Inmigración, la otra crisis canaria

Canarias acumula crisis como estratos los yacimientos arqueológicos, solo que en el caso de las islas los estratos se entremezclan y solapan sin solución de continuidad: antes de que hayamos superado el anterior sobreviene uno nuevo que agrega sus efectos negativos a los que se venían arrastrando y así sucesivamente. Cuando apenas se empezaban a dejar atrás las devastadoras consecuencias de la crisis financiera de 2008, que había disparado el paro y la pobreza, ya elevados en el caso del Archipiélago, sobrevino la pandemia y hundió el turismo, la primera y, en la práctica, casi única fuente de ingresos de esta comunidad autónoma. Y cuando parecía que por fin se recuperaría algo de lo perdido gracias a la vacuna, un volcán entró en erupción en La Palma obligando a concentrar en él toda la atención de las administraciones y un pico importante de sus menguados recursos. Pero, junto con ese rosario de crisis fluye otra paralela de carácter humanitario, que lejos de remitir vuelve a repuntar con fuerza: la muerte de centenares de inmigrantes que intentan alcanzar las costas canarias por vía marítima, sin que aparentemente esto remueva en exceso las conciencias de los responsables públicos. 

EFE

La mortal ruta canaria

La crisis provocada por la erupción del volcán de La Palma está dejando en un muy segundo plano mediático el drama humano de la inmigración irregular: como se suele decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso que las cifras son cada día más alarmantes: durante la pasada semana arribaron 1.300 personas a bordo de cayucos o pateras. En términos interanuales, el número de inmigrantes que ha llegado este año a Canarias ya supera en un 135% a los que lo hicieron en 2020 y un 1.200% sobre 2019. Estamos ante una curva ascendente y sin visos de aplanarse, al menos mientras dure el buen tiempo en el mar que separa las Islas del continente africano.

"Se sabe de la salida de numerosos cayucos de los que nunca se han vuelto a tener noticias"

Mucho más dramáticas son las cifras de quienes, engullidos por el mar, ni siquiera han tenido la suerte de volver a pisar tierra firme. Solo en agosto perdieron la vida 379 personas en la peligrosa ruta canaria de la inmigración, una cifra que se eleva a 782 en lo que llevamos de 2021 frente a las 343 de 2020. No hace falta precisar a estas alturas que estas cifras están calculadas a la baja, ya que en realidad se tiene la certeza de la salida de numerosos cayucos con centenares de personas a bordo de los que jamás se han vuelto a tener noticias. Los cálculos más moderados estiman que muere una persona por cada once que consiguen llegar a tierra. Las causas para este incremento de la mortalidad se relacionan sobre todo con el empleo de embarcaciones cada vez más frágiles, lo que en última instancia denota un incremento brutal de la presión migratoria que empuja a estas personas a subirse a cualquier cosa que flote para intentar llegar a Europa vía Canarias. 

¿A las puertas de otro Arguineguín?

Ante este panorama, la respuesta de las administraciones públicas sigue siendo manifiestamente mejorable, por no llamarla abiertamente irresponsable e insensible. Esto abona el temor de que se repitan escenas dantescas como las del muelle de Arguineguín en 2020 si siguen aumentando las llegadas al ritmo que lo vienen haciendo desde antes del verano. En islas como Lanzarote la situación ya empieza a desbordarse y las condiciones de salubridad de las instalaciones en las que se acoge a los recién llegados dejan mucho que desear. Se trata, por cierto, de la misma isla en la que el SIVE sigue inoperativo años después de ser adquirido y cuya puesta en servicio seguramente habría evitado muchas de las muertes de inmigrantes que se han producido a pocos metros de sus costas. Que el Consejo de Ministros aprobara en la reunión de ayer la declaración de emergencia para la contratación e instalación de un SIVE en Lanzarote, resulta sencillamente grotesco. 

"El Gobierno canario parece haber renunciado incluso al derecho al pataleo"

Como incomprensible resulta la pasividad del Gobierno para ayudar a distribuir entre las comunidades autónomas a parte de los 2.500 menores no acompañados que tutela Canarias, cuyos recursos e infraestructuras se encuentran también al límite. Esa falta de sensibilidad contrasta poderosamente con la rapidez con la que se intentó repartir entre las comunidades autónomas a parte de los menores que entraron en Ceuta en el asalto masivo a la valla el pasado mayo. Mientras, el Gobierno canario parece haber renunciado incluso al derecho al pataleo ante el aumento del número de muertes en el mar y el riesgo de que las precarias infraestructuras de acogida vuelvan a colapsar más pronto que tarde. Eso sí, en el Parlamento de Canarias se acaba de crear una "comisión de investigación" sobre la inmigración irregular, que mucho me temo solo servirá para entretener el tiempo y cubrir el expediente de sus señorías.

No hay razones para el optimismo

Una crisis como esta escapa a las competencias de una comunidad autónoma que, no obstante, sí tiene la obligación política y moral de exigir respuestas a quienes tienen el deber de darlas. Esto afecta en primer lugar al Gobierno central, que va camino de pasar a la historia de la democracia como el más insensible ante este drama a pesar de las prendas de progresismo y humanitarismo con las que injustificadamente se suele engalanar. Además de prevenir las llegadas para evitar muertes y atender con la dignidad que corresponde a estas personas, es su deber instar a la UE a que deje de lado de una vez los paños calientes y las buenas intenciones. Este problema rebasa los límites de la soberanía nacional y requiere urgentemente una política común que no se limite a destinar miles de millones de euros a arrendar el control de la inmigración a terceros países como Turquía o Marruecos.  

Lo cierto es que apenas confío en que en Madrid se tomen en serio este drama y que en Bruselas preocupe más de lo que lo hace en estos momentos, que es bastante poco. De manera que, por desgracia, no veo razones para el optimismo y sí para el escepticismo pesimista, tanto por lo que se refiere a la inmigración como a las otras crisis solapadas que sufren las Islas. Serán como siempre el esfuerzo y el sacrificio de la sociedad canaria los que permitan superar esta larga y mala racha de situaciones adversas que acumula nuestra historia reciente. Así ha ocurrido históricamente en esta tierra hoy sacudida por un volcán, y así creo que seguirá ocurriendo mientras Canarias apenas llegue a la categoría de peso pluma en el concierto de la política nacional y quienes gobiernan la vean solo como un pequeño incordio al que apaciguar con buenas palabras y algunas migajas. 

Cuando brama el volcán

Para siempre guardarán nuestras retinas las poderosas imágenes del volcán de La Palma expulsando lava y esparciendo dolor y destrucción. La erupción nos muestra los límites del poder humano y revela la banalidad de nuestros pequeños dramas cotidianos cuando se desbocan las fuerzas de la Naturaleza. Los humanos tendemos a creer que la hemos sometido a nuestros designios y caprichos y podemos hacer con ella lo que nos venga en gana. Aunque las ciencias y la técnica han avanzado una barbaridad, que diría el castizo, esa falsa convicción de seres cuasi omnipotentes no tarda en convertirse en impotencia perpleja cuando, como en La Palma, la tierra se abre de par en par o cuando un virus desconocido trastoca nuestras vidas. Podemos imitarla con el arte e incluso provocar casi tanta destrucción como ella si nos lo proponemos, pero no podremos dominarla plenamente jamás. Comprender eso y mostrar algo de humildad y sensibilidad ante quienes sufren, podría habernos ahorrado las inoportunas, ridículas e hirientes frivolidades sobre "espectáculos maravillosos" y "atractivos turísticos" de algunos responsables públicos y de no pocos periodistas. 

Alfonso Escalero

Urge la actuación ágil y coordinada de las administraciones públicas

Reconocer nuestras limitaciones ante el poder de la Naturaleza no equivale a caer en la resignación, sino a convertirlas en un acicate para afrontar las consecuencias negativas de su acción en la medida de nuestras posibilidades, que no son pocas. Lo que urge es responder en tiempo y forma a las necesidades de quienes lo han perdido todo, y empezar a prever hasta donde eso sea posible las de quienes aún pueden correr la misma suerte. Por desgracia hay perdidas intangibles relacionadas con la memoria y las vivencias de toda una vida e incluso de generaciones, que será imposible recuperar y que marcarán para el resto de sus días a quienes las sufren en estos momentos. Además del apoyo psicológico, es en las pérdidas materiales en donde es imprescindible la actuación ágil y coordinada de las administraciones removiendo obstáculos burocráticos, acortando los plazos al máximo y apoyando con sus recursos, que son los de todos los ciudadanos, que los afectados puedan rehacer sus vidas al menos en parte y lo antes posible. 

