Del bipartidismo a la polarización

Me refería en el último post a la incapacidad crónica del PP y el PSOE para llegar entre sí a pactos de gobierno y sobre asuntos de estado. Señalé entonces que esa dificultad nace de la polarización de la vida pública, uno de los principales achaques que sufre la defectuosa democracia española, The Economist dixit, y del que se derivan muchos otros. El problema de la polarización en las democracias occidentales no es precisamente nuevo y estudios que lo miden y lo ponen de manifiesto hay en abundancia. Sin embargo, en España la dolencia ha experimentado un agravamiento mucho más rápido que en otros países de nuestro entorno: a fecha de hoy se considera a nuestro país como uno de los más polarizados de la Unión Europea, si bien Francia, Italia o Grecia no se quedan muy atrás. Entre los analistas hay también coincidencia en que el punto de inflexión a partir del cual se aceleró este fenómeno en España se encuentra en la llegada de Podemos al escenario político y la aparición poco después de Vox como su contraparte.

Polariza, que algo ganas 

Junto con Ciudadanos, Podemos y Vox consiguieron acabar con el bipartidismo, pero no para insuflar en el panorama político el aire fresco de la regeneración que prometieron, sino para polarizarlo. Su objetivo principal ha sido arrastrar al PSOE y al PP a los extremos del espectro político, en donde abundan  las líneas rojas y las consignas predominantes suelen ser “al enemigo, ni agua” y el "no es no". En buena medida, el harakiri que se está haciendo el PP a propósito del supuesto espionaje a Díaz Ayuso, además de una pugna por el poder en el partido, es el fruto de esa atracción fatal hacia los límites del espacio político, tal y como en su día lo fue también la crisis que protagonizaron Pedro Sánchez y los barones del PSOE.  

Llegados a esos extremos, el diálogo, el compromiso y el acuerdo se vuelven imposibles por miedo a perder votos, la democracia se bloquea, las instituciones se desprestigian, la desafección ciudadana crece y se entra en un círculo vicioso que se retroalimenta permanentemente. Dicho en otras palabras, la polarización es un cáncer para la democracia.

En síntesis, la polarización es el alineamiento de los partidos y de sus parroquias más fieles en torno a posiciones numantinas y antagónicas entre sí. Desde esas posiciones extremas se estigmatiza a los adversarios políticos y se les convierte en enemigos con los que no es posible entendimiento alguno. Igualmente se atacan y deslegitiman las instituciones democráticas y los poderes del Estado como el judicial, se exaltan las pasiones y las emociones, se apoyan las teorías de la conspiración y se cultiva la llamada “moral del asco”, que prescinde de la argumentación y reduce al máximo los espacios para el diálogo y el acuerdo.

O conmigo o contra mí

El partido, la ideología, el territorio, el feminismo, la corrupción, la inmigración, la Guerra Civil o el franquismo son algunos de los asuntos más recurrentes en España para generar polarización social y política, haciendo que los votantes fieles se sientan cada vez más aislados y excluyentes e incluso enfrentados a quienes no comparten sus puntos de vista: o conmigo o contra mí, no hay término medio ni espacio para la discrepancia. Los debates sobre las políticas públicas en sanidad, educación, servicios sociales o mercado laboral se trufan a menudo de superficialidad y demagogia populista o sencillamente se relegan a un segundo plano y se olvidan. En otros términos, la polarización que padece la democracia española y que en menor o mayor medida practican todos los partidos, va estrechamente unida al auge del populismo como la otra cara de una misma moneda.

"Populismo y polarización son como las dos caras de una misma moneda"

Las causas de este fenómeno tienen que ver con la creciente desigualdad social y la perdida de confianza en una clase política alejada de la realidad y en unas instituciones que no cumplen su cometido. La globalización, la inmigración, la revolución tecnológica y la incertidumbre ante el futuro completan el cuadro. Frente a esa realidad compleja se recurre a recetas simplistas por parte de líderes populistas que interpretan la música que mejor suena a los oídos de unos ciudadanos desengañados de la política. Ninguna democracia se quiebra por un cierto nivel de polarización, deseable por otra parte en un sistema político basado en la competencia entre distintos partidos. El problema surge cuando se supera ese nivel aceptable y la gobernabilidad e incluso la propia convivencia social se tornan cada vez más difíciles. ¿Hemos superado en España ese nivel? ¿Cómo de cerca estaríamos de superarlo? Sea como sea, este estado de cosas es dinamita para la estabilidad de la democracia.

Las redes, el vehículo ideal para la polarización

La polarización, exacerbada y elevada a la enésima potencia a través de las ineludibles redes sociales y de los medios de comunicación desesperados por incrementar la audiencia, genera bloqueo institucional y costes de oportunidad por la incapacidad de las fuerzas políticas para abordar los problemas del país en tiempo y forma. Se entra así en un círculo vicioso en el que, en lugar de gestionar los asuntos públicos, se fomenta el liderazgo incontestable y cuasi mesiánico y se vive en una permanente campaña electoral. Como explica el politólogo Pierre Rosanvallon en uno de sus libros, una democracia polarizada como la que impulsa el populismo corre el riesgo de derivar en "democradura", un término acuñado en Francia que define un "régimen político que combina las apariencias democráticas con un ejercicio autoritario del poder". 

"Hay que sacar el debate del terreno de las emociones y centrarlo en el de las políticas públicas"

El propio Rosanvallon señalaba que la alternativa a la polarización populista "no puede consistir en limitarse a defender el orden de cosas existente" sino en "ampliar la democracia para darle cuerpo, multiplicar sus modos de expresión, procedimientos e instituciones" más allá del simple ejercicio del voto. O lo que es lo mismo, la mejor manera de despolarizar la democracia no es erosionándola aún más y deslegitimando sus instituciones, sino mejorándola con más y mejor democracia. 

Esto pasa, entre otras cosas, por sacar el debate del terreno de las identidades y las emociones y centrarlo en las políticas públicas que afectan a la vida de los ciudadanos. Los líderes políticos son los primeros que deben dar ejemplo de responsabilidad, subrayando lo que une en lugar de lo que separa y huyendo de las descalificaciones personales y del uso de las redes para crispar y dividir. Y en último lugar, pero no menos importante, los medios de comunicación tienen la obligación de autorregularse para no echar más leña al fuego de una hoguera que se nos puede terminar escapando de las manos. Si todo esto les parece utópico, confieso que no sé qué otra cosa se puede hacer. 

La política como espectáculo

Relativamente calmadas de momento las aguas entre el PSOE y Podemos, los medios de comunicación han encontrado un nuevo filón en las desavenencias entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado a propósito de la fecha del congreso del PP de Madrid. Dimes y diretes, declaraciones "explosivas", misteriosas fuentes que no se identifican pero cuyas supuestas revelaciones se entrecomillan y publican en primera página, encuentros llenos de "tensión", entrevistas en horas de máxima audiencia en programas televisivos de entretenimiento... Todo vale para atizar la hoguera aunque en ella se achicharren sin remisión los principios más elementales del periodismo. Es la política elevada (o degradada) a la categoría de espectáculo mediático, al que se entregan con fruición los políticos y los medios, los medios y los políticos, que en esta relación tanto monta, monta tanto: ambos se necesitan mutuamente y mutuamente se instrumentalizan a mayor gloria de la banalización de la vida pública. Y mientras, los ciudadanos, convertidos en meros espectadores, nos agolpamos frente a la televisión y en las redes y observamos embobados los fuegos artificiales. 

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Amigos, enemigos y compañeros de partido

A Churchill se le atribuyen muchas frases, entre ellas la que dice que "hay amigos, enemigos y compañeros de partido". Sea o no apócrifa, la frase describe exactamente lo que está ocurriendo entre Casado y Ayuso y no habría que darle más vueltas ni hacer correr ríos de tinta y llenar horas de televisión. La presidenta madrileña quiere el control del partido en su comunidad como un primer paso antes de explorar la posibilidad de moverle la silla a Casado, quien, como es natural, procura curarse en salud. Nada que no haya ocurrido antes miles de veces: desde que hay partidos políticos las luchas por el poder en las cúpulas dirigentes son un elemento inseparable de la política. 

Los medios de comunicación nunca han sido ajenos a esos forcejeos en los que con frecuencia toman partido por uno u otro bando, tal y como ocurre ahora con todo descaro en la pugna Ayuso - Casado. La diferencia en estos tiempos está en la penetración social de la televisión y de las redes, que multiplican exponencialmente esas trifulcas y elevan a la categoría de noticia de la máxima relevancia lo que no pasa de ser una escaramuza política más en las alturas. Lo importante no es siquiera que las diferencias ideológicas o programáticas entre quienes se baten el cobre por el control del partido sean insignificantes, lo que de verdad interesa es alimentar el circo mediático e incrementar las audiencias.

