Cuando mentir es gratis

Con la huera solemnidad en la que suele envolver sus anuncios, el presidente Sánchez prometió el 5 de septiembre en su periódico de cabecera que los españoles pagaremos al final de este año por la luz lo mismo que en 2018. Apuesto a que ni sus fanes más entusiastas se creyeron aquel anuncio a la desesperada, pero le sirvió para ganar tiempo y calmar a Podemos ante las críticas a un Gobierno y a un presidente que llegaron a La Moncloa asegurando tener la varita mágica para meter el recibo de la luz en vereda. Pero el precio no ha parado de subir desde el verano y, a menos que medie un milagro eléctrico, los españoles pagaremos este año por la luz no solo más que en 2018, sino mucho más de lo que hemos pagado jamás en la historia de la energía eléctrica de este país. El calambrazo tira de la inflación y pone en el disparadero la recuperación económica y los bolsillos de 11 millones de consumidores. Mas no importa, Pedro Sánchez tiene una suerte inmensa al gobernar un país con una oposición enredada en sus juegos de tronos, unos sindicatos dispuestos a tolerárselo todo y una ciudadanía apática y exhausta tras año y medio de pandemia. Es así como conseguirá que haber mentido una vez más al país le salga gratis total. 

Estado de la cuestión

Partiendo de que la causa principal de la subida es el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, veamos cuál es la situación a fecha de hoy. Desde el verano el precio de la luz ha encadenado ya cinco récords y es probable que haya algunos más. En noviembre el precio medio para los 11 millones de consumidores con tarifa regulada, que representan el 40% del total, se había encarecido el 68% con respecto a noviembre de 2020, lo que supone pasar de 68 a 115 euros de media en solo un año. Esto significa que la subida de un suministro básico para familias y empresas haya registrado en España una de las mayores subidas del mundo, que se dice pronto. 

Las subidas han sido, son y seguramente aún serán de tal calibre que las medidas adoptadas por el Gobierno con más voluntarismo e improvisación que cabeza, han surtido el mismo efecto que administrar una aspirina para detener un cáncer. La rebaja del IVA del 21% al 10%, la reducción de las cargas reguladas y la supresión del impuesto sobre la generación, con fechas de caducidad el 31 de diciembre, se las han comido en poco tiempo las subidas constantes. Incluso aquel famoso Decreto ley con el que el Gobierno iba a recortar a las malvadas eléctricas unos 2.800 millones de euros de beneficios "caídos del cielo", ha terminado convertido en agua de borrajas y apenas lo notarán en sus cuentas de resultados.

Cómo me las maravillaría yo

A principios de septiembre y a la vista de que ni a palos conseguía el Gobierno aplanar la curva de los precios y de que Podemos empezaba a ponerse nervioso y a anunciar movilizaciones, fue Pedro Sánchez a donde la prensa amiga y lanzó su solemne promesa a la ciudad y al mundo. Su problema es que los precios de la energía eléctrica no entienden de promesas rimbombantes y han seguido subiendo en globo. A menos de un mes de que acabe el año y ante el riesgo cierto de que Sánchez se vea de nuevo desmentido por la realidad como tantas otras veces, el Gobierno ya está haciendo circular la cuenta de la vieja para evitarlo. 

El truco consiste en incluir en el cálculo a los siete millones de consumidores del mercado libre a quienes las subidas no solo les han afectado poco, sino que además se han beneficiado de la reducción de impuestos y costes fijos. Solo así, haciendo trampas, hay posibilidades de que Sánchez salve la cara. Aunque es cierto que en sus declaraciones no hizo distingos entre consumidores, todo el mundo entendió que se refería a los de tarifa regulada, los menos pudientes y los más expuestos a la volatilidad de los precios, que van a pagar este año un potosí por poner la lavadora o calentar la sopa a pesar de las promesas del presidente. 

Y peor que se va a poner

El Gobierno lleva tiempo desbordado y sin apenas margen de maniobra, mientras todo indica que los precios seguirán al alza al menos hasta la primavera. Sus lamentaciones ante Bruselas para que la UE se involucre no encuentran eco y tendrá que seguir improvisando como hasta ahora con los resultados ya conocidos. Tiene la posibilidad de prorrogar las rebajas fiscales e incluso aumentarlas, cargar algunos costes a los presupuestos o vincular la tarifa regulada a contratos a plazo para reducir la inestabilidad de los precios, como han propuesto algunos analistas. Claro que eso significaría recaudar menos y seguramente esas medidas no tardarían mucho en verse compensadas también por las próximas subidas. 

Con este panorama la recuperación económica a la que el Gobierno se sigue aferrando parece cada vez más lejana. Los precios de la energía son responsables directos de una espiral inflacionista como no se veía desde 1992. Las empresas están en la cuerda floja, los salarios se deprecian y las pensiones se tendrán que revalorizar el año que viene un 2,5%, ahondando más en el déficit. Los fondos europeos son por ahora un enigma, el paro ronda el 15% y el Índice de Miseria está a la cabeza de la Eurozona, doblando la media de los países del euro y colocándose solo por detrás de Brasil y Turquía entre los países más desarrollados. No es catastrofismo sino realismo, complicado más si cabe con el repunte de la pandemia y la aparición de una variante cuyas consecuencias aún se estudian, que puede causar nuevos estragos en el sector servicios cuando empezaba a levantar tímidamente el vuelo.

Obviamente no se puede responsabilizar a Sánchez de todos estos problema, aunque en el de la luz, por citar solo uno, ha primado la improvisación y ha quedado al descubierto su demagogia. A un gobernante no se le exige que le dore la píldora a los ciudadanos con promesas irreales como la del precio de la luz, sino que los trate como a adultos, les muestre la realidad por cruda que sea y explique qué piensa hacer y, sobre todo y ante todo, que no les mienta. Pero si como suele ocurrir las mentiras le salen gratis, podemos estar seguros de que reincidirá y entonces la culpa no será suya sino enteramente nuestra. 

Pintan bastos

No solo el ambiente político a propósito de la reforma laboral está a punto de alcanzar la temperatura a la que los partidos de la coalición de gobierno entrarían en un punto de no retorno. También el panorama económico se ha ido cargando de nubarrones cada más negros, densos y amenazantes para el futuro del país a corto y medio plazo. En España se parece estar formando la tormenta perfecta, aquella en la que los malos datos económicos y el mal ambiente político, fruto de las tensas relaciones entre los socios del Gobierno y el nulo entendimiento entre este y la oposición, se combinan para malograr la ansiada y pregonada recuperación tras la pandemia arrasadora sobre la que, por otro lado, tal vez no deberíamos proclamar aún la victoria final. La segunda parte de la legislatura, si es que se completa, promete ser un camino de espinas y no la gloriosa senda de vino y rosas que Pedro Sánchez había imaginado gracias principalmente al maná de los fondos europeos. 

EP

Previsiones irreales

Junto con los problemas de índole político, de los que me ocupé en el post anterior, son los de carácter económico los que han empezado a llamar la atención entre los analistas, si bien el Gobierno opta por no bajarse del burro y mantener unas expectativas de crecimiento en las que solo parecen creer ya Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Siempre he sido bastante escéptico con las previsiones de los economistas, pero no se puede pasar por alto que las principales instituciones y organismos que se dedican a esos menesteres coinciden en que el Gobierno está haciendo la cuenta de la abuela al prever para este año un crecimiento del 6,5% del PIB. La más optimista, la AIReF, lo deja en un 5,5% y la más pesimista, FUNCAS, lo reduce al 5,1%. Falta aún conocer la del Banco de España, que no obstante ya ha avisado de que su previsión también será a la baja. Coinciden también los analistas en que para alcanzar el 6.5% que prevé el Gobierno la economía española tendría que crecer un 5% en el cuarto trimestre, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. 

La clave de la ralentización de lo que el Gobierno aún sigue vendiendo como una recuperación fulgurante de la economía, está en los precios de la energía y en el bloqueo de la cadena de suministros. Estos dos factores se traducen en un crecimiento de la inflación interanual del 5,5%, la mayor de las últimas tres décadas, que repercutirá en el gasto público en pensiones, empujará al alza los salarios, retraerá el consumo e incrementará el ahorro familiar. Según el INE, solo la contratación pública está tirando del consumo, lo que ilustra con claridad una de las prioridades de la política gubernamental de echar la casa por la ventana como si no hubiera un mañana ni que pagar la monstruosa deuda pública que estamos acumulando hasta que el Banco Central Europeo decida poner pies en pared. 