"Deben ser el Gobierno central y la UE quienes lideren el esfuerzo económico"

La adquisición por el Gobierno canario de viviendas para los afectados va en la buena dirección, pero es solo una entre las miles de decisiones y medidas que habrá que adoptar en las próximas semanas y meses. Es evidente que la movilización de los cuantiosísimos recursos que harán falta para paliar los daños escapa con creces a las posibilidades de las administraciones canarias. Deben ser el Gobierno central y la Unión Europea los que lideren el esfuerzo económico, aunque por ahora solo conocemos buenas intenciones que convendría ir concretando con medidas y cifras a la mayor brevedad. Es imprescindible también la implicación del ámbito privado en una emergencia de efectos desastrosos para la economía de la zona afectada y de la isla. Empezar a  definir el grado de compromiso de cada cual y los recursos y medios a emplear ayudaría a despejar parte de la incertidumbre y dar algo de esperanza a los ciudadanos cuyas vidas se han visto alteradas radicalmente por el volcán. 

Una ola de solidaridad y una plaga de sensacionalismo

De la que no hay motivo de queja sino de aplauso es de la solidaridad desbordada de los ciudadanos para con quienes han visto como la lava se llevaba por delante sus haciendas y sus pertenencias más básicas. En cambio, es cuando menos sorprendente que administraciones públicas, con presupuestos aprobados y en vigor, abran cuentas corrientes para recibir donaciones anónimas de empresas y particulares. Deberían evitarse las improvisaciones y los gestos por bienintencionadas que sean y, si es el caso, reclamar todos los recursos que hagan falta a los gobiernos canario y central o a la UE que, de hecho, ya han asegurado que se atenderán las demandas de todos los afectados. 

Que hasta el momento no haya habido daños personales es la mejor noticia de este suceso porque cumple el objetivo prioritario en una situación como esta, el de garantizar la seguridad de las personas. Aunque no es momento aún de evaluar la gestión de los responsables públicos en esta emergencia, chirría la multiplicidad de voces políticas y científicas que echan su cuarto a espadas analizando la situación y aventurando hipótesis. Se corre el riesgo de difundir mensajes contradictorios, confusos, inexactos o interesados, que generan desconfianza pública y pueden dar pie a bulos de los que siempre hay quien esté dispuesto a aprovecharse.

"Chirría la multiplicidad de políticos y científicos que analizan la situación y aventuran sus hipótesis"

Entre las peores excrecencias del volcán está sin duda el sensacionalismo de determinados medios de comunicación y periodistas, a los que solo les mueve el morbo y los datos de audiencia, aunque ni siquiera sepan muy bien en qué isla se encuentran. Hay como siempre honrosas excepciones de medios que informan con rigor, pero son los otros, los presentadores estrella que convierten todo el monte en orégano y van tras los evacuados para hacerles preguntas estúpidas y provocarles el llanto ante las cámaras, los que desacreditan aún más la maltratada profesión periodística. 

Ni se les pasa por la cabeza ponerse en el lugar de quienes sufren y hasta los hay que en su supina ignorancia preguntan cómo se apaga un volcán. Sería demasiado pedirles humildad ante la fuerza de la Naturaleza, pero sí podemos dejar de prestarles atención y de difundir sus idioteces: le haríamos un gran favor a quienes, además de haberse quedado sin nada, deben soportar también el escarnio y la falta de respeto de estos buitres carroñeros con micrófono en ristre. 

Canarias bajo el volcán

La erupción de un volcán en la isla canaria de La Palma parece la guinda ardiente de una cadena de sucesos y calamidades, unos mucho más previsibles que otros, como no se recuerda en estas islas. ¿Qué más puede pasar en esta tierra? ¿Qué será lo siguiente que ocurra? Más allá de las banalidades y frivolidades del presidente Torres sobre los "espectáculos históricos" y el "atractivo turístico" que nos ofrece la Naturaleza, que no por ciertos son más inoportunos en momentos en los que peligran vidas y haciendas, la erupción palmera se suma a otras situaciones críticas de distinta naturaleza pero no menos preocupantes para este Archipiélago.

Abián San Gil

Atenuantes y responsabilidades

Aunque la memoria suele jugarnos a veces malas pasadas y hacer que olvidemos con rapidez cualquier acontecimiento que nos genere desasosiego, basta un pequeño esfuerzo para recordar los devastadores incendios que han sufrido algunas islas en los últimos años, unidos a su vez al aumento sostenido de la llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima y, por supuesto, a la pandemia que va camino del año y medio y que, además de haber afectado de lleno a la industria turística, la principal fuente de ingresos del Archipiélago, ha trastocado para mucho tiempo o tal vez para siempre lo que algunos llaman ahora la "vieja normalidad". 

Todo ello en el corto espacio temporal de un par de años, coincidiendo prácticamente con el comienzo de una legislatura que pasará a los anales como la más accidentada y difícil de todas cuantas ha vivido esta autonomía desde principios de los años 80. Hasta los más críticos con la gestión del Ejecutivo canario, para lo que no faltan numerosas y poderosas razones, deberían admitir sin embargo que, con un rosario de calamidades y situaciones sobrevenidas como las que está viviendo Canarias en los dos últimos años, resulta política y materialmente imposible dotar de toda la estabilidad y coherencia que requiere la acción gubernativa para que sea fructífera. 

"Una legislatura que pasará a los anales como la más accidentada de la historia autonómica"

Cuando hay que estar pendientes de apagar fuegos a cada instante, tanto en el sentido literal como en el metafórico, queda poco tiempo para todo lo demás y, dado el destrozo que la COVID - 19 ha hecho en las arcas públicas de la comunidad autónoma, tampoco se dispone de los recursos con los que se contaba al comienzo de la legislatura para desplegar las políticas prometidas. Todo lo anterior no exime de responsabilidad política al Ejecutivo, si bien esas situaciones son una atenuante que sería injusto no poner en la balanza cuando toque echar cuentas de esta malhadada legislatura autonómica canaria.

A perro flaco...

La coordinación entre las administraciones con la que se está atendiendo la emergencia pública producida por la erupción palmera, pone de manifiesto que cuando se trabaja con previsión es posible afrontar las peores situaciones con las mejores garantías para la seguridad de las personas y sus bienes. Bien es cierto que un volcán suele avisar y dar tiempo para organizarse, pero eso no debería ser una coartada para que los mecanismos de coordinación y los medios de intervención no estén engrasados y listos cuando los hechos son mucho menos previsibles. 

Con la inmigración irregular hemos podido ver cómo una situación de la que venían advirtiendo los expertos desde hacía meses, cogió a todos los responsables públicos con el pie cambiado y dio lugar a las penosas imágenes de miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero sin que nadie supiera muy bien qué hacer con ellos. La pandemia ha sido durante meses un ejemplo de libro de imprevisión, descoordinación y lucha política entre administraciones y de palos de ciego ante un enemigo invisible al que se ha querido vencer más con la fuerza de los eslóganes políticos que con la de la ciencia. La erupción de La Palma demuestra en cambio que, cuando de verdad se tiene en cuenta el parecer de los científicos y las decisiones políticas no están mediatizadas por intereses espurios, es posible dirigirse a la población con el mínimo de credibilidad y certezas exigible a los responsables públicos. 

