Vacuna obligatoria, de entrada no

Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la vacuna obligatoria contra la COVID-19. Resurge este debate a raíz del importante aumento de los contagios en varios países europeos, cuyos gobiernos están poniendo en marcha una nueva tanda de restricciones de movilidad, acompañada esta vez de la obligatoriedad de vacunarse para la población que ha rechazado la vacuna o de determinados grupos profesionales como sanitarios, profesores y otros empleados públicos. Estas medidas han provocado manifestaciones violentas en Viena, Bruselas o Róterdam, instrumentalizadas por fuerzas populistas de extrema derecha. Estas formaciones están demostrando una preocupante capacidad de llevar a su molino el agua del hartazgo, el descontento y la desconfianza de muchos ciudadanos ante las élites políticas y los llamados expertos, cuya gestión de la pandemia no ha sido precisamente sobresaliente. 

Una vacuna segura y eficaz

Aunque con mucha menos fuerza, el debate también ha llegado a España a pesar de que la situación epidemiológica en nuestro país es aún comparativamente mucho mejor. La clave es el elevado porcentaje de vacunados con la pauta completa: un 89% de la población diana en España frente a dos tercios aproximadamente de Alemania, Austria o el Reino Unido. La primera conclusión es que a mayor porcentaje de vacunados menos presión hospitalaria y, sobre todo, menos casos graves. El aumento de los contagios y el leve repunte de hospitalizados e ingresados en unidades de cuidados intensivos de los últimos días, no desmienten, sin embargo, la eficacia de la vacuna. 

Que seis de cada diez pacientes en cuidados intensivos no estuvieran vacunados prueba precisamente la importancia de la vacuna para luchar contra las peores consecuencias del virus: el patógeno circula con mucha más facilidad y es mucho más dañino entre los no inoculados, cuya capacidad de contagio es también mucho mayor y de consecuencias más graves que la de quienes se han vacunado. Con este simple dato bastaría para darse cuenta de que la vacuna no es el problema, sino la solución. Con todo, con el virus circulando y provocando contagios como lo está haciendo, será necesario reactivar ciertas medidas preventivas para evitar que la situación se vuelva a desbocar. 

El repunte de los contagios está poniendo nerviosas a unas comunidades autónomas que empiezan a pensar de nuevo en restricciones y certificados de vacunación para acceder a lugares públicos o viajar. A pesar de la falta de consenso entre los especialistas sobre la eficacia de algunas de esas medidas y sin legislación estatal en la que ampararse por el cálculo político del Gobierno central, las autonomías se aprestan de nuevo a vérselas con los jueces y con el recelo de una población agotada después de más de año y medio de restricciones. La evolución de los datos de la pandemia y la recuperación económica anunciada por el Gobierno pero que no termina de llegar, condicionarán las medidas que se adopten cara a una Navidad que ya se barrunta nuevamente llena de pegas. Esto es particularmente relevante en Canarias, en donde el aumento de casos en los países emisores de turistas puede dar al traste con la segunda temporada de invierno consecutiva, la más importante en el Archipiélago. 

Patronal y Podemos a favor de la obligatoriedad

En ese contexto se han escuchado las primeras voces a favor de la vacuna obligatoria. Además de la de algún epidemiólogo, también se han mostrado partidarios el presidente de la CEOE y Unidas Podemos, una coincidencia cuando menos llamativa. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como algunos creen. Echando la vista atrás, la historia de las vacunas está llena de dificultades, aunque con el paso del tiempo se han ido normalizando y aceptando por la inmensa mayoría de la población. Por solo citar un par de ejemplos, la primera vacuna contra la viruela involucró la linfa de la viruela de ganado. En el siglo XIX, para algunos sectores del ascendente movimiento vegetariano británico, esto era repugnante. El tejido porcino también ha llevado a algunos musulmanes a preguntarse por el uso de gelatina derivada del cerdo como estabilizador de la vacuna, lo que dificultó la vacunación contra el sarampión en Indonesia hasta una fecha tan reciente como 2018. 

Pero más allá del rechazo a la vacuna por motivos religiosos, sociales, políticos o filosóficos, o simplemente por estulticia incurable, hay una serie de requisitos cruciales que se deben tomar en consideración. Desde el punto de vista legal, solo bajo un estado de excepción sería posible imponer en estos momentos en España la vacuna obligatoria. El pasotismo del Gobierno y del Parlamento para cumplir sus obligaciones legislativas ante la pandemia es la causa de que a fecha de hoy no exista una norma concreta y específica que ampare, llegado el caso, una decisión como esa. Solo una sentencia judicial podría obligar a un ciudadano a vacunarse, aunque aquí no estamos hablando de unos pocos ciudadanos renuentes, sino del 11% de la población diana que ha rechazado la vacuna. 

Ni la ONU ni la OMS recomiendan la obligatoriedad

Además de los legales, deberían cumplirse otros supuestos que avalen y justifiquen la obligatoriedad. Organismos como la ONU recomiendan que solo se llegue a ese extremo si no hay alternativa para lograr el objetivo, en este caso poner el virus bajo control para reducir al máximo los casos hospitalarios y graves; también debe responder a una necesidad social urgente, ser proporcional a los intereses en juego, lo menos intrusiva posible y no discriminatoria. Dicho de forma resumida, para la ONU lo conveniente es que la vacuna sea voluntaria y no coercitiva con el fin de evitar la división social y no generar un problema añadido al que se pretende combatir. Tampoco la OMS ve con simpatía la vacuna obligatoria y de hecho no prevé recomendarla.

A efectos de extender la vacunación entre los reacios, tal vez sería mucho más eficaz mejorar sustancialmente la transparencia de la información pública para hacer frente a los bulos y combinar la pedagogía con algún tipo de incentivo que anime a vacunarse. Apostar por la obligatoriedad o aplicar medidas punitivas conduciría a un terreno resbaladizo que afectaría a derechos y libertades fundamentales, por mucho que a la inmensa mayoría nos resulte absolutamente incomprensible y merecedor del más severo reproche social que haya gente dispuesta a contagiar y a contagiarse y a sufrir las graves consecuencias, debido a vaya usted a saber qué extraña idea o teoría negacionista. Pero salvo que se dieran los requisitos de los que habla la ONU, una decisión así habría que enmarcarla más en las prácticas de los regímenes autoritarios que en las de la democracia. 

Aplicadas todas estas matizaciones, consideraciones y requisitos al caso español, creo que la conclusión solo puede ser una: vacunación obligatoria, de entrada no. No solo porque no se cuenta con el marco legal adecuado, sino porque el alto porcentaje de vacunados que ya hay en nuestro país y los datos epidemiológicos actuales no la justificarían y tendría en cambio importantes contraindicaciones sociales y políticas. 

Las cuentas y los cuentos de las pensiones

Dije hace poco en el blog que para saber qué será de las pensiones hay que prestar atención a los globos sonda del ministro Escrivá. Este hombre se ha ganado una merecida fama por decir lo contrario de lo que hace y hacer lo contrario de lo que dice. En 2019, siendo presidente de la AIReF, dijo que las cotizaciones sociales en España están seis puntos por encima de la media de la OCDE, por lo que no era necesario subirlas para mantener las pensiones. Dos años después, el ahora ministro ha acordado con los sindicatos y sin los empresarios subirlas el 0,6%, porcentaje del que la empresa pagará el 0,5%. En diciembre de 2020 sugirió ampliar el periodo para calcular la pensión y en los papeles enviados a Bruselas con las reformas exigidas a cambio de los fondos para la crisis, esa propuesta está negro sobre blanco. Sin embargo, contra toda lógica, Escrivá niega hasta en arameo que la medida suponga un recorte de la pensión. A continuación ha jurado también que el caballo blanco de Santiago no es blanco, sino alazán. 

