Vivimos tiempos difíciles en los que demasiada gente ya no cree en ideas o principios sino en eslóganes; los medios de comunicación han perdido prestigio y credibilidad a manos llenas y el poder político se permite señalar a los periodistas desafectos; abundan los charlatanes de feria que pescan en el río casi siempre revuelto de la política y escasean la ética, la decencia y la honradez en la administración del bien común. Me pregunto cómo encaja en ese panorama el eslogan del Gobierno, según el cual los españoles saldremos de la pandemia del coronavirus mejores y más fuertes. Se podrá estar más o menos de acuerdo con este diagnóstico; incluso se puede pensar que he cargado las tintas, pero no se podrá negar que son problemas reales y tangibles de la sociedad española de 2021, el año en el que todo iba a ser mejor que en 2020.
En gran medida estamos ante problemas previos a la pandemia pero exacerbados por ella. Después de un año lidiando con esta situación, las dificultades crónicas de nuestra sociedad y las costuras siempre frágiles de la democracia resultan hoy más visibles que nunca. Una expresión del descosido entre tantas otras es el destrozo económico que amenaza con dejar a mucha gente atrás, a pesar de otro de los eslóganes con los que el Gobierno nos ha querido dorar la píldora de la pandemia.
Sí se podía saber
Si bien es cierto que la pandemia pilló a medio mundo con el pie cambiado, es falso que no se pudiera saber qué se debía hacer a la vista de los informes en poder del Gobierno y del imparable avance y la letalidad que provocaba el virus a su paso. No hubo un mínimo de prudencia por parte de los responsables públicos que, junto a no pocos científicos, se apuntaron a negacionistas desde el primer momento. Cuando ya tuvimos el virus encima y empezaban los estragos, surgió el "no se podía saber", la excusa con la que las autoridades sanitarias intentaron ocultar su falta de previsión y la ausencia absoluta de planes de contingencia.
Esa realidad, no por más negada menos cierta, degeneró pronto en una reyerta política que aún perdura y que ha terminado polarizando la sociedad con la ayuda inestimable de muchos medios de comunicación y las ineludibles redes sociales. En un país como España en el que el poder político se reparte entre un gobierno central y los de las comunidades autónomas, pero cuyo marco de competencias constituye un galimatías generador de tensiones entre el centro y la periferia, era de esperar una cacofonía política cuando más se necesitaba unidad de criterios y de acción. En no pocas ocasiones se ha buscado más el rédito político que se podía obtener de la refriega que la salud pública de la población.
Así las cosas, mientras se lanzaban mensajes contradictorios, se adoptaban también medidas que se cambiaban en pocos días sin más aval científico que el de un inexistente comité de expertos. Se bordearon e incluso traspasaron límites constitucionales relacionados con derechos fundamentales y se ninguneó cuanto se pudo al Parlamento, sede de la soberanía nacional y del Legislativo, en la que todo responsable público tienen la ineludible obligación de rendir cuentas de sus acciones o inacciones.
Una economía destrozada y un número inasumible de víctimas
El corolario del desbarajuste y el cálculo político que ha dominado la gestión de la pandemia es una economía en coma, millones de pequeñas empresas cerradas para siempre y millones de personas en el paro o en ERTES que van camino también del desempleo. Pero todo eso tiene solución, no así las espeluznantes cifras oficiales de fallecidos y contagiados, por no hablar de la escandalosa falta de rigor en las estadísticas sobre la pandemia tanto del Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas.
Poniendo la guinda a la espantosa situación después de un año de pandemia, el ministro responsable de la gestión sanitaria abandona el barco en plena tercera ola de contagios y se va de candidato a unas elecciones autonómicas por decisión digital de su jefe de filas y presidente del Gobierno del que formaba parte. Y lo que resulta doblemente sangrante es que se despide sin arrepentirse de nada y sin dar cuenta de su gestión en el Congreso, por miedo a que las críticas de la oposición malogren el inicio de su campaña electoral. De nuevo y dado que, según se ha sabido, su designación como candidato se había decidido en otoño, nos encontramos ante otro descarado ejemplo del uso político y partidista de la pandemia para obtener provecho político.
Su marcha coincidió además con el descontrol de la "cogobernanza" con la que el Gobierno había traspasado la gestión de la pandemia a las autonomías, deseosas de hacer méritos ante sus respectivas parroquias políticas. El resultado es que ahora tenemos 17 modelos de gestión para una misma pandemia, mientras el Ejecutivo central se limita a dar consejos y dejar hacer con arreglo a un decreto de estado de alarma sujeto a interpretaciones encontradas. A nadie le debería extrañar que la tercera ola esté siendo tan o más letal que la primera, cuando había un supuesto mando único en manos del Ministerio que tampoco llegó a serlo del todo.
Ante el falso dilema de economía o salud, en muchas comunidades autónomas se adoptaron en Navidad medidas que contribuyeron a expandir de nuevo el virus y los fallecimientos. Para la historia de las ridiculeces de esta pandemia queda la ocurrencia de "los allegados" que nos podían visitar en Noche Buena. Un capítulo en el que también encaja como un guante el triunfalismo imprudente con el que el presidente del Gobierno puso fin al primer estado de alarma en junio de 2020: "Hemos vencido el virus y controlado la pandemia, hay que salir sin miedo a la calle", decía irresponsablemente Pedro Sánchez.
A menudo los responsables de la sanidad pública suelen recurrir a lo mal que va la pandemia en otros países para justificar sus errores de gestión. Es cierto que en países como Estados Unidos o el Reino Unido sus dirigentes hicieron verdaderas barbaridades y en otros como Brasil se siguen haciendo todavía. Sin embargo, quienes se siguen agarrando al "no se podía saber" se olvidan interesadamente de los países en los que la gestión de la pandemia ha sido exitosa.