Para eso los líderes políticos pagan con dinero público a jefes de gabinete expertos en medios de comunicación, para que les enseñen a dar bien en los medios y a conquistar a la audiencia con su labia, por superficial y fútil que sea, o con su buena planta y simpatía. La política se hace hoy con el corazón en la mano y afrontando los asuntos complejos con eslóganes vacíos pero pegadizos para que sean titulares en todos los medios y circulen por las redes. No importan lo tozuda que sea la realidad ni las contradicciones, lo que cuenta son los sentimientos y la empatía; los ciudadanos no quieren que les prometan sangre, sudor y lágrimas, que bastante tienen ya; quieren escuchar que saldremos más fuertes, que no dejaremos a nadie atrás, que la economía crecerá, que bajará el paro, el precio de la luz y el de los alquileres, que se reducirán los impuestos y que mejorarán los servicios públicos. Si luego ocurre todo lo contrario se pide a los jefes de gabinete, que para eso se les paga, que inventen las excusas oportunas. En estos tiempos en los que todo el mundo opina de todo, lo de menos es que hayan mentido o prometido lo que sabían que no podrían cumplir: cuando la propaganda entra por la puerta, los hechos saltan despavoridos por la ventana. 

La información como entretenimiento

Las televisiones colaboran poniendo el personal, las cámaras, el plató e incluso el público de atrezzo. Las cadenas generalistas, a través de las que se informa el 90% de la población, se han visto obligadas a competir a cara de perro con la televisión de pago y las plataformas de vídeo bajo demanda. La fragmentación y la pérdida de audiencia las ha llevado a convertir los telediarios en contenedores en los que cabe de todo, desde mucho periodismo político de declaraciones a frivolidades del mundo del espectáculo, indistinguibles a veces de la actualidad política. Los programas informativos puros, mucho más caros, han ido cediendo terreno ante formatos más baratos como los magacines politizados, las tertulias políticas y los programas de entretenimiento en los que se estilan entrevistas "cercanas y humanas", que en muchas ocasiones solo son agradables masajes sobre la vida privada y las aficiones de unos invitados que proceden cada vez más también del mundo de la política. 

"No queda tiempo para digerir el aluvión de trivialidades que se hacen pasar por noticias"

Los otros medios no pierden comba y se suman encantados a la batalla de dimes y diretes, a los rumores y al chismorreo político insustancial. Los políticos se han convertido en las grandes estrellas de nuestro tiempo, con su presencia y sus mensajes oportunistas y prefabricados saturan todos los canales de comunicación con la sociedad y convierten la actualidad en un estado permanente de opinión y confrontación. Apenas queda tiempo para digerir el aluvión de trivialidades que se hacen pasar por noticias, que a las pocas horas ya han muerto para dar paso a otra ración de más de lo mismo. ¡Más madera, es la guerra!. Las opiniones suceden a las opiniones en una carrera vertiginosa en la que lo que menos importa son los hechos, sobre los que se opina sin un mínimo conocimiento de causa y por no parecer en fuera de juego. 

Las noticias, que deben presentarse de forma "fácil y amena" a los espectadores, no son tanto hechos objetivos que han ocurrido o están ocurriendo como un bucle infinito de declaraciones cruzadas entre políticos. Este estado de cosas se convierte en viral en las redes sociales, en donde reinan a sus anchas el oportunismo, las noticias falsas, la descalificación, el insulto y el populismo rampante. Políticos de todo color y condición y medios de todo tipo explotan así el lado más estridente y menos noble de la política, los primeros a la caza de votos en todos los grupos sociales y los segundos a la caza de audiencias y contratos publicitarios. 

La libertad de opinión como farsa

Esta promiscuidad entre medios y políticos de la que ambos sacan tajada, ha sido descrita aquí solo a muy grandes rasgos y sirve para cualquier otro duelo por el poder además del que libran estos días Ayuso y Casado. En realidad no es un fenómeno nuevo sino un fenómeno que la televisión y las redes sociales han exacerbado hasta el punto de poner seriamente en cuestión algunos principios esenciales de la democracia. En su libro "De la estupidez a la locura", (Lumen, 2016) Umberto Eco escribió que "la democracia romana comenzó a morir cuando sus políticos comprendieron que no hacía falta tomarse en serio los programas [de los partidos], sino que bastaba simplemente con caer simpáticos a sus (¿cómo decirlo?) telespectadores". 

Mucho antes, Hanna Arendt advirtió de que "la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza una información objetiva y no se aceptan los hechos mismos". En su libro "Verdad y mentira en política" (Página Indómita, 2016) Arendt afirmó que "la verdad factual, si se opone al provecho o al placer de un  determinado grupo, es recibida hoy con una hostilidad mayor que nunca". Me pregunto qué habría dicho Arendt, que escribió esto a comienzos de los años setenta, si hubiera vivido en plena expansión de las noticias falsas en las redes sociales y de la política convertida en aquel pan y circo que volvía locos a los romanos. 

Adiós a la democracia de partidos

Los partidos políticos siempre han estado en entredicho, aunque pocas veces tanto como en la actualidad: han cambiado de tal forma en las últimas décadas que ya es muy difícil reconocer en ellos a las organizaciones de masas que fueron en otros tiempos, especialmente tras la II Guerra Mundial, cuando su legitimación social alcanzó las máximas cotas. Hace poco comenté en el blog el libro de P. Ignazi "Partido y democracia", (Alianza, 2021), (Ver aquí) y vuelvo sobre el tema con otro trabajo clave para entender este proceso. Se trata de "Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental", de Peter Mair, publicado unos años antes pero de plena vigencia. Mair es contundente: "la era de la democracia de partidos ha pasado", afirma. En su opinión, aunque los partidos permanecen, se han desconectado hasta tal punto de la sociedad y están tan empeñados en una clase de competición que es tan carente de sentido, que no son capaces de ser soportes de la democracia. Mair incide especialmente en la creciente devaluación del demos ante una idea de la democracia en la que el componente popular se ha vuelto irrelevante.

Participación y afiliación a la baja

La reacción de los ciudadanos ante los partidos es la desafección, la indiferencia e incluso la hostilidad. Pruebas evidentes son el descenso de la participación en las elecciones y del número de afiliados. Y es a través de esa brecha - dice Mair - por la que se cuelan los populismos de diverso signo. Síntoma también de la distancia que separa al demos de los partidos es la volatilidad del voto, lo que además hace cada vez más inciertas las predicciones electorales. Esto significa que, como consecuencia de los cambios sociales de las últimas décadas (secularización, mejores condiciones de vida, globalización), cada vez es más frecuente que los electores cambien el sentido de su voto de unas elecciones a otras. Esa actitud se traduce en una caída de la lealtad partidaria y del número de electores que se identifican solo con unas siglas concretas. 

En opinión de Mair, "cuando la política se convierte en un entretenimiento para los espectadores es difícil mantener partidos fuertes. Cuando la competencia entre partidos apenas tiene consecuencias para la toma de decisiones, solo cabe esperar que derive hacia el teatro y el espectáculo". Según Mair, la política actual es cada vez menos partidista, aunque las apariencias puedan hacer creer lo contrario. Se extiende la indiferenciación entre los partidos, al menos por lo que se refiere a las decisiones de gran alcance para los ciudadanos. Se trata de un proceso muy vinculado a la globalización en el que los gobiernos y, consecuentemente, los partidos políticos han visto drásticamente recortada su autonomía política. 

"La única función de los partidos es el clientelismo y la organización del parlamento y el gobierno"

Esto conduce a que "los partidos políticos cada vez tienen más dificultades para mantener identidades diferenciadas". Lo cual, unido al retroceso del llamado voto de clase, ha dado paso a partidos "atrapalotodo" que buscan votos en todos los caladeros. De ahí - dice Mair - que la actual competición política se distinga por la "pugna por eslóganes socialmente inclusivos a fin de obtener el apoyo de electorados socialmente amorfos". Con líderes políticos de los que se valora ante todo su capacidad mediática para conectar con electorados de base social lo más amplia posible y una decreciente competencia entre izquierda y derecha, retrocede también el modelo de gobierno de partidos responsables.

Adiós a los partidos de masas

Con la implantación de los partidos "atrapalotodo" también se alteran las funciones tradicionales de las fuerzas políticas. Una de ellas era trasladar las demandas sociales a los núcleos del poder, un papel que interpretan ahora organizaciones y movimientos sociales de todo tipo que son los que han terminado estableciendo la agenda política. Para Mair, a la vista de este panorama la única función que mantienen aún los partidos es la del clientelismo y la organización del parlamento y el gobierno. El resultado de todo lo anterior es que "los ciudadanos dejan de se participantes para ser espectadores mientras las élites ocupan un espacio cada vez mayor en el que perseguir sus intereses particulares". 

