La pandemia y los que quedan atrás

Que once millones de españoles se encuentren en situación de exclusión social y que más de seis millones sufran pobreza severa apenas si ha tenido una repercusión pasajera, superficial y efímera en los grandes medios nacionales. Las andanzas de un tenista embustero, las macrogranjas o la cansina pugna política diaria a propósito de cualquier banalidad que se tercie han merecido mucha más atención mediática y de las redes sociales. Amparado por la indiferencia generalizada, ni siquiera el Gobierno, que presumió al inicio de la crisis de que nadie quedaría atrás, se ha dado por aludido ante los alarmantes datos que sobre el aumento de la pobreza en España durante la pandemia han presentado esta semana la Fundación FOESSA y Cáritas.  

Realidad paralela

El señor Sánchez y sus ministros viven instalados desde hace tiempo en una dimensión paralela a la de la dura realidad social y, desde allí, se han propuesto convencernos de que la economía y el empleo avanzan ya a toda máquina y nadie está siendo abandonado a su suerte. Los datos del Informe de FOESSA, una entidad que viene radiografiando con rigor y solvencia la evolución social y económica de la población española desde 1965, se dan de bruces con la Arcadia feliz en la que el Gobierno se empeña en que creamos.

Según el Informe, los ciudadanos en situación de exclusión social han aumentado en 2,5 millones entre 2018 y 2020 y el de los que han caído al pozo de la pobreza severa se ha incrementado en 650.000. La juventud, golpeada con dureza en la crisis anterior, se vuelve a llevar una de las peores partes: casi tres millones de jóvenes de entre 16 y 34 años engrosan ya las estadísticas de la exclusión social en un país que lidera el paro juvenil de la Unión Europea.

"La brecha social se ha agrandado un 25% en la pandemia"

Se mire por donde se mire es casi imposible encontrar un dato esperanzador en el Informe. Dos millones de hogares dependen de un solo sueldo para llegar a fin de mes y en otros dos millones todos los miembros de la familia están en paro. La precariedad laboral se ha duplicado y casi un millón de personas son parados de larga duración. A la brecha social, que según FOESSA se ha agrandado un 25% durante la pandemia, hay que añadir ahora la brecha digital que repercute especialmente en las personas mayores, otro colectivo que también está quedando atrás.

Otro tanto ha ocurrido con la brecha de género, que ha crecido de nuevo respecto a la crisis anterior, poniendo así rostro femenino a los aspectos más duros de la realidad social del país. Esta situación, sobre la que no hace falta cargar mucho las tintas porque ya es lo suficientemente negra y desoladora, tiene su traducción en menos dinero para alimentación, ropa y calzado, entre otros bienes de primera necesidad, y mayores dificultades para acceder a los servicios públicos.

Un escudo social insuficiente

Es urgente que los responsables políticos reaccionen ante esta grave situación y se pongan de acuerdo en cómo afrontar con medidas a corto, medio y largo plazo la cronificación de la pobreza en nuestro país, una situación de la que resulta casi imposible escapar sin ningún tipo de apoyo público. Sin que ello signifique desmerecer o menospreciar el esfuerzo hecho por el Gobierno a través de los ERTES o del Ingreso Mínimo Vital, a la vista está que el famoso "escudo social" del que tanto ha presumido con fines propagandísticos está dejando demasiado que desear. 

A modo de ejemplo, el manoseado Ingreso Mínimo Vital no llega aún ni a la mitad de los 850.000 potenciales beneficiarios que prometió el Gobierno. Conseguir que cumpla el objetivo para el que fue aprobado y se extienda a quienes lo necesiten debería ser una prioridad del Ejecutivo, pero no hay constancia de que se esté haciendo algo al respecto. Igual de prioritario debería ser reducir la precariedad laboral, pero tampoco parece que la leve reforma laboral vaya a ayudar mucho por más que la señora Díaz la utilice a toda hora como banderín de enganche electoral. Facilitar el acceso a la vivienda con algo más que medidas cosméticas como el bono de alquiler, acometer la brecha digital que discrimina a los mayores y adaptar los servicios sociales a las necesidades de los colectivos más vulnerables deberían ser ejes centrales de la actuación de todas las administraciones públicas, empezando por la central.

"El IMV no llega ni a la mitad de los potenciales beneficiarios"

Ni el Gobierno, que tanto alardea de progresista, ni la sociedad española pueden permanecer impasibles o pasar de puntillas sobre una hecatombe social de estas dimensiones: nada más y nada menos que casi la cuarta parte de la población española se está quedando atrás o se ha quedado definitivamente en la estacada en medio de la indiferencia generalizada. Los eslóganes que prometían que eso no ocurriría o que saldríamos más fuertes tendrían que haber servido para mucho más que para alimentar el autobombo y decorar las comparecencias públicas del presidente y sus ministros. Los crudos datos de FOESSA evidencian con su frialdad que ninguna pancarta por grande que sea ni ningún eslogan por mucho que se repita como un mantra, bastan para tapar la profunda y creciente brecha social que sufre el país.  

Atención Primaria, la eterna olvidada

En política, al igual que ocurre en otros muchos ámbitos de la vida, la inacción o la acción extemporánea suele pasar factura. El ejemplo más a mano en estos momentos es lo que está ocurriendo con la Atención Primaria de la sanidad pública ante la pandemia de COVID-19. El eterno mantra político para referirse al primer escalón asistencial ha consistido siempre en proclamar que la Atención Primaria es la "puerta de entrada" al sistema sanitario público. Los responsables políticos deben haber creído que con decirlo bastaba para que se obrara la magia de que la puerta en cuestión se convirtiera en un acceso adecuado a las necesidades sanitarias de una población cada vez más envejecida y medicada. Sin embargo, en plena sexta ola de COVI-19 se pueden apreciar en toda su crudeza las graves carencias de una Atención Primaria que ha seguido siendo la eterna olvidada y la hermana pobre de la sanidad pública en los presupuestos. Las consecuencias están bien a la vista de todos y las soluciones, si es que lo son, aún tardarán en llegar, si es que algún día llegan. 

Un plan guardado en un cajón

No deja de ser sintomático de lo mucho que le preocupa a los poderes públicos la situación de la Atención Primaria que no haya sido hasta finales del año pasado, después de seis olas sucesivas de contagios de COVID-19, cuando el Gobierno tuvo a bien aprobar un plan que bautizó con el rimbombante nombre de Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria. Se trata de un plan que en realidad ya había sido anunciado en 2019 pero que había quedado olvidado en algún cajón ministerial como si el asunto no urgiera lo más mínimo. 

Para el Gobierno central y para los gobiernos autonómicos salir a diario al balcón a aplaudir a los maltratados profesionales de la sanidad parecía mucho más importante que impulsar medidas coordinadas que reforzaran una Atención Primaria pillada sin medios adecuados para hacer frente a la pandemia. La única respuesta, improvisada y a la carrera como casi siempre, fue contratar personal de prisa y corriendo para deshacerse de él lo antes posible. 

El Plan en cuestión, al que el Gobierno anuncia que destinará la astronómica cantidad de 176 millones de euros, está ahora a expensas de que las comunidades autónomas hagan sus aportaciones, tarea para la que tienen de plazo hasta la primavera si no se cruza algún imprevisto que lo demore. Será entonces cuando el Ministerio y las autonomías se sienten a negociar los criterios de reparto de los recursos que pone la Administración central y, salvo sorpresa mayúscula, asistiremos seguramente a otra buena trifulca política como suele ocurrir con casi todo lo que tiene que ver en este país con las cosas que verdaderamente importan a los ciudadanos.

Recortes e inacción

Siempre se ha dicho que lo barato sale caro a la larga y la frase es de aplicación al estado actual de la Atención Primaria. Las consecuencias de años de recortes, abandono y desidia están ante nuestros ojos para quienes las quieran ver. Unas plantillas agotadas después de dos años de lucha constante contra la pandemia, con miles de profesionales contagiados, deben atender al doble de pacientes recomendados y, además, resolver el ingente papeleo relacionado con las altas y bajas laborales. Todo esto comporta una caída en picado de la calidad asistencial que se traduce en una mayor presión sobre las urgencias hospitalarias, consultas telefónicas de tres mal contados minutos y el semiabandono de pacientes crónicos o con otras patologías a los que es imposible hacer un seguimiento adecuado. La guinda la ponen unas condiciones laborales manifiestamente mejorables y una sensación de pesimismo y frustración que lleva a muchos profesionales a tirar la toalla. 

