COVID - 19: no saldremos más fuertes

Vivimos tiempos difíciles en los que demasiada gente ya no cree en ideas o principios sino en eslóganes; los medios de comunicación han perdido prestigio y credibilidad a manos llenas y el poder político se permite señalar a los periodistas desafectos; abundan los charlatanes de feria que pescan en el río casi siempre revuelto de la política y escasean la ética, la decencia y la honradez en la administración del bien común. Me pregunto cómo encaja en ese panorama el eslogan del Gobierno, según el cual los españoles saldremos de la pandemia del coronavirus mejores y más fuertes. Se podrá estar más o menos de acuerdo con este diagnóstico; incluso se puede pensar que he cargado las tintas, pero no se podrá negar que son problemas reales y tangibles de la sociedad española de 2021, el año en el que todo iba a ser mejor que en 2020. 

En gran medida estamos ante problemas previos a la pandemia pero exacerbados por ella. Después de un año lidiando con esta situación, las dificultades crónicas de nuestra sociedad y las costuras siempre frágiles de la democracia resultan hoy más visibles que nunca. Una expresión del descosido entre tantas otras es el destrozo económico que amenaza con dejar a mucha gente atrás, a pesar de otro de los eslóganes con los que el Gobierno nos ha querido dorar la píldora de la pandemia. 

Sí se podía saber

Si bien es cierto que la pandemia pilló a medio mundo con el pie cambiado, es falso que no se pudiera saber qué se debía hacer a la vista de los informes en poder del Gobierno y del imparable avance y la letalidad que provocaba el virus a su paso. No hubo un mínimo de prudencia por parte de los responsables públicos que, junto a no pocos científicos, se apuntaron a negacionistas desde el primer momento. Cuando ya tuvimos el virus encima y empezaban los estragos, surgió el "no se podía saber", la excusa con la que las autoridades sanitarias intentaron ocultar su falta de previsión y la ausencia absoluta de planes de contingencia. 

Esa realidad, no por más negada menos cierta, degeneró pronto en una reyerta política que aún perdura y que ha terminado polarizando la sociedad con la ayuda inestimable de muchos medios de comunicación y las ineludibles redes sociales. En un país como España en el que el poder político se reparte entre un gobierno central y los de las comunidades autónomas, pero cuyo marco de competencias constituye un galimatías generador de tensiones entre el centro y la periferia, era de esperar una cacofonía política cuando más se necesitaba unidad de criterios y de acción. En no pocas ocasiones se ha buscado más el rédito político que se podía obtener de la refriega que la salud pública de la población. 

Así las cosas, mientras se lanzaban mensajes contradictorios, se adoptaban también medidas que se cambiaban en pocos días sin más aval científico que el de un inexistente comité de expertos. Se bordearon e incluso traspasaron límites constitucionales relacionados con derechos fundamentales y se ninguneó cuanto se pudo al Parlamento, sede de la soberanía nacional y del Legislativo, en la que todo responsable público tienen la ineludible obligación de rendir cuentas de sus acciones o inacciones.

Una economía destrozada y un número inasumible de víctimas

El corolario del desbarajuste y el cálculo político que ha dominado la gestión de la pandemia es una economía en coma, millones de pequeñas empresas cerradas para siempre y millones de personas en el paro o en ERTES que van camino también del desempleo. Pero todo eso tiene solución, no así las espeluznantes cifras oficiales de fallecidos y contagiados, por no hablar de la escandalosa falta de rigor en las estadísticas sobre la pandemia tanto del Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas.

Poniendo la guinda a la espantosa situación después de un año de pandemia, el ministro responsable de la gestión sanitaria abandona el barco en plena tercera ola de contagios y se va de candidato a unas elecciones autonómicas por decisión digital de su jefe de filas y presidente del Gobierno del que formaba parte. Y lo que resulta doblemente sangrante es que se despide sin arrepentirse de nada y sin dar cuenta de su gestión en el Congreso, por miedo a que las críticas de la oposición malogren el inicio de su campaña electoral. De nuevo y dado que, según se ha sabido, su designación como candidato se había decidido en otoño, nos encontramos ante otro descarado ejemplo del uso político y partidista de la pandemia para obtener provecho político. 

El fracaso de la cogobernanza

Su marcha coincidió además con el descontrol de la "cogobernanza" con la que el Gobierno había traspasado la gestión de la pandemia a las autonomías, deseosas de hacer méritos ante sus respectivas parroquias políticas. El resultado es que ahora tenemos 17 modelos de gestión para una misma pandemia, mientras el Ejecutivo central se limita a dar consejos y dejar hacer con arreglo a un decreto de estado de alarma sujeto a interpretaciones encontradas. A nadie le debería extrañar que la tercera ola esté siendo tan o más letal que la primera, cuando había un supuesto mando único en manos del Ministerio que tampoco llegó a serlo del todo. 

Ante el falso dilema de economía o salud, en muchas comunidades autónomas se adoptaron en Navidad medidas que contribuyeron a expandir de nuevo el virus y los fallecimientos. Para la historia de las ridiculeces de esta pandemia queda la ocurrencia de "los allegados" que nos podían visitar en Noche Buena. Un capítulo en el que también encaja como un guante el triunfalismo imprudente con el que el presidente del Gobierno puso fin al primer estado de alarma en junio de 2020: "Hemos vencido el virus y controlado la pandemia, hay que salir sin miedo a la calle", decía irresponsablemente Pedro Sánchez.

En todos lados no cuecen habas

A menudo los responsables de la sanidad pública suelen recurrir a lo mal que va la pandemia en otros países para justificar sus errores de gestión. Es cierto que en países como Estados Unidos o el Reino Unido sus dirigentes hicieron verdaderas barbaridades y en otros como Brasil se siguen haciendo todavía. Sin embargo, quienes se siguen agarrando al "no se podía saber" se olvidan interesadamente de los países en los que la gestión de la pandemia ha sido exitosa. 

Y no hablo solo de China, en donde el Gobierno no tiene obligación alguna de respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Hablo de democracias consolidadas como Corea del Sur, Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia, en donde "sí supieron" actuar con tino y a tiempo. Soy consciente de que las comparaciones siempre son odiosas porque las condiciones de partida no son las mismas. No obstante sirven para visualizar que las cosas se pudieron y se debieron hacer de otra manera en España, en donde tanto se presumía de tener la mejor sanidad pública del mundo hasta que la pandemia puso al descubierto todas sus miserias. 

Una sociedad responsable

Las respuestas de la sociedad española ante la pandemia pueden reducirse a dos: la de quienes cumplen las normas o hacen todo lo posible por cumplirlas y la de quienes las ignoran o las desprecian. Aunque no hay estadísticas que lo demuestren fehacientemente, mi convencimiento es que la primera respuesta ha sido la mayoritaria. Ha primado la responsabilidad de la mayoría de la población, a pesar de la confusión y de las contradicciones que han presidido en muchas ocasiones las decisiones de los responsables públicos sobre cuestiones como el uso de la mascarilla. Por otro lado, la alegría irresponsable con la que las comunidades autónomas levantaron ciertas restricciones de movilidad en aras de "salvar la Navidad", hizo que incluso los prudentes se relajaran y los contagios se dispararan de nuevo. Nada digamos de quienes las normas siempre les parecieron que no iban con ellos y siguieron saltándoselas. 

En el cumplimiento de las medidas de seguridad ha faltado rigor aleccionador, se ha pensado que con anunciarlas y publicarlas en un boletín oficial que nadie lee, era más que suficiente para garantizar su cumplimiento. Cuando hizo falta sancionar con dureza a los incumplidores, tembló el pulso para no perder votos y todo quedó en amonestaciones verbales que por un oído entraban y por el otro salían. También en esto ha faltado contundencia, rigor y claridad: si la pandemia no ha ido más lejos es en parte por la responsabilidad de una inmensa mayoría ciudadana que incluso ha adoptado medidas de protección más allá de las oficiales.   

No saldremos ni mejores ni más fuertes

En estos momentos no sabemos a ciencia cierta si hemos llegado al pico de la tercera ola, si estamos cerca o si lo hemos superado. Lo cierto es que ni los científicos se ponen de acuerdo, por no mencionar a un señor llamado Fernando Simón, sobre el que han recaído con no poca razón buena parte de las críticas al Gobierno. La sociedad está agotada y hastiada de escuchar durante meses a este señor exponiendo más cábalas que certezas y de ver cómo lo que ayer no era necesario hoy se ha vuelto obligatorio.

De doblegar o no la curva dependen muchas cosas de comer en este país. Depende ante todo que no continúe aumentando el número de familias golpeadas por el virus y que no se agraven aún más las secuelas psicológicas que esta pandemia dejará en buena parte de la población. También depende una economía en estado de coma, dopada con millones de ERTES que pueden terminar en el paro si no hay una salida del túnel más pronto que tarde. Está en juego, en definitiva, el estado del bienestar tal y como lo conocíamos antes de esta crisis, mientras aumenta la monstruosa deuda pública y con ella la hipoteca que ya le vamos a dejar a las futuras generaciones. 

Es cierto que, en medio de este panorama desolador, el inicio de la vacuna contra la COIVID-19 a finales de diciembre ha traído una luz de esperanza de que la pesadilla esté empezando a tocar a su fin. Sin embargo, hasta para algo que sí era perfectamente posible haber planificado con rigor y protocolizado con claridad, se ha vuelto a llegar tarde y mal, con políticos y allegados saltándose la lista de vacunación y exasperante lentitud en la inoculación de la vacuna a la población. 