El volcán social sigue almacenando magma

Pero por encima de todo, si algo se sigue echando de menos en Canarias es un apoyo sin ambages y una mayor empatía del Gobierno central para con una comunidad autónoma que probablemente está sufriendo como ninguna otra del país una crisis inédita por su profundidad y magnitud, agravada por una serie de situaciones como la de la inmigración ante las que, a fecha de hoy, sigue sin haber una respuesta integral y decidida por parte del Ejecutivo del señor Sánchez. Más bien al contrario, lo que se percibe es una vez más el desconocimiento de la realidad social y económica de esta tierra, cuando no el desprecio, ante elementos constitutivos del acervo histórico de las islas como el Régimen Económico y Fiscal, sometido a los cambalaches aún sin resolver del Ministerio de Hacienda. 

"Canarias está alimentando un volcán social y político con el magma del paro y la pobreza"

Frente a eso, la sensación que transmite el actual Gobierno de Canarias es de brazos caídos, debilidad y asentimiento y no de firmeza y exigencia de la atención debida y merecida, ni más ni menos. En Canarias se está alimentando poco a poco un volcán social y político con el magma de la falta de atención en tiempo y forma a problemas crónicos como la pobreza, el paro, la falta de oportunidades para los jóvenes o la dependencia. Como en los volcanes de la Naturaleza estos procesos suelen ser largos, pero a diferencia de aquellos es posible taponar sus fisuras y grietas antes de que erupcionen. Aunque bien pensado y a la vista da le experiencia, una explosión de ese tipo tal vez serviría para que por fin quienes tienen la obligación de prevenirla se pongan manos a la obra. El semáforo no parece aún ni en amarillo, pero podría tardar muy poco en ponerse rojo. 

Mayores y desidia política

Cerca de once meses han pasado antes de que el Parlamento de Canarias desempolvara y debatiera este martes un informe de la Diputación del Común que no deja en buen lugar la situación en algunas residencias de mayores de las islas. El documento fue entregado en la Cámara a principios de noviembre, y allí ha permanecido hasta ahora, olvidado en algún cajón hasta por la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, quien al menos ha tenido la gallardía de reconocer en público su "incompetencia e ignorancia" por no haberlo leído siquiera. Es una lástima que a ese reconocimiento de ineptitud y desidia no le haya seguido de inmediato su renuncia como diputada de Unidas Podemos. Causa estupor solo pensar que, de no haber sido por una filtración a los medios, el informe en cuestión habría seguido durmiendo el sueño de los justos quién sabe cuánto tiempo más. Me pregunto si sus señorías habrían esperado tanto tiempo para debatir y aprobar un informe para subirse el sueldo y las dietas. 

¿La punta del iceberg?

Brotes de sarna, chinches, ratas,  cucarachas, falta de higiene, nula intimidad, sobremedicación, escasez de visitas médicas, carencia de personal especializado o alimentación de baja calidad son algunas de las graves deficiencias detectadas en la mitad de las 25 residencias visitadas de oficio por la Diputación del Común. Es inevitable pensar en la punta del iceberg y preguntarse por los resultados del estudio si el estado de alarma no hubiera interrumpido la recogida de información en otros centros. Es cierto que las residencias estudiadas son una parte mínima de las más de 200 que hay en Canarias, pero también lo es que los datos conocidos proyectan una inquietante sombra de sospecha sobre las condiciones sociosanitarias en las que nuestros mayores pasan sus últimos años después de una vida de sacrificios y privaciones en la mayoría de los casos. A esclarecer esas dudas no ayuda precisamente la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales, que ignoró en dos ocasiones la solicitud de información de la Diputación del Común sobre cuestiones como las quejas y denuncias de residentes o familiares.  

"No ayuda la actitud opaca de la Consejería de Derechos Sociales"

Los políticos han reaccionado como suele ser habitual en ellos cuando son pillados en falta grave: a la defensiva. Esas reacciones no solo denotan mala conciencia sino un intento poco afortunado de esquivar responsabilidades en un asunto en el que quien esté libre de culpa puede tirar la primera piedra: el Gobierno actual culpa al anterior, el anterior culpa al actual y los partidos se culpan mutuamente; unos disparan sobre la fiscalía y otros sobre la Diputación del Común, a pesar de que ha sido gracias a ella, y no a las administraciones con competencias en la materia, que el tema ha llegado al Parlamento aunque sea casi un año después de haberlo presentado. Las carencias son tan graves que sorprende que la Diputación no presentara el informe en la Fiscalía, lo que habría servido también para que el Parlamento y el Gobierno despertaran de su irresponsable modorra. 

Todo el mundo no es bueno

En ese contexto escuchamos al presidente Torres garantizando el buen funcionamiento de las residencias y anunciando que se incrementarán las inspecciones, lo cual no deja de ser una contradicción: ¿cómo sabe el presidente que el funcionamiento es el adecuado y que los mayores no son tratados como mercancía averiada si apenas se realizan inspecciones? Como no sea por la fe del carbonero no alcanzo a entender de dónde saca el presidente su confianza en un sistema dominado por la iniciativa privada porque, entre otras cosas, los poderes públicos son absolutamente incapaces de responder a las demandas de atención de una sociedad que envejece a pasos de gigante. Solo hay que recordar que en los hospitales públicos de las islas permanecen ingresados unos 300 ancianos cuyas familias no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos y para los que no hay plazas sociosanitarias a las que derivarlos. Esta situación no es precisamente nueva sino que se viene arrastrando desde hace años sin que los sucesivos gobiernos autonómicos hayan sido capaces al menos de paliarla.

"En los hospitales hay 300 ancianos que deberían estar en residencias"

A las instituciones públicas les corresponde actuar sin demora para comprobar in situ las condiciones en las que prestan su atención estos centros, aunque para ello sea necesario duplicar o triplicar el número de inspectores. El "todo el mundo es bueno" del presidente autonómico no es de recibo, hay que hacer mucho más: la desidia de las administraciones, y esto incluye también a los cabildos, no puede dejar a los mayores y a sus familias en manos de piratas a los que solo interesa el beneficio. Así por ejemplo es inaudito que de la noche a la mañana aparezcan establecimientos que empiezan a albergar ancianos sin contar con la documentación correspondiente y sin que nadie en la administración o en la fiscalía mueva un papel. Ese tipo de prácticas desacredita al conjunto de un sector que, con su oferta, suple la desidia de unos políticos que solo se suelen acordar de los mayores cuando toca pedirles el voto. 

Familias y trabajadores tampoco pueden mirar a otro lado

Todo lo anterior no exime de responsabilidad a las familias, sobre las que recae la obligación de vigilar que sus parientes son atendidos adecuadamente y denunciarlo cuando no es así. Su silencio o su tentación de ingresar a sus mayores en una residencia y olvidarse de ellos durante meses, sin preocuparse por su situación, es una grave enfermedad moral que por desgracia abunda cada vez más en nuestra sociedad. Esa misma responsabilidad recae también sobre los empleados y sus representantes, testigos directos de situaciones intolerables que es su obligación moral y legal denunciar. 

Más de un tercio de las muertes por COVID-19 en nuestro país se han producido en residencias de mayores, un 11% en el caso de Canarias. Esto ha convertido este tipo de establecimientos en un punto negro que requiere cambios profundos. Y aunque el informe de la Diputación del Común es anterior a la pandemia, sus resultados deben ser un aldabonazo en la conciencia de políticos, familias, trabajadores y sociedad en su conjunto sobre el trato que estamos dispensando a nuestros padres o abuelos en las residencias a las que los enviamos porque ya no podemos hacernos cargo de ellos o porque simplemente nos resulta más cómodo y descansado. Una sociedad que trata así a sus mayores se hace acreedora de varios adjetivos y ninguno positivo: inhumana, insensible, egoísta, desconsiderada...Yo creo que es una sociedad sin alma ni corazón. 

Contando olas de COVID-19

Confieso con sinceridad y sin asomo de ironía que ya dudo sobre la ola de COVID-19 en la que nos encontramos en este momento y lugar. En algunos medios leo que vamos por la sexta y en otros que aún estamos en la quinta, pero esperando por la siguiente en un suma y sigue continuo. Puede que sea solo el fruto de la confusión de la que sigue adoleciendo la lucha contra la pandemia con sus subidas y bajadas de nivel de riesgo y su galimatías de medidas contradictorias, el lío jurídico que la rodea y un cierto periodismo más interesado en ponernos los pelos de punta que en contarnos la realidad sin agravarla más de lo que ya está. En todo caso puede que el virus se vuelva endémico aunque menos peligroso y se quede para siempre entre nosotros, lo que permite suponer que las olas continuarán yendo y viniendo como las del mar. Pero eso es lo de menos, lo que realmente nos debe preocupar es ser capaces de construir diques para contenerlas y recuperar las libertades sacrificadas, el curso de nuestras vidas y la economía.  