Esta, y no la que pinta el Gobierno, es la realidad de la llamada "puerta de acceso" a la sanidad pública en nuestro país. La prueba más contundente de que predicar y dar trigo son dos cosas bien diferentes está en los recursos que destinan las administraciones públicas a la Atención Primaria. Esos recursos ascendieron a unos 10.000 millones de euros en 2019, último año del que hay cifras. A primera vista parece una cantidad muy considerable, pero si la comparamos con la que se destinaba a este capítulo antes de la crisis financiera está casi 550 millones por debajo. 

Esto quiere decir, en otras palabras, que aún no se han revertido los recortes que padeció la Atención Primaria durante aquella crisis. Ojalá me equivoque, pero es bastante dudoso que el Plan aprobado por el Gobierno central, de momento mera teoría, sirva para darle la vuelta al estado de postración que padece el primer escalón de nuestro sistema sanitario público. Frente a un colectivo sanitario que merece reconocimiento y aplauso por su esfuerzo constante, los responsables públicos que han hecho de la Atención Primaria la eterna olvidada de la sanidad pública solo merecen abucheos y reprobación.

¡Es la gripe, idiota!

Pedro Sánchez está muy interesado en que se deje de hablar de la COVID-19 y de contar contagios y muertos en los medios y quiere que eso ocurra en cuanto remita la sexta ola. Podría decirse que a la vista de la dura resiliencia que ha mostrado el virus frente a sus proclamas propagandísticas en las que aseguraba haberlo derrotado, el presidente ha decidido cortar por lo sano y eliminarlo vía decreto, una forma de gobernar que le apasiona como es público y notorio. En esencia, su plan consiste en tratar los casos de COVID-19 como si fueran de gripe común y, a otra cosa, mariposa. No conviene olvidar que estamos a las puertas de un nuevo y largo ciclo electoral que se presenta extraordinariamente reñido en los predios de la izquierda por no mencionar los de la derecha. Por eso, cuanto antes se empiece a olvidar la manifiestamente mejorable gestión que ha hecho de la pandemia tanto mejor para sus ambiciones políticas, que al fin y al cabo son las que han guiado la mayoría de sus decisiones por encima del interés general. 

Es muy pronto para hablar de endemia

Que la actual pandemia seguramente terminará convirtiéndose en endemia es algo en lo que coincide la práctica totalidad de los expertos. Lo que no se puede asegurar es cuándo ocurrirá tal cosa, de modo que los planes del Gobierno para degradar el virus de la COVID-19 a la condición de gripe común son de momento extemporáneos. En esa apreciación hay también un amplio consenso que incluye a la Agencia Europea del Medicamento y a la Organización Mundial de la Salud. Ambas instituciones han advertido estos días de que aún no estamos ni de lejos ante el escenario que el Gobierno parece atisbar ya a la vuelta de la esquina, seguramente urgido por los compromisos electorales de Sánchez.  

La idea que baraja el Ejecutivo es cambiar la información sobre la incidencia de la COVID-19 y asimilarla a la que se emplea en el seguimiento de la gripe. Esto implica, entre otras cosas, dejar de hacer pruebas y acabar con el cansino conteo de contagios con el que día tras día nos machacan sin misericordia los medios de comunicación. Una red de médicos centinela sería la responsable de hacer un seguimiento de los casos diagnosticados y extraer las conclusiones estadísticas correspondientes sobre la circulación del virus. En definitiva, la idea de fondo es que la sociedad se acostumbre a convivir con el virus como ocurre con la gripe y alivie la presión sobre un sistema sanitario exhausto, que soporta ya a duras penas la sexta y masiva ola de contagios.

¿No anunció Pedro Sánchez que habíamos vencido al virus?

A bote pronto suena bien porque todos queremos dejar atrás cuanto antes esta pesadilla y recuperar la normalidad perdida hasta donde sea posible. Sin embargo, abrir ya el debate sobre lo que se ha dado en llamar la gripalización de la COVID-19 cuando se sigue registrando un elevado número de muertes y los contagios continúan en aumento, entraña riesgos importantes de los que también advierte la mayoría de los especialistas. El primero es la falta de rigor que supone y la confusión que este tipo de debates puede generar entre los ciudadanos, sin que haya certeza aún de cuándo alcanzaremos el pico de la sexta ola ni de lo que vendrá a continuación. 

La propia OMS ha advertido esta semana de que en los próximos dos meses se contagiarán millones de europeos y hay que recordar, además, los bajísimos porcentajes de vacunación en numerosos países de todo el mundo. ¿Y si se detecta una nueva variante más letal y nos pilla con el pie cambiado como ha ocurrido con ómicron? ¿Después de dos años de pandemia no hemos aprendido todavía a ser extremadamente prudentes cuando hacemos previsiones? ¿No anunció Pedro Sánchez su victoria sobre el virus y aún estamos como estamos? ¿Alguien previó la sexta ola o la aparición de una variante altamente contagiosa como la ómicron? ¿Cuántos muertos diarios son asumibles para dejar de hablar de pandemia y empezar a hacerlo de endemia? 

Por otro lado, algunos expertos también han recordado estos días que el carácter endémico o estacional de una enfermedad no presupone que sea menos virulenta o grave y alertan de que extrapolar los modelos de seguimiento de la gripe común a una enfermedad nueva como la COVID-19, no es precisamente lo más riguroso desde el punto de vista científico. Entre otras razones porque la COVID-19 es mucho más transmisible y letal que la gripe, como demuestran con creces los datos de contagios y fallecimientos.

No es el momento de levantar castillos de arena, sino de gobernar

Con sus medidas laxas, inoperantes y tomadas como a desgana y a destiempo, el Gobierno parece haber apostado por dejar que el virus circule a sus anchas, confiando tal vez en alcanzar así el pico de la sexta ola cuanto antes. La displicencia y la pachorra con la que se está actuando ha disparado las bajas laborales, tiene desbordada la Atención Primaria, exhaustos a los profesionales sanitarios y amenaza ya a los hospitales. Ante esta situación es irresponsable esconder la cabeza debajo del ala en lugar de poner los pies en la tierra y afrontar los hechos sin intentar difuminarlos u ocultarlos por intereses espurios. 

Es imprescindible proteger a los más vulnerables, insistir en la vacunación y en medidas de prevención de eficacia probada, vigilar la aparición de nuevas variantes y, sobre todo, cumplir de una bendita vez la promesa de reforzar una Atención Primaria que está al límite después de dos años durísimos para los que no estaba preparada y cuyos problemas crónicos no se solucionan con aplausos y palabras de gratitud. La primera y más urgente obligación del Gobierno, de cualquier gobierno, es gobernar el día a día, no levantar castillos de arena sobre escenarios tal vez aún lejanos e imprevisibles cuando la dura realidad te golpea todos los días en la cara. Y mucho menos si el objetivo inconfesable que se esconde detrás es que los ciudadanos se vayan olvidando cuanto antes de cómo se ha gestionado esta pandemia de COVID-19 e indulten al presidente cuando acudan a las urnas.

Año nuevo, problemas viejos

Un cambio de año no trae por sí solo la felicidad ni endereza las cosas torcidas, menos si están tan torcidas como en España. Aún así necesitamos expresar buenos deseos a modo de dosis de refuerzo para afrontar el futuro inmediato en el que, lo único que está meridianamente claro, es la incertidumbre generalizada. De vender optimismo a toda hora y en toda ocasión ya se encarga el Gobierno, aunque para ello tenga que negar la realidad y sustituirla por un mundo feliz en el que nadie quedará atrás y todos saldremos más fuertes. Ni los datos sanitarios ni las perspectivas económicas ni el ambiente político animan a comprar ese discurso oficial por mucho que necesitemos darnos ánimos para continuar adelante. Un gobierno responsable trataría a los ciudadanos como adultos y no intentaría escamotearles la dura realidad del país con falsos mensajes de optimismo. Por desgracia, este no es el caso. 

