Cuando España acaba en Cádiz

En el reciente Día de Canarias, esa jornada que con el tiempo ha devenido en cansino día de la marmota para el autobombo del gobierno autonómico, el presidente canario aseguró que en las islas "cada día estamos mejor que el anterior". Se refería al ritmo de vacunación, que en Canarias se sitúa aún entre los últimos del país con poco más del 18% de la población diana vacunada. No cabe sino alegrarse de que las cosas en este aspecto vayan mejor cada día ya que, en realidad, no es fácil que vayan peor teniendo en cuenta que se está vacunando desde finales de diciembre. 

Optimismo sin fundamento

Todo indica que Ángel Víctor Torres ha sufrido otro de sus habituales ataques de misticismo optimista y se ha esforzado para que olvidemos que, en términos sociales y económicos, si las cosas no van peor es porque ya hay poco recorrido para que empeoren. Por ejemplo, a pesar del pequeño descenso de mayo tenemos aún en las Islas a una de cada cuatro personas en edad de trabajar en paro y en ERTES a casi 80.000. Por no hablar de las dantescas cifras del paro juvenil, la peores de España, que es a su vez el peor país de Europa en desempleo entre los jóvenes. Sobra decir que para que todos esos indicadores se reduzcan de manera significativa, es indispensable que vuelva el turismo, le pese a quien le pese, y reactive el resto de los sectores.  

Torres no deja pasar día sin contarnos sus grandes esperanzas de que el Reino Unido por fin nos levante el sambenito de destino poco recomendable y puedan los británicos venir a ponerse como gambas en nuestras playas y piscinas, sin necesidad de hacer cuarentena a la vuelta. Más realistas que el presidente son los hoteleros, para los que junio está perdido y ya veremos si se salva el resto del verano o hay que esperar que para el invierno la situación haya recuperado una cierta normalidad. De producirse no será, por cierto, gracias al plan para el sector prometido en incontables ocasiones y nunca presentado por la ministra Maroto, mucho más dada a los oráculos incumplidos que a los hechos tangibles.

Millones y más millones

Junto con la vuelta de los turistas, el otro gran mantra del optimismo presidencial canario es el de la toneladas de millones que llegarán de Bruselas y Madrid y con los que podremos atar los perros con chorizos de Teror. Al margen del retraso en la firma del convenio con el Ministerio de Hacienda y de que aún está por ver cómo y cuándo llegarán las ayudas a sus beneficiarios, la gravedad de la situación no se resuelve solo con el maná de unas ayudas que pueden quedarse en pan para hoy y más hambre para mañana. El tejido empresarial y social de las islas necesita ser reconstruido desde la raíz y en esa tarea el Gobierno y el resto de administraciones no se pueden limitar a ser meros repartidores de subvenciones del Gobierno central, sino agentes proactivos que lideren la salida de la crisis sobre nuevas bases.

Si analizamos la situación social el panorama es más desalentador aún y el optimismo artículo de fe. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha calificado de "irrelevantes" los servicios sociales canarios en tanto no son útiles para ayudar a los más castigados. Su diagnóstico coincide con las quejas de las organizaciones no gubernamentales, que llevan meses denunciando que el pomposo Plan de Reactivación Económica y Social no llega a sus teóricos beneficiarios. Sin ir más lejos, Caritas tuvo que atender el año pasado en las Islas a unas 65.000 personas, una cifra que debería encender todas las luces de alarma. La descoordinación entre administraciones, la burocracia y la falta de personal suficiente y cualificado son las causas de que, en lo tocante a servicios sociales, la consejera responsable, Noemi Santana, no haya dejado durante todo este tiempo de presumir muy por encima de sus capacidades reales de predicar y dar trigo.

Transigir para no incordiar a Madrid

Ocurre lo mismo con los menores inmigrantes no acompañados: aún estando su partido presente en el Consejo de Ministros, Santana ha sido incapaz de conseguir que el Gobierno central derive a la Península a parte de ellos. Esa realidad contrasta con la rapidez de  su compañera de partido, la ministra Belarra, para recolocar rápidamente en varias comunidades autónomas a los menores que entraron en Ceuta en la reciente avalancha de inmigrantes impulsada por Marruecos. 

EFE

Esa actitud duele en Canarias, lo mismo que ha dolido la velocidad con la que Sánchez actuó hace poco en Ceuta y el hecho de que nunca tuviera la sensibilidad de acercarse a Arguineguín para comprobar de primera mano las inhumanas condiciones en las que su Gobierno tuvo durante días a casi 3.000 personas. Ahora, con las relaciones hispano - marroquíes echando humo, en Canarias deberíamos empezar a hacernos cruces ante la probabilidad de un nuevo repunte de la inmigración con un Gobierno central al que estas islas le quedan cada vez más alejadas de Cádiz. Será tal vez por eso por lo que los tibios llamamientos de Torres a la solidaridad con Canarias siguen sin escucharse en La Moncloa, en cuya agenda solo figura Cataluña por la letra "C".

Todo estos ejemplos y otros como el desprecio casi sistemático del REF, corroboran la irrelevancia política canaria y la de un Gobierno autonómico silente y sumiso ante los desplantes de Madrid, mientras intenta insuflarle a la población un optimismo que tal vez ni el propio Torres sienta en realidad. Y tendría razón en ser pesimista a la vista de que ser del mismo partido que gobierna en Madrid no ayuda en nada a mejorar la vida de tu gente y además te obliga a callar a pesar del ninguneo de tus compañeros de filas. Pero tratar a los ciudadanos como adultos no es agachar la cabeza y transigir para no incomodar en tu partido: es anteponer el bien común al interés partidista y decirles la verdad por dura que sea, en lugar de escamoteársela bajo un falso optimismo que se da de bruces con la dura realidad.

Astra Zeneca y el miedo

Según la ministra de Sanidad, la vacunación contra el coronavirus en España "va como un tiro". Aparte de que los fríos datos no avalan plenamente una afirmación tan triunfalista, la que ni de lejos va como un tiro es la capacidad de Darias para liderar y coordinar adecuadamente el decisivo proceso de vacunación que permitirá dejar atrás de una vez la crisis. Lo ocurrido con la segunda dosis de Astra Zeneca a los menores de 60 años que recibieron en su día la primera de esa misma marca, ha dejado a la vista de todos lo cogida que está con alfileres la denominada estrategia nacional de vacunación y su acomodo más a intereses políticos que de salud pública.

Sanidad: de bandazo en bandazo

Escasa confianza se puede tener ya a estas alturas en un Ministerio que se ha caracterizado durante toda la pandemia por sus constantes cambios de opinión. En la mente de todos están instrucciones como las del doctor Simón, según las cuales las mascarillas no solo eran innecesarias sino incluso desaconsejables. Los españoles no tardamos en descubrir que todo se reducía a que no había suficientes mascarillas para la población, en gran medida por el descontrol y la falta de previsión gubernamental. 

EFE

El lío que la ministra ha organizado ahora con la segunda dosis de Astra Zeneca tiene la pinta de obedecer a causas similares. Sanidad se escuda en un pequeño e incompleto estudio a unas 600 personas, hecho por un instituto de salud adscrito al propio Ministerio de Darias, para certificar que una segunda dosis con Pfizer no entraña riesgos. Como ha dicho la viróloga del CSIC Margarita del Val, con un estudio tan reducido es imposible conocer si una segunda dosis distinta de la primera tiene efectos adversos "poco frecuentes, infrecuentes o menos que muy infrecuentes". Sugería incluso que, si el problema es la falta de dosis de Astra Zeneca, se retrase el segundo pinchazo hasta que haya suficientes.

Salud pública politizada

Pero Sanidad ha optado por ignorar a la Agencia Europea del Medicamento, el organismo de la UE con autoridad sobre las vacunas y que nunca ha desaconsejado Astra Zeneca como segunda dosis sino que la ha recomendado. Lo mismo que la propia farmacéutica y, sobre todo, lo que pide la inmensa mayoría de los ciudadanos a los que se vacunó con esta marca y que ahora ven como el Gobierno hace todo lo posible para que acepten la de Pfizer: incluso sacar a pasear de nuevo las muertes producidas por trombos en personas vacunadas con la dosis anglosueca y de los que no habíamos vuelto a oír hablar desde hacia semanas. 

Que el Ministerio agite el miedo cuando los ciudadanos piden en masa que se les administre en el segundo pinchazo la misma vacuna que en el primero, probablemente estriba en la imposibilidad de Darias de garantizar la segunda dosis de Astra Zeneca a todos los que la exijan: bien porque no las haya solicitado o bien porque la farmacéutica no esté en disposición de entregar casi siete millones de vacunas antes de que acabe el verano. Esas son las dosis que se necesitan para dispensar el segundo pinchazo a los más de dos millones de menores de 60 años y a los más de cinco millones de entre 60 y 69 inoculados ya con una dosis de ese preparado. En total, unos 7 millones de dosis que deberían estar en España y ser administradas antes de que acabe el verano para que Pedro Sánchez pueda cantar victoria definitiva sobre el virus. 

Por eso Darias se ha puesto nerviosa y ha instando a las comunidades autónomas a que no den la opción de elegir entre Pfizer y Astra Zeneca y que administren la primera por defecto. Para intentar rebajar la presión ha aceptado que quienes prefieran la vacuna anglosueca firmen un consentimiento informado, cuando lo lógico hubiera sido que el consentimiento lo firmaran quienes aceptaran mezclar ambas vacunas. Aparte de que no es de recibo que la Administración haga recaer una decisión de esa naturaleza sobre las espaldas de los ciudadanos y se lave las manos, tengo pocas dudas de que toda esta confusión está directamente relacionada con el riesgo de que la campaña de vacunación se adentre en el otoño y le vuelvan a llover las críticas al Gobierno por su triunfalismo injustificado. 

Vacunación: no hay razones para el triunfalismo

Sin negar ni mucho menos que se ha experimentado un acelerón en las últimas semanas, tener a la población diana vacunada antes de septiembre requiere ir todavía mucho más rápido. En estos momentos el 18% de esa población tiene los dos pinchazos y alrededor del 37% tan solo uno. La media diaria de dosis se sitúa en algo menos de 400.000, por lo que, según cálculos, habría que llegar a unas 465.000 diarias para que se cumplan los objetivos. Lograrlo dependerá en gran medida de que no se produzcan nuevos problemas de suministro, en absoluto descartables a la vista de la experiencia a lo largo del tormentoso proceso de vacunación. 

Si el temor de la ministra es que una demanda excesivamente alta de Astra Zeneca arruine la posibilidad de que el presidente presuma de gestión y se ponga la medalla, debería reconocerlo con humildad y no usarnos una vez más como rehenes de sus estrategias políticas, que poco tienen que ver con la salud y con el consejo experto del que tanto presume este Gobierno para desoírlo cuando no le viene bien a sus planes. Porque ni se me pasa por la cabeza la posibilidad de que la querencia por Pfizer en detrimento de Astra Zeneca tenga algo que ver con la diferencia de precio entre las dos vacunas, mucho más cara la primera que la segunda. En ese improbable caso, que descarto por completo, ya no estaríamos hablando de estrategias políticas a costa de la salud pública sino de algo muchísimo más grave aún. 

Ansiedad turística

Vamos a ser benevolentes y atribuir a la ansiedad que la ministra Maroto llamara ayer "San Bartolomé de Tijuana" a la localidad turística grancanaria de San Bartolomé de Tirajana. Mejor no pensar que el patinazo fue simplemente el fruto de su total desconocimiento y el de sus asesores de una actividad de la que es la presunta responsable pública en este país, aunque su gestión desde el inicio de la pandemia haya estado mucho más emparentada con las artes adivinatorias que con la realidad. En varias ocasiones ha presagiado la ministra la vuelta del turismo y en todas ha fallado, siempre por exceso de optimismo sobre la evolución de la pandemia o por deseos de agradar o por las dos cosas a la vez. 

Una ministra para el olvido

Aunque solo sea por un simple cálculo de probabilidades, espero que su último oráculo sobre el regreso de los turistas el próximo verano sea el acertado: si se juega todos los días a la lotería hay más oportunidades de que alguna vez toque al menos el reintegro. Por fortuna, que eso ocurra no dependerá de ella porque, si así fuera, ya nos podríamos despedir para siempre de la industria que antes de esta crisis representaba más del 12% del PIB español y una tercera parte larga del PIB canario. 

Me temo por desgracia que el paso de la señora Maroto por el Ministerio se reducirá a un puñado de augurios incumplidos y a unos cuantos planes nunca concretados, como el que anunció recientemente de 3.400 millones de euros para la "transformación", "modernización", "sostenibilidad", "digitalización" e "inclusividad" del sector turístico. Palabrerío vago y vacío de contenido para disimular el mano sobre mano que ha caracterizado su gestión durante todo este tiempo. 

Vacunación, palabra clave

Serán la vacunación y la evolución de la enfermedad en España y en los países de los que procede la mayoría de los turistas que nos visitan las que marquen el ritmo de la recuperación turística. Un rebrote volvería a frustrar las expectativas y alargaría la agonía de miles de empresas y de centenares de miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de que vuelvan los turistas. En ese contexto es vital también que la UE defina de una vez los detalles del llamado certificado verde digital para viajar: teniendo en cuenta el peso específico del turismo en muchas economías de la eurozona, asombra a estas alturas que los países miembros no hayan cerrado una medida que beneficia a todos, así como la falta de liderazgo de la Comisión Europea para impulsar el acuerdo. Cansados de esperar, Grecia e Italia, competidores de España, han decidido abrir sus fronteras al turismo y, supongo, encomendarse a todos los santos para evitar la recaída.

Con estas incertidumbres aún en el horizonte, las previsiones solo son optimistas en parte: a finales de este año se espera haber recuperado el turismo nacional pero el internacional se demorará seguramente hasta 2023. Los cálculos de Maroto - tal vez demasiado optimistas como siempre - apuntan a que España podría recuperar este año unos 45 millones de visitantes, algo más de la mitad de los que recibió en 2019, año récord en la serie histórica. Eso equivaldría a una facturación de unos 85.000 millones de euros, unos 70.000 millones menos que hace dos años. En otras palabras, que el turismo pase del 7% actual en el PIB al 12% previo a la crisis llevará aún algún tiempo siempre y cuando nada se tuerza en el camino. 

La gravedad del problema se entiende mucho mejor si tenemos en cuenta que un euro de gasto turístico genera otros cuatro en actividades complementarias; o mejor aún, si valoramos que en estos momentos hay 445.000 trabajadores turísticos en ERTES y otros 300.000 largos se han quedado sin empleo. Es comprensible la ansiedad que genera esta situación pero, tal vez por ello, es clave no empeorarla tomando decisiones precipitadas. Levantar el estado de alarma sin haber avanzado más en la vacunación ha sido una de esas decisiones irresponsables, que esperemos no termine volviéndose en contra de los miles de trabajadores y sus empresas que esperan sobrevivir a la crisis y a la errática gestión gubernamental. 

A vueltas con el cambio de modelo

Mientras, aún es posible escuchar a políticos con mando en plaza hablar de cambiar el modelo económico para reducir la dependencia turística. La monserga es particularmente trágica en Canarias, en donde casi cuatro de cada diez empleados se relacionan directa o indirectamente con el turismo. Se necesitan tener ganas de notoriedad o estar en Babia para plantearse algo así en una coyuntura en la que, si no vienen los turistas, seremos muchos canarios los que tendremos que emigrar. A los mismos que ahora piden diversificar la economía canaria les preguntaría qué hicieron para conseguirlo cuando pudieron y debieron, pero no lo hicieron porque los hoteles estaban llenos, había tasas de paro soportables aunque mucho empleo fuera precario y entraba dinero fresco en las arcas públicas para alimentar la corte política y la elefantiasis de la Administración. 

La respuesta es nada, absolutamente nada, aparte de repetir el mantra en sus programas electorales sin la más mínima intención de llevarlo alguna vez a la práctica. Así que en esta situación de ansiedad y esperanza, en la que sobran oráculos y faltan certidumbres y en la que corremos el riesgo de dar pasos en falso que perjudicarían a miles de trabajadores, lo mejor que podrían hacer estos desnortados descubridores de la pólvora sería no sonrojarnos a todos con su deliberada falta de memoria y hasta de vergüenza.  

Gobernados por los jueces

De la inacción a la confusión: con estas seis palabras se resume el caos y la inseguridad jurídica en los que ha devenido el fin del estado de alarma. Tan solo ha pasado un día desde que concluyó esa medida excepcional y ya tenemos sobre la mesa varias decisiones judiciales contradictorias entre sí y a unos ciudadanos atónitos, preguntándose por qué no se hizo nada para evitar el embrollo y que sean los jueces los que, en la práctica, hayan terminado dirigiendo la lucha contra la pandemia. Doctores tiene el Derecho, pero no parece necesario estudiar en Harvard para darse cuenta de que cuando andan por medio derechos fundamentales amparados en la Constitución, conviene hilar muy fino con lo que se decide y saber elegir bien la percha legal de la que colgar las decisiones. 

El Gobierno se hace un Poncio Pilatos

El problema es que esa percha legal no existe o, en el mejor de los casos, no basta para restringir por las buenas esos derechos. A resolver el vacío existente en legislación sanitaria de emergencia se comprometió hace un año el Gobierno pero, llegada la hora de la verdad y a punto de concluir la vigencia del estado de alarma, optó por una solución mucho más descansada: hacerse un Poncio Pilatos, consistente en pasar el marrón a las comunidades autónomas y que luego decidan los jueces si lo han hecho o no ajustado a Derecho. Legislar le fatiga y alargar el estado de alarma hasta que hubiera un porcentaje de vacunados mucho más alto, también se le hacía cuesta arriba por cuanto tenía que negociarlo con una oposición no siempre dispuesta a colaborar, todo hay que decirlo. 

EFE

Sin embargo, era su obligación como Gobierno, salvo que lo que pretenda el señor Sánchez sea el asentimiento y no la negociación propiamente dicha. Lo que ha conseguido es generar una enorme confusión política y jurídica en medio de una pandemia que está muy lejos de haber concluido, aunque el señor Sánchez ya haya vencido al virus dos veces. En este escenario, escuchar a los dirigentes políticos culpar a los ciudadanos y pedirles una responsabilidad que ellos son incapaces de ejercer desde sus cargos públicos, es cada vez más revelador de las manos en las que están depositadas nuestras vidas y haciendas.   

Un Gobierno que no escucha ni sabe rectificar

El Gobierno central ha desoído olímpicamente todas las advertencias sobre los riesgos que para la seguridad jurídica y el control de la pandemia suponía poner fin al estado de alarma sin que las autonomías contaran con herramientas legales que les permitieran restringir determinados derechos fundamentales. No solo eso, ha alardeado de la tranquilidad que daría a esas comunidades que sus decisiones deban pasar por el tamiz de los jueces y ha presumido de la abundante legislación a su alcance para seguir luchando contra el virus sin estado de alarma. La pregunta cae de madura: ¿si eso era así antes de la pandemia, para qué demonios fueron necesarios entonces tres estados de alarma?

EFE

Empezando por el Consejo de Estado y continuando por las propias autonomías, se le advirtió hasta la saciedad de que las leyes sanitarias existentes eran insuficientes o carecían de la necesaria concreción. Esas advertencias llegaron incluso del Tribunal Supremo, al que el Gobierno convirtió de la noche a la mañana en el garante final de la legalidad de las medidas sanitarias de las comunidades autónomas que rechazaran los respectivos tribunales superiores de justicia. Muchos expertos recuerdan también con buen criterio que las decisiones que afecten a derechos fundamentales deben contar con el respaldo del Parlamento; dicho de otra manera, no puede ser que las comunidades autónomas decidan sobre asuntos para los que carecen de herramientas legales suficientes y se encomienden luego al parecer de los jueces que, por esta vía, se convierten en legisladores a la fuerza ante la desidia del Gobierno y el Parlamento. 

Canarias pone la guinda al despropósito: aplica medidas no ratificadas por los jueces

Con estos antecedentes no debería ser una sorpresa para nadie que en unas comunidades autónomas los jueces hayan dicho sí con matices a lo que propone el gobierno autonómico de turno y en otras no, también con matices, generando una suerte de federalismo asimétrico sanitario y judicial tan kafkiano como esperpéntico. La guinda de este despropósito le corresponde por derecho propio al Gobierno de Canarias, al que el Tribunal Superior le ha tumbado el toque de queda y la movilidad entre islas una vez concluido el estado de alarma. Una decisión similar adoptaron los jueces vascos y el gobierno autónomo desistió de ir al Supremo, cosa que sí ha dicho que hará el canario. 

En su derecho se supone que está, lo que ya no resulta admisible bajo ningún concepto legal es que quiera mantener mientras tanto unas medidas  que los jueces canarios no han ratificado al afectar a derechos fundamentales. Que lo ratificaran era precisamente el motivo por el que acudió a la Justicia, de manera que si la respuesta es negativa no hay vigencia de las medidas que valga y continuar aplicándolas suena a desobediencia y prevaricación. Si esa es la forma que tienen los políticos de entender el respeto a las decisiones judiciales, más vale que nos encomendemos al parecer de los jueces y prescindamos del costoso gobierno autonómico. Ante posiciones como esa hay que coincidir con aquel que dijo que, ya que nos nos pueden gobernar filósofos, que al menos no nos gobiernen ignorantes. 

No, vivir aquí no es una suerte

Dice un viejo y manoseado lema publicitario, falaz como casi todos los de su tipo y empleado para un roto y un descosido, que es una suerte vivir en Canarias. Yo niego la mayor, vivir en Canarias nunca ha sido una suerte y menos que nunca en los pandémicos tiempos actuales. Apenas que miremos más allá de las playas paradisiacas y de otros cuatro o cinco tópicos con los que los canarios solemos consolarnos, descubriremos un horizonte preñado de incertidumbres en el que es casi imposible atisbar algo que sugiera un futuro menos gris y deprimente para la gente de esta tierra. Dirán ustedes que he amanecido algo pesimista y no lo niego, pero no encuentro razones para el optimismo por más que las busque. 

Si uno comienza el día echando un vistazo a los periódicos apenas encuentra otra cosa que no sea el cansino conteo diario de contagiados, fallecidos y vacunados y poco más a lo que merezca la pena dedicarle algo de tiempo y atención, salvo que a estas alturas aún interesen a alguien los insufribles dimes y diretes entre políticos. Es como si el tiempo se hubiera detenido para siempre en marzo de 2020 y desde entonces viviéramos un eterno día de la marmota del que ya será imposible salir. Pero si nos centramos en las cosas que realmente importan y dejamos a un lado la faramalla insustancial con la que nos solemos dopar para conllevar esta pesadilla sin caer en la más absoluta melancolía, no veo ningún dato que invite a mirar con una pizca de confianza el futuro más próximo ni en lo sanitario ni en lo social ni en lo económico ni en lo político.

Sanidad: ni vencemos el virus ni avanzamos con la vacunación

En el plano sanitario llevamos meses bailando la yenka con el virus: ahora baja aquí pero sube allá, ahora elevo el nivel en esta isla y lo bajo en la otra y, mientras los contagios vuelven a ganar terreno, espero el santo advenimiento a ver si aburrido se va y nos deja en paz de una bendita vez. Si hablamos de vacunación prometemos en el Parlamento que estamos en disposición de dispensar 33.000 vacunas diarias, pero lo cierto es que seguimos casi a la cola del país en administración de la pauta completa, sin que nadie dé una explicación satisfactoria que no pase por echar la culpa a otros. Si añadimos la lamentable gestión de las vacunas que han hecho las autoridades comunitarias y españolas y las improvisaciones y cambios de criterio del plan nacional de vacunación, que no han hecho sino aventar la desconfianza social, ya me dirán cómo se puede mantener aún a estas alturas el optimismo que rodeó el inicio de la campaña a finales de diciembre pasado. 

(Juan Carlos Alonso)

Para terminar de enredar aún más la situación, el Gobierno anuncia el fin del estado de alarma pensando más en razones políticas que sanitarias, y sin haber previsto junto al Parlamento un amparo jurídico que permita a las comunidades autónomas adoptar medidas restrictivas para hacer frente a un virus que no parece ni mucho menos bajo control, como ha pretendido hacernos creer el presidente en dos ocasiones. Tal vez si durante el año largo que dura ya la pandemia nos hubiéramos dedicado mucho más a combatirla con más tino y sentido común que el demostrado y mucho menos a darla por derrotada para salvar temporadas turísticas varias, hoy podríamos tener en Canarias alguna esperanza de salvar al menos parte de la de verano y seguramente la de invierno. 

La economía en la UCI y la salud social dañada

La realidad en términos de trabajadores en ERTES o en paro no se compadece en cambio con los mensajes que como árnica repiten a diario los responsables públicos sobre crecimiento, PIB o empleo, meros deseos que las estadísticas se han ido encargando de desmentir uno a uno. Usando un símil sanitario muy apropiado en la actual situación, se puede afirmar que la economía canaria está en la UCI a la espera de que llegue la prometida respiración asistida en forma de las ayudas directas que un año después del inicio de la pandemia ha tenido a bien aprobar el Gobierno español, mientras sus homólogos francés, italiano o alemán las aprobaron y entregaron hace más de un año. Para el turismo, la sangre que impulsa la economía canaria y para el que sigue sin haber alternativa viable por mucho que se anuncien por enésima vez planes de diversificación económica en los que casi nadie en realidad cree, solo ha habido promesas varias veces anunciados y nunca materializados en algo concreto y tangible. 

(Carlos de Saá)

No es posible esperar una buena salud social con este desolador panorama sanitario y económico. Las ONGs como Cáritas, Banco de Alimento o Cruz Roja reportan incrementos alarmantes de pobreza y exclusión que parecen  haber desbordado los servicios sociales públicos. Mientras, los políticos se tiran los trastos o presumen en las redes de una gestión social manifiestamente mejorable a la vista de los resultados. Por si todo lo anterior fuera poco, el Gobierno central ha decidido que Canarias sea dique de contención de la inmigración irregular procedente de África con rumbo a Europa y ha desoído por activa y por pasiva las quejas de un presidente autonómico incapaz de hacer valer ante Madrid la posición ampliamente mayoritaria de la sociedad canaria. A una gestión opaca y prepotente del fenómeno, Madrid ha unido además el trato inhumano a estas personas y ha generado un clima de malestar y tensión social que nunca es positivo y mucha menos en medio de una crisis social y económica como la causada por el coronavirus. 

Cierto es que sale uno a la calle y ve que terrazas, centros comerciales o playas aparecen abarrotadas de gente que parece feliz y despreocupada, en ocasiones tan despreocupada que hasta olvida usar la mascarilla o mantener la distancia de seguridad. No sé si es inconsciencia colectiva del oscuro panorama que tienen ante sí estas islas o si hay una suerte de dopaje social que lleva a muchos a creer que el Estado proveerá con dinero tal vez caído del cielo aunque desaparezcan la mayoría de las empresas y no haya trabajo más que para un grupo de elegidos. Aunque también puede que yo tenga una visión muy desenfocada de la realidad que me rodea, es decir, que yo me equivoque de medio a medio y que ciertamente sea una suerte vivir en Canarias. 

Del estado de alarma a Guatepeor

Si para variar Pedro Sánchez cumple la promesa de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, es probable que vivamos un pifostio jurídico y político similar al del verano pasado, después de que el susodicho proclamara urbi et orbi que habíamos "vencido el virus" y animara a salir a la calle y disfrutar. Se vio entonces que, sin estado de alarma al que agarrarse, las autonomías tenían que someter sus medidas contra la pandemia al parecer de los jueces. La jarana derivó en jueces de una autonomía que desautorizaban lo mismo que autorizaban los de la autonomía de al lado y, claro, no hubo forma de aclararse. Luego pasó lo que pasó en verano con los contagios y el Gobierno, siempre tan atento, nos regalo otro estado de alarma nuevito bajo el que aún nos encontramos. La buena nueva es que Sánchez acaba de anunciar que ha vencido el virus por segunda vez en menos de un año, gesta solo equiparable a las del divino Hércules. 

El estado de alarma: clavo ardiendo de las autonomías

Aunque todavía se discute entre los juristas si el estado alarmado es herramienta jurídica adecuada para amparar cosas como el toque de queda y la consiguiente conculcación de derechos fundamentales, lo cierto es que, cuando decaiga, esa opción quedará vedada a las comunidades autónomas. A lo más que podrán llegar es a decretar cierres perimetrales muy localizados (barrio, pueblo, comarca, ciudad), aunque tampoco hay consenso jurídico al respecto; también pueden modificar aforos y horarios de establecimientos abiertos al público, aunque sus decisiones siempre deberán estar avaladas por los tribunales de justicia, cuyas resoluciones también pueden ser objeto de recurso para que siga la rueda. Dicho en otras palabras, como tenemos tantos jueces mano sobre mano y la administración de Justicia funciona que es un primor y la envidia del mundo, vamos a darles algo de lo que ocuparse.

EFE

Todo esto seguramente se habría evitado si el Gobierno y el Congreso hubieran cumplido con su obligación para que las autonomías dispusieran a fecha de hoy de un paraguas jurídico bajo el que guarecer las posibles medidas que adopten a partir del 9 de mayo. De hecho ese fue el compromiso asumido en su día por el propio Sánchez y que, como tantos otros, también se ha llevado el viento. La clave es la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública de 1986, una norma que requiere una adaptación que afine el detalle y restringa el amplio margen interpretativo del que adolece. Aunque la norma en cuestión establece la potestad de las autoridades sanitarias para adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud pública, lo cierto es que no precisa ninguna, lo cual equivale a tener un tío en Cuba. 

Las consecuencias de no hacer los deberes

El Gobierno, que presume de sabérselas todas y de "cogobernanza" aunque ni siquiera ha consultado a las autonomías sobre el fin del estado de alarma, ha dicho nones: aunque se lo haya pedido hasta el Consejo de Estado, no ve la necesidad de estar molestando al estresado Congreso de los Diputados con una ley de hace 35 años para una tontería como una pandemia de nada que solo ha causado cerca de 80.000 muertes. Según Sánchez y los suyos, con lo que hay ya y unos buenos acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud que reúne a comunidades y Ministerio, va que chuta. 

Que lo que acuerde un órgano administrativo como ese bendito Consejo no puedan ser más que recomendaciones y nunca normas de obligado cumplimiento, como pretende el presidente o la vicepresidenta Calvo, es algo que no les quita el sueño: son tan avanzados que acaban de elevar el dichoso Consejo al rango de poder legislativo del estado sin consultarlo ni con Montesquieu. En un país en el que los políticos han tenido la desvergüenza de "adaptar técnicamente" el ridículo decreto de las mascarillas aprobado en las Cortes, tampoco nos deberían sorprender mucho esas salidas de tiesto. 

Mientras, las autonomías empiezan a hacerse cruces: las del PSOE cabecean obedientemente todo lo que emane de La Moncloa, aunque sospecho que la procesión va por dentro. Chillan más las del PP pidiendo que el estado de alarma se prorrogue al menos hasta junio, lo cual es digno de admiración habida cuenta de que este partido se abstuvo cuando se votó en el Congreso a finales de octubre. Imagino que en La Moncloa estas jeremiadas no impresionan demasiado, no así las del PNV, socio prioritario del PSOE, que también aboga por la prórroga. 

Es evidente que ningún presidente regional, aunque unos lo digan y otros no, quiere cargar ahora con el mochuelo de tener que pedir permiso a los jueces cada dos por tres: es una lata y, sobre todo, políticamente perjudicial en tanto mantiene vivo el debate sobre si las medidas se corresponden con la gravedad de la situación. Eso, en una población que mayoritariamente ha hecho grandes esfuerzos y sacrificios y que ha transigido sin rechistar con recortes de derechos fundamentales no siempre justificados, se hace cada vez más impopular y más cuesta arriba. 

Sánchez a punto de incumplir otra promesa más

Lo que nos seguimos preguntando es por qué Sánchez ha decidido anunciar el  fin del estado de alarma y no una prorroga: a la vista del aumento de los contagios y del ritmo todavía insuficiente de vacunación, queda mucho para llegar a la Arcadia feliz que promete el Gobierno para el día después. Una posible explicación radica en que, a fecha de hoy y en medio de la feroz campaña madrileña, conseguir que el Congreso apruebe la prórroga le costaría sudor y lágrimas y no se le ven  ni ganas ni capacidad para embarcarse en la aventura. Otra explicación en absoluto descabellada es que todo sea solo una estrategia teatral de Sánchez para que las comunidades acudan a él en procesión rogándole la prórroga, lo cual le permitiría presentarse ante el país como el tricampeón mundial de la lucha contra el virus.

La evolución de la pandemia en los próximos días, los problemas con las vacunas y la presión de socios como el PNV y otros, podrían hacerle recular e incumplir su promesa, algo que a él no le preocuparía lo más mínimo y a los ciudadanos tampoco nos pillaría por sorpresa a estas alturas. Si por el contrario mantiene que no haya prórroga, tendremos una nueva entrega de La Casa de los Líos en versión autonómica, que se podría haber evitado si el Gobierno y el Congreso hubieran hecho su trabajo. Pero así funciona un país en el que la máxima política es dejar para pasado mañana lo que urgía haber hecho antes de ayer. 

Cuando todo nos da igual

Tengo la sensación de que hemos bajado los brazos, de que ya no nos importa gran cosa que la democracia se deteriore ante nuestros ojos: nos estamos limitando a encogernos de hombros y a culpar del problema a los políticos y sus insufribles peleas de patio de colegio, como si nuestra pasividad no tuviera nada que ver con lo que ocurre. Cuando asumimos sin pestañear que una ministra desprecie la presunción de inocencia sin inmutarse o que un ministro del Interior cese a un subordinado porque se ha negado a incumplir la ley; o cuando damos por bueno que ese mismo ministro, magistrado por más señas y mayor agravante, justifique que la policía recurra al viejo y dictatorial método de la patada en la puerta para entrar en un domicilio privado sin orden judicial, es que acabamos de dejar atrás una nueva línea roja de lo que no debe ocurrir jamás en un país democrático. 

Si por añadidura nos deja fríos que el responsable político de esas barbaridades no solo no dimita sino que no sea cesado por quien tiene la responsabilidad política de su nombramiento, solo habremos certificado que se abra la puerta a más patadas en la ídem, a más injerencias políticas en terrenos que tiene vedados como la investigación policial y, en definitiva, a la vulneración sistemática de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

EFE

La patada en la puerta como síntoma

La patada en la puerta es solo un síntoma más del grave deterioro que sufre la democracia ante nuestros ojos, cada vez más acostumbrados a que el Gobierno haga de las leyes y las normas de obligado cumplimiento un cuestión de pura y simple conveniencia política.  Ocurre, por ejemplo, con la rendición de cuentas que todo poder ejecutivo debe al parlamento, pero que en España ha pasado a depender de la voluntad de una mayoría parlamentaria y de un presidente del Gobierno, mucho más proclive a las comparecencias sin preguntas de los periodistas y de los lemas propagantísticos, que de vérselas cara a cara con la oposición en el Congreso. El interminable estado de alarma es desde hace más de un año la coartada perfecta para gobernar por decreto y recortar sin mayores miramientos derechos y libertades que, si en algunos casos pueden tener una justificación temporal, en otros muchos carecen de ella. 

Por estrafalario y ridículo merece capítulo aparte el disparatado decreto obligando a usar la mascarilla en descampado o playas aunque estemos completamente solos y no corramos riesgo alguno de contagiar o de que nos contagien. Que el mismo día en que el BOE publica tamaña estupidez la ministra de Sanidad hable de revisar la norma "con criterios técnicos" y que las autonomías empiecen a hacer sus propias interpretaciones "con sentido común", solo ha venido a corroborar que, no solo no gobiernan filósofos, sino verdaderos ignorantes. Los casos de mal gobierno y de vulneración de principios elementales no escritos en un sistema democrático, como el respeto debido a la oposición por poco que gusten sus críticas al ejecutivo de turno, se acumulan sin que parezca preocuparnos la deriva. 

Cuando se pierden hasta las formas y el respeto 

El Congreso es la corrala en la que los políticos - del Gobierno y de la oposición - ventilan su mala educación y montan espectáculos mediáticos sin importarles gran cosa la realidad del país. Un diputado de la oposición manda al médico a uno de un partido rival que se preocupa por la salud mental y no pasa nada. O una ministra de Educación -¡qué sarcasmo! - falta desabridamente al respeto a un diputado de la oposición que expone su legítima posición sobre la educación especial y, en lugar de indignarse, no faltan palmeros que aplaudan sus malos modos y le pidan más: si el de la crítica era de la oposición se merece eso y mucho más y puede dar gracias de que no haya sido tildado de "fascista".

Puede que sea precisamente la prepotencia y la soberbia la que nos lleve a este derrotismo y a considerar que no vale la pena perder el apetito pidiendo imposibles. Ahí tenemos a Ábalos, el inefable ministro de las mil versiones, envuelto en el turbio asunto del rescate de una compañía aérea de inconfundible aroma chavista a la que se hizo pasar por "estratégica" para regalarle 53 millones de euros de todos los españoles. Las informaciones sobre la discrecionalidad que ha rodeado la decisión se acumulan, pero a nadie parece importarle gran cosa que detrás de la oscura operación pueda haber intereses que nada tienen que ver con apoyar a una empresa vital para el país. Con la misma abulia estamos contemplando las maniobras del Gobierno para evitar el control del reparto de los fondos europeos de reconstrucción. Para ello no dudó en ocultar el informe del Consejo de Estado que recomendaba reforzar los controles  para evitar precisamente la discrecionalidad. 

75.000 muertos y ni una disculpa ni una autocrítica

Los españoles asistimos a este carrusel de ejemplos de mal gobierno y falta de transparencia en todos los ámbitos con la misma apatía que contemplamos la serie interminable de decisiones contradictorias, improvisaciones y descontrol en la gestión de la pandemia. Ya me he referido al lamentable sainete de las mascarillas obligatorias en descampado, pero en la mente de todos está el baile de la yenka con su uso al comienzo de la crisis, la falta de prudencia científica y el exceso de previsiones de barra de bar, casi siempre incumplidas, del doctor Simón, la huida a Cataluña sin rendir cuentas de Salvador Illa, el incumplimiento de la prometida auditoría externa de la gestión o el voluntarismo con las vacunas y la fórmula facilona de culpar de todo a las malvadas farmacéuticas. 

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Y sin embargo, más de un año después del inicio de esta interminable pandemia, nadie del Gobierno ni de sus aliados ni de sus palmeros han pedido nunca una sola disculpa por los más de 75.000 muertos que ha producido la enfermedad ni ha reconocido un solo error - "no se podía saber" - ni se ha comprometido a intentar hacer las cosas mejor. En cambio han menudeado las declaraciones irresponsables y triunfalistas, el "hemos vencido al virus" y las decisiones equivocadas que nos tienen hoy a las puertas de la cuarta ola. Ahora bien: ¿se lo hemos exigido los ciudadanos? Me  temo que no. 

La fatiga social y el todo da igual

Mucho se habla estos días de la fatiga provocada por la pandemia, tanto en el ámbito individual como en el social: restricciones de la movilidad, recorte de libertades, pérdidas personales irreparables, secuelas mentales y físicas, incertidumbre económica, sensación de orfandad y abandono por parte de una clase política, en general insensible ante una dura realidad compleja y amorfa, pueden ser algunos de los elementos integradores de ese cansancio que, quien más y quien menos, sentimos ya sobre nosotros. Y seguramente será también la causa de que ya no nos queden fuerzas para rehacernos y afrontar el destrozo democrático que tenemos ante nosotros. 

Estamos abdicando nuestras responsabilidades como ciudadanos o, como mucho, alistándonos en las filas de los palmeros del Gobierno o en las de la oposición, tan responsable como los partidos del Ejecutivo de la polarización de la vida política cuando más se requería de todos anteponer el bien común al partidista. Nos equivocamos gravemente pensando que todo da igual y olvidando que esos políticos de los que nos quejamos o ni siquiera eso, los hemos elegido entre todos y de todos es por tanto la responsabilidad de exigirles decencia, trabajo y transparencia. Que es difícil ya se sabe pero hablamos de democracia: para encogernos de hombros o asentir ante todo lo que hace el poder ya tenemos las dictaduras y los regímenes autoritarios y estoy seguro que no es eso lo que queremos la inmensa mayoría de los españoles.

Vacunas tengas y las pongas

Salvo el Gobierno y sus entregados admiradores, que no suelen dudar nunca de lo que prometen el presidente y sus ministros o ministras, no creo que haya mucha gente en España que se crea a estas alturas que para el próximo verano se habrán vacunado contra la COVID-19 nada menos que entre 32 y 35 millones de personas, la llamada población diana. Y fíjense que no digo junio, julio o agosto, sino el "próximo verano", de forma vaga y ambigua, como hace la ministra de Sanidad. 

Partamos de la base de que la responsabilidad de que la vacunación avance a paso de tortuga no es solo del Gobierno español ni de las comunidades autónomas. Para ser justos hay que reconocer que el caos con las vacunas de AstraZeneca prometidas y no entregadas, ha trastocado los planes iniciales, que tampoco es que fueran un dechado de planificación. De ese descontrol sí hay que culpar en buena medida a una inoperante Comisión Europea, a la que chulea a placer la firma británica y que, lejos de coordinar la campaña con los estados miembros, ha terminado enfrentándolos y provocando un bochornoso sálvese quien pueda. 

Que cada palo aguante su vela

La guinda del desbarajuste la puso el reciente parón de la vacuna británica, después de la aparición de trombos en algo más de una treintena de vacunados con su fórmula. Ahora bien, que AstraZeneca y el Reino Unido estén jugando al nacionalismo sanitario con la UE, no exime a los gobiernos nacionales como el español de su respectiva cuota de responsabilidad en la lentitud con la que avanza la vacunación. Empezando porque se está administrando solo el 80% de media de las dosis recibidas y eso gracias al pequeño acelerón que ha experimentado la campaña en los últimos días, ya que hasta hace apenas una semana el porcentaje de dosis administradas sobre el total de recibidas se situaba en torno al 75%. No parece complicado deducir que si quedan vacunas por administrar en relación con las que se reciben es, en esencia, porque no se está haciendo el esfuerzo en medios sanitarios que la situación requiere. 

Esta realidad se cruza con una gestión cuando menos cuestionable de la vacunación de los principales grupos de riesgo. Así por ejemplo resulta inexplicable que, tres meses después de haberse iniciado la campaña, la ministra de Sanidad admita sin inmutarse que aún se tardarán al menos dos semanas en vacunar a todos los mayores de ochenta años. Se necesita casi tener la fe del carbonero para creer en las promesas del Gobierno, a menos que los datos de las próximas semanas cambien radicalmente. 

España y Canarias: números manifiestamente mejorables

A fecha de hoy, solo el 5,2% de la población diana ha recibido las dos dosis correspondientes, lo que representan solo 2,5 millones de de los cerca de 35 millones que deben recibir la vacuna. Los expertos más optimistas coinciden en señalar que, con estos datos en la mano, el objetivo no se alcanzaría antes de noviembre, mientras los más pesimistas lo llevan a bien avanzado 2022. Solo hay que tener en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones de sanitarios y de millones de ciudadanos pueden suponer un nuevo parón que no nos podemos permitir. 

Si dispar es la situación entre países - en Marruecos y Turquía hay ya más vacunados que en España - no lo es menos por comunidades autónomas. Canarias en concreto se sitúa tres puntos por debajo de la media nacional en número de vacunas administradas por cada 100.000 habitantes. Aunque el presidente de la comunidad autónoma ha prometido en varias ocasiones que las islas vacunarían a un ritmo de 30.000 personas diarias, a fecha de hoy, el día en el que más vacunas se han puesto no se ha pasado de las 11.000. Es cierto que las islas van ligeramente por delante de la media nacional en personas que han recibido las dos dosis - 7% de Canarias frente al 5,2% nacional - pero para pasar de las apenas 100.000 personas vacunadas a las 1,35 millones que deben recibir la vacuna falta un larguísimo camino que, previsiblemente, no acabará en verano. 

A estas alturas resulta ocioso insistir en la importancia de vacunar a la población diana como paso previo e indispensable para empezar a hablar de recuperar la actividad económica. En ese sentido, los resultados obtenidos en las residencias de mayores, en donde los contagios han caído más del 90%, hablan por sí solos de la importancia de la vacuna. Por ello es menos comprensible si cabe la pachorra con la que las autoridades sanitarias se han tomado un asunto, que requería un verdadero zafarrancho de combate desde el primer momento para aprovechar hasta el último vial disponible. 

En abril, vacunas mil: ¿seremos capaces de ponerlas todas?

Ahora, la ministra de Sanidad anuncia para abril vacunas mil, como el refrán: la llegada este lunes de un millón de dosis de Pfizer y Moderna y de 5,5 millones de viales de la fórmula unidosis de Janssen a mediados de abril, aunque lo más probable es que la entrega se retrase hasta finales de ese mes. Con esas expectativas y a la espera de que la UE, el Reino Unido y AstraZeneca se pongan de acuerdo y lleguen las dosis comprometidas, podría ocurrir que de buenas a primeras tengamos muchas más dosis de las que somos capaces de administrar. Sin embargo, no parece que el Ministerio o las comunidades autónomas se hayan planteado un escenario en el que, habiendo viales suficientes, la vacunación no se acelera por falta de medios y de planificación. 

Si tenemos en cuenta que los datos de la pandemia no invitan al optimismo y que la Semana Santa podría ser la definitiva puerta de entrada a la cuarta ola, sería una irresponsabilidad mayúscula que no se agilizara al máximo la vacunación. Urge por tanto un plan que permita aprovechar todas las dosis y administrarlas cuanto antes y para ello hay que echar mano de los sanitarios a los que, de manera incomprensible e injustificada, el Ministerio y las comunidades autónomas han ignorado. No alcanzo a comprender por qué en Francia, Italia o Reino Unido vacunan los farmacéuticos y en España no se les permite. Y quien dice los farmacéuticos dice los veterinarios, los odontólogos o el personal sanitario de las Fuerzas Armadas; y dice también que es fundamental ampliar los lugares de vacunación a toda suerte de instalaciones en las que se puedan garantizar unas mínimas condiciones sanitarias. 

No puede ser que España haya superado ya las 75.000 muertes por coronavirus, que los contagios tiendan más a subir que a bajar y que la economía esté hecha unos zorros, mientras los responsables públicos arrastran los pies con las vacunas. Voy a confiar en esta ocasión en que esos responsables sepan actuar con la cordura y la diligencia que la situación requiere y no caigan en el viejo vicio nacional de improvisar y luego exculparse diciendo que "no se podía saber". 

Canarias toca fondo

No es fácil encontrar hoy en Canarias algún parámetro que invite al menos a un muy moderado optimismo sobre el futuro a corto y medio plazo. No es que uno no ponga entusiasmo, es que no existe ninguno que no tenga su contrapartida negativa. Tampoco es que a uno le guste ser un cenizo que lo ve todo negro y cuanto peor, mejor; ni eso ni un ingenuo optimista, convencido de bobadas como esa de que todas las crisis son magníficas oportunidades para reinventarse y majaderías similares. En resumen, no creo que de la pandemia salgamos mejor ni más fuertes, como rezaba la propaganda gubernamental que apenas tardó unos días en envejecer: solo espero que salgamos como Dios nos dé a entender y con eso ya me conformo. ´

Por encontrar entre tanto nubarrón un pequeño rayo de esperanza me quedaría con el llamado "pasaporte verde digital", con el que la UE quiere reactivar los viajes el próximo verano. No hace falta que subraye la importancia de esa medida para una economía zombi como la canaria, a la que si le faltan los turistas es como si le faltara la sangre de su tejido productivo. La pega - siempre hay alguna - es que el pasaporte en cuestión despierta ciertos recelos de orden legal en determinados países comunitarios, de ahí que convenga no lanzar aún las campanas al vuelo: demasiadas veces se han lanzado en esta interminable crisis y a la vista está que siempre ha sido precipitado. El ejemplo más evidente son las incumplidas promesas de la ministra Maroto de un plan específico para recuperar el turismo canario que, a este paso, estará listo para la siguiente pandemia. 

Situación sanitaria: el día de la marmota

Sin ser de las que peores cifras presenta, la situación epidemiológica canaria parece estancada: el número de contagios es un yo-yó que sube y baja de manera recurrente y lo que se avanza una semana se retrocede la siguiente. Mientras, el Gobierno autonómico no parece tener otro plan que no sea el de subir y bajar también el mareante semáforo de riesgo epidemiológico, empleando criterios cambiantes y confusos. Estos cambios constantes y que casi nunca se explican ni se justifican con la suficiente claridad, más que invitar a la población a respetar las normas, lo que hacen es incentivar a que las incumpla o a que cada cual haga lo que le parezca más oportuno. 

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La vacunación avanza al golpito, sin prisa pero sin pausa cabría decir. Da la sensación de que se vacuna solo algo más rápido que en la campaña de la gripe común, pero no con la celeridad que requiere la pandemia y la necesidad de incrementar de forma significativa el paupérrimo 5% de población diana vacunada hasta la fecha. También hay dudas razonables sobre el control sanitario de los viajeros que llegan a las islas y en qué medida han sido o no causantes de contagios importados. El corolario de esta situación se resume en más de 600 fallecidos y más de 43.000 contagiados, datos que, sin embargo, no parecen espolear lo suficiente a los responsables públicos para tomar medidas que permitan salir de una situación sanitaria que ya empieza a recordarnos el día de la marmota. 

Situación social: a peor la mejoría

Canarias tenía el dudoso honor de encabezar la clasificación autonómica de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Las últimas estadísticas disponibles sitúan en esa situación a un tercio de los ciudadanos de las islas, aunque es muy probable que la pandemia haya agravado el dato. Así lo sugieren las declaraciones de responsables de organismos como la Cruz Roja o los bancos de alimentos. Frente a las promesas y el catálogo de buenas intenciones del gobernante Pacto de las Flores, la comunidad autónoma también permanece a la cola en atención a la dependencia, un problema que ya parece crónico a pesar de la leve mejoría experimentada el año pasado. 

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Para ensombrecer más el panorama, el aumento de la inmigración irregular y la penosa pasividad de los poderes públicos han tensado más la cuerda. Al final, un fenómeno que se pudo y debió gestionar cuando los flujos empezaron a crecer se ha convertido en una papa caliente ante la que el Gobierno canario parece que ha bajado definitivamente los brazos, después de que su presidente amenazara con "revirarse" pero no diera un paso más allá de las palabras. Entretanto, el Ejecutivo central, el que tiene las competencias en la materia, ha hecho oídos sordos a las peticiones de Canarias para que las islas no se conviertan en un dique seco de inmigrantes irregulares. Aunque no satisfecho con eso, racanea incluso la alimentación de personas retenidas por la policía y que solo han incumplido un trámite administrativo. 

Situación económica: un zombi a la espera de los turistas

Dicho a la pata la llana, la economía canaria está hecha unos zorros: 280.000 parados, 90.000 trabajadores en ERTES, 20.000 pequeñas y medianas empresas viviendo de ayudas, otras miles que han cerrado para siempre y una caída del PIB del 20%, son datos elocuentes de la situación generada por la practica paralización del turismo. Al Gobierno de Canarias le ha faltado tiempo para alabar que el Ejecutivo central haya aprobado 2.000 millones de euros en ayudas directas para los dos archipiélagos. Aparte el hecho de que la medida llega demasiado tarde para muchas empresas que ya han echado el cierre definitivo, hay que recurrir de nuevo a la máxima prudencia. 

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En primer lugar aún se desconoce qué parte de los 2.000 millones corresponderán a Canarias, aunque lo más que preocupa es si el dinero llegará en tiempo y forma a quienes lo necesitan. A la vista de la experiencia reciente, hay dudas más que razonables de que la administración autonómica sea capaz de afrontar ese reto con garantías de éxito. Esperemos que lo haga por el bien de  miles de familias y de puestos de trabajo que dependen de ellas para sobrevivir. 

Situación política: ¿qué hay de lo mío?

A la vista de la situación descrita a muy grandes rasgos, uno querría creer que la clase política isleña no perdería el tiempo en juegos de manos. Sin embargo, tal vez contagiada por el penoso clima político nacional, en Canarias también se cuecen habas. Se me agotaría el catálogo de descalificaciones para describir el sainete de la elección de senador socialista por la comunidad autónoma. Como el lamentable espectáculo se empezaba a alargar más de lo que incluso en política es decoroso cuando hay pelea por los sillones, se optó por meter en el Gobierno a uno de los aspirantes a los honores senatoriales. 

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Que el agraciado en la pedrea esté investigado por presunta corrupción o que desplazara a una mujer de ese puesto, se convirtieron de la noche a la mañana en zarandajas sin importancia para un Gobierno y un partido que presumen de feministas y regeneradores de la política. Eso sí, se cumplió la máxima propagandística de no dejar a nadie atrás y se hizo sin pestañear ni ofrecer explicación alguna a la atónita ciudadanía. De las cuatro fuerzas que integran el Gobierno regional solo una ha protestado, mientras las otras tres han enmudecido ante un asunto por el que habrían montado un gran escándalo de haber estado en la oposición. 

Con este nuevo episodio de politiqueo de bajos vuelos queda otra vez en evidencia que la política con mayúscula es algo muy serio para dejarla en manos de los políticos: a poco que nos descuidemos la cabra tira al monte sin importarle la sanidad, la pobreza o la economía. Puede que su razonamiento más íntimo sea el de que la pandemia terminará pasando algún día, pero los cargos no se pueden dejar pasar por más que el barco se hunda mientras en el comedor se brinda con champán y suena la orquestina. 

Mala y buena política

Es frecuente estos días leer en las redes sociales expresiones como "los peores políticos en el peor momento", en alusión a la clase política actual y a la pandemia del coronavirus. Posiblemente hay buenas dosis de razón en una frase aparentemente simple, superficial y generalizadora. Ignoro de dónde procede esa noción un tanto idílica de que la política y los políticos deben ser prístinos y puros como el agua de manantial; erróneamente damos por sentado que lo único que debería moverles es el bien común de los ciudadanos que representan y de cuyos impuestos perciben sus sueldos, habitualmente generosos. Se nos hace casi imposible creer que los políticos sean seres humanos que actúan como tales: enredando, mintiendo y mirando mucho más, e incluso exclusivamente, por su interés particular o de partido que por el de los ciudadanos como usted o como yo. 

No quiero parecer cínico ni justificar que la política deba ser irremediablemente cosa de tahúres y embaucadores, todo lo contrario: estoy convencido de que es posible servir al bien común honradamente a pesar de esas debilidades humanas. Solo quiero dejar claro que no deberíamos idealizar la política pensando que debe ser pura e inmaculada y, por consiguiente, tendríamos que ser mucho más exigentes con aquellos en los que hemos depositado nuestra confianza para que se ocupen de los asuntos públicos. Cuando eso no ocurre, cuando abdicamos nuestra responsabilidad y dejamos hacer, termina imponiéndose la pillería y el interés personal sobre la vocación del servicio público que todos los políticos dicen poseer. 

(ACN)

La peor política en el peor momento

Eso precisamente es lo que me temo está pasando en esta coyuntura histórica, en la que todos deseamos que los gestores de nuestros intereses colectivos sean capaces de mirar un poco más allá de las próximas elecciones y actuar con algo más de eso que se suele conocer como sentido de estado. Para un ciudadanos de a pie resulta incomprensible que, cuando llevamos un año de pandemia en el que ni un solo día han dejado de morir personas por esta causa, el enfrentamiento político a cara de perro no solo no se ha suavizado sino que se ha intensificado. No se trata de que no deba criticarse lo que se considere erróneo, porque la critica razonada y constructiva es esencial en una democracia. 

Lo que no es de recibo es utilizar la situación con fines partidistas, del mismo modo que quienes tienen la responsabilidad de la gestión no pueden ampararse en algún tipo de patente de corso o ley del embudo por la que las críticas se interpretan como un ataque a su legitimidad o un intento de desestabilización política. En una democracia, más o menos plena o imperfecta, debería imperar siempre el diálogo con la misma naturalidad con la que se aceptan las críticas del adversario cuando se hacen desde la buena fe y el deseo de contribuir al bien común. 

(EP)

Esta falta de diálogo y hasta de escrúpulos políticos en la peor de las crisis que ha vivido el mundo y nuestro país en muchas décadas, alcanza su cénit cuando políticos con altas responsabilidades públicas no dudan en cuestionar la calidad de la democracia española - entre las primeras del mundo, aunque como todo mejorable - o martillean a todas horas con la necesidad de una república que sustituya a la monarquía parlamentaria, una urgencia que solo a ellos preocupa en medio de esta situación. Son los mismos y del mismo partido que no solo eluden condenar la violencia callejera sino que incluso la alientan, en una peligrosa deriva a cambio de un puñado de votos o para demostrar a su socio de gobierno de qué pueden ser capaces si no acepta todas sus exigencias al pie de la letra. 

Populismo, demagogia y debates de campanario

Ante ese escenario un ciudadano corriente no puede sino conceptuar estas posiciones como política de la peor especie en el peor momento posible, porque ignoran o relegan a un muy segundo plano los asuntos prioritarios y ponen el foco en otros que pueden esperar perfectamente su turno sin que se les eche en falta. No tengo dudas de que a los ciudadanos que, después de este año durísimo, no saben aún cuándo ni cómo podrán continuar con sus proyectos de vida, estos debates interesados de campanario, trufados de populismo y grandes dosis de demagogia, son casi una ofensa a su inteligencia; o como si les dijeran que lo suyo debe esperar porque ahora hay que sacar a pasear a la república o hay que defender a un rapero que va a la cárcel por reincidente en sus agresiones y por sus letras de incitación al odio y a la violencia. 

(EFE)

Cierto es que la clase política de las últimas décadas no se ha caracterizado por una altitud de miras mucho mayor que la actual ni ha gozado de un mínimo de visión de estado para discernir entre los prioritario y lo accesorio ya que, en realidad, para ella lo principal siempre es todo lo que la ayude a mantener o conseguir el poder. No obstante, con la llegada al Congreso de los populismos de izquierda y de derecha el problema no ha hecho sino agravarse. Tal y como ocurrió en las protestas que dieron lugar al 15-M y de las que nació una de esas fuerzas populistas, muchos ciudadanos españoles tampoco se sienten hoy representados por la clases política actual. Se preguntan incluso qué pecado han cometido para merecer tanta mediocridad, demagogia y oportunismo en la peor de las situaciones sanitarias, económicas y sociales. 

Sé que las generalizaciones suelen ser injustas y que la inmensa mayoría de la infantería política de diputados, consejeros y concejales es gente honrada y trabajadora, que se gana el sueldo que les pagamos los contribuyentes. El problema principal radica en sus jefes de filas, a quienes deben obediencia si quieren repetir en las listas electorales. Es en los escalones más altos y visibles de la jerarquía política en donde campan por sus respetos líderes que no saben, pueden o quieren estar a la altura de lo que se espera de ellos en esta situación.

La política es algo muy serio para dejarla en manos de los políticos

Urge revertir, o cuando menos detener, el progresivo deterioro de la vida pública, la polarización política con las redes sociales y los medios como colaboradores necesarios, y apelar una vez más al entendimiento y la colaboración para hacer frente a la reconstrucción del país. No quiero ser alarmista pero temo por el sistema de convivencia pacífica que los españoles adoptamos por amplia mayoría en 1978 y que populistas e independentistas insisten en erosionar a toda hora, fieles a su lógica perversa de que cuanto peor le vaya a España mejor les irá a ellos. 

Nadie tiene en su mano la varita mágica para hacer, si no buena política, al menos la mejor política posible en estos momentos. Lo que sabemos todos, o al menos intuimos con creciente claridad, es que esta clase política está fallando cuando más necesidad tenemos de que aparque sus luchas de poder y piense en el futuro de España más allá de las próximas elecciones. Puede que no haya más remedio que esperar el relevo generacional, aunque tampoco me hago ilusiones a la vista de la experiencia que la democracia española ha ido atesorando en los últimos cuarenta años, en los que se ha producido un progresivo empobrecimiento intelectual y hasta moral y ético de nuestros políticos, con honrosas excepciones.

(EFE)

Creo que la clave la tenemos los ciudadanos, pieza central en toda democracia representativa, poseedores de la única fuerza capaz de que haya un cambio de rumbo o de que al menos no continuemos avanzando por el peligroso camino en el que nos encontramos. Admito que siempre que planteo esta idea enseguida me llamo iluso y admito que casi nadie saldrá a exigir en las calles una política mejor. Reconozco que cuando dentro de un par de años, o tal vez antes, los españoles seamos llamados de nuevo a las urnas, acudiremos a votar por quienes ya nos han fallado una vez y seguramente no dudarán en hacerlo de nuevo si volvemos a confiar en ellos y les dejamos hacer sin fiscalizar su labor. 

No tengo ninguna esperanza de que un buen día los políticos se levanten, se den cuenta de sus errores y empiecen a hacer las cosas de otra manera. Por eso es vital para el futuro de la democracia una ciudadanía más exigente y crítica, menos acomodaticia y adocenada en las redes y ante la televisión, consciente de su fuerza y dispuesta a hacerla valer. Ahora ya me pueden llamar iluso y con razón, pero la esperanza en una clase política digna de los ciudadanos que la eligen es lo último que quiero perder para seguir confiando en el futuro de la democracia en España. 

De Trump a Biden: una herencia envenenada

Escribo esto poco después de que el Senado de Estados Unidos aprobara la legalidad constitucional del juicio político contra Donald Trump. Es la primera vez en la historia de ese país que un presidente se enfrenta a dos iniciativas de este tipo. La que está en marcha llega cuando ya no ocupa el cargo pero por hechos ocurridos bajo su mandato, lo cual ha suscitado no pocas dudas constitucionales resueltas por el Senado en favor de las tesis demócratas. El primer "impeachment", relacionado con las conversaciones de Trump con el presidente de Ucrania para perjudicar políticamente a Joe Biden, fracasó por falta de apoyo republicano. El segundo, en el que se enjuicia a Trump por alentar la toma del Capitolio el 6 de enero, va por el mismo camino: es poco probable que los demócratas consigan convencer a suficientes republicanos para que prospere una iniciativa cuyo efecto práctico sería que Trump no podría ser candidato presidencial en 2024.

A pesar de todo, que el presidente saliente tenga el dudoso honor de ser el primero en ser enjuiciado políticamente dos veces, es significativo de la envenenada herencia que deja a su sucesor demócrata. Las bochornosas escenas ante el Capitolio, seguidas por televisión en todo el mundo, fueron una suerte de traca final y ruidosa de un mandato marcado precisamente por el ruido, la furia y la mentira. Después de lo visto y oído durante cuatro años, cabe decir que Trump no defraudó en su adiós a la Casa Blanca: no solo alentó a algunos de sus seguidores más extremistas para que asaltaran el templo de la democracia norteamericana, sino que siguió y sigue negando su derrota en las urnas.

El legado interno: un país empobrecido y dividido

Pero aquellas impactantes imágenes del Capitolio solo fueron la cresta del oleaje de un mar político revuelto, agitado durante cuatro años por Trump con un entusiasmo digno de mejor causa. Como por algún lado hay que empezar a analizar su legado, vamos a hacerlo por el sanitario, el más apremiante de los problemas a los que se enfrenta Biden. Después de meses de negacionismo y mentiras de su presidente, Estados Unidos se encaramó a los primeros puestos mundiales por número de contagios y de muertes. Según datos de esta semana, son ya más de 24 millones los infectados y más de 400.000 los fallecidos. La campaña masiva de vacunación ha empezado a revertir la cifra de contagios pero queda mucho y urgente trabajo por hacer. 

La economía, que no andaba especialmente fuerte cuando Trump accedió al poder, ha sufrido el impacto de la pandemia y ha agravado aún más la ya ancha brecha social en un país que arrastra una desigualdad social crónica. El número oficial de parados pasa de los 19 millones, la deuda pública no ha parado de crecer hasta convertirse en la más alta desde la II Guerra Mundial, el déficit público ya va por 3,3 billones de dólares y el déficit comercial ha seguido el mismo camino, con una ligera caída del que mantiene con China. 

También en política interna, Trump se ha quedado con las ganas de levantar el muro con México que iban a pagar los mexicanos. En su lugar ha levantado una intrincada valla burocrática y se han disparado las detenciones y las deportaciones de inmigrantes, en muchas ocasiones por causas nimias. El presidente que ha gobernado a golpe de tuits, ha tenido en la prensa crítica su gran bestia negra: la menospreció, la atacó y le puso todos los impedimentos que pudo para entorpecer su labor. Trump pasará a la historia de la infamia por las 30.000 mentiras o falsedades dichas durante su mandato y contadas una a una por The Washington Post. Bajo su convulso mandato se han recrudecido también las protestas raciales en un país en el que la brutalidad policial contra las minorías, especialmente la afroamericana, parece otra lacra crónica imposible de erradicar. 

El legado internacional: desprestigio y desconfianza de los aliados

El legado que en materia de relaciones internacionales deja Trump a su paso por la Casa Blanca no desmerece el de la política interna. El expresidente demostró una gran habilidad para derribar puentes con sus aliados históricos y naturales y tenderlos con regímenes tan poco recomendables como el ruso, bajo cuya alargada sombra se ha desarrollado parte de su mandato. Por no hablar de las carantoñas al líder norcoreano al tiempo que menospreciaba al primer ministro canadiense. 

Con China ha mantenido una gresca constante que no ha beneficiado a EEUU y con la UE y la mayoría de sus países miembros ha optado por dividirlos y ningunearlos, amenazando con recortar sus aportaciones a la OTAN o imponiendo aranceles a los productos europeos. Su errática política internacional ha conseguido que los países que fueron aliados leales e incluso demasiado fieles del gigante norteamericano, consideren que ha llegado el momento de buscar un nuevo marco de relaciones. Para rizar el rizo de lo que Trump entiende por el papel de su país en el mundo, se retiró del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y amagó con irse de la Organización Mundial de la Salud, a la que no ha dejado de atacar permanentemente y de acusar de trabajar para los chinos. 

Este modo de entender y hacer política ha creado una escuela con aventajados alumnos del trumpismo o del nacionalpopulismo, como también se ha llamado. Entre esos alumnos figuran el brasileño Bolsonaro, el húngaro Orban, la francesa Jean Marie Le Pen e incluso el español Santiago Abascal, por citar solo unos pocos. La derrota electoral de Trump ha dejado momentáneamente sin líder mundial reconocido a este populismo de ultraderecha, intensamente alérgico a las normas y a las instituciones democráticas y un peligro cierto para la estabilidad política allí en donde consigue echar raíces. 

Biden no lo tendrá fácil

El flamante 46º presidente de Estados Unidos ha dado ya algunos pasos tras asumir el cargo el 20 de enero, en una ceremonia deslucida por la pandemia y sin la presencia de su antecesor, que no dudó en protagonizar una nueva grosería democrática antes de irse a casa obligado por la mayoría de los electores. Por lo pronto ha devuelto a Estados Unidos al Tratado de París y continuará en la Organización Mundial de la Salud. Pero esto, evidentemente, no es lo más difícil: toca recoger y recomponer los pedazos en los que el trumpismo dividió al país con su Make America Great Again. Para empezar habrá de lidiar con el alto porcentaje de votantes republicanos convencidos de que lo que dice Trump es cierto y que Biden robó las elecciones. Es todavía una incógnita qué postura tomará el Partido Republicano, si la de alentar que se deslegitime al presidente o la de ponerse del lado de las instituciones y la democracia. 

Los más de 200 jueces federales designados por Trump, además de tres miembros vitalicios del Tribunal Supremo, serán otro importante escollo para determinadas políticas del nuevo presidente, como las relacionadas con la inmigración, las armas o el aborto. De hecho, muchos expertos consideran que estos nombramientos serán el legado más duradero y letal del presidente saliente.

Más allá de EEUU se aguardan con expectación sus primeros movimientos para saber a qué atenerse. Se confía en que se vuelva a la senda del multilateralismo que Trump destrozó y que se mantenga a raya a Rusia. También falta por ver qué política piensa hacer Biden con respecto a China, su gran adversario global, con el que las relaciones están muy deterioradas. En el plano interno la prioridad absoluta en estos momentos es controlar la pandemia, restañar las diferencias sociales, apagar los incendios raciales y relanzar la economía con una histórica inyección de dinero público cercana a los 2 billones de dólares. 

Cuidado con las falsas expectativas

La labor es titánica y por el bien de EEUU y del mundo es importante que Biden tenga éxito. Pero no caigamos en el error cometido con Barak Obama, en el que se pusieron muchas más expectativas de las que podía cumplir para acabar con una agridulce sensación de fracaso. Biden no es precisamente joven ni parece gozar de una salud de hierro. Y si bien es cierto que al lado de Trump cualquier otro puede parecer el presidente más progresista del mundo, Biden no encaja en ese esquema simplista tan del gusto de cierta izquierda europea. A su lado tendrá a la primera vicepresidenta en la historia estadounidense, Kamala Harris, a la que esa misma izquierda también ha elevado ya a los altares del progresismo sin apenas conocer nada de su trayectoria política. Ella podría ser la candidata demócrata en 2024 si, como es probable, Biden decide no optar debido a su edad. 

En todo caso son cábalas a demasiado largo plazo, improcedentes aún cuando la nueva administración se está conformando y cuando hay tantas tareas urgentes esperando. El objetivo ahora es coser un país abrumado por la pandemia, la crisis económica y las desigualdades sociales, al tiempo que recuperar la confianza de los aliados y el prestigio internacional perdido. Esa es la envenenada herencia del trumpismo que Biden tendrá que administrar durante los próximos cuatro años.