EFE

Desescalar con prudencia

La clave es aprender de lo que se ha hecho mal, que tiempo de sobra ha habido, para no estrellarnos de nuevo contra los mismos o parecidos errores. A fecha de hoy parece que los contagios descienden, si bien la presión hospitalaria es aún elevada y todos los días mueren personas como consecuencia de la enfermedad. Nos queda como mínimo agosto para saber si se ha superado esta ola, sea la quinta o la sexta, tanto da. Respirar con relativo alivio cuando llegue septiembre y se acerque el otoño dependerá, entre otras cosas, de que la vacunación continúe a buen ritmo entre los jóvenes y de la responsabilidad social de vacunados y no vacunados.  

También es crucial que no aparezca una nueva mutación que deje inoperativas las vacunas disponibles y la pandemia se vuelva a descontrolar como ya nos ha pasado en varias ocasiones desde principios del año pasado. Especialistas de reconocida solvencia como Rafael Bengoa alertan de la necesidad de no empezar a correr de nuevo en la desescalada antes de haber afianzado el control sobre la situación actual. Ir con pies de plomo sería la consigna si queremos empezar a construir esos diques de los que hablaba antes.

"Nos queda como mínimo el mes de agosto para saber si se ha superado esta ola"

Hay pocas dudas a estas alturas de que, de haberse impuesto el principio de prudencia y no el cálculo político o la ansiedad económica, no se habría anunciado irresponsablemente el triunfo sobre el virus como hizo hace más de un año Pedro Sánchez; tampoco se habría levantado el estado de alarma sin legislar para dar cobertura legal a las comunidades autónomas y no se habría relajado el uso de la mascarilla ni se habría vendido cien veces la inminente vuelta de los turistas cuando las evidencias no apuntaban en esa dirección. 

La confusión sobre la tercera dosis y el reto del otoño

El principio de prudencia exige también estar atentos a la evolución de la pandemia en otros países para no desdeñar, como se hizo alegremente en primavera con la variante delta, los riesgos derivados de mutaciones con un alto poder de contagio y/o letalidad. Es imprescindible una vuelta al cole ordenada, habida cuenta de que aún no hay vacuna para menores de 12 años, así como prever el regreso de los universitarios a las aulas y el de los ciudadanos hoy de vacaciones a sus puestos de trabajo. Se trata de factores de riesgo en los que hay que pensar ahora y no cuando volvamos a tener la situación manga por hombro, la piedra en la que no hemos dejado de tropezar una y otra vez. 

También es muy conveniente que el Gobierno cese de enviar mensajes contradictorios a la población sobre la tercera dosis de la vacuna y aclare cuanto antes qué piensa hacer, cómo y cuándo. Mientras Alemania, Francia o el Reino Unido ya han anunciado que a partir de septiembre habrá un tercer pinchazo de refuerzo entre los grupos más vulnerables, en España la ministra de Sanidad y la de Ciencia se contradicen en público sobre si se administrará o no, añadiendo más confusión a la ya existente. 

"Resolver el alboroto jurídico debería ser prioritario"

Aunque para confusión y caos, achacable en exclusiva al Gobierno central, la generada tras el fin del estado de alarma sin dotar a las comunidades autónomas de cobertura jurídica que les ahorrara los revolcones judiciales. Aunque no es el único, el caso canario es paradigmático de las consecuencias de que el señor Sánchez decidiera en mayo desentenderse de la gestión de la crisis y pusiera el marrón en el tejado de las autonomías, mientras él se llenaba la boca de "cogobernanza" y se dedicaba en exclusiva a cantar las alabanzas de una recuperación económica aún más imaginada que real. Resolver este alboroto jurídico debería ser prioritario en cuanto comience el nuevo curso político, pero desgraciadamente no parece que haya intención de hacer nada al respecto.   

Obligatoriedad de la vacuna y certificado COVID

Ahora se debate sobre la vacunación obligatoria de determinados colectivos o si puede exigirse algún tipo de certificado para acceder a algunos establecimientos. Se trata de otro debate que afecta de nuevo a libertades y derechos fundamentales y que, en todo caso, se debería estar sustanciando en el Congreso de los Diputados y no en los medios de comunicación y en las redes sociales. España se nos muestra así como un país en el que, con tal de eludir responsabilidades y no cumplir sus obligaciones, los políticos con mando en plaza buscan chivos expiatorios en el negacionismo, en los jóvenes "irresponsables" que hacen botellones o en los jueces por no transigir con los trágalas del gobierno. 

"Se trata de otro debate que afecta a derechos fundamentales"

Particularmente grave e insidioso es el inmisericorde ataque contra el Poder Judicial por cumplir con su función constitucional y hacer valer la separación de poderes. Es absurdo e impropio que el poder ejecutivo pida a los jueces que "unifiquen criterios", como ha hecho el presidente canario. Si Ángel Víctor Torres fuera un político valiente habría pedido hace tiempo el estado de alarma en las islas o, mejor aún, habría exigido al Gobierno de su partido que cuanto antes impulse en el Congreso una legislación que ponga fin al desorden actual para poder actuar con amparo legal suficiente si fuera necesario. 

Sin embargo, parece que cualquier excusa, incluso deslegitimar a uno de los poderes del Estado y poner en solfa derechos y libertades constitucionales, es buena si sirve para ocultar que en no pocas ocasiones se ha actuado más por cálculo político que en función de la prudencia y el parecer científico. Puestos a hablar de negacionismo y de responsabilidad, la realidad es que la inmensa mayoría de los españoles merecen un sobresaliente a pesar de unos gestores políticos acreedores de un suspenso general. En su gestión imprudente y desnortada encontramos parte de la respuesta al actual clima social de hartazgo cuando no de indiferencia o rechazo frente a medidas muchas veces ininteligibles. Lo dramático es que mientras no hagan sus deberes y merezcan el aprobado seguiremos contando olas y sufriéndolas. 

Hablemos del suicidio

En las cerca de dos horas y media que he tardado en escribir este artículo una persona se ha suicidado en España. Son una media de diez al día, el doble de las que pierden la vida en accidentes de tráfico y once veces más que las provocadas por homicidios. En 2019, el último año del que hay estadísticas oficiales, hubo en España 3.671 suicidios (2.771 hombres y 900 mujeres). Fueron un 3,7% más que en 2018 y elevaron la tasa a 7,8 suicidios por cada 100.000 habitantes frente a los casi 12 de media de la UE. En Canarias se quitaron la vida ese año 197 personas (165 hombres y 32 mujeres) y la tasa se elevó a 9,5 casos, casi dos puntos más que la media nacional. Los profesionales insisten en alertar de los efectos del confinamiento sobre la salud mental y del incremento de las consultas psiquiátricas, especialmente entre los jóvenes. Las frías pero certeras estadísticas dicen que 309 jóvenes de entre 15 y 29 años se quitaron la vida en 2019 en nuestro país. Así que es hora de hablar abiertamente y con responsabilidad del suicidio, la primera causa de muerte no natural en España, que la OMS ya consideró una prioridad de salud pública mucho antes de que el COVID - 19 se cruzara en nuestras vidas.

Una muestra de la fragilidad humana y un drama vital

La mejor manera de encarar un problema no es escondiéndolo debajo de la alfombra, sino poniéndolo sobre la mesa para estudiarlo y definirlo con precisión y acordar cómo abordarlo. El silencio que impone el tabú de la muerte en nuestra cultura es una barrera que impide a la sociedad mirar este problema de frente. Con esta afirmación solo reflejo una posición que me atrevo a calificar de unánime entre los profesionales de la salud. Son ellos en realidad quienes intentan desde hace tiempo, aunque sin mucho éxito, superar la creencia de que hablar del suicidio, siempre que se haga con seriedad, tiene efectos contagiosos. El problema de estos profesionales, que es también el de toda la sociedad, es que sus voces apenas consiguen traspasar sus ámbitos de discusión y muy a duras penas se les escucha en los medios de comunicación, a veces más proclives al sensacionalismo morboso y al trazo grueso. Pero sabido es que lo que no está en los medios tampoco está en la agenda política, así que pasa el tiempo, el problema se agrava y los poderes públicos siguen mirando a otro lado. 

