplirlas los primeros y de manera ejemplar?
No se trata de
rasgarse las vestidura ni de caerse de un guindo a estas alturas: no es un
secreto para nadie que la Justicia en España dista mucho de parecerse a la
tópica imagen de la diosa con los ojos vendados, la espada y la balanza en equilibrio
perfecto; con poca memoria que hagamos recordaremos todos cómo se han torcido
sus renglones cuando se han cruzado en su camino intereses políticos o
económicos.
Puede que sean precisamente esos intereses los que estén detrás de su
pasmosa indiferencia ante el “Albagate” pero, sean cuales sean las razones, queda
seriamente en entredicho la utilidad de un órgano como el Consejo del Poder
Judicial controlado por intereses políticos. Si limitarse a mirar para otro
lado es todo lo que está dispuesto a hacer, creo que su abultado presupuesto estaría
mucho mejor empleado en agilizar la administración de Justicia y en mejorar las
carencias de todo tipo a las que se enfrentan calladamente a diario miles de
jueces de este país para impartir justicia con rigor, equidad e imparcialidad.
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