Dando palos de ciego con el recibo de la luz

Es cierto que no es el Gobierno de Sánchez el responsable directo del incremento de los precios de la energía ni el causante de todos los males habidos y por haber en este país. No obstante, ni sus más rendidos admiradores podrán negar honradamente a estas alturas que las decisiones de su Gobierno para contener el recibo de la luz solo han contribuido a enredar y oscurecer un problema complejo y a enfadar a una población harta de comprobar, una y otra vez, lo fácil que es vender demagogia en la oposición para quedarse sin respuestas cuando se llega al gobierno. El panorama empieza a tornarse tan sombrío que hasta un buen dato como el de la EPA del tercer trimestre se ha convertido en una alegría efímera en el contexto general de la economía. Un buen dato del que, por cierto, presume la ministra Díaz al tiempo que pasa por alto que se ha logrado con la reforma laboral de Rajoy en vigor, la misma que ella se propone derogar a pesar de las resistencias de la primera parte contratante de la coalición. 

"¡La economía, estúpido!"

Ni siquiera es para lanzar las campanas al vuelo que Pedro Sánchez tenga a punto de caramelo la aprobación de las cuentas públicas de 2022 gracias a las consabidas concesiones a nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Esto le puede ayudar a aguantar hasta 2023 sin convocar elecciones a poco que consiga sortear el obstáculo que le ha puesto su ministra de Trabajo en el camino con la contrarreforma laboral. Sin embargo, como ha dicho alguien con mucha agudeza, estos son unos presupuestos para ser aprobados no para ser cumplidos. Entre otras cosas, porque sus previsiones macroeconómicas son un brindis al sol que solo se haría realidad si se obrara el milagro de los panes y los peces. 

Queda la esperanza, cada vez más difuminada, de los fondos europeos. Sin embargo, de la primera entrega de 9.000 millones de euros que según el Gobierno transfirió Bruselas a finales de agosto, nada se sabe en qué y cómo se están empleando, con lo que surge la duda de si seremos capaces de gastarnos ese dinero este año. En el aire, a expensas de la reforma del mercado de trabajo, hay otros 10.000 millones cuya llegada podría retrasarse si los socios no logran acercar sus respectivas posiciones, bastante alejadas de momento, antes de que acabe 2021. Así que, incluso la tabla de salvación de Sánchez para que los españoles olvidemos su inconstitucional gestión de la pandemia o el indulto independentista, parece un asidero cada vez más endeble y quebradizo con el que remontar en unas encuestas que empiezan a darle la espalda. En conclusión, la situación y las perspectivas de nuestro país para el futuro inmediato se pueden resumir perfectamente con aquel exitoso lema de la campaña electoral de Bill Clinton: "¡La economía, estúpido!". 

Rubalcaba y el arte de enterrar bien

En España tenemos una rara habilidad para enterrar en vida a nuestros mejores personajes públicos y exhumarlos una vez muertos para que los colmen de elogios los mismos que les dieron la espalda cuando aún podían ser útiles al país. Para este arte tan español tuvo Alfredo Pérez Rubalcaba una frase genial que se aplicó a sí mismo: "En España enterramos muy bien". Me estoy acordando también de Adolfo Suárez, otro político al que se condenó en vida al ostracismo para rehabilitarlo nada más morir y convertirlo en el artífice providencial de la Transición de la dictadura a la democracia. A Rubalcaba su partido de toda la vida le acaba de rendir homenaje con ocasión del 40º Congreso celebrado en Valencia. Incluso se descubrió un busto que presuntamente representa al desaparecido político pero que, a decir verdad, se le parece tanto como el partido que él lideró al que lidera hoy su sucesor.  

Ignacio Gil

En España enterramos muy bien

Escuchando los ditirambos que se le dedicaron en Valencia me vino a la memoria el libro del periodista Antonio Caño, titulado "Rubalcaba. Un político de verdad" (Plaza y Janés, 2020). No soy un entusiasta de las biografías de políticos escritas por periodistas, ya que cuando no son meras hagiografías del biografiado son juicios sumarísimos sin derecho a defensa. El libro de Caño tiene, no obstante, un tono comedido que permite acercarse a la figura del que tal vez haya sido uno de los mejores y más leales políticos de este país en los últimos tiempos. Una figura que se ha ido agrandando no solo por méritos propios sino también por el contraste negativo cada día más intenso con quienes, tras su retirada, han tomado las riendas de su partido y del país.

Uno se imagina a Rubalcaba sonriendo socarrón mientras escucha los halagos de Pedro Sánchez y tal vez respondiéndole aquello de que "en España enterramos muy bien". Las suyas son figuras políticas antitéticas por más que ahora Sánchez y los suyos reivindiquen la de Rubalcaba. Por solo citar un par de ejemplos, compárese el rechazo casi instintivo de Rubalcaba a aceptar cargos orgánicos en el PSOE con la adicción al liderazgo cesarista que caracteriza a Sánchez; Rubalcaba fue crucial para desactivar el Plan Ibarretxe, ante lo cual uno se pregunta cuál habría sido la respuesta de Sánchez ante aquel desafío a la vista de su posición sobre Cataluña. 

"Uno se imagina a Rubalcaba sonriendo socarrón mientras escucha los halagos de Pedro Sánchez"

El político cántabro antepuso el sentido de estado a sus intereses partidistas, se ciñó escrupulosamente a la Constitución y fue clave en asuntos de tanta trascendencia como la desactivación de ETA o la abdicación de Juan Carlos I, coincidiendo esto último con un PSOE contaminado ya por el lenguaje antimonárquico de Podemos. En cambio, para Sánchez no parece haber lealtad más importante que la que se debe a sí mismo, bordea e incluso rebasa los límites constitucionales y pacta con los albaceas del terrorismo etarra y el independentismo catalán para conservar el poder. Rubalcaba, en cambio, se tuvo que enfundar el traje de bombero para apagar los incendios que iba provocando a su paso Rodríguez Zapatero, ahora convertido por el PSOE en oráculo diario de la inanidad, bien fuera sobre el nuevo estatuto catalán o sobre los avances de las conversaciones con ETA.  

Rubalcaba se define más por sus principios que por su ideología

Cuenta Caño que Rubalcaba, un político que se define mucho mejor por sus principios que por su ideología, quedó en fuera de juego ante el arribismo de personajes como Sánchez, surgidos de la nada y abducidos por el lenguaje del populismo que no tardó en impregnar también las bases del partido. Con la llegada de Sánchez a la secretaría del PSOE, en donde arrasó con el equipo de su antecesor, y la vuelta  de Rubalcaba a sus clases de Química Orgánica en la Complutense, su ausencia de la vida pública no tardó en notarse: el Gobierno y el principal partido de la oposición dejaron de hablarse al suspenderse los encuentros discretos entre Rajoy y Rubalcaba, seguramente por orden de Sánchez, y la polarización política ganó enteros a pasos agigantados. 

Sería largo y prolijo recordar ahora el tormentoso proceso que llevó a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE y la retirada de Rubalcaba de la vida pública con una dignidad cada vez más rara en la clase política. Sí cabe señalar que, a pesar de la debacle socialista en 2015, siguió asesorando a Sánchez las pocas veces que éste se lo pedía, aunque más por lealtad al partido que por confianza en el nuevo líder. Es oportuno recordar aquí el testimonio de Miquel Iceta, recogido en el libro de Caño, según el cual Rubalcaba pensaba que Sánchez "no era un socialista" ni un "socialdemócrata", sino que "lo tenía por un radical de izquierdas". El propio Iceta le reprochaba a Sánchez que no aprovechara más la experiencia de Rubalcaba, pero "no hubo manera". 

Denostado en vida, llorado tras su muerte

Aún así, el veterano político no se escondió para rechazar los pactos con Podemos y ERC - "gobierno Frankenstein" -  y le reprochó a Sánchez el "no es no" a la investidura de Rayoy. Y fue ahí en donde se acabaron las amistades para siempre, según Caño. Rubalcaba, ahora reivindicado por quien lo arrinconó en lugar de aprender de su dilatada experiencia política, fue el chivo expiatorio de una larga serie de errores colectivos que han hecho irreconocible al PSOE por el que se desvivió durante gran parte de su vida. No son inocentes tampoco los ciudadanos que lo masacraron en las urnas y lo lloraron tras su desaparición, por no hablar de una clase política que pretendió lavar su mala conciencia con unos funerales sobrecargados de emoción un tanto forzada.  