"Un suicida es una persona que quiere seguir viviendo pero no sabe cómo"

Aunque ni por asomo se me ocurriría explayarme intentando sentar cátedra sobre las causas del suicidio, creo que cualquiera puede comprender que se trata de un fenómeno complejo, multidimensional y multifactorial que no se puede despachar con ligereza. Lo primero que deberíamos asumir es que el suicidio es, ante todo, una muestra de la vulnerabilidad del ser humano: siempre ha habido suicidas y siempre los habrá, lo que no quiere decir que debamos encogernos de hombros. En segundo lugar es imprescindible comprender que se trata de un drama vital y personal, no un frío caso clínico para las estadísticas: alguien dijo que un suicida es una persona que quiere seguir viviendo pero no sabe cómo. Esto conecta directamente con algo tan profundo como es el sentido de la vida y si merece la pena ser vivida, cuestiones tan antiguas como la humanidad para las que aún seguimos buscando respuestas. 

La salud mental y el suicidio

Aunque la OMS ha asociado el 90% de los suicidios con algún tipo de trastorno mental, hay profesionales de la salud que ponen el dato en cuarentena al considerar que es reduccionista y simplificador de un fenómeno mucho más complejo. Si bien existe y se conoce la relación entre salud mental y suicidio, es una falacia dar por sentado que la mayor parte de las personas con trastornos mentales se acaban suicidando. Además de estigmatizar a las personas en esa situación, es como afirmar que la conducta suicida es un síntoma del cáncer, algo que a nadie se le pasaría por la cabeza. De manera que la reducción de la tasa de casos no debería pasar solo por planes de prevención, que sin duda son necesarios, sino también por un conocimiento mucho más preciso de la compleja multicausalidad del fenómeno y una mayor comprensión y empatía de su sentido humano más profundo. De otra manera es posible que solo estemos atajando una parte del problema, pero no aplicando un tratamiento lo más integral posible. 

"Se puede y se debe hacer mucho más que cubrir el expediente político"

El drama es que en España apenas si hemos empezado a hacer los deberes: nuestro país es el único de la UE que carece de un Plan Nacional de Prevención en Salud Mental, aunque se viene anunciando uno desde hace tiempo para cuya aprobación y entrada en vigor no hay fecha ni presupuesto. Lo que sí tenemos son 17 modelos distintos de salud mental, uno por cada comunidad autónoma. En el caso de Canarias, el consejero de Sanidad anunció recientemente la próxima presentación de un Programa de Prevención enmarcado en el Plan de Salud Mental 2019-2023 de la comunidad autónoma, que la pandemia seguramente habrá dejado desfasado. Que Canarias dedique este año 2,7 millones de euros a salud mental en un presupuesto sanitario que rebasa los 3.300 millones es elocuente del nivel de prioridad que este asunto tiene para el Ejecutivo autonómico.

Se puede y se debe hacer mucho más que cubrir el expediente político con un proyecto sin ambición frente a un problema que ni la sociedad ni los poderes públicos pueden ignorar por más tiempo. Así que perdamos el miedo a hablar del suicidio con prudencia y el máximo respeto: como sociedad tenemos que esforzarnos en superar la aprensión, escuchar y acabar con el estigma y la incomprensión que rodean este fenómeno; de los poderes públicos es la responsabilidad de afrontarlo con rigor y aportar los recursos y las medidas adecuados para que quienes quieren seguir viviendo pero no saben cómo, sientan que no están solos, que se les escucha y se les ayuda a encontrar la forma de lograrlo.

Más enjuagues con el REF

Está muy contento el presidente canario porque dice haber alcanzado con su compañera de partido, y sin embargo ministra de Hacienda, un "principio de acuerdo que resolverá para siempre" el lío del REF y los rodajes en las islas. Olvida Ángel Víctor Torres que "para siempre" solo es la muerte y todo lo demás, sobre todo la política, está sujeto irremediablemente a las contingencias de este valle de lágrimas. El gozoso "principio de acuerdo" del que alardea consiste en que la ministra causante del mal causado, se compromete ahora a resolver "antes de fin de año" que las productoras que rueden en Canarias se beneficiarán de la bonificación fiscal del 80% consagrada en el REF. Montero, que ha demostrado que si se lo propone puede usar el fuero canario a modo de peineta, no ha dado garantía alguna de cumplimiento ni ha explicado cómo lo hará. Pero a Torres, que cree en las promesas del Gobierno central con la misma firmeza de quien cree en la Santísima Trinidad, la inconsistencia del compromiso ministerial no le inquieta. 

EFE

El error de renunciar al Constitucional

Tanto es así que incluso no oculta su ansiedad por renunciar a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, no se vaya a enfadar Montero y no resuelva el problema "para siempre". Menos mal que su propio grupo político en el Parlamento canario, junto al resto de los de la cámara autonómica, sí mantiene viva la posibilidad del recurso, máxime después del ninguneo de Hacienda, que ni se molestó en solicitar el preceptivo informe de la Cámara legislativa canaria. Torres, en cambio, en su mal disimulado deseo de no causarle quebraderos de cabeza a la ministra, ni siquiera se atreve a urgir la reunión de la Comisión Bilateral Canarias - Estado para intentar zanjar el asunto. Su obsesión es conseguir un acuerdo "político" por todos los medios para no verse obligado a poner mala cara en la Comisión Bilateral o tener que llevar al gobierno de su propio partido al Constitucional por vulnerar el fuero canario. 

"No debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial"

Alega que podría perder, lo que equivale a reconocer que no cree mucho en la justicia de su propia demanda; implica también renunciar a un derecho reconocido a cambio de una promesa inconcreta, perder una baza negociadora y ponerle las cosas aún más fáciles a la ministra para que vuelva a hacer de su capa un sayo. Cierto es que a veces vale más un mal acuerdo que un buen pleito y el riesgo de recibir un nuevo vainazo judicial añadido a los del TSJC por la pandemia no es descabellado. Sin embargo, no debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial para saber si lo de Montero va en serio o es una nueva patada hacia adelante de un problema que ella misma ha creado. En todo caso, los recursos ante el Constitucional una vez presentados también se pueden retirar si hay acuerdo entre las partes.

Montero no ha reconocido el error, solo ha ganado tiempo

Cabe recordar que la Abogacía del Estado asegura que no ha habido vulneración del REF. Así que, por mucho que Torres se felicite del "principio de acuerdo", no termino de ver a la ministra cambiando radicalmente de opinión sobre un asunto en el que entiende tener la ley de su parte. Es más, si realmente hubiera reconocido que metió la pata, la pudo haber sacado sin demora corrigiendo el desafuero del REF en el decreto ley de medidas urgentes de fiscalidad energética que el Congreso convalidó el miércoles. No lo hizo, lo cual es motivo suficiente para desconfiar de su sinceridad. Contra la convalidación de esa norma votó el único diputado de Nueva Canarias, la segunda parte contratante de las cuatro que integran el Pacto de las Flores y que parece un poco menos crédula que Torres. 

"Todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra"

Avisan los de Román Rodríguez que si la ministra no envía alguna señal inequívoca de que no está mareando la perdiz, su diputado nacional no apoyará los Presupuestos del Estado. No sé hasta qué punto es firme esa posición y dudo mucho de que la advertencia ponga nerviosa a Montero, que me la imagino mucho más preocupada por los votos de Ezquerra Republicana y el PNV que por el del tronante Pedro Quevedo. En cualquier caso, es una postura menos entreguista que la de Torres, aunque me temo que tampoco serviría de mucho para evitar que Montero se vuelva a poner si lo desea el REF por montera. Por desgracia para Canarias, todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra, pero tratándose de estas islas todo son regateos, excusas y vuelva usted mañana.