La "nueva normalidad" no será la que muchos pensaron

No deseo alargar este post aún más y me limitaré a una reflexión que enlaza con la que lo abría. Salir mejores y más fuertes va a requerir algo más que eslóganes cocinados en el departamento de propaganda de La Moncloa. Se necesita en primer lugar una ciudadanía menos complaciente, dispuesta a cumplir las normas pero también a exigir transparencia en la gestión de nuestro dinero y rigor en las decisiones: es nuestro derecho y no podemos ni debemos abdicar de él. La clase política española, que ha dado otro lamentable espectáculo de división cuando más se requería unidad y consenso, debe cambiar con urgencia de registro y anteponer el bien común a la lucha partidista. Los medios de comunicación tampoco han estado a la altura de lo que se espera de ellos en una democracia: ha primado el servilismo de unos y el desgaste del poder en otros, pero la mayoría ha arrojado a la papelera los códigos más elementales del periodismo. 

Ya me pueden llamar ingenuo por imaginar tan solo que estos problemas tengan arreglo a corto y medio plazo: tendrán toda la razón, pero no veo otra salida para volver al menos a una cierta normalidad, no a esa ridícula "nueva normalidad" con la que el Gobierno nos pretendió adormecer hasta que la realidad destrozó de nuevo sus mensajes propagandísticos. De lo que no cabe duda es de que, si la vacunación avanza y conseguimos dejar atrás la pandemia, desembocaremos en una realidad que nos retrotraerá muchas décadas en términos de bienestar. Que no estemos preparados para afrontarla es lógico, lo que me preocupa es que no estemos haciendo gran cosa para prepararnos, sino más bien para continuar arrastrando nuestros viejos problemas crónicos tras nosotros. Creo que con lo dicho se comprende mi escepticismo cuando el Gobierno dice que saldremos "mejores y más fuertes". Mi percepción es que saldremos más débiles, peores y mucho más cabreados. Ojalá, pero no creo equivocarme mucho. 

Escribir en tiempos de pandemia

Siempre que me planteo poner por escrito mis reflexiones sobre la realidad que me rodea me asalta la misma pregunta: ¿qué sentido tiene escribir? Así creo que ha ocurrido en más de una ocasión a lo largo de la prolongada vida de este blog. Cuando después de mucho tiempo me acomete de nuevo la necesidad de empuñar la pluma - valga la expresión -, surge de nuevo la duda: ¿qué "gano" escribiendo", ¿qué necesidad tengo de dedicar tiempo y esfuerzo a pensar en escribir un artículo o un comentario, cuando me bastaría con "escribirlo" en mi cabeza y a otra cosa? Y una y otra vez la respuesta se ha repetido: uno siente la necesidad de escribir lo que piensa, siente y padece como tiene necesidad de respirar para no asfixiarse. 

Se preguntarán entonces cómo me las he arreglado para "respirar" durante todo el tiempo en que el blog ha estado inactivo. A esto respondo que ha habido otros sistemas de respiración que, más mal que bien, han suplido la necesidad de la escritura. El trabajo de periodista o las intervenciones en las redes sociales han sido un sucedáneo de la siempre dolorosa pero a la vez gratificante y vital labor de escribir para uno y para aquellos que se toman la molestia de leer lo que uno escribe. 

Siempre he sido consciente de que solo la pluma y un papel en blanco, en un entorno de recogimiento y reflexión pueden proporcionar la oportunidad de echar afuera ideas, sensaciones, reacciones, perplejidades, disgustos y satisfacciones. Y hacerlo, además, de la manera más racional, sistemática y ordenada posible con el fin de ordenar y sistematizar también mis propios pensamientos. 

De hecho, desde que abandoné mi trabajo periodístico y a medida que las intervenciones en las redes sociales, con sus encorsetamientos y sordideces, se han ido haciendo cada vez más insatisfactorias, más fuerte ha ido creciendo en mí la necesidad de retornar a la escritura como quien regresa al hogar materno. 

Escribir, más necesario que nunca

Las circunstancias han querido que ese momento haya llegado cuando solo faltan unos pocos días para que se cumpla el primer año de la pandemia del coronavirus, la crisis sanitaria más grave vivida por la Humanidad en muchísimo tiempo. De algún modo esto hace también que la vuelta a la escritura sea particularmente especial en tanto la pandemia condiciona y condicionará por completo el mundo que conocíamos hace aproximadamente un año, justo el tiempo también que hace desde que firme la última entrada en el blog. 

Lógicamente, de esto se deriva que cualquier análisis o visión de la realidad deba pasar por el tamiz de la lucha contra el virus y por los cambios radicales en todos los órdenes que ha supuesto y puede suponer su aparición y expansión en todo el mundo. Son estas circunstancias verdaderamente históricas las que hacen que escribir sea más indispensable que nunca, al menos para mí: ese apremiante ejercicio mental e intelectual que ahora retomo busca ante todo ser útil a quien lo realiza y a quien lo reciba. Vivimos en medio de incertidumbres desconocidas hasta ahora, miedos al futuro cada día más acentuados y una cierta sensación de orfandad y abandono por parte de aquellos en los que habíamos puesto nuestra confianza para que gestionaran con probidad y un mínimo de eficiencia el bien común. 

Muchos nos sentimos hoy inermes y atónitos ante la falta de sentido común con la que se ha afrontado una situación tan grave. No menos apesadumbrados se puede sentir uno cuando observa con asombro que quienes más tienen que perder son los primeros que ignoran o desprecian las más mínimas normas de de seguridad, implantadas después de no pocas indecisiones, contradicciones y titubeos por quienes se suponía que tendrían alguna idea sobre cómo actuar y demostraron o no tener ninguna o estar completamente equivocadas las que tenían. 

Como corolario de todo lo anterior tenemos más de dos millones de muertes en todo el mundo, un número notablemente mayor de contagios, secuelas psicológicas de todo tipo muchas de ellas desconocidas aún, una economía hecha trizas y un ambiente político, al menos en España, que lejos de ayudar a ver una pequeña luz de esperanza en medio del desastre, hace lo posible y hasta lo imposible para que ni siquiera se llegue a encender.

Escribir para comprender 

No cabe negar por tanto que, por más que nos pese, no puede haber un tiempo menos propicio para la autosatisfacción y el dolce far niente. Los que nos sentimos corresponsables y participes del destino y los problemas de la comunidad en la que vivimos, tenemos casi una obligación moral de decir lo que pensamos y hacerlo siempre con el mejor ánimo constructivo del que seamos capaces. 

Es precisamente al cúmulo de nuevas situaciones que se nos ha venido encima como un alud al que quiero dedicar las reflexiones de este blog a partir de hoy. En ocasiones estaré atento a la actualidad más inmediata y en ocasiones - la mayoría - encenderé la luz larga para intentar iluminar en la medida de mis posibilidades los innumerables rincones oscuros que nos ha traído la pandemia. 

Adelanto que no figura entre mis objetivos dar respuestas ex catedra, algo que sería muy presuntuoso por mi parte, sino más bien formular preguntas sobre las que reflexionemos ustedes y yo. Esto no quiere decir que que no esté dispuesto a aportar mis puntos de vista o a exponer mis propuestas que, en todo caso, siempre serán mías e intransferibles, ajenas a cualquier organización o partidismo. Si algo he aprendido a lo largo de mi vida es a pensar por mi mismo sin condicionantes que no sean los de la moral pública, la ética, el deber, la honradez intelectual y el sentido de la responsabilidad. 

Quedan todos invitados a recorrer conmigo un camino que no estará libre de dificultades, aunque estoy convencido de que si lo andamos con constancia y perserverancia y somos capaces de desbrozar la maleza que encontremos a nuestro paso, tal vez podamos descubrir un horizonte más esperanzador que el presente. 

El funambulismo de Sánchez

La vocación política de Pedro Sánchez parece ser la de vivir de forma permanente en el alambre, rectificar sus propias palabras o las de sus ministros y lanzar anuncios a los cuatro vientos para desdecirse de ellos o modificarlos a las primeras de cambio. Se trata de una suerte de funambulismo político que tiene a los ciudadanos a medio camino entre el desconcierto y el hastío. El último de esos anuncios ha sido el de la modificación exprés de la Constitución para eliminar la figura de los aforados. No digo que no sea necesario hacerlo, si bien la propuesta de Sánchez es tan limitada que apenas afectaría a una mínima parte de los 250.000 aforados que hay en España y siempre y cuando el caso no esté relacionado con su actividad política sino con su vida privada. Lo que cuestiono son las formas: estamos hablando de modificar la Carta Magna, no una ley cualquiera, y esa es una tarea que antes de acometerla conviene sopesarla y discutirla sin urgencias electoralistas o de otro tipo de por medio. Que se sepa, Sánchez no ha consultado a ningún especialista y ni siquiera se la ha presentado al resto de los grupos políticos, que en definitiva serían los encargados de aprobarla. Ahora bien, no nos engañemos: el anuncio de Sánchez, hecho en un acto de autoalabanza de sus cien primeros días en el Gobierno, busca en realidad desviar el foco mediático y político, centrado en los últimos días en su tesis doctoral y en la manifiestamente mejorable gestión de las bombas para Arabia Saudí. 