Incertidumbre y confusión

En el plano sanitario reina la incertidumbre y la confusión probablemente como nunca antes a lo largo de esta interminable pandemia. Ya hay tantas opiniones como expertos, los medios atizan la alarma y todo eso crece exponencialmente si uno se asoma a las redes sociales y asiste, por ejemplo, al feroz enconamiento sobre la vacunación. La desconfianza de la ciudadanía también aumenta al comprobar que lo que en su día se hizo pasar por certezas científicas en torno a las vacunas o a la inmunidad de grupo, ha pasado a mejor vida y ha sido sustituido por nuevos mantras que solo el tiempo confirmará o desmentirá. ¿Cuándo alcanzaremos el pico de la sexta ola? ¿Qué vendrá después? ¿Se terminará tratando la COVID 19 como una gripe común? Nadie lo sabe a ciencia cierta pero nadie se priva tampoco de echar su cuarto a espadas y hacer cábalas.

Mientras, el Gobierno se pone de perfil y se limita a adoptar a última hora medidas cosméticas como la de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre. Son las comunidades autónomas las que siguen llevando el peso de la gestión con mayor o menor fortuna y buscando el aval de los jueces. Frente a una atención primaria al límite y unos sanitarios agotados, el Gobierno central juega a ponerse medallas inmerecidas sobre vacunación y anuncia planes de refuerzo que apenas pasan del papel a la realidad que se vive en los centros de salud. Eso por no hablar de la situación de la salud mental, para la que solo hay proyectos y buenas intenciones, o de la postergación que está sufriendo la atención a los pacientes de otras dolencias. Se actúa como si la pandemia se hubiera iniciado la semana pasada y no hace casi dos años. 

La economía a la expectativa

La incertidumbre y la gestión manifiestamente mejorable de la pandemia se trasladan inevitablemente a la economía, cargada también de nubarrones a pesar de los mensajes del Gobierno. La luz seguirá subiendo al menos hasta la primavera y con ella la inflación, lo cual podría animar al Banco Central Europeo a  revisar al alza los tipos de interés. El Gobierno no se cansa de presumir del empleo que se crea pero obvia que es público en su gran mayoría. La descafeinada reforma laboral con la que Yolanda Díaz ha hecho tanta propaganda en beneficio de su proyección política personal, no evitará que se siga creando empleo precario en España. 

El futuro del turismo, actividad vital en comunidades como Canarias, sigue también sumido en la incertidumbre, y hay no pocas dudas sobre la capacidad de hacer llegar a la economía real el generoso maná de los fondos europeos. Añadamos a este panorama la inestabilidad internacional derivada de una posible nueva invasión rusa de Ucrania y los problemas de la cadena de suministros para la industria, y no será difícil concluir que el futuro próximo es de todo menos de color rosa. 

Un ambiente político tóxico

El tóxico ambiente político que se respira tampoco ayuda lo más mínimo a ver las cosas de forma menos sombría. Las próximas elecciones autonómicas en Castilla - León y Andalucía abren un nuevo ciclo electoral que no concluirá hasta que se celebren las generales y regionales en el resto de las comunidades autónomas. A medida que vayan pasando las semanas la actividad política se irá contagiando de electoralismo puro y duro y la gestión de los graves problemas del país irá pasando a un muy segundo plano. 

También serán cada vez más frecuentes las escaramuzas por cualquier quítame allá esas pajas entre el PSOE y Podemos o entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, a la caza ambos del voto de izquierdas. En la derecha seguramente se intensificará también la pugna Casado - Díaz Ayuso mientras Vox escala puestos en las encuestas. Si en los periodos en los que las elecciones aún están lejanas apenas es posible que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en algo, con los líderes políticos entrando en celo electoral es casi utópico pensar en pactos de ningún tipo por más que los necesite urgentemente el país. 

No es necesario exagerar ni cargar las tintas para darse cuenta de que el año que estamos iniciando trae mucho más desasosiego y preocupaciones que certezas positivas. A comienzos de 2022, cuando está a punto de cumplirse el segundo año de esta pesadilla, reina en el ambiente una mezcla de déjà vu, provisionalidad, improvisación y sálvese quien pueda que lastra el ánimo social y recorta drásticamente las esperanzas en que la situación general mejore de manera significativa a corto e incluso a medio plazo. Puede que esta forma de ver las cosas no sea la más positiva para afrontar el nuevo año, pero no la cambiaría jamás por la fe del carbonero que supone creer a pies juntillas en el futuro venturoso que nos promete la propaganda gubernamental. Prefiero ser un pesimista equivocado - y ojalá lo sea - que un optimista autoengañado. 

¡Feliz 2022!

 

¡Feliz Navidad!

 

"El recién nacido". (Georges Latour)

Desesperante atención a la dependencia

Acaban  de cumplirse quince años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, una norma que generó grandes esperanzas pero que  también sigue sembrando frustración entre las familias que comprueban en carne propia la enorme distancia que aún hay en este país entre los derechos reconocidos sobre el papel y su disfrute real. En España han muerto este año casi 44.000 personas atrapadas en la telaraña de la burocracia, esperando una prestación por dependencia que ya llegará demasiado tarde para ellas. En el caso de Canarias, pocas dudas debería haber ya de que este es precisamente uno de los grandes lunares en la gestión del Gobierno autonómico cuando se ha superado con creces el ecuador de la legislatura. Los pequeños avances en este capítulo, que a pesar de todo ha habido y no hay por que negar, son tan inapreciables y tímidos que apenas si se perciben en medio de unos datos globales que no han hecho sino empeorar. 

Predicar y dar trigo

Cuando estaba en la oposición Sánchez sabía exactamente lo que había que hacer para evitar subidas de la luz como la de este año, pero una vez en el poder se le olvidó por completo. Con la atención a la dependencia en Canarias ha pasado exactamente lo mismo: cuando la actual consejera era la portavoz de Podemos en la oposición no dejaba pasar ninguna oportunidad de afearle de forma agria al gobierno de turno su gestión de este asunto, pero desde que tiene mando en plaza las cifras de la suya han puesto de manifiesto el abismo que existe entre predicar y dar trigo. Dicho en otros términos, la demagogia nunca ha servido para resolver ningún problema en ningún lugar. 

Una media de ocho dependientes han muerto cada día de este año en Canarias esperando recibir la prestación que tenían reconocida o pendientes de resolución sobre su grado de dependencia. En términos porcentuales Canarias tiene a más del 27% de sus dependientes reconocidos aguardando en listas de espera por una prestación, lo que la coloca la tercera por la cola en la clasificación de las comunidades autónomas por este concepto. No se queda atrás la lista de espera, que ha crecido también un 24%, a lo que se suma que la resolución de un expediente de dependencia se demora en Canarias una media de tres años, el doble de la media nacional, frente a los seis meses que establece la ley. 

Burocracia y caos organizativo es igual a ineficiencia

Se podría pensar que estos lamentables porcentajes son la consecuencia de la escasez de recursos y de personal, pero no parece que vayan por ahí los motivos de la situación. Se de la casualidad de que se ha contratado a un centenar de empleados para agilizar los expedientes y de que se ha incrementado la partida presupuestaria para atender la dependencia, pero el servicio sigue proa al marisco. Blanco y en botella, las causas no pueden ser otras que la burocracia, el caos organizativo y, en resumen, la ineficiencia del gasto público financiado con impuestos de todos los ciudadanos. 

Sin embargo, decir estas cosas, como recientemente ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, no gustan a una consejera que dos años y medio después de ocupar el cargo sigue recurriendo a la herencia recibida para intentar encubrir su deficiente gestión; eso cuando no amaga con dimitir o se desdobla de nuevo en portavoz de Podemos en la oposición y culpa de sus carencias al Gobierno central, en el que es precisamente su partido el responsable de los servicios sociales. 