Y no hablo solo de China, en donde el Gobierno no tiene obligación alguna de respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Hablo de democracias consolidadas como Corea del Sur, Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia, en donde "sí supieron" actuar con tino y a tiempo. Soy consciente de que las comparaciones siempre son odiosas porque las condiciones de partida no son las mismas. No obstante sirven para visualizar que las cosas se pudieron y se debieron hacer de otra manera en España, en donde tanto se presumía de tener la mejor sanidad pública del mundo hasta que la pandemia puso al descubierto todas sus miserias.
Una sociedad responsable
Las respuestas de la sociedad española ante la pandemia pueden reducirse a dos: la de quienes cumplen las normas o hacen todo lo posible por cumplirlas y la de quienes las ignoran o las desprecian. Aunque no hay estadísticas que lo demuestren fehacientemente, mi convencimiento es que la primera respuesta ha sido la mayoritaria. Ha primado la responsabilidad de la mayoría de la población, a pesar de la confusión y de las contradicciones que han presidido en muchas ocasiones las decisiones de los responsables públicos sobre cuestiones como el uso de la mascarilla. Por otro lado, la alegría irresponsable con la que las comunidades autónomas levantaron ciertas restricciones de movilidad en aras de "salvar la Navidad", hizo que incluso los prudentes se relajaran y los contagios se dispararan de nuevo. Nada digamos de quienes las normas siempre les parecieron que no iban con ellos y siguieron saltándoselas.
En el cumplimiento de las medidas de seguridad ha faltado rigor aleccionador, se ha pensado que con anunciarlas y publicarlas en un boletín oficial que nadie lee, era más que suficiente para garantizar su cumplimiento. Cuando hizo falta sancionar con dureza a los incumplidores, tembló el pulso para no perder votos y todo quedó en amonestaciones verbales que por un oído entraban y por el otro salían. También en esto ha faltado contundencia, rigor y claridad: si la pandemia no ha ido más lejos es en parte por la responsabilidad de una inmensa mayoría ciudadana que incluso ha adoptado medidas de protección más allá de las oficiales.
No saldremos ni mejores ni más fuertes
En estos momentos no sabemos a ciencia cierta si hemos llegado al pico de la tercera ola, si estamos cerca o si lo hemos superado. Lo cierto es que ni los científicos se ponen de acuerdo, por no mencionar a un señor llamado Fernando Simón, sobre el que han recaído con no poca razón buena parte de las críticas al Gobierno. La sociedad está agotada y hastiada de escuchar durante meses a este señor exponiendo más cábalas que certezas y de ver cómo lo que ayer no era necesario hoy se ha vuelto obligatorio.
De doblegar o no la curva dependen muchas cosas de comer en este país. Depende ante todo que no continúe aumentando el número de familias golpeadas por el virus y que no se agraven aún más las secuelas psicológicas que esta pandemia dejará en buena parte de la población. También depende una economía en estado de coma, dopada con millones de ERTES que pueden terminar en el paro si no hay una salida del túnel más pronto que tarde. Está en juego, en definitiva, el estado del bienestar tal y como lo conocíamos antes de esta crisis, mientras aumenta la monstruosa deuda pública y con ella la hipoteca que ya le vamos a dejar a las futuras generaciones.
Es cierto que, en medio de este panorama desolador, el inicio de la vacuna contra la COIVID-19 a finales de diciembre ha traído una luz de esperanza de que la pesadilla esté empezando a tocar a su fin. Sin embargo, hasta para algo que sí era perfectamente posible haber planificado con rigor y protocolizado con claridad, se ha vuelto a llegar tarde y mal, con políticos y allegados saltándose la lista de vacunación y exasperante lentitud en la inoculación de la vacuna a la población.
La "nueva normalidad" no será la que muchos pensaron
No deseo alargar este post aún más y me limitaré a una reflexión que enlaza con la que lo abría. Salir mejores y más fuertes va a requerir algo más que eslóganes cocinados en el departamento de propaganda de La Moncloa. Se necesita en primer lugar una ciudadanía menos complaciente, dispuesta a cumplir las normas pero también a exigir transparencia en la gestión de nuestro dinero y rigor en las decisiones: es nuestro derecho y no podemos ni debemos abdicar de él. La clase política española, que ha dado otro lamentable espectáculo de división cuando más se requería unidad y consenso, debe cambiar con urgencia de registro y anteponer el bien común a la lucha partidista. Los medios de comunicación tampoco han estado a la altura de lo que se espera de ellos en una democracia: ha primado el servilismo de unos y el desgaste del poder en otros, pero la mayoría ha arrojado a la papelera los códigos más elementales del periodismo.
Ya me pueden llamar ingenuo por imaginar tan solo que estos problemas tengan arreglo a corto y medio plazo: tendrán toda la razón, pero no veo otra salida para volver al menos a una cierta normalidad, no a esa ridícula "nueva normalidad" con la que el Gobierno nos pretendió adormecer hasta que la realidad destrozó de nuevo sus mensajes propagandísticos. De lo que no cabe duda es de que, si la vacunación avanza y conseguimos dejar atrás la pandemia, desembocaremos en una realidad que nos retrotraerá muchas décadas en términos de bienestar. Que no estemos preparados para afrontarla es lógico, lo que me preocupa es que no estemos haciendo gran cosa para prepararnos, sino más bien para continuar arrastrando nuestros viejos problemas crónicos tras nosotros. Creo que con lo dicho se comprende mi escepticismo cuando el Gobierno dice que saldremos "mejores y más fuertes". Mi percepción es que saldremos más débiles, peores y mucho más cabreados. Ojalá, pero no creo equivocarme mucho.