Más allá de bustos y homenajes oportunistas, los españoles deberíamos recordar a Rubalcaba como un político honesto y leal, que en los tiempos que corren es oro molido. Si bien cometió errores, como el resto de políticos y como todo humano, también tuvo grandes aciertos que los españoles, tan dados a llorar sobre la leche derramada, no supieron o quisieron reconocer. Es indiferente que el busto se parezca poco o nada a él, lo que debería importar es que el PSOE recobre sus rasgos históricos, hoy irreconocibles, y que la clase política haga de Rubalcaba un modelo a seguir en el servicio a los ciudadanos. En el famoso discurso fúnebre de Pericles recogido por Tucídides se afirma que "la tumba de los hombres ilustres es la tierra entera". En el caso de Rubalcaba esa tumba es una España a la que pudo seguir prestando buenos servicios, si quienes hoy se arropan con él para ocultar sus propias vergüenzas, hubieran tenido solo la mitad de su altura de miras y de su sentido de estado. 

Con la luz hemos topado

Por nada del mundo me atrevería a aventurar si las medidas del Gobierno para abaratar el recibo de la luz darán resultado o seguiremos para bingo. Doctores tiene el enrevesado e incomprensible mercado eléctrico español y, si ni ellos se terminan de poner de acuerdo, no seré yo quien meta los dedos en ese recalentado enchufe. Después de escuchar y leer a unos y a otros, sí aprecio algunas coincidencias. Entienden que las medidas, aún teniendo aspectos positivos, buscan ante todo calmar a la opinión pública pero llegan tarde y son un parche temporal que no impedirá que el recibo se siga encareciendo en los próximos meses hasta tocar la luna, de la que ya está cerca, si como se teme el precio del gas continúa su carrera alcista. Hay también un cierto escepticismo ante la promesa de Sánchez de que este año pagaremos por la luz lo mismo que a finales de 2018. El Gobierno, que necesita con desesperación enviar un mensaje positivo a los ciudadanos y a las empresas que sufren el calambrazo, suma churras con merinas y sitúa el ahorro en torno al 30% de la factura. No lo ven tan claro los conocedores de los arcanos eléctricos, cuyos cálculos son menos optimistas y reducen  el ahorro a la mitad.

Predicar y dar trigo: en la oposición todo es posible

Pero no hagamos cábalas, el tiempo dirá quién lleva razón o si ambos, Gobierno y expertos, saben tanto del funcionamiento real de ese mercado como usted y como yo. Por no hablar de la inseguridad jurídica que denuncian las eléctricas y que puede desembocar en un gran pifostio judicial. Tal es así que el propio Gobierno, que presumió de que el decreto con las medidas estaba blindado a prueba de pleitos, admite ya que tendrá que hacer "matizaciones".

Pero más allá de la crítica a las medidas aprobadas por el Gobierno, después de semanas de subida imparable del precio de la luz sin que Sánchez supiera qué interruptor apretar, me gustaría poner una vez más de relieve uno de los peores males de la democracia, particularmente preocupante en el caso español: la demagogia de quienes cuando están en la oposición tienen soluciones mágicas para todos los problemas por complejos que sean; lamentablemente, cuando llegan al gobierno demuestran su incompetencia, se olvidan de ellas o no se atreven a aplicarlas para pasmo y cabreo de los ciudadanos que depositaron en ellos la confianza.  

"Cuando llegan al gobierno se olvidan o no se atreven a aplicarlas"

Es lo que conocemos como "populismo", una enfermedad de la democracia que ha terminado contagiando a tirios y a troyanos hasta el punto que ya no hay casi nadie que se resista a sacar de la manga la pócima milagrosa que nos librará de todo mal per saecula saeculorum en un plis plas. Así, enfrentado a la realidad de un recibo subiendo en globo que amenaza con quemar los brotes verdes de la recuperación económica y que dejará a millones de familias a dos velas, a los partidos que forman el Ejecutivo actual y sus terminales mediáticas se les han caído de pronto todos los palos del sombrajo que habían montado en la oposición. 

Y de pronto desapareció la pobreza energética

Entre los palos del ventorrillo que más juego político dieron en su día está la pobreza energética, por la que se emitieron reportajes y programas especiales en los medios afines, se guardaron minutos de silencio, se convocaron manifestaciones y se pidió hasta la dimisión del apuntador. Más que protestar por un problema social cierto y exigir soluciones, la prioridad era desgastar al Gobierno aunque el aumento del recibo eléctrico estuviera entonces a años luz del actual y el país y el mundo no se encontraran inmersos en una pandemia. Ahora la pobreza energética ha desaparecido por arte de magia para los que entonces la consideraban el problema más acuciante del país; solo Podemos ha hecho amago de convocar manifestaciones, más que nada para intentar disimular que forma parte de un Gobierno con el que el precio de la luz ha subido el 200% en un año. 

No se discute aquí que la oposición no deba fiscalizar y criticar la acción del Gobierno y, al mismo tiempo, convencer a los ciudadanos de que tiene soluciones mejores para sus problemas. Ese es su papel en cualquier democracia que funcione razonablemente y no puede renunciar a él sin desnaturalizarse. Por tanto, el principal problema no era la campaña de acoso y desgaste al gobierno de Rajoy, la misma de la que casualmente acusan ahora el PSOE y Podemos al PP, sino la ausencia de una verdadera alternativa que pusiera orden y transparencia en un mercado eléctrico oligopólico y evitara recalentones de precios como el actual. Son, curiosamente, las mismas carencias de  las que culpaban los que gobiernan hoy a los que lo hacían entonces. Por no recordar que las puertas giratorias siempre se han abierto para todos sin que nadie les haya hecho ascos. 

"Ha quedado claro que detrás de las pancartas y los eslóganes solo había humo y demagogia". 

Que sea un factor externo como la subida del precio del gas la causa principal del aumento del de la luz no exime al Gobierno de responsabilidad. Un Ejecutivo prospectivo que presume de saber cómo será España en 2050 debió haber ponderado las consecuencias para la factura eléctrica de una subida sostenida del precio del gas y haber actuado a tiempo para hacer frente a sus efectos. Dicho en otros términos, la obsesión por una transición ecológica a machamartillo sin explicar ni reparar en los costes para empresas y ciudadanos, ha llevado al Gobierno a ignorar la realidad compleja de un mercado que en la oposición sabía perfectamente cómo meter en vereda. Ha quedado claro que no tiene idea de cómo hacerlo y que detrás de las pancartas y los eslóganes que agitaban solo había humo y demagogia populista. Lo deberíamos recordar cada vez que la oposición, cualquier oposición, nos intente vender el bálsamo de Fierabrás con la promesa de que resolverá todos nuestros problemas por los siglo de los siglos. 

Alarma inconstitucional

Un gobierno que deliberadamente se salta la Constitución y vulnera los derechos fundamentales de cuarenta y siete millones de ciudadanos no es digno de continuar al frente de un país democrático. Si los españoles fuéramos menos condescendientes y mucho más exigentes con la clase política, ese gobierno ya habría dimitido y convocado elecciones. En España no pasará nada parecido porque gran parte de la sociedad dormita dopada por debates de campanario, lo que facilita que el Gobierno actúe con escaso o nulo respeto a las normas que son la garantía del estado de derecho. No debería la sociedad dejarse arrastrar al falso debate al que el Gobierno pretende desviar la atención tras el varapalo que le acaba de endosar el Tribunal Constitucional en relación con el primer estado de alarma por la pandemia. Como subraya el propio Constitucional, ni siquiera el interés general puede situarse por encima de los derechos fundamentales.

Reuters

Inconstitucionalidad por cálculo político

Lo que se debate no son las vidas que se salvaron gracias al estado de alarma, sino el empleo de una herramienta constitucional que no amparaba las restricciones de movilidad. Lo verdaderamente crucial es que las vidas salvadas serían las mismas si el instrumento elegido hubiera sido el estado de excepción. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar: a pesar de todas las advertencias sobre la inconstitucionalidad del decreto, el señor Sánchez y los suyos hicieron caso omiso por puro cálculo político. Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario, algo que no ocurría en cambio con el estado de excepción. En realidad, nada nuevo bajo el sol: este Gobierno, con un presidente alérgico al control parlamentario al frente, ha hecho bueno al señor Rajoy, al que Sánchez afeaba desde la oposición que gobernara a golpe de decreto, solo que en este caso él ha ido un paso más allá y ha lesionado derechos fundamentales sin pararse en barras. 

"Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario"

Las reacciones del Gobierno y su entorno no han hecho sino subrayar el desdén y el desprecio, cuando no la ignorancia, con los que este Ejecutivo se ha acostumbrado a tratar al resto de poderes e instituciones del Estado cuando sus decisiones le son desfavorables. El denominador es sostenella y no enmendalla, cuando no alegrarse por haber vulnerado la Constitución con el argumento falaz de haber "salvado vidas". Mención especial merecen las declaraciones de dirigentes y cargos públicos de Podemos cuestionando la decisión del Constitucional por la poderosa razón de que el resultado de la votación no fue unánime, como si la fuerza de la decisión fuera menor por ese motivo, y porque el recurso lo había presentado Vox, como si no fuera un partido legal que ejerció un derecho constitucional.  

Jueces malos, gobierno bueno

Ministras como Belarra parecen ignorar incluso que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial y que sus integrantes los nombran precisamente los partidos políticos. Pero con ser grave esa muestra de ignorancia, lo es mucho menos que el mal disimulado deseo de poner al Constitucional y al Poder Judicial al exclusivo servicio de los intereses del Gobierno. Viniendo de Podemos no extraña mucho a estas alturas la pulsión antidemocrática que suelen mostrar sus dirigentes y cargos públicos. Sí sorprende en cambio que se pueda deducir la misma intención de las palabras de una ministra que parecía ser una de las pocas voces equilibradas y sensatas del Gobierno.

Hablo de la magistrada y titular de Defensa Margarita Robles, que en unas declaraciones lamentables ha atacado a los magistrados del Constitucional por dedicarse según ella a "elucubrar sobre doctrinas" y carecer de "sentido de estado". Aparte del desprecio hacia el trabajo de sus compañeros jueces que destilan esas palabras, parece que lo que Robles deseaba era que el Constitucional le diera la razón al Gobierno y pasara por alto la vulneración de derechos. No menos lamentable ha sido el estreno de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, también magistrada, defendiendo a toro pasado la legalidad de un decreto que el Constitucional acababa de declarar parcialmente inconstitucional. Se trata de valoraciones muy desafortunadas que, aún así, palidecen ante las informaciones según las cuales el Gobierno presionó al Constitucional para que avalara su decisión. De ser ciertas estaríamos ante un comportamiento gravísimo, mucho más propio de un régimen autoritario de resonancias venezolanas que de una democracia.

"Que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de millones de ciudadanos no le quita el sueño"

Lo ocurrido con el estado de alarma ha sido un hito más en la carrera de Pedro Sánchez para gobernar al margen de las normas y las formas que son la esencia de un sistema democrático. Encima, el Tribunal Constitucional le ha puesto las cosas aún más fáciles al tardar más de un año en decidir sobre un asunto de la máxima trascendencia, que como tal requería una celeridad mucho mayor por tratarse de la constitucionalidad de una medida que cuestionaba derechos fundamentales. Pero no esperemos que a raíz de esta decisión del Constitucional las cosas cambien porque el Gobierno se lo empieza a pensar dos veces antes de ponerse por montera esos derechos: o se lo exige la sociedad en su conjunto o continuarán erosionando y desfigurando la democracia a mayor gloria de ese rey sol de la política española llamado Pedro Sánchez.  

Cuba: al pan, pan y a la dictadura, dictadura

Que a estas alturas del siglo XXI aún haya quien se niegue a admitir que en Cuba rige una dictadura de libro desde hace más de seis décadas, solo puede obedecer a dos razones, ignorancia o complicidad. En el caso del Gobierno español es evidente que no puede ser la primera razón: las contorsiones y evasivas de Sánchez y algunas de sus ministras para dar rodeos y no llamar a las cosas por su nombre producen sonrojo y vergüenza. Preocupa especialmente que ministras del gobierno de un país democrático como Belarra o Díaz, nieguen la existencia de una dictadura comunista en Cuba pero sean incapaces de explicar por qué. La prudencia por los intereses españoles en la isla no puede ser una coartada para cerrar los ojos ante la realidad o para la ambigüedad y la tibieza, ante un régimen que vulnera las libertades y derechos políticos de una ciudadanía cubana frustrada y hambrienta de pan y libertad.

Reuters

El embargo como excusa

La excusa ineludible de la paleoizquierda española es acusar de las penurias económicas del pueblo cubano al bloqueo de EE.UU. Para renegar del libre mercado capitalista es paradójico lo que les preocupa el bloqueo comercial, aunque seguramente no son conscientes de la contradicción. Efectivamente, desde 1960 existe un embargo o bloqueo comercial sobre Cuba que Donald Trump endureció a finales del año pasado restringiendo o prohibiendo los viajes y las remesas a la isla, entre otras medidas. En casi treinta ocasiones la ONU ha condenado esta persistente e infructuosa política norteamericana, siempre con el voto en contra de Estados Unidos e Israel. Solo una vez Estados Unidos se abstuvo y fue coincidiendo con el mandato de Obama y su fracasado intento de normalizar las relaciones económicas y políticas entre Washington y La Habana. 

"Los defensores de la dictadura pretenden que hablemos solo del bloqueo"

Lo anterior es tan cierto como que los problemas crónicos que arrastra la economía cubana no se pueden explicar por ese factor, sin negar por ello su influencia negativa en la situación actual del país. El verdadero problema está en Cuba y es el de un modelo económico que ha fracasado históricamente en donde se ha implantado, empezando por la extinta Unión Soviética. Esa incapacidad del sistema cubano, agravada después de la desaparición de la URSS y la crisis venezolana, se ha puesto de manifiesto con una mayor crudeza si cabe durante esta pandemia. Pero en realidad llueve sobre mojado desde hace mucho tiempo, aunque los defensores de la dictadura pretendan que hablemos solo del  "bloqueo" y olvidemos quién y cómo se gobierna en Cuba. 

Dictadura de libro

Vamos a recordarlo porque parece que esos defensores lo han olvidado. En Cuba gobierna en régimen de partido único desde hace seis décadas el Partido Comunista, con lo cual estaría todo dicho. Pero digamos también que las mal llamadas elecciones son una farsa controlada por el único partido autorizado, que se vulneran los derechos humanos, que los disidentes con la dictadura son encarcelados por sus ideas políticas y que no hay nada parecido a la libertad de asociación, prensa o expresión al margen del partido. Cualquier excusa es buena para enviar a la cárcel a los discrepantes que no pasen por el aro  del partido o anularlos civilmente de por vida. Con esa disidencia eludió encontrarse Sánchez durante su visita oficial a La Habana en noviembre de 2018, en donde sí mantuvo reuniones, entre otros, con Díaz - Canel. 

EFE

En el plano económico y social, la caída del turismo por la pandemia ha paralizado la principal actividad económica, mientras la sanidad, de la que siempre ha presumido la dictadura, hace aguas por todas partes: no hay vacunas suficientes ni medicamentos esenciales y, además, encontrar alimentos básicos es una odisea. Agobiado por la situación, el Gobierno cubano permite ahora a los viajeros llevar medicamentos, alimentos y productos de aseo sin restricciones arancelarias, lo que desmiente su discurso contra el bloqueo como el causante de todos los males del país. Todo esto ha generado un explosivo caldo de cultivo que ha rebosado estos días el vaso de la paciencia social. Lo ocurrido desde el domingo en Cuba no es una revuelta orquestada por la CIA y el "imperialismo", como pretende hacer creer Díaz - Canel al mundo,  es el estallido social de buena parte de una población que no está dispuesta a seguir transigiendo con décadas de privaciones materiales y políticas y que parece haber perdido el miedo a la represión.