"Una media de ocho dependientes mueren cada día en Canarias esperando la prestación"

En medio del desbarajuste por el que atraviesa la atención a la dependencia en la comunidad autónoma, el director general de la materia ha alegado "razones personales" para abandonar el barco e irse a casa. Su gestión ha permitido incorporar este año a unos 1.300 dependientes y a otros 3.000 se les ha reconocido el derecho. Sin embargo, deja sobre la mesa una pila de 10.000 expedientes sin resolver que, en muchos casos, se sustanciarán cuando ya sea demasiado tarde para quienes habían puesto sus esperanzas en la prestación para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

Quejas en saco roto

Con frecuencia ocurre que el retraso en la tramitación del papeleo obliga a repetir la evaluación y son habituales los casos en los que potenciales beneficiarios del sistema desisten de solicitar la prestación ante el calvario burocrático y la desesperante espera a la que temen verse sometidos. Ante esta realidad no extraña lo más mínimo que una de cada cinco quejas ante la Diputación del Común de Canarias esté relacionada con la penosa gestión de la prestación por dependencia, como ha revelado el titular de esa institución. 

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales viene reiterando desde hace años que Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de ese servicio que se ha agravado en esta legislatura. Sus quejas, las de la oposición, las del diputado del común, las del comité de empresa de la consejería, las de las organizaciones no gubernamentales o las de los colegios profesionales relacionados con esta materia, han caído una tras otra en un terreno yermo en el que solo han encontrado desdén o desesperados intentos de culpar a terceros de la propia incapacidad. 

Lo dije en un post anterior sobre este asunto y me reafirmo a la vista de las últimas estadísticas: frente a este desastre, que vulnera el derecho y frustra las esperanzas de miles de personas, solo cabe la dimisión de la consejera. En su defecto, el presidente Torres debería agradecerle los servicios prestados y cesarla. Sabemos que no lo hará porque no es la valentía su principal virtud política, pero de él será en última instancia la responsabilidad de haber elegido para el cargo a una persona que ya ha dado sobradas muestras de su ineficiencia en un asunto socialmente tan sensible y delicado. 

Inmigración: sordos, mudos y ciegos

En política rige una máxima no escrita por la cual de lo que no se habla no existe. A punto de despedir 2021 ya han llegado a Canarias este año 20.000 inmigrantes por vía marítima, una cifra que trae a la memoria la crisis de los cayucos de 2006. Con todo, lo más grave no es el número de los que han llegado, sino el de los que no han tenido esa suerte: entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se han ahogado 937 personas intentando llegar a Canarias, ente ellas 83 niños y 248 mujeres. Obviamente, en la estadística oficial no se incluye a los más desafortunados de todos, los desaparecidos de los que no quedó noticia, que ni siquiera pueden aspirar a ser un número en el conteo de muertos y que bien podrían duplicar la cifra atroz de los de cuyo fallecimiento sí hay constancia. Lo cierto es que e pesar de estos datos terribles, ni hay debate político o social ni en los medios aparece otra cosa que no sea el cansino recuento casi diario de llegada de pateras y muertes durante la travesía.

AP/JAVIER BAULUZ

Inmigración y agenda política

Que estas gélidas cifras oficiales sean un 7% superiores a las de 2020 y un 363% más que en 2019, no parecen suficiente argumento para que la clase política y el conjunto de la sociedad muestren algún signo de alarma, inquietud o desasosiego por el drama humanitario que se desarrolla ante nuestros propios ojos y ante el que preferimos permanecer mudos, sordos y ciegos. ¿Cuántas personas más tienen que morir o desaparecer en el mar para que el asunto merezca la atención que requiere por parte de todos? 

Puede que sea la pandemia que no cesa o los problemas económicos, pero lo cierto es que la tragedia de las personas que fallecen intentando llegar a Canarias ha desaparecido por completo de las agendas políticas de los gobiernos central y autonómico. Aunque a decir verdad, antes del virus y sus consecuencias tampoco era algo que pareciera quitar demasiado el sueño a los gobernantes, salvo cuando tenían que pasar el mal trago de que las televisiones y las redes sociales mostraran al mundo a miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero bajo un sol implacable, porque los irresponsables representantes públicos habían desoído todas las advertencias sobre el repunte del fenómeno y no se habían preparado adecuadamente los medios  de acogida.

"Hacer el menor ruido mediático posible es la consigna en vigor"

Ahora, más allá de habilitar de prisa y corriendo algunas instalaciones para dar alojamiento en condiciones muchas veces precarias a los que tienen la suerte de pisar tierra firme y de poner algún tuit de compungida condolencia, no se tiene constancia de plan o estrategia gubernamental alguna para responder al desafío. Desviar el tiro a Bruselas e ir tirando como buenamente se pueda sin hacer mucho ruido mediático parece ser la consigna política en vigor. Nadie debió escudarse en 2019 en que no se podía saber lo que estaba a punto de ocurrir con la ruta canaria de la inmigración, una de las más peligrosas del mundo, en cuanto se incrementó el control sobre las del Estrecho y el Mediterráneo. Aún así, han pasado ya dos años y 2021 va camino de convertirse en el peor año en cuanto a muertes de inmigrantes en el mar desde que se llevan estadísticas, mientras la pasividad política y la indiferencia social también han ido en aumento.

Indiferencia social y reto político

Ni siquiera la presión sobre los centros que acogen a menores inmigrantes llegados sin acompañamiento familiar consigue sacar de su modorra política al Gobierno de Canarias, incapaz de lograr de Madrid que derive a otras comunidades autónomas a parte de los 2.700 chicos que tiene bajo su tutela. Los centros están al límite, faltan cuidadores, las pruebas de edad se retrasan y centenares de menores podrían terminar en la calle en una especie de limbo legal. Eso sí, el Parlamento canario creó en septiembre una "comisión de estudio" sobre la inmigración, una fórmula tan socorrida como inútil de la que suelen echar mano los políticos cuando quieren dar la falsa sensación de que están muy preocupados por un problema. Los resultados prácticos de esa comisión los podemos avanzar ya antes de que concluya sus trabajos: cero pelotero.

Si a los políticos les incomoda hablar de un problema que no pueden resolver con eslóganes simplones, la sociedad no les va a la zaga con su indiferencia ante lo que ocurre en las costas de las islas. Así, entre el silencio de unos y la falta de compasión de otros hemos normalizado este drama, lo hemos asumido como algo inevitable en lo que no tenemos ninguna responsabilidad y hemos seguido con nuestras cosas. Es una respuesta social hasta cierto punto comprensible cuando una situación, por trágica que sea, se vuelve crónica y quienes deberían liderar la búsqueda de soluciones prefieren también practicar la política del avestruz. Sin embargo, creo que es la peor de las  alternativas imaginables porque el desafío no va a desaparece solo porque nos engañemos dejando de hablar de él y no prestándole atención. 

"Hemos normalizado el drama y lo hemos asumido como inevitable"

Clase política y sociedad deberíamos desprendernos de ataduras ideológicas y sesgos xenófobos y al menos ser prácticos por una vez: la inmigración ordenada y segura salvaría muchas vidas y sería de gran ayuda económica en un país cada día más envejecido, en el que en algunas provincias ya hay serios problemas para encontrar mano de obra en sectores como la construcción o los servicios. En la última década las muertes de españoles autóctonos han superado en más de un millón a los nacimientos y, según el INE, el 20% de la población ocupada tiene en la actualidad más de 55 años, lo que significa que se empezará a jubilar en los próximos años, agravando aún más la carencia de trabajadores y las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. 

¿Y si dejáramos de taparnos la boca, los ojos y los oídos y miráramos por una vez el problema de frente para buscar una salida que rebaje drásticamente la pérdida de vidas y ayude a sostener la economía del país? No soy un iluso, sé que no es nada sencillo y puede incluso que sea mucho pedir en un país en el que los grandes pactos de estado se han convertido casi en misión imposible. Pero es precisamente frente a grandes retos como este ante los que un país, con sus líderes públicos al frente, debería demostrar su capacidad de estar a la altura de lo que exige una trágica realidad que no se puede ignorar indefinidamente. 