La UE es para Mair el paradigma de las transformaciones que han sufrido los partidos políticos. En el club comunitario ve el autor el espacio para el refugio de unos partidos y unos dirigentes alérgicos a rendir cuentas. Es en ese ámbito en el que se aprecia con más claridad la escasa competencia entre partidos. El ciudadano, mientras, observa que las decisiones relevantes se adoptan en lejanas instituciones no elegidas democráticamente y liberadas de rendir cuentas. Para nuestro autor, la UE es una suerte de "estado regulador" o sistema político al que apenas se puede acceder por las vías y con los medios habituales en una democracia convencional. A su juicio, esta UE se ha construido de esta y no de otra manera porque la democracia convencional ya no es operativa ya que, si lo fuera, no sería necesaria la UE. 

Conclusiones

Es evidente que los partidos, piezas clave de esa democracia, han mutado en organizaciones divorciadas de unos ciudadanos que les pagan con la misma moneda. La cuestión es cómo revertir la situación y acortar la brecha y para eso el populismo no es la mejor de las alternativas. ¿Seguiría habiendo democracia si los partidos terminan convertidos en meros gestores de la agenda institucional, sin apenas contacto con la calle salvo en periodos electorales y a través de medios de comunicación y redes sociales? ¿se podría seguir hablando de democracia si continúa bajando la participación electoral y la afiliación? ¿en una democracia así a quiénes representarían los partidos? ¿Es concebible una democracia sin demos? Pocas respuestas hay de momento para estas y otras muchas preguntas que suscita la lectura del libro de Mair, aunque al menos una sí parece evidente: la democracia de partidos está evolucionando hacia un sistema aún borroso pero cada vez más inquietante. 

El Parlamento canario incumple sus deberes

Un parlamento que incumple de forma flagrante y sin motivo suficiente un mandato expreso de la norma básica a la que se debe, no puede aspirar a conquistar el respeto y la confianza de los ciudadanos a los que representa. Este sábado, 6 de noviembre, se cumplirán los tres años previstos en el reformado Estatuto de Autonomía de Canarias para que el parlamento regional apruebe una ley reguladora de las elecciones autonómicas. Tres años en los que sus señorías, tanto los de la legislatura anterior como los de la actual, que ya ha superado con creces el ecuador, no han movido prácticamente un papel para cumplir ese mandato claro y concreto. Son responsables todos los partidos de la cámara, pero en especial su presidente Gustavo Matos y el Gobierno autonómico. El primero porque no ha hecho honor a su promesa de que la ley se aprobaría en el plazo establecido y no puede decirse que se haya esforzado demasiado en conseguirlo; el segundo, porque es muy llamativo que tres de los cuatro partidos que lo apoyan - PSOE, NC y Podemos -, que en la oposición convirtieron este asunto en banderín de enganche, hayan dejado pasar el tiempo sin impulsar una sola propuesta para mejorar la calidad de la democracia en la comunidad autónoma. 

EP

Cuarenta años sin ley electoral

La autonomía canaria está a punto de cumplir cuarenta años y aún sigue sin una ley propia reguladora de su sistema electoral. A la vista de la nula voluntad y la falta de valentía de quienes tienen la obligación legal y política de poner fin a esa insólita situación en una democracia, cabe temer que las graves carencias del sistema provisional actual se fosilicen como algo inevitable. Para el muy mejorable método que se empleó en las elecciones de 2019 hicieron falta dos años de reuniones de una subcomisión parlamentaria de estudio por la que pasaron una gran cantidad de profesores constitucionalistas y expertos en sistemas electorales, además de varios representantes de la sociedad civil. 

Tanto esfuerzo de tantos durante tanto tiempo tuvo como resultado un acuerdo de mínimos in extremis para salvar el expediente ante la opinión pública: que no se dijera que no lo habían intentado. Aún así no contó con el apoyo de CC, aferrada a la desfasada triple paridad, ni con el de la Agrupación Socialista que lidera Casimiro Curbelo, temeroso de que su influencia en la política autonómica quede relegada si se corrigen los escandalosos niveles de infrarrepresentación de las islas más pobladas.  

Un paso en la dirección correcta pero insuficiente

El canario es uno de los sistemas electorales más injustos de la Unión Europea según la inmensa mayoría de los expertos. El hecho de que el 17% de la población elija a la mitad de los miembros del parlamento y el 83% restante a la otra mitad es lo suficientemente elocuente de su falta de proporcionalidad. Ese estado de cosas, arrastrado desde el inicio de la etapa autonómica con la fórmula de la triple paridad, se corrigió solo en parte en 2019 a través del acuerdo parlamentario citado que implantó la circunscripción regional, aumentó a 70 del número de escaños y bajó las barreras de acceso a la cámara. Fue un primer paso en la dirección correcta, pero claramente tímido e insuficiente. La prueba es que la ASG obtuvo tres escaños con solo 6.000 votos y de propina grupo parlamentario; a Podemos, en cambio, le hicieron  falta 80.000 sufragios para obtener cuatro escaños y a Ciudadanos casi 66.000 para tener dos asientos en la cámara. 

A falta de una ley electoral autonómica, las elecciones de 2019 aplicaron ese injusto sistema en virtud de una norma transitoria sujeta al control de los jueces y de la Junta Electoral. En la memoria de todos los electores canarios seguramente permanece muy vivo aún el esperpento de la doble urna y las dos papeletas de votación. Entonces se aceptó aquella situación porque supuestamente no había tiempo material de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones para desarrollar la ley mandatada por el nuevo Estatuto de Autonomía, que había entrado en vigor en noviembre de 2018. 

La pandemia como excusa perfecta

Sus señorías, sin embargo, no consideraron que el asunto fuera merecedor de sus desvelos. Pasaron las elecciones y término 2019 y no fue hasta marzo de 2020 cuando el presidente del Parlamento aseguró que se cumpliría el plazo previsto en el Estatuto. Incluso se reunieron la Mesa y la Junta de Portavoces, establecieron un calendario de trabajo y se conjuraron para que no pasara de noviembre de este año. Pero entonces llegó la pandemia y con ella la excusa perfecta para olvidar las buenas intenciones y aparcar el cumplimiento de la obligación estatutaria, al parecer indefinidamente. Así, aunque en enero de este año Gustavo Matos volvió a prometer lo mismo que un año antes, el resultado ha sido el mismo: ninguna de las fuerzas de la cámara ha mostrado interés en que las islas cuenten con una ley que corrija las manifiestas disfunciones del sistema de elección de los parlamentarios regionales. 

"Tres años perdidos para resolver una vieja asignatura pendiente: la ley electoral canaria"

Esta falta de voluntad política solo puede responder a una causa: el que más y el que menos está a gusto con el statu quo y prefiere tener la fiesta en paz, que en esta vida nunca se sabe con quién habrá que pactar. PSOE, NC y Podemos seguramente temen que Casimiro Curbelo se revire si le mencionan la bicha del sistema electoral y los deje sin Pacto de las Flores ni perro que les ladre; el PP tampoco quiere hacerse sangre con una cuestión con la que no gana mucho y le puede dificultar posibles pactos en el futuro, mientras a CC este asunto siempre le ha producido ronchas y sarpullidos de tercer grado como para tirarse piedras contra su propio tejado. En otras palabras, unos por otros mantienen la casa sin barrer y que diga misa el Estatuto. 

Tres años han desaprovechado los partidos para aprobar por fin la vieja asignatura pendiente de Canarias: un acuerdo de amplio consenso para disponer de una ley electoral mucho más justa y proporcional que el sistema desigual que hemos padecido durante cuatro décadas. Son los mismos partidos que se lamentan de que la población desconfíe y muestre nulo interés por los asuntos parlamentarios, como si ellos les dieran alguna buena razón para que se interesen. También son los que denuncian que Madrid no respeta el Estatuto pero son incapaces de dar ejemplo respetándolo ellos. Han olvidado que el respeto y la confianza siempre empiezan por uno mismo y, en este caso, el  Parlamento de Canarias ha demostrado que no lo hace: ni se respeta ni respeta a quienes le confieren su legitimidad: los ciudadanos canarios. 

Juego de tronos en Moncloa

No tengo la más remota idea de si habrá adelanto electoral. En realidad creo que nadie sabe qué ocurrirá, probablemente ni el responsable de dar el paso aunque esa opción seguramente forme parte de sus cálculos. Lo que sí está meridianamente claro es que la campaña electoral ha comenzado y va a ser tan agotadora e insufrible como todas las de los últimos tiempos, máxime si vampiriza lo que queda de legislatura. Pero antes que en posibles adelantos electorales, que no hay que descartar, y en trifulcas entre partidos con la conquista del poder como guía y razón de ser, pienso sobre todo en los parados, en los pobres, en los jóvenes sin trabajo que no se pueden emancipar, en el precio de la luz, en los inmigrantes hacinados en Canarias, en los golpeados por la pandemia o en los afectados por el volcán de La Palma y me pregunto qué pensarán de que, quienes deberían dedicar todos sus esfuerzos diarios a encontrar salidas a esos problemas, estén ya en traje de faena electoral. Hago intentos para imaginármelos medianamente preocupados por las desavenencias entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez o entre Pablo Casado y Santiago Abascal y no lo consigo.  Seguramente la clave reside en que ellos viven en el país real y los políticos en una realidad paralela en la que los ciudadanos somos poco más que carne de urna.