El asunto tiene ya tintes de enredo de los hermanos Marx y más que se va a enredar cuando la negociación de los Presupuestos estatales y las partidas a las que aspira Canarias, se entremezcle y confunda con la del diferencial fiscal para el cine. Al final, entre unos y otros terminarán convirtiendo el fuero canario, que debería ser intocable al estar reconocido en el Estatuto y en la Constitución, en un enjuague político de ofertas y contraofertas en torno a unos Presupuestos que incluso puede que no salgan adelante y haya que prorrogar los actuales. Ahora bien, si Torres dice que Montero resolverá este problema "para siempre" y "antes de fin de año", quién soy yo para aguarle la fiesta dudando de la fe del carbonero que profesa el presidente canario. 

A Canarias vino un día una inglesa soñadora

El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y ni el virus dice adiós ni los turistas dicen hello de nuevo. Los políticos, travestidos de adivinos, pronosticaron que el verano en Canarias sería el no va más de la recuperación turística, pero avanza julio y las reservas están bajo mínimos. Las cosas no pintan nada bien: se expanden nuevas cepas y se disparan los contagios mientras la vacunación, que tendría que ir mucho más rápido después de seis meses pinchando, sigue al trantrán a pesar de los aplausos diarios de los entusiastas de un Gobierno que desconoce la autocrítica. Los hay que se consuelan culpando a los "jóvenes irresponsables", a Boris Johnson por no poner el semáforo en verde o a los jueces por no comulgar con ruedas de molino. Pero nunca jamás, bajo ningún concepto, señalarán a los responsables públicos por decisiones con frecuencia inexplicables, inadecuadas o confusas: los culpables siempre son otros. 

Los augurios y la dura realidad

A pesar de la graciosa idea de la Consejería de Turismo de sortear bonos turísticos para los residentes pagados con dinero público, los hoteleros canarios han tirado la toalla del verano y sueñan con el invierno. Un sueño del que participan los miles de trabajadores canarios que continúan en ERTES porque sus hoteles siguen cerrados. Claro que, a la vista de la experiencia, mejor sería no volver a hacer castillos de arena para el invierno y cruzar los dedos. 

La ministra pitonisa Maroto, cuyo prometido plan para la recuperación del turismo canario seguimos esperando, o el siempre crédulo presidente canario, que en este asunto ni siquiera ha amagado con revirarse, llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena. La primera fue poco antes del verano pasado, pero el virus se expandió de nuevo sin respeto alguno por Pedro Sánchez y su celebrado triunfo sobre la pandemia. Después dijeron que del invierno no pasaría pero, entre la desgobernanza autonómica y los "allegados" invitados a la cena de Navidad, hicimos otro pan como unas tortas. 

 "Llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena"

Tranquilos, nos decían, en Semana Santa no habrá cama para tanta gente. Volvieron a fallar y, sin darnos cuenta, nos plantamos a las puertas de otro verano y el Gobierno volvió a pronosticar que este sería un verano de ocupación hotelera récord porque ingleses, alemanes y nórdicos morían de ansiedad por volar a Canarias a colorearse como gambas a la plancha. No supieron prever que Sánchez levantaría el estado de alarma y dejaría a las comunidades autónomas con una mano legal delante y otra detrás para luchar contra los brotes. Y a modo de guinda, el susodicho puso fin a la mascarilla en espacios públicos abiertos, a pesar de que el porcentaje de vacunación aconsejaba prudencia antes de enseñar de nuevo la sonrisa, que diría la poética Carolina Darias. 

Culpar a los demás es sencillo, gobernar es complicado

Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde si la situación sanitaria no mejora sustancialmente en Canarias y, si eso no ocurre pronto, Ángela Merkel también podría enseñarnos tarjeta amarilla. Acelerar la vacunación y aumentar las pruebas es esencial pero, al mismo tiempo, no caben más experimentos creativos con los niveles de la pandemia y hay que hilar fino jurídicamente para que las medidas que se adopten no choquen con derechos fundamentales por bienintencionadas que sean. De otro lado, la denuncia de las infracciones, que hay que perseguir y sancionar de modo ejemplar y sin tibiezas, no puede ser la coartada para tildar injustamente de irresponsables a segmentos enteros de la población como los jóvenes, aunque no falten los que tienen tanto seso como un mejillón. 

"Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde hasta que la situación sanitaria mejore sustancialmente"

Después de aquella inglesa de la canción han venido a Canarias millones de turistas a los que hoy se echa en falta porque son, nos guste poco o nada el turismo masivo, la sangre que vivífica un tejido productivo que sin ellos perecería: ojalá las reiteradas promesas políticas de diversificar la economía se hubieran cumplido cuando se podía y se debía, que no es precisamente en estos momentos de crisis profunda. 

Por eso, para la sociedad canaria y su economía, que regresen cuanto antes los turistas es vital casi en el sentido literal de la palabra. A los responsables públicos se les paga para afrontar y resolver problemas como ese y disponen para ello de generosos márgenes de discrecionalidad y de recursos que les permiten apoyarse en especialistas para la toma de decisiones. Lo que en ningún caso necesitamos son vendedores de augurios de falso optimismo para agradar a la galería, sino gestores públicos que transmitan certidumbres hasta donde sea razonable y generen confianza social y económica.  

La cacicada del REF

Podemos preguntarnos por qué las ventajas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) no acaban de reflejarse en una mejora generalizada de las condiciones de vida de la población canaria; también podemos discutir si las bonificaciones fiscales que al amparo del REF obtienen las productoras cinematográficas por rodar en las islas, son demasiado generosas y debieran reorientarse hacia un mayor beneficio de toda la sociedad. Se puede discutir sobre el huevo, lo que no puede estar en cuestión permanente es el fuero, sometido con excesiva frecuencia por el gobierno central al ninguneo, al desconocimiento y a veces al desprecio. 

El REF, una historia de incumplimientos

El REF es parte esencial del acervo político y económico de Canarias y está tan anclado en su Estatuto de Autonomía como los fueros vascos y navarros en los suyos. Sin embargo, se ha vulnerado de nuevo y eso ha ocurrido con un gobierno socialista en Madrid y un gobierno de mayoría del mismo color en Canarias. La ministra María Jesús Montero incumple el REF desde que en mayo del año pasado, con ocasión de un decreto de medidas urgentes por la pandemia, desmochó el diferencial fiscal de Canarias para las producciones cinematográficas y lo dejó por debajo del que se aplica en la Península y Baleares. 

A lo largo de la historia ha habido numerosos atropellos del fuero canario, pero nunca se había quedado en desventaja frente al resto del territorio nacional. Con el supuesto fin de corregir el recorte y recuperar el diferencial del 80% para las producciones cinematográficas - el 100% en La Palma, La Gomera y El Hierro - los socialistas presentaron una enmienda al proyecto de ley de medidas antifraude que se tramitaba en el Senado. Sin embargo, para sorpresa de todos, la iniciativa solo eleva en un 24% la diferencia a favor de Canarias y deja el 56% para mejor ocasión. 

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Ninguneo y resignación canaria

Hay más. El Estatuto de Autonomía de Canarias establece que cualquier modificación del REF requiere informe preceptivo aunque no vinculante del Parlamento autonómico. Pues bien, ni en mayo del año pasado, cuando entró en vigor el decreto que violaba el REF, ni con motivo de la tramitación de la ley antifraude en el Senado, tuvo a bien Montero informar a las instituciones canarias. Fue a última hora la presidenta del Senado la que advirtió al Parlamento, que deberá debatir y votar ahora el informe desfavorable del Gobierno regional. El dictamen, que reclama el diferencial del 80%, tiene ya el apoyo de todos los partidos de la cámara autonómica, incluyendo - ¡sorpresa! - al mismísimo PSOE. 