S. Burgos

Recortando que es gerundio

Vaya por delante que solo soy experto en intentar entender la realidad que me rodea. En mi supina ignorancia siempre había pensado que lo de las pensiones consistía solo en que entre un poco más de dinero del que sale para que el sistema no quiebre. También creía que para eso era imprescindible, entre otras cosas, que haya trabajo estable y de calidad, especialmente para los jóvenes. Pero al parecer los cambios demográficos y otros factores han hecho que eso ya no sea así, por lo que nadie piensa hoy en esas viejas fórmulas; tampoco se acuerda nadie de los 180.000 millones de la economía sumergida que no cotizan, de la ausencia de políticas demográficas, de la ineficiencia del gasto público o del colesterol malo del gobierno y su legión de asesores multiplicada por diecisiete autonomías. Ahora, si se gasta en pensiones más de lo que se ingresa la única solución que ven los políticos es meter la tijera y decir que están trabajando para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Lo que veo sin ser experto es que las pensiones van camino de convertirse en un futuro tal vez no muy lejano, en una rara avis sobre la que los abuelos contarán historias para dormir a sus nietos. Tres bazas tiene el Gobierno para lograr lo que pomposamente llama la "sostenibilidad" del sistema, que hablando en plata significa cobrar menos pensión durante menos años. Pagar más cotizaciones no da derecho a cobrar una pensión mayor y, en cambio, puede perjudicar el empleo y los salarios. Además, las cifras de Escrivá parecen tan infladas como las previsiones económicas del Gobierno: conseguir 50.000 millones de euros para la hucha de las pensiones en los diez años en los que estará en vigor la subida, se antoja como un brindis al sol que obligará a subir de nuevo las cotizaciones más pronto que tarde. El Gobierno llama a esto Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que suena muy bonito pero que de ambas cosas parece tener lo que yo de monje tibetano: en realidad solo blinda las pensiones del baby boom a costa de elevar las aportaciones de las generaciones más jóvenes, las que más dificultades de empleo tienen en un país que es líder europeo en paro juvenil. 

¡Más recortes, es la guerra!

La segunda baza es elevar el periodo de la vida laboral que se toma para calcular la cuantía de la pensión. Podemos y los sindicatos se oponen por ahora pero, como ya dije, la medida está en los papeles sobre las reformas enviados a Bruselas. Si bien la subida de las cotizaciones no conllevará un aumento de la pensión, la ampliación del periodo de cálculo hasta los 35 años sí supondría un recorte de la cuantía inicial por mucho que Escrivá quiera hacer creer lo contrario. Aunque de momento solo es una propuesta, algunos informes académicos calculan el tijeretazo en cerca del 9%, aproximadamente unos 1.500 euros anuales menos para una pensión mensual de unos 1.000 euros. Como ahorro para el sistema no estaría nada mal, pero para los futuros pensionistas, que lo tendrán bastante más crudo para encadenar muchos años seguidos de empleo, sería un sablazo en toda regla que afectaría especialmente a las mujeres. 

"La sostenibilidad requiere también que la edad de jubilación se aproxime cada vez más a la de deceso"

La tercera baza es hacer que entre la edad legal de jubilación y la de deceso transcurra el menor tiempo posible. Es una fórmula infalible de ahorro que todo el mundo entiende, incluso quienes solo somos expertos en tirar para adelante hasta que el cuerpo aguante. A la noble tarea de retrasar paulatinamente la jubilación hasta los 67 años se dedicó con esmero Rodríguez Zapatero y la continuó con entusiasmo Mariano Rajoy, quien antes la había rechazado. Y en esas estamos, retrasando año tras año un poquito más la hora de guardar las herramientas y descansar. Al ministro le preguntaron si entre sus cálculos está darle una vuelta de tuerca a este asunto por si Zapatero y Rajoy se quedaron cortos. La pregunta traía causa de unas manifestaciones del propio Escrivá en las que soltó otro de sus globos sonda: la posibilidad de llevar la edad de jubilación a los 75 años. Ahora se santigua y hace cruces negándolo y garantizando a los jóvenes que se incorporen al trabajo - afortunados ellos - que se jubilarán con 67 años. Que cada cual crea lo que quiera, pero no olvidemos que también dijo que no había que subir las cotizaciones y las acaba de subir. 

El Gobierno tiene un pacto con Bruselas: recortar las pensiones

Si me han seguido hasta aquí coincidirán conmigo en que lo de las pensiones tiene muy mala pinta ya que las únicas soluciones que se proponen pasan todas por recortar de un modo u otro. Dicen los verdaderos expertos que existe un déficit de 30.000 millones de euros y, de hecho, en los Presupuestos de 2022 figura una transferencia de 28.000 millones de euros a la Seguridad Social. Por eso la subida de las cotizaciones es casi como matar moscas a cañonazos: supone un impuesto más sobre el empleo y los salarios y no resuelve el problema de fondo. Además, el Gobierno se ha quedado sin el apoyo de los empresarios, del que tanto ha presumido en estos dos años y a los que ahora pretende engatusar para la contrarreforma laboral. Hay que recordar también que la revalorización de las pensiones se ha vuelto a ligar al IPC, lo que supone un importante factor de tensión añadido en tanto se trata de subidas que se van consolidando año tras año. 

Está meridianamente claro que, en contra de lo que afirma, el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a recortar las pensiones para que el maná de los fondos europeos no se retrase o mengue y le sirva a Sánchez para sacar pecho antes de las elecciones. Es iluso esperar que los partidos políticos, tanto los que están en el Gobierno como los que aspiran a estarlo, piensen en otras medidas para garantizar el futuro de las pensiones que no pasen por castigar a los de siempre. Eso sí, el Gobierno no escatimará esfuerzos propagandísticos para convencer a los damnificados de que si la pensión encoge es solo por su bien, no se la vayan a gastar en vino. En mi ingenuidad me pregunto también cuándo serán capaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo sobre el futuro de las pensiones con un pacto que sobreviva a las siguientes elecciones y cuándo dejarán de hacer en el gobierno lo mismo que rechazaron en la oposición. Sospecho que no será antes de que las ranas críen pelo o de que ustedes y yo lo veamos.

Brecha digital: no es sociedad para viejos

Bienaventurados quienes nacieron en la era de Internet y la telefonía móvil porque pueden sacar dinero de su banco sin  acudir a una ventanilla ni pagar comisiones; bienaventurados asimismo quienes envían correos electrónicos y wasaps tecleando con dos dedos, porque no tienen que molestar a sus hijos, nietos, vecinos o amigos para que les hagan el favor; bienaventurados también los que usan internet para pedir cita previa u obtener información de la Administración y se ahorran cabreos hablando por teléfono con una máquina... La lista de bienaventuranzas de la era digital es larguísima, pero la inmensa mayoría no incluye a quienes tuvieron la mala suerte de nacer en una época en la que los niños no venían al mundo con un teléfono móvil bajo el brazo y un ordenador sobre la mesa de estudio. En estos tiempos en los que a los políticos se les llena la boca con brechas de esto, de lo otro y de lo más allá, apenas se mencionan las negativas consecuencias sociales de la profunda brecha que separa a los mayores de las generaciones nacidas en la era digital.

Generación digital versus generación analógica

Los poderes públicos, las empresas privadas y el conjunto de la sociedad deberíamos pararnos a pensar si podríamos hacer mucho más para no dejar atrás a toda una generación solo por haber nacido en la fecha equivocada. El sociólogo alemán Ulrich Beck dijo en su libro "La metamorfosis del mundo" (Paidós, 2017) que "los mayores son los «neandertales» y la nueva generación global pertenece a la especie «Homo cosmopoliticus». Los mayores nacieron como seres humanos, pero al igual que sucede en «La metamorfosis» de Kafka, una mañana se despertaron convertidos en unos insectos llamados «analfabetos digitales». Las nuevas generaciones, por el contrario, ya nacieron como seres digitales. El contenido de la mágica palabra «digital» ha pasado a formar parte de su equipamiento genético". 

Según Eurostat, la oficina estadística de la UE, solo el 6,5% de los mayores españoles de 65 años tiene lo que se conoce como habilidades digitales y solo el 20% usa Internet a diario. Según el INE, cuatro de cada diez mayores de nuestro país nunca ha accedido a Internet y casi un tercio de quienes accedieron e iniciaron algún tipo de gestión no la pudieron concluir. Las causas principales de esta realidad son sobre todo la falta de formación, la desconfianza, el desinterés y las dificultades para acceder a la red, bien por no tener conexión a por carecer de dispositivo. La brecha afecta más a las mujeres que a los hombres, a los mayores de 75 años, a quienes viven solos, a los de menor nivel educativo y a los de más bajo poder adquisitivo. Nada que no fuera posible imaginar de antemano en una generación que, en muchos casos, aprendió las "cuatro reglas" y a leer y escribir cuando ya eran adultos.