Sinceramente, dudo mucho que el presidente lo consiga por más que su tesis no parece ser plagiada, que Sánchez afirme que la escribió él, que no recibió trato de favor y que se haya publicado urbi et orbi. Aún así me cuesta creer que Sánchez sea tan ingenuo como para pensar que los medios y los partidos de derechas de este país van a soltar la presa para echarse a correr detrás de la liebre de los aforamientos. Más bien sospecho que el presidente debe estar pasando por los peores momentos de su corta estancia en La Moncloa y ha recurrido a la reforma constitucional con la débil esperanza de recuperar la iniciativa política. Por lo demás, y aunque todo parece indicar que su tesis está limpia de polvo y paja, haría bien el presidente en comparecer en el Congreso como le han pedido PP y Ciudadanos, incluso a sabiendas de que no creerán sus explicaciones sobre ese asunto. Negarse a hacerlo aduciendo que llevar esta cuestión a la cámara es "enturbiar la calidad de la democracia" es una pobre excusa: por desgracia, la calidad democrática de este país ya deja mucho que desear y su comparecencia no empeoraría las cosas, antes al contrario, ayudaría a mejorarlas. 

Foto: InfoLibre

La transparencia y la rendición de cuentas en sede parlamentaria es uno de los peajes que los representantes políticos están obligados a abonar en un régimen democrático, en el que si un presidente del gobierno obtuvo sus títulos académicos de acuerdo a las normas legales y éticas no puede ser considerado un asunto de ámbito estrictamente personal. Aunque bien mirado, apenas si necesita Sánchez de la oposición para acelerar su desgaste al frente del Gobierno. Si no es la tesis es el máster de Montón o el cambio de postura en relación con la revalorización de las pensiones o la subida del diesel o cualquier otro asunto. Lo último ha sido la completa y absoluta desautorización de la ministra de Defensa a propósito de la venta de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí. Margarita Robles, que inexplicablemente aún no ha dimitido, ha visto como su compañero de gabinete, Josep Borrell, le enmendaba la plana y el presidente la dejaba a los pies de los caballos. 

Se le abren a uno las carnes escuchando al ministro de Exteriores o a la portavoz Celáa alabando la precisión de esas bombas porque "no causan daños colaterales"; más se le abren aún oyendo al propio presidente de un gobierno socialista anteponer las relaciones comerciales con una satrapía como Arabia Saudí y los puestos de trabajo en Cádiz a las vidas de miles de inocentes civiles en Yémen. Un Gobierno de estas características - descoordinado e incoherente - solo hace felices a los partidos de la oposición, se cava su propia fosa política y sume a los ciudadanos en la confusión y en la desconfianza. Las peripecias de Sánchez sobre el alambre de la política resultan cada día más arriesgadas para sus expectativas electorales y, lo que es peor, para un país que merece un Gobierno que baje de una vez a tierra firme y deje de columpìarse un día sí y al otro también. 

Clavijo y los medianeros

Es bien conocida la aversión del presidente canario, Fernando Clavijo, a tratar con medianeros de otros partidos políticos: a él lo que le pone es tratar en persona y personalmente con los jefes máximos de esos partidos. Así se lo espetó en su día a los socialistas canarios y así ha vuelto a hacer ahora con los populares. Justo cuando Asier Antona empezaba a entonar su aria de bravura presupuestaria, va Clavijo y se reúne en Madrid con Pablo Casado, un encuentro que vale por toda una declaración de intenciones. La versión oficial dice que el encuentro tenía como objetivo pedirle al líder de la derecha - uno de los dos líderes de la derecha, preciso - que le eche una mano para que Pedro Sánchez permita a Canarias gastarse en servicios públicos esos 600 millones de euros de superávit, que parecen pesarle como una losa al Gobierno de Canarias. 

Ni al más lerdo observador político se le pasaría por alto que en la reunión tiene que haber salido a relucir la reiterada petición de los populares canarios para que Clavijo acometa de una vez una rebaja generalizada del IGIC. Eso, o el PP no le apoyará las cuentas públicas del año que viene, año de elecciones, con lo que eso suele fastidiar a un partido en el Gobierno que aspira a repetir. Ahí tienen, además, a Pedro Sánchez remoloneando con la "agenda canaria" y posponiendo para las calendas griegas la firma de los compromisos con las Islas. Mientras él se dedica a tiempo completo a la crisis catalana y a los caprichos de Torra, algunos de sus ministros viajan a ultramar más en clave electoralista que institucional, provocando un razonable malestar ante el ninguneo. 

No creo que a Casado le cueste mucho convencer a su hombre en Canarias para que no le amargue el dulce presupuestario a Clavijo. Bastará con que le recuerde que apoyó a Sáenz de Santamaría en el congreso del PP en el que el elegido fue Casado, para que Antona se avenga a razones. Si a eso une en su recordatorio que las candidaturas del año que viene las visará Casado, el aria de bravura presupuestaria de Antona es posible que se transforme en aria amorosa ma non troppo, entonada a dúo con Clavijo en el teatro de Teobaldo Power. Claro que antes de ese dulce instante pasarán semanas y semanas en las que Antona y los suyos repetirán de lunes a lunes y de la mañana a la noche que sin bajada generalizada del IGIC no habrá presupuestos. Es el ineludible peaje que habrá que pagar un año más para escuchar al final a los populares justificando el apoyo a unas cuentas que juraron rechazar hasta el día del Juicio Final.

Foto: El Día

Es probable que para guardar las apariencias y hacerle el trance menos duro al PP, Rosa Dávila se avenga a tocar el IGIC aquí y allí, pero nada más: de rebaja general nada de nada por más que CC la lleve prometiendo para un año siguiente que nunca termina de llegar. Cuando Paulino Rivero, entonces y ahora miembro de CC, subió el IGIC amparado en las exigencias de la crisis, prometió solemnemente que en 2012 se revertiría la situación y se volvería a la presión fiscal anterior. Les ahorro el cálculo de los años que han pasado aplazando al año siguiente el cumplimiento de esa promesa, que tampoco se va a cumplir en 2019 por mucho que Antona se suba a la parra. CC volverá - ya lo está haciendo - a esgrimir sus conocidos argumentos de que sin un nuevo modelo de financiación autonómico que ponga al día los recursos que necesita Canarias para atender en condiciones sus servicios públicos, no es oportuno bajar los impuestos. 

Y no le falta parte de razón en esa justificación en la que, sin embargo, obvia el espectacular crecimiento de la recaudación en los últimos años y el efecto positivo que tendría para el consumo y la propia recaudación una menor presión fiscal, al menos en productos y servicios esenciales para la mayoría de los ciudadanos. En todo caso y a la vista de lo ocurrido el año pasado, no tengo muchas dudas de que Clavijo conseguirá una vez más salirse con la suya y sacar adelante sus segundo presupuestos autonómico a pesar de contar con menos de un tercio de los diputados de la cámara. Y ya puede Antona arrancarse por soleares si se cumple de nuevo que en donde manda capitán no manda marinero ni medianero. 

Cuenta atrás para Sánchez

El plazo de gracia que por cortesía se concede a los nuevos gobernantes para que formen equipo, aclaren sus ideas y fijen sus prioridades toca a su fin para Pedro Sánchez. El presidente lleva tres meses en La Moncloa y lo mejor que se puede decir de su ejecutoria es que lo único que parece moverle es el deseo de seguir en el puesto. Sus primeros pasos con Cataluña fueron prometedores por cuanto apaciguaron el tenso clima político. No obstante, la evidente ausencia de una clara hoja de ruta y la contumacia de un independentismo dispuesto a persistir en sus tesis, han llevado a Sánchez a cometer algunos errores de bulto, entre ellos dudar sobre la conveniencia de defender al juez Llarena tras la denuncia de Puigdemont. Al presidente se le nota demasiado que hace lo imposible para no incomodar al independentismo, hasta el punto de que se aviene a la obscenidad de poner sobre la mesa la posibilidad de influir sobre la Fiscalía para que sea comprensiva con los líderes del procès en prisión. Los independentistas, mientras, responden a sus desvelos con más de lo mismo y con un soberano corte de mangas a su conocida propuesta de elaborar un nuevo Estatut y someterlo a referéndum. 

Por lo demás, estos tres meses se han caracterizado por un goteo permanente de propuestas y anuncios pensados más para la galería y la hinchada ideológica de parte del PSOE y de Podemos, su implacable socio parlamentario. En la mayoría de los casos se trata de iniciativas traídas por los pelos, como la brillante idea de la vicepresidenta Calvo de reescribir la Constitución para dotarla de un lenguaje "inclusivo". En ese grupo cabe también incluir la llamada "resignificación" del Valle de los Caídos que ha devenido ahora en "cementerio civil". Franco y la memoria histórica se han convertido en los banderines de enganche de un Gobierno que, consciente de su debilidad política, intenta disimularla con trucos de magia como la creación de una "Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil", nada menos que ochenta años después de su fin y como si la gigantesca bibliografía histórica sobre ese asunto no hubiera aclarado nada Lo anterior no significa que no deba el Gobierno dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y al acuerdo parlamentario sobre la exhumación de los restos del dictador. Lo que se cuestiona es la urgencia y el expeditivo sistema del decreto ley empleado para la puesta en práctica de la medida. Tanto gusto parece haberle cogido Sánchez al decreto ley que ya se ha olvidado de cuando criticaba al PP por hacer lo mismo que él hace ahora sin que medie ni urgencia ni necesidad inaplazable. 