La democracia no habla ruso

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, siempre complejas y difíciles, se han vuelto a tensar ante la posibilidad de una nueva invasión rusa de Ucrania. Las noticias sobre la concentración de tropas rusas en la frontera entre ambos países no auguran nada bueno y recuerdan mucho a lo ocurrido en 2014. Con ese telón de fondo se acaba de celebrar la primera Cumbre de la Democracia, un evento convocado por Joe Biden en el que han participado virtualmente un centenar de países. Entre los invitados no han estado Rusia, China, Hungría o Turquía, pero sí Taiwan, Brasil o Polonia. La lista de invitados y excluidos choca de frente con algunos de los mensajes lanzados por el propio Biden en la primera jornada de la Cumbre: "La democracia necesita defensores", dijo el presidente estadounidense ante mandatarios en cuyos países la democracia está como mínimo en cuarentena cuando no en derribo. Como era de esperar, rusos y chinos se lo han tomado a mal y, no faltos de algo de razón, han acusado a Estados Unidos de repartir certificados de democracia según sus intereses geoestratégicos. 

EFE

Una cumbre para hacer amigos

Los observadores de la actualidad internacional se han preguntado por el sentido y la utilidad de esta cumbre, sin más objetivos conocidos que el de celebrar otra el año que viene para estudiar los "informes" elaborados a raíz de la primera. Que más de un centenar de líderes mundiales dediquen tiempo y esfuerzo a hablar por hablar de por qué la democracia no pasa por sus mejores días, no parece de una gran ayuda para que vaya mejor. Sobre todo cuando, como en el caso del presidente español, se aprovecha la ocasión para presumir de lo que se carece. Según aseveró Sánchez en la cumbre, hay que promover la "participación política" de la ciudadanía y "la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos", justo lo contrario de lo que es práctica habitual suya y de su gobierno.

Al margen de las inconsecuencias a las que ya nos tiene acostumbrados el presidente español, la convocatoria parece responder sobre todo a la necesidad de Biden de ir conformando un bloque de aliados ante la hipótesis de un conflicto con Rusia y China, algo que los analistas no creen improbable en un futuro tal vez no lejano. Una nueva invasión rusa de Ucrania supondría otro desafío para la OTAN, que es como decir para Estados Unidos, y para la Unión Europea, a la que Putin no le profesa precisamente mucha simpatía y a la que le interesa desestabilizar por todos los medios. Y todo esto con el gigante chino al acecho para tomar posiciones que favorezcan sus planes de expansión mundial a costa de Occidente. Dicho de otro modo, pareciera como si estuviéramos volviendo a los tiempos de la guerra fría de bloques mundiales bien definidos, antagónicos e irreconciliables. 

"En otro contexto internacional esta cumbre nunca se habría celebrado"

Dudo mucho que en un contexto internacional que no estuviera marcado por las tensiones con Rusia y China, Biden hubiera convocado una cumbre en la que probablemente haya sido la salud de la democracia global la menor de sus preocupaciones. De hecho, los índices de confianza en la democracia de su propio país y en muchas otras democracias occidentales no han dejado de descender en los últimos años; a su vez han ido en aumento los ciudadanos que viven en países democráticos pero ven con simpatía algunos regímenes autoritarios. Más allá de los tópicos que ha dado de sí la cumbre, no resulta muy creíble esta súbita preocupación de Biden y de los líderes mundiales participantes por la democracia ni por las causas por las que está fallando y los ciudadanos se están alejando cada vez más de la política. Entre otras cosas porque, en no pocos casos, esos mismos líderes puede que sean precisamente parte del problema en vez de la solución.

La autocracia rusa

Mientras China no se ha molestado nunca en ocultar su condición de dictadura comunista combinada con un feroz capitalismo de estado, Putin intenta en vano hacer creer que no es un autócrata que elimina o encarcela opositores, controla en su beneficio los procesos electorales y maneja a placer los medios de comunicación. Sin embargo, eso no le impidió a Pablo Iglesias, seguramente traicionado por el subconsciente, darle en su día la razón al gobierno ruso cuando se permitió comparar el encarcelamiento del líder opositor Alexéi Navaltny con el irreprochable proceso judicial seguido contra los independentistas catalanes. Perdería el tiempo quien intentara encontrar en el pensamiento político de Putin una brizna de respeto por la democracia representativa, de la que su país a duras penas mantiene las apariencias. Su ideólogo de cabecera es el oscuro pensador fascista ruso Iván Illyín (1883 - 1954), admirador de Hitler y de Mussolini, que abogaba por anteponer la voluntad y la fuerza al imperio de la razón y de la ley. No cabe imaginar nada más alejado de la democracia que esa forma de pensar.  

Putin traduce ese pensamiento ultraderechista en un liderazgo populista de comunión mística con el pueblo, la manipulación de la opinión pública y una actitud amenazante ante sus opositores y ante quienes discutan el derecho de Rusia a recuperar y a unir de nuevo bajo su égida los restos dispersos de la extinta Unión Soviética. En todo régimen autocrático o dictadura que se precie es obligatorio echar mano de un enemigo exterior al que responsabilizar de los problemas del país, que sirva además de coartada para justificar determinadas decisiones. Los enemigos exteriores preferidos de Putin para esos menesteres son los Estados Unidos, la OTAN o la Unión Europea y contra ellos dirige su arsenal mediático y, sobre todo, sus ataques cibernéticos y la propalación de bulos. No  resulta exagerado considerar al régimen ruso como el inventor de los bulos y las noticias falsas destinadas a desestabilizar a sus adversarios. En la mente de todos está, por ejemplo, lo ocurrido en las elecciones estadounidenses que dieron el triunfo a Trump, con el que no por casualidad Putin hacia tan buenas migas. 

"No es exagerado considerar al régimen ruso como el inventor de las noticias falsas"

La caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética despertaron en su día grandes dosis de esperanza en el avance de la democracia, pero la desilusión no tardó en llegar. El ascenso mundial del capitalismo de estado chino sin libertades y el régimen autocrático que se ha implantado en Rusia son hoy dos de las principales amenazas para un mundo más libre, democrático, justo y en paz. La posible invasión de Ucrania sería otro paso hacia un conflicto global que nos alejaría más de lo que ya estamos de ese objetivo. Reforzar la democracia mejorando y respetando el funcionamiento de las instituciones es crucial para responder al avance del autoritarismo y los populismos en todo el mundo. 

Pero no parece que la mejor forma de lograrlo sea convocando cumbres a la defensiva como ha hecho Biden, agobiado por los desafíos internacionales a los que se enfrenta su país. La clave está en identificar qué falla y aplicar remedios democráticos, alejados del populismo en boga, que contribuyan a recuperar la confianza en la democracia y la participación en la vida política de una ciudadanía informada de la que, en último extremo, dependerá que este sistema de gobierno sobreviva o se convierta en otra cosa. Timothy Snyder, catedrático de Historia en Yale, escribe en su libro "El camino hacia la no libertad", (Galaxia Gutenberg, 2018), en el que analiza a fondo el régimen de Putin,  que "a la hora de la verdad, la libertad depende de los ciudadanos capaces de distinguir entre lo que es verdad y lo que quieren oír. El autoritarismo no llega porque la gente lo quiere, sino porque pierde la capacidad de distinguir entre los hechos y los deseos". 

