El fiasco del Ingreso Mínimo Vital

Todos recordamos el día en que el Gobierno aprobó el decreto ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV): era el 29 de mayo de 2020 y faltaban tres telediarios para que Pedro Sánchez proclamara urbi et orbi que había vencido el virus y ya podíamos echarnos a la calle a "disfrutar". También eran los tiempos del "salimos más fuertes" y del "no dejaremos a nadie atrás" que aún hoy alimentan el autobombo gubernamental. Pablo Iglesias se soltó la coleta y se apuntó el tanto: "es un día histórico para la democracia", dijo; como le pareció poco añadió que el IMV es  "el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la ley de la Dependencia en 2006". En los Presupuestos se consignaron 3.000 millones de euros de los que en septiembre de este año solo se habían gastado 1.400 millones. Así las cosas, un año y medio después perciben la ayuda unos 800.000 de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y de cada cuatro peticiones se han denegado tres. Así es como esta medida estrella del famoso "escudo social" ha servido hasta ahora mucho más para que el Gobierno se cuelgue inmerecidas medallas que para paliar la miseria de los 4,5 millones de españoles en situación de pobreza severa, "dramáticamente agravada por la pandemia" según el propio Gobierno. 

Camino del fiasco

Ante tantas y tan buenas intenciones, uno se pregunta qué está saliendo mal para que el IMV vaya camino de ser otro fiasco si no lo remedian los cambios introducidos en la ley que el Congreso acaba de aprobar sin ningún voto en contra. La primera respuesta es que ha fallado todo lo que suele fallar cuando se adoptan decisiones de esta naturaleza con la mente puesta ante todo en los eslóganes resultones y en los titulares del día después, es decir, sin estudiar a fondo cómo, cuánto y a quién se pretende ayudar a salir del hoyo de la pobreza. Es lo que se ha calificado de diseño equivocado - por improvisado y alejado de una realidad compleja - de una medida sobre la que hasta el Defensor del Pueblo ha mostrado sus recelos por si discrimina a los jóvenes con respecto a los adultos.

En segundo lugar, no tuvo en cuenta el Gobierno la pesada e inmisericorde maquinaria burocrática de este país, capaz de acabar con la paciencia de un santo y de convertir en papel mojado cualquier decisión por bien intencionada e incluso bien articulada que esté. Lo hemos visto decenas de veces cuando las ayudas "inmediatas" que prometen los políticos a pie de inundaciones, terremotos, incendios o volcanes deben pasar mil y un filtros administrativos mientras los potenciales beneficiarios desesperan esperando. Con el IMV está ocurriendo exactamente lo mismo, agravado por el número de administraciones que se involucran en el proceso. 

EFE

Requisitos inalcanzables

Pero no culpemos a la burocracia de todos los males. Los espartanos requisitos del decreto, ahora levemente suavizados en la ley, resultan inalcanzables para la gran mayoría de quienes teóricamente tendrían derecho al IMV. Por citar solo un ejemplo, los ingresos de referencia para conceder la ayuda son los de 2019, año en el que afortunadamente aún no sabíamos nada de la existencia de un virus llamado COVID-19 y sus efectos. Además, para poder presentar la solicitud es muy recomendable disponer de ordenador y conexión a internet, lo cual resulta cuando menos sarcástico tratándose de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, presentarla en papel garantiza una larga espera para saber si se es merecedor del IMV o toca seguir de pobre de solemnidad. 

Hablando de seguir de pobre, ya me dirán cómo se vive con 484 euros mensuales, que es el IMV de un adulto que viva solo, o con 900 euros para una familia de dos adultos y dos menores. Para que se entienda mejor baste con decir que, entre estas cantidades y la que marca la línea roja a partir de la que ya no se pertenece oficialmente a la categoría de pobre, cifrada en unos 20.000 euros, hay una diferencia de unos 11.000 euros. A lo anterior hay que añadir que las ayudas llegarán a familias que ya han caído por el tobogán de la pobreza y que lo tendrán muy difícil para revertir su situación. Y cierro este capítulo con una pregunta para subir nota: ¿cuántos millones procedentes de los fondos europeos para hacer frente a los daños de la pandemia destinará el Gobierno a paliar la lacra de la pobreza y la exclusión? 

Canarias, a la cabeza de la cola 

El círculo del chasco lo completa la foto de su cobertura por comunidades autónomas, cuyas insuficientes rentas mínimas ha venido teóricamente a complementar el IMV. Y cómo no, ahí está Canarias una vez más, casi liderando las autonomías menos beneficiadas, superada solo por Cataluña. En estas islas el IMV ha llegado al modesto porcentaje del 5,5% de los potenciales beneficiarios, lo que supone que lo han recibido unas 36.000 personas. Para entenderlo mejor hay que recordar que en 2020 había en Canarias algo más de 800.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las que cerca de la mitad caían en la categoría de pobreza severa. Este dato es un 7% superior a la media nacional, por no hablar de un paro en las islas del 24% que también supera en 10 puntos el dato nacional.

Para 2022 los Presupuestos del Estado consignan una partida para el IMV de 4.436 millones de euros y la ley relajará algunos de los leoninos requisitos del decreto ley para acceder a la ayuda, cuya cuantía también se incrementa un 3%. Aún así, los responsables de servicios sociales consideran que el arreglo es insuficiente y calculan que el IMV no sacará de su situación a una quinta parte de la población en riesgo de pobreza siempre y cuando se cumplan las previsiones del Gobierno, algo sobre lo que no conviene hacerse muchas ilusiones dada la experiencia. 

Dice un conocido proverbio chino que si regalas pescado a un hombre le darás alimento para un día, pero si le enseñas a pescar lo alimentarás para el resto de su vida. En España esto significaría que no basta con que el IMV llegue a las personas que han caído en el pozo de la pobreza; la necesaria ayuda debería estar acompañada de políticas que les sirvan para salir de una situación que suele volverse crónica y hereditaria para la mayoría, y que con la crisis de la pandemia se ha agravado. Creo que no hay mejor ingreso mínimo vital que el acceso a la formación y a un trabajo digno, sin que esto suponga que los poderes públicos no deban hacer lo posible para no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a fecha de hoy, esa expresión todavía tiene mucho más de eslógan propagandístico y electoral que de realidad palpable.