El Ejecutivo canario, y en especial su consejería de Hacienda en manos de Nueva Canarias, un partido que presume de nacionalista de izquierda, ha pasado en este tema del completo despiste ante los cambalaches de Montero a incordiar lo menos posible. Ahora, el inefable Pedro Quevedo, diputado nacional de ese partido, monta en cólera como si importara mucho lo que diga o piense a estas alturas; mientras, los representantes socialistas canarios en las Cortes han dejado patente que les puede mucho más la obediencia debida al Gobierno de su partido que la defensa plena del REF. Solo CC y el PP han intentado restituir el diferencial escamoteado y de Podemos, que siempre ha despreciado el REF, mejor ni hablar. 

EFE

La clave, la debilidad política canaria

La reiteración con la que Madrid viene haciendo mangas y capirotes con el fuero canario genera inseguridad jurídica y una engorrosa litigiosidad que convierten en papel mojado muchas de sus medidas. Es lo que ocurre cuando empresarios e inversores temen vérseles permanentemente con Hacienda por disparidad de criterios en la aplicación del REF o cuando, como ahora, Madrid decide arbitraria y unilateralmente cambiar las reglas del juego en mitad del partido. 

Algunos lo achacan a la ignorancia de los altos funcionarios de Hacienda sobre la singularidad fiscal canaria y seguramente llevan parte de razón, aunque también parece haber una mal disimulada tendencia a recortar el ya capitidisminuido diferencial fiscal canario, que se vería como un privilegio injustificado. Sin embargo, todo lo anterior solo se explica por la crónica debilidad política canaria frente al Gobierno central, ante el que, en situaciones como esta, las autoridades de las islas ni siquiera se atreven a levantar la voz, no digamos ya a "revirarse". Es la misma debilidad que explica también, por ejemplo, la lamentable sordera de Madrid en el drama de la inmigración o la absoluta pasividad ante la crisis del turismo.

No deja de ser significativo que la contumacia de esa supuesta ignorancia de los funcionarios de Hacienda solo afecte a Canarias y nunca al País Vasco o a Navarra, comunidades forales que no pertenecen al régimen común. ¿Se imaginan a Montero o a cualquier otro ministro de Hacienda mangoneando los fueros vasco y navarro a placer y conveniencia de Madrid? Es más, ¿se imaginan a los gobiernos de esas dos comunidades autónomas y a sus representantes en Madrid, independientemente del color político de cada cual, agachando la cabeza y transigiendo con lo que al ministro de turno le venga en gana hacer con los fueros? Yo tampoco. 

España no es país para jóvenes

Al leer este título muchos habrán pensado que tampoco es España país para viejos. Cierto, pero hoy solo nos vamos a ocupar de esa generación joven que, a este paso, habrá que dar por irremediablemente desperdiciada para nuestro futuro como sociedad. Cómo calificar si no que cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil igual al de una zona en guerra como Gaza y veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. 

No es una maldición bíblica

Pero esto no es nuevo: a la llegada de Rodríguez Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. Al acceder Pedro Sánchez a La Moncloa había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se sufrió la crisis financiera y ahora la del coronavirus pero, como es obvio, esas dos situaciones también afectaron a otros países como Alemania, en donde el paro juvenil se sitúa en el 6%, mientras que el español supera en más de veinte puntos la media europea.  

No estamos ante una maldición bíblica ni ante un problema coyuntural, consecuencia de un bache económico que se superará cuando la situación se normalice. Es una lacra estructural, una enquistada rémora crónica del sistema educativo, cada vez más devaluado, y del mercado laboral que ninguno de las decenas de planes que los diferentes gobiernos han impulsado ha conseguido eliminar o al menos atenuar. El caso de Canarias y su Plan Integral de Empleo (PIEC), al que el Gobierno central ha destinado centenares de millones en los últimos años, es el mejor ejemplo de la poca eficacia de ese tipo de medidas para luchar contra el paro en general y el de los jóvenes en particular. 

EP

A planes contra el paro juvenil no nos gana nadie

Probablemente seamos también el país de la UE que más planes contra el paro juvenil ha puesto en marcha. Así y todo, Yolanda Díaz no ha querido ser menos y acaba de presentar uno más cuando aún sigue vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021. El de ahora cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como todos los anteriores. Sin embargo, los resultados obtenidos uno tras otro se reflejan fielmente de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud. 

Es ya un tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP, además de desajustes en la oferta y la demanda de determinadas especialidades, aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco ayuda demasiado a la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. 

La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables ante el despido y los más expuestos a la rotación laboral. Añadamos la engorrosa maraña burocrática de la contratación y la consecuente inseguridad jurídica y tendremos las claves principales del drama juvenil de nuestro tiempo: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano, del que ningún país en su sano juicio se atrevería a prescindir como alegremente hace España. 

Un reguero de secuelas económicas y sociales

Al margen de la viabilidad de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias sociales que van desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida para ir trampeando. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone por falta de ingresos para una hipoteca o un alquiler; los proyectos personales de vida y tener hijos también se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Y de propina, también han de cargar a veces con el estigma de vagos e irresponsables que les endosa una parte de la sociedad de manera generalizada e injusta. En el mejor de los casos, los más afortunados y decididos se van fuera a estudiar y trabajar, muchas veces para no regresar al país que los excluyó sin miramientos de su futuro.  

Ante esta situación hay dos opciones muy claras: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno desmontando lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y  gastando dinero  público en planes contra el desempleo juvenil de contrastada ineficacia; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y reclaman y que les debemos como sociedad. 

El futuro ya no es lo que era

Imaginemos por un momento que  ya es 2022 y que no usamos mascarilla, que por fin estamos vacunados, que no hay fallecidos y que los medios no publican el cansino recuento diario. Piensen en la dicha de no escuchar a Fernando Simón diciendo lo contrario de lo que dijo la semana anterior y que Carolina Darias ha logrado vacunarnos a todos con Pfizer. Con todo esto no costará suponer que Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos se han cargado de medallas por su heroica victoria sobre el virus y nos piden a coro que olvidemos el pasado y volvamos al amor, porque si no es a su lado dónde vamos a estar mejor: no es momento de hablar de las prometidas auditorías externas sobre nuestra gestión por disparatada que haya sido - dirán -; es hora de pelillos a la mar y mirar al futuro unidos, como si no hubiera pasado lo que todos sabemos que ha pasado.

Frustrados y decepcionados

Sin que esto suponga renunciar a exigirles que rindan cuentas, podemos empezar a imaginarnos cómo será ese futuro próximo sin pandemia o al menos con ella bajo control, qué ocurrirá con la política, el trabajo, la economía, la educación o la sanidad. No se trata de ser adivinos y ponernos en 2050, para eso ya tenemos a Iván Redondo, tan solo de hacernos una idea del país que nos espera a la vuelta de unos meses si nada se tuerce de nuevo. No hay que recurrir al equipo prospectivo habitual de La Moncloa para imaginar un país dividido, cabreado, empobrecido y cargado de incertidumbres. Así lo refleja el último Eurobarómetro, que sitúa a los españoles entre los europeos más frustrados y decepcionados después de más de un año de pandemia. No saldremos ni más fuertes ni más unidos ni todos juntos, como han prometido durante todo este calvario los falaces eslóganes de la propaganda gubernamental.  

EFE

La economía está anestesiada pero, cuando salga del letargo, le espera una subida de impuestos histórica. El turismo, importante fuente de empleo e  ingresos en lugares como Canarias, se las tendrá que arreglar casi por su cuenta porque ha sido ignorado por el Gobierno en sus ayudas directas, como si sus aportaciones al PIB nacional, un 12% antes de la pandemia, fueran el chocolate del loro. Con todo, el más grave problema económico del país, que no es tanto el desempleo como la estratoférica deuda pública, no merece la atención que su trascendencia requiere y podría seguir creciendo como si no hubiera un mañana ni que pagarla antes o después. 

Habrá muchos más cambios, unos derivados de esta crisis y otros que ya estaban en marcha: los hábitos de consumo seguramente cambiarán condicionados por la seguridad sanitaria y el teletrabajo modificará las relaciones entre empleados y empleadores. El envejecimiento tensionará aún más la maltrecha Seguridad Social sin que se vea con claridad qué ocurrirá con las pensiones; también es probable un incremento del desempleo estructural, debido a la automatización de las tareas y a la imposibilidad de muchos trabajadores de retornar a sus antiguos empleos o acceder a uno nuevo.

