Cerca de once meses han pasado antes de que el Parlamento de Canarias desempolvara y debatiera este martes un informe de la Diputación del Común que no deja en buen lugar la situación en algunas residencias de mayores de las islas. El documento fue entregado en la Cámara a principios de noviembre, y allí ha permanecido hasta ahora, olvidado en algún cajón hasta por la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, quien al menos ha tenido la gallardía de reconocer en público su "incompetencia e ignorancia" por no haberlo leído siquiera. Es una lástima que a ese reconocimiento de ineptitud y desidia no le haya seguido de inmediato su renuncia como diputada de Unidas Podemos. Causa estupor solo pensar que, de no haber sido por una filtración a los medios, el informe en cuestión habría seguido durmiendo el sueño de los justos quién sabe cuánto tiempo más. Me pregunto si sus señorías habrían esperado tanto tiempo para debatir y aprobar un informe para subirse el sueldo y las dietas.
Brotes de sarna, chinches, ratas, cucarachas, falta de higiene, nula intimidad, sobremedicación, escasez de visitas médicas, carencia de personal especializado o alimentación de baja calidad son algunas de las graves deficiencias detectadas en la mitad de las 25 residencias visitadas de oficio por la Diputación del Común. Es inevitable pensar en la punta del iceberg y preguntarse por los resultados del estudio si el estado de alarma no hubiera interrumpido la recogida de información en otros centros. Es cierto que las residencias estudiadas son una parte mínima de las más de 200 que hay en Canarias, pero también lo es que los datos conocidos proyectan una inquietante sombra de sospecha sobre las condiciones sociosanitarias en las que nuestros mayores pasan sus últimos años después de una vida de sacrificios y privaciones en la mayoría de los casos. A esclarecer esas dudas no ayuda precisamente la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales, que ignoró en dos ocasiones la solicitud de información de la Diputación del Común sobre cuestiones como las quejas y denuncias de residentes o familiares.
"No ayuda la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales"
Los políticos han reaccionado como suele ser habitual en ellos cuando son pillados en falta grave: a la defensiva. Esas reacciones no solo denotan mala conciencia sino un intento poco afortunado de esquivar responsabilidades en un asunto en el que quien esté libre de culpa puede tirar la primera piedra: el Gobierno actual culpa al anterior, el anterior culpa al actual y los partidos se culpan mutuamente; unos disparan sobre la fiscalía y otros sobre la Diputación del Común, a pesar de que ha sido gracias a ella, y no a las administraciones con competencias en la materia, que el tema ha llegado al Parlamento aunque sea casi un año después de haberlo presentado. Las carencias son tan graves que sorprende que la Diputación no presentara el informe en la Fiscalía, lo que habría servido también para que el Parlamento y el Gobierno despertaran de su irresponsable modorra.
Todo el mundo no es bueno
En ese contexto escuchamos al presidente Torres garantizando el buen funcionamiento de las residencias y anunciando que se incrementarán las inspecciones, lo cual no deja de ser una contradicción: ¿cómo sabe el presidente que el funcionamiento es el adecuado y que los mayores no son tratados como mercancía averiada si apenas se realizan inspecciones? Como no sea por la fe del carbonero no alcanzo a entender de dónde saca el presidente su confianza en un sistema dominado por la iniciativa privada porque, entre otras cosas, los poderes públicos son absolutamente incapaces de responder a las demandas de atención de una sociedad que envejece a pasos de gigante. Solo hay que recordar que en los hospitales públicos de las islas permanecen ingresados unos 300 ancianos cuyas familias no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos y para los que no hay plazas sociosanitarias a las que derivarlos. Esta situación no es precisamente nueva sino que se viene arrastrando desde hace años sin que los sucesivos gobiernos autonómicos hayan sido capaces al menos de paliarla.
"En los hospitales hay 300 ancianos que deberían estar en residencias"
A las instituciones públicas les corresponde actuar sin demora para comprobar in situ las condiciones en las que prestan su atención estos centros, aunque para ello sea necesario duplicar o triplicar el número de inspectores. El "todo el mundo es bueno" del presidente autonómico no es de recibo, hay que hacer mucho más: la desidia de las administraciones, y esto incluye también a los cabildos, no puede dejar a los mayores y a sus familias en manos de piratas a los que solo interesa el beneficio. Así por ejemplo es inaudito que de la noche a la mañana aparezcan establecimientos que empiezan a albergar ancianos sin contar con la documentación correspondiente y sin que nadie en la administración o en la fiscalía mueva un papel. Ese tipo de prácticas desacredita al conjunto de un sector que, con su oferta, suple la desidia de unos políticos que solo se suelen acordar de los mayores cuando toca pedirles el voto.
Familias y trabajadores tampoco pueden mirar a otro lado
Todo lo anterior no exime de responsabilidad a las familias, sobre las que recae la obligación de vigilar que sus parientes son atendidos adecuadamente y denunciarlo cuando no es así. Su silencio o su tentación de ingresar a sus mayores en una residencia y olvidarse de ellos durante meses, sin preocuparse por su situación, es una grave enfermedad moral que por desgracia abunda cada vez más en nuestra sociedad. Esa misma responsabilidad recae también sobre los empleados y sus representantes, testigos directos de situaciones intolerables que es su obligación moral y legal denunciar.
Más de un tercio de las muertes por COVID-19 en nuestro país se han producido en residencias de mayores, un 11% en el caso de Canarias. Esto ha convertido este tipo de establecimientos en un punto negro que requiere cambios profundos. Y aunque el informe de la Diputación del Común es anterior a la pandemia, sus resultados deben ser un aldabonazo en la conciencia de políticos, familias, trabajadores y sociedad en su conjunto sobre el trato que estamos dispensando a nuestros padres o abuelos en las residencias a las que los enviamos porque ya no podemos hacernos cargo de ellos o porque simplemente nos resulta más cómodo y descansado. Una sociedad que trata así a sus mayores se hace acreedora de varios adjetivos y ninguno positivo: inhumana, insensible, egoísta, desconsiderada...Yo creo que es una sociedad sin alma ni corazón.
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