Ya está. Cataluña ha puesto
punto y final a los debates bizantinos sobre el copago. Lo que desde hacía años
no era más que un mero debate académico de expertos en economía sanitaria ya
está negro sobre blanco. Lo ha aprobado el Parlamento
de Cataluña con los votos a favor de CIU y la abstención (connivencia) del PP.
A partir de junio, los catalanes tendrán que pagar un euro por receta, o sea,
por ponerse malos. Artur Mas ha encontrado el santo Grial, la piedra filosofal, el nudo gordiano para acabar con el déficit
público en su comunidad autónoma. Un déficit que no está, qué va, en las
"embajadas" catalanas repartidas por el mundo o en los sueldos de los
altos cargos públicos.
La culpa la tienen los que
enferman y tienen que ir al médico a que les recete algo. Así que, a pagar.
Unos 180 millones de euros estima recaudar la Generalitat con la medida, una
gota en el océano del déficit de esa comunidad autónoma y una cantidad que
previsiblemente se quedará por debajo de lo que costará adaptar el sistema para
no cobrar el euro por receta a determinados colectivos como los pensionistas
con pensión no contributiva o los enfermos crónicos.
Pero no importa, lo que
cuenta es que Cataluña acaba de poner la pica en Flandes del copago y, a la carrera,
otras comunidades autónomas empiezan ya a decir que no les disgusta la idea. La
ministra de Sanidad, mientras, abre la puerta de par en par al copago al
declarar que "lo estudiará" si las comunidades autónomas lo proponen.
No nos engañemos, la implantación
del copago en Cataluña es sólo un primer paso que se irá extendiendo más pronto
que tarde a otros territorios y todo bajo el eufemismo de que de lo que se
trata es de disuadir a los ciudadanos para que no abusen de los recursos
sanitarios. Y todo ello en un país en el
que el porcentaje del PIB que se destina a la sanidad es inferior a la media
europea y en el que una quinta parte de la población vive en el umbral de la
pobreza, por sólo citar dos datos suficientemente elocuentes de la situación
económica y social.
De las consecuencias que una
medida como esa puede tener para la salud de muchos ciudadanos no se dice nada;
de hablar de reformar a fondo el sistema fiscal del país y de destinar más
recursos al principal pilar del estado del bienestar tampoco; de diseñar
políticas de eficiencia en el gasto se habla menos aunque hay centenares de
estudios públicos y privados que abundan en la materia.
Lo que se hace en cambio es
dar un nuevo paso hacia un mayor deterioro de la sanidad pública, gratuita y
universal y empujar a quienes puedan pagárselo a acudir a una consulta o a una
clínica privadas. ¿Y los que no puedan? Aprovechando la crisis
económica se abre la veda para los seguros médicos privados, la reducción de la
cartera de servicios y una mayor concertación (privatización) con la sanidad
privada. Háganse un favor: no se pongan malos.