Foto: EFE

En esta feria de propuestas, anuncios y ocurrencias no faltan los resbalones, los olvidos y las contradicciones de un Gobierno al que se le nota descoordinado y falto de ideas concretas de lo que se propone hacer. El último de esos episodios ha sido el incremento de la fiscalidad del diesel, anunciado por la mañana en la radio por el presidente y calificado poco después de "globo sonda" por la ministra de Industria; por no hablar del "gol por la escuadra" del sindicato de prostitutas, o del impuesto a la banca que iba a contribuir a financiar las pensiones y del que nada más se ha vuelto a saber. No ha sido menor el desconcierto y la cofusión en inmigración, con un Gobierno que empezó enarbolando la bandera del Aquarius para pasar a las devoluciones en caliente por las que tan duras y merecidas críticas recibió el PP por parte del PSOE en la oposición. 

Sánchez dice ahora que la única opción del Gobierno es aprobar unos nuevos presupuestos en el primer trimestre del año que viene. Lo que no dice es si está dispuesto a adelantar las elecciones si no lo consigue, aunque es lo que parece deducirse de su afirmación. De buscar el acuerdo con el PP y Ciudadanos no ha dicho nada Sánchez, que en esto tampoco se diferencia de Rajoy, quien ni siquiera se molestaba en llamar a negociar a aquellos con los que daba por hecho a priori que no podría llegar a acuerdos. Tengo la impresión de que Sánchez empieza a tentar a su suerte y a estirar su estancia en La Moncloa más allá de lo que le conviene electoralmente. Tal vez convendría que fuera pensando en llamar a las urnas antes de que el souflé de las encuestas empiece a bajar, algo de lo que empieza a detectarse algún que otro síntoma. El tiempo y su manifiestamente mejorable presidencia de estos tres meses empiezan a jugar seriamente en su contra. 

Sánchez, solo ante el peligro

Con los interesados compañeros de viaje que tiene, no debería Pedro Sánchez preocuparse mucho de la oposición del PP y de C's. Me maravilla que haya gente que se espante aún de que Unidos Podemos o los independentistas catalanes, le hayan dado la espalda y dejado solo ante el dilema de seguir gobernando con las cuentas del PP o adelantar las elecciones. Lo que no se le puede negar a nadie es legitimidad democrática para tumbar los planes presupuestarios de Sánchez, de cuya debilidad parlamentaria solo él es el responsable. Cosa bien distinta es que sea posible encontrar algo de coherencia entre el discurso político de la oposición - la oficial y la encubierta -  y el interés general. Analizando actor por actor del nuevo sainete, lo que se encuentra es un ejercicio más de cortoplacismo electoral que no se compadece en absoluto con las necesidades del país.

De un PP, cuyo nuevo líder quiere imprimir su propio sello opositor y dejar claro quién manda en la derecha, no se puede esperar que contribuya a paliar las secuelas que sus propios políticas de austeridad causaron a la sociedad española. Y eso, ni aunque lo autorice Bruselas, la coartada perfecto de la que echó mano siempre Rajoy para apretarnos el cinturón a conciencia. Ciudadanos, intentando por su parte volver a encontrar su sitio en la derecha después de la invasión casadista de su territorio político, tampoco está por la labor de darle un respiro a los españoles si eso implica también darle aire a Sánchez.

En la supuesta izquierda del PSOE tampoco debería sorprender la posición de Podemos: como en la fábula de la zorra y las uvas, rechazó el aumento del gasto público que propuso el Gobierno porque le pareció insuficiente. Es muy propio del populismo despreciar la parte cuando no puede conseguir el todo, sin importar si de ese modo perjudica objetivamente a quienes con cuya defensa se llena la boca de la mañana a la noche. Tampoco sorprende que los independentistas catalanes le hayan hecho un soberano corte de mangas a Sánchez y ni siquiera le hayan reconocido los esfuerzos para pacificar las relaciones políticas con Cataluña. Tampoco a ellos les preocupa otra cosa que no sea el delirio independentista y los problemas de la sanidad, la educación o los servicios sociales deben sonarle a castellano antiguo.

El Gobierno de Sánchez se encuentra ahora entre la espada y la pared: el previsible rechazo por segunda vez del objetivo de déficit y el techo de gasto, abrirá un abismo político a sus pies que va a tener muy difícil sortear dada su menguante capacidad de salto. Si dentro de un mes la oposición oficial y la encubierta vuelven a rechazar sus planes, tendrá que decidir si sigue en La Moncloa con los presupuestos del inquilino anterior o llama a los españoles a las urnas. Salvo que encuentre una tercera vía, que está por ver, la mejor opción  para el interés general es la segunda y es la que debería prevalecer cuando un gobierno no es capaz de aprobar la ley más importante del año, la de presupuestos.

 Ocurre, sin embargo, que ni siquiera en el Gobierno parece haber acuerdo: del "no aguantaremos más de los razonable" de la ministra Celáa, se ha pasado al "habrá Presupuestos y no se adelantarán las elecciones " de Carmen Calvo. Debería explicar Sánchez a los españoles cómo piensa conseguir lo que promete su vicepresidenta y, de paso,  estrenarse en una rueda de prensa a tumba abierta como presidente, una actividad en la que sigue inédito dos meses después de llegar a La Moncloa. Suya es la competencia para convocar elecciones o estirar una legislatura, que una vez más va camino de la parálisis a medida que se acerquen las fechas electorales.

Con ese panorama y mirado incluso con los ojos del interés partidista, atornillarse al sillón contra viento y marea podría malograr la mejora de sus expectativas en las encuestas electorales. Estos son solo algunos de los peajes por vivir en La Moncloa y usar el Falcon para la agenda cultural; son también las consecuencias de una moción de censura instrumental en la que lo más difícil no fue encontrar socios para echar a un presidente que merecía ser echado, sino gobernar cuando te dejan solo ante el peligro. 

Canarias tiene razón

Después de años apretándose el cinturón, seguramente mucho más de lo que era incluso saludable, debería tocar recoger los frutos del sacrificio. Una comunidad históricamente mal financiada como Canarias - entrar ahora en las causas nos llevaría demasiado tiempo -, tiene derecho a que se le reconozca el esfuerzo en el cumplimiento del objetivo de déficit y la estabilidad presupuestaria. Porque aún padeciendo una deficiente financiación de sus servicios públicos recortó el gasto,  hasta el punto de que aún tendrá que pasar mucho tiempo para volver a la situación previa a la crisis, que ya era manifiestamente mejorable. Fruto de un sacrificio injusto para unas islas con múltiples carencias, la comunidad autónoma presume de tener equilibradas sus cuentas, que incluso presentan superávit, y su deuda bajo control. Otras, en cambio, continuaron gastando a espuertas como si no hubiera un mañana y endeudándose hasta las cejas y más arriba.

El incumplimiento de las normas que se suponía obligatorias para todos, no les acarreará en cambio ninguna de las consecuencias previstas. Antes al contrario, serán premiadas con un nuevo alivio del objetivo de déficit en 2019 que les va a permitir gastar del orden de unos 2.500 millones de euros más de los previstos inicialmente. Ese alivio apenas le sirve en cambio a las comunidades que, como Canarias, hicieron los deberes hace tiempo y que lo que necesitan es poder destinar lo que han ahorrado a mejorar los servicios públicos. Es aquí en donde entra la controvertida regla de gasto, por la que se establece el tope que pueden destinar las comunidades autónomas a fines como financiar las competencias transferidas por la administración central, entre otras la sanidad y la educación. No es necesario ser un experto para comprender que si la regla en cuestión se aplica por igual a todas las autonomías, hayan o no cumplido sus obligaciones con la estabilidad presupuestaria, las perjudicadas serán las cumplidoras y las beneficiadas las incumplidoras.

Es, expresado en otros términos, un evidente agravio comparativo que no hace sino ahondar la brecha y el recelo entre comunidades. Se podría debatir largo y tendido sobre si Canarias debió haber sido menos estricta en el cumplimiento de sus deberes con el déficit ante la evidencia de que, no por eso, el Gobierno central iba a ser más condescendiente con las necesidades de una de las comunidades peor financiadas. Siempre he creído que el Gobierno canario erró cuando decidió convertirse  en el primo de Zumosol del déficit a costa de deteriorar hasta niveles alarmantes los servicios públicos. Una política menos seguidista de la obsesión por el déficit que presidió la gestión del PP, seguramente habría permitido que la sanidad, la educación y los servicios sociales sufrieran mucho menos y que las islas no se vieran hoy implorando de Madrid que le permita gastarse el dinero ahorrado. Una petición que, dicho sea de paso, el Gobierno de Canarias debió haber planteado también al de Rajoy con la misma contundencia con la que ahora se la plantea al de Pedro Sánchez.

Aún así y partiendo de que no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, es de justicia que el Gobierno de Sánchez busque la manera legal de diferenciar el cumplimiento de la regla de gasto, para que el dinero que hemos ahorrado todos los canarios en años de esfuerzos que otros no hicieron, revierta en la mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ese trato diferenciado se antoja más justo si cabe, si tenemos en cuenta que el propio Sánchez ha descartado de plano afrontar en lo que queda de legislatura la ya tantas veces aplazada modificación de la financiación autonómica. Es probable que en el PSOE hacer distinciones con comunidades autónomas por muy cumplidoras del déficit que hayan sido, no debe entusiasmar demasiado ante la previsible reacción del resto de autonomías. Aunque bien mirado, aplicando la misma receta a todas sí hace distinciones de facto al beneficiar a las últimas de la clase en detrimento de las primeras.

Creo que Canarias pone en la balanza razones objetivas de mucho peso que no puede exhibir la mayoría del resto para plantear la misma petición. Toda vez que no habrá nueva financiación autonómica a corto plazo y que quienes han eludido los sacrificios que hizo Canarias se verán premiadas con un déficit más llevadero, nada de trato de favor tendría que se autorizara a esta comunidad a emplear sus propios recursos en atender sus maltrechos servicios públicos.  

El mal día de Ábalos

Ayer no fue un buen día para José Luis Ábalos, flamante ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE. Que en una misma mañana detengan por presunta corrupción al presidente de la diputación valenciana y compañero de partido, Jorge Rodríguez, y casi al mismo tiempo te empitone Ana Oramas, no es una experiencia que se le deba desear a nadie. De las andanzas de Rodríguez en Valencia ya se encargará la Justicia, pero de las causas del enfado de Oramas tendrá que encargarse Ábalos y hay expectación para saber cómo lo resuelve. Y más le vale irlo haciendo con toda la celeridad de la que sean capaz él y su nuevo equipo porque el asunto no es menor: estamos hablando nada menos que de aplicar la subida hasta el 75% del descuento que tendrán los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para viajar a la Península. El compromiso, merecidamente calificado de histórico, lo cerraron Rajoy y el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, poco antes de la defenestración política del primero. Como tal se convirtió en enmienda y se incorporó a los Presupuestos del Estado que hoy mismo ha aprobado el Congreso y que el BOE publicará en un par de días. 

Ocurre, sin embargo, que alguien hizo un copia y pega y trasladó a la enmienda de este año la que en los Presupuestos del año pasado establecía el mismo descuento para los viajes interinsulares. En la maniobra no se eliminó la coletilla en la que se "autoriza" al Gobierno a aplicar la medida y es aquí en donde el conejo me riscó la perra. Con voz atascada y un punto altiva, Ábalos dio cuenta en el Congreso de la retahíla de trámites, informes y polizas con los que debe contar el Gobierno para poder hacer realidad el acuerdo sin violentar la legalidad. En el mejor de los casos y contando a la pata la llana el proceso llevará seis meses, cuando resulta que ya eran miles los canarios, baleares, ceutíes y melillenses que salivaban pensando en darse un salto veraniego a la piel de toro aprovechando el abaratamiento de los billetes. 

Foto: El Español

Después de la ducha de agua helada del ministro, ahora hemos entrado en la fase en la que Nueva Canarias le echa la culpa al PP, el PP se la echa a Nueva Canarias y al PSOE y el PSOE a todos los demás a la vez.Y esto, después de que todos lleven semanas apuntándose la medalla del acuerdo bien por conseguirlo, por concederlo o por apoyarlo. Es muy posible que alguien no hiciera bien sus deberes y no revisara con lupa la redacción de la enmienda de marras; incluso cabe la posibilidad de que estemos ante una bomba de relojería que Montoro ha dejado de recuerdo a los canarios por tantos buenos momentos compartidos. Ni lo sé ni me importa mucho saberlo, la verdad: lo que no me cabe en la cabeza es que no haya arreglo para el estropicio, lo cometiera quien lo cometiera. No se trata de pedirle a Ábalos que prevarique sino de que busque la manera legal - que seguro existe - de que la medida entre cuanto antes en vigor y satisfaga la expectativas que los políticos - todos sin apenas excepciones - han contribuido a generar. 

Estamos hablando de un acuerdo con amplio respaldo del Congreso y con dotación presupuestaria, de manera que de lo que se trata es de encontrar el procedimiento legal que permita aplicarlo a la mayor brevedad posible. Todo lo demás suena más bien a resabios burocráticos en boca del imberbe ministro Ábalos. Tal vez haría bien el propio Pedro Sánchez en implicarse en la solución de este lío y sacar a sus compañeros del PSOE canario del mal paso al que los ha llevado Ábalos. Haría así honor el presidente a su reiterada promesa pública de cumplir la llamada agenda canaria y daría muestras de saber lo que significa para los ciudadanos de estas islas no haber recibido el maná muchimillonario del AVE y no tener más alternativa que el avión para sus desplazamientos al resto del territorio nacional. De paso, hasta puede que le evite a su ministro Ábalos otro mal trago parlamentario como el de ayer.    

A financiación ida, palos a Sánchez

Comprendo que a un buen puñado de líderes autonómicos no les haya hecho gracia que Pedro Sánchez renuncie a meterse en el avispero de reformar la financiación autonómica antes de que acabe esta legislatura. Hace años que se viene esperando por la modificación de un modelo que la mayoría considera injusto y desequilibrado y, escuchar que la situación no cambiará al menos antes de dos años, no puede ser una buena noticia. Incluso entre las autonomías del PSOE como Andalucía, la posición de Sánchez se ha recibido con una mueca a medio camino entre el enfado y la decepción. Téngase en cuenta que no son precisamente virutas ni calderilla lo que está en juego, sino el dinero para pagar la sanidad, la educación o la dependencia. Canarias, con unos servicios públicos históricamente muy mal financiados por parte del Estado, ha sido de las primeras en afearle a Sánchez que ni siquiera lo intente.

El Gobierno autonómico le recuerda al presidente lo avanzadas que estaban las negociaciones con el Gobierno anterior y los informes técnicos ya elaborados sobre este asunto. Aún así, y a pesar de que el retraso es perjudicial para las islas, también es cierto que las negociaciones con el Ejecutivo saliente han concluido en un logro histórico: separar esa financiación del REF, el régimen que compensa la lejanía y la insularidad canarias. No es la panacea pero supone un importante alivio para hacer frente a los gastos de los servicios esenciales. El presidente se compromete, además, a negociar comunidad por comunidad la mejora de su situación y es aquí en donde ha vuelto a saltar la alarma: la posibilidad de dar trato de favor a las comunidades que en época de cinturones apretados para todas siguieron gastando como si no hubiera un mañana. Ahí sí tiene razón el Gobierno canario, el más cumplidor de la clase, en advertir a Sánchez de que no premie a los incumplidores y castigue a los que cumplieron.

Foto: El Confidencial

Dicho eso, la distribución de los recursos públicos entre las autonomías para hacer frente a los servicios básicos transferidos por el Estado es una de las viejas asignaturas que este país no termina de aprobar por más que lo intente una y otra vez. Ninguno de los modelos ensayados hasta ahora ha funcionado y, por lo general, ha provocado más rechazos que apoyos. Allá por principios de 2012, siendo entonces Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta del Gobierno, se anunció la reforma del modelo de financiación antes de que acabara aquel año. Cuenten los años que han pasado y verán que estamos casi en el mismo punto de partida: salvo una reunión de presidentes autonómicos en donde Rajoy reiteró el compromiso de cambiar la financiación y se encargó un informe a un grupo de expertos elegidos por las autonomías, poco más se ha hecho. Luego se desató Cataluña, el PP perdió la mayoría absoluta y todo quedó pendiente para tiempos más favorables. Sin embargo, ha sido llegar Sánchez a La Moncloa y ya le exigen las autonomías que cumpla en menos de dos años lo que Rajoy, con mayoría absoluta, no cumplió en seis años y medio porque no quiso, no supo o no pudo.

Es más, dudo mucho de que Rajoy hubiera abierto este melón de haber seguido de presidente y dudo aún más de que algunas comunidades como Canarias se lo hubieran reprochado como se lo reprochan a Sánchez. Con la situación política en Cataluña lejos de estar normalizada, con los precarios apoyos del presidente y con apenas dos años antes de las nuevas elecciones si en efecto es capaz de llegar a 2020, no parece razonable exigirle a Sánchez que abra un asunto de esa complejidad. Puede que haya quienes deseen que el presidente se haga el harakiri metiéndose en un debate con muchas probabilidades de acabar como el rosario de la aurora o, en el mejor de los casos, con un mal acuerdo que volvería a dejar a todo el mundo descontento. Poco se avanzará en resolver este asunto si no se piensa en un modelo de financiación capaz de durar dos o tres décadas sin generar tantas quejas y agravios como el actual. Lo llamativo es que algunos barones socialistas se unan a las críticas al presidente en un ejercicio de aparente ignorancia de las actuales circunstancias políticas. Razón tenía aquel que dijo que hay rivales políticos y después están los compañeros de partido.

El borroso borrador vacacional

El borrador de decreto con el que se pretende regular el alquiler vacacional en Canarias, más que resolver las disfunciones de esta actividad las difumina. Es cierto que se trata de una propuesta abierta a las alegaciones de los actores implicados que deberían servir para mejorarla sustancialmente. Sin embargo, los mimbres sobre los que se basa no permiten siquiera atisbar un mínimo consenso entre todos los intereses y derechos que hay en juego. A la vista de las primeras reacciones, lo que se adivina es un consenso contrario a las premisas de las que parte el Gobierno. Insistir en la prohibición del alquiler vacacional en zonas turística tradicionales, salvo que el cabildo o el ayuntamiento correspondientes decidan lo contrario, tiene el riesgo de reincidir en un error que ya anuló el TSJC en un fallo recurrido por el Gobierno canario ante el Tribunal Supremo. Mutatis mutandi, nada impediría que por el mismo motivo acudieran de nuevo a los juzgados los propietarios que consideren vulnerado el derecho a hacer uso de su propiedad privada según su deseo y de acuerdo con la ley. En esa misma situación se encontrarían los dueños a los que se les prohíbe alquilar a turistas habitaciones de su vivienda habitual.

Más allá de lo llamativo que resulta que la opción reguladora elegida por el Gobierno haya sido precisamente la que con más ahínco ha defendido casi en solitario la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, en el borrador no se aclara de manera suficiente por qué no se puede destinar a alquiler vacacional una vivienda situada en suelo residencial de una zona turística tradicional, salvo que el ayuntamiento o el cabildo decidan lo contrario. Bien está que se intente proteger el derecho de los residentes en esas zonas a acceder a una vivienda a precios razonables. Sin embargo, la prohibición no se extiende expresamente a las áreas urbanas en donde el alquiler vacacional está en auge y en donde los precios del alquiler de larga estancia han subido también a niveles estratosféricos. El mismo derecho asiste a los vecinos de estas zonas como a los de las turísticas y sin embargo sólo se prohíbe con carácter general en las segundas y se deja al albur municipal en las primeras. Es incluso previsible que en estas últimas el alquiler para los residentes se incremente aún más al reducirse el ámbito en el que una vivienda se puede destinar al alquiler turístico.  

De entrar en vigor este decreto en términos similares a como fue presentado el borrador, tendrán que ser cabildos y ayuntamientos los que precisen la letra pequeña de la regulación a partir de una propuesta excesivamente abierta. Partiendo de que los modelos turísticos canarios no son uniformes, tiene sentido que el Gobierno permita a las corporaciones insulares y locales una cierta modulación en la regulación del alquiler vacacional en sus respectivos ámbitos territoriales. Eso, sin embargo, no puede desembocar en una mayor inseguridad jurídica, en regulaciones completamente antagónicas - en teoría el ayuntamiento de un municipio turístico puede prohibir el alquiler vacacional y el de al lado autorizarlo - y en distintas velocidades en función del desarrollo del planeamiento urbanístico municipal o los planes insulares de ordenación del territorio. 

El Gobierno, que reconoce que de las casi 30.000 viviendas de alquiler vacacional que hay Canarias sólo unas 6.000 están registradas, tampoco precisa en su borrador qué mecanismos o medidas aplicará para combatir la economía sumergida que rodea la actividad. Como demuestra con creces la experiencia, las prohibiciones y las restricciones más que solucionar los problemas los enquistan y son un caldo de cultivo perfecto para que florezca la ilegalidad.  Desde luego, 14 inspectores para controlar un fenómeno en ebullición como este son a todas luces demasiados pocos inspectores. Que estemos ante un problema complejo no es causa suficiente para renunciar a ejercer las competencias de las que se es titular sino más bien para todo lo contrario: a los ayuntamientos les corresponden entre otras las competencias sobre la convivencia entre visitantes y vecinos y a los cabildos la ordenación del territorio y el encaje en él de las actividades económicas. Sin embargo, es responsabilidad del Gobierno y solo del Gobierno regular de manera mucho más precisa que lo que hace este borrador una actividad que no es posible detener con prohibiciones y hacerlo, sobre todo, pensando en el interés general y nunca en el particular o en el de determinados grupos de presión por poderosos que sean.   

Otra UE es posible, pero hay que imaginarla

Uno de los deportes favoritos de los euroescépticos es denostar a la UE; no digamos nada de los eurófobos como ha puesto de manifiesto el brexit o el ascenso de la derecha populista y xenófoba en varios países europeos. Admito que formo parte de ese amplio grupo de ciudadanos que ha ido perdiendo progresivamente la fe en el proyecto europeo de integración: han sido muchas decepciones y pocas alegrías, sobre todo por la manera de gestionar la brutal crisis de la última década. Observar a una UE sometida al dictado alemán dedicando todos sus desvelos a resolver el problema de los mercados financieros y ninguno a las consecuencias sociales de la crisis, no ayudó mucho a aliviar  el escepticismo sobre un proyecto que parece sin rumbo ni objetivos definidos. Tal vez por eso nadie parece capaz tampoco de explicar a los ciudadanos qué es y hacía dónde va la UE. De esa idea parte precisamente un libro relativamente reciente del politólogo Daniel Innerarity titulado "La democracia en Europa" ( Galaxia Gutenberg). 

Confieso que después de su lectura mi pesimismo europeo ha cedido un poco pero solo un poco. Entre las muchas habilidades del autor figura la de derribar mitos y tópicos políticos aún reconociendo que detrás de un tópico siempre hay al menos un poco de verdad. El primero de ellos es la inutilidad que tiene pensar en la UE como en una mera suma de estados en vez de imaginar un proyecto que trasciende el concepto tradicional del estado nación circunscrito a un ámbito territorial, social y político perfectamente delimitado.  En este contexto también carece de sentido reprocharle déficit de calidad democrática a una UE que en realidad sólo es el reflejo de los estados que la conforman. Sin embargo - sostiene - los ciudadanos no le dan la espalda a Bruselas solo porque detecten poca calidad democrática sino porque no entienden o no confían en lo que se ventila en las instituciones comunitarias. A partir de aquí desarrolla Innerarity un sugerente análisis sobre el déficit democrático de la UE y la lentitud de gigante con pies de barro con la que toma decisiones. Considera que la eficiencia de esas decisiones puede ser un elemento de legitimidad democrática pero advierte contra el peligro de caer en la tecnocracia, algo que en mi opinión ya ocurre con frecuencia. Eficiencia de las decisiones y legitimidad democrática de quienes las toman - dice el autor - deben estar equilibradas. 

Frente a quienes temen que un fortalecimiento de las instituciones democráticas vaya en detrimento de la soberanía del estado nación, Innerarity echa mano una vez más del hilo conductor de todo el libro: la única manera de avanzar en la integración es superar la visión alicorta circunscrita de manera exclusiva a los intereses nacionales. Para avanzar en la integración - viene a decir Innenarity - hay que ceder soberanía. Lo que no es razonable es exigir a los estados una legitimidad democrática que debido a la globalización y la transnacionalización no están en condiciones de proveer. Sólo la UE podría hacerlo y de ahí la paradoja de que sea precisamente ese gigante al que tan poco democrático vemos el que pueda garantizar los principios esenciales de la democracia: solo él - viene a decir Innerarity - puede garantizar una respuesta democrática de los estados miembro ante esta nueva realidad. 

El autor se pregunta si existe un "demos" europeo que dé legitimidad democrática a la UE y concluye que no existe tal figura dada la diversidad de culturas e intereses de los diferentes pueblos del viejo continente. Ahora bien, en su opinión tampoco es imprescindible su existencia ya que una red institucional que asuma los asuntos a los que los estados no pueden hacer frente por separado, sería suficiente para esa legitimidad democrática. La propuesta es cuando menos discutible ya que estaríamos ante algo así como una suerte de "democracia sin pueblo". Innerarity imagina una UE dinámica y contingente, con capacidad de adaptación a los cambios y liberada de las ataduras del estado nación, aunque faltaría saber cómo se concreta esa idea en una Europa sujeta a la éjida alemana y con cerca de treinta estados mirando más sus intereses nacionales que por los comunitarios. 

En aras a paliar el déficit democrático propone incrementar el poder del Parlamento Europeo y  ceder determinadas competencias estatales a organismos comunitarios, todo ello con el fin de alejar la toma de decisiones del cortoplacismo político que imponen los sondeos electorales a los partidos. No abunda - y es una pena - en cómo hacer que en el ámbito comunitario se produzca la competencia electoral entre partidos que tiene lugar en el ámbito estatal y que es precisamente una de las señas de identidad de todo sistema democrático. Se decanta en cambio porque las instituciones comunitarias y los lobbys de presión estrechen sus lazos, lo cual no deja de ser ser arriesgado e incluso peligroso para los intereses de los ciudadanos. Con lo que no se puede sino estar de acuerdo es con la crítica a la gestión de la crisis, cuyos principales fallos achaca a una arquitectura comunitaria incompleta con moneda única pero sin unidad fiscal ni política. 

El autor aboga por combinar la responsabilidad fiscal de los estados con la solidaridad entre ellos y por hacer posible que los ciudadanos de un país puedan decir algo sobre las decisiones de otro que les afecten. Por último y por lo que supone de desdén por la democracia, el autor rechaza de plano ese lenguaje de la irreversibilidad al que nos acostumbraron los políticos españoles  durante la crisis ("esto es lo que hay y no se puede hacer otra cosa"), y anima una vez más a ver en la UE la oportunidad para rescatar la democracia en un plano nuevo y distinto al del estado nación en donde ya no es realizable plenamente. En resumen, ideas valientes en una UE enmarañada y desnortada, causas principales del desafecto ciudadano y de la bajísima participación en las elecciones al Parlamento Europeo. Ideas controvertidas pero imaginativas para fomentar el debate y romper el círculo vicioso en el que dan vueltas el europtimismo acrítico y el euroescécpticismo  pesimista.   

Turistificación: el peligro de la turismofobia

Podría decirse parafraseando el Manifiesto Comunista que un fantasma recorre el sur de Europa: la turistificación. La palabrota se refiere a la creciente presencia de turistas en ciudades como Venecia, Lisboa, Barcelona, Sevilla, Valencia o Madrid. La novedad es que no son turistas de paso, que han llegado en guagua para una visita rápida y luego siguen su camino. Se trata de turistas alojados en pisos de estas ciudades en donde se quedan hasta dos semanas, conviviendo con los lugareños. Ocurre que no siempre el roce hace el cariño y encontrarte a diario en la escalera o en el ascensor con personas a las que no has visto en la vida y que ni siquiera hablan español,  no siempre es una experiencia estimulante. No digamos nada si se toman las vacaciones al pie de la letra y organizan una fiesta flamenca en el piso de arriba a las dos de la madrugada. Los observadores advierten de que son ese tipo de situaciones y el alza de los alquileres las que pueden dar lugar a brotes de turismofobia como los que se registraron el pasado verano en Barcelona. Es cierto que no han ido a mayores pero habría que actuar antes de que eso pase. 

Es aquí, precisamente, en donde está el nudo gordiano del problema: cómo afrontar la regulación de una actividad que no es flor de un día y en la que están en juego intereses económicos opuestos y determinados derechos como el de la propiedad o el del descanso. Respecto de los primeros, asistimos a una batalla a brazo partido entre el alojamiento tradicional de hotel y apartamento y el auge del alquiler vacacional, más económico y atractivo para quienes huyen del turismo masivo y quieren conocer a fondo la ciudad que visitan. Consumen en los negocios locales generando riqueza y empleo e incluso contribuyen a la rehabilitación de edificios emblemáticos. 

Frente a los indudables aspectos positivos, los hay también negativos y no pocos. La falta de regulación hace que una inmensa mayoría de los pisos dedicados al alquiler vacacional no exista para la Hacienda pública, lo que constituye una flagrante competencia desleal con respecto a los establecimientos convencionales. El fenómeno distorsiona también el mercado al presionar al alza el precio de los alquileres para los residentes que tienen enormes dificultades para alquilar a precios razonables. No son extraños los casos en los que los caseros hostigan a sus inquilinos para que dejen la vivienda libre con el fin de destinarla al alquiler vacacional. Puede que en el problema influyan otros factores como la falta de viviendas sociales o el parque de pisos vacíos en manos de los bancos, pero el alquiler de viviendas para fines turísticos es determinante. 

Como consecuencia perversa cabe mencionar también el proceso de expulsión a la periferia de ciudadanos que viven de alquiler en el centro de las ciudades y que no pueden hacer frente a las subidas que el propietario les exige. La guinda de todo lo anterior es el deterioro de la convivencia social, un fenómeno al que las autoridades deberían prestar mucha más atención. Su obligación es evitarlas regulando el sector, como pretende hacer de un modo un tanto drástico el ayuntamiento de Palma: prohibir el alquiler vacacional en todo el municipio salvo en viviendas unifamiliares. En Canarias, después de que una sentencia tumbara la regulación de esta actividad por prohibirla en las zonas turísticas, el Gobierno regional lleva casi dos años dándole vueltas a un nuevo decreto que no termina de ver la luz ni en forma de borrador. 

Todo indica que es el rechazo frontal de la poderosa patronal hotelera tinerfeña a la autorización de los pisos para turistas en zonas turísticas, lo que está demorando la aprobación de la medida. Aceptar esa condición implicaría insistir en lo que la Justicia ya ha dicho que es ilegal, que no se puede establecer esa prohibición porque vulnera la libre competencia e incluso el derecho a hacer uso de la propiedad privada para fines lícitos. Gobernar es asumir responsabilidades y pisar callos si hace falta; la inactividad mientras los problemas se enquistan no es gobernar y tampoco lo es pretender endosarle a ayuntamientos y a cabildos una competencia que es del Ejecutivo. No se entendería que, mientras por un lado reclama nuevas competencias, por el otro se inhibe por incómodas de las que ya tiene.

Rajoy desatado

¿Quién dijo que Rajoy es un inmovilista, que no da un palo al agua y que se sienta a esperar que los problemas se resuelvan con el tiempo y una caña? Eso son solo burdas mentiras y manipulaciones de la prensa que le tiene ojeriza: Rajoy es un presidente muy activo, de los más activos que ha tenido España en democracia. Vean, por ejemplo, los acuerdos para subir las pensiones que se ha marcado en las últimas semanas con Ciudadanos primero y con el PNV después. Es una pena que los ingratos pensionistas no se lo hayan agradecido como se merece y persistan en sus protestas callejeras. Se quejan de que el acuerdo medio arregla el problema este año y el que viene y quieren saber qué va a pasar después. Debe ser que no tienen intención de morirse pronto y aliviarle así un buen dolor de cabeza al presidente. 

En esa actividad frenética que Rajoy viene protagonizando desde hace semanas se enmarca hoy una reunión al más alto nivel con la cúpula de Nueva Canarias, incluyendo al diputado Quevedo, conocido ya en ambientes parlamentarios como el "diputado 176". Se trata de garantizar que en los presupuestos de este año haya dinero suficiente para pagar la subida del descuento aéreo de los residentes del 50% al 75%. Eso para empezar a hablar, porque Román Rodríguez amenaza con ponerle a Rajoy un tocho de enmiendas en la mesa de La Moncloa por importe de 380 millones de euros que a ver cómo se lo salta el presidente. Si quieren que les diga la verdad, tentado estoy yo también de aprovechar que el presidente derrocha liberalidad estos días para pedirle algo aunque no se me ocurre qué. 

Lo que no está nada claro y empieza a preocuparme un poquito es cómo piensa pagar Rajoy tanta esplendidez presupuestaria como viene exhibiendo en esta temporada primavera - verano. Una generosidad que, dicho sea de paso, no me cabe duda alguna de que no tiene ningún tipo de relación con su situación de minoría parlamentaria y la necesidad casi existencial de seguir en La Moncloa un par de años más a ver si consigue rearmar las maltrechas naves populares frente al abordaje de Ciudadanos. El presidente - todos lo saben - es hombre generoso con las necesidades sociales de los ciudadanos y aunque no estuviera en minoría seguro que habría respondido con la misma magnanimidad. 

Pero esto parece que no lo entienden en Bruselas, en donde un cenizo comisario de Economía le ha recordado al Gobierno español que es el único país de la UE que sigue bajo la lupa comunitaria por déficit excesivo y que las alegrías presupuestarias del mago Montoro no van a ayudar a salir de esa situación. Ya sé que el Gobierno habla ahora de obligar a las grandes empresas tecnológicas a pagar un impuesto para financiar la alegre subida de las pensiones urbi et orbi. Yo, perdonando el escepticismo, lo creeré cuando lo vea. En todo caso, la consigna entre las fuerzas políticas cuyo voto es decisivo para salvar las cuentas y con ellas a Rajoy, es aplicar la máxima de que las ocasiones las pintan calvas - barbadas en este caso - y sacar el máximo rédito posible. Y no digo yo que no sea lógico y hasta cierto punto necesario, pero también me pregunto si esto lo vamos a tener que terminar pagando de un modo u otro todos los ciudadanos. Lo que sí me parece una lástima es que al activo Rajoy no esté ni se le espere para explicar cuándo piensa ocuparse de la corrupción en su partido o cuál es su hoja de rota para Cataluña. No desesperemos ni pensemos mal, seguramente es por falta de tiempo.   

Mario Vargas Llosa y el liberalismo

No es mucho lo que el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aporta a la ciencia política con su último libro titulado "La llamada de la tribu" (Alfaguara, 2018), que acabo de leer. Se trata de un trabajo próximo al panfleto en ocasiones, en el que hace un  bosquejo superficial de la obra y  figura de unos cuantos prohombres del pensamiento liberal desde Adam Smith a Jean - François Revel, pasando por Ortega y Gasset, Hayek, Popper, Aron y Berlin. Ni en lo personal aporta el gran escritor ninguna noticia nueva sobre su opción política, ni en lo doctrinal propiamente dicho hay ningún punto de vista original o renovador del pensamiento liberal. De cada uno de los seleccionados se limita a espigar unas cuantas ideas que no por casualidad son casi siempre las mismas en todos ellos: la libertad y  el riesgo de que un Estado demasiado poderoso la sustituya por la tiranía totalitaria. 

Que proclame que el liberalismo es el único sistema político que garantiza las libertades democráticas tal y como se conciben en el mundo occidental no es precisamente un descubrimiento científico de primer orden. Como él mismo se encarga de subrayar de manera casi obsesiva a los largo de las más de trescientas páginas del libro, ahí tenemos al derrumbado régimen soviético de recordatorio permanente de lo que el estalinismo o, en el extremo opuesto el nazismo, pueden llegar a suponer. En efecto, la Unión Soviética, China y Cuba son - entre otros países -  sus objetivos predilectos a la hora de confrontar las ideas liberales con el comunismo y sacar la conclusión de que sólo las primeras pueden garantiza libertad, paz y progreso a los ciudadanos. Nada que objetar a eso sobre el papel: en efecto, la democracia solo puede ser liberal o no es.

A sus iconos del liberalismo les dispensa el autor un trato comprensivo de sus errores o sus contradicciones pero a Marx y a los marxistas los somete al tercer grado página tras página. La sospecha de que la honestidad intelectual de Vargas Llosa cojea ligeramente se confirma cuando alaba sin ningún tipo de rubor político las figuras de Reagan y Thatcher, en buena medida responsables ambos de las medidas desreguladoras que están en el origen de la crisis y de la privatización de servicios públicos esenciales con las que se enriquecieron las empresas privadas y se empobrecieron los ciudadanos en el Reino Unido. Ninguno de estos asuntos aparecen mencionados en el libro, en donde ni siquiera se hace una mínima alusión a otras consecuencias negativas derivadas de un sistema como el capitalista, estrechamente vinculado al liberalismo.

Por solo citar algunas, los graves problemas medioambientales de ámbito global como el cambio climático, la preminencia de los intereses de las empresas financieras transnacionales frente a los gobiernos nacionales y sus ciudadanos o el incremento de la desigualdad entre ricos y pobres. Vargas Llosa pone el acento en la libertad pero apenas incide en las desigualdades sociales que el liberalismo genera y que no es capaz de corregir de manera satisfactoria. Con afirmar que el sistema provee los medios para la igualdad de oportunidades de partida y dejar que sean el mérito y el esfuerzo los factores que hagan el resto, se da por satisfecho.

Ni siquiera la socialdemocracia - una suerte de liberalismo de izquierdas - le termina de convencer a pesar de que fueron gobiernos de este signo los que más hicieron en la posguerra por atenuar las diferencias sociales. El estado del bienestar que impulsaron y perfeccionaron estos gobiernos tampoco merece reconocimiento alguno en la pluma de Vargas Llosa: prefiere alinearse con Hayek, uno de sus autores preferidos y uno de los más ultraliberales de cuantos glosa, y considerar a los socialdemócratas como compañeros de viaje de los comunistas dispuestos a implantar la dictadura del proletariado a las primeras de cambio. Siempre encomiástico y en ocasiones hagiográfico con sus pensadores liberales de cabecera, Vargas Llosa nos ofrece un libro desde todo punto de vista innecesario y en consecuencia prescindible. Lo que sí viene a confirmar "La llamada de la tribu" es que Vargas Llosa es un gran escritor, pero de literatura de ficción.     

Montoro y el milagro de las pensiones

Tengo escrito en este blog que Montoro es un mago de las finanzas públicas, aunque hay quienes prefieren llamarlo tramposo. Solo hay que leer lo que ha dicho sobre el dinero público empleado en el referéndum independentistas y lo que dice ahora, pasando de "ni un euro" a "pudo haber falseamiento". En todo caso, al ministro de Hacienda solo hay que frotarle un poquito la calva, como a la lampara maravillosa, y enseguida brota petróleo de las piedras. Eso sí, tiene que interesarle políticamente a él o al presidente del Gobierno del que forma parte. Y para que le interese hay que darle argumentos de mucho peso, como por ejemplo, apoyar unos presupuestos del Estado que le permitan a él y a su jefe permanecer en el poder dos interminables años más. Atrapados entre la  minoría parlamentaria, las protestas de los pensionistas, las cremas antiarrugas de Cifuentes y el ascenso de Ciudadanos, no están en el PP estos días para muchas fiestas y menos para la de la democracia en forma de elecciones anticipadas. 

El PNV, que una vez más ha puesto el pragmatismo por delante del nacionalismo y se ha olvidado de que en Cataluña se sigue aplicando el 155, ha hecho presa en esa debilidad política de los populares. A cambio de evitarle a Rajoy el revolcón de unos presupuestos rechazados le ha obligado a subir todas las pensiones según el IPC, una medida que los pensionistas han venido reclamando en la calle sin mucho éxito hasta ahora. Rajoy no ha tenido más remedio que ceder después de semanas repitiendo el mantra de que no hay dinero para pagar esa subida, máxime con el déficit de la Seguridad Social. El PNV se apunta un importante tanto político ante sus electores - los pensionistas vascos son de los más reivindicativos de España - y obliga al Gobierno a desdecirse de su posición. 

El acuerdo convierte incluso en pecata minuta el raquítico compromiso sobre subida de pensiones con Ciudadanos, que luego el Gobierno modificó al alza para aparecer ante la opinión pública como el rey de la generosidad. De paso, desbarata uno de los argumentos centrales de la oposición contra los presupuestos y hasta la consigna central de los sindicatos para las manifestaciones de mañana, 1º de Mayo.  Pero ante todo, el compromiso con el PNV es, sin duda, un triunfo de las decenas de miles de pensionistas que han salido a la calle a reclamar una pensión digna y que hoy sólo tendrían un aumento del 0,25% si se hubieran quedado en casa viendo la tele. Durante este año y el próximo verán aumentada su pensión de acuerdo con el IPC, tiempo más que suficiente para que el Pacto de Toledo demuestre que no está muerto y alcance un acuerdo que garantice la sostenibilidad y la dignidad de las pensiones presentes y futuras. Otra cosa, y eso es lo preocupante a la vista de la experiencia, es que lo consiga.

Para el Gobierno es una evidente derrota, fruto de su debilidad y de su desviado esquema de prioridades sociales,  en tanto ha tenido que saltarse su propia reforma de 2013 en la que se acabó con la práctica de subir las pensiones con el IPC. La duda que me queda es de qué partidas del Presupuesto quitará Montoro el dinero para pagar la subida acordada con el PNV, cuya cuantía y origen se desconocen. El inédito Escolano, nuevo y grisáceo ministro de economía, trabaja en un impuesto a las grandes tecnológicas que supuestamente financiaría las pensiones. Cuando lo vea lo creeré, que de anuncios rimbombantes  guardados en un cajón o convertidos en su contrario está el Gobierno sobrado. Por eso, habrá que estar muy alerta para que con sus artes mágicas Montoro no escamotee con una mano lo que aparenta dar con la otra, que no es más que lo que en justicia corresponde a los pensionistas. 

Hernando, un regalo para la oposición

Si yo fuera Pedro Sánchez, Albert Rivera  o Pablo Iglesias rogaría a Rajoy que mantenga a Rafael Hernando como portavoz parlamentario del PP lo que queda de legislatura al menos. Hernando hace mucho más en favor de la pérdida de votos del partido en el Gobierno que Sánchez, Rivera e Iglesias juntos. El político almeriense parece tocado por el don de la inoportunidad y el arte del exabrupto feroz, retratándose en lo personal cuando habla y mostrando el pensamiento profundo del partido al que pertenece. Alguien dijo con acierto que Hernando es a la palabra lo que Atila a la hierba: habla en la Cámara, en sus pasillos, en un mitin o en un estudio de radio o televisión y no es que suba el pan, es que caen varios puntos las intenciones de voto al PP. Si enumeramos las veces en las que este hombre ha dejado claro ante los españoles que lo suyo no es la palabra para el acuerdo y la discusión civilizada sino la soberbia, la prepotencia y la coz para la ofensa y la burla, la lista de casos sería interminable. 

Me vienen a la memoria aquellas declaraciones en las que acusó a los familiares de las víctimas de la represión franquista de "estar todo el día para arriba y para abajo con lo muertos como un entretenimiento". No contento remató indicando que "alguien se ha acordado de su padre [fusilado por el franquismo] cuando había subvenciones para encontrarlo". Aquel asunto llegó incluso a la Fiscalía que lo terminó archivando a pesar del escarnio infligido. Lo más reciente es otra ofensa no tan grave como aquella pero igual de reveladora del carácter chulesco y malcriado del personaje. Hablo de los pensionistas, a los que Hernando ha instando a gritos a salir a las calles para agradecer al Gobierno la subida parcial y puntual de las pensiones previstas en los Presupuestos estatales de este año.

Si con los familiares de las víctimas de la dictadura ofendió gravemente, con sus comentarios sobre los pensionistas genera indignación y risa a partes iguales. Indignación porque un derecho constitucional como el de las pensiones se convierte en sus palabras en una dádiva gubernamental por la que los pensionistas deberían estar eternamente agradecidos y erigir bustos de Rajoy en todas las ciudades del país. Para el portavoz, años de esfuerzos y cotizaciones y apoyo con míseras pensiones a hijos y nietos no dan derecho a una pensión digna, sino a alabar al Gobierno del PP a pesar de su demostrado desinterés por el garantizar el futuro del sistema público de pensiones. 

Y causa también risa porque esa subida a la fuerza y de circunstancias - la subida anunciada es solo para este año y no llega a todos los pensionistas  - de la que presume Hernando, la ha decidido el Gobierno no por lo generoso que es sino por las protestas de los pensionistas y, sobre todo, por su minoría en el Congreso. De manera que no hay nada por lo que darle las gracias al Gobierno ni nada de lo que este pueda presumir y sacar pecho. Hernando dejó caer esta perla cultivada sobre las pensiones en un acto con militantes del PP en Almería, que aplaudieron sus palabras con entusiasmo. Prueba evidente de que en el PP aún no se han dado cuenta de que, con un portavoz como este, apenas es necesario que la oposición se esfuerce mucho en desgastar al Gobierno. Para esa misión ya se basta solo Hernando con el refuerzo, si acaso, de Montoro, de buena parte del resto del gabinete y, por supuesto, de un Rajoy al que la oposición nunca le podrá estar suficientemente agradecida por lo fácil que se lo pone. Otra cosa es que sea capaz de aprovecharlo.