Democracia en retirada

La petición de vetar a periodistas incómodos que han hecho el PSOE y los partidos que apoyan al Gobierno es un preocupante síntoma más de los numerosos y graves problemas que aquejan a la democracia. Si entre los principios esenciales de este sistema de gobierno figuran en lo más alto el derecho a la información y la libertad de prensa, que esos partidos pretenden ahora poner a su servicio, no son menos cruciales el respeto a la Constitución, la obligación de rendir cuentas ante el parlamento, la transparencia en la gestión, evitar la polarización y buscar el acuerdo y no convertir las instituciones democráticas en campos de batalla política y agencias de colocación clientelar. Por desgracia, estos males son el pan de cada día de la democracia española y, aunque no sirve en absoluto de consuelo, aquejan también a otras democracias occidentales en mayor o menor medida. Ante ese estado de cosas, el pueblo soberano, al que los líderes cortejan en tiempo de elecciones para olvidarlo después hasta la siguiente cita electoral, cae en la apatía y en la desilusión y le da la espalda a la política, cada día más convencido de que le va quedando poco de soberano. Se abren así las puertas para que los populismos se apoderen de la democracia.

La democracia no ocurre por casualidad

Tendemos a pensar que vivir en democracia es lo natural y nos cuesta imaginar que las cosas también podrían ser de otra manera. Si  ahora que tanto se recurre a la "memoria histórica" con fines más bien espurios volviéramos la vista atrás, puede que nos sorprendiera descubrir que la democracia moderna es el sistema político más joven de cuantos ha conocido la humanidad. Entre la democracia de los antiguos griegos, que aparte del concepto y del nombre guarda poca relación con la actual, y el momento histórico en el que se vuelve a emplear la palabra, transcurrieron más de 2.000 años durante los cuales incluso el término desapareció del vocabulario de pensadores y gobernantes. 

En los poco más de dos siglos que tiene de edad el sistema político al que hoy llamamos democracia ha habido flujos y reflujos, avances y retrocesos y, en no pocas ocasiones, se ha terminado imponiendo el autoritarismo cuando no el totalitarismo puro y duro como ocurrió en el siglo XX con el nazismo, el fascismo y el comunismo con sus dramáticas consecuencias. Esta forma de gobierno nunca ha transitado por caminos de rosas, sino de peligros y acechanzas por su izquierda extrema y por su extrema derecha. Su propia naturaleza la hace inestable y vulnerable frente a sus enemigos, que los tiene y muchos, aunque prácticamente no haya hoy ningún país que no mencione la democracia en su constitución y ningún partido o movimiento político se atrevería a proclamar abiertamente que su objetivo es implantar una dictadura. 

"La democracia es un delicado y complejo mecanismo político que no estamos cuidando como es debido"

Convencidos de que a pesar de sus deficiencias y fallos vivimos no solo en el mejor de los sistemas políticos sino en el único posible, también somos proclives a olvidar que la democracia es un proceso histórico que como tal tuvo un principio y seguramente tendrá un final, como ocurrió con la monarquía absoluta de origen divino a la que desplazó. Aquel fue un sistema mucho más duradero, cuya desaparición nadie se habría atrevido a augurar en su día, hasta que las revoluciones norteamericana y francesa cambiaron las cosas para siempre. Sin embargo, la democracia tuvo que dar sus primeros pasos en la edad contemporánea entre el recelo e incluso el rechazo de los revolucionarios franceses y los padres constituyentes norteamericanos, que preferían utilizar el término "república". 

Nunca ha habido ni habrá una democracia perfecta

La democracia ha vivido y vivirá siempre sujeta a las contradicciones insalvables entre cómo nos gustaría que fuera y cómo es en la realidad. Si bien es cierto que una democracia perfecta no ha existido ni existirá nunca en ninguna parte, los pueblos y sus líderes que han sabido aprovechar la tensión permanente entre lo ideal y lo real para mejorarla han conseguido mayores cotas de libertad y bienestar; pero, cuando las contradicciones se vuelven insalvables y se desprecian los fundamentos que le dan sentido, la democracia enferma gravemente y aumenta el riesgo de quiebra política. Tenemos en nuestras manos un complejo y delicado mecanismo político que no estamos cuidando con el mimo que merece para que dure y mejore su funcionamiento, siempre perfectible aunque nunca perfecto. 

El declive que sufre la soberanía popular es uno de los aspectos más preocupantes de las democracias actuales. ¿Si el pueblo soberano es cada vez menos tenido en cuenta en la toma de decisiones que le afectan, a quién representan los que dicen ser sus representantes? El historiador Emilio Gentile asegura en uno de sus libros que la democracia representativa está siendo sustituida por "una democracia recitativa en la que los gobernantes expropian al pueblo de  su soberanía en el momento mismo en el que proclaman ser sus más genuinos y devotos representantes". Por su parte, el pueblo se aleja cada vez más de la política, a la que ve con indiferencia cuando no con desprecio. ¿Vamos camino de una democracia sin demos? Los ciudadanos han sido reducidos a la condición de meros electores mientras los poderes no electos, que no están obligados a rendir cuentas, han ampliado sus márgenes de actuación. Por su  parte, los procesos electorales son cada vez más grandes espectáculos mediáticos que fomentan el personalismo y  se degrada la comunicación política con los ciudadanos. 

Malos tiempos para la democracia

La democracia atraviesa un periodo de retroceso envuelta en el pesimismo y la desafección ciudadana, unos síntomas que la crisis financiera y la pandemia de la COVID - 19 han agravado. El semanario británico The Economist publica anualmente un prestigioso índice sobre la calidad de la democracia en el mundo y la tendencia es preocupante. El estudio analiza los procesos electorales, el pluralismo político, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles en 167 países. Su conclusión principal para 2020 indica que en el primer año de la pandemia se produjo un retroceso sin precedentes de las libertades democráticas en todo el mundo. La puntuación global de 5,37 sobre diez es la más baja registrada desde que se inició el Índice en 2006. España no es ajena a esa evolución: aunque aún es considerada como una democracia plena en el Índice, nuestro país ha caído del puesto 16 al 22 en menos de dos años, los que lleva el gobierno actual en el poder. (En este enlace se puede consultar el Democracy Index)

Falta un análisis en profundidad que determine hasta qué punto no había otras maneras de combatir la pandemia que no consistieran únicamente en restringir derechos y libertades democráticas; o si luchar contra el virus obligaba necesariamente a escabullirse de la rendición de cuentas, del control parlamentario, de eludir el cumplimiento de la constitución o de reforzar la transparencia en la toma de decisiones. Las conclusiones de The Economist confirman una tendencia de degradación continuada del sistema democrático que debería llamarnos a todos a la reflexión e incluso a la acción, en lugar de suponer que nuestras democracias podrán con todo y con todos, con las zancadillas que le pone a diario el poder y con la indiferencia del pueblo soberano. Gentile lo resume muy bien en esta reflexión: "Cuando una democracia es deficiente no basta con cambiar la constitución y las instituciones parlamentarias para hacerla eficiente. La salud de la democracia depende de la calidad de las personas que eligen a los gobernantes, y, sobre todo, de las personas que gobiernan". 

El volcán de la incompetencia

Al comienzo de la erupción del volcán de La Palma escribí esto en el blog: "Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgracia hay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperar y que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde es imprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible". La autocita es un poco larga y les pido disculpas por ello, aunque reproducirla me ha ahorrado escribir de nuevo algo muy parecido cuando vamos ya camino de los tres meses de erupción. 

Ingenuidad y realidad

Confieso con un poco de rubor que en esta ocasión me había armado con la fe del carbonero y me había dicho que ahora sería distinto, que la emergencia era de una magnitud de tal calibre que el apoyo público no tardaría en llegar y no se repetiría lo de otras desgracias naturales como incendios, terremotos o inundaciones. Siendo incluso consciente de que la burocracia española es una hidra de siete cabezas con pies de plomo, me convencí como un iluso de que alguna vez tendría que ser la primera en la que las promesas de los responsables gubernamentales se materializarían en un plazo razonable y no habría necesidad de que los afectados tuvieran que recurrir a los medios de comunicación para denunciar retrasos.

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja acaba de dejar mi ingenuidad al descubierto. En un comunicado de hace unos días denunciaba que no se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas y establecimientos, lo que significa que los vecinos no cuentan aún con la ayuda de 30.000 euros imprescindible para el pago de un alquiler de un piso provisional. Agrega que no se han entregado la mayoría de viviendas provisionales que prometió el Gobierno de Canarias, lo que está produciendo que los afectados no dispongan ya de capacidad económica para hacer frente a los precios de los arrendamientos de pisos privados que, fruto de la especulación, han incrementado de forma notable sus precios, mermando el poder adquisitivo de los damnificados hasta tal punto de tener que pedir dinero prestado a familiares y amigos. 