Pandemia y solidaridad familiar

Hay datos que apuntan a que durante la pandemia se ha incrementado en algunos puntos el porcentaje de personas mayores que accedieron a Internet. Sin embargo, esas cifras hay que relacionarlas con las restricciones de movilidad que, seguramente, terminaron haciendo de la necesidad en virtud y obligando a muchos abuelos a enfrentarse al ordenador. Nada dicen esos datos sobre cuántos de ellos tuvieron éxito o a cuántos les echaron una mano sus hijos, nietos o vecinos más duchos en el arte de manejarse por el proceloso mar de Internet. 

Porque es gracias a la solidaridad de familiares y conocidos como los mayores van capeando con más pena que gloria las gestiones que se ven obligados a realizar por vía telemática, por la sencilla razón de que en muchos casos no se les da otra opción. Empezando por la Administración, que no se caracteriza precisamente por facilitarles las cosas, y continuando por la banca, que se las dificultan sin contemplaciones: se impone el beneficio sobre la atención que merecen y a la que tienen derecho unos clientes que, en muchos casos, lo han sido durante toda su vida. No crean lo que dicen las páginas corporativas de las entidades bancarias que presumen de todo lo que ayudan a los mayores a realizar sus gestiones: es mentira, o en todo caso, son acciones claramente insuficientes. 

Alergia bancaria a los mayores

La banca ha cerrado miles de sucursales - y más que cerrará - y ha despedido a miles de empleados - y a más que despedirá - sin temblarle el pulso ni acordarse de a cuántos usuarios abandonaba a su suerte. En pequeños pueblos rurales, en donde hace unos años había una modesta sucursal en la que era posible cobrar la pensión, hacer operaciones sencillas, aclarar las dudas con un empleado y hasta preguntarle por su familia, los mayores tienen que depender ahora de familiares o conocidos. Incluso en grandes ciudades están desapareciendo oficinas de barrio a marchas forzadas y reduciéndose los horarios de atención al público; acudir a una ventanilla para sacar dinero, pagar un recibo o realizar una transferencia ya roza casi lo delictivo y se sanciona con comisión al canto. 

"Para los mayores Internet es más el problema que la solución"

Para todas estas personas Internet es el problema y no la solución que representa para la generación digital. Además, su falta de formación para manejarse con un mínimo de soltura en la red, las convierte en víctimas propiciatorias de estafas y timos. Los poderes públicos tienen el deber de estrechar la brecha y eso empieza precisamente por facilitarles el acceso a los servicios de la Administración con herramientas como la firma digital. Hace falta un esfuerzo mucho mayor y coordinado de los poderes públicos para acercar con seguridad el mundo digital a estas personas: el empeño valioso pero en muchos casos voluntarioso de organismos, universidades o asociaciones privadas no basta. Los poderes públicos son responsables también de que entidades como las bancarias dispensen una atención directa y personalizada a los mayores, sin sobrecostes que solo se justifican desde la óptica del beneficio privado. 

Es mucha la tarea y aparentemente poca la voluntad pública de afrontarla. La generación que nació con un teléfono móvil en las manos y una tableta en la mochila del colegio le debe a sus abuelos la oportunidad de beneficiarse con seguridad de estos avances de la tecnología. De eso va también el pacto intergeneracional con el que algunos políticos se pretenden adornar sin fundamento, y que solo tendrá sentido si se convierte en una realidad mientras sigan con vida los cinco millones de españoles que a fecha de hoy no disfrutan aún de ninguna de las bienaventuranzas de Internet. Después ya no será necesario.

Pintan bastos

No solo el ambiente político a propósito de la reforma laboral está a punto de alcanzar la temperatura a la que los partidos de la coalición de gobierno entrarían en un punto de no retorno. También el panorama económico se ha ido cargando de nubarrones cada más negros, densos y amenazantes para el futuro del país a corto y medio plazo. En España se parece estar formando la tormenta perfecta, aquella en la que los malos datos económicos y el mal ambiente político, fruto de las tensas relaciones entre los socios del Gobierno y el nulo entendimiento entre este y la oposición, se combinan para malograr la ansiada y pregonada recuperación tras la pandemia arrasadora sobre la que, por otro lado, tal vez no deberíamos proclamar aún la victoria final. La segunda parte de la legislatura, si es que se completa, promete ser un camino de espinas y no la gloriosa senda de vino y rosas que Pedro Sánchez había imaginado gracias principalmente al maná de los fondos europeos. 

EP

Previsiones irreales

Junto con los problemas de índole político, de los que me ocupé en el post anterior, son los de carácter económico los que han empezado a llamar la atención entre los analistas, si bien el Gobierno opta por no bajarse del burro y mantener unas expectativas de crecimiento en las que solo parecen creer ya Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Siempre he sido bastante escéptico con las previsiones de los economistas, pero no se puede pasar por alto que las principales instituciones y organismos que se dedican a esos menesteres coinciden en que el Gobierno está haciendo la cuenta de la abuela al prever para este año un crecimiento del 6,5% del PIB. La más optimista, la AIReF, lo deja en un 5,5% y la más pesimista, FUNCAS, lo reduce al 5,1%. Falta aún conocer la del Banco de España, que no obstante ya ha avisado de que su previsión también será a la baja. Coinciden también los analistas en que para alcanzar el 6.5% que prevé el Gobierno la economía española tendría que crecer un 5% en el cuarto trimestre, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. 

La clave de la ralentización de lo que el Gobierno aún sigue vendiendo como una recuperación fulgurante de la economía, está en los precios de la energía y en el bloqueo de la cadena de suministros. Estos dos factores se traducen en un crecimiento de la inflación interanual del 5,5%, la mayor de las últimas tres décadas, que repercutirá en el gasto público en pensiones, empujará al alza los salarios, retraerá el consumo e incrementará el ahorro familiar. Según el INE, solo la contratación pública está tirando del consumo, lo que ilustra con claridad una de las prioridades de la política gubernamental de echar la casa por la ventana como si no hubiera un mañana ni que pagar la monstruosa deuda pública que estamos acumulando hasta que el Banco Central Europeo decida poner pies en pared. 

Dando palos de ciego con el recibo de la luz

Es cierto que no es el Gobierno de Sánchez el responsable directo del incremento de los precios de la energía ni el causante de todos los males habidos y por haber en este país. No obstante, ni sus más rendidos admiradores podrán negar honradamente a estas alturas que las decisiones de su Gobierno para contener el recibo de la luz solo han contribuido a enredar y oscurecer un problema complejo y a enfadar a una población harta de comprobar, una y otra vez, lo fácil que es vender demagogia en la oposición para quedarse sin respuestas cuando se llega al gobierno. El panorama empieza a tornarse tan sombrío que hasta un buen dato como el de la EPA del tercer trimestre se ha convertido en una alegría efímera en el contexto general de la economía. Un buen dato del que, por cierto, presume la ministra Díaz al tiempo que pasa por alto que se ha logrado con la reforma laboral de Rajoy en vigor, la misma que ella se propone derogar a pesar de las resistencias de la primera parte contratante de la coalición. 

"¡La economía, estúpido!"

Ni siquiera es para lanzar las campanas al vuelo que Pedro Sánchez tenga a punto de caramelo la aprobación de las cuentas públicas de 2022 gracias a las consabidas concesiones a nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Esto le puede ayudar a aguantar hasta 2023 sin convocar elecciones a poco que consiga sortear el obstáculo que le ha puesto su ministra de Trabajo en el camino con la contrarreforma laboral. Sin embargo, como ha dicho alguien con mucha agudeza, estos son unos presupuestos para ser aprobados no para ser cumplidos. Entre otras cosas, porque sus previsiones macroeconómicas son un brindis al sol que solo se haría realidad si se obrara el milagro de los panes y los peces. 

Queda la esperanza, cada vez más difuminada, de los fondos europeos. Sin embargo, de la primera entrega de 9.000 millones de euros que según el Gobierno transfirió Bruselas a finales de agosto, nada se sabe en qué y cómo se están empleando, con lo que surge la duda de si seremos capaces de gastarnos ese dinero este año. En el aire, a expensas de la reforma del mercado de trabajo, hay otros 10.000 millones cuya llegada podría retrasarse si los socios no logran acercar sus respectivas posiciones, bastante alejadas de momento, antes de que acabe 2021. Así que, incluso la tabla de salvación de Sánchez para que los españoles olvidemos su inconstitucional gestión de la pandemia o el indulto independentista, parece un asidero cada vez más endeble y quebradizo con el que remontar en unas encuestas que empiezan a darle la espalda. En conclusión, la situación y las perspectivas de nuestro país para el futuro inmediato se pueden resumir perfectamente con aquel exitoso lema de la campaña electoral de Bill Clinton: "¡La economía, estúpido!". 

Con la luz hemos topado

Por nada del mundo me atrevería a aventurar si las medidas del Gobierno para abaratar el recibo de la luz darán resultado o seguiremos para bingo. Doctores tiene el enrevesado e incomprensible mercado eléctrico español y, si ni ellos se terminan de poner de acuerdo, no seré yo quien meta los dedos en ese recalentado enchufe. Después de escuchar y leer a unos y a otros, sí aprecio algunas coincidencias. Entienden que las medidas, aún teniendo aspectos positivos, buscan ante todo calmar a la opinión pública pero llegan tarde y son un parche temporal que no impedirá que el recibo se siga encareciendo en los próximos meses hasta tocar la luna, de la que ya está cerca, si como se teme el precio del gas continúa su carrera alcista. Hay también un cierto escepticismo ante la promesa de Sánchez de que este año pagaremos por la luz lo mismo que a finales de 2018. El Gobierno, que necesita con desesperación enviar un mensaje positivo a los ciudadanos y a las empresas que sufren el calambrazo, suma churras con merinas y sitúa el ahorro en torno al 30% de la factura. No lo ven tan claro los conocedores de los arcanos eléctricos, cuyos cálculos son menos optimistas y reducen  el ahorro a la mitad.

Predicar y dar trigo: en la oposición todo es posible

Pero no hagamos cábalas, el tiempo dirá quién lleva razón o si ambos, Gobierno y expertos, saben tanto del funcionamiento real de ese mercado como usted y como yo. Por no hablar de la inseguridad jurídica que denuncian las eléctricas y que puede desembocar en un gran pifostio judicial. Tal es así que el propio Gobierno, que presumió de que el decreto con las medidas estaba blindado a prueba de pleitos, admite ya que tendrá que hacer "matizaciones".

Pero más allá de la crítica a las medidas aprobadas por el Gobierno, después de semanas de subida imparable del precio de la luz sin que Sánchez supiera qué interruptor apretar, me gustaría poner una vez más de relieve uno de los peores males de la democracia, particularmente preocupante en el caso español: la demagogia de quienes cuando están en la oposición tienen soluciones mágicas para todos los problemas por complejos que sean; lamentablemente, cuando llegan al gobierno demuestran su incompetencia, se olvidan de ellas o no se atreven a aplicarlas para pasmo y cabreo de los ciudadanos que depositaron en ellos la confianza.  

"Cuando llegan al gobierno se olvidan o no se atreven a aplicarlas"

Es lo que conocemos como "populismo", una enfermedad de la democracia que ha terminado contagiando a tirios y a troyanos hasta el punto que ya no hay casi nadie que se resista a sacar de la manga la pócima milagrosa que nos librará de todo mal per saecula saeculorum en un plis plas. Así, enfrentado a la realidad de un recibo subiendo en globo que amenaza con quemar los brotes verdes de la recuperación económica y que dejará a millones de familias a dos velas, a los partidos que forman el Ejecutivo actual y sus terminales mediáticas se les han caído de pronto todos los palos del sombrajo que habían montado en la oposición. 

Y de pronto desapareció la pobreza energética

Entre los palos del ventorrillo que más juego político dieron en su día está la pobreza energética, por la que se emitieron reportajes y programas especiales en los medios afines, se guardaron minutos de silencio, se convocaron manifestaciones y se pidió hasta la dimisión del apuntador. Más que protestar por un problema social cierto y exigir soluciones, la prioridad era desgastar al Gobierno aunque el aumento del recibo eléctrico estuviera entonces a años luz del actual y el país y el mundo no se encontraran inmersos en una pandemia. Ahora la pobreza energética ha desaparecido por arte de magia para los que entonces la consideraban el problema más acuciante del país; solo Podemos ha hecho amago de convocar manifestaciones, más que nada para intentar disimular que forma parte de un Gobierno con el que el precio de la luz ha subido el 200% en un año. 

No se discute aquí que la oposición no deba fiscalizar y criticar la acción del Gobierno y, al mismo tiempo, convencer a los ciudadanos de que tiene soluciones mejores para sus problemas. Ese es su papel en cualquier democracia que funcione razonablemente y no puede renunciar a él sin desnaturalizarse. Por tanto, el principal problema no era la campaña de acoso y desgaste al gobierno de Rajoy, la misma de la que casualmente acusan ahora el PSOE y Podemos al PP, sino la ausencia de una verdadera alternativa que pusiera orden y transparencia en un mercado eléctrico oligopólico y evitara recalentones de precios como el actual. Son, curiosamente, las mismas carencias de  las que culpaban los que gobiernan hoy a los que lo hacían entonces. Por no recordar que las puertas giratorias siempre se han abierto para todos sin que nadie les haya hecho ascos. 

"Ha quedado claro que detrás de las pancartas y los eslóganes solo había humo y demagogia". 

Que sea un factor externo como la subida del precio del gas la causa principal del aumento del de la luz no exime al Gobierno de responsabilidad. Un Ejecutivo prospectivo que presume de saber cómo será España en 2050 debió haber ponderado las consecuencias para la factura eléctrica de una subida sostenida del precio del gas y haber actuado a tiempo para hacer frente a sus efectos. Dicho en otros términos, la obsesión por una transición ecológica a machamartillo sin explicar ni reparar en los costes para empresas y ciudadanos, ha llevado al Gobierno a ignorar la realidad compleja de un mercado que en la oposición sabía perfectamente cómo meter en vereda. Ha quedado claro que no tiene idea de cómo hacerlo y que detrás de las pancartas y los eslóganes que agitaban solo había humo y demagogia populista. Lo deberíamos recordar cada vez que la oposición, cualquier oposición, nos intente vender el bálsamo de Fierabrás con la promesa de que resolverá todos nuestros problemas por los siglo de los siglos. 

Hablemos del suicidio

En las cerca de dos horas y media que he tardado en escribir este artículo una persona se ha suicidado en España. Son una media de diez al día, el doble de las que pierden la vida en accidentes de tráfico y once veces más que las provocadas por homicidios. En 2019, el último año del que hay estadísticas oficiales, hubo en España 3.671 suicidios (2.771 hombres y 900 mujeres). Fueron un 3,7% más que en 2018 y elevaron la tasa a 7,8 suicidios por cada 100.000 habitantes frente a los casi 12 de media de la UE. En Canarias se quitaron la vida ese año 197 personas (165 hombres y 32 mujeres) y la tasa se elevó a 9,5 casos, casi dos puntos más que la media nacional. Los profesionales insisten en alertar de los efectos del confinamiento sobre la salud mental y del incremento de las consultas psiquiátricas, especialmente entre los jóvenes. Las frías pero certeras estadísticas dicen que 309 jóvenes de entre 15 y 29 años se quitaron la vida en 2019 en nuestro país. Así que es hora de hablar abiertamente y con responsabilidad del suicidio, la primera causa de muerte no natural en España, que la OMS ya consideró una prioridad de salud pública mucho antes de que el COVID - 19 se cruzara en nuestras vidas.

Una muestra de la fragilidad humana y un drama vital

La mejor manera de encarar un problema no es escondiéndolo debajo de la alfombra, sino poniéndolo sobre la mesa para estudiarlo y definirlo con precisión y acordar cómo abordarlo. El silencio que impone el tabú de la muerte en nuestra cultura es una barrera que impide a la sociedad mirar este problema de frente. Con esta afirmación solo reflejo una posición que me atrevo a calificar de unánime entre los profesionales de la salud. Son ellos en realidad quienes intentan desde hace tiempo, aunque sin mucho éxito, superar la creencia de que hablar del suicidio, siempre que se haga con seriedad, tiene efectos contagiosos. El problema de estos profesionales, que es también el de toda la sociedad, es que sus voces apenas consiguen traspasar sus ámbitos de discusión y muy a duras penas se les escucha en los medios de comunicación, a veces más proclives al sensacionalismo morboso y al trazo grueso. Pero sabido es que lo que no está en los medios tampoco está en la agenda política, así que pasa el tiempo, el problema se agrava y los poderes públicos siguen mirando a otro lado. 

"Un suicida es una persona que quiere seguir viviendo pero no sabe cómo"

Aunque ni por asomo se me ocurriría explayarme intentando sentar cátedra sobre las causas del suicidio, creo que cualquiera puede comprender que se trata de un fenómeno complejo, multidimensional y multifactorial que no se puede despachar con ligereza. Lo primero que deberíamos asumir es que el suicidio es, ante todo, una muestra de la vulnerabilidad del ser humano: siempre ha habido suicidas y siempre los habrá, lo que no quiere decir que debamos encogernos de hombros. En segundo lugar es imprescindible comprender que se trata de un drama vital y personal, no un frío caso clínico para las estadísticas: alguien dijo que un suicida es una persona que quiere seguir viviendo pero no sabe cómo. Esto conecta directamente con algo tan profundo como es el sentido de la vida y si merece la pena ser vivida, cuestiones tan antiguas como la humanidad para las que aún seguimos buscando respuestas. 

La salud mental y el suicidio

Aunque la OMS ha asociado el 90% de los suicidios con algún tipo de trastorno mental, hay profesionales de la salud que ponen el dato en cuarentena al considerar que es reduccionista y simplificador de un fenómeno mucho más complejo. Si bien existe y se conoce la relación entre salud mental y suicidio, es una falacia dar por sentado que la mayor parte de las personas con trastornos mentales se acaban suicidando. Además de estigmatizar a las personas en esa situación, es como afirmar que la conducta suicida es un síntoma del cáncer, algo que a nadie se le pasaría por la cabeza. De manera que la reducción de la tasa de casos no debería pasar solo por planes de prevención, que sin duda son necesarios, sino también por un conocimiento mucho más preciso de la compleja multicausalidad del fenómeno y una mayor comprensión y empatía de su sentido humano más profundo. De otra manera es posible que solo estemos atajando una parte del problema, pero no aplicando un tratamiento lo más integral posible. 

"Se puede y se debe hacer mucho más que cubrir el expediente político"

El drama es que en España apenas si hemos empezado a hacer los deberes: nuestro país es el único de la UE que carece de un Plan Nacional de Prevención en Salud Mental, aunque se viene anunciando uno desde hace tiempo para cuya aprobación y entrada en vigor no hay fecha ni presupuesto. Lo que sí tenemos son 17 modelos distintos de salud mental, uno por cada comunidad autónoma. En el caso de Canarias, el consejero de Sanidad anunció recientemente la próxima presentación de un Programa de Prevención enmarcado en el Plan de Salud Mental 2019-2023 de la comunidad autónoma, que la pandemia seguramente habrá dejado desfasado. Que Canarias dedique este año 2,7 millones de euros a salud mental en un presupuesto sanitario que rebasa los 3.300 millones es elocuente del nivel de prioridad que este asunto tiene para el Ejecutivo autonómico.

Se puede y se debe hacer mucho más que cubrir el expediente político con un proyecto sin ambición frente a un problema que ni la sociedad ni los poderes públicos pueden ignorar por más tiempo. Así que perdamos el miedo a hablar del suicidio con prudencia y el máximo respeto: como sociedad tenemos que esforzarnos en superar la aprensión, escuchar y acabar con el estigma y la incomprensión que rodean este fenómeno; de los poderes públicos es la responsabilidad de afrontarlo con rigor y aportar los recursos y las medidas adecuados para que quienes quieren seguir viviendo pero no saben cómo, sientan que no están solos, que se les escucha y se les ayuda a encontrar la forma de lograrlo.

Alarma inconstitucional

Un gobierno que deliberadamente se salta la Constitución y vulnera los derechos fundamentales de cuarenta y siete millones de ciudadanos no es digno de continuar al frente de un país democrático. Si los españoles fuéramos menos condescendientes y mucho más exigentes con la clase política, ese gobierno ya habría dimitido y convocado elecciones. En España no pasará nada parecido porque gran parte de la sociedad dormita dopada por debates de campanario, lo que facilita que el Gobierno actúe con escaso o nulo respeto a las normas que son la garantía del estado de derecho. No debería la sociedad dejarse arrastrar al falso debate al que el Gobierno pretende desviar la atención tras el varapalo que le acaba de endosar el Tribunal Constitucional en relación con el primer estado de alarma por la pandemia. Como subraya el propio Constitucional, ni siquiera el interés general puede situarse por encima de los derechos fundamentales.

Reuters

Inconstitucionalidad por cálculo político

Lo que se debate no son las vidas que se salvaron gracias al estado de alarma, sino el empleo de una herramienta constitucional que no amparaba las restricciones de movilidad. Lo verdaderamente crucial es que las vidas salvadas serían las mismas si el instrumento elegido hubiera sido el estado de excepción. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar: a pesar de todas las advertencias sobre la inconstitucionalidad del decreto, el señor Sánchez y los suyos hicieron caso omiso por puro cálculo político. Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario, algo que no ocurría en cambio con el estado de excepción. En realidad, nada nuevo bajo el sol: este Gobierno, con un presidente alérgico al control parlamentario al frente, ha hecho bueno al señor Rajoy, al que Sánchez afeaba desde la oposición que gobernara a golpe de decreto, solo que en este caso él ha ido un paso más allá y ha lesionado derechos fundamentales sin pararse en barras. 

"Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario"

Las reacciones del Gobierno y su entorno no han hecho sino subrayar el desdén y el desprecio, cuando no la ignorancia, con los que este Ejecutivo se ha acostumbrado a tratar al resto de poderes e instituciones del Estado cuando sus decisiones le son desfavorables. El denominador es sostenella y no enmendalla, cuando no alegrarse por haber vulnerado la Constitución con el argumento falaz de haber "salvado vidas". Mención especial merecen las declaraciones de dirigentes y cargos públicos de Podemos cuestionando la decisión del Constitucional por la poderosa razón de que el resultado de la votación no fue unánime, como si la fuerza de la decisión fuera menor por ese motivo, y porque el recurso lo había presentado Vox, como si no fuera un partido legal que ejerció un derecho constitucional.  

Jueces malos, gobierno bueno

Ministras como Belarra parecen ignorar incluso que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial y que sus integrantes los nombran precisamente los partidos políticos. Pero con ser grave esa muestra de ignorancia, lo es mucho menos que el mal disimulado deseo de poner al Constitucional y al Poder Judicial al exclusivo servicio de los intereses del Gobierno. Viniendo de Podemos no extraña mucho a estas alturas la pulsión antidemocrática que suelen mostrar sus dirigentes y cargos públicos. Sí sorprende en cambio que se pueda deducir la misma intención de las palabras de una ministra que parecía ser una de las pocas voces equilibradas y sensatas del Gobierno.

Hablo de la magistrada y titular de Defensa Margarita Robles, que en unas declaraciones lamentables ha atacado a los magistrados del Constitucional por dedicarse según ella a "elucubrar sobre doctrinas" y carecer de "sentido de estado". Aparte del desprecio hacia el trabajo de sus compañeros jueces que destilan esas palabras, parece que lo que Robles deseaba era que el Constitucional le diera la razón al Gobierno y pasara por alto la vulneración de derechos. No menos lamentable ha sido el estreno de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, también magistrada, defendiendo a toro pasado la legalidad de un decreto que el Constitucional acababa de declarar parcialmente inconstitucional. Se trata de valoraciones muy desafortunadas que, aún así, palidecen ante las informaciones según las cuales el Gobierno presionó al Constitucional para que avalara su decisión. De ser ciertas estaríamos ante un comportamiento gravísimo, mucho más propio de un régimen autoritario de resonancias venezolanas que de una democracia.

"Que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de millones de ciudadanos no le quita el sueño"

Lo ocurrido con el estado de alarma ha sido un hito más en la carrera de Pedro Sánchez para gobernar al margen de las normas y las formas que son la esencia de un sistema democrático. Encima, el Tribunal Constitucional le ha puesto las cosas aún más fáciles al tardar más de un año en decidir sobre un asunto de la máxima trascendencia, que como tal requería una celeridad mucho mayor por tratarse de la constitucionalidad de una medida que cuestionaba derechos fundamentales. Pero no esperemos que a raíz de esta decisión del Constitucional las cosas cambien porque el Gobierno se lo empieza a pensar dos veces antes de ponerse por montera esos derechos: o se lo exige la sociedad en su conjunto o continuarán erosionando y desfigurando la democracia a mayor gloria de ese rey sol de la política española llamado Pedro Sánchez.  

Sánchez devorando a sus hijos

Sufro de digestión lenta, de ahí que me haya llevado su tiempo digerir el pedazo de remodelación que ha hecho Pedro Sánchez de su gobierno que, a poco que se hubiera despistado, hasta se podía haber cesado a sí mismo. Lo cierto es que otra zapatiesta gubernamental de estas dimensiones no la recuerdo y, aunque el mismo día de conocerse ya había gente haciendo sesudos análisis en las ineludibles redes sociales, yo he preferido hacer como aquellos futbolistas que, antes de pasar a lo loco, bajaban la pelota y levantaban la vista. Y lo primero que veo sin esforzarme gran cosa es que, para el bienestar general de los españoles, esta megacrisis de gobierno a las puertas del verano surte el mismo efecto que rascarse la nariz para aliviar la tos.  

ULY MARTIN

Una remodelación a mayor gloria del remodelador

Esa es precisamente la falla principal de los numerosos análisis sobre un asunto que sigue copando titulares. Porque digo yo en mi inocente ingenuidad que, cuando se acomete un cambio de gobierno tan amplio, el objetivo principal debería ser el de mejorar la gestión, atender los problemas más urgentes con mayor eficacia y conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en aquellos en cuyas manos han depositado la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos. No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central suprimiendo ministerios florero, así como de enviar un mensaje de austeridad en el gasto en tiempos de rigores económicos. Sin embargo, salvo que uno profese la fe del carbonero, que no es mi caso, nada de eso se aprecia en el remodelado gobierno.

"No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central"

Para la mayoría de los analistas, lo único que rige aquí es la necesidad de Pedro Sánchez de soltar lastre para aguantar lo que resta de legislatura. Es evidente que no se cambia a casi la mitad de un gobierno si este no está quemado y sobrepasado por la realidad y si los sondeos electorales no te empiezan a dar la espalda. Sánchez es muy consciente y por eso, cual Saturno devorando a su hijo, prescinde sin miramientos de la que ha sido su guardia pretoriana en los dos últimos años, la que le ha guardado las espaldas y le ha sacado las castañas del fuego aún quemándose en el intento. Una guardia de corps de la que también ha salido despedido hasta el fondo del barranco su consejero áulico Iván Redondo, cuya caída en desgracia está marcada en rojo por la debacle madrileña del 4-M y sentenciada con sus deseos de ser ministro, según las hablillas de la Villa y Corte. Parece mentira que el Maquiavelo de Moncloa haya cometido el error infantil de pretender hacerle sombra al rey sol de la política española sin tener siquiera carné del partido, pero así es la erótica del poder. 

El Gobierno soy yo y el partido también

Esta remodelación no responde a lo que se suele entender tradicionalmente como pérdida de confianza del presidente en sus ministros ya que, si hay que cambiar casi medio gobierno, el primero que tendría que haberse ido a casa debería haber sido el propio Sánchez. Su estrategia busca también un mayor control sobre el partido desde La Moncloa para coronarse vencedor por incomparecencia de rivales en el 40º Congreso de después del verano. Para ello nada mejor que rodearse de una corte de ministros y ministras crudos o a medio cocer, sin ejecutoria pública destacada, dispuestos a tirarse por un barranco si el presidente lo ordena y que ahora quedarán eternamente agradecidos por haber sido elevados al Olimpo del Consejo de Ministros cuando ni siquiera soñaban con esa posibilidad. Que pongan ahora sus barbas a remojo los escasos barones que como García - Page han osado afear en público el proceder político de su líder, porque en la próxima cita con las urnas se pueden ver colgados de la brocha y sin candidatura en la que sostenerse.

"La remodelación pone la pelota de nuevo en el tejado de Pablo Casado"

Si lo que a Pedro Sánchez le preocupara de verdad fueran los graves problemas del país, habría echado mano de gente de reconocido prestigio y trayectoria, que haberla hayla, y habría relegado la militancia a un muy segundo plano. De manera que lo más positivo que cabe decir de los cambios es que Nadia Calviño y Margarita Robles, los dos cerebros mejor amueblados del Ejecutivo, continúan en sus puestos. Pero es solo un pequeño consuelo a la vista de que también continúa gente tan quemada como Grande Marlaska o tan ineficiente como Maroto, además de los intocables representantes de Podemos, meros espectadores generadores de ruido y furia con la salvedad de Yolanda Díaz, que actúa como la segunda parte contratante de la primera parte. Esto hace aún más firme la idea de que hablar de un gobierno de coalición unido y cohesionado es solo un cuento para dormir a los niños. 

Puede que me equivoque pero no creo que Sánchez esté pensando en adelantar las elecciones sino en agotar la legislatura. Tendrá que volver a vencer el virus y relanzar la economía gracias al maná de la UE, pero su esperanza es que, si lo consigue, los españoles de frágil memoria olvidarán los errores en la gestión de la crisis sanitaria y los indultos a los independentistas, entre otras muchas cosas que este Gobierno ha hecho con los pies. Por lo demás, la remodelación también ha puesto de nuevo la pelota en el tejado de Pablo Casado, quien ahora tendrá que contrarrestar una posible recuperación del terreno electoral perdido por parte del PSOE. No creo que con limitarse a pedir elecciones cuanto antes y quejarse por los nombramientos "a dedo" de los ministros sea suficiente para ganarlas: mucho más tendrá que ofrecer el líder del PP para convencer a los españoles de que la alternativa es posible y su reto es que ese momento se aproxima cada vez más.  

Yo también soy baby boomer

Para tener al menos una ligera idea sobre la reforma de las pensiones hay que estar muy atento a los globos sonda del ministro Escrivá, experto en decir cosas por la mañana de las que se desdice a mediodía después de culpar al mensajero. Es un esfuerzo penoso que se debería compensar en la pensión, pero por ahora no veo manera mejor de que los baby boomers - los nuevos malos del viejo docudrama de las pensiones -  podamos calcular por lo alto cómo quedará nuestra jubilación que, en todo caso, no dará para muchas alegrías ya que, cuanto más se aleja la fecha de empezar a cobrarla, más se acerca la Parca inexorable. 

A las puertas de un nuevo recorte

Ironías aparte, da igual que el PP lo llamara "factor de sostenibilidad" o que el PSOE lo haya bautizado ahora como "mecanismo de equidad intergeneracional", el objetivo es continuar retrasando la edad legal de salida del mercado laboral para "compensar" el aumento de la esperanza de vida y, al mismo tiempo, penalizar con creciente dureza a quienes deseen anticipar la jubilación después de décadas cotizando. Los que decidan morir con las botas puestas serán premiados con 12.000 euros por año de más trabajado sobre la edad de jubilación, según el penúltimo globo sonda de Escrivá. Diga lo que diga el ministro sin partido que llegó de la AIReF a resolver el déficit de las pensiones y eche uno las cuentas que eche con el sudoku de las penalizaciones, estamos a las puertas de un nuevo recorte aunque nos lo venda como un "pequeño esfuerzo" de los baby boomers.

La cuestión es si el recorte, que afectará a unos once millones de españoles nacidos entre 1958 y 1977, servirá para garantizará la sostenibilidad, algo como mínimo dudoso. La clave de bóveda de todo el sistema es el número de cotizantes y su relación con el de pensionistas: en la actualidad esa relación es de 2 a 1, - una ratio bastante baja -, por lo que, según algunos cálculos, el envejecimiento de la población obligaría en una década a tener casi 6 millones más de cotizantes frente a los 19 millones actuales solo para mantener la ratio. ¿Será capaz la economía española en ese plazo de elevar hasta casi 25 millones el número de afiliados a la Seguridad Social? Ahí dejo la pregunta.  

El taca taca y los trileros

Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente de alto voltaje electoral, que los sucesivos gobiernos solo se atreven a tocar con guantes y pinzas pero jamás con bisturí. Se trata de buscar por dónde cortar para que el sistema no quiebre y es aquí donde los especialistas divergen. Unos proponen elevar la edad legal de jubilación a los 70 años, acercándola lo más posible a la esperanza de vida: los habría que irían a trabajar con el taca taca, pero cobrarían pensión menos tiempo con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social. Por cierto, son los mismos especialistas que recomiendan planes privados de pensiones para "complementar" la pensión pública, así que es fácil adivinar cuál es el pie que arrastran. 

"Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente"

Otros optan por cargar el déficit de las pensiones sobre los Presupuestos del Estado, precisamente uno de los acuerdos del Gobierno con sindicatos y empresarios junto a la revalorización según el IPC. Aunque parece una solución mágica tiene mucho de juego de trileros que crea la ficción de que el déficit ha desaparecido. Ya veremos de dónde saldrán los 22.567 millones de euros anuales que el Gobierno se ha comprometido a incluir en los Presupuestos para pagar las pensiones. Si se acaba echando mano de impuestos como el IRPF los pensionistas sufrirían un doble recorte; si en cambio se recurre al endeudamiento público, engordaría aún más el monstruo de la deuda que supone ya el 125% del PIB y subiendo.

El debate sobre pensiones siempre acaba en recortes

Lo mire por donde lo mire, en la tómbola de este debate siempre tocan recortes. Uno no es un experto, solo un atento observador directamente interesado y, como tal, observa con extrañeza la obsesión por el gasto y el poco interés por buscar fuentes de ingresos para la Seguridad Social. El propio Escrivá amaga con subir la cotización de los salarios más altos, aunque puede que solo sea otro de sus famosos globos sonda. Tiremos del hilo y pensemos también en esos 180.000 millones de euros que según el FMI mueve la economía sumergida, un sumidero en el que las arcas públicas pierden anualmente entre 18.000 y 20.000 millones de euros; hablemos de la precariedad laboral, del paro juvenil por el que somos campeones europeos, de los salarios o de la ausencia de políticas demográficas dignas de tal nombre en uno de los países más envejecidos del mundo. Todos estos aspectos se ignoran a pesar de que su relación con los ingresos de la Seguridad Social es evidente hasta para un profano.

"Hablemos de los chiringuitos clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo"

Hablemos también de la ineficiencia en el gasto público, del elevado colesterol de la administración y la urgencia de que haga dieta estricta, de los "chiringuitos" clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo, de las canonjías políticas o de las rentas vitalicias del poder. ¿Por qué cuando se habla del gasto en pensiones siempre se hace recaer la carga de la prueba sobre los jubilados y nunca sobre los ingresos que aportaría a las arcas públicas suprimir gastos prescindibles del todo o en parte? Por último me pregunto también cuándo alcanzarán los partidos un pacto de estado sobre pensiones que sobreviva a las siguientes elecciones y no castigue a los mismos de siempre, y cuándo dejarán los políticos de tirarse nuestras jubilaciones a la cabeza mientras hacen en el gobierno lo que criticaron en la oposición. Podría seguir aunque, como baby boomer cabreado, ya me he alargado bastante por hoy. Pero aviso: continuará...

A Canarias vino un día una inglesa soñadora

El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y ni el virus dice adiós ni los turistas dicen hello de nuevo. Los políticos, travestidos de adivinos, pronosticaron que el verano en Canarias sería el no va más de la recuperación turística, pero avanza julio y las reservas están bajo mínimos. Las cosas no pintan nada bien: se expanden nuevas cepas y se disparan los contagios mientras la vacunación, que tendría que ir mucho más rápido después de seis meses pinchando, sigue al trantrán a pesar de los aplausos diarios de los entusiastas de un Gobierno que desconoce la autocrítica. Los hay que se consuelan culpando a los "jóvenes irresponsables", a Boris Johnson por no poner el semáforo en verde o a los jueces por no comulgar con ruedas de molino. Pero nunca jamás, bajo ningún concepto, señalarán a los responsables públicos por decisiones con frecuencia inexplicables, inadecuadas o confusas: los culpables siempre son otros. 

Los augurios y la dura realidad

A pesar de la graciosa idea de la Consejería de Turismo de sortear bonos turísticos para los residentes pagados con dinero público, los hoteleros canarios han tirado la toalla del verano y sueñan con el invierno. Un sueño del que participan los miles de trabajadores canarios que continúan en ERTES porque sus hoteles siguen cerrados. Claro que, a la vista de la experiencia, mejor sería no volver a hacer castillos de arena para el invierno y cruzar los dedos. 

La ministra pitonisa Maroto, cuyo prometido plan para la recuperación del turismo canario seguimos esperando, o el siempre crédulo presidente canario, que en este asunto ni siquiera ha amagado con revirarse, llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena. La primera fue poco antes del verano pasado, pero el virus se expandió de nuevo sin respeto alguno por Pedro Sánchez y su celebrado triunfo sobre la pandemia. Después dijeron que del invierno no pasaría pero, entre la desgobernanza autonómica y los "allegados" invitados a la cena de Navidad, hicimos otro pan como unas tortas. 

 "Llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena"

Tranquilos, nos decían, en Semana Santa no habrá cama para tanta gente. Volvieron a fallar y, sin darnos cuenta, nos plantamos a las puertas de otro verano y el Gobierno volvió a pronosticar que este sería un verano de ocupación hotelera récord porque ingleses, alemanes y nórdicos morían de ansiedad por volar a Canarias a colorearse como gambas a la plancha. No supieron prever que Sánchez levantaría el estado de alarma y dejaría a las comunidades autónomas con una mano legal delante y otra detrás para luchar contra los brotes. Y a modo de guinda, el susodicho puso fin a la mascarilla en espacios públicos abiertos, a pesar de que el porcentaje de vacunación aconsejaba prudencia antes de enseñar de nuevo la sonrisa, que diría la poética Carolina Darias. 

Culpar a los demás es sencillo, gobernar es complicado

Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde si la situación sanitaria no mejora sustancialmente en Canarias y, si eso no ocurre pronto, Ángela Merkel también podría enseñarnos tarjeta amarilla. Acelerar la vacunación y aumentar las pruebas es esencial pero, al mismo tiempo, no caben más experimentos creativos con los niveles de la pandemia y hay que hilar fino jurídicamente para que las medidas que se adopten no choquen con derechos fundamentales por bienintencionadas que sean. De otro lado, la denuncia de las infracciones, que hay que perseguir y sancionar de modo ejemplar y sin tibiezas, no puede ser la coartada para tildar injustamente de irresponsables a segmentos enteros de la población como los jóvenes, aunque no falten los que tienen tanto seso como un mejillón. 

"Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde hasta que la situación sanitaria mejore sustancialmente"

Después de aquella inglesa de la canción han venido a Canarias millones de turistas a los que hoy se echa en falta porque son, nos guste poco o nada el turismo masivo, la sangre que vivífica un tejido productivo que sin ellos perecería: ojalá las reiteradas promesas políticas de diversificar la economía se hubieran cumplido cuando se podía y se debía, que no es precisamente en estos momentos de crisis profunda. 

Por eso, para la sociedad canaria y su economía, que regresen cuanto antes los turistas es vital casi en el sentido literal de la palabra. A los responsables públicos se les paga para afrontar y resolver problemas como ese y disponen para ello de generosos márgenes de discrecionalidad y de recursos que les permiten apoyarse en especialistas para la toma de decisiones. Lo que en ningún caso necesitamos son vendedores de augurios de falso optimismo para agradar a la galería, sino gestores públicos que transmitan certidumbres hasta donde sea razonable y generen confianza social y económica.  

Salario Mínimo: todos queremos más

Que el Salario Mínimo subirá más pronto que tarde es algo contra lo que no les aconsejo apostar. Puede decirse que la decisión está tomada y solo falta fijar cuantía y fecha. Lo primero ya lo ha apuntado la "comisión de expertos" creada pro domo sua por Yolanda Díaz aunque, hablando en plata, no era su objetivo "sugerir" cuánto debe subir, sino establecer cuál es exactamente el 60% del salario medio al que el Gobierno aspira a elevar el SMI antes de que acabe la legislatura. Esa comisión, de la que se agarran Díaz y los sindicatos para exigir que se implante ya el aumento, sugiere pasar de los 950 euros actuales a entre 1.012 y 1.047 euros de SMI. El debate echa humo entre los economistas y entre lo que algunos llaman las dos almas del Gobierno, la podemita y la socialista.

Las dos almas del Gobierno

La incógnita a despejar es si se impondrá Díaz que, alegando que el SMI se congeló el año pasado por la pandemia, quiere aprobar una primera subida de inmediato y posteriores aumentos en 2022 y 2023 hasta alcanzar el objetivo del 60%; enfrente está Nadia Calviño, cuyo criterio es que una subida ahora debilitaría los brotes verdes de la economía. A primera vista parece que Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez, partidario también de tomarse un tiempo antes de volver a tocar la tecla del SMI. Sin embargo, de las promesas de Sánchez líbreme Dios, que de las del diablo ya me guardo yo solo. 

"Parece que Calviño tiene el respaldo de Pedro Sánchez, partidario también de tomarse un tiempo antes de volver a tocar la tecla del SMI"

El Salario Mínimo registró un fuerte estirón del 22% en 2019, lo que sacó a España de la cola de los países europeos en los que está regulado y la colocó en el séptimo puesto. Otra cosa fueron sus consecuencias para el empleo y es aquí en donde el debate está tan enconado como siempre. En la discusión terció hace poco el Banco de España con un detalladísimo informe en el que asegura que la subida del SMI hizo que se dejaran de crear entre 100.000 y 180.000 empleos, con jóvenes y mayores como principales perjudicados. 

Gorrazos contra argumentos

Esto, en un país líder europeo en desempleo junvenil, merece mucho más que el exabrupto de un portavoz podemita cabreado, invitando a "correr a gorrazos" al gobernador del Banco de España por atreverse a contradecir con datos y argumentos a la, al parecer, infalible ministra de Trabajo. Sin contar a los empresarios, para los que nunca es momento de subirlo, ni a los sindicatos, para los que siempre es justo, urgente y necesario, puede que no les falte razón a quienes sostienen que una subida del SMI pone en riesgo la contratación de jóvenes y mayores. Y aunque el Banco de España no lo dice expresamente, es lógico pensar que subir los costes salariales en una situación de incertidumbre económica destruye empleo. Por tanto, un aumento del SMI alegra algo la vida a quienes se benefician, pero puede dejar en la estacada a quienes buscan un empleo y a quienes pierden el que tienen.

"Puede que nos les falte razón a quienes sostienen que una subida del SMI pone en riesgo la contratación de jóvenes y mayores"

En el otro lado de la mesa se afirma que no hay evidencias claras de que la subida del SMI disuada a los empresarios de contratar; agregan que no necesariamente fue solo esa subida la que impidió que se contratara a más jóvenes y sugieren que pudieron influir otros factores. No parece tampoco que les falte razón cuando sostienen que subir el SMI, además de dignificar los salarios, aumenta el consumo agregado con su cascada de beneficios sobre la economía, la recaudación fiscal y el bienestar general de las familias. 

Frente a ideología, prudencia y ponderación

Dado que hay razones de peso a favor y en contra de la subida, lo que cabe concluir es que estamos ante una cuestión no solo de cuantía sino también de oportunidad: aunque todos queremos cobrar más, sobre todo los que menos cobran, las decisiones en este terreno deberían hacerse con ponderación y tino, calibrando bien el momento oportuno y poniendo en una balanza los beneficios y los perjuicios después de un análisis riguroso de la economía y del mercado laboral; pero sobre todo, procurando dejar el sesgo ideológico en la puerta del Consejo de Ministros para pensar más en el bien común y en la salud  económica que en las próximas elecciones. 

"Estamos ante una cuestión no solo de cuantía sino también de oportunidad"

Lo único que tenemos de momento a la vista son previsiones económicas optimistas, que ya veremos si se cumplen y el crecimiento del que hablan no es solo el pasajero efecto rebote por la salida de la crisis. Basarse solo en esas previsiones para incrementar los costes salariales en un país dominado por pequeñas y medianas empresas debilitadas por la crisis, puede que no sea la decisión más prudente e inteligente en estos momentos, por más que sea la que convenga políticamente a sus promotores. Aunque no creo merecer tanto honor, solo espero ahora que ningún podemita pida que me corran a gorrazos por lo que he dicho. Continuará...

La cacicada del REF

Podemos preguntarnos por qué las ventajas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) no acaban de reflejarse en una mejora generalizada de las condiciones de vida de la población canaria; también podemos discutir si las bonificaciones fiscales que al amparo del REF obtienen las productoras cinematográficas por rodar en las islas, son demasiado generosas y debieran reorientarse hacia un mayor beneficio de toda la sociedad. Se puede discutir sobre el huevo, lo que no puede estar en cuestión permanente es el fuero, sometido con excesiva frecuencia por el gobierno central al ninguneo, al desconocimiento y a veces al desprecio. 

El REF, una historia de incumplimientos

El REF es parte esencial del acervo político y económico de Canarias y está tan anclado en su Estatuto de Autonomía como los fueros vascos y navarros en los suyos. Sin embargo, se ha vulnerado de nuevo y eso ha ocurrido con un gobierno socialista en Madrid y un gobierno de mayoría del mismo color en Canarias. La ministra María Jesús Montero incumple el REF desde que en mayo del año pasado, con ocasión de un decreto de medidas urgentes por la pandemia, desmochó el diferencial fiscal de Canarias para las producciones cinematográficas y lo dejó por debajo del que se aplica en la Península y Baleares. 

A lo largo de la historia ha habido numerosos atropellos del fuero canario, pero nunca se había quedado en desventaja frente al resto del territorio nacional. Con el supuesto fin de corregir el recorte y recuperar el diferencial del 80% para las producciones cinematográficas - el 100% en La Palma, La Gomera y El Hierro - los socialistas presentaron una enmienda al proyecto de ley de medidas antifraude que se tramitaba en el Senado. Sin embargo, para sorpresa de todos, la iniciativa solo eleva en un 24% la diferencia a favor de Canarias y deja el 56% para mejor ocasión. 

EFE

Ninguneo y resignación canaria

Hay más. El Estatuto de Autonomía de Canarias establece que cualquier modificación del REF requiere informe preceptivo aunque no vinculante del Parlamento autonómico. Pues bien, ni en mayo del año pasado, cuando entró en vigor el decreto que violaba el REF, ni con motivo de la tramitación de la ley antifraude en el Senado, tuvo a bien Montero informar a las instituciones canarias. Fue a última hora la presidenta del Senado la que advirtió al Parlamento, que deberá debatir y votar ahora el informe desfavorable del Gobierno regional. El dictamen, que reclama el diferencial del 80%, tiene ya el apoyo de todos los partidos de la cámara autonómica, incluyendo - ¡sorpresa! - al mismísimo PSOE. 

El Ejecutivo canario, y en especial su consejería de Hacienda en manos de Nueva Canarias, un partido que presume de nacionalista de izquierda, ha pasado en este tema del completo despiste ante los cambalaches de Montero a incordiar lo menos posible. Ahora, el inefable Pedro Quevedo, diputado nacional de ese partido, monta en cólera como si importara mucho lo que diga o piense a estas alturas; mientras, los representantes socialistas canarios en las Cortes han dejado patente que les puede mucho más la obediencia debida al Gobierno de su partido que la defensa plena del REF. Solo CC y el PP han intentado restituir el diferencial escamoteado y de Podemos, que siempre ha despreciado el REF, mejor ni hablar. 

EFE

La clave, la debilidad política canaria

La reiteración con la que Madrid viene haciendo mangas y capirotes con el fuero canario genera inseguridad jurídica y una engorrosa litigiosidad que convierten en papel mojado muchas de sus medidas. Es lo que ocurre cuando empresarios e inversores temen vérseles permanentemente con Hacienda por disparidad de criterios en la aplicación del REF o cuando, como ahora, Madrid decide arbitraria y unilateralmente cambiar las reglas del juego en mitad del partido. 

Algunos lo achacan a la ignorancia de los altos funcionarios de Hacienda sobre la singularidad fiscal canaria y seguramente llevan parte de razón, aunque también parece haber una mal disimulada tendencia a recortar el ya capitidisminuido diferencial fiscal canario, que se vería como un privilegio injustificado. Sin embargo, todo lo anterior solo se explica por la crónica debilidad política canaria frente al Gobierno central, ante el que, en situaciones como esta, las autoridades de las islas ni siquiera se atreven a levantar la voz, no digamos ya a "revirarse". Es la misma debilidad que explica también, por ejemplo, la lamentable sordera de Madrid en el drama de la inmigración o la absoluta pasividad ante la crisis del turismo.

No deja de ser significativo que la contumacia de esa supuesta ignorancia de los funcionarios de Hacienda solo afecte a Canarias y nunca al País Vasco o a Navarra, comunidades forales que no pertenecen al régimen común. ¿Se imaginan a Montero o a cualquier otro ministro de Hacienda mangoneando los fueros vasco y navarro a placer y conveniencia de Madrid? Es más, ¿se imaginan a los gobiernos de esas dos comunidades autónomas y a sus representantes en Madrid, independientemente del color político de cada cual, agachando la cabeza y transigiendo con lo que al ministro de turno le venga en gana hacer con los fueros? Yo tampoco.