La educación pública seguirá en el centro del navajeo político y la sanidad necesitará respiración asistida para superar el estrés de la crisis. La pobreza y la exclusión, que durante la crisis han crecido exponencialmente en comunidades como Canarias y ante la que los políticos han derrochado más demagogia que eficacia y eficiencia, son además el caldo de cultivo de un latente malestar social que podría ir a mayores. 

Un panorama político desolador

El panorama político no desmerece en este cuadro. Quienes se supone que deben liderar la España de la pospandemia y afrontar con rigor esos y otros muchos retos, parecen cada día más alejados de la realidad del país. Lo que se atisba en el horizonte no son medidas ni políticas que favorezcan la adaptación de la sociedad española a la nueva realidad, solo conflictos políticos impostados y decisiones basadas en el interés partidista y contrarias al bien común y al marco constitucional. Se imponen los sentimientos sobre la razón y cada día nos sueltan unas cuantas liebres en las redes para que los demás, incluidos los medios, corramos detrás y nos entretengamos en debates de patio de vecinos mientras ellos se entregan a sus juegos de tronos. 

EFE

Esa tendencia, que no es nueva, se intensificará en el futuro inmediato para vivir en una campaña electoral permanente entre retruécanos, chascarrillos y memes,  reaccionando cada vez más con el corazón o el carné de militante y reservando la cabeza solo para el sombrero, y eso quienes lo usen: como dijo Milan Kundera, estamos dejando de ser "Homo sapiens" para convertirnos en "Homo sentimentalis". No cabe esperar liderazgo, dirección ni confianza, solo cuidadosa puesta en escena, culto a la imagen, mediocridad y retórica vacía. Los medios también cumplirán su cometido de servirnos la diaria papilla indigesta de las tertulias, las informaciones sesgadas y de parte y el fast food político bien caliente y rápido.  

Puede que a algunos ese panorama les parezca demasiado pesimista y hasta catastrofista, pero con las bases de la democracia y la razón arrastradas por los suelos por quienes deberían defenderlas y enaltecerlas cada día, encuentro pocos motivos para imaginar el futuro próximo con menos pesimismo. Si acaso, y por concluir con una nota positiva, hago un ejercicio de voluntarismo y me aferro al hecho de que los españoles hemos conseguido siempre superar las dificultades a pesar de los embates de la Historia y de la oposición de una clase política mostrenca y generalmente atenta solo al disfrute del poder. Quien no se consuela...

Cuando España acaba en Cádiz

En el reciente Día de Canarias, esa jornada que con el tiempo ha devenido en cansino día de la marmota para el autobombo del gobierno autonómico, el presidente canario aseguró que en las islas "cada día estamos mejor que el anterior". Se refería al ritmo de vacunación, que en Canarias se sitúa aún entre los últimos del país con poco más del 18% de la población diana vacunada. No cabe sino alegrarse de que las cosas en este aspecto vayan mejor cada día ya que, en realidad, no es fácil que vayan peor teniendo en cuenta que se está vacunando desde finales de diciembre. 

Optimismo sin fundamento

Todo indica que Ángel Víctor Torres ha sufrido otro de sus habituales ataques de misticismo optimista y se ha esforzado para que olvidemos que, en términos sociales y económicos, si las cosas no van peor es porque ya hay poco recorrido para que empeoren. Por ejemplo, a pesar del pequeño descenso de mayo tenemos aún en las Islas a una de cada cuatro personas en edad de trabajar en paro y en ERTES a casi 80.000. Por no hablar de las dantescas cifras del paro juvenil, la peores de España, que es a su vez el peor país de Europa en desempleo entre los jóvenes. Sobra decir que para que todos esos indicadores se reduzcan de manera significativa, es indispensable que vuelva el turismo, le pese a quien le pese, y reactive el resto de los sectores.  

Torres no deja pasar día sin contarnos sus grandes esperanzas de que el Reino Unido por fin nos levante el sambenito de destino poco recomendable y puedan los británicos venir a ponerse como gambas en nuestras playas y piscinas, sin necesidad de hacer cuarentena a la vuelta. Más realistas que el presidente son los hoteleros, para los que junio está perdido y ya veremos si se salva el resto del verano o hay que esperar que para el invierno la situación haya recuperado una cierta normalidad. De producirse no será, por cierto, gracias al plan para el sector prometido en incontables ocasiones y nunca presentado por la ministra Maroto, mucho más dada a los oráculos incumplidos que a los hechos tangibles.

Millones y más millones

Junto con la vuelta de los turistas, el otro gran mantra del optimismo presidencial canario es el de la toneladas de millones que llegarán de Bruselas y Madrid y con los que podremos atar los perros con chorizos de Teror. Al margen del retraso en la firma del convenio con el Ministerio de Hacienda y de que aún está por ver cómo y cuándo llegarán las ayudas a sus beneficiarios, la gravedad de la situación no se resuelve solo con el maná de unas ayudas que pueden quedarse en pan para hoy y más hambre para mañana. El tejido empresarial y social de las islas necesita ser reconstruido desde la raíz y en esa tarea el Gobierno y el resto de administraciones no se pueden limitar a ser meros repartidores de subvenciones del Gobierno central, sino agentes proactivos que lideren la salida de la crisis sobre nuevas bases.

Si analizamos la situación social el panorama es más desalentador aún y el optimismo artículo de fe. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha calificado de "irrelevantes" los servicios sociales canarios en tanto no son útiles para ayudar a los más castigados. Su diagnóstico coincide con las quejas de las organizaciones no gubernamentales, que llevan meses denunciando que el pomposo Plan de Reactivación Económica y Social no llega a sus teóricos beneficiarios. Sin ir más lejos, Caritas tuvo que atender el año pasado en las Islas a unas 65.000 personas, una cifra que debería encender todas las luces de alarma. La descoordinación entre administraciones, la burocracia y la falta de personal suficiente y cualificado son las causas de que, en lo tocante a servicios sociales, la consejera responsable, Noemi Santana, no haya dejado durante todo este tiempo de presumir muy por encima de sus capacidades reales de predicar y dar trigo.

Transigir para no incordiar a Madrid

Ocurre lo mismo con los menores inmigrantes no acompañados: aún estando su partido presente en el Consejo de Ministros, Santana ha sido incapaz de conseguir que el Gobierno central derive a la Península a parte de ellos. Esa realidad contrasta con la rapidez de  su compañera de partido, la ministra Belarra, para recolocar rápidamente en varias comunidades autónomas a los menores que entraron en Ceuta en la reciente avalancha de inmigrantes impulsada por Marruecos. 

EFE

Esa actitud duele en Canarias, lo mismo que ha dolido la velocidad con la que Sánchez actuó hace poco en Ceuta y el hecho de que nunca tuviera la sensibilidad de acercarse a Arguineguín para comprobar de primera mano las inhumanas condiciones en las que su Gobierno tuvo durante días a casi 3.000 personas. Ahora, con las relaciones hispano - marroquíes echando humo, en Canarias deberíamos empezar a hacernos cruces ante la probabilidad de un nuevo repunte de la inmigración con un Gobierno central al que estas islas le quedan cada vez más alejadas de Cádiz. Será tal vez por eso por lo que los tibios llamamientos de Torres a la solidaridad con Canarias siguen sin escucharse en La Moncloa, en cuya agenda solo figura Cataluña por la letra "C".

Todo estos ejemplos y otros como el desprecio casi sistemático del REF, corroboran la irrelevancia política canaria y la de un Gobierno autonómico silente y sumiso ante los desplantes de Madrid, mientras intenta insuflarle a la población un optimismo que tal vez ni el propio Torres sienta en realidad. Y tendría razón en ser pesimista a la vista de que ser del mismo partido que gobierna en Madrid no ayuda en nada a mejorar la vida de tu gente y además te obliga a callar a pesar del ninguneo de tus compañeros de filas. Pero tratar a los ciudadanos como adultos no es agachar la cabeza y transigir para no incomodar en tu partido: es anteponer el bien común al interés partidista y decirles la verdad por dura que sea, en lugar de escamoteársela bajo un falso optimismo que se da de bruces con la dura realidad.