Un país irreal

Comprendo que los columnistas, atados como galeotes al duro banco de la pieza diaria de opinión, saliven extasiados ante la mina de oro que supone siempre una buena crisis de gobierno. Esto les proporciona munición abundante para días y hasta semanas aunque sus elucubraciones, cálculos e hipótesis no sean más que otra forma de contribuir al ruido ambiental de la política que impide escuchar el sonido del país real. No es mi intención restarle gravedad a la inestabilidad política que afecta al Gobierno, sino la de no dramatizar más de lo necesario una situación bastante lógica habida cuenta las querencias e intereses de los socios de la coalición. 

Estoy convencido de que habría habido crisis en la coalición más pronto que tarde, si no por la reforma laboral por cualquier otro motivo que permitiera marcar los respectivos territorios políticos. No obstante, el motivo de la pelea tiene el suficiente calado como para que sea trascendental lo que ocurra, más que con el Gobierno, que es contingente, con una contrarreforma laboral convertida ahora en la madre de todas las batallas políticas. De lo que resulte dependen de entrada unos 10.000 millones de euros de fondos europeos, condicionados a que los cambios en el mercado laboral se hagan con consenso y diálogo social.

Las discrepancias son tan conocidas y notorias que no es necesario ahondar. Para Yolanda Díaz la palabra mágica es "derogar": en ella le va consolidarse como la heroína mediática de la izquierda, que en parte ya la jalea en las redes y en los medios afines como si lo fuera; mientras, Sánchez habla de "modernizar" las relaciones laborales, atrapado en el dilema de que Bruselas cierre el grifo o de que  Díaz se quede con una buena porción de sus electores más izquierdistas. Tiene razón Díaz exigiendo la derogación porque así figura expresamente en el pacto con el PSOE, aunque si creyó al dedillo lo que Sánchez prometió es que le sobra ingenuidad y no está tan preparada para ese liderazgo como pretenden hacer creer sus corifeos. 

Juego de tronos 

El encontronazo, termine como termine, se veía venir de lejos. Las coaliciones de gobierno en las que los partidos no compiten por el mismo espacio político suelen ser más estables y duraderas. En cambio, las que integran fuerzas que se disputan el mismo nicho electoral entran antes en barrena, provocando inestabilidad política y adelanto de elecciones. El caso portugués ilustra muy bien el funcionamiento de ese tipo de alianzas. En realidad no hay nada nuevo, la única diferencia es que en esta ocasión no se ventila el futuro de un gobierno municipal o autonómico, sino el del Gobierno de la nación y quién se hará con el santo y seña de la izquierda en las siguientes elecciones. Esto, que figura en el primer amiguito de cualquier analista político, es lo que en realidad están ya dilucidando Sánchez y Díaz. 

"Asistimos una vez más al cansino y habitual  juego de tronos por el poder" 

A partir de ahí podemos hacer todas las conjeturas que nos apetezca sobre a cuál de los dos beneficiaría más un adelanto electoral o sobre si Sánchez padece ahora insomnio ante la herencia envenenada que le dejó Pablo Iglesias; incluso cabe aventurar la posibilidad de que se desprenda de Díaz y gobierne en solitario con las manos libres y abierto a acuerdos con otras fuerzas; también nos podemos entregar a la especulación sobre la pugna entre Belarra y Díaz por el liderazgo en Podemos, otra de las bazas que está en juego en estos momentos. En cualquier caso, el espectáculo me produce una invencible pereza como para hacer cábalas sobre algo que, en todo caso y por desgracia, no se resolverá pensando en los problemas reales de los españoles sino en el interés cortoplacista de los líderes políticos, que cada vez coincide menos con aquellos.

Lo que tenga que ser será, que dijo el estoico. Lo trágico es que, mientras llega lo que tenga que llegar y quieran los políticos que llegue, los graves y numerosos problemas del país dejarán de recibir toda la atención que requieren. Para los ciudadanos es una nueva demostración de que sus dificultados para llegar a fin de mes, conseguir trabajo, pagar la luz o hacer frente a calamidades sobrevenidas parecen preocupar mucho menos a los responsables públicos e incluso a los medios de comunicación que el cansino juego de tronos por el poder, doblemente cansino y doblemente extenuante a medida que se acercan las elecciones y los políticos entran en celo.  

Rubalcaba y el arte de enterrar bien

En España tenemos una rara habilidad para enterrar en vida a nuestros mejores personajes públicos y exhumarlos una vez muertos para que los colmen de elogios los mismos que les dieron la espalda cuando aún podían ser útiles al país. Para este arte tan español tuvo Alfredo Pérez Rubalcaba una frase genial que se aplicó a sí mismo: "En España enterramos muy bien". Me estoy acordando también de Adolfo Suárez, otro político al que se condenó en vida al ostracismo para rehabilitarlo nada más morir y convertirlo en el artífice providencial de la Transición de la dictadura a la democracia. A Rubalcaba su partido de toda la vida le acaba de rendir homenaje con ocasión del 40º Congreso celebrado en Valencia. Incluso se descubrió un busto que presuntamente representa al desaparecido político pero que, a decir verdad, se le parece tanto como el partido que él lideró al que lidera hoy su sucesor.  

Ignacio Gil

En España enterramos muy bien

Escuchando los ditirambos que se le dedicaron en Valencia me vino a la memoria el libro del periodista Antonio Caño, titulado "Rubalcaba. Un político de verdad" (Plaza y Janés, 2020). No soy un entusiasta de las biografías de políticos escritas por periodistas, ya que cuando no son meras hagiografías del biografiado son juicios sumarísimos sin derecho a defensa. El libro de Caño tiene, no obstante, un tono comedido que permite acercarse a la figura del que tal vez haya sido uno de los mejores y más leales políticos de este país en los últimos tiempos. Una figura que se ha ido agrandando no solo por méritos propios sino también por el contraste negativo cada día más intenso con quienes, tras su retirada, han tomado las riendas de su partido y del país.

Uno se imagina a Rubalcaba sonriendo socarrón mientras escucha los halagos de Pedro Sánchez y tal vez respondiéndole aquello de que "en España enterramos muy bien". Las suyas son figuras políticas antitéticas por más que ahora Sánchez y los suyos reivindiquen la de Rubalcaba. Por solo citar un par de ejemplos, compárese el rechazo casi instintivo de Rubalcaba a aceptar cargos orgánicos en el PSOE con la adicción al liderazgo cesarista que caracteriza a Sánchez; Rubalcaba fue crucial para desactivar el Plan Ibarretxe, ante lo cual uno se pregunta cuál habría sido la respuesta de Sánchez ante aquel desafío a la vista de su posición sobre Cataluña. 

"Uno se imagina a Rubalcaba sonriendo socarrón mientras escucha los halagos de Pedro Sánchez"

El político cántabro antepuso el sentido de estado a sus intereses partidistas, se ciñó escrupulosamente a la Constitución y fue clave en asuntos de tanta trascendencia como la desactivación de ETA o la abdicación de Juan Carlos I, coincidiendo esto último con un PSOE contaminado ya por el lenguaje antimonárquico de Podemos. En cambio, para Sánchez no parece haber lealtad más importante que la que se debe a sí mismo, bordea e incluso rebasa los límites constitucionales y pacta con los albaceas del terrorismo etarra y el independentismo catalán para conservar el poder. Rubalcaba, en cambio, se tuvo que enfundar el traje de bombero para apagar los incendios que iba provocando a su paso Rodríguez Zapatero, ahora convertido por el PSOE en oráculo diario de la inanidad, bien fuera sobre el nuevo estatuto catalán o sobre los avances de las conversaciones con ETA.  

Rubalcaba se define más por sus principios que por su ideología

Cuenta Caño que Rubalcaba, un político que se define mucho mejor por sus principios que por su ideología, quedó en fuera de juego ante el arribismo de personajes como Sánchez, surgidos de la nada y abducidos por el lenguaje del populismo que no tardó en impregnar también las bases del partido. Con la llegada de Sánchez a la secretaría del PSOE, en donde arrasó con el equipo de su antecesor, y la vuelta  de Rubalcaba a sus clases de Química Orgánica en la Complutense, su ausencia de la vida pública no tardó en notarse: el Gobierno y el principal partido de la oposición dejaron de hablarse al suspenderse los encuentros discretos entre Rajoy y Rubalcaba, seguramente por orden de Sánchez, y la polarización política ganó enteros a pasos agigantados. 

Sería largo y prolijo recordar ahora el tormentoso proceso que llevó a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE y la retirada de Rubalcaba de la vida pública con una dignidad cada vez más rara en la clase política. Sí cabe señalar que, a pesar de la debacle socialista en 2015, siguió asesorando a Sánchez las pocas veces que éste se lo pedía, aunque más por lealtad al partido que por confianza en el nuevo líder. Es oportuno recordar aquí el testimonio de Miquel Iceta, recogido en el libro de Caño, según el cual Rubalcaba pensaba que Sánchez "no era un socialista" ni un "socialdemócrata", sino que "lo tenía por un radical de izquierdas". El propio Iceta le reprochaba a Sánchez que no aprovechara más la experiencia de Rubalcaba, pero "no hubo manera". 

Denostado en vida, llorado tras su muerte

Aún así, el veterano político no se escondió para rechazar los pactos con Podemos y ERC - "gobierno Frankenstein" -  y le reprochó a Sánchez el "no es no" a la investidura de Rayoy. Y fue ahí en donde se acabaron las amistades para siempre, según Caño. Rubalcaba, ahora reivindicado por quien lo arrinconó en lugar de aprender de su dilatada experiencia política, fue el chivo expiatorio de una larga serie de errores colectivos que han hecho irreconocible al PSOE por el que se desvivió durante gran parte de su vida. No son inocentes tampoco los ciudadanos que lo masacraron en las urnas y lo lloraron tras su desaparición, por no hablar de una clase política que pretendió lavar su mala conciencia con unos funerales sobrecargados de emoción un tanto forzada.  

Más allá de bustos y homenajes oportunistas, los españoles deberíamos recordar a Rubalcaba como un político honesto y leal, que en los tiempos que corren es oro molido. Si bien cometió errores, como el resto de políticos y como todo humano, también tuvo grandes aciertos que los españoles, tan dados a llorar sobre la leche derramada, no supieron o quisieron reconocer. Es indiferente que el busto se parezca poco o nada a él, lo que debería importar es que el PSOE recobre sus rasgos históricos, hoy irreconocibles, y que la clase política haga de Rubalcaba un modelo a seguir en el servicio a los ciudadanos. En el famoso discurso fúnebre de Pericles recogido por Tucídides se afirma que "la tumba de los hombres ilustres es la tierra entera". En el caso de Rubalcaba esa tumba es una España a la que pudo seguir prestando buenos servicios, si quienes hoy se arropan con él para ocultar sus propias vergüenzas, hubieran tenido solo la mitad de su altura de miras y de su sentido de estado. 

¿Democracia sin partidos?

La pregunta que da título a esta reseña es una de las muchas que se hace Piero Ignazi en este interesante libro titulado “Partido y democracia. El desigual camino a la legitimación de los partidos”. (Alianza Editorial, 2021). Ignazi, catedrático de política comparada en la Universidad de Bolonia, parte de la constatación de que “los partidos han perdido el aura que adquirieron inmediatamente después de la II Guerra Mundial como instrumentos esenciales para la democracia y la libertad y para el bienestar general de sus electores”. A partir de esa premisa, que ilustra con un amplio aparato estadístico, el autor subraya que “la recuperación de su legitimidad es una necesidad imperiosa para contrarrestar la cada vez mayor ola populista y plebiscitaria”. Y añade que “la democracia sería inconcebible sin partidos en la medida en la que reconocemos la legitimidad del conflicto político regulado”.

La vieja mala imagen de los partidos

Ignazi se remonta a la Antigüedad clásica para escudriñar en Grecia y en Roma en busca del germen de los partidos y llegar desde ahí a las repúblicas italianas y al nacimiento del Estado moderno. Pero el concepto moderno de partido político surge realmente en Inglaterra, en donde el terreno estaba más abonado, y llega mucho más tarde a Francia, Estados Unidos, Alemania o Italia. El libro recuerda que los partidos no han gozado de buena prensa en ninguna momento de su historia. Siempre se les ha visto como la semilla de la discordia y la desunión, e incluso como un peligro para la democracia, en tanto se les tiene por agentes al servicio de intereses particulares o sectoriales y no del bien general.

El caso francés es paradigmático: el triunfo de la Revolución no supuso la legitimación automática de los partidos sino su práctica proscripción de la vida política: los revolucionarios veían en los partidos unos intermediarios indeseables en la relación directa que debía existir entre los ciudadanos y la nación. No fue hasta finales del XIX y principios del XX cuando consiguieron ganarse la legitimidad, si bien las dudas y los recelos persisten hasta la fecha. Paradójicamente fue esa desconfianza la que dio pie a organizaciones totalitarias en Italia, Alemania y la Unión Soviética, e incluso España: el partido, divisivo por naturaleza, se convirtió así en el uniformador de una sociedad en la que no tenía cabida alguna la disidencia política.

"Los partidos no fueron capaces de adaptarse a los cambios de la sociedad posindustrial"

Llegado a este punto Ignazi se pregunta qué ha sobrevivido de los partidos totalitarios en los partidos actuales. La pregunta es provocadora a la vez que sugerente: en su opinión hay una tentación totalitaria en los actuales partidos con la que pretenden contrarrestar la deslegitimación social que sufren. Un síntoma sería, según el autor, el creciente drenaje de recursos del Estado para el funcionamiento de unos partidos que se han convertido en agencias de colocación de sus afiliados y simpatizantes y que cada vez interactúan menos con la sociedad y más con el Estado del que se nutren. Es lo que los politólogos Katz y Mair definieron hace tiempo como "partidos cártel", a los que definieron como "partidos escasamente ideológicos, dependientes en exceso de la financiación pública, y que tratan de impedir el acceso de otros partidos competidores a determinados recursos para maximizar sus beneficios". 

 Inmovilismo y cesarismo

La cuestión es cómo han llegado los partidos a esta situación. Después de la II Guerra Mundial, la de mayor legitimación pública por su lucha contra el nazismo y el fascismo, los partidos no fueron capaces de acomodarse a la realidad de una sociedad posindustrial que ya no cuadraba con las viejas organizaciones de masas: “Han seguido un camino extraño de adaptación y han terminado en una situación de estancamiento, o incluso peor, han tomado una dirección equivocada provocando el descontento del electorado”. La secularización, los cambios en la estratificación social y la mejora de las condiciones de vida diluyeron los viejos discursos y dieron paso al partido “atrapalotodo” que busca votos en sectores y clases sociales a los que nunca se había aproximado. La otra cara de esa moneda son las políticas de “consenso” como la Grosse Koalitionen alemana que, paradójicamente, también les valió la crítica social por no ofrecer alternativas reales y “no dividir lo suficiente”, como irónicamente señala Ignazi.

Mientras, las viejas estructuras internas permanecieron prácticamente inalterables a pesar de la caída de la militancia y, con ella, de una parte importante de los ingresos económicos. En paralelo surge el perfil de un nuevo votante, mucho menos interesado e implicado en la política y, sobre todo, menos leal a unas siglas concretas. Todas estas circunstancias condujeron a los partidos a un punto muerto del que intentan escapar por dos vías: tímidas reformas internas y parasitación de los recursos públicos. 

La celebración de primarias para elegir dirigentes y candidatos o la convocatoria de consultas sobre asuntos diversos, no han aumentado el número de afiliados ni la confianza pública en los partidos. Antes al contrario, los líderes ejercen ahora un mayor control con tendencia al cesarismo populista y al respaldo plebiscitario una vez que los mandos intermedios han sido puenteados. “El modelo de relación líder – masa sin intermediarios que aplican los partidos políticos reduce el espacio para la discusión y empobrece el debate”, apostilla Ignazi. En algunos países incluso se ha legislado sobre el funcionamiento interno de los partidos sin resultados positivos apreciables. 

¿Están agonizando los partidos?

A pesar de la caída en picado de la afiliación, los partidos políticos europeos son hoy más ricos que nunca gracias a la "generosidad" del Estado. Según muestra Ignazi, la tendencia general indica un aumento de la financiación pública con respecto a la privada, lo que alimenta la corrupción y el clientelismo. Los partidos españoles e italianos son los más dependientes del Estado, del que reciben entre el 70% y el 80% de sus recursos, frente al 30% en Alemania. La consecuencia directa ante la sociedad es una mayor deslegitimación y un rechazo del 83% de los ciudadanos, en el caso español, a que se financien con dinero público. Según el Eurobarometro, cuatro de cada diez españoles no tienen confianza alguna en los partidos políticos, lo que afecta también a la confianza en una democracia que muchos ciudadanos interpretan como partitocracia. 

"Los partidos políticos son hay más ricos que nunca gracias a la generosidad del Estado"

En resumen, la fuerza de los partidos – su capacidad para drenar recursos públicos – es también su mayor debilidad. Como señala Ignazi, su papel como actores centrales del sistema político sigue siendo indiscutible a pesar de su descrédito social y de que su poder para reclutar afiliados está en franco declive. "Los partidos han firmado una suerte de pacto fáustico: han entregado su alma a cambio de una vida más larga (...). Se han involucrado en el Estado para beneficiarse abiertamente de sus recursos, abandonando así todo vínculo con la sociedad e incluso con sus militantes”. 

A pesar de experimentos muy poco convincentes y cargados de riesgos como el de los referendos, la revocación, el jurado ciudadano o la llamada “democracia deliberativa”, Ignazi no ve por ahora ninguna alternativa válida para sustituir a los partidos políticos y subraya que si caen estas organizaciones caerá también la democracia y se impondrá el populismo. De manera que queda respondida la pregunta del título: los partidos políticos siguen siendo “males necesarios” de la democracia. Lo que deberían hacer para recuperar la legitimidad que han perdido por sus errores está explicitado con claridad en las páginas de este provechoso libro. 

Alarma inconstitucional

Un gobierno que deliberadamente se salta la Constitución y vulnera los derechos fundamentales de cuarenta y siete millones de ciudadanos no es digno de continuar al frente de un país democrático. Si los españoles fuéramos menos condescendientes y mucho más exigentes con la clase política, ese gobierno ya habría dimitido y convocado elecciones. En España no pasará nada parecido porque gran parte de la sociedad dormita dopada por debates de campanario, lo que facilita que el Gobierno actúe con escaso o nulo respeto a las normas que son la garantía del estado de derecho. No debería la sociedad dejarse arrastrar al falso debate al que el Gobierno pretende desviar la atención tras el varapalo que le acaba de endosar el Tribunal Constitucional en relación con el primer estado de alarma por la pandemia. Como subraya el propio Constitucional, ni siquiera el interés general puede situarse por encima de los derechos fundamentales.

Reuters

Inconstitucionalidad por cálculo político

Lo que se debate no son las vidas que se salvaron gracias al estado de alarma, sino el empleo de una herramienta constitucional que no amparaba las restricciones de movilidad. Lo verdaderamente crucial es que las vidas salvadas serían las mismas si el instrumento elegido hubiera sido el estado de excepción. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar: a pesar de todas las advertencias sobre la inconstitucionalidad del decreto, el señor Sánchez y los suyos hicieron caso omiso por puro cálculo político. Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario, algo que no ocurría en cambio con el estado de excepción. En realidad, nada nuevo bajo el sol: este Gobierno, con un presidente alérgico al control parlamentario al frente, ha hecho bueno al señor Rajoy, al que Sánchez afeaba desde la oposición que gobernara a golpe de decreto, solo que en este caso él ha ido un paso más allá y ha lesionado derechos fundamentales sin pararse en barras. 

"Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario"

Las reacciones del Gobierno y su entorno no han hecho sino subrayar el desdén y el desprecio, cuando no la ignorancia, con los que este Ejecutivo se ha acostumbrado a tratar al resto de poderes e instituciones del Estado cuando sus decisiones le son desfavorables. El denominador es sostenella y no enmendalla, cuando no alegrarse por haber vulnerado la Constitución con el argumento falaz de haber "salvado vidas". Mención especial merecen las declaraciones de dirigentes y cargos públicos de Podemos cuestionando la decisión del Constitucional por la poderosa razón de que el resultado de la votación no fue unánime, como si la fuerza de la decisión fuera menor por ese motivo, y porque el recurso lo había presentado Vox, como si no fuera un partido legal que ejerció un derecho constitucional.  

Jueces malos, gobierno bueno

Ministras como Belarra parecen ignorar incluso que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial y que sus integrantes los nombran precisamente los partidos políticos. Pero con ser grave esa muestra de ignorancia, lo es mucho menos que el mal disimulado deseo de poner al Constitucional y al Poder Judicial al exclusivo servicio de los intereses del Gobierno. Viniendo de Podemos no extraña mucho a estas alturas la pulsión antidemocrática que suelen mostrar sus dirigentes y cargos públicos. Sí sorprende en cambio que se pueda deducir la misma intención de las palabras de una ministra que parecía ser una de las pocas voces equilibradas y sensatas del Gobierno.

Hablo de la magistrada y titular de Defensa Margarita Robles, que en unas declaraciones lamentables ha atacado a los magistrados del Constitucional por dedicarse según ella a "elucubrar sobre doctrinas" y carecer de "sentido de estado". Aparte del desprecio hacia el trabajo de sus compañeros jueces que destilan esas palabras, parece que lo que Robles deseaba era que el Constitucional le diera la razón al Gobierno y pasara por alto la vulneración de derechos. No menos lamentable ha sido el estreno de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, también magistrada, defendiendo a toro pasado la legalidad de un decreto que el Constitucional acababa de declarar parcialmente inconstitucional. Se trata de valoraciones muy desafortunadas que, aún así, palidecen ante las informaciones según las cuales el Gobierno presionó al Constitucional para que avalara su decisión. De ser ciertas estaríamos ante un comportamiento gravísimo, mucho más propio de un régimen autoritario de resonancias venezolanas que de una democracia.

"Que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de millones de ciudadanos no le quita el sueño"

Lo ocurrido con el estado de alarma ha sido un hito más en la carrera de Pedro Sánchez para gobernar al margen de las normas y las formas que son la esencia de un sistema democrático. Encima, el Tribunal Constitucional le ha puesto las cosas aún más fáciles al tardar más de un año en decidir sobre un asunto de la máxima trascendencia, que como tal requería una celeridad mucho mayor por tratarse de la constitucionalidad de una medida que cuestionaba derechos fundamentales. Pero no esperemos que a raíz de esta decisión del Constitucional las cosas cambien porque el Gobierno se lo empieza a pensar dos veces antes de ponerse por montera esos derechos: o se lo exige la sociedad en su conjunto o continuarán erosionando y desfigurando la democracia a mayor gloria de ese rey sol de la política española llamado Pedro Sánchez.  

Sánchez devorando a sus hijos

Sufro de digestión lenta, de ahí que me haya llevado su tiempo digerir el pedazo de remodelación que ha hecho Pedro Sánchez de su gobierno que, a poco que se hubiera despistado, hasta se podía haber cesado a sí mismo. Lo cierto es que otra zapatiesta gubernamental de estas dimensiones no la recuerdo y, aunque el mismo día de conocerse ya había gente haciendo sesudos análisis en las ineludibles redes sociales, yo he preferido hacer como aquellos futbolistas que, antes de pasar a lo loco, bajaban la pelota y levantaban la vista. Y lo primero que veo sin esforzarme gran cosa es que, para el bienestar general de los españoles, esta megacrisis de gobierno a las puertas del verano surte el mismo efecto que rascarse la nariz para aliviar la tos.  

ULY MARTIN

Una remodelación a mayor gloria del remodelador

Esa es precisamente la falla principal de los numerosos análisis sobre un asunto que sigue copando titulares. Porque digo yo en mi inocente ingenuidad que, cuando se acomete un cambio de gobierno tan amplio, el objetivo principal debería ser el de mejorar la gestión, atender los problemas más urgentes con mayor eficacia y conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en aquellos en cuyas manos han depositado la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos. No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central suprimiendo ministerios florero, así como de enviar un mensaje de austeridad en el gasto en tiempos de rigores económicos. Sin embargo, salvo que uno profese la fe del carbonero, que no es mi caso, nada de eso se aprecia en el remodelado gobierno.

"No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central"

Para la mayoría de los analistas, lo único que rige aquí es la necesidad de Pedro Sánchez de soltar lastre para aguantar lo que resta de legislatura. Es evidente que no se cambia a casi la mitad de un gobierno si este no está quemado y sobrepasado por la realidad y si los sondeos electorales no te empiezan a dar la espalda. Sánchez es muy consciente y por eso, cual Saturno devorando a su hijo, prescinde sin miramientos de la que ha sido su guardia pretoriana en los dos últimos años, la que le ha guardado las espaldas y le ha sacado las castañas del fuego aún quemándose en el intento. Una guardia de corps de la que también ha salido despedido hasta el fondo del barranco su consejero áulico Iván Redondo, cuya caída en desgracia está marcada en rojo por la debacle madrileña del 4-M y sentenciada con sus deseos de ser ministro, según las hablillas de la Villa y Corte. Parece mentira que el Maquiavelo de Moncloa haya cometido el error infantil de pretender hacerle sombra al rey sol de la política española sin tener siquiera carné del partido, pero así es la erótica del poder. 

El Gobierno soy yo y el partido también

Esta remodelación no responde a lo que se suele entender tradicionalmente como pérdida de confianza del presidente en sus ministros ya que, si hay que cambiar casi medio gobierno, el primero que tendría que haberse ido a casa debería haber sido el propio Sánchez. Su estrategia busca también un mayor control sobre el partido desde La Moncloa para coronarse vencedor por incomparecencia de rivales en el 40º Congreso de después del verano. Para ello nada mejor que rodearse de una corte de ministros y ministras crudos o a medio cocer, sin ejecutoria pública destacada, dispuestos a tirarse por un barranco si el presidente lo ordena y que ahora quedarán eternamente agradecidos por haber sido elevados al Olimpo del Consejo de Ministros cuando ni siquiera soñaban con esa posibilidad. Que pongan ahora sus barbas a remojo los escasos barones que como García - Page han osado afear en público el proceder político de su líder, porque en la próxima cita con las urnas se pueden ver colgados de la brocha y sin candidatura en la que sostenerse.

"La remodelación pone la pelota de nuevo en el tejado de Pablo Casado"

Si lo que a Pedro Sánchez le preocupara de verdad fueran los graves problemas del país, habría echado mano de gente de reconocido prestigio y trayectoria, que haberla hayla, y habría relegado la militancia a un muy segundo plano. De manera que lo más positivo que cabe decir de los cambios es que Nadia Calviño y Margarita Robles, los dos cerebros mejor amueblados del Ejecutivo, continúan en sus puestos. Pero es solo un pequeño consuelo a la vista de que también continúa gente tan quemada como Grande Marlaska o tan ineficiente como Maroto, además de los intocables representantes de Podemos, meros espectadores generadores de ruido y furia con la salvedad de Yolanda Díaz, que actúa como la segunda parte contratante de la primera parte. Esto hace aún más firme la idea de que hablar de un gobierno de coalición unido y cohesionado es solo un cuento para dormir a los niños. 

Puede que me equivoque pero no creo que Sánchez esté pensando en adelantar las elecciones sino en agotar la legislatura. Tendrá que volver a vencer el virus y relanzar la economía gracias al maná de la UE, pero su esperanza es que, si lo consigue, los españoles de frágil memoria olvidarán los errores en la gestión de la crisis sanitaria y los indultos a los independentistas, entre otras muchas cosas que este Gobierno ha hecho con los pies. Por lo demás, la remodelación también ha puesto de nuevo la pelota en el tejado de Pablo Casado, quien ahora tendrá que contrarrestar una posible recuperación del terreno electoral perdido por parte del PSOE. No creo que con limitarse a pedir elecciones cuanto antes y quejarse por los nombramientos "a dedo" de los ministros sea suficiente para ganarlas: mucho más tendrá que ofrecer el líder del PP para convencer a los españoles de que la alternativa es posible y su reto es que ese momento se aproxima cada vez más.  

La cacicada del REF

Podemos preguntarnos por qué las ventajas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) no acaban de reflejarse en una mejora generalizada de las condiciones de vida de la población canaria; también podemos discutir si las bonificaciones fiscales que al amparo del REF obtienen las productoras cinematográficas por rodar en las islas, son demasiado generosas y debieran reorientarse hacia un mayor beneficio de toda la sociedad. Se puede discutir sobre el huevo, lo que no puede estar en cuestión permanente es el fuero, sometido con excesiva frecuencia por el gobierno central al ninguneo, al desconocimiento y a veces al desprecio. 

El REF, una historia de incumplimientos

El REF es parte esencial del acervo político y económico de Canarias y está tan anclado en su Estatuto de Autonomía como los fueros vascos y navarros en los suyos. Sin embargo, se ha vulnerado de nuevo y eso ha ocurrido con un gobierno socialista en Madrid y un gobierno de mayoría del mismo color en Canarias. La ministra María Jesús Montero incumple el REF desde que en mayo del año pasado, con ocasión de un decreto de medidas urgentes por la pandemia, desmochó el diferencial fiscal de Canarias para las producciones cinematográficas y lo dejó por debajo del que se aplica en la Península y Baleares. 

A lo largo de la historia ha habido numerosos atropellos del fuero canario, pero nunca se había quedado en desventaja frente al resto del territorio nacional. Con el supuesto fin de corregir el recorte y recuperar el diferencial del 80% para las producciones cinematográficas - el 100% en La Palma, La Gomera y El Hierro - los socialistas presentaron una enmienda al proyecto de ley de medidas antifraude que se tramitaba en el Senado. Sin embargo, para sorpresa de todos, la iniciativa solo eleva en un 24% la diferencia a favor de Canarias y deja el 56% para mejor ocasión. 

EFE

Ninguneo y resignación canaria

Hay más. El Estatuto de Autonomía de Canarias establece que cualquier modificación del REF requiere informe preceptivo aunque no vinculante del Parlamento autonómico. Pues bien, ni en mayo del año pasado, cuando entró en vigor el decreto que violaba el REF, ni con motivo de la tramitación de la ley antifraude en el Senado, tuvo a bien Montero informar a las instituciones canarias. Fue a última hora la presidenta del Senado la que advirtió al Parlamento, que deberá debatir y votar ahora el informe desfavorable del Gobierno regional. El dictamen, que reclama el diferencial del 80%, tiene ya el apoyo de todos los partidos de la cámara autonómica, incluyendo - ¡sorpresa! - al mismísimo PSOE. 

El Ejecutivo canario, y en especial su consejería de Hacienda en manos de Nueva Canarias, un partido que presume de nacionalista de izquierda, ha pasado en este tema del completo despiste ante los cambalaches de Montero a incordiar lo menos posible. Ahora, el inefable Pedro Quevedo, diputado nacional de ese partido, monta en cólera como si importara mucho lo que diga o piense a estas alturas; mientras, los representantes socialistas canarios en las Cortes han dejado patente que les puede mucho más la obediencia debida al Gobierno de su partido que la defensa plena del REF. Solo CC y el PP han intentado restituir el diferencial escamoteado y de Podemos, que siempre ha despreciado el REF, mejor ni hablar. 

EFE

La clave, la debilidad política canaria

La reiteración con la que Madrid viene haciendo mangas y capirotes con el fuero canario genera inseguridad jurídica y una engorrosa litigiosidad que convierten en papel mojado muchas de sus medidas. Es lo que ocurre cuando empresarios e inversores temen vérseles permanentemente con Hacienda por disparidad de criterios en la aplicación del REF o cuando, como ahora, Madrid decide arbitraria y unilateralmente cambiar las reglas del juego en mitad del partido. 

Algunos lo achacan a la ignorancia de los altos funcionarios de Hacienda sobre la singularidad fiscal canaria y seguramente llevan parte de razón, aunque también parece haber una mal disimulada tendencia a recortar el ya capitidisminuido diferencial fiscal canario, que se vería como un privilegio injustificado. Sin embargo, todo lo anterior solo se explica por la crónica debilidad política canaria frente al Gobierno central, ante el que, en situaciones como esta, las autoridades de las islas ni siquiera se atreven a levantar la voz, no digamos ya a "revirarse". Es la misma debilidad que explica también, por ejemplo, la lamentable sordera de Madrid en el drama de la inmigración o la absoluta pasividad ante la crisis del turismo.

No deja de ser significativo que la contumacia de esa supuesta ignorancia de los funcionarios de Hacienda solo afecte a Canarias y nunca al País Vasco o a Navarra, comunidades forales que no pertenecen al régimen común. ¿Se imaginan a Montero o a cualquier otro ministro de Hacienda mangoneando los fueros vasco y navarro a placer y conveniencia de Madrid? Es más, ¿se imaginan a los gobiernos de esas dos comunidades autónomas y a sus representantes en Madrid, independientemente del color político de cada cual, agachando la cabeza y transigiendo con lo que al ministro de turno le venga en gana hacer con los fueros? Yo tampoco. 

Indultos: una verdad y muchas mentiras

Sin rodeos: no hay un "conflicto" entre Cataluña y España, como machaconamente repiten el presidente del Gobierno, sus ministros a coro, las cúpulas dirigentes del PSOE y de Podemos y la armada mediática y tuitera. Afirmar tal cosa es una falacia insidiosa que toma por idiotas a unos ciudadanos que nos merecemos que se nos hable con la verdad por delante. Lo que existe es un desafío permanentemente renovado al estado de derecho, a la Constitución y a las leyes por parte de los partidos independentistas catalanes, que representan a menos de la mitad de los ciudadanos de esa comunidad autónoma. No es de recibo que Sánchez pretenda convertir en rehenes de sus ambiciones políticas a los catalanes no independentistas y al resto de los españoles.

Enmascarando la verdad

Esto es así, lo diga Agamenón o su porquero. Conviene aclararlo de entrada para no caer en las trampas del lenguaje con las que los promotores del indulto a los separatistas en prisión intentan enmascarar la realidad. Se puede abundar aún más y recordar que el supuesto "conflicto" no lo ha provocado el estado, o al menos no fue el que encendió la mecha, sino quienes se pusieron por montera las normas comunes de convivencia que, como representantes de ese estado en Cataluña, estaban obligados a respetar y cumplir. 