"Hay que estar atentos a los militares como ocurre con toda dictadura que se precie"

La continuidad de las protestas depende ahora de varios factores, entre ellos la evolución de la pandemia y de que regresen los turistas, lo que podría calmar los ánimos hasta la siguiente crisis. La jóvenes, que no vivieron la Revolución y que solo han conocido miserias, serán también decisivos en la marcha de los acontecimientos. Dando por hecho que Estados Unidos no moverá ficha mientras La Habana no haga algún gesto de apertura y con un Díaz - Canel sin carisma y a la defensiva, hay que estar muy atentos a los militares, como corresponde a toda dictadura que se precie. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, capitaneadas durante casi medio siglo por Raúl Castro y que por ahora se mantienen en silencio dejando la represión en manos de la policía, son la verdadera clave de bóveda para determinar la continuidad o la caída del régimen castrista si las protestas van a más. Ante este panorama incierto, el máximo deseo de todo demócrata tiene que ser que los cubanos encuentren una salida pacífica y dialogada a una de las dictaduras más anacrónicas y longevas del planeta.

Sánchez devorando a sus hijos

Sufro de digestión lenta, de ahí que me haya llevado su tiempo digerir el pedazo de remodelación que ha hecho Pedro Sánchez de su gobierno que, a poco que se hubiera despistado, hasta se podía haber cesado a sí mismo. Lo cierto es que otra zapatiesta gubernamental de estas dimensiones no la recuerdo y, aunque el mismo día de conocerse ya había gente haciendo sesudos análisis en las ineludibles redes sociales, yo he preferido hacer como aquellos futbolistas que, antes de pasar a lo loco, bajaban la pelota y levantaban la vista. Y lo primero que veo sin esforzarme gran cosa es que, para el bienestar general de los españoles, esta megacrisis de gobierno a las puertas del verano surte el mismo efecto que rascarse la nariz para aliviar la tos.  

ULY MARTIN

Una remodelación a mayor gloria del remodelador

Esa es precisamente la falla principal de los numerosos análisis sobre un asunto que sigue copando titulares. Porque digo yo en mi inocente ingenuidad que, cuando se acomete un cambio de gobierno tan amplio, el objetivo principal debería ser el de mejorar la gestión, atender los problemas más urgentes con mayor eficacia y conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en aquellos en cuyas manos han depositado la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos. No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central suprimiendo ministerios florero, así como de enviar un mensaje de austeridad en el gasto en tiempos de rigores económicos. Sin embargo, salvo que uno profese la fe del carbonero, que no es mi caso, nada de eso se aprecia en el remodelado gobierno.

"No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central"

Para la mayoría de los analistas, lo único que rige aquí es la necesidad de Pedro Sánchez de soltar lastre para aguantar lo que resta de legislatura. Es evidente que no se cambia a casi la mitad de un gobierno si este no está quemado y sobrepasado por la realidad y si los sondeos electorales no te empiezan a dar la espalda. Sánchez es muy consciente y por eso, cual Saturno devorando a su hijo, prescinde sin miramientos de la que ha sido su guardia pretoriana en los dos últimos años, la que le ha guardado las espaldas y le ha sacado las castañas del fuego aún quemándose en el intento. Una guardia de corps de la que también ha salido despedido hasta el fondo del barranco su consejero áulico Iván Redondo, cuya caída en desgracia está marcada en rojo por la debacle madrileña del 4-M y sentenciada con sus deseos de ser ministro, según las hablillas de la Villa y Corte. Parece mentira que el Maquiavelo de Moncloa haya cometido el error infantil de pretender hacerle sombra al rey sol de la política española sin tener siquiera carné del partido, pero así es la erótica del poder. 

El Gobierno soy yo y el partido también

Esta remodelación no responde a lo que se suele entender tradicionalmente como pérdida de confianza del presidente en sus ministros ya que, si hay que cambiar casi medio gobierno, el primero que tendría que haberse ido a casa debería haber sido el propio Sánchez. Su estrategia busca también un mayor control sobre el partido desde La Moncloa para coronarse vencedor por incomparecencia de rivales en el 40º Congreso de después del verano. Para ello nada mejor que rodearse de una corte de ministros y ministras crudos o a medio cocer, sin ejecutoria pública destacada, dispuestos a tirarse por un barranco si el presidente lo ordena y que ahora quedarán eternamente agradecidos por haber sido elevados al Olimpo del Consejo de Ministros cuando ni siquiera soñaban con esa posibilidad. Que pongan ahora sus barbas a remojo los escasos barones que como García - Page han osado afear en público el proceder político de su líder, porque en la próxima cita con las urnas se pueden ver colgados de la brocha y sin candidatura en la que sostenerse.

"La remodelación pone la pelota de nuevo en el tejado de Pablo Casado"

Si lo que a Pedro Sánchez le preocupara de verdad fueran los graves problemas del país, habría echado mano de gente de reconocido prestigio y trayectoria, que haberla hayla, y habría relegado la militancia a un muy segundo plano. De manera que lo más positivo que cabe decir de los cambios es que Nadia Calviño y Margarita Robles, los dos cerebros mejor amueblados del Ejecutivo, continúan en sus puestos. Pero es solo un pequeño consuelo a la vista de que también continúa gente tan quemada como Grande Marlaska o tan ineficiente como Maroto, además de los intocables representantes de Podemos, meros espectadores generadores de ruido y furia con la salvedad de Yolanda Díaz, que actúa como la segunda parte contratante de la primera parte. Esto hace aún más firme la idea de que hablar de un gobierno de coalición unido y cohesionado es solo un cuento para dormir a los niños. 

Puede que me equivoque pero no creo que Sánchez esté pensando en adelantar las elecciones sino en agotar la legislatura. Tendrá que volver a vencer el virus y relanzar la economía gracias al maná de la UE, pero su esperanza es que, si lo consigue, los españoles de frágil memoria olvidarán los errores en la gestión de la crisis sanitaria y los indultos a los independentistas, entre otras muchas cosas que este Gobierno ha hecho con los pies. Por lo demás, la remodelación también ha puesto de nuevo la pelota en el tejado de Pablo Casado, quien ahora tendrá que contrarrestar una posible recuperación del terreno electoral perdido por parte del PSOE. No creo que con limitarse a pedir elecciones cuanto antes y quejarse por los nombramientos "a dedo" de los ministros sea suficiente para ganarlas: mucho más tendrá que ofrecer el líder del PP para convencer a los españoles de que la alternativa es posible y su reto es que ese momento se aproxima cada vez más.  

Indultos: una verdad y muchas mentiras

Sin rodeos: no hay un "conflicto" entre Cataluña y España, como machaconamente repiten el presidente del Gobierno, sus ministros a coro, las cúpulas dirigentes del PSOE y de Podemos y la armada mediática y tuitera. Afirmar tal cosa es una falacia insidiosa que toma por idiotas a unos ciudadanos que nos merecemos que se nos hable con la verdad por delante. Lo que existe es un desafío permanentemente renovado al estado de derecho, a la Constitución y a las leyes por parte de los partidos independentistas catalanes, que representan a menos de la mitad de los ciudadanos de esa comunidad autónoma. No es de recibo que Sánchez pretenda convertir en rehenes de sus ambiciones políticas a los catalanes no independentistas y al resto de los españoles.

Enmascarando la verdad

Esto es así, lo diga Agamenón o su porquero. Conviene aclararlo de entrada para no caer en las trampas del lenguaje con las que los promotores del indulto a los separatistas en prisión intentan enmascarar la realidad. Se puede abundar aún más y recordar que el supuesto "conflicto" no lo ha provocado el estado, o al menos no fue el que encendió la mecha, sino quienes se pusieron por montera las normas comunes de convivencia que, como representantes de ese estado en Cataluña, estaban obligados a respetar y cumplir. 

Por tanto, es igual de intolerable que el presidente del Gobierno insista en otro embuste al que también es tan proclive, intentar convencernos de que todos somos responsables por igual "de lo que pasa en Cataluña". Ni yo, y estoy seguro que como yo la inmensa mayoría de los españoles, nos sentimos concernidos en absoluto por esa responsabilidad que el presidente insiste en echar sobre nuestros hombros para descargarla de los de los verdaderos culpables. 

Fruto del desafío a la Constitución y a las normas emanadas de ella, algunos de esos independentistas protagonizaron hechos gravísimos en 2017 que merecieron severas condenas de prisión por parte del Tribunal Supremo, en un juicio con todas las garantías procesales en el estado de derecho que ellos mismos habían conculcado. En este punto conviene salir al paso de otra de las paparruchas más burdas y repetidas en los últimos tiempos por la galaxia independentista, la que asegura que fueron condenados por sus ideas y no por unos actos ilegales en los que no han cesado de prometer que reincidirán.