"No se han abonado las ayudas del Ministerio del Interior por destrucción de viviendas"

Añade que el Gobierno de Canarias tampoco ha abonado "la ayuda para muebles y enseres, lo que está impidiendo a los miles de afectados tener los enseres básicos de hogar, imprescindibles para su vida diaria y de las de sus hijos y mayores a cargo". Por último recuerda que "no se han abonado a la mayoría de afectados los donativos recaudados por el Cabildo de La Palma y El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, lo que tiene como consecuencia que muchos vecinos desalojados y en el paro pasen penurias económicas para vivir día a día, teniendo que vivir de la caridad de familiares y amigos". Ha sido precisamente a raíz de la publicación de este comunicado cuando las administraciones local e insular han empezado a entregar las donaciones particulares, fruto de la solidaridad de ciudadanos y organizaciones de todo el país que, al contrario de los políticos profesionales, sí tienen perfectamente claro lo que significa la palabra "urgente". 

Incompetencia y uso político de la tragedia

Lo realmente dramático de esta situación no es que no se hayan aprobado ayudas en un plazo relativamente breve, que sí se ha hecho. Lo que resulta sangrante e indignante es que, con las ayudas ya aprobadas, la incompetencia y la falta de agilidad administrativa están retrasando su entrega a los beneficiarios en un plazo aceptable y desvirtuando así su finalidad. Aún teniendo en cuenta la complejidad de una casuística diversa, unas administraciones que en casi tres meses solo han sido capaces de atender a trancas y barrancas las necesidades más perentorias de los afectados y de comenzar ahora a entregar las donaciones particulares, que se empezaron a recoger el mismo día de la erupción, distan mucho de responder a las necesidades de los ciudadanos que las sostienen con sus impuestos. Es urgente acabar con los nudos y los cuellos de botella burocráticos que están ralentizando la entrega de las partidas comprometidas, máxime cuando las tareas de reconstrucción durarán años y el Gobierno central tendrá que incrementar sustancialmente los 214 millones de euros aprobados hasta ahora para hacer frente a unos daños que, según las cuentas autonómicas, suman ya cerca de 850 millones de euros.

Esta incompetencia contrasta poderosamente con las siete visitas que el presidente Sánchez ha realizado a La Palma desde el 19 de septiembre, en cada una de las cuales ha reiterado las mismas promesas incumplidas. A sus viajes, convenientemente amplificados por los medios aunque la única novedad con respecto al anterior fuera el color de la corbata, hay que sumar los de once ministros, la mitad del Gabinete, ninguno de los cuales se ha querido privar del "espectáculo de la Naturaleza" ni quedarse sin prometer un futuro venturoso para los afectados. A pesar de este desfile volcánico de ministros y de estos viajes presidenciales sin otro objetivo práctico que el autobombo, el presidente canario no ha considerado oportuno en estos tres meses dar siquiera un tímido toque público de atención para que se agilice la entrega de las ayudas. Como demuestra la experiencia en otros asuntos, las probabilidades de que Sánchez le haga caso en algo al presidente canario son remotísimas. Sin embargo, Torres proyectaría al menos una imagen pública menos sumisa y silenciosa ante un presidente que ha hecho del volcán palmero su set particular de televisión, mientras los afectados se tienen que conformar por ahora con vivir de promesas. 

Cuando mentir es gratis

Con la huera solemnidad en la que suele envolver sus anuncios, el presidente Sánchez prometió el 5 de septiembre en su periódico de cabecera que los españoles pagaremos al final de este año por la luz lo mismo que en 2018. Apuesto a que ni sus fanes más entusiastas se creyeron aquel anuncio a la desesperada, pero le sirvió para ganar tiempo y calmar a Podemos ante las críticas a un Gobierno y a un presidente que llegaron a La Moncloa asegurando tener la varita mágica para meter el recibo de la luz en vereda. Pero el precio no ha parado de subir desde el verano y, a menos que medie un milagro eléctrico, los españoles pagaremos este año por la luz no solo más que en 2018, sino mucho más de lo que hemos pagado jamás en la historia de la energía eléctrica de este país. El calambrazo tira de la inflación y pone en el disparadero la recuperación económica y los bolsillos de 11 millones de consumidores. Mas no importa, Pedro Sánchez tiene una suerte inmensa al gobernar un país con una oposición enredada en sus juegos de tronos, unos sindicatos dispuestos a tolerárselo todo y una ciudadanía apática y exhausta tras año y medio de pandemia. Es así como conseguirá que haber mentido una vez más al país le salga gratis total. 

Estado de la cuestión

Partiendo de que la causa principal de la subida es el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, veamos cuál es la situación a fecha de hoy. Desde el verano el precio de la luz ha encadenado ya cinco récords y es probable que haya algunos más. En noviembre el precio medio para los 11 millones de consumidores con tarifa regulada, que representan el 40% del total, se había encarecido el 68% con respecto a noviembre de 2020, lo que supone pasar de 68 a 115 euros de media en solo un año. Esto significa que la subida de un suministro básico para familias y empresas haya registrado en España una de las mayores subidas del mundo, que se dice pronto. 

Las subidas han sido, son y seguramente aún serán de tal calibre que las medidas adoptadas por el Gobierno con más voluntarismo e improvisación que cabeza, han surtido el mismo efecto que administrar una aspirina para detener un cáncer. La rebaja del IVA del 21% al 10%, la reducción de las cargas reguladas y la supresión del impuesto sobre la generación, con fechas de caducidad el 31 de diciembre, se las han comido en poco tiempo las subidas constantes. Incluso aquel famoso Decreto ley con el que el Gobierno iba a recortar a las malvadas eléctricas unos 2.800 millones de euros de beneficios "caídos del cielo", ha terminado convertido en agua de borrajas y apenas lo notarán en sus cuentas de resultados.

Cómo me las maravillaría yo

A principios de septiembre y a la vista de que ni a palos conseguía el Gobierno aplanar la curva de los precios y de que Podemos empezaba a ponerse nervioso y a anunciar movilizaciones, fue Pedro Sánchez a donde la prensa amiga y lanzó su solemne promesa a la ciudad y al mundo. Su problema es que los precios de la energía eléctrica no entienden de promesas rimbombantes y han seguido subiendo en globo. A menos de un mes de que acabe el año y ante el riesgo cierto de que Sánchez se vea de nuevo desmentido por la realidad como tantas otras veces, el Gobierno ya está haciendo circular la cuenta de la vieja para evitarlo. 

El truco consiste en incluir en el cálculo a los siete millones de consumidores del mercado libre a quienes las subidas no solo les han afectado poco, sino que además se han beneficiado de la reducción de impuestos y costes fijos. Solo así, haciendo trampas, hay posibilidades de que Sánchez salve la cara. Aunque es cierto que en sus declaraciones no hizo distingos entre consumidores, todo el mundo entendió que se refería a los de tarifa regulada, los menos pudientes y los más expuestos a la volatilidad de los precios, que van a pagar este año un potosí por poner la lavadora o calentar la sopa a pesar de las promesas del presidente. 

Y peor que se va a poner

El Gobierno lleva tiempo desbordado y sin apenas margen de maniobra, mientras todo indica que los precios seguirán al alza al menos hasta la primavera. Sus lamentaciones ante Bruselas para que la UE se involucre no encuentran eco y tendrá que seguir improvisando como hasta ahora con los resultados ya conocidos. Tiene la posibilidad de prorrogar las rebajas fiscales e incluso aumentarlas, cargar algunos costes a los presupuestos o vincular la tarifa regulada a contratos a plazo para reducir la inestabilidad de los precios, como han propuesto algunos analistas. Claro que eso significaría recaudar menos y seguramente esas medidas no tardarían mucho en verse compensadas también por las próximas subidas. 