Por tanto, es igual de intolerable que el presidente del Gobierno insista en otro embuste al que también es tan proclive, intentar convencernos de que todos somos responsables por igual "de lo que pasa en Cataluña". Ni yo, y estoy seguro que como yo la inmensa mayoría de los españoles, nos sentimos concernidos en absoluto por esa responsabilidad que el presidente insiste en echar sobre nuestros hombros para descargarla de los de los verdaderos culpables. 

Fruto del desafío a la Constitución y a las normas emanadas de ella, algunos de esos independentistas protagonizaron hechos gravísimos en 2017 que merecieron severas condenas de prisión por parte del Tribunal Supremo, en un juicio con todas las garantías procesales en el estado de derecho que ellos mismos habían conculcado. En este punto conviene salir al paso de otra de las paparruchas más burdas y repetidas en los últimos tiempos por la galaxia independentista, la que asegura que fueron condenados por sus ideas y no por unos actos ilegales en los que no han cesado de prometer que reincidirán.

 

EP

Una bofetada al estado de derecho

Dos años después, el presidente del Gobierno, que incluso llegó a ver delito de rebelión, prometió que no habría indultos. Pero su desmedida ambición de poder le ha llevado ahora a decir Diego donde antes había dicho digo: Sánchez cruzará hoy la línea roja de la decencia, que impide poner el interés particular por encima del general, cuando el Consejo de Ministros apruebe unos indultos que nunca iba a conceder. Más de una semana llevan él y lo suyos esparciendo patrañas para justificar una medida contraria al parecer del Supremo y de la Fiscalía, que los contumaces beneficiarios no han pedido y que reciben con desprecio y sin arrepentimiento. El engañoso argumento es que los indultos "sacarán materialmente de la cárcel a nueve presos e incorporarán simbólicamente a millones de personas a la convivencia". Son palabras textuales del presidente en el deslucido, innecesario y lamentable acto propagandístico de ayer en Barcelona, en el que Sánchez exhibió de nuevo la vaciedad pomposa de su discurso y en el que los seguidores de los políticos presos le refrescaron la memoria sobre dónde se puede meter sus medidas de gracia. 

Sin duda, la mayor de todas las patrañas es que se "abrirá una nueva vía para el diálogo y la concordia frente al revanchismo", puro humo retórico de la factoría Redondo sin contenido real alguno. A Sánchez le importa una higa poner al Supremo a los pies de los caballos, a pesar de que la "concordia" no aparece ni de lejos en la hoja de ruta del independentismo, sino el sostenella y no enmendalla hasta que consiga la celebración de un referéndum de autodeterminación. Para el estado de derecho la decisión que hoy tomará el Gobierno supondrá bajar los brazos ante un independentismo crecido y desafiante. Sánchez conseguirá a cambio mantenerse dos años más en La Moncloa, su verdadero y único objetivo en toda la farsa, con el apoyo de los mismos que está a punto de indultar. Esta es precisamente la única verdad en la maraña de mentiras y propaganda en la que se ha emboscado el presidente para intentar justificar la humillación política que le infringe al país y que no debe quedar impune en las urnas.     

Indultos Sánchez

Vaya por delante que cuestiono la mayor: no soy un entusiasta del indulto, no al menos tal y como se regula en la vetusta ley española de 1870 por lo que puede tener de arbitrario y por lo que supone de injerencia del poder político en el judicial, responsable en un estado de derecho de juzgar y ejecutar las sentencias. Escribí en este blog hace mucho tiempo que era urgente regular con detalle y acotar la discrecionalidad con la que suelen actuar los gobiernos de turno y sin distinción de color político en la concesión de indultos. Que ningún partido haya propuesto esa reforma después de más de cuarenta años de democracia y que, sin embargo, se hayan aprobado varias modificaciones del Código Penal a golpe de titulares, es una prueba clara de lo bien que les viene para su instrumentalización política si fuera necesario. 

La politización de los indultos

Aunque opino que lo mejor sería que el indulto desapareciera del ordenamiento jurídico de un estado de derecho, por lo pronto me conformaría con que al menos se ciñera estrictamente a lo que establece la ley y se basara en criterios de justicia, equidad y utilidad pública. Eso debería excluir por principio el oportunismo político como en el caso que nos ocupa de los indultos a los independentistas catalanes condenados por sedición. Pero, insisto, aunque ya existe la posibilidad de que el Supremo tumbe un indulto si no está bien motivado, es necesaria una modificación legal que incluya un mayor control del Parlamento o del Tribunal Constitucional y que, entre otras cosas, obligue al Gobierno a explicar con pelos y señales los motivos de su graciosa concesión, especialmente cuando concurran circunstancias políticas que la cuestionen. 

EFE

Tal vez con esa reforma en vigor nos evitaríamos los españoles el bochorno de los indultos que el Gobierno parece dispuesto a conceder a los independentistas catalanes que cumplen condena en prisión por sentencia firme del Supremo, tras ser declarados culpables de sedición y malversación en un juicio con todas las garantías. No sé si por torpeza o por descaro, lo cierto es que Pedro Sánchez ha dicho algo esta semana que nunca hubiéramos esperado escuchar de un político democrático y menos de un presidente del gobierno de España. Sugerir que la obligación de cumplir esa sentencia es "venganza y revancha" e indultar a quienes violaron la Constitución y las leyes es "concordia y entendimiento", es una nueva bofetada a quienes seguimos haciendo esfuerzos diarios para creer en nuestro estado de derecho. Y aún así solo faltaba el infalible ministro de Justicia pidiendo que veamos con naturalidad algo que como juez le debería causar urticaria. 

Sánchez reincide: hace lo contrario de lo que promete

Especialmente si viene de alguien que se había comprometido públicamente a que los condenados cumplieran la integridad de las penas, aunque a estas alturas ya deberíamos estar curados de espanto y haber aprendido que las promesas del presidente valen lo que valen sus intereses políticos. Mucho se está escribiendo estos días sobre los aspectos legales del indulto, sobre todo a raíz de los informes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo, contrarios ambos con contundencia a la concesión de la medida de gracia. Si el Gobierno sigue adelante con lo que parece una decisión bastante avanzada, esta sería una de las poquísimas veces en las que se concede un indulto sin la anuencia de la fiscalía y del tribunal sentenciador, cuyos informes son preceptivos pero no vinculantes para el Ejecutivo. Solo 6 de los 137 indultos concedidos en los últimos cinco años han tenido en contra la opinión de la fiscalía y el tribunal.

EFE

A expensas de cómo se justifique la decisión por el Gobierno si mantiene la intención del indulto a los líderes del procès, podríamos encontrarnos ante un posible abuso o desviación de poder susceptible de recurso judicial y anulación. Mas, no nos perdamos en detalles leguleyos y centrémonos en el cogollo del meollo, las razones políticas, prácticas y verdaderas que llevan al Gobierno a tener sobre la mesa el indulto a unos independentistas que no lo han pedido, que no se han arrepentido de los hechos por los que cumplen condena, que han prometido reincidir y que lo que quieren es la amnistía simple y llanamente. 

Los indultos solo resuelven el futuro de Sánchez

Ni el más ingenuo de los españoles puede creer de verdad que el indulto servirá para la "concordia y el entendimiento" en Cataluña como pretende vender Sánchez. Los propios independentistas, que siguen copando el gobierno autonómico después del fracasado "efecto Illa", se han encargado de recordar con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat que su objetivo es el referéndum de "autodeterminación" y la independencia. De manera que, escuchar a algunos analistas hablar de que los indultos servirían para "reconectar emocionalmente" a Cataluña y a España, como si fueran dos entes separados y como si los responsables de la desconexión no tuvieran nombres y apellido, produce sonrojo y vergüenza ajena. 

Es más, indultar a quienes, además de saltarse las leyes, despreciaron con soberbia a la población catalana no independentista y al resto de los españoles sería un sarcasmo intolerable y un mensaje de impunidad a los compañeros de viaje de quienes están en la cárcel y a los que Pedro Sánchez parece a un paso de calificar también como presos políticos. Todo este estropicio es el precio que podríamos estar a punto de pagar los españoles para que Sánchez aguante en La Moncloa hasta 2023 y quién sabe si incluso más allá si no se configura una alternativa creíble y viable. Para que consiga su objetivo es imprescindible el apoyo de ERC y para lograrlo el presidente está dispuesto a poner sus intereses políticos y los de su partido por encima de los del estado de derecho. Esa es la práctica habitual de los autócratas para los que el fin es lo que de verdad importa y los medios para alcanzarlo son lo de menos. L' État, c'est moi.