 

EP

Una bofetada al estado de derecho

Dos años después, el presidente del Gobierno, que incluso llegó a ver delito de rebelión, prometió que no habría indultos. Pero su desmedida ambición de poder le ha llevado ahora a decir Diego donde antes había dicho digo: Sánchez cruzará hoy la línea roja de la decencia, que impide poner el interés particular por encima del general, cuando el Consejo de Ministros apruebe unos indultos que nunca iba a conceder. Más de una semana llevan él y lo suyos esparciendo patrañas para justificar una medida contraria al parecer del Supremo y de la Fiscalía, que los contumaces beneficiarios no han pedido y que reciben con desprecio y sin arrepentimiento. El engañoso argumento es que los indultos "sacarán materialmente de la cárcel a nueve presos e incorporarán simbólicamente a millones de personas a la convivencia". Son palabras textuales del presidente en el deslucido, innecesario y lamentable acto propagandístico de ayer en Barcelona, en el que Sánchez exhibió de nuevo la vaciedad pomposa de su discurso y en el que los seguidores de los políticos presos le refrescaron la memoria sobre dónde se puede meter sus medidas de gracia. 

Sin duda, la mayor de todas las patrañas es que se "abrirá una nueva vía para el diálogo y la concordia frente al revanchismo", puro humo retórico de la factoría Redondo sin contenido real alguno. A Sánchez le importa una higa poner al Supremo a los pies de los caballos, a pesar de que la "concordia" no aparece ni de lejos en la hoja de ruta del independentismo, sino el sostenella y no enmendalla hasta que consiga la celebración de un referéndum de autodeterminación. Para el estado de derecho la decisión que hoy tomará el Gobierno supondrá bajar los brazos ante un independentismo crecido y desafiante. Sánchez conseguirá a cambio mantenerse dos años más en La Moncloa, su verdadero y único objetivo en toda la farsa, con el apoyo de los mismos que está a punto de indultar. Esta es precisamente la única verdad en la maraña de mentiras y propaganda en la que se ha emboscado el presidente para intentar justificar la humillación política que le infringe al país y que no debe quedar impune en las urnas.     

Carolina Darias y la desgobernanza

Cuando Pedro Sánchez envió a Salvador Illa a hacer las Cataluñas surgieron esperanzas, injustificadas en mi opinión, de que la gestión de la pandemia mejoraría con Carolina Darias al frente de Sanidad. O al menos, que no empeoraría o sería menos errática que lo que había sido con Illa. Darias venía de Administraciones Públicas, ministerio por el que pasó sin dejar huella, y llegaba a su nuevo destino con la aureola de supuesta conocedora de la Administración por dentro. Eso al menos decían quienes veían en su nombramiento el reconocimiento de Pedro Sánchez a los méritos contraídos en la gestión del interés público por parte de "la ministra canaria". 

Recelos cumplidos

Se olvidaban de que esa "gestión" se resumía, a grandes rasgos, en haber sido consejera del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, Delegada del Gobierno en Canarias, presidenta del Parlamento de Canarias, consejera del Gobierno autonómico por unos meses y ministra de Administraciones Públicas. Pero sobre todo olvidaban que Darias no se hacía cargo de una cartera cualquiera, sino de la más difícil y delicada de las veintitantas que forman el muy nutrido Gobierno de Sánchez. Muchos pensamos entonces, y a la vista de la actuación de la ministra nos reafirmamos más si cabe en la idea, que lo que se necesitaba en aquellos momentos para luchar contra el virus era alguien con una muy contrastada experiencia de gestión y conocimientos del mundo sanitario, sin que debiera importar si era o no militante del PSOE. 

Máxime después de haber observado y sufrido en nuestras carnes el fracaso de un filósofo metido a gestor sanitario, que ahora huía a Cataluña sin ni siquiera comparecer ante el Congreso para rendir cuentas de su gestión. Pero como demuestra la experiencia, pregonar que alguien es el candidato ideal para ocupar un puesto de responsabilidad pública no es suficiente para que el deseo se convierta en realidad, lo debe demostrar con el desempeño diario de ese puesto. Y, por desgracia, Darias no ha estado ni está a la altura de quienes solo veían virtudes en ella y ha confirmado con creces los recelos de que su designación tenía mucho más que ver con los juegos de tronos en los partidos que con la imprescindible coordinación con las comunidades autónomas de la lucha contra la pandemia. 

Una gestión que empeora con el paso del tiempo

Sus inicios fueron tan discretos como dubitativos, pero a medida que han ido pasando los meses ha ido a peor la mejoría. Las cosas empezaron a ir de mal en peor cuando, a las puertas del fin del estado de alarma, la ministra juró y perjuró que las comunidades autónomas tenían herramientas legales suficientes para restringir derechos fundamentales si fuera necesario. Las autonomías pidieron que se prolongara el estado de alarma o que se legislara para disponer de amparo jurídico en el caso de que hubiera que imponer de nuevo restricciones de movilidad. Pero ni una cosa ni la otra: Darias repitió el discurso de su jefe en La Moncloa y las comunidades se las tuvieron que arreglar como pudieron. Las sucesivas sentencias de los tribunales superiores de justicia y la del Supremo han demostrado con fundamentos jurídicos lo insostenible de la posición gubernamental que Darias defendía. 

Luego llegó el lío de la segunda dosis de los vacunados menores de 60 años con Astra Zeneca, a los que Darias pretende administrar Pfizer en contra de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y de numerosos expertos y sociedades científicas. Las razones del empecinamiento de la ministra siguen sin estar claras, aunque supuestamente obedecen a las dificultades de aprovisionamiento del preparado anglo-sueco que Darias no quiere reconocer.

De charco en charco 

La ministra se metió hace unos días en un nuevo charco, cuando pretendió hacer pasar por leyes de obligado cumplimiento los acuerdos de un órgano administrativo como el Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario sobre las restricciones para el ocio nocturno, la hostelería y la restauración. Después de otro revolcón judicial a instancias de la Comunidad de Madrid, la ministra no ha tenido más remedio que recular y convertir las normas de "obligado cumplimiento" en meras "recomendaciones" que ha justificado "por la evolución de los datos". A la vista está que reconocer errores no forma parte de su forma de hacer política, más proclive a la prepotencia y la soberbia. 

Y para rematar y a modo de guinda, Darias se ha vuelto a meter en otro lío a propósito de la vacunación de la selección nacional de fútbol a las puertas de la Eurocopa. Por no hablar aquí de que siguen pasando los meses y no se sabe nada a ciencia cierta de la prometida auditoría independiente de la gestión del Gobierno y que llevamos tres años sin que se hayan publicado las actas de las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario, obligatorio por ley. La transparencia brillando por su ausencia una vez más. 

De la cogobernanza a la desgobernanza

La huella que Darias dejará en Sanidad no será la de la ministra de la cogobernanza, sino la de la desgobernanza y la escasa capacidad de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas. Y no es solo un problema con Madrid, como el Gobierno pretende que creamos, a pesar de que sea cierto que Díaz  Ayuso no deja pasar oportunidad para enfrentarse al Ejecutivo: el desencuentro se extiende a otras comunidades del PP e incluso al País Vasco, en donde gobierna un socio imprescindible de Sánchez. Y me atrevo a asegurar que el disgusto también llega a las regiones socialistas, aunque callen por disciplina de partido. 

Todo esto es más notable aún si tenemos en cuenta que Darias está gestionando la que se supone es la recta final de la pandemia y su papel se reduce a proveer de vacunas a las comunidades autónomas y coordinar con ellas las restricciones que sean menester. Aún así, la ministra no deja pasar un día para presumir de que "la vacunación va como un tiro", apropiándose de un supuesto éxito que, en todo caso, le corresponde mucho más a las comunidades autónomas que a un ministerio más dado en ocasiones a poner palos en las ruedas. Al menos en el haber de Illa hay que apuntar que tuvo más cintura negociadora con las comunidades autónomas cuando peor pintaban las cosas, que la que está teniendo Darias cuando supuestamente empezamos a salir del túnel. 