Con este panorama la recuperación económica a la que el Gobierno se sigue aferrando parece cada vez más lejana. Los precios de la energía son responsables directos de una espiral inflacionista como no se veía desde 1992. Las empresas están en la cuerda floja, los salarios se deprecian y las pensiones se tendrán que revalorizar el año que viene un 2,5%, ahondando más en el déficit. Los fondos europeos son por ahora un enigma, el paro ronda el 15% y el Índice de Miseria está a la cabeza de la Eurozona, doblando la media de los países del euro y colocándose solo por detrás de Brasil y Turquía entre los países más desarrollados. No es catastrofismo sino realismo, complicado más si cabe con el repunte de la pandemia y la aparición de una variante cuyas consecuencias aún se estudian, que puede causar nuevos estragos en el sector servicios cuando empezaba a levantar tímidamente el vuelo.

Obviamente no se puede responsabilizar a Sánchez de todos estos problema, aunque en el de la luz, por citar solo uno, ha primado la improvisación y ha quedado al descubierto su demagogia. A un gobernante no se le exige que le dore la píldora a los ciudadanos con promesas irreales como la del precio de la luz, sino que los trate como a adultos, les muestre la realidad por cruda que sea y explique qué piensa hacer y, sobre todo y ante todo, que no les mienta. Pero si como suele ocurrir las mentiras le salen gratis, podemos estar seguros de que reincidirá y entonces la culpa no será suya sino enteramente nuestra. 

Ómicron y el miedo

El gran historiador romano Tito Livio escribió que "el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son". La RAE define el miedo como la angustia producida por la percepción de un riesgo o peligro, que puede ser real o no, y que puede percibirse de manera presente o de futuro. También dice un refrán español que "el miedo es libre", pero creo que en este caso se equivoca por completo el refranero: nada menos libre que el miedo y nada más paralizante. Viene este exordio a propósito de la ómicron, la nueva variante del COVID - 19,  la cual ha desatado una ola mundial de miedo que con los datos disponibles hasta la fecha no parece plenamente justificada. Por ejemplo, la doctora sudafricana que alertó de la variante ha declarado a la BBC que hasta ahora "los efectos sobre los pacientes son leves" y que no hay ningún hospitalizado. ¿Significa eso que debemos hacer caso omiso y seguir como si nada? En absoluto, lo que significa es que los responsables públicos y los medios de comunicación tienen la obligación de ser extremadamente cautelosos a la espera de disponer de todos los datos científicos, lo cual no está reñido con permanecer alertas y ser prudentes mientras el virus circule, algo que tal vez haga indefinidamente. Dejarse arrastrar por un miedo cerval sin causa justificada suficiente nos convierte en presas fáciles para la manipulación.  

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Que no cunda el pánico

No hace falta seguir ninguna teoría de la conspiración para recordar que en la Historia hay numerosos ejemplos en los que el poder ha utilizado el espantajo del miedo para fines diversos, casi nunca confesables. No digo que sea el caso pero, desde que la OMS bautizó a ómicron y la calificó de "variante de preocupación", estamos asistiendo a una gigantesca oleada de reacciones políticas y epidemiológicas que lejos de transmitir calma y serenidad a la población contribuyen a alarmarla. La propia OMS ha tenido un comportamiento inexplicable y errático al calificar primero la mutación de "preocupante" para al día siguiente señalar que se desconoce el nivel de transmisibilidad y admitir que "es pronto para determinar su virulencia".  No le va a la zaga a la hora de atizar los mensajes alarmistas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instando a los países europeos a "prepararse para lo peor" y asegurando que "estamos en una carrera contra el tiempo". Lo que según la señora von der Leyen es "lo peor" no lo sabemos porque no lo dijo, pero a fe que sus palabras nos han metido más miedo en el cuerpo.

De eso se encargan especialmente los medios de comunicación, embarcados de nuevo en una carrera para dirimir cuál publica el titular más amenazante. Sin embargo, los llamamientos científicos a la calma y a la prudencia a la espera de disponer de más datos se ignoran o se relegan a un segundo plano, seguramente porque no hay nada mejor para generar audiencias que anunciar el Armagedón en vivo y en directo. De este modo la caza del paciente con ómicron se ha activado y en los medios solo se ve y lee estos días un goteo incesante de casos contagiados con esa variante, pero apenas nada sobre los efectos sobre la salud de esos pacientes. Me atrevo a llamarlo alarmismo informativo y, sin duda, no es la mejor manera de transmitir serenidad a una población que lleva ya año y medio sometida a un bombardeo continuo de titulares intimidantes y ominosos sobre la pandemia. 

Un desafío global

Lo más que se puede decir en estos momentos sobre ómicron es que se trata aún de un enigma que no se resolverá hasta que no haya datos epidemiológicos mucho más fiables. Cierto que entre los científicos y las autoridades hay preocupación generalizada por la elevada capacidad de mutación de la variante, pero de ahí no se puede deducir aún si esto la hace más o menos peligrosa o si será capaz de burlar las vacunas. Por otro lado, aunque se ha detectada en Sudáfrica, seguramente ya se encontraba en circulación en otros lugares del mundo. De ahí que la decisión de suspender los vuelos con ese país y con otros de la zona que se está adoptando en todo el mundo incluida España, además de representar un estigma para Sudáfrica, parece poco eficaz y suena más bien a la necesidad de los políticos de hacer ver a una población atemorizada que se están haciendo cosas. 

Los científicos también advirtieron en su momento de que estamos ante una amenaza global y como tal debía afrontarse. Nadie les hizo caso y ahora tenemos que escuchar como, ayer mismo, los países más ricos del mundo reunidos con urgencia en el G7 ante la alarma del ómicron, instan a esos mismos países, es decir, se instan a sí mismos, a vacunar a los países más pobres. Cuando hace año y medio se dio la voz de alarma global el lema general fue el de sálvese quien pueda y los pobres que se las arreglaran solos. Pero los pobres, especialmente los africanos, no se las han podido arreglar solos y apenas han conseguido vacunar al 10% de la población con solo una dosis. En el norte el porcentaje con la pauta completa sube al 60% de media y en España llega al 90% de la población diana. 

Sin embargo, parece que es ahora cuando los países ricos caen en la cuenta de que este virus no se controla solo cerrando fronteras y suspendiendo vuelos, aunque eso también pueda ayudar en determinadas circunstancias. Como señalé en un reciente comentario, la vacuna es la clave del éxito en la lucha contra esta calamidad pública porque, digan lo que digan algunos irredentos antivacunas, protege contra los cuadros más graves de la enfermedad y ralentiza la circulación del virus. 

Lo que se sabe y lo que no 

Antes de tocar a rebato hemos de saber si ómicron es más peligrosa que otras variantes, algo que se sabrá a medida que aparezcan nuevos casos y se estudie su evolución. Habrá que tener en cuenta que la población africana y la europea, por ejemplo, son diferentes. En la primera hay una mayor prevalencia de enfermedades endémicas que podrían provocar un comportamiento diferente de la variante. De momento, los informes indican que los síntomas son leves y no hay daños neurológicos. La gran pregunta para la que de momento no hay respuesta es si la ómicron burlará la vacuna. Ningún científico se atreve aún a afirmarlo o a negarlo con rotundidad. En la hipótesis más pesimista harían falta algunos meses para desarrollar una nueva vacuna, mientras que en la más optimista contagiarse con ómicron podría quedar solo en síntomas leves. 

Ante tantas preguntas para las que por ahora no hay respuesta es fundamental no dejarse arrastrar por la ansiedad y mantener la calma y la prudencia. Las medidas que se adopten se deben basar en evidencias científicas y no en previsiones alarmistas generadas por hipótesis que el miedo, y por qué no decirlo, el cálculo político y económico podrían estar exagerando injustificadamente. Prevenir no es solo adelantarse a un posible riesgo, es también hacerlo de forma ponderada en función de la información científica disponible y procurando hacer el menos daño posible los derechos fundamentales en juego y a la actividad económica. Por terminar con otra cita, una gran científica, la francesa Marie Curie, escribió algo que cobra hoy toda su vigencia: "Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos".