Podría decirse parafraseando el Manifiesto Comunista que un fantasma recorre el sur de Europa: la turistificación. La palabrota se refiere a la creciente presencia de turistas en ciudades como Venecia, Lisboa, Barcelona, Sevilla, Valencia o Madrid. La novedad es que no son turistas de paso, que han llegado en guagua para una visita rápida y luego siguen su camino. Se trata de turistas alojados en pisos de estas ciudades en donde se quedan hasta dos semanas, conviviendo con los lugareños. Ocurre que no siempre el roce hace el cariño y encontrarte a diario en la escalera o en el ascensor con personas a las que no has visto en la vida y que ni siquiera hablan español, no siempre es una experiencia estimulante. No digamos nada si se toman las vacaciones al pie de la letra y organizan una fiesta flamenca en el piso de arriba a las dos de la madrugada. Los observadores advierten de que son ese tipo de situaciones y el alza de los alquileres las que pueden dar lugar a brotes de turismofobia como los que se registraron el pasado verano en Barcelona. Es cierto que no han ido a mayores pero habría que actuar antes de que eso pase.
Es aquí, precisamente, en donde está el nudo gordiano del problema: cómo afrontar la regulación de una actividad que no es flor de un día y en la que están en juego intereses económicos opuestos y determinados derechos como el de la propiedad o el del descanso. Respecto de los primeros, asistimos a una batalla a brazo partido entre el alojamiento tradicional de hotel y apartamento y el auge del alquiler vacacional, más económico y atractivo para quienes huyen del turismo masivo y quieren conocer a fondo la ciudad que visitan. Consumen en los negocios locales generando riqueza y empleo e incluso contribuyen a la rehabilitación de edificios emblemáticos.
Frente a los indudables aspectos positivos, los hay también negativos y no pocos. La falta de regulación hace que una inmensa mayoría de los pisos dedicados al alquiler vacacional no exista para la Hacienda pública, lo que constituye una flagrante competencia desleal con respecto a los establecimientos convencionales. El fenómeno distorsiona también el mercado al presionar al alza el precio de los alquileres para los residentes que tienen enormes dificultades para alquilar a precios razonables. No son extraños los casos en los que los caseros hostigan a sus inquilinos para que dejen la vivienda libre con el fin de destinarla al alquiler vacacional. Puede que en el problema influyan otros factores como la falta de viviendas sociales o el parque de pisos vacíos en manos de los bancos, pero el alquiler de viviendas para fines turísticos es determinante.
Como consecuencia perversa cabe mencionar también el proceso de expulsión a la periferia de ciudadanos que viven de alquiler en el centro de las ciudades y que no pueden hacer frente a las subidas que el propietario les exige. La guinda de todo lo anterior es el deterioro de la convivencia social, un fenómeno al que las autoridades deberían prestar mucha más atención. Su obligación es evitarlas regulando el sector, como pretende hacer de un modo un tanto drástico el ayuntamiento de Palma: prohibir el alquiler vacacional en todo el municipio salvo en viviendas unifamiliares. En Canarias, después de que una sentencia tumbara la regulación de esta actividad por prohibirla en las zonas turísticas, el Gobierno regional lleva casi dos años dándole vueltas a un nuevo decreto que no termina de ver la luz ni en forma de borrador.
Todo indica que es el rechazo frontal de la poderosa patronal hotelera tinerfeña a la autorización de los pisos para turistas en zonas turísticas, lo que está demorando la aprobación de la medida. Aceptar esa condición implicaría insistir en lo que la Justicia ya ha dicho que es ilegal, que no se puede establecer esa prohibición porque vulnera la libre competencia e incluso el derecho a hacer uso de la propiedad privada para fines lícitos. Gobernar es asumir responsabilidades y pisar callos si hace falta; la inactividad mientras los problemas se enquistan no es gobernar y tampoco lo es pretender endosarle a ayuntamientos y a cabildos una competencia que es del Ejecutivo. No se entendería que, mientras por un lado reclama nuevas competencias, por el otro se inhibe por incómodas de las que ya tiene.
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