Muchos se preguntan ahora si Darias será una de las sacrificadas en una posible remodelación del Gobierno en cuanto Sánchez atienda su principal prioridad en estos momentos, que no es otra que indultar a los independentistas catalanes presos. Especulando un poco diría que, si Sánchez la sustituye, reconocerá implícitamente que fue un error nombrarla y el presidente no es de los que reconocen errores. Me atrevería a vaticinar que seguirá en el puesto a pesar de las críticas, ahora que el virus parece en retirada y estará menos expuesta. Y no es descartable que entre los planes de Sánchez esté hacer con ella lo mismo que con Illa y enviarla dentro de dos años a hacer las Canarias como candidata autonómica. Sería un premio a costa de anteponer la fidelidad y la obediencia política a una gestión errática, contradictoria y generadora de disputas con las comunidades autónomas. Hasta el punto de que, comparada con Illa, Darias va a terminar cumpliendo aquello tan antiguo pero a veces tan verdadero de que alguien vendrá que bueno te hará. 

Indultos Sánchez

Vaya por delante que cuestiono la mayor: no soy un entusiasta del indulto, no al menos tal y como se regula en la vetusta ley española de 1870 por lo que puede tener de arbitrario y por lo que supone de injerencia del poder político en el judicial, responsable en un estado de derecho de juzgar y ejecutar las sentencias. Escribí en este blog hace mucho tiempo que era urgente regular con detalle y acotar la discrecionalidad con la que suelen actuar los gobiernos de turno y sin distinción de color político en la concesión de indultos. Que ningún partido haya propuesto esa reforma después de más de cuarenta años de democracia y que, sin embargo, se hayan aprobado varias modificaciones del Código Penal a golpe de titulares, es una prueba clara de lo bien que les viene para su instrumentalización política si fuera necesario. 

La politización de los indultos

Aunque opino que lo mejor sería que el indulto desapareciera del ordenamiento jurídico de un estado de derecho, por lo pronto me conformaría con que al menos se ciñera estrictamente a lo que establece la ley y se basara en criterios de justicia, equidad y utilidad pública. Eso debería excluir por principio el oportunismo político como en el caso que nos ocupa de los indultos a los independentistas catalanes condenados por sedición. Pero, insisto, aunque ya existe la posibilidad de que el Supremo tumbe un indulto si no está bien motivado, es necesaria una modificación legal que incluya un mayor control del Parlamento o del Tribunal Constitucional y que, entre otras cosas, obligue al Gobierno a explicar con pelos y señales los motivos de su graciosa concesión, especialmente cuando concurran circunstancias políticas que la cuestionen. 

EFE

Tal vez con esa reforma en vigor nos evitaríamos los españoles el bochorno de los indultos que el Gobierno parece dispuesto a conceder a los independentistas catalanes que cumplen condena en prisión por sentencia firme del Supremo, tras ser declarados culpables de sedición y malversación en un juicio con todas las garantías. No sé si por torpeza o por descaro, lo cierto es que Pedro Sánchez ha dicho algo esta semana que nunca hubiéramos esperado escuchar de un político democrático y menos de un presidente del gobierno de España. Sugerir que la obligación de cumplir esa sentencia es "venganza y revancha" e indultar a quienes violaron la Constitución y las leyes es "concordia y entendimiento", es una nueva bofetada a quienes seguimos haciendo esfuerzos diarios para creer en nuestro estado de derecho. Y aún así solo faltaba el infalible ministro de Justicia pidiendo que veamos con naturalidad algo que como juez le debería causar urticaria. 

Sánchez reincide: hace lo contrario de lo que promete

Especialmente si viene de alguien que se había comprometido públicamente a que los condenados cumplieran la integridad de las penas, aunque a estas alturas ya deberíamos estar curados de espanto y haber aprendido que las promesas del presidente valen lo que valen sus intereses políticos. Mucho se está escribiendo estos días sobre los aspectos legales del indulto, sobre todo a raíz de los informes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo, contrarios ambos con contundencia a la concesión de la medida de gracia. Si el Gobierno sigue adelante con lo que parece una decisión bastante avanzada, esta sería una de las poquísimas veces en las que se concede un indulto sin la anuencia de la fiscalía y del tribunal sentenciador, cuyos informes son preceptivos pero no vinculantes para el Ejecutivo. Solo 6 de los 137 indultos concedidos en los últimos cinco años han tenido en contra la opinión de la fiscalía y el tribunal.

EFE

A expensas de cómo se justifique la decisión por el Gobierno si mantiene la intención del indulto a los líderes del procès, podríamos encontrarnos ante un posible abuso o desviación de poder susceptible de recurso judicial y anulación. Mas, no nos perdamos en detalles leguleyos y centrémonos en el cogollo del meollo, las razones políticas, prácticas y verdaderas que llevan al Gobierno a tener sobre la mesa el indulto a unos independentistas que no lo han pedido, que no se han arrepentido de los hechos por los que cumplen condena, que han prometido reincidir y que lo que quieren es la amnistía simple y llanamente. 

Los indultos solo resuelven el futuro de Sánchez

Ni el más ingenuo de los españoles puede creer de verdad que el indulto servirá para la "concordia y el entendimiento" en Cataluña como pretende vender Sánchez. Los propios independentistas, que siguen copando el gobierno autonómico después del fracasado "efecto Illa", se han encargado de recordar con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat que su objetivo es el referéndum de "autodeterminación" y la independencia. De manera que, escuchar a algunos analistas hablar de que los indultos servirían para "reconectar emocionalmente" a Cataluña y a España, como si fueran dos entes separados y como si los responsables de la desconexión no tuvieran nombres y apellido, produce sonrojo y vergüenza ajena. 

Es más, indultar a quienes, además de saltarse las leyes, despreciaron con soberbia a la población catalana no independentista y al resto de los españoles sería un sarcasmo intolerable y un mensaje de impunidad a los compañeros de viaje de quienes están en la cárcel y a los que Pedro Sánchez parece a un paso de calificar también como presos políticos. Todo este estropicio es el precio que podríamos estar a punto de pagar los españoles para que Sánchez aguante en La Moncloa hasta 2023 y quién sabe si incluso más allá si no se configura una alternativa creíble y viable. Para que consiga su objetivo es imprescindible el apoyo de ERC y para lograrlo el presidente está dispuesto a poner sus intereses políticos y los de su partido por encima de los del estado de derecho. Esa es la práctica habitual de los autócratas para los que el fin es lo que de verdad importa y los medios para alcanzarlo son lo de menos. L' État, c'est moi. 

2050: el futuro no está escrito

Si pasamos por alto que la credibilidad de los expertos no vive sus mejores momentos y que, en cualquier caso, no hay nadie en posesión de la verdad revelada por muchos másteres que acumule, se puede afirmar que el documento bautizado como "España 2050" es un brillante ejercicio académico. De la iniciativa, parida por la Oficina de Prospectiva y Estrategia  del Gobierno de la que es sumo sacerdote Iván Redondo, han participado reconocidos y prestigiosos conocedores de los distintos campos que se abordan en el documento presentado la pasada semana por el presidente Sánchez.

Prospectiva contra el cortoplacismo político

En cerca de 700 páginas se interpretan datos, se analizan tendencias y se hacen algunas propuestas para alcanzar lo que vendría a ser una suerte de España ideal en 2050. Aunque perfectible como cualquier trabajo humano, lo cierto es que hay poco que objetar a la conveniencia de preguntarse cómo debería ser el futuro del país. Sobre todo cuando son tan recurrentes y razonables las críticas al cortoplacismo electoral con el que actúa la clase política española y la carencia de líderes capaces de mirar más allá de las próximas elecciones. Lo que ha hecho el Gobierno español también lo hacen otros países, que de este modo establecen una hoja de ruta de los caminos por los que habrá que transitar, las dificultades que seguramente será necesario sortear, las medidas y reformas que habría que implementar y los objetivos que deseamos alcanzar como sociedad. 

EFE

Es lo que se llama "prospectiva", palabra que este documento ha  puesto de moda y que, según el Diccionario de la RAE, significa simplemente "conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro en una determinada materia".  Hay cierto debate académico y político sobre si lo que presentó Pedro Sánchez fue una "prospectiva" o tan solo una análisis de datos y tendencias, lo que vendría a ser una mera relación de perspectivas, que suena parecido pero no es lo mismo. Sea "prospectiva" o "perspectiva", lo que cuenta es si el documento tendrá utilidad práctica, que en este caso equivale a utilidad política. Y es aquí en donde creo que flaquea por los cuatro costados.

Empezar la casa por el tejado 

Obviamente, no será culpa de los expertos que su esfuerzo analítico termine resultando estéril a efectos de transformación y mejora de la sociedad española en las próximas tres décadas: será responsabilidad única y exclusivamente de la clase política de este país, empezando por el Gobierno actual. La primera crítica que merece "España 2050" es que tiene la apariencia de ser un plato de lentejas, o las tomas o las dejas. En lugar de empezar por abrir el debate a toda la sociedad y trasladar luego las propuestas recogidas al ámbito de los expertos para que le dieran forma, el Gobierno prefirió guisárselo y comérselo con los especialistas que tuvo a bien seleccionar y presentarlo ahora, en un nuevo acto de autopromoción de Sánchez, con la promesa de someterlo a discusión pública. 

Empieza la casa por el tejado una vez más y evidencia que su voluntad negociadora es cuando menos cuestionable. Por otro lado, el estudio recoge propuestas de claro sesgo ideológico que, en algunos aspectos, lo asemejan más a un programa electoral del PSOE que a un verdadero documento abierto a la negociación con otras fuerzas políticas y el resto de la sociedad. En este sentido, ni siquiera es un documento del Gobierno en su totalidad, tan solo de uno de los partidos que lo conforman. Por eso, resulta tan petulante como ingenuo suponer que se puede encauzar el futuro del país con apriorismos y sin que medien grandes pactos de estado que trasciendan las legislaturas e integren a los partidos, a los agentes económicos y sociales y al mayor número posible de ciudadanos. 

El futuro lo escribimos entre todos día a día

A esa falta de verdadera voluntad negociadora de un presidente necesitado de recuperar cuanto antes la iniciativa política después del batacazo madrileño y la mala pinta de los últimos sondeos electorales, se une su muy escasa credibilidad como hombre de estado y gestor público: sus pactos políticos con independentistas y herederos de terroristas para mantenerse en el poder a toda costa o la manifiestamente mejorable gestión de la pandemia no favorecen precisamente la confianza en él y en los incontables planes para todo que ha presentado desde que llegó a La Moncloa, en un ejercicio constante de autobombo.   

Por lo demás y con el máximo respeto al trabajo de los analistas que han participado en "España 2050", a un ciudadano de a pie de la España de 2021 la cuesta mucho creer que se puede perfilar el futuro del país a treinta años vista cuando ni siquiera sabemos con un mínimo de certeza cuándo y cómo saldremos de la pandemia o qué será de la economía el año que viene. Los escenarios políticos y económicos mundiales son cada día más volátiles y la capacidad de influencia sobre ellos de gobiernos como el español es tan limitada, que pensar hoy y aquí en cómo será el país dentro de treinta años reviste todos los atributos de un artículo de fe. No estoy diciendo con esto que como españoles debamos centrarnos únicamente en el complicado presente y no levantar la vista hacia un horizonte más o menos lejano. Lo que digo es que ese debe ser un ejercicio colectivo y no partidista y que debe basarse en una única certeza de partida: el futuro no está escrito por nadie, lo escribimos día a día entre todos los ciudadanos.  

Hacienda somos siempre los mismos

A Benjamin Franklin se le atribuye haber dicho que "en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos". De manera que, para empezar, desengañémonos del cuento demagógico por el que, con el Gobierno actual, solo pagarán más impuestos los que más tienen: si me permiten el trabalenguas, aquí pagaremos todos más pero sufrirán más los que menos tienen. En medio de la ya habitual confusión y de las no pocas contradicciones que caracterizan la política gubernamental, en los últimos días hemos ido conociendo los planes del señor Sánchez para allegar recursos a una caja pública de deudas hasta el cuello. 

El impuestazo que se avecina figura en el archífamoso Plan de Recuperación etc., etc. remitido a Bruselas a cambio de los 140.000 millones de euros para paliar los daños de la COVID-19. Aunque el envío se hizo a finales de abril, no fue hasta pasadas las elecciones madrileñas del 4 de mayo cuando el Gobierno tuvo a bien revelar sus intenciones fiscales a los españoles que, después de conocer que también quiere acabar con la reducción fiscal en la declaración conjunta de la renta, ya se empezaban a temer más sorpresas.  El cálculo electoralista con el que actuó el Ejecutivo, que tampoco ha contado con la oposición, no le evitó el desastre electoral al PSOE y dejó una vez más al descubierto su desprecio para con la transparencia inherente a todo buen gobierno.

Las claves de la subida

Sin ánimo de ser exhaustivo, el plan prevé un mínimo del 15%  por el Impuesto de Sociedades, uniformización autonómica de los impuestos sobre patrimonio e impuestos sobre la economía digital; previsiblemente y escudándose en que lo reclama Bruselas, también se modificará el IVA reducido, que afecta entre otros a productos de primera necesidad; hay también un capítulo para los llamados "impuestos verdes" sobre la fiscalidad del gasóleo, al plástico o la matriculación de vehículos, sin olvidarnos de que también se quieren imponer peajes en las autovías y grabar los billetes de avión, justo cuando el país vive la peor crisis turística de su historia. En realidad no estamos ante una verdadera reforma fiscal, sino ante una serie de parches pensados exclusivamente para recaudar y no para conseguir una redistribución más justa de la riqueza. 

Con esta panoplia de impuestos el Gobierno quiere reducir los siete puntos de diferencia que, según dice, separan la recaudación fiscal en España de la media de la Unión Europea. Más allá de que hay elementos que inciden en esa diferencia como el nivel salarial  o la mejorable eficacia recaudatoria de la Agencia Tributaria, lo cierto es que el sablazo se traduciría en unos 80.000 millones de euros que Hacienda drenaría de los bolsillos de unos ciudadanos acogotados por la profunda crisis económica y social. No hay que ser experto para darse cuenta de que subiendo los impuestos solo a los que más tienen, como reza la propaganda gubernamental, sería imposible alcanzar esa recaudación. De modo que serán una vez más las ya muy esquilmadas clases medias y las muy empobrecidas clases bajas las que correrán con el grueso de la factura fiscal que viene.

Injustos, inoportunos y contraproducentes

Rechazar aquí y ahora estos planes no es ser un malvado ultraliberal que repudia la necesidad de financiar con impuestos los servicios públicos esenciales. Esa es precisamente la trampa saducea en la que los aplaudidores del Ejecutivo quieren que caigan quienes se atrevan a criticar la subida por injusta, inoportuna y contraproducente. Injusta porque recae de nuevo sobre los de siempre, mientras un Gobierno, que tiene nada menos que veinte y dos ministerios, no dice una palabra de eficiencia y control del gasto público superfluo de una administración elefantiaca y redundante, plagada de organismos de dudosa necesidad, que muchas veces son poco más que nichos de empleo para los afines a los partidos en el poder.

EFE

También es inoportuna porque, comenzar una escalada fiscal en estos momentos, cuando solo el Gobierno y sus medios afines ven brotes verdes y luces al final del túnel, es acabar con las esperanzas que aún abrigan los ciudadanos y las empresas de sobrevivir a la crisis. Además de los efectos negativos para el empleo, muchas de las empresas que no desaparezcan podrían pasar a engrosar una creciente economía sumergida y el fraude aumentaría. Esto haría contraproducente la subida de impuestos y obligaría a engordar más aún una deuda pública desbordada para financiar los servicios esenciales, gastos como el de las pensiones y costes superfluos que el Gobierno ni menciona. En ese escenario, da escalofríos solo pensar en las consecuencias que tendría para el país que el Banco Central Europeo empezara a reducir la compra de deuda pública y hubiera que financiarse en los mercados con la prima de riesgo por las nubes. Esa espada de Damocles es real, pero el Gobierno no parece tenerla en cuenta.

En resumen, sí a impuestos equitativos para atender los servicios públicos pero extremando las precauciones para no abortar una recuperación económica que solo los más optimistas ven a la vuelta de la esquina. Mientras ese momento llega, lo que dependerá de cómo se gaste el dinero de Bruselas y de la evolución de la pandemia, el Gobierno tiene tarea de sobra por delante: la primera, aplicar con urgencia medidas de eficiencia del gasto público y aprobar un plan creíble de reducción de los costes innecesarios de una Administración que engorda a ojos vista mientras el país se queda en los huesos. Toda subida fiscal debería incluir la obligación del Gobierno de dar ejemplo administrándose la misma medicina que le impone a los contribuyentes. Así al menos no tendríamos todos esta indignante sensación que tenemos ahora de que Hacienda somos